violencia social contra las mujeres
Dinora Aguiñada Deras
En nuestro medio existe una coincidencia entre el Estado, y aquellas instituciones sociales
que contribuyen a crear valores, ofrecer información y educar como: la escuela, medios de
comunicación, familia, iglesia, etc. Concuerdan además en conservar estructuras muy
rígidas, verticalistas, autoritarias, intolerantes, conservadoras y castigadoras, al mismo
tiempo que discriminan a las mujeres y utilizan imágenes humillantes, degradantes e
insultantes para referirse a ellas.
Estas instituciones enseñan y adiestran a las mujeres para obedecer ciegamente al padre
o figura masculina; ya sea al estado, papa o cura, al papá, marido, hijo, a través del
castigo y el maltrato, haciendo creer que esa es la forma “natural”, “normal” de actuación
estatal, civil y ciudadana.
Todas estas instituciones propugnan la discriminación hacia las mujeres, sustentan
relaciones de subordinación y de dominio en las que la violencia constituye una forma de
ejercer el poder que se expresa en toda la estructura social y se reproduce en los diversos
ámbitos.
La falta de derechos en el plano económico, social político y cultural convierte a las
mujeres en seres dependientes frente a los demás, aumenta su vulnerabilidad en todas las
esferas de la vida y se fortalecen las causas que generan la violencia contra las mujeres:
este es el símbolo más brutal de la desigualdad entre hombre y mujeres. La violencia
contra las mujeres lesiona derechos humanos y libertades fundamentales e impide el
ejercicio pleno de la ciudadanía; por lo que se convierte en una cuestión de justicia y
democracia.
Las formas de violencia que enfrentan las mujeres son reiteradas y diversas en diferentes
ámbitos sociales en los que se moviliza: de acuerdo a un diagnóstico elaborado por Las
Dignas sobre la violencia sexual y doméstica ejercida en el país entre los años 98 a 20001,
podemos ver lo siguiente:
Delitos contra la libertad sexual: 7856 delitos denunciados entre el 98 y 2000. El 90%
de las personas víctimas fueron mujeres y niñas. En la zona metropolitana de San
Salvador, el 5% de las mujeres violadas fueron obligadas a tener un embarazo y un 76%
fueron contagiadas con una enfermedad de transmisión sexual. El 40% de las mujeres
violadas ha estado en riesgo de muerte. El 68% de los agresores fueron un familiar o un
desconocido.
Violencia intrafamiliar: El 85 % de las personas agredidas son mujeres y esa violencia
es ejercida por su compañero en un 74% (87.4% son hombres).
1 Sistematización sobre violencia sexual e intrafamiliar, Las Dignas, 2003
La tasa de mortalidad materna es una de las más altas de América Latina, por cada
100.000 nacidos vivos, mueren 120 mujeres2. En el año 2000, 80.000 mujeres
murieron por complicaciones de abortos realizados en condiciones de riesgo. Las mujeres
salvadoreñas somos parte del 10% de la población mundial en donde los estados obligan
a las mujeres a parir aun a costa de su propia vida.
Las mujeres asesinadas por sus compañeros de vida aumentan año con año; en 1999
fueron 47.3 Entre el año 2001 y 2002, 134 mujeres fueron asesinadas a manos de sus
compañeros de vida o esposos4. En el año 2003 aparecieron 46 mujeres jóvenes
brutalmente asesinadas, con sus cuerpos mutilados, decapitados y esparcidos por
diferentes zonas públicas5. En el año 2004 191 mujeres asesinadas, de enero a octubre
del 2005 se contabilizan 323 mujeres asesinadas; en su mayoría los agresores son su
pareja, ex pareja o personas conocidas.
Acoso y abuso sexual que enfrentan las mujeres en centros educativos y de trabajo.
