El presente documento es el producto final de un estudio de las brechas de género en la presencia y participación social y política
de las mujeres en los espacios de concertación y coordinación entre sociedad
civil y el Estado, en el espacio regional de Piura. Es de interés del estudio
la recuperación de las dificultades existentes para adoptar criterios,
lineamientos y principios de género en los diversos espacios de concertación en
Piura.
La idea clave
del estudio es la identificación de las diferencias en las brechas de género
entre las provincias rurales y urbanas en la región, así como los factores cualitativos presentes en las
brechas de género limitantes para la participación social y política de las
mujeres en los espacios de concertación y coordinación regional.
La metodología
del estudio priorizó el recojo de la
percepción de las y los integrantes de los espacios regionales de
concertación y coordinación, entre ellos: Consejo de Coordinación Regional
(CCR), Consejo Participativo Regional De Educación Piura (COPARE), Consejo
Regional de la Mujer (COREM), Consejo Regional de Agricultura (CORDA),
Colectivo por la Gobernabilidad, Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil /
Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional.
El estudio ha combinado
el uso de estrategias de investigación cualitativa y el análisis de cifras oficiales, priorizando los datos referidos a la participación de los y las
protagonistas en los espacios señalados, mediante la aplicación de tres instrumentos: entrevista en profundidad, encuesta y grupos
de discusión.
Un primer
hallazgo nos muestra la situación actual de los espacios de concertación y
coordinación regional y las organizaciones que las conforman, principalmente en cuanto a las expectativas
de los y las representantes de la población y de los grupos integrantes de
estas instancias, así como las expectativas en relación a lo que es posible
lograr.
Un segundo
hallazgo se refiere a cómo se van
superando algunos indicadores de inequidad de género con medidas de discriminación
positiva para la participación social y política de las mujeres; estas
medidas no son suficientes, aún hay limitaciones en el número de mujeres
participando en estos espacios y con la forma que ejercen su participación.
Un tercer
hallazgo pone énfasis en las
barreras culturales invisibles de género haciendo uso de la línea del tiempo en referencia al trabajo por la
reproducción social y el trabajo doméstico, que recae en el 70% de las mujeres jóvenes con pareja y en el 100% en
mujeres jefas de hogar en la región.
Uno de los aportes
más importantes del estudio es haber
identificado los indicadores cualitativos que mantienen las brechas de género
en la participación social y política de las mujeres en los mencionados
espacios y las propuestas que se han presentado y negociado en estos.
Entre los retos
identificados para mejorar la participación política y social de las
mujeres e incrementar su presencia en estos espacios, están los contenidos de
las funciones de la participación, la
vigilancia y evaluación al cumplimiento de las políticas regionales. Sin
embargo, el reto más importante señalado
ha sido el promover una concertación en
torno a las políticas específicas de igualdad y no discriminación y de equidad
de género, sobre la base de los
compromisos asumidos por el gobierno regional y los sectores
descentralizados.
El estudio abre un espacio para iniciar la discusión
sobre las propuestas señaladas por los participantes y la necesidad de descubrir nuevas dimensiones articuladoras de la
ciudadanía y el gobierno regional, fortaleciendo el proceso de
descentralización con la atención adecuada a la realidad del escenario
regional, fomentando nuevas formas de operar con mayor eficiencia.
INTRODUCCIÓN
El Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) históricamente ha orientado su quehacer a promover procesos
de desarrollo regional articulados a una visión de lucha contra la pobreza
estructural y al desarrollo humano, sostenible, inclusivo y equitativo, con
el protagonismo de la población rural y urbana organizada.
Con
este marco institucional y desde el Programa “Gobernabilidad:
de la propuesta a la implementación”, que se implementa en tres regiones del
Perú (Piura, Cusco y Moquegua), se ejecuta
este estudio, el que abre puertas para una mayor comprensión de la inequitativa participación social y política de
las mujeres en la vida social comunal y política por el desarrollo de la región.
El estudio está dentro de los contenidos específicos del objetivo del Programa que es: “Mujeres y
hombres organizados de tres regiones representativas del Perú (Cusco, Moquegua
y Piura), inciden en la implementación de políticas públicas regionales
concertadas, especialmente en materia de agricultura, educación y participación
ciudadana, que responden a las necesidades y problemáticas de la población
excluida”.
El equipo
consideró a la política de género como línea transversal importante para el
Programa Gobernabilidad que pone énfasis en la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, tanto en las organizaciones sociales como en su acceso y
participación en los espacios de concertación entre la sociedad civil y el
Estado.
Con este estudio se aporta al objetivo del programa
mencionado, abriendo nuevas rutas para profundizar
el conocimiento de las causas que subyacen en la limitada participación
política y social de las mujeres,
destacando de manera cualitativa las
barreras y limitantes presentes en las brechas de género regionales, así
como las diferencias de esta problemática entre lo rural y urbano y entre lo local
y lo regional.
Los resultados obtenidos se presentan en cinco bloques que nos llevan a desenredar
la trama de la complejidad de las relaciones de género y la participación
social y política de la mujer en estos espacios de concertación y participación
política en la región.
CONTEXTO
La necesidad
de fortalecer el sistema democrático y sus instituciones continúa siendo un
tema de interés en el debate nacional. Desde el retorno a la democracia se han
dado un conjunto de medidas hacia la reconversión del Estado y la modernización
de la gestión pública con reorientación de competencias, funciones y políticas.
Algunos especialistas señalan que los avances son lentos, que se ha paralizado
el proceso y no se ha logrado una relación
fluida y de confianza de la sociedad civil con el Estado, hecho que ha
restringido la democracia.
Los cambios en el marco jurídico y en la cultura
organizacional de las instituciones de gobierno y los operadores de las
políticas del Estado, se han orientado a promover una administración pública
que sea aceptada y reconocida por la población; ello implica una transformación
más eficiente, equitativa, transparente e inclusiva y con justicia de género,
que aún está en el imaginario de políticos, autoridades y de la población.
En este escenario de reformas con nueva legislación,
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 (2002) es específica al impulso del proceso de descentralización como una
política transversal; sin embargo, no definió el rol que le correspondía a
los Consejos de Coordinación Regional
y con fuertes resistencias a la participación de la sociedad civil.
En ese mismo año, el Poder Ejecutivo aprobó la Ley
27902[1].
Los aspectos referidos a la representación de la sociedad civil y los
requisitos para participar en el CCR, los mecanismos de elección de los representantes
de la sociedad civil, el régimen de sesiones, la convocatoria pero, la ausencia
de instancias nacionales y la cuota de género al Consejo de Coordinación no
eran resueltos; no obstante, desde una
perspectiva de género se configuraba una oportunidad para afirmar la ciudadanía
de las mujeres.
En este sentido, como señala el concepto de ciudadanía
que describe Line Bareiro,[2] la
participación “es un derecho que concede la potestad de intervenir en el poder
político de una sociedad determinada” sosteniendo, asimismo, que la ciudadanía es plena sólo cuando se tienen
derechos políticos. Es decir, no basta con una ciudadanía formal apoyada
sólo en el derecho a elegir a nuestros representantes o la adquisición de otros
derechos civiles, sino en el ejercicio
de una ciudadanía sustantiva, a través de la cual se logre la incidencia en
la adopción de decisiones de carácter
político y la participación en el desarrollo de las comunidades.
Paralelo a este proceso fueron el retorno a la democracia, incentivo a un reordenamiento social organizativo,
venido a menos en la etapa del conflicto interno; determinados movimientos,
redes y organizaciones sociales nacionales y regionales con un trabajo sostenido
en la búsqueda de canales efectivos de comunicación para ponerse de acuerdo con
el Estado en sus propuestas, articulando esfuerzos en el diseño y ejecución de
políticas, planes, estrategias y correctivos de estas, para el replanteamiento
de propuestas y alternativas dirigidas al bienestar de la sociedad.
Con el gobierno de Paniagua, la concertación cobró
importancia y luego con Alejandro Toledo se dispusieron normas referidas a la
descentralización y participación ciudadana, que se han mantenido con los
gobiernos de García y Ollanta.
Los espacios de coordinación y concertación entre
autoridades y sociedad civil para la gestión del desarrollo regional de Piura,
se sustentaron en la base legal y en la experiencia de las organizaciones sociales,
que fueron impulsados por ciudadanos y ciudadanas para resolver los problemas
más urgentes de sus localidades. Además de los Consejos de Coordinación Local y
el Consejo de Coordinación Regional, las juntas de delegados vecinales, los comités de vigilancia y control al presupuesto
participativo, fueron surgiendo otros Consejos por incidencia política de
las organizaciones e instituciones de la Mesa
Regional por la Equidad de Género, que en concertación con autoridades y
funcionarios regionales logran que se constituya el Consejo Regional de la
Mujer (2004) experiencia que ha sido replicada en otras regiones.
Otro proceso
importante para la democratización del país ha sido la emergente
participación política de las mujeres en los procesos electorales y en los
espacios de coordinación regional y local, así como la participación social de
las mujeres en los espacios de concertación.
En este contexto, el país afirmó su compromiso con
la democracia, al proponerse reducir las
brechas de género teniendo como base el marco normativo de género internacional[3] y
nacional[4],
la normatividad regional y los cambios sociales y culturales que las diferentes
sociedades en su desarrollo van modificando.
Una de las brechas
de género más profunda y menos abordada es la vinculada a los derechos civiles y políticos de las mujeres, que da
lugar a ejercer la participación social y política de las mujeres; esta brecha subsiste a pesar de acuerdos y
normas internacionales[5] y
nacionales[6]
orientados a promover los derechos políticos de las mujeres, con carácter
vinculante.
Las instancias de gobierno sub nacionales y las
instituciones públicas descentralizadas, van incorporando estos compromisos en
la gestión del desarrollo a través de políticas normadas mediante ordenanzas
regionales y municipales, cumpliendo así con las políticas nacionales de equidad
de género: Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres N° 28983 y
el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2015 –
2019 (PIO), hoy Plan Nacional de Igualdad de Género – PLANIG 2012-2017.
Piura
es una de las regiones con un amplio marco normativo en favor de la equidad de
género. Así en el 2009 se tenía en la región 20[7]
ordenanzas y acuerdos de consejos regionales, provinciales y locales y
posteriormente se han emitido 10 más. En ellas se manifiesta la voluntad
política por garantizar el cumplimiento
de los derechos de las mujeres en educación, salud, violencia de género, trabajo, participación social y
política, acceso a recursos entre otros, generando condiciones en las instituciones
de gobierno para su implementación. Sin duda esta apertura es expresión de la afirmación
de la democracia en la región, pese a que los resultados aún sean una cuenta
por saldar.
La Ley N° 27387, aprobada en el año 2000, modificó
la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Entre los cambios se amplió la cuota de género de 25% a 30%
para las elecciones parlamentarias.
I.
DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO
ÁMBITO
DEL ESTUDIO
El estudio se ha desarrollado en la Región Piura, en el marco del Programa “Gobernabilidad:
de la propuesta a la implementación”, que se implementa en tres regiones
del Perú (Piura, Cusco y Moquegua), cuyo objetivo es: “Mujeres y hombres
organizados de 3 regiones representativas del Perú (Cusco, Moquegua y Piura),
inciden en la implementación de políticas públicas regionales concertadas, especialmente en materia de agricultura,
educación y participación ciudadana, que responden a las necesidades y
problemáticas de la población excluida”.
El programa que da lugar a este estudio, trabaja sobre una muestra cuyo universo es
de 388 participantes, de los cuales se cuentan: 96 representantes del estado y 292 de sociedad civil, así mismo
participan 11 organizaciones e instituciones públicas y privadas, entre ellas 7
espacios de concertación y consejos de
coordinación (ver cuadro N°1) en
esta participación la sociedad civil tiene una representación femenina de casi
el 30%. A diferencia de las instituciones del Estado con 30,2%. Factor que
debe ser considerado en el Estudio.
Se priorizaron
para este estudio seis espacios de concertación y coordinación regional
elegidos para el período 2012-2013: CCR, COPARE, COREM, CORDA, Colectivo por la
Gobernabilidad y la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil/Comité de
Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional, en los que están
participando lideresas y líderes de más de 20 organizaciones e instituciones
sociales.
Los espacios
de concertación y coordinación seleccionados fueron aquellos que tienen una
dinámica más constante en su vida orgánica y directa vinculación con el proyecto,
por las temáticas que aborda.
METODOLOGÍA
DEL ESTUDIO
El estudio es
de tipo cualitativo, sin embargo se
ha recurrido también a la información estadística para levantar las brechas
de género que interfieren en la participación social y política de las mujeres en
los espacios de concertación y coordinación regional. De este modo se ha
logrado recopilar información de estos
espacios, de las condiciones socioculturales y políticas, así como las percepciones
sobre las barreras de género que subyacen en el ejercicio de sus derechos
cívicos y políticos de mujeres y hombres.
Para la recuperación de la información se ha utilizado cuatro instrumentos de
recojo: entrevista en profundidad, encuesta, talleres participativos y grupos
de discusión, logrando poner atención
en indicadores cualitativos que pueden ser modificados con la intervención del
proyecto.
Para el análisis
de la información e interpretación se ha hecho uso de los enfoques de género e interculturalidad,
como soporte conceptual a las definiciones oficiales asumidas legalmente por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) como órgano rector de las políticas de igualdad de oportunidades
y no discriminación[8].
El estudio
también se apoya en la economía del cuidado para una lectura más acertada
de la línea del tiempo que siguen
las mujeres para el trabajo doméstico.
El estudio se inició estableciendo y precisando los objetivos y resultados en términos de
variables e indicadores, con el propósito de determinar los aspectos a ser abordados en los instrumentos de recojo
de información. Los procedimientos a seguir fueron organizados en cinco fases secuenciales:
1)
Determinación del esquema general del diseño del estudio
Sobre la base de las definiciones y de las variables identificadas como nudos en el
diagnóstico levantado por el equipo del proyecto se diseñó una matriz de consistencia del estudio, se
precisó las características y los contenidos de los instrumentos y se
identificó a los actores clave y las especificaciones de la muestra.
2) Desarrollo
de instrumentos
Se elaboraron
el cuestionario, las guías y matrices para definir campos de observación, de análisis y preguntas orientadoras. Así
mismo, se precisaron las fuentes y las técnicas para el recojo de información y
las muestras para su aplicación.
Los instrumentos fueron ajustados después de la
aplicación de entrevistas preliminares realizadas con el fin de validar las
variables y el peso de las mismas en los instrumentos[9].
Se diseñó la
base de datos para el ordenamiento y procesamiento de la información
cuantitativa y se diseñaron matrices
para el ordenamiento y análisis de la información cualitativa.
3)
Recojo de información
En esta tercera fase se recogió la información
necesaria para el estudio. Supuso un intenso
trabajo de campo centrado en la recolección de información a través de encuestas, entrevistas, talleres diagnósticos,
grupos de discusión y observación. Se hizo en coordinación con las y los
responsables de la ejecución del proyecto en cada distrito, a nivel central y
en cada una de las sedes. Requirió del apoyo de un equipo que trabajó en la
aplicación de encuestas.
4)
Procesamiento, sistematización análisis de la información
En esta fase se evaluó la calidad de la información
generada por cada indicador. Implicó la producción
de reportes por instrumento aplicado. Para las encuestas se elaboraron
informes del análisis estadístico.
5)
Elaboración de reportes e informe
Ha comprendido la interpretación y análisis de la información procesada, la
elaboración de reportes por objetivo materia del estudio y la redacción del informe de los resultados. Para organizar el andamiaje teórico del estudio, hemos
asumido los enfoques de: Desarrollo de Capacidades y Libertades,
Interculturalidad, Género, Ciudadanía. De la misma manera se han usado los
conceptos que para las políticas de equidad de género ha oficializado el gobierno
peruano, desde su órgano rector de las políticas de equidad de género y no
discriminación: el MIMP[10].
a.
Criterios para la determinación de las muestras.
Los criterios
que se determinaron para la selección de las muestras de informantes son
los siguientes:
• Mujeres y hombres que integran los espacios de concertación y coordinación regional.
• Mujeres y hombres dirigentes/as y lideresas/es de las organizaciones que integran estos espacios.
• Mujeres y hombres autoridades y funcionarias/os de instituciones públicas.
Cabe señalar que la propuesta técnica planteaba la aplicación de entrevistas a profundidad
a otros actores de los espacios de coordinación y concertación, representantes
de organizaciones de mujeres, autoridades y funcionarios de gobiernos locales y
regionales. Las entrevistas preliminares aplicadas permitieron efectuar
correcciones en las variables y la ampliación de su aplicación a mayor número
de informantes de las señaladas en la muestra.
En la propuesta técnica del estudio se planteó
realizar grupos de discusión, aprovechando la presencia de los actores en los
talleres de diagnóstico rápido.
b.
Técnicas e instrumentos aplicados
En el proceso de recolección de información para el
estudio se han aplicado encuestas,
entrevistas a profundidad, talleres participativos y grupos de discusión,
se han observado algunas reuniones de los espacios de coordinación regional y
se ha revisado información secundaria.
PERSONAS
ENCUESTADAS
Se
han aplicado en total 21 encuestas entre los seis espacios de concertación y
coordinación. Una de las dificultades fue la
ausencia temporal de la región de algunos miembros de estos espacios de concertación
y coordinación. En el cuadro que a continuación se presenta, se especifican los
actores encuestados.
El tratamiento de la información cualitativa implicó
un proceso de revisión de grabaciones y
desgravado de las secciones que se consideraron más importantes. Además, la
organización de la información en
matrices por temas de interés.
Las pocas observaciones realizadas fueron enriquecedoras en tanto ampliaron los
criterios y referentes para conocer y comprender mejor la problemática abordada
en el estudio.
Se desarrolló un grupo de discusión con las 12 personas asistentes al taller. El
grupo priorizó propuestas y estrategias
para incentivar la participación social y política de las mujeres,
considerando como favorable a sus funciones el marco normativo regional de
género.
II.
CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN PIURA Y LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y
COORDINACIÓN REGIONAL
CARACTERÍSTICAS
SOCIOECONÓMICAS DE LA REGIÓN PIURA
La población
del departamento de Piura es predominantemente urbana y representa el 74.2% del
total de la población (2007), con una población de 1´725,488 habitantes, de
los cuales fueron censados 1´676,315, habiéndose omitido 49,173 habitantes.
Su tasa de crecimiento intercensal promedio al 2007
fue 1,3%[11];
con una población proyectada al 2013 de 1´814,622 (911,031 varones o 49.82% y
903,591 de mujeres o 50.18%)[12].
Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos. De
esta población el 29% es población rural. De la población censada en el
2007: 835,203 son varones y 841,112 mujeres; mientras que por área de
residencia el INEI precisa que 1´243,841 habitantes pertenecen al área urbana y
432,474 al área rural[13].
Por el peso poblacional se ubica en el segundo
lugar después de Lima.
La población del departamento de Piura es
predominantemente urbana y representa el 74.2% del total de la población
(2007), está localizada principalmente en las provincias de Piura y Sullana, (Cuadro
Nº5), que concentran en conjunto el 66.9 %, de la población urbana total y es
en este espacio de costa donde se localizan las principales ciudades del
departamento. (Plan Estratégico Regional de Desarrollo Concertado – Región
Piura 2013-2016).
El espacio rural alberga a 25.8% de la población del
departamento: 432,474 habitantes. Las provincias de Ayabaca (60%) y Huancabamba
(80%) son predominantemente rurales; asimismo, la provincia de Morropón a pesar
de ser calificada urbana todavía alberga importante población rural (42.5%).
(PLAN Estratégico Regional de Desarrollo Concertado – Región Piura (2013-2016).
La provincia de Piura a pesar de tener
mayoritariamente población urbana, también tiene una importante población rural
con respecto al total de la población del departamento (21.5%). En cuanto al
crecimiento de la población se registra el estancamiento en el área rural
andina y el crecimiento fundamentalmente urbano en la costa. La población censada
en edad electoral (18 a 70 años) a nivel regional es de 950,968 habitantes, de
los cuales 467,597 son varones y 483,371 son mujeres.
En relación a los índices de Desarrollo Humano,
Piura se ubica en el grupo de departamentos del segundo quintil de pobreza.
Desde el 2002 se observa a nivel global en la región
un crecimiento en el índice de Desarrollo Humano, que implica que se va
superando la pobreza, sin embargo en la
sierra andina, la pobreza aumenta y hoy Huancabamba y Ayabaca son consideradas
las provincias más pobres del Perú.
Respecto a la participación ciudadana en la región
Piura en el 2010, hubo 27 municipalidades que informaron haber constituido
juntas vecinales con la participación de 2,228 personas (1497 hombres y 731
mujeres), pero 37 municipalidades no ofrecieron ninguna información[14].
En ese mismo registro, 64 municipalidades informaron que la participación de la
población en la gestión administrativa se daba en los siguientes rubros:
En el plano
de la organización social, tradicionalmente Piura ha sido reconocida a nivel
nacional por su alto nivel organizativo y de liderazgo, con capacidad
propositiva a nivel regional y nacional. La
participación social y política de mujeres y hombres en los espacios sociales
se visibilizaba con la presencia de liderazgos femeninos y masculinos negociando
con las autoridades la problemática de sus grupos, comunidad o su territorio
municipal.
Las organizaciones
de mujeres aglutinadas en torno a problemáticas de la familia (alimentación, protección
frente a las lluvias del FEN, salud y vivienda) se articularon entre ellas en
organizaciones de segundo nivel (distritales y provinciales), discutieron y
priorizaron sus problemas en agendas y asumieron que si bien habían problemas
comunes para los y las ciudadanas/os pobres, rurales y urbanos marginales, también vivían problemas diferentes a los
de los hombres.
Para el año 2011, se explicitaba la problemática de las mujeres, en 14 agendas a las que
les llamaron agendas de las mujeres (desarrolladas con el apoyo de ONG que
trabajaban por los derechos de las mujeres), esas agendas se elaboraron en 5
provincias (Piura, Morropón-Chulucanas, Sullana, Huancabamba y Ayabaca, así
como en los distritos de Buenos Aires, Bigote y Salitral, Pueblo Nuevo de
Colán, Marcavelica, Vice, Catacaos, Santo Domingo y Bernal, posteriormente
Paita y la Mancomunidad Luciano Castillo.
CARACTERIZACIÓN
DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL
1.-
Marco normativo de los espacios de coordinación en la Región
Los Consejos
Regionales son creados por el gobierno regional como espacios de consulta,
diálogo y con participación de las organizaciones de la sociedad civil en
aplicación de mandatos constitucionales, ejerciendo su competencia como órgano
de gobierno subnacional para determinar su organización interna, estableciendo
también las dinámicas que regulan su accionar y su desarrollo.
La Ley N° 27783 de Bases de Descentralización
establece en su Capítulo IV sobre Participación Ciudadana que ésta se canaliza a través de los espacios de
consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, así mismo
señala que los gobiernos regionales están obligados a promover la participación
ciudadana en la gestión pública (Art. 17). Las leyes que dan sustento a la creación
de espacios de concertación de la participación formal de las y los
ciudadanas/os[15]:
El marco
normativo nacional dio lugar a un marco normativo regional para afirmar la
democracia con la creación de los
Consejos Regionales que señalaba la Ley y otros, que, sin ser normados
fueron creados en diálogo entre las mujeres organizadas y las autoridades del
Gobierno Regional, como lo fue el caso de la creación del Consejo Regional de
la Mujer (COREM)[16]
mediante Ordenanza N° 041/2004/GRP-CR, a iniciativa de las mujeres organizadas
de la región.
Entre otros Consejos creados mediante ordenanza
regional tenemos:
Ordenanza N° 025-2003/GRP-CR se constituye el CORDA, Consejo Regional de Desarrollo Agrario,
Ordenanza Regional N° 0233-2004/GRP-CR, se
constituye el COREMYPE Consejo Regional
de la Micro y Pequeña Empresa,
Ordenanza Regional N° 030-2004/GRP-CR, se constituyó el Consejo Regional de Salud
(CRS),
Ordenanza Regional N° 143-2008/GRP-CR, crea el Consejo Regional de Coordinación y Concertación
de lucha contra la pobreza y desnutrición infantil CRECER Piura con
Equidad.
Ordenanza Regional N° 149-2004/GRP-CR, crea el Consejo Regional por los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes,
Ordenanza Regional N° 140-2004/GRP-CR, crea el Consejo Regional de la Juventud COREJU.
De la misma manera el Acuerdo Regional N°
630-2010/GRP-CR del 06 de julio del 2010, que aprueba El Programa Multianual de
Inversión Publica 2011-2 y el Acuerdo Regional N° 691-.201/GRP-CR del 16 de
Marzo del 2010, que aprueba El Programa Multianual de Inversión Publica 2011.
A este marco
normativo regional se suma un marco
cultural de relación de la ciudadanía con el Estado que se había ejercitado
por décadas y que para las mujeres significaba retomar el rumbo de la historia
iniciada por las Capullanas y por piuranas
prehispánicas, mujeres que “teniendo el mando guiaron a sus pueblos por el
destino que los llamaba a mayores horizontes”.
2.-
Los espacios de concertación en Piura
En Piura, el proceso
de concertación entre el Estado y representantes de la sociedad civil, surgió entre
los años 90, mucho antes que la ley lo reconociera. Esta estrategia de
comunicación dialogada, impulsada por la sociedad civil organizada de Piura
demostró que sí se podía mejorar la gestión del Estado con la participación de
la sociedad civil.
“He participado en muchos espacios de concertación,
pero el más grande ha sido unirnos con CIPCA, GTZ, CARE y formar la
Coordinadora Multisectorial a raíz del Fenómeno El Niño, cuyo objetivo principal
era unir esfuerzos y no desperdiciar recursos, y que el Estado trabajara más de
cerca con las organizaciones bajo los mismos objetivos, nos juntamos aproximadamente
19 instituciones que trabajamos desde 1995 hasta el 2002, 2003 que fue
desapareciendo como Coordinadora, pero lo bueno es que quedaron espacios
fuertes para poder seguir trabajando. Soy la secretaria técnica del Consejo
Regional de Salud. Hemos trabajado bastante con el CIPCA para fortalecer la
Mesa Temática de Agricultura y actualmente estoy como representante alterna en
el COREM. Son muchas experiencias. Priorizaría la Coordinadora Multisectorial porque me permitió hacer un trabajo conjunto
y dar una respuesta ante una situación de desastre y que de allí salió la
experiencia para poder trabajar el tema de riesgos y Piura se convirtió en un
referente del tema[17].
La institucionalización
y el reconocimiento de los procesos de concertación, para unos peruanos fue
la oportunidad de contar con un marco jurídico esperado para «legitimar la
voz y decisión a los que nunca la tuvieron» y para los Piuranos y
Piuranas, se afirmaba la erradicación de estilos antidemocráticos de tomar
decisiones para la asignación y uso de los recursos públicos, fortaleciendo los
espacios de concertación, con la participación del conjunto de los sectores
públicos, privados y la sociedad civil, facilitaría tomar acuerdos y la
coordinación integral del desarrollo de la región.
También fue una medida importante para incrementar
el número de mujeres a la vida pública, ampliar su participación social y ciudadana,
el incremento de representatividad femenina en cargos de elección popular a
nivel nacional y regional, se creció aunque no como se proponían y esperaban.
Se pensaba que estas mujeres en el poder político
como congresistas, alcaldesas y regidoras serían sensibles a la problemática de
sus pares y se comprometerían haciéndola suya y de la mano con lideresas y
mujeres de las organizaciones pudieran ayudar en la implementación del marco normativo
regional y en la disminución de desigualdades de género, erradicando las causas
que lo mantienen en la región). Considerando que sin modificar las condiciones
de inequidad de género, siempre será limitada la presencia de las mujeres en
estos espacios y lograr que alcancen su desarrollo y el de sus familias: restringiendo
de esta manera una efectiva democracia regional.
Los Consejos
Regionales son creados por el gobierno regional como espacios de consulta,
diálogo y con participación de las organizaciones de la sociedad civil en
aplicación de mandatos constitucionales, ejerciendo su competencia como órgano
de gobierno subnacional para determinar su organización interna, estableciendo
también las dinámicas que regulan su accionar y su desarrollo.
La Ley N° 27783 de Bases de Descentralización
establece en su Capítulo IV sobre Participación Ciudadana que ésta se canaliza
a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia
existentes, así mismo señala que los gobiernos regionales están obligados a
promover la participación ciudadana en la gestión pública (Art. 17). Las leyes
que dan sustento a la creación de espacios de concertación de la participación
formal de las y los ciudadanas/os: el marco normativo nacional dio lugar a un
marco normativo regional para afirmar la democracia.
3.-
Espacios de concertación social y política del estudio
El Gobierno
Regional de Piura ha generado la conformación de 10 Consejos Regionales,
espacios de concertación como: COREM, COREDIS, COREDNNA, COREJU, COREMUSA,
CORDA, COREMYPE, COPARE, CCR, en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.
Mientras que a propuesta de la sociedad civil se
conforman: Mesa de Concertación de Lucha
contra la Pobreza, Red Regional de Desarrollo Económico, Mesa de Prevención y
Atención contra la violencia de género, entre otras, en las cuáles el
Estado participa activamente a través del gobierno regional, direcciones
regionales y gobiernos locales. Por otro lado existen: Colectivo por la Gobernabilidad,
Mesa Regional por la Equidad de Género, en las que el espacio es exclusivamente
de sociedad civil.
Consejo
Regional de Desarrollo Agrario – CORDA
Consejo Regional de Desarrollo Agrario- CORDA, se
constituye sobre la experiencia de asesoría agraria especializada a la
Presidencia Regional, con la participación de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional de Piura y representantes del Colegio de Ingenieros de
Piura (2003).
Sus principales objetivos son la planificación, el
ordenamiento y la promoción de la producción agraria en la región Piura. Se le identifica como mecanismo de
concertación entre el Estado y los productores agrarios, representantes de
asociaciones de productores, comunidades campesinas e instituciones vinculadas
al sector agrario.
Después de su formalización la dinámica activa de
funcionamiento se fue diluyendo, la aprobación del reglamento para su
funcionamiento, direccionado por los técnicos del Gobierno Regional, motivaron
tensiones que no se pudieron resolver, generando la separación de algunos
asociados de hecho como las asociaciones de productores de la sierra,
comunidades campesinas, entre otras que no cumplían el nuevo perfil que el reglamento
les exige. En la actualidad están en un proceso de coordinación para recuperar
el Consejo.