Las instituciones gubernamentales no reconocen que la violencia se ejerce
mayoritariamente y sistemáticamente contra las mujeres, no se concibe esta problemática
dentro de la violencia social. El estado no se hace cargo que la sociedad es quien
construye delincuente a los hombres.
No se cuenta con estadísticas estatales nacionales actuales y confiables, existen serias
contradicciones entre los datos que ofrece Medicina legal y la Fiscalía General relacionado
con los homicidios a mujeres, y entre estos y los que brinda a Policía Nacional Civil.
Además el modelo de atención estatal a las víctimas se encuentra atomizado y prevalece
una visión judicial y psicologisísta, en el que se excluye espacios educativos formales e
informales, impidiendo que se impulsen intervenciones de redes psicosociales que
promuevan la participación de la ciudadanía. En la concepción de la intervención en
hechos de violencia persiste una visión familista, que in visibiliza y justifica los hechos
violentos contra las mujeres.
La ciudadanía se encuentra desprotegida en razón de un estado ausente que no adopta
las medidas necesarias para asegurar los derechos de las ciudadanas. Considerar la
violencia contra las mujeres como un problema social implica no solamente visibilizarla,
sino también contar con una forma específica de abordarla; reconocer que las relaciones
sociales que se promueven están basadas en las desigualdades y en un contrato social
entre hombres y mujeres que discrimina y oprime a las mujeres.
La educación a la cual estamos expuestas hombres y mujeres, no se trata únicamente de
la transmisión de conocimientos, sino de transmitir una cultura que tiene distintas
dimensiones: lengua, tradiciones, creencias, actitudes y formas de vida; que establecen
como lo primordial y único lo masculino como genérico y universal, así como la
inexistencia o invisibilización de las mujeres en la historia de la humanidad.
2 Fesal 2003
3 Sistematización sobre violencia sexual e intrafamiliar, Las Dignas, 2003
4 Monitoreo de prensa 2003, Las Dignas
5 Idem
Desde esta premisa son necesarias actuaciones a nivel social que impliquen un nuevo
contrato social, con nuevas medidas legislativas, modificaciones a los programas
educativos, de salud, presupuestos, medidas para prevenir y resolver el problema; además
de atender a las mujeres víctimas de violencia y de prevenir las consecuencias de la
violencia, tales como los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual
y los daños a la salud; así como promover cambios en las percepciones y las conciencias
de las comunidades, para que la violencia contra las mujeres se convierta en algo
inaceptable social y culturalmente.
En lo relativo a delitos sexuales la mayoría de las denuncias se quedan en sobreseimiento
provisional o definitivo, únicamente el 2.8% de las denuncias de delitos sexuales llegan al
Tribunal de sentencia; por falta de investigación y de pruebas.6
La Fiscalía General de la República es poco eficiente en la persecución de delitos contra la
libertad sexual y contra la vida de las mujeres. (423 7 mujeres asesinadas en el año 2005
y las investigaciones son inexistentes e ineficientes)
La legislación creada como la Ley contra la violencia intrafamiliar y las reformas a la
normativa penal y procesal penal, a fin de proteger a las personas que más
frecuentemente enfrentan violencia: mujeres, niñas y niños; sostiene una concepción
androcéntrica, y su aplicación perpetúa y reproduce los sesgos sexistas y discriminatorios,
revictimizando así a las personas que enfrentan estos hechos, en los diferentes espacios
sociales donde ocurren y donde las mujeres denuncian social o legalmente. A pesar de
que las mujeres denuncian cada vez más los hechos de violencia contra ellas, los
resultados son pobres. Motivo por el cual las instituciones se convierten en causas de la
violencia, por la ineficiencia y la incapacidad de realizar acciones coordinadas.