Un aspecto a
señalar es la ausencia de mujeres en este espacio, a simple vista se podría
afirmar que es un espacio solo para hombres, sin embargo hay muchas mujeres en
las Comisiones de Regantes, en las Asociaciones de Productores y en las
Comunidades que son dirigentes, y otras que simplemente son agricultoras.
La no
presencia de las mujeres es justificada en la negativa que estas tienen para
asumir cargos, sin embargo no se analizan las causas, de las 45 personas
que integran el CORDA todos son hombres.
Consejo Participativo Regional por la Educación – COPARE
Es una instancia de participación, concertación y vigilancia en la elaboración, seguimiento
y evaluación del Proyecto Educativo Regional. Está basado en la Ley General
de Educación. En Piura fue creado a fines de 2003.
Lideró el proceso de elaboración del PER, a través
del CIPER. (Comité Impulsor del PER). Tuvo mucha actividad en la elaboración
del plan del PER, esta fue la etapa más activa de este Consejo, logrando
elaborar el plan, el que asumió principios y estrategias de género para la curricular
educativa regional.
Entre los miembros, representantes del Consejo, se contó
con 2 docentes mujeres y 3 hombres sensibles al género, que motivaron debates y
análisis de propuestas de género para la currícula educativa, en espacios de
sociedad civil con alumnos del II Diplomado de Políticas de Género[18] y
con los grupos de jóvenes de la Universidad Nacional de Piura.
Este espacio estuvo representado por hombres y mujeres,
sin embargo muchas de las mujeres desconocían el enfoque de género y las
ordenanzas en esta materia, minimizando su importancia.
Colectivo por la Gobernabilidad
Se constituye en el proceso del contexto electoral del año 2010. Es un espacio netamente de sociedad
civil, vincula la incidencia política y la vigilancia ciudadana con respecto a
quienes tienen representación pública, entre las instituciones que lo conforman
se encuentran:
– Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza – MCLCP
– Cámara de Comercio y Producción de Piura – CAMCO
– Grupo Impulsor de la Convención Regional de la
Sociedad Civil
– Plan Internacional Piura
– AB Prisma “Proyecto Gobernabilidad y
Transparencia”
– Centro de Investigación y Promoción del Campesino
– CIPCA
– Centro de Investigación, Documentación, Educación,
Asesoramiento y Servicios – Centro IDEAS
– Programa de Desarrollo Rural Sostenible – GTZ
– Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social
Norte – CEDEPAS Norte.
– Red Regional Agua y Desarrollo
– Proyecto: “Gestión Integral Catamayo – Chira”
– Centro de Reflexión Loyola –CRL
– Central Peruana de Servicios – CEPESER
– Red Nacional de Promoción de la Mujer
– Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes
Trabajadores –CANAT
– Red de Municipalidades Rurales de Piura –REMURPI
– Radio Cutivalú
– Prevención de Conflictos – PREVCON
– Responsabilidad Todos – RS Todos
– Grupo Impulsor CVR
– Foro Salud Piura
– Núcleo Educativo Regional – NER
– Agenda Educativa Regional – AER
– Colegio de Ingenieros del Perú – Filial Piura
Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil/Comité
de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional
Se reglamentó en febrero de 2004, y fue de carácter
obligatorio, en los PPR se define la naturaleza de la ADSC en los siguientes
términos “… es un órgano de naturaleza autónoma, de carácter consultivo, de
concertación y de coordinación de las acciones de desarrollo de los representantes
de la sociedad civil…”. Es uno de los espacios de coordinación y participación más
dinámicos y con mayor número de integrantes.
El Presupuesto
por resultados también ha seguido la ruta de le efervescencia, el repliegue y la
recuperación, insertó en la lógica de los nuevos procesos sociales que
generaron múltiples expectativas por el retorno a la democracia y que se fueron
esfumando en la población y en las instituciones públicas y privadas. De las
112 organizaciones que iniciaron su participación los primeros años de
instalada la asamblea, se retiraron 78 organizaciones en el año 2005, quedando
35 organizaciones en el año 2007, 20 organizaciones en el año 2009, 24 en el
año 2010, 53 en el año 2011 y 32 en el año 2012.
La desmotivación principal está en el no cumplimiento
de las obras. Mientras en la asamblea se aprueban los proyectos priorizados
para el año, el equipo político y técnico regional aprueba y prioriza otros
proyectos y los ejecuta, incumpliendo acuerdos, esta situación tiene un impacto
negativo en las comunidades, y territorios y en las mismas organizaciones, quienes
arremeten contra sus representantes por no exigir y vigilar acuerdos.
(Versiones expresadas por un delegado retirado por sanción de su organización).
En cuanto a sus participantes el 73% son hombres y
el 23% mujeres. La agenda está determinada por el ciclo de capacitación,
talleres y reuniones descentralizadas, hasta el diseño y selección de los
perfiles de los proyectos.
Los proyectos priorizados hasta la actualidad han
tenido énfasis en resolver problemas a necesidades básicas, a diferencia de
otras experiencias de regiones que ha institucionalizado puntaje obligatorio
para aquellos proyectos que incorporan estrategias, indicadores y actividades
orientadas a modificar las brechas que afectan a las mujeres y niñas.
Consejo de Coordinación Regional –CCR
Se creó en el 2003, constituyéndose en un espacio de
encuentro y concertación entre el gobierno regional, sus municipalidades y
distritos respectivos, las funciones y competencias señaladas son asignadas por
ley y por el Gobierno Regional.
Lo integran el Presidente Regional, los 8 Alcaldes
Provinciales y 5 representantes de las organizaciones e instituciones de la
sociedad civil, elegidos en la asamblea de delegados de las organizaciones debidamente
inscritas.
En la misma lógica de los consejos anteriores, hay
una gran diferencia de la primera fase a la actual, de una expectativa e
interés latente a una pérdida de interés y desanimo, esta ruta en la dinámica
de este mecanismo democrático tiene varias aristas, entre ellas los vacíos legales
de las normas que lo crean y los reglamentos en este espacio, la interpretación
sesgada de los representantes del gobierno regional.
Consejo Regional de la Mujer – COREM
Se crea por Ordenanza Regional N° 041-2004, como un
ente sistemático que se rige por los principios de identidad, transparencia,
participación, concertación, coordinación, representación e institucionalidad
democrática y descentralizada.
Surge como propuesta de las mujeres de sociedad
civil organizadas, quienes en alianza con la Mesa por la Equidad de Género (constituida en el mismo año), con el
apoyo de las ONG (que brindan la asesoría técnica) y en diálogo directo con las
consejeras regionales, abordan de manera conjunta esta problemática. Esta
iniciativa culminó con la concertación y coordinación entre las mujeres de
sociedad civil y mujeres autoridades en el I Congreso Regional de la Mujeres
producto del cual se promovió una ley regional.
Las propuestas fueron las ordenanzas N° 041 y 042 de
las que ya se ha hecho mención anteriormente. La importancia de estas políticas
aprobadas, radica en dos campos: 1°. Se cambia de rumbo de la propuesta de
trabajo con mujeres en la región pasando
de la reivindicación de derechos a la defensa de los mismos en pro de mejorar
las condiciones de vida de las mujeres como ciudadanas y 2°. Se incorpora al trabajo el enfoque de género como
perspectiva para erradicar las causas que generan las desigualdades entre
los sexos y la exclusión y discriminación de las mujeres como personas.
Considerando que el rol del gobierno regional era
fundamental para impulsar el cambio en la sociedad regional, las mujeres
Piuranas lograron con las delegadas provinciales y la Mesa Regional por la
Equidad de Género, que también surge en esta experiencia, dieran un paso que
tendría repercusiones nacionales y que nunca estuvo en la propuesta política de
la descentralización.
4.-
Ordenanzas regionales que institucionalizan políticas de igualdad de género en Piura.
Acuerdo Nº 084-2003/GOB.REG.PIURA-CR del 18 de julio
del 2003, el Consejo Regional de la Región Piura, reitera el compromiso de
cumplir y hacer cumplir las normas supranacionales que regulan la protección a
la mujer, al niño, al anciano y a las personas con discapacidad física y/o mental,
promoviendo programas que fomenten activamente la participación de las mujeres
en los ámbitos públicos y privados de la sociedad. Reitera su compromiso de erradicar todas las formas de
violencia contra las mujeres y luchar contra la impunidad de quienes la
perpetren, protección de las mujeres contra el hostigamiento sexual y todas
formas de explotación sexual y laboral y la esterilización forzada, así como la
participación femenina en políticas de trabajo, salud, educación y la
incorporación en el proceso productivo de la región, así también su compromiso de defensa de los derechos de
los niños, niñas, adolescentes y discapacitados.
Ordenanza Regional Nº 041-2004/GRP-CR. Aprueba lineamientos
de Política regional en materia del enfoque de equidad de género en la región Piura
2004-2006 y aprueba la constitución del COREM.
Ordenanza Regional Nº 042-2004/GRP-CR. Aprueba lineamientos de Política Regional por
una Educación con Enfoque de Género para todas las edades 2004 – 2006 de la
Región Piura.
Ordenanza Regional Nº 121-2007/GRP-CR. Aprueba la
vigencia indefinida de los documentos de gestión aprobados mediante Ordenanzas
Regionales Nº 041-2004/GRP-CR y Nº 042-2004/GRP-CR.
Ordenanza Regional Nº 180 – 2010/GRP-CR Ordenanza
que aprueba el PRIO, en su lineamiento 5 se propone: Garantizar el ejercicio pleno
de los derechos civiles y políticos de las mujeres de la región, así como el acceso
equitativo a instancias de poder y toma de decisiones, no solo en ámbito
público, sino también a nivel organizativo social y familiar[19].
III.
MAPEO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN
En el registro
de organizaciones del Consejo de Coordinación Regional se tiene a 53
organizaciones e instituciones inscritas en el 2013[20],
mientras en el Presupuesto Participativo se han reconocido a 54 delegados de
instituciones de sociedad civil y 8 representantes de instituciones públicas[21], considerados
aptos para participar en el Proceso del Presupuesto Participativo Regional del
Año fiscal 2014. En los últimos años (2011 al 2013) una baja en el número de participantes
en relación a años anteriores. Pese a
ello es el presupuesto participativo el espacio más convocante.
Un reciente estudio de balance sobre la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios del
gobierno regional – Piura (Marlene Castillo, señala tres momentos en la participación de las OSC: La fase de
crecimiento (2005-2006) asociada a las expectativas participativas de la descentralización
a una población negociadora, demandante y propositiva. Una segunda fase de
decrecimiento (2007-2010), y la tercera fase: periodo de recuperación inicial
en los dos últimos años, con el cambio de gobierno[22].
En este escenario las organizaciones de mujeres, se
contraen dejando en las lideresas la representación y representatividad en los
espacios locales y regionales de concertación, esta situación también generó
una dispersión de intereses, dejando la problemática de las mujeres por la apuesta
a una agenda social colectiva neutra en género y lejos de las agendas de las
mujeres.
El análisis
de las relaciones de género confirma las brechas de género en la región y da cuenta de la disparidad en la que se
encuentran las mujeres en relación a los hombres, frente al desarrollo, al ejercicio de su ciudadanía y a la satisfacción
de sus necesidades prácticas y estratégicas. También pone en el escenario
la problemática de la participación social y política de las mujeres, brecha
que ha concitado el interés de este estudio.
Si bien hay un aumento de la presencia de
organizaciones y liderazgos femeninos en estos espacios y mayor presencia de
mujeres en los partidos políticos, esta participación expresa un conjunto de limitaciones que no permiten incidir y negociar
las agendas de género de las mujeres.
El derecho al voto y la gradual conquista femenina
en otros ámbitos, como el educativo y el laboral, tampoco han sido suficientes
para que las mujeres se posicionen políticamente en el marco del poder y la
toma de decisiones públicas.
A pesar que hoy
son más las mujeres que enfrentan las barreras de la discriminación desde el espacio
público y del privado, exigiendo el ejercicio de su ciudadanía con igualdad
de género.
IV.
ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ESPACIOS POLÍTICOS Y DE
PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN REGIONAL
CONSEJO
REGIONAL DE DESARROLLO AGRARIO – CORDA
La participación
de las mujeres en este espacio no existe, todos los representantes son varones;
según los entrevistados esto puede deberse a varias razones. De un lado, los
cargos directivos de las instituciones públicas que tienen que ver con el
sector agrario son encabezados por varones; de otro lado los cargos directivos
de las asociaciones de agricultores, juntas de usuarios, comisiones de regantes,
rondas campesinas, comunidades campesinas en
su gran mayoría (90%) son ocupados por varones; si tienen mujeres en las
directivas están en alguna secretaría o en las vocalías.
Algunas mujeres han rechazado ocupar un cargo de
mayor responsabilidad porque no se sienten capaces de ejercerlo o porque el
esposo luego les ha dicho que él no les ha autorizado. Nos relata Juan de la
Cruz Rivera Olear: “En mi comunidad elegimos a una señora que había ido
representando a su esposo para que ocupara un cargo en la Junta Directiva, no
recuerdo si fue la tesorería; ella aceptó, pero al día siguiente nos buscó y
dijo que venía a renunciar porque al
llegar a su casa su esposo le había dicho que él la había mandado a
representarlo y no a que aceptase ningún compromiso en su nombre”.
Para Miguel Silva Huertas, representante de
CECOBOSQUE, CORDA, “significa mucho para las comunidades campesinas, fue un
buen espacio para interactuar con el Estado, para que nos escucharan, se debe
reactivar para que las organizaciones tengan un espacio para proponer y concertar.
Ahora hace casi dos años nos dejaron de convocar y está inactivo. La
participación de las mujeres ha sido poca en este espacio, desde que las
organizaciones no han tenido representación, todos los representantes son
varones, antes sí habían mujeres como representantes de los sectores del Estado:
Direcciones Regionales y Gobierno Regional. La presencia de las mujeres fue
bienvenida. Nos faltó constituir un equipo técnico”.
El señor Silva señala “como CECOBOSQUE estamos
comprometidos a hacer respetar las normas y las leyes, así como promover su
conocimiento, es indispensable que las instancias donde participamos se incorpore
a las mujeres y haya alternancia para que puedan representar y acceder al
poder. En cuanto a las reglamentaciones internas de las comunidades también se
están cambiando y vamos por buen camino, ya tenemos dos vicepresidentas de
comunidades campesinas y en las elecciones últimas algunas mujeres (dos o tres)
se han presentado para la presidencia, ese es nuestro trabajo y vamos a seguirlo
impulsando; ahora nos falta identificar algunas estrategias para que cuando se
active el CORDA impulsar la sensibilización en género a cada uno de los y las
integrantes”.
El señor Donald Lecarnaqué Castro, representante de
CEPIBO ante el CORDA, señala: “el CORDA era importante en la medida que el
fuerte de la región es la agricultura, un 80% de las actividades de la región
se mueven alrededor de la agricultura. Hay un proceso que se ha detenido, pero
es necesario retomar. Las agendas están separadas, me da la impresión que hay una
crisis en las organizaciones de la sociedad civil, en las instancias públicas,
en los partidos políticos. Creo que nunca se dio realmente el trabajo
concertado en el CORDA. La participación de las mujeres en el CORDA era cero, creo
que a los hombres nos asusta que ellas tengan poder”.
“Si se reactivara el CORDA (que dejó de funcionar
desde el 2010) creo que debería ser uno de los consejos que impulse, mediante
campaña publicitaria, la participación de la mujer que no aparece en las asociaciones
bananeras y su participación en el campo laboral en el sector agricultura, no
se valora lo que hacen”. Donald Lecarnaqué Castro, CEPIBO.
Según
los entrevistados en esta instancia había un total
desconocimiento de las políticas de género, salvo de algunas personas de
sociedad civil que tenían formación o alguna capacitación en estos temas. El
enfoque de género no fue un tema prioritario que se abordara en el CORDA, no se
generaron debates para involucrar e incorporar a las mujeres en el CORDA, menos
para abordar temas de desigualdad e inequidades, ni por parte del Estado, ni de
la sociedad civil. Esta situación ahora es objetivo de reflexión y nuevas
propuestas como incorporar criterios de género como acuerdos que rijan su
funcionamiento y nivel de organicidad.
CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER – COREM
Este es el único
espacio donde el 95% de representantes son mujeres; sin embargo, también
hay varones entre los que se encuentran: Gerente Regional o el Sub Gerente
Regional de Desarrollo Social (que lo preside) y el representante del COREDIS.
El 50% de miembros, conformado por las integrantes del
COREM, corresponde a mujeres profesionales
universitarias o técnicas, que asisten al consejo por delegación institucional,
del director(a) de alguna entidad estatal. El otro 50% de miembros de sociedad civil son mujeres lideresas con
diferentes grados de educación (primaria, secundaria, técnica) que
representan a las asociaciones y organizaciones sociales de base de sus
provincias. En el primer caso se trata de personas con mucho interés por
articular una agenda de género y lograr avances en la región; en el segundo
caso son mujeres que requieren aún de
formación y fortalecimiento en cuanto a sus derechos y deberes. Se observa
que los intereses son diversos y los niveles de conocimiento de la problemática
de las mujeres y las brechas de género no son homogéneos.
En la actual gestión del gobierno regional, a pesar
del interés y compromiso del Sub Gerente Regional de Desarrollo Social por
llevar adelante el COREM, no ha habido mucho eco en las autoridades del Gobierno
Regional.
Para Carmen Campos Mendoza representante titular
ante el COREM por la Provincia de Morropón a través de la AMPRODESDCH “este es
un espacio muy valioso al que no se le da la debida importancia, en él se
articula el Estado y la sociedad civil, se pueden gestar políticas públicas
para la región que aporten en la reducción de las inequidades de género. No ha
habido una agenda común para articular el trabajo, tanto de la sociedad civil y
del Estado, siempre ha habido trabajos aislados, movilizados por un punto
coyuntural. Hay desmotivación de las mujeres para continuar participando en
este espacio, además no se tiene una agenda común de las mujeres. Cuando empezó
el movimiento en el 2004 fue importante organizar la representación de las
mujeres de las provincias a nivel regional, logramos conformar el Consejo; se
marcaron grandes hitos, se han elaborado propuestas de ordenanzas regionales y
algunas municipales. Nuestra debilidad
está en que se ha quedado a nivel central de Piura no avanzamos hacia el
espacio rural. No se ha evaluado el impacto de las políticas con respecto a
género, sus limitaciones, nos falta dar ese paso. Uno de los principales resultados
ha sido el PRIO; la definición de las brechas de género en la región, que si
bien no ha sido hecha directamente por el COREM se ha tenido una participación
bastante importante”.
Hay conocimiento de parte de algunos/as
funcionarios/as pero no se aplican las políticas de género.
Se sigue trabajando aisladamente y desconociendo la
importancia de la aplicación del enfoque de género. Hay vacíos que permiten al
Gobierno Regional y a los gobiernos locales dejar de lado estas políticas.
Uno de los logros del COREM ha sido posicionar y
lograr que mediante Ordenanza Regional se
institucionalice el Congreso de la Mujer anualmente, espacio interesante
como proceso promovido por el Estado y la Sociedad Civil a pesar de las
dificultades para poder realizarlo, en un inicio estaba pensado hacerlo en el
marco del 8 de marzo y como un espacio donde el Estado rendía cuentas de cómo
venía implementando las políticas de género en la región y el PRIO, pero además
un espacio para que las mujeres de las provincias pudiesen acercar su propia problemática
e insertarse en un proceso más global de solución a la misma.
La Región Piura es una de las que han iniciado
varios procesos, tanto desde el Estado como desde la misma Sociedad civil, pero
sigue sin contemplarse cómo los proyectos y acciones de desarrollo afectan a
las mujeres.
Carmen Campos sostiene “desde la creación de los
Consejos, todos han nacido castrados, desde que nos impusieron que a la cabeza
de los mismos tenía que estar el gobierno regional, eso ha impedido avances, o
sea si se mueve la gerencia que los preside las cosas funcionan, sino todo está
en espera, que si no están los gerentes
que son quienes deciden no se hace nada, aún estén los sectores no se hace
mucho porque es el gobierno regional el que decide; además cuando el Gerente
que preside no puede asistir porque tiene muchas responsabilidades acaba
delegando en un subordinado que sólo lo representa pero no puede tomar
decisiones, así nos hemos pasado mucho tiempo sin hacer nada.
Con respecto a los posibles aportes creo que sí se
pueden hacer cosas interesantes en base a las priorizaciones de la atención a
las brechas que tenemos en el tema de equidad de género”.
Uno de los grandes vacíos sentidos por las
integrantes de la sociedad civil en el COREM ha sido la renovación de las
representantes de las asociaciones y la elección de las representantes de las organizaciones
sociales de base, a pesar de haber un reglamento que indica paso a paso como
hacer el proceso, ni en el último año del gobierno anterior, ni en lo que va de
este gobierno se ha promovido las elecciones para las 15 representantes
titulares y 15 representantes alternas de la sociedad civil (7 de Asociaciones
de 2° nivel[23]
y 8 de Organizaciones Sociales de Base) de las provincias.
Con respecto a la capacitación Carmen Campos señala:
“Ya no podemos capacitar a las mujeres sólo en participación ciudadana y
vigilancia ciudadana, tenemos que ajustar los temas a los contextos actuales:
planes de desarrollo, presupuestos participativos, proyectos de desarrollo que
contemplen las brechas, presupuestos por resultados. Desde el gobierno regional
deben haber apuestas para reforzar el consejo de la mujer, para que haya una
mejor participación y representación, finalmente de estas filas también pueden
salir mujeres que van a ir a ocupar espacios públicos o desempeñarse en los
partidos políticos”.
El Lic. José Luis Calle Sosa, quien en estos dos
últimos años ha acompañado muy de cerca el trabajo del COREM y que actualmente
ocupa la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social, siendo quien representa al
Presidente del COREM en las Asambleas (cuando sus funciones se lo permiten) comenta:
“Sabemos que hay diferencias e inequidades, pero no hay evidencias
estadísticas, documentarias que prueben que existen estas inequidades. Hay una
tarea pendiente muy grande en cuanto a la problemática de género. La gerencia
trabaja en los espacios de concertación y nos preocupamos que tengan en cuenta
el enfoque de igualdad de género, pero siento que no tenemos mucha capacidad
para interactuar con otros sectores y actores, o sea abrimos espacios pero no podemos
generar cuadros, esa es nuestra limitante. Al interno del gobierno regional
creo que deberíamos corregir el hecho de que no le damos relevancia suficiente
a la igualdad de género en todas nuestras prácticas y programas; tomar medidas
concretas afirmativas para incluir más a las mujeres en los procesos de
desarrollo que se impulsan; pensamos en nota masculina, incluyo en ello a las
mismas mujeres. No hay muchos hombres que hablen del tema y a veces siento que
invado espacios”.
CONSEJO PARTICIPATIVO REGIONAL DE EDUCACIÓN – COPARE
Este espacio ha pasado por muchos altibajos desde su
creación, su mejor etapa fue durante la elaboración del Proyecto Educativo
Regional (PER), luego su trabajo decayó notablemente. Desde su constitución contó con la presencia de mujeres entre sus
integrantes. De las 15 personas que se reúnen para activar el espacio, tres
son mujeres: directora de educación, secretaria del COPARE y la representante
de las AMAPAFAS de la región.
Entre las instituciones que conforman el COPARE
están: Dirección de Educación, AMAPAFAS, Gerencia de Desarrollo Social,
Direcciones de Salud, Vivienda, Trabajo, Municipalidades Provinciales y Distritales,
Defensoría del Pueblo, Universidades, Institutos Superiores, Instituto Nacional
de Cultura, SUNAT, Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Municipios Escolares de primaria y secundaria,
Iglesia, entre otras.
La señora Maribel Silupú Abramonte, representante de
las AMAPAFAS ante el COPARE señala: “Para mí el Consejo de Participación Regional
de Educación es importante porque permite a los padres y madres de familia a
tener un acercamiento al sector educativo y así hacemos llegar nuestras inquietudes,
problemas y propuestas. El trabajo concertado yo veo que a veces no hay interés
de ambas partes, ni del Estado ni de la Sociedad Civil, por ejemplo deberíamos
haber 50 representantes y sin embargo en el poco tiempo que llevamos
reuniéndonos sólo llegamos a mayoría simple, algo de 15 representantes. Creo
que algunas personas nos anotamos en estos espacios para hacer notar nuestra presencia
y una vez que lo logramos lo abandonamos. Igualdad en la participación en
cuanto al número no hay, pero en cuanto al respeto de las opiniones y
propuestas si nos respetan. No podría decirle en cuanto al conocimiento de
políticas de género, pero creo que no hay”.
Al hablar sobre algunas prácticas excluyentes, la
señora Silupú dice: “Creo que para que las mujeres participen mejor y más, los
espacios de concertación deben contar con
espacios para que las mujeres que tienen niños pequeños los dejen allí y puedan
tener la seguridad que sus hijos están cerca y bien atendidos, jugando y
vigilados, eso haría que más mujeres participen. Se deben tomar algunas medidas
que faciliten y promuevan la participación de las mujeres. Hay otro factor que
tiene que ver directamente con las mismas personas y es la pérdida del hábito de la lectura, del conocimiento, del interés,
los jóvenes pierden mucho el tiempo en tanta tecnología que hay y no la saben
aprovechar para mejorar como personas, por ello nosotras mismas mujeres y varones
nos excluimos de espacios públicos y políticos”.
Para la docente Rosaura Sosa Madrid “El COPARE tiene
una gran importancia porque es un espacio que permite a la sociedad civil
concertar con el Estado y vigilar todas las acciones que se realicen en función
al proyecto educativo regional de Piura. Actualmente estamos afrontando muchas dificultades,
tanto a nivel de autoridades como de sociedad civil, no asumimos el compromiso
y no nos involucramos con respecto a la participación nuestra en este espacio.
Estamos haciendo todo un trabajo en poder ir fortaleciendo las capacidades de
algunos miembros del COPARE sobre lo que es la concertación y la incidencia en
políticas educativas regionales, que se concreticen en proyectos viables para
ejecutar. En el COPARE tenemos actualmente una participación minoritaria de
mujeres con respecto a los varones”.
Al preguntarle sobre algunas correcciones a
prácticas excluyentes, la profesora Sosa manifestó “En principio que en las
escuelas pudiéramos tener un doble lenguaje en las prácticas educativas, lo decimos,
usamos lenguaje inclusivo, pero cuando
lo llevamos a la práctica notamos que hay filas de niños y niñas; en
inicial cuando los niños juegan con muñecas y las niñas con carritos, les
decimos no, estos juguetes son para niñas y aquellos para niños. Influir en los niños desde pequeños en
prácticas positivas que permitan equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres”.
COLECTIVO
POR LA GOBERNABILIDAD
Participan hombres y mujeres en representación de
instituciones de la sociedad civil, según señalan sus integrantes es bastante
equitativa tanto en número como en participación propositiva.
Según Cecilia Bustamante de la MCLCP, “en el
colectivo hay diversidad de enfoques y temas. Es al abordar el tema de
desarrollo social cuando es más factible vincular lo de género, pero en los
otros temas como lo económico, medio ambiental y gobernabilidad casi no está
asumido conscientemente
el enfoque de género, hay que trabajar un poco más. Primero
tendríamos que ir construyendo normas y reformas de las leyes, tenemos que
trabajar mucho la cultura democrática con equidad de género, tanto en el
colegio, para ir generando una reflexión de lo que necesita una sociedad justa;
normas en espacios mixtos, en AMAPAFAS, en procesos de participación ciudadana,
creo que hay que ir avanzando en establecer y adoptar algunas prácticas”.
Para Segundo Obando Pintado de CEDEPAS Norte “De
todas los ejes y acciones que contiene el pacto político los que menos se están
implementando son los que tienen que ver con equidad de género y promoción de
la mujer en general. Al menos está en la agenda y hay espacios que se van
encauzando en la dinámica de promover la participación de la mujer. Si se
conoce las políticas por parte de las mujeres que participan y de algunos
varones también, se hace incidencia para que el tema de la mujer esté presente
en las políticas públicas”.
ASAMBLEA
DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMITÉ DE VIGILANCIA DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL
Aquí está un poco equilibrada la participación de
las mujeres y los varones; las personas entrevistadas señalan que hay una buena
relación de entendimiento en el grupo y mucho respeto a las opiniones y propuestas
de cada uno de sus miembros. “Las mujeres que participan son profesionales,
saben mucho, son buenas técnicas, conocen bastante, son buenas haciendo
propuestas”. Federico Arana Llanos.
“Creo que la
nueva conformación de la ADSC y del PPR está mucho mejor que antes, la mayoría
somos profesionales, tenemos conocimiento y capacidad de propuesta, se nos
escucha y vamos a hacer un buen trabajo”. Lourdes Valdiviezo.
De estos espacios es el COREM quien desde su nacimiento tiene una agenda de género y
con la cual ha podido incidir para que se formulen políticas regionales.
La mayoría de los espacios de concertación y
coordinación regional son sensibles a la problemática de género y tienen en sus
representantes a mujeres, sólo un Consejo de Coordinación no tiene entre sus
filas a ninguna mujer, CORDA.
En cuanto a sus agendas, estas están focalizadas en
problemáticas de políticas sectoriales (agricultura, salud, educación, entre
otras) no han incorporado temas de la agenda de género regional
Las
y los participantes del estudio y asistentes al taller
diagnóstico y al grupo de discusión señalaron la problemática de género que
impide la participación social y política de las mujeres coincidiendo en muchos
puntos del diagnóstico de inicio que motivo este estudio.
Un 95% de personas entrevistadas tienen conocimiento
sobre las políticas de género en los niveles nacional y regional, sin embargo
reconocen que en los espacios de concertación en los que participan poco o nada
se conoce al respecto y tampoco ha
habido una clara apropiación del enfoque de género para poder transversalizarlo.
Hay un 5% de personas que conocen de las políticas y
el enfoque de género porque alguna vez lo han recibido en alguna capacitación,
pero no lo han vuelto a abordar.
Un 50% del conjunto de entrevistados/as consideran
género, a la presencia de hombres y mujeres en un proyecto o que se trabaje
exclusivamente con mujeres.