Social y la actitud de los funcionarios tienden a minimizar los hechos de violencia, se
tramitan como juicios con faltas, a menudo se consideran como faltas leves, aunque las
leyes describan esos hechos como delitos. Los jueces imponen las mínimas penas
posibles, buscando atenuantes para los hombres y siempre poner en tela de juicio los
testimonios de las niñas o mujeres o cuestionando el estado de la salud mental de las
mujeres. El tratamiento que ubican es sensacionalista, morboso, fragmentado, sin análisis,
ni seguimiento, lo que hace es embotar, aletargar a la sociedad restándole importancia y
minimizando los hechos de violencia
Percibimos que se les impide masiva y sistemáticamente a las mujeres el acceso a la
justicia debido a los prejuicios sexistas. Entendemos por acceso a la justicia no sólo la
posibilidad de hacer una denuncia sino también la capacidad de brindar las medidas
cautelares, de incidir efectivamente para que la Fiscalía General de la República investigue
el caso y presente el requerimiento fiscal, la capacidad de incidir para que el caso llegue
hasta sentencia y el agresor sea condenado incluso en lo referente a su responsabilidad
civil.
6 Sistematización sobre violencia sexual e intrafamiliar, Las Dignas, 2003
7 Policía Nacional Civil, 2005
Al enfatizar solamente en la violencia delincuencial se omiten, fragmentan y distorsionan
los significados que tienen para las mujeres todas las formas de violencia, se despolitizan,
se debilita su impacto social. Se refuerza el pertinaz silencio sobre los problemas de
dominación masculina y de subordinación femenina en todos los ámbitos sociales; la
complicidad de la sociedad esta normada por la ideología patriarcal que desvía la
responsabilidad de los agresores y se impide comprender como se articula y
entrelazan la violencia, el poder y los roles de género que conllevan a la
discriminación y al abuso de poder.
La omisión de la violencia contra las mujeres y la desviación sistemática de la atención
hacia otras formas de violencia donde las mujeres no somos el blanco, es muestra de la
desigualdad, cuando se legitima; éstos silencios dificultan el cuestionamiento y por ende
obstaculizan y postergan la erradicación de la violencia.
Muchos incidentes de violencia contra las mujeres no son conocidos, no se reportan
oficialmente, ni se informan, romper el silencio acerca de la violencia es un riesgo grande
para una mujer ya que enfrenta la falta de entendimiento y la estigmatización, además de
posibles consecuencias violentas por parte de funcionarios públicos; las mujeres prefieren
permanecer en silencio en lugar de arriesgarse a la discriminación y humillación que
resulta de contar sus vivencias y buscar la justicia.
Los perpetradores de la violencia contra las mujeres, usualmente hombres, pueden ser
miembros de la familia, conocidos, figuras de autoridad: jefes, lideres, religiosos, políticos,
maestros, compañeros de estudio, de trabajo, proveedores de servicios; policías, jueces,
fiscales, médicos, desconocidos, así como también el estado.
Ubicamos retos para el estado salvadoreño
a fin de avanzar en la construcción de una sociedad democrática y libre de
violencia
La plena participación de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad en la vida
política, civil, económica, social, cultural y la erradicación de la discriminación basada en el
género; demanda de una distribución más equitativa del ingreso nacional, de tener acceso
a empleos, salario digno, educación, salud; acceso bienestar social, democracia y ejercicio
de libertades, estos son retos cotidianos, que no requiere de discursos, sino de hechos,
políticas integrales y permanentes. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Urge que desde el estado se incorpore en el análisis de la violencia social, la violencia
contra las mujeres y que asuma la complejidad de la violencia, que le permita profundizar
en la reflexión y el diseño de medidas de prevención masiva y sistemática; en la que
intervengan de forma integral diferentes entes del Estado: como los ministerios de
educación, salud, economía, trabajo, sistema de justicia: que promueva la participación de
iglesias, medios de comunicación y que aporte los recursos humanos y financieros
necesarios para desarrollar estas políticas.