Las y los entrevistados tienen la percepción, sobre
todo las entrevistadas mujeres, que en los sectores públicos “género” es un
tema casi exclusivo de mujeres.
Tanto en el Ministerio Público como en el Poder
Judicial conocen el enfoque a partir de los servicios que brindan y las normas
que los regulan (la legislación, los compromisos asumidos internacionalmente,
los espacios existentes para abordar la problemática de género) consideran también
que es un tema de “mujeres” ligado al tema de violencia. Pero en la estructura
interna de estas instancias “Los jueces mayores se resisten a que las mujeres
asuman cargos en la magistratura”, sólo hay una mujer entre cinco magistrados.
Todos coinciden
en que el machismo es una práctica muy arraigada en la región y lo
identifican como una de las principales limitaciones para el empoderamiento y
participación social y política de la mujer. Pero también señalan que las mujeres
tienen que estar muy bien preparadas si quieren asumir algún cargo político o
directivo, el significado dado a esta premisa los llevó a la construcción de
una persona superdotada, requisito que no cumple ningún integrante varón de
estos espacios, pero que si lo exigen como “requisito indispensable” a las
representantes mujeres.
En cuanto a los espacios de concertación todos sin
excepción, consideran muy importante el espacio en el que participan, sin
embargo dejan notar cierto sinsabor por el desempeño del Estado y el hecho de
que las organizaciones no quieren participar activamente en estos espacios por
desánimo y la ausencia de respuestas a sus expectativas. El grupo de discusión
revisó las propuestas producto del taller diagnóstico y concluyó que deben
trabajar en sus espacios las siguientes 11
propuestas:
1. Capacitación a mujeres para que se empoderen.
2. Sensibilizar a los hombres para que aborden e
incorporen el enfoque de género.
3. Mejorar Reglamento y Mecanismos del CCR para
incorporar mujeres y jóvenes.
4. Vincular diferentes estrategias de acuerdo al
nivel y a las necesidades de las propias mujeres y los varones. Buscar el
equilibrio entre hombres y mujeres partiendo del conocimiento de sus necesidades.
5. Vigilancia permanente al cumplimiento de las
Políticas de Género.
6. Promover criterios de género/empoderamiento en
los proyectos o propuestas que se presenten al PPR.
7. Institucionalizar estrategias para la
implementación de políticas de género.
8. Incrementar la participación de la sociedad civil
en la vigilancia del cumplimiento de la Ley.
9. Difusión a través de Programas Radiales
sostenidos.
10. Establecer roles claros de los espacios de
concertación en temas específicos como por ejemplo: embarazo en adolescentes,
feminicidio, trata de personas, crímenes de odio.
11. Transversalizar
el enfoque de género en todas las políticas.
Del análisis
de la participación de la mujer en los espacios de concertación podemos
resaltar los siguientes hallazgos:
a.-Primer
hallazgo:
Nos muestra la característica de la población que
integra estos espacios de concertación y coordinación regional, mayores de 35
hasta 56 años, personas con experiencia, capacidad y nivel educativo superior
en la mayoría, con estabilidad económica sobre todo los funcionarios y representantes
de instituciones sociales, llama la
atención la no presencia de jóvenes, a pesar que a nivel nacional y en la
región se cuenta con organizaciones juveniles.
La situación actual de los espacios de concertación
y coordinación regional y de las organizaciones que las conforman, no están
pasando por su mejor momento, hay un repliegue de las organizaciones, cansancio
frente a expectativas y promesas no cumplidas y hasta un ligero agotamiento de
algunos integrantes. Sin embargo las expectativas de la población y de los
grupos que están detrás de esos representantes siguen latentes y consideran que
es posible lograr los objetivos. Esta afirmación se demuestra cuando los y las
integrantes señalan los siguientes elementos con mucha claridad, aludiendo a su
rol y funciones asignados por ley en la coordinación con el Estado: consulta, propuestas,
vigilancia, exigibilidad y el seguimiento a las políticas regionales vinculadas
a ciertas temáticas de sus agendas.
En este accionar limitado de las mujeres como delegadas
de las instituciones del Estado en los espacios de coordinación, priorizan su
rol técnico y su experticia en el tema, sin articular la problemática sectorial
hacia una lectura del mismo con el enfoque de género, aunque puede proponerse
abordar algún servicio que ayude a disminuir un problema de la agenda de género
con el
objetivo de disminuir las brechas (Ejem.: la
violencia de genero) estrategia en la que todos y todas las autoridades,
líderes y lideresas regionales están de acuerdo. Pero no se están cambiando los patrones estructurales que mantienen y dan
continuidad a la inequidad de género.
b.-
Segundo hallazgo:
Es que se reconoce que se van superando algunos
factores para la participación social y política de las mujeres, esta
afirmación es asimétrica con el número de mujeres participando y con la calidad
de la participación, en los espacios mixtos (Estado-sociedad civil).
La región Piura es una de las 13 regiones del país
que no ha normado las cuotas de género en los Consejos de Coordinación Regional, mecanismo de discriminación positiva que
garantiza la presencia de mujeres en estos espacios. Por lo que hasta hoy
la presencia de las mujeres se debe a las delegaturas de las instituciones y
organizaciones por razón de liderazgo técnico en la temática o por el alto
cargo que ocupan.
Otro aspecto importante es la identificación de un
déficit de lideresas preparadas para intervenciones en estos espacios, si bien
hay lideresas locales potenciales, estas están más relacionadas con las
problemáticas sociales y no con las propuestas de género locales y regionales priorizadas.
La toma de conciencia por las agendas de las mujeres, son las menos abordadas,
a ello se suma que estas agendas no han sido actualizadas en la mayoría de las
organizaciones de mujeres de segundo nivel y no son conocidas por las mujeres
asociadas.
Si bien hay una gran acogida al discurso de la
defensa de los derechos de las mujeres, mismo que ha sido internalizado por
diferentes mujeres de todas las edades, son muy pocas aquellas que se atreven a
ejercitarlos y, quienes han iniciado el ejercicio de estos derechos, tanto en
el espacio privado (familia) en el espacio público (organizaciones,
instituciones sociales y políticas) se ven sometidas a un conjunto de críticas
y sanciones bajo códigos culturales sexistas tradicionales, por poner en riesgo la continuidad del sistema de relaciones
jerárquicas.
Para las mujeres,
ejercitar sus derechos significa transgredir el sistema de relaciones
inequitativas y enfrentarse a un conjunto de prácticas, estereotipos y
paradigmas sobre lo masculino y lo femenino, componente de una estructura de
relaciones culturales, sociales, políticas y físicas, este sistema se ha
desarrollado en torno a mecanismos de control y sanción, los que son aplicados
cuando la sociedad cree que se está transgrediendo el orden “natural”.
Esta situación se expresa a la preocupación de las y
los líderes de sociedad civil, que se preguntaban ¿Qué tipo de lideresa
queremos o necesitamos? y a la que respondían señalando un conjunto de habilidades,
competencias y destrezas para las mujeres, que ellos aún no han logrado
desarrollar.
Entre las que señalaron: Se percibe entonces una exigencia
muy alta para el liderazgo femenino en estos espacios.
Las brechas
de genero priorizadas por el gobierno regional, salud reproductiva, educación, empleo,
violencia, acceso a recursos y el medio ambiente tienen un impacto
importante en la participación social y política de las mujeres, en la medida
que estas brechas sean acortadas se habrán generado mejores condiciones para
que las mujeres ejerzan su derechos civiles y políticos. Sin embargo la brecha
de la participación social y política de las mujeres ha sido poco abordada, a ello se suma las necesidades estratégicas
que han afectado el mundo subjetivo de las mujeres, lo que feministas
llaman los marcadores de género que no se superan cuando se logra cambios
personales en: seguridad, empoderamiento, autovaloración, toma de decisiones,
negociación, compartir roles, revaloración del trabajo doméstico, identidad de
género entre otros.
c.-
Tercer hallazgo
Es la invisibilización
de barreras culturales entre ellas la desvalorización del trabajo doméstico
y la responsabilidad casi total en las mujeres, según la línea del tiempo es de 45 a 70 horas semanales que las
mujeres utilizan en esta labor, siendo la falta de tiempo uno de los
principales limitantes para su desarrollo como ciudadanas.
La complejidad de este trabajo, requiere la
ejecución de diferentes y múltiples actividades. Es importante mirar el trabajo
doméstico con la nueva teoría de economías del cuidado[24] y
la relación trabajo familia, dos
aspectos que en nuestro país aún están lejos de normarse.
V.
IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA REGIÓN Y EN LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y POLÍTICA DE LA MUJER EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN
Las
brechas de género en la región
Las brechas
de Género de la Región Piura levantadas en el 2009, fueron el primer
producto formal que permitió que el gobierno regional revisara las políticas de
género existentes y emanara otras a favor de la igualdad entre mujeres y
hombres, pudiendo con este mecanismo evaluar los logros y mejoras alcanzados.
Conceptualmente las
brechas de género son las diferencias que exhiben mujeres y hombres en cuanto a
oportunidades, acceso, control y uso de los recursos que les permiten
garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las brechas de género tienen que
ver con: “diferencias objetivas, significativas
y verificables entre hombres y mujeres en el acceso a bienes, servicios e
instituciones cruciales para determinar sus niveles de desarrollo personal,
social, económico, cultural y político, a pesar de ser ambos iguales en
derechos y deberes”.[25]
Las diferencias entre las tasas masculina y femenina
en la categoría de una variable, se calcula restando Tasa Femenina-Tasa
Masculina. Cuanto menor sea la “brecha”, más cerca estaremos de la igualdad
(Instituto Andaluz de la Mujer).
También están referidas a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución
de recursos, acceso y poder en un contexto. Constatar una brecha de género
en un contexto significa normalmente que en éste existe una desigual distribución,
donde el colectivo que pertenece al género femenino forma el grupo que queda
con menos recursos, poder, etc.
En
este estudio ponemos énfasis en indicadores cualitativos:
los que refieren a cualidades o aspectos
que no son cuantificados directamente. Se trata de opiniones, percepciones o
juicio de parte de la gente sobre barreras invisibles.
Una de las definiciones más utilizadas por
diferentes organismos y autores señala: que “los indicadores (…) son estadísticas, series estadísticas o cualquier
forma de pronóstico que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos
dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar
programas específicos y determinar su impacto”[26].
Ha cobrado más fuerza la idea de que los indicadores
no son demografía, economía y pobreza, educación, salud y nutrición, trabajo y
empleo; algunos temas están aún en proceso de maduración (como los de medio
ambiente) y otros que han presentado problemas (por ejemplo, los derechos humanos y el buen gobierno y participación
política y social)[27].
No obstante, se destaca que todos los avances han sido a escala nacional, y resultan
prácticamente inexistentes las experiencias a escala local[28].
Una distinción importante para la región Piura es el
abordar desde este estudio las brechas
de género en las zonas urbanas y en las rurales (Ayabaca y Huancabamba).
1.
La salud de la mujer
La Mortalidad
Materna es un indicador altamente sensible que, según la Estrategia
Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva en Piura se han reportado 39 casos en
el 2009, 29 en el 2010 y 34 casos en el2011[29].
Este indicador para el 2012 se manifestó en 35 muertes maternas (Huancabamba
con nueve casos, Piura con ocho, Ayabaca con seis y Sullana con cuatro, siendo
éstas las provincias con mayor presencia de mortalidad materna); en lo que va
del 2013 se presentaron nueve muertes maternas, siendo Piura y Sullana con dos
casos cada una las provincias que encabezan la lista[30].
La mortalidad
materna en las provincias rurales de Huancabamba, Ayabaca y parte de
Morropón fue mayor en el año 2010 -2012, para el 2013 hay un incremento en la
zona urbana (Sullana y Piura).
De la misma manera se aprecian cifras que dan cuenta
de una problemática diferenciada entre las zonas urbanas y rurales, constatándose las brechas sociales con la extrema
pobreza y las de género en el tema de salud sexual y reproductiva y mortalidad.
Se conoce que la sensibilización, información y la mejora de los servicios, las
estrategias de atención a las madres gestantes en provincias rurales de mayor
recurrencia, han contribuido a la baja de la tasa de mortalidad materna a diferencia
de provincias de la costa (Sullana y Piura) que es donde se ha incrementado el
número de muertes.
Otro
indicador es el embarazo adolescente que, según la
Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva de Piura, en el año 2011 se
presentó en 3,427 jóvenes embarazadas entre 12 a 17 años y en el año 2012 en
3,140 embarazos en adolescentes.
El embarazo
adolescente es considerado como un problema de salud pública, una madre adolescente
trunca su desarrollo, agrava su salud física y emocional, abandona la escuela para ser madre, se vuelve más dependiente y la tendencia es la separación o un
sometimiento que muchas veces se convierte en un ciclo de violencia doméstica y
de espaldas a ejercer sus derechos.
La
violencia política contra las mujeres en cargos públicos.
Es otro tipo
de violencia que se da en los espacios públicos. La violencia o acoso político contra la mujer se sanciona como violencia
común, en el terreno judicial, sin tratarla en el espacio político, donde
muchas lideresas y mujeres autoridades son
agredidas en el cumplimiento de sus funciones, quedando muchas veces en
impunidad y sancionada en el cargo público.
Algunas mujeres autoridades y lideresas han
levantado esta problemática que se expande cada día más, Piura no ha sido ajena
a esta problemática, los testimonios de consejeras, alcaldesas y regidoras.
Estudio Nacional de la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú. 2013. así
lo señalan.
Este es un atenuante importante para las mujeres que prefieren quedarse en el
espacio privado negándose a participar en los espacios públicos, por el
alto nivel de agresividad que puede recibir y la desprotección a la que es
sometida cuando es censurada por cumplir con el rol asignado por ley, el
fiscalizar la gestión. Esta experiencia es desalentadora para muchas mujeres
pero también aquellas que logran superarla logran altos niveles de empoderamiento
y mejoran sustancialmente su participación política.
1.
La violencia física
En el período 2009 – 2010 se ha incrementado el
número de las denuncias de violencia
física de 9.9% a 14.6%; mientras que la violencia psicológica alcanzó el 64.5% el 2011, la violencia sexual fue el 2.4% el 2009 y
el 4.6% el 2010, produciéndose un incremento significativo en comparación al
año anterior.
El 32.6% de
mujeres considera “no necesario” denunciar, a pesar de todos los mecanismos de información
y prevención existentes y difundidos. La violencia puede causar la muerte
de mujeres, en Piura no hay casas de
refugio para facilitar el soporte que la urgencia de tratar los casos de
violencia exige.[31]
Según la Mesa de Prevención y Atención de la
Violencia de Género de Piura, en el 2012 se
registraron tres feminicidios a nivel regional, uno de ellos ocurrido en
Sullana, además de cuatro tentativas. Los pocos registros que existen al
respecto no revelan el número real de casos, en la medida que no se cuenta con
una base única de registro de denuncias interinstitucional. Asimismo, la Mesa
registró entre enero y noviembre de 2012 a 2,013 personas afectadas por
violencia familiar y sexual reportadas por los Centro de Emergencia Mujer. La
Fiscalía de Familia de Piura reportó hasta noviembre del mismo año, 2,776 casos de violencia familiar solo
en el distrito de Piura, en la Primera y Segunda Fiscalía de Familia. De estos,
hay por lo menos 273 en investigación tutelar, que tiene que ver con menores de edad maltratados, abandonados o utilizados
para mendigar.[32]
En Huancabamba, Ayabaca y la zona rural de Morropón, la violencia contra la mujer y las niñas y
el feminicidio, es poco denunciada. Hacer
efectivo el derecho a la denuncia que les asiste a las mujeres, es considerado
por las otras mujeres y por las familias del agresor y la víctima como un hecho
más grave que la agresión recibida por las mujeres. Denunciar es romper con la
familia para toda la vida. Esta situación esconde las cifras reales de la
dimensión de la violencia en estos espacios.
La trata de personas, a enero del 2013 Piura se
ubica en el 7° lugar de las 29 grandes ciudades del país, con 18 casos de trata
de personas[33]
víctimas de esta esclavitud, es
evidente que el problema se está abordando desde el Estado con apoyo de
sociedad civil pero los avances legislativos aún están centrados en el Poder
Judicial. En otras provincias se viene abordando el tema y aun no existen registros.
Esta problemática es más compleja en su abordaje, por ahora solo se registran
casos judicializados.
2.
Educación
Entre 2005 y 2011 la tasa de asistencia a educación
inicial en Piura no muestra cambios significativos para hombres y mujeres. En
siete años el progreso es reducido, de
cada 100 niños de 3 a 5 años apenas el 62%, asiste a la escuela, mientras que
las niñas logran el 72%.
La educación
inicial es una etapa importante en la formación de niñas y niños, sin
embargo el acceso sigue siendo insuficiente.
En ámbitos rurales no se considera necesaria la
educación temprana de sus hijos/as; allí
las distancias y el acompañamiento que requieren los niños/as suelen ser
limitaciones para los padres, el bajo nivel educativo de padre y madre
influye en la importancia que se le otorgue a esta etapa educativa.
La tasa de asistencia de educación primaria logra
ser casi universal en Piura: entre 2009 y 2011, el 92.3% de varones y 95.6% de
mujeres. Mientras que la tasa de asistencia en la educación secundaria soporta
un estancamiento: 70.8% de varones y 71.2% de mujeres el 2011. En esta etapa
los/as adolescentes, principalmente de zonas rurales, enfrentan la pobreza y la
economía de subsistencia familiar que obliga a los adolescentes (hombres) a
trabajar para poder sobrevivir y seguir estudiando, mientras que las (mujeres)
se convierten prematuramente en madres y nunca más regresan a la escuela.
Según la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en
Piura en el 2012 hubo 3.5% de repitencia y 1.9 % de deserción escolar.[34]
En Piura el 13.1% de mujeres es analfabeta respecto
al 5.8% de hombres; por cada 13 mujeres analfabetas
hay cinco hombres analfabetos. Esta diferencia significativa muestra el
grave atraso de las mujeres principalmente en las zonas rurales. Esta tendencia
se mantiene en los últimos 5 años con ligeras variaciones.
3.
La inserción laboral
La actividad económica en Piura muestra un
crecimiento importante de mujeres que acceden al trabajo independiente, entre
el 2009 (43.2%) y el 2011 (58.2%) hay un notable incremento de 15%; sin embargo
es necesario advertir que la inserción
laboral de las mujeres, en especial de las más pobres, es en ocupaciones poco
productivas y con muy bajos ingresos, que les exige largos y difíciles desplazamientos cotidianos en condiciones
muy precarias lo cual afecta su salud, más aún si en general las mujeres
trabajadoras no cuentan con seguro social, ni
con el apoyo para el cuidado infantil de sus menores hijos con quienes se
desplazan con mucho riesgo.
Los indicadores referidos a la inserción laboral
expresan la disparidad de género; así por ejemplo, el nivel de ingreso por
actividad económica independiente es de 734.6 nuevos soles en los hombres frente
a 391.1 nuevos soles en las mujeres por una actividad similar. Las mujeres se
incorporan al mercado laboral como independientes y el trabajo familiar no remunerado continúa siendo predominantemente
femenino.
La población inactiva en la región Piura es
principalmente femenina (73.0%) en relación con los hombres (27.0%); es decir,
de cada 10 personas inactivas siete son mujeres. Dentro de este grupo (inactivos)
se encuentran las amas de casa, los estudiantes, los jubilados, es decir
aquellos que no se encontraban trabajando ni buscando trabajo.
Respecto
de los ingresos económicos, se evidencian significativas brechas de género;
solo 37,1% es el promedio de mujeres con ingresos por salarios con respecto a
los hombres. Las mujeres trabajadoras representan el 53% del ingreso promedio
de los hombres.[35]
4.
Jefas del hogar en el Programa Juntos
La región Piura ocupa el 13° lugar en población de pobreza extrema del
programa juntos, con una población de mujeres de extrema pobreza,
representantes del hogar para el 2011 de 86.3% (27,067) en el área rural, y de
13.7% (4,305 hombres) y para el 2012, la población de mujeres jefas de hogar
aumentó en 20,000 mujeres más, y se incrementó también el número de mujeres
jefas de hogar en la zona rural a 69.1% (35.965) y 30.9% urbana (16,102).
Llama la atención la presencia de un alto número de madres solteras jefas de hogar en
situación de pobreza extrema, población que merece atención diferenciada de
los gobiernos locales y nacionales.
Participación
ciudadana y política de las mujeres
1.
Identidad
En el año 2007, un alto porcentaje de mujeres por encima de los hombres no contaban con
partida de nacimiento, situación que impide el ejercicio de su ciudadanía,
negándoseles el derecho a la identidad y al reconocimiento de su existencia
legal en esta región y en el país.
De la misma manera existe una brecha entre mujeres
(1.5%) y hombres (1.2%) que no cuentan con documento de identidad. Estos dos
instrumentos son fundamentales para la participación ciudadana y política de
las mujeres.
Entre el 2010 y 2011 se han desarrollado en el Perú
procesos democráticos para elegir autoridades regionales y municipales. Piura
es la segunda Región más poblada del país y el 50.2% de su población está
constituido por mujeres, sin embargo ellas no han logrado cargos de poder en el
Gobierno Regional. En las elecciones de 2010, de 8 alcaldes provinciales solo
una es mujer (Provincia de Piura).
De 56 alcaldes distritales solo 02 son mujeres
(Castilla y El Arenal).
La participación política de las mujeres en la
región es baja, a pesar de la existencia
de la Ley de Cuotas existe gran resistencia a estas medidas que pretenden
corregir la poca participación de las mujeres en las listas de los partidos y
movimientos políticos; quienes mantienen una presencia exclusiva o mayoritaria
de varones en sus listas. De otro lado,
continúa la incorporación de mujeres en los últimos lugares de las listas sólo
por cumplir con la Ley que no contempla la alternancia ni la cuota de poder.
Los puestos de responsabilidad asignados
a ellas siempre están vinculados a funciones “sociales” (bienestar, salud,
educación, secretarías económicas y vocalías).
El Gráfico N°1 nos indica que hay mayor presencia de
mujeres en los cargos de regidoras distritales y provinciales, a pesar de ello
en este ítem los hombres ocupan 286 regidurías, mientras que las mujeres sólo
100. En cuanto a Alcaldes Distritales tenemos 61 alcaldes y 03 alcaldesas; en
el nivel provincial 7 Alcaldes y 1 Alcaldesa. La presencia de mujeres en estos
espacios no ha significado para las mujeres de sociedad civil una ventaja en
relación a recepción y trabajo con la Agenda de las Mujeres, generándose un distanciamiento
entre las lideresas y las mujeres autoridades.
La
violencia o acoso político
Si bien este tema ha sido abordado anteriormente,
consideramos profundizar en esta parte porque tiene una implicancia directa en
la resistencia que tienen las mujeres para incursionar en estos espacios, los
ejemplos de violencia que sufren algunas mujeres en ejercicio de funciones
políticas en los espacios de gobierno y en los partidos políticos es
aleccionadora para otras mujeres, quienes por temor a pasar situaciones
desagradables frenan el interés de ejercer sus derechos políticos.
Un estudio reciente realizado por Flora Tristán (aún
sin publicar), respondiendo al interés de la RENAMA – Red Nacional de Mujeres
Autoridades de Gobiernos Locales y Regionales del Perú[36], sobre
la violencia o acoso político en espacios de decisión política, ha tenido un
impacto en la formulación de una propuesta de Ley de sanción a esta violencia
de manera diferente a la violencia familiar, la misma que ha sido aprobada en
el Congreso, en estos ámbitos, es importante que se promuevan acciones
articuladas entre las mujeres para su propia defensa, exigiendo también un
nuevo tipo de relacionamiento entre mujeres autoridades y lideresas de sociedad
civil con nuevos marcos normativos.
De otro lado, el arraigado machismo en la región, las tradiciones y costumbres inculcadas desde pequeñas, encasillan a
las mujeres a las labores domésticas. A ello se añade el poco tiempo que tienen
por la carga familiar (más aún si son jefas de familia) y sus múltiples
responsabilidades laborales más el trabajo social que realizan, no les permite
participar en política.
Otro atenuante para que las mujeres se inserten en
espacios de organizaciones mixtas o en política es el escaso nivel de
educación, algunas con primaria incompleta o secundaria completa o incompleta,
lo cual les intimida en la posibilidad de ocupar un cargo, más aún si es una
invitación a participar en elecciones municipales. La desinformación juega un
papel importante en la poca confianza y timidez que muestra la mayoría de
mujeres para ocupar cargos dentro de la organización y también públicos.
La problemática regional de género se hace explicita
en el 2004 cuando se inicia un trabajo concertado entre las mujeres lideresas
de organizaciones y representantes de instituciones de la sociedad civil y
mujeres autoridades, funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional, decidiendo crear e institucionalizar el
COREM, la Mesa Regional por la Equidad de Género, el Congreso anual de la
mujer.
Se priorizaron problemas y formularon propuestas de
políticas regionales en favor de las mujeres, visitando las 8 provincias y
motivando su centralización provincial, fue sumamente importante el apoyo de
los alcaldes y desde la sociedad civil de las ONG con el financiamiento y apoyo
técnico de la cooperación quienes con el aval político del equipo del Gobierno
Regional de ese periodo, lograron levantar las brechas de género y aprobar en
Sechura el PIO (2008) y en la región el PRIO (2009).
El PRIO Piura, proporciona la información que da
cuenta de las brechas regionales de género y los indicadores de inequidad entre
mujeres y hombres. En este instrumento el problema de la participación política
y social de las mujeres ya se visibilizaba como una de las brechas más profunda.
En los procesos electorales 2006– 2010 y 2011-2014
la participación de las mujeres y su elección en los cargos por voto popular
han tenido como resultados mayor presencia de mujeres piuranas.
Las
brechas de género en los espacios de concertación regional
Identificar las brechas de género en estos espacios
regionales nos remite a la incursión de las mujeres piuranas en el espacio
público, las mujeres se insertan en los movimientos sociales organizados que la
población masculina había impulsado y, por otra parte a las organizaciones o colectivos
que determinadas instituciones públicas y privadas impulsaron para implementar
las políticas sociales para mejorar y ampliar el acceso y aprovechamiento,
entre ellas: las políticas de salud,
salud de la mujer, alimentación, políticas para disminuir la pobreza y para
enfrentar la emergencia entre otras.
Es importante recordar que las mujeres que participan en estos espacios llegan con las marcas que la exclusión
y la inequidad de género les ha brindado solo por el hecho de ser mujer.
Para trabajar las brechas de género en los espacios
de concertación y coordinación regional, se trabajó según la muestra del
estudio con 21 encuestas aplicadas a nueve varones y 12 mujeres, de las que
podemos levantar la información que presentamos.
1.
Inequitativa presencia de mujeres en los espacios de concertación y
coordinación regional
La presencia de las mujeres en estos espacios sigue
siendo limitada a pesar de la apertura a una mayor participación. Actualmente
en los cinco espacios de concertación y coordinación elegidos para el estudio
participan 47 mujeres (31.06. %) en relación a la representación masculina que es
de 99 personas (69%). La cifra de mujeres más alta pertenece al COREM, 30
mujeres que en porcentaje es el 65.02 % de las mujeres.
Sin el COREM la cuota de participación de las
mujeres seria del 13% de mujeres sobre el 87 % de hombres representante de las instituciones
y organizaciones.
Esta constatación nos muestra que detrás de los espacios
hay una masculinización[37]
de los mismos, producto de la división social de trabajo en los espacios privado
y público y de una cultura tradicional
de asignación de roles con inequidad de género que afecta a las mujeres.
Ante esta realidad es urgente democratizar estos espacios garantizando mayor presencia de
mujeres e incorporando reglas de juego nuevas, más democráticas y adecuadas
a la realidad de hombres y mujeres.
En este sentido es importante revisar: horarios y
fechas de reuniones, recursos económicos para transporte y refrigerio a fin de
facilitar la presencia de lideresas sin trabajo.
2.
Edades de las y los participantes en los espacios de concertación
Las edades de las 12 mujeres encuestadas, fluctúan
entre 38 y 59 años, mientras que para el caso de los nueve hombres el rango
está entre 50 y 57 años. Aquí la brecha de edades es alta en los hombres, hay
una brecha positiva hacia las mujeres en cuanto a su juventud.
Esta brecha
influye en la disponibilidad de tiempo para el trabajo de participación social
y política, la relación entre edad y la disponibilidad de tiempo impide a
las mujeres ejercitar sus derechos civiles y políticos en estos espacios.
Mientras para los hombres adultos con
más edad las responsabilidades bajan y tienen más tiempo para participar.
Otra asociación de la edad es con la reproducción de
vida, si bien la edad de 38 años nos indica que la mayoría de mujeres acabo su
ciclo para la maternidad, hay un gran porcentaje
de ellas que se dedica al cuidado de sus hijos/as.
Esta situación
genera una tensión entre edad y maternidad, que en una situación equitativa
de género no existiría ni sería una limitante para la participación política de
las mujeres.
Para
las mujeres la edad no debería ser una desventaja para incursionar en lo
político, pero condicionada
ésta con otras brechas de género, como la dependencia económica, la violencia,
la maternidad, las labores domésticas, el cuidado de las personas adultas y
familiares enfermos; el jefatura familia en sociedades con un sistema de
relaciones inequitativas de genero se convierte en una limitante.
Compartir
roles y responsabilidades es una estrategia que se tiene que implementar en la
familia como espacio privado y en el espacio
público.
3.
En el plano laboral
Del total de encuestados, dos son independientes
(agricultores) (3.3%), una es ama de casa y dependiente económicamente de su
esposo, una de las encuestadas tiene trabajo temporal (3.35%) que ha sido
continuo los últimos tres años; las personas restantes 17 personas encuestadas
(91,9%) tienen un empleo dependiente, que va desde los 12 a los 45 años de
servicio, por lo tanto cuentan con un
ingreso económico mensual fijo, seguro social, AFP, CTS.
En estas cifras la información arroja una diferencia
entre quienes representan a las instituciones públicas y privadas con las mujeres
que representan a las organizaciones de sociedad civil. La brecha es más bien
social de discriminación.