Entendemos la prevención como la capacidad institucional de definir estrategias que
promuevan y detecten la disminución de hechos violentos en los diferentes espacios
sociales. Tiene que contar con programas de re-educación, educación y sensibilización
sobre la problemática de la violencia desde una perspectiva de género dirigida a la
sociedad en su conjunto y específicamente a operadores y aplicadores del sistema de
administración de justicia, salud, educación, medios de comunicación; que eliminen
mensajes sexistas o permisivos con la violencia contra las mujeres y la degradación de la
imagen de las mujeres.
La educación sería una de las intervenciones más efectivas, que desmonte los estereotipos
de género, que cuestione el riesgo que tiene la construcción machista de los hombres y la
sumisión de las mujeres; educar con equidad a las y los educandos, que construya formas
alternas de solución de conflictos y promueva el respeto a la diversidad.
Proponerse una educación que garantice la igualdad de oportunidades, que corrija las
inequidades y las desigualdades sociales y de género, que pueda actuar como antídoto
frente, al racismo, el sexismo, heterosexismo y la exclusión social. Promover el desarrollo
de programas en el marco del sistema formal educativo, tendientes a modificar modelos
de conducta social y cultural generadores de violencia, promover valores que fomenten el
respeto a la dignidad de las mujeres y las niñas.
“Situar a la educación como prioridad y responsabilidad de toda la sociedad; como un
momento de producción de conocimiento, socialización de saberes, de reflexión sobre
teorías y prácticas sociales, culturales, educativas de diferentes personas, organizaciones y
ciudades, teniendo como objetivos la proposición de acciones concretas destinadas a la
superación de la desigualdad y de la exclusión social.”8 Que reconozcan y utilice los
aportes que brindan las ciencias sociales y el movimiento de mujeres del país.
Que el estado asuma con seriedad el registro de datos relativos a la violencia sexual y de
pareja que enfrentan las mujeres, en el que se visibilice la gravedad y la dinámica en que
se produce la violencia. Que se construya un mecanismo que permita que las diferentes
instituciones involucradas registren articuladamente la información.
Dotar a las victimas de garantías legales y sociales para hacer efectiva la voluntad de
cambiar la violencia contra las mujeres ya sea la generada por parte de cualquier individuo
e incluso la generada por parte de las instituciones públicas, privadas y que cumplan con
los compromisos adquiridos en relación a convenciones y tratados Internacionales
referentes a la violencia y a la discriminación de las mujeres: CEDAW, Convención de
Belem Do Pará, Cuarta Conferencia de la Mujer entre otros y se debe ratificar el Protocolo
Facultativo de la CEDAW y el Tratado de Roma.
Sanción de las conductas violentes y la atención integral a las victimas: que se asuma un
modelo de atención integral a las mujeres, que incluya atención física, emocional,
económica y legal, además de informar a las mujeres de sus derechos y que diseñe una
especialización en la investigación de delitos sexuales, hasta ahora existe una Unidad
encargadas de delitos contra la familia, la mujer y la niñez. La conciliación en algunos
tipos de delitos sexuales debe ser sólo una posibilidad procesal, pero no debe ser una
meta fiscal.
8 idem
Los gobiernos municipales pueden asumir el compromiso de trabajar a través de
programas específicos de prevención y atención a mujeres que viven violencia.
Para provocar un rechazo social a la violencia contra las mujeres y la responsabilidad
incuestionable de quien la practica, se vuelve importante potenciar la combinación de la
denuncia social y judicial; en la que la participación comunitaria en la prevención y apoyo
a la víctimas es vital; así como los grupos de auto ayuda son una forma de intervención
psicosocial que debe ser retomado por las instituciones estatales y por las comunidades
organizadas.
Urge el impulso de políticas públicas favorables para las mujeres que dejen de ser
proyectos de gobierno, sino acciones sostenibles, de largo alcance y que aborden
estructuralmente los problemas.
La violencia contra las mujeres es prevenible. Un mundo sin violencia contra las mujeres
es posible.
San Salvador, 27 de noviembre de 2005