Los ingresos fijos mensuales de los hombres van
desde 1,600.00 nuevos soles (el ingreso más bajo) hasta 5,500 (el ingreso más
alto), mientras que en las mujeres los ingresos fluctúan entre 1,230.00 y 4,290.00
nuevos soles al mes. La brecha salarial es de aproximadamente 1000 nuevos soles
para las mujeres.
Las mujeres muestran mayor dificultad para ejercer
sus derechos a un empleo, la temporalidad en el trabajo desfavorece su
participación en estos espacios, considerando que el desempleo y los bajos ingresos
económicos limitan la autonomía para decidir y participar en todas las
actividades programadas. Considerando que los gastos para estas actividades los
financian las y los participantes en caso representen a la sociedad civil
organizada.
4.
Nivel educativo
De los y las encuestados/as, siete varones y cinco
mujeres cuentan con educación superior universitaria completa, tres mujeres
tienen educación universitaria incompleta, dos mujeres lograron educación
técnica completa, dos mujeres y un varón terminaron la secundaria y un varón
solo tiene secundaria incompleta.
Las brechas de género en el nivel educativo no son profundas,
la mayoría de los representantes hombres tienen el nivel educativo más alto a
diferencia de las mujeres, que menos de la mitad cuentan con el mismo nivel educativo.
Otro grupo de mujeres (3) tienen estudios superiores universitarios incompletos
y 2 cuentan con estudios técnicos concluidos.
Las brechas de género educativas en estos espacios se miden con dos indicadores, educación superior
concluida y educación secundaria no concluida.
El nivel educativo no concluido también es una
barrera para una participación social y política segura en el espacio de
concertación y coordinación, considerando que la interacción es con
funcionarios y técnicos del Estado quienes tienen alto dominio de la gestión
pública y de las políticas que implementan. A ello se suma el desconocimiento
de la gestión pública.
Esta situación genera inseguridad en las mujeres
participantes quienes optan por cumplir un rol de representación de sus
organizaciones. De la misma manera en el
imaginario de los participantes está instalada una escala de valores para las
mujeres basada en la tecnocracia.
5.
Participación en la economía del cuidado y el uso de la línea del tiempo
Con referencia a las horas semanales dedicadas a la economía del cuidado familiar y las labores
domésticas, en la línea del uso del tiempo señalan que usan mayor cantidad
de horas en las labores domésticas a pesar del nivel económico, educativo y
laboral que tienen, contando con apoyo de otra mujer o de la familia, para este
trabajo dedican entre 10 a 50 horas semanales mientras los hombres dedican a
este trabajo solo entre 5 a 15 horas a la semana.
A pesar de este apoyo, las mujeres no se eximen del
cuidado de los hijos/as. La administración del hogar y la representación de la
familia, casi no suelen controlar el
tiempo que usan en el trabajo doméstico o “trabajo de la economía del cuidado”
lo que tiene un impacto directo en la poca participación política y social de
las mujeres.
Las mujeres que no disponen de recursos para
contratar apoyo, tienen que desarrollar todas las labores señaladas, con
jornadas de más de 100 horas a la semana.
El no compartir roles y distribuir el trabajo
doméstico entre los miembros de la familia, limita la participación social y
política de las mujeres.
6.
La atención personal
El trabajo en la línea del uso del tiempo incluye también la atención personal.
En general las mujeres que participan en estos espacios, ocupan más tiempo en labores domésticas que los hombres, según el
gráfico, cuatro mujeres de las 12 encuestadas dedican entre una y cinco horas a su atención personal durante la semana;
tres se toman un tiempo de 11 a 15 horas para ellas mismas; dos se dedican
entre seis y 10 horas; otras dos se dedican entre 21 y 25 horas y una entre 16 y
20 horas. En cambio, en el grupo de nueve varones, tres señalan dedicarse entre
11 y 15 horas semanales; dos de seis a 10 horas; dos entre una y cinco horas;
uno de 16 a 20 horas y el otro de 21 a 25 horas a la semana.
Esta
brecha nos permite comprender que las largas jornadas de trabajo en los
diferentes roles que cumplen las mujeres que participan en
estos espacios, les limita la atención adecuada a su persona, negándose
espacios para el control de su salud, capacitación y recreación.
7.
Dedicación a la participación social
Este gráfico nos indica que son las mujeres las que
más horas dedican a la participación social, dedican entre 6 a 60 horas semanales,
mientras los hombres, dedican de 5 a 40 horas a la semana.
Aquí el indicador
de la brecha es el tiempo de dedicación al trabajo social y el nivel de
compromiso e identificación que las mujeres tienen con este trabajo. Los
hombres también están comprometidos pero dedican menos tiempo.
8.
La participación política
La dedicación de las mujeres en la participación
política en partidos políticos y no en la labor política que cumplen en los
espacios de concertación y coordinación que integran. La dedicación que ponen
las mujeres a la participación política semanalmente; es poca: nueve han
señalado que no dedican ninguna hora a la semana al tema, mientras que las tres
restantes dedican: de seis a 10 horas, entre 11 y 15, y entre 16 y 20 horas a
la
semana. En los nueve varones encuestados, tres
señalan dedicarle entre seis y 10 horas, dos le dedican 21 y 30 horas, dos de
una a cinco horas y dos no le dedican tiempo a la participación política.
Barreras
Invisibles
Para su participación política y social, las mujeres
en estos espacios enfrentan múltiples barreras, tales como: económicas,
sociales, políticas y existen también barreras invisibles, entendidas como el conjunto
de actitudes resultantes de las expectativas,
las normas y los valores tradicionales
que impiden la capacitación y participación de la mujer en los procesos de
toma de decisiones para la plena participación en la sociedad.
En el ámbito político, retomo a Angélica Bernal
(2004) distingue tres tipos de
obstáculos que dificultan la participación de las mujeres. Unos son los obstáculos de partida, que consisten en
la carencia de las mujeres de una serie
de destrezas, conocimientos y oportunidades para entrar en el juego
político en igualdad de condiciones con los hombres y que son resultado de la socialización diferencial de hombres y
mujeres.
Los obstáculos
de entrada, son los impuestos por la
cultura con los paradigmas y estereotipos sobre las esferas de acción y los
papeles que deben cumplir las mujeres para entrar al mundo de lo público.
Asimismo, los obstáculos
de permanencia, que encuentran las mujeres una vez han logrado entrar en la
esfera pública: socio política y que son las características y dinámicas mismas del quehacer político con las que
estas mujeres muchas veces no se sienten identificadas y se constituyen en
la razón principal por lo que la mayoría decide retirarse a la esfera privada o
al trabajo comunitario”.
Las barreras
socioculturales que impiden la participación social y política de las
mujeres están ligadas a los estereotipos
y paradigmas sexistas, que se mantienen activas actuando de manera directa
en la creación de brechas cuyos resultados generan desigualdades entre mujeres
y hombres.
Las barreras también operan como categorías de indicadores cualitativos
para identificar las brechas de género, algunos de ellos se han usado en este
estudio y han salido en el bloque de limitaciones
para la participación.
Las relaciones
de familia.
Niveles de autonomía para la toma de decisiones en
la familia sobre la participación.
Capacidad de negociación en la familia y la
pareja.
Segregación y discriminación de las mujeres en el
ámbito público.
Persistencia
de modelos patriarcales de liderazgo en la política.
Élites políticas dominadas por los hombres.
Relaciones machistas de poder.
Pactos masculinos.
Escasa apertura a la inclusión femenina en los
espacios de toma de decisiones.
Socialización estereotipada.
Falta de apoyo social y familiar para que las
mujeres trabajen en política.
Traspolación de los roles de género a la función
pública.
Resistencias sociales e individuales a revertir el
modelo patriarcal.
Misoginia
hacia y entre las propias mujeres.
Resistencias masculinas a ceder espacios de poder.
Prevalencia del modelo femenino de belleza y
sumisión.
Ambiente político rivalizante con prácticas poco
asumidas por las mujeres.
Descrédito profesional hacia las mujeres.
Infravaloración y descalificación de las mujeres.
Temor a sufrir violencia o acoso político[38], las mujeres toleran la violencia familiar,
pero no la violencia en espacios públicos, muchas mujeres autoridades han
compartido las diferentes formas de acoso político que vivieron durante el
ejercicio de la gestión política como autoridades con los equipos de trabajo en
los municipios. Ellas señalaron la dolorosa experiencia y no quieren repetirla.
VI.
EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN.
El Consejo Regional de la Mujer –COREM
Surge como propuesta de la sociedad civil, de las
mujeres organizadas y de las instituciones sociales, ONG y las mujeres
autoridades del consejo regional, quienes se propusieron en el marco del
proceso de descentralización, solicitar se formalice un espacio de coordinación
y concertación de las mujeres con el Estado, que garantice una fluida
comunicación, negociación y vigilancia en el cumplimiento de políticas, normas
y acuerdos para abordar la problemática de inequidad de género y el cierre de brechas.
El proceso generó una gran movilización de las
mujeres en la región, para la elección de delegadas y representantes por
provincia y en la discusión de sus prioridades.
Esta iniciativa proponía también algunas medidas
para la transversalización de género en el gobierno regional y las direcciones
regionales, quienes se verían comprometidas a implementarlas desde la aplicación
de sus políticas sectoriales para favorecer a las mujeres en la igualdad de
oportunidades y en la erradicación de las causas que mantienen la desigualdad
como: mejora de la educación, liderazgo y el nivel organizativo, la situación y
condición de exclusión y desvaloración,
A partir de su constitución la segunda medida fue la
reglamentación del COREM y posteriormente la elaboración del PRIO.
La experiencia tiene un impacto en las mujeres
lideresas de la región y del País, en tanto, se ha influido que las mujeres de
otras regiones, desarrollen e impulsen normas de protección exigiendo su cumplimiento. Hoy se cuenta con 17 Concejos Regionales
de la Mujer (COREM) como canal formal de negociación y vigilancia para
ejercer el derecho a la exigibilidad en el cumplimiento de sus derechos.
Sin embargo, lo
que las mujeres en Piura han logrado con el COREM es la visibilización del analfabetismo,
la mortalidad materna, el registro de identificación, la presencia de la
violencia en diferentes esferas y modalidades y la priorización de brechas,
logrando motivar el interés del Estado y la sociedad civil.
Central de Comunidades Campesinas del Bosque Seco – CECOBOSQUE
Es una asociación civil de comunidades campesinas del
bosque temporalmente seco del departamento de Piura, constituida para la
defensa de los derechos de sus asociadas, para contribuir a desarrollar capacidades de gestión organizacional,
productivas, comercialización e incidencia, con equidad de género. Fue
creada en el año 2006 para resolver los conflictos de tierra que habían entre las
Comunidades Campesinas José Ignacio Távara y San Juan Bautista de Catataos por
cuestiones limítrofes, en aquella época Heifer Project International trabajaba
el Proyecto “Fortalecimiento y Capacitación de Líderes Jóvenes” con la Nacho
Távara y se fue generando una buena relación con la CC de Catataos, fruto de
ello nace la iniciativa de acercarse a otras comunidades campesinas para formar
una asociación entre ellas, la primera reunión fue en Las Lomas y se inició la organización con 17
Comunidades Campesinas, actualmente se cuenta con 32 comunidades asociadas.
Una vez constituida CECOBOSQUE, HPI financió dos
proyectos transcendentes para el desarrollo de la organización: “Escuela para
formación de cuadros jóvenes y dirigenciales de las Comunidades Campesinas” y
“Escuela de Lideresas”, ambos proyectos
fueron ejecutados con enfoque de género.
Los resultados de esta experiencia se expresa en la
mayor presencia de jóvenes capacitados en la escuela que actualmente vienen
dirigiendo sus comunidades campesinas; mientras que varias de las mujeres de la
Escuela de Lideresas han asumido cargos importantes dentro de la dirigencia de
sus comunidades, incluso una mujer postuló a la Presidencia de la Comunidad
Virgen de las Mercedes de Lancones, habiendo obtenido el segundo lugar en las
elecciones por un voto de diferencia.
Trabajar el enfoque de género es un reto para la
organización porque hay comunidades en la sierra que no ven la importancia de
que hombres y mujeres trabajen juntos por el desarrollo de sus comunidades, sus
estatutos no están actualizados. En zona costera ya se han hecho ajustes a los estatutos
incluyendo lenguaje inclusivo y donde se
señala que “el comunero o comunera tienen derecho a ser elegidos”, esto no
ha sido fácil, hemos tenido que ir comunidad por comunidad a hacer talleres,
participar en sus asambleas, hemos ido una delegación mixta de hombres y
mujeres a cada comunidad para sensibilizar a los asociados y que entiendan la
importancia de modificar los estatutos e incluir a las mujeres en ellos, se ha
hecho trabajo de campo.
Las necesidades prácticas visibilizadas por las
propias mujeres y algunos hombres que ya estamos sensibilizados con el enfoque
de género, están en relación a derechos como la educación, la salud, la alimentación,
el agua de consumo diario, el cuidado de niñas y niños, la problemática de
violencia entre otros. Estas demandas son generalmente analizadas como domésticas
y desestimadas en el plano de lo político desvalorizando el aporte político de
las mujeres.
En CECOBOSQUE creemos que es fundamental, incluir la visión de las mujeres en los procesos de
diagnóstico, en las propuestas, la ejecución y evaluación de los
programas/proyectos para obtener una visión integradora e inclusiva.
Asamblea
de Delegados de la Sociedad Civil del CCR – Piura
La norma que estableció la naturaleza, composición,
funciones y funcionamiento del CCR fue aprobada el primer día del año 2003 (Ley
Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), a pesar de que en la
Ley se establecía una proporcionalidad igual para los miembros plenos y los representantes
de la sociedad civil esto nunca se aplicó y, si no se aplicaba para la mayoría de
organizaciones (mayoritariamente masculinas) que se inscribían en los procesos,
a lo largo de estos años, menos aún los reglamentos hacían mención a la
participación de las mujeres organizadas.
En este marco, Radio Cutivalú como representante de
la Mesa Regional de Prevención y Atención en Violencia de Género, inició un
proceso de motivación y sensibilización (al interior de su espacio) sobre la
importancia de estar en el CCR como organizaciones que trabajan por los
derechos de las mujeres.
Habiendo tomado conciencia sus miembros de la
importancia de una participación activa, comprometida, permanente, propositiva
y vigilante para insertar en el espacio la Agenda de Género, se consideró
relevante participar en la convocatoria del Gobierno Regional para la Asamblea
de electores/as para la renovación de la representación de la sociedad civil en
el CCR, misma que se renueva cada dos años de acuerdo a Ley.
Una de las primeras tareas realizadas al haber sido
aceptadas como Asambleístas, fue aportar en la revisión del Reglamento para el
Proceso de Elección de los Representantes de la Sociedad Civil[39]
ante el CCR, tomando en cuenta el marco normativo existente a nivel nacional[40] y
regional[41]
se incorporó el lenguaje inclusivo en el
reglamento de elecciones y se propuso que la representación por institución
u organización ante la Asamblea fuera alternada: varón y mujer (titular y/o
alterno/a).
Así hemos logrado una mayor participación en la
inscripción de mujeres y, como resultados visibles una mayor presencia de las
mujeres en el espacio del CCR, donde de los 05 titulares y 05 alterno/as hay
una relación de: 03 varones y 02 mujeres por grupo.
VII.
APRENDIZAJES
1. Los espacios de concertación y coordinación para
el caso de Piura son experiencias regionales
históricas que han sido formalizadas con la Descentralización, este
recorrido histórico ha facilitado el desarrollo de liderazgos personales e
institucionales reconocidos, que operan como comunidad del conocimiento en la
región, logrando promover el desarrollo de capacidades de ciudadanos y
ciudadanas para visualizar los horizontes en la definición de estrategias
adecuadas a las propuestas de desarrollo que se plantean.
2. Otro elemento importante es que estos grupos han
logrado revertir propuestas improvisadas a diferentes equipos de gobierno en
Piura, lo cual demuestra su capacidad
negociadora y de dialogo democrático, con esos aprendizajes estos espacios
van a seguir funcionando a pesar de los cambios o estancos que se reproduzcan
en el país, demostrando la fuerza de un
tejido social regional legitimado e institucionalizado que está en
permanentemente renovación, leyendo su problemática, proponiendo, vigilando y
negociando.
3. Esta riqueza regional bañada por su historia,
cultura y social debe ser el motor de nuevos espacios para formar nuevos
líderes/sas jóvenes, se trata de ampliar espacios de participación que garanticen
la presencia de nuevos líderes/as con mayor y mejor identidad regional, con acento cultural, ciudadana y la
continuidad de los procesos.
4. Los espacios de concertación y coordinación han
desarrollado capacidades institucionales para afinar la lectura de las
problemáticas regionales y proponer asertivamente las vías de solución a los
problemas, esta experticia debe romper con la focalización de la problemática sectorial,
transversalizandola de tal manera que se trabaje con propuestas articuladas. La
problemática de género y su agenda priorizada es una oportunidad para hacer
nuevas experiencias y fortalecer las capacidades instaladas de instituciones y
personas.
5. Un aprendizaje recogido en el estudio es la
posibilidad e importancia de trabajar la temática de género con hombres en
espacios públicos y /o mixtos.
6. Otro aprendizaje es que no es suficiente mejorar
la participación social y política de las mujeres en los espacios de
participación y coordinación regional, las provincias de Ayabaca y Huancabamba,
y una parte de Morropón constituyen la ruralidad y se trata de obtener una visión
integradora de región, ese hecho
requiere trabajar género, no solo priorizando brechas, también priorizando los
espacios rurales donde la problemática de la mujer es más profunda, para
esto la negociación y articulación del CCR con los CCL y los comités del Presupuesto
Participativo es de vital importancia tal como lo señalan algunos integrantes
de estos espacios.
VIII.
CONCLUSIONES
1. La participación ciudadana se ejerce en permanentes retos y en contextos de problemas que exigen
soluciones con rápidas respuestas, con esta premisa es difícil sintonizar
las demandas de la población y de los grupos demandantes con las dinámicas de
los gobiernos regionales (asistencialismo inmediato, planificación y proyectos
de mediano y largo plazo), lo que genera una tensión permanente.
2. Es importante que los espacios de concertación y
coordinación regional generen corriente de opinión favorable al género,
articulando el enfoque a los problemas sociales, rompiendo la segmentación,
señalando los beneficios dentro de lo posible a conseguir en mediano plazo,
para el desarrollo de la democracia regional y la gobernabilidad en los
diferentes espacios de acción pública, a
fin de generar una cultura política con enfoque de género en cada localidad,
desde el liderazgo de estos espacios.
3. Existen condiciones favorables en los espacios de
concertación y coordinación para el trabajo de transversalización de género en
estas instituciones, hay personas muy sensibilizadas, casi todos y todas los/as
integrantes tienen información básica sobre el enfoque e interés en afirmar la
democracia y erradicar o disminuir las
brechas de género.
4. Hay una confusión en los integrantes de los
espacios de concertación y coordinación en relación a la presencia de las
mujeres, se manejan discursos confusos como el siguiente: “Ella si se merece
estar aquí, porque es bien preparada, una buena profesional” este mensaje muestra la confusión acerca de la
participación de las mujeres como un derecho, y es más bien la cultura de la
exclusión que nos hace precalificar a quienes elegir, quienes si deben
estar en estos espacios. Esta barrera
invisible excluye a las mujeres de la participación social y política, el
nivel técnico o por los conocimientos que tiene limita la posibilidad de que
las mujeres que no tienen profesión y un perfil técnico alto puedan entrar a
estos espacios.
IX.
RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LAS BRECHAS DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ESPACIOS
DE CONCERTACIÓN Y EN LAS ORGANIZACIONES
1. Transversalizar género en los espacios de
concertación y coordinación.
2. Capacitar a sus integrantes en la tecnología del género[42],
para su aplicabilidad operativa en el cumplimiento de funciones.
3. Un fondo
para los gastos operativos de movilidades de lideresas que participan en
estos espacios, garantizando su presencia en reuniones y otras actividades.
4. Adecuar el funcionamiento de los espacios de
concertación y coordinación con horarios que garanticen la presencia de las
mujeres que integran estos espacios de trabajo.
5. Promover la ordenanza que obliga a la
participación de las mujeres, con cuotas mayores al 30% y la alternancia en los
CCR y espacios de concertación, en las directivas de colegios profesionales e
instituciones públicas, así como en las juntas directivas de organizaciones que
integran los espacios de concertación y coordinación regional.
6. Trabajar el tema de exigibilidad al cumplimiento
de acuerdos, planes y políticas nacionales, regionales y locales, ampliar el
mecanismo de rendición de cuentas a las consejeras regionales, regidoras y
lideresas /es sociales, para medir avances en acortar las brechas de género que
limitan la participación política de las mujeres.
7. Generar un sistema de indicadores de género desde
el proyecto que puedan ser articulados a los indicadores regionales y
nacionales a fin de avanzar en sintonía con las políticas en los tres niveles
de gobierno. Desde el estudio se sugieren indicadores
cualitativos vinculados a las barreras individuales que las mujeres han asumido
como naturales (dependencia, postergación, asumir la responsabilidad
absoluta sobre la familia, auto desvaloración), estos indicadores se
identifican en el campo de la cultura
tradicional y los estereotipos asumidos por las mujeres, así como la forma
como operan los mecanismos de control para mantenerlos.
8. Generar información
local regional y levantamiento de estadísticas de proyectos, diagnósticos y
estudios específicos que puedan aproximarnos con mayor objetividad a las problemáticas
de inequidad, a los avances de la igualdad y equidad de género.
X.
BIBLIOGRAFIA
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participación política y ciudadana de las mujeres en los espacios locales y
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Género y Epistemología: Mujeres y disciplinas. Colección Contraseña. Estudios
de Género. LOM Ediciones.
XI.
ANEXOS
Anexo
1
Encuesta
general para elaboración de las brechas de género
Objetivo: Tener información estadística para
fundamentar en cifras las brechas de género en la participación política y
social de las mujeres, en los espacios de concertación regionales y locales.
I.
INFORMACION GENERAL
1. Nombres y Apellidos:
__________________________________________________________
Dirección ________________________________________________
Teléfono___________
2. Sexo: M ( ) V ( ) edad:
_______________________________________________________
3. Estado civil soltara/o ( ) casada/o ( ) N° de
dependientes __________________________
4. Integrante de CCR o CCL ( ) ________mujeres
__________hombres___________________
5. Nombre del espacio de concertación
___________________________________________
6. Nivel educativo: PC ( ) PI ( ) SC ( ) SI ( ) STC
( ) STI ( ) SUC ( ) SUI ( )
7. Actividad económica que
realiza__________________________________________________
8. Dependiente ( ) Independiente ( ) N° de años
_________________________________
9. Salario Mensual ( ) Semanal ( ) Monto
______________________________________
10. Cuenta con seguridad social: Seguro Salud ( )
AFP ( ) _____________________________
11. Estado de salud y manifestaciones en la última
semana
___________
12. Línea del
tiempo. Horas por semana dedicadas a:
Su atención personal ______, a labores
domésticas_________ a la participación social _____________y a la participación
política
13 ¿Qué respaldo ante eventualidades
tiene?__________________________________________
II.
INFORMACION SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA
1. Organización a la que pertenece
__________________________________________________
2. integrantes: Mujeres __________________Hombres___________
3. Tiempo de pertenencia__________________
4. Cargos asumidos______
5. Actividades de su organización _________
6. El aporte que Ud. da su organización: dirige ( )
_____ representa ( ) _____ acompaña ( ) ___
7. Tipo de actividades que realiza por su
organización: Fortalecimiento de Redes ( ) Campañas Informativas ( )
coordinaciones con otras instituciones ( ) asistencia a reuniones ( )
8. Su organización tiene agenda de problemas
priorizados: Si ( ) No ( ) señalar 3 problemas
_______________________________________________________________
9. Su participación en el espacio de coordinación
regional/local es en calidad de:
Delegado/a elegido por su organización ( )
desatacado/a por su institución ( ) Invitado como
Persona por el espacio de concertación ( ) otro ( )
_____________desde el año___________
10. Cargo que ocupa en el espacio de
concertación_____________________________________
11. ¿Cuál fue el procedimiento para nominarlo? (a)
como representante de su organización a la
instancia en que participa: Elección ( ) Designado
por la directiva ( ) Otro ( )
Describa brevemente_____________________
12. Funciones que Ud. desempeña en esa instancia______
13. Aportes presentados por Ud. (formal o
informalmente) a la instancia de concertación _______
14. ¿Conversó o se puso de acuerdo con uno o varios
representantes de otras organizaciones para presentar su aporte en la
instancia?_________________
15. Existen barreras que limiten su participación en
esas instancias de concertación: Si ( ) No ( ), ¿Cuáles?______
III.
PERCEPCIONES DE LA DINÁMICA DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION Y LA PARTICIPACIÓN
DE
LA MUJER
1. Cuándo se
formó_____________________________________
2. Funciones del espacio de concertación que
integra: ______________________________
3. Instrumentos legales, orgánicos y de gestión de
este espacio: Plan o agenda de trabajo para el año ( ) Junta directiva
actualizada ( ) Reglamento de funciones y competencias ( ) Libro de actas ( )
Comisiones de trabajo ( )
¿Cuáles?_________
4. Participación N° mujeres ________________ y N° de
hombres ____________en estos espacios.
5. Rol o funciones de las mujeres que integran estos
espacios_____________
6. ¿Limitaciones para una mayor participación en
estos espacios?
7 ¿Qué opinión tienen los hombres que integran estos
espacios de concertación, sobre la participación política y/o social de las
mujeres?
8 ¿Qué factores existen en estos espacios de
concertación influyan negativa o positivamente en la participación política y/o
social de las mujeres? señalar 3 negativos y tres positivos:
9. Señale dos prácticas inequitativas de género
desechadas ( ) o por desechar ( ), en el espacio que Ud. integra _______________________________
10. ¿Se pueden incorporar criterios de equidad de
género en estos espacios de concertación, motivando la mayor participación de
las mujeres? Si ( ) No ( ). ¿Cuáles? Señalar tres._____
Encuestador____________________________telef.__________________Fecha_________Lugar____________
OBSERVACIONES________
Anexo
2
Guía
de entrevistas
ENTREVISTA
A DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES ES/AS, FUNCIONARIOS COORDINADORES y PARTICIPANTES
EN LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN
Objetivo: Este instrumento pretende recoger las
opiniones de Directores/as y coordinadores/as en relación a la democracia y la
equidad de género, las barreras presentadas, las nuevas estrategias utilizadas
y los mecanismos de apropiación que se han aperturado:
Datos generales, nombre, institución, cargo,
tiempo en el trabajo, espacios de concertación en los que participa, priorizar
uno si participara en más de dos.
Significado e importancia del espacio de
concertación, en términos de gestión y de trabajo concertado con la sociedad
civil y en la participación de mujeres.
Resultados obtenidos como instancia de
coordinación, alguno de estos beneficia a superar la problemática de la mujer
en este espacio y en el distrito
Conocimiento y aplicación de las políticas de
género en el distrito, institución/ organización y espacio de concertación. La
dinámica del espacio en relación a la desigualdad e inequidades que desde el
Estado se quiere modificar en la Sociedad Civil. avances y límites
Procesos sociales y políticos generados por este
espacio tienen mayor relevancia. Ejemplos.
Precisar tres elementos que han afectado positiva
o negativamente al empoderamiento para la participación política de las mujeres
Evaluación del espacio de CC que Ud. Lidera y
posibles aportes a la participación política de la mujer.
Correcciones a prácticas exclusivas para la
participación política y social de las mujeres y compromiso de los integrantes
de los espacios de concertación y miembros del equipo para mejorar la
participación política de las mujeres.
Anexo
3
Taller
diagnóstico sobre brechas de género en los espacios de concertación, participación
regional y organizaciones participantes en Piura
I.
JUSTIFICACIÓN
Esta actividad se inserta en la ejecución del
Programa “Gobernabilidad de la propuesta a la implementación”, que se realiza
en tres regiones del Perú (Piura, Cuzco y Moquegua).
EL objetivo del programa es: “Mujeres y hombres
organizados de 3 regiones representativas del Perú (Cusco, Moquegua y Piura),
inciden en la implementación de políticas públicas regionales concertadas,
especialmente en materia de agricultura,
educación y participación ciudadana, que responden a las necesidades y
problemáticas de la población excluida”. Se ha propuesto entre otras acciones:
Profundizar el conocimiento de las causas que subyacen en la participación política
y social de las mujeres en los espacios de concertación regional; destacando la
influencia de las brechas de género.
En este marco, el taller aportó a profundizar con
conocimientos de primera fuente a una mayor comprensión de las causas que
subyacen en la escasa participación política y social de las mujeres en los
espacios de concertación en la Región Piura.
II.
OBJETIVOS
Objetivo
General:
Contar con la información diagnóstica y con
propuestas democráticas y con enfoque de género, que aporten a la elaboración
del estudio.
Objetivos
Específicos:
• Recuperar las dinámicas de los espacios de
concertación regional.
• Conocer las barreras influyentes en las brechas de
género y en la participación política de las mujeres, presentes en los espacios
de concertación y en sus integrantes
• Recuperar elaborar estrategias democráticas y de
género que promueven la participación efectiva de la mujer.
III. PARTICIPANTES
Funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional y
Direcciones Regionales que participan en espacios de concertación.
Sociedad Civil organizada participante en espacios
de concertación.
IV. LUGAR Y FECHA
Auditorium Carlos Schmidt del CIPCA, el día 9 de
Julio del 2013.
V. DESARROLLO DEL TALLER
El Taller se inició a las 04:00 de la tarde con la
participación de 12 asistentes: 5 varones y 7 mujeres, además de las presencia
de Julio Oliden como Coordinador del Proyecto y Gladis Robles como Consultora
del Estudio.
Julio Oliden tuvo a cargo la apertura del taller.
Gladis Robles hizo un breve resumen de “Los nuevos marcos normativos de la
gestión pública”, mientras que Julio Oliden habló sobre “Los espacios de concertación
en el desarrollo regional”.
En la medida de que había poca audiencia se decidió
armar cuatro grupos de trabajo para que cada uno contribuyese a elaborar una de
las 4 matrices propuestas.
Los resultados de los trabajos grupales son los
siguientes:
……………
Anexo
7
Propuesta
de acciones concretas
1. Capacitación a mujeres para que se empoderen.
2. Sensibilizar a los hombres para que aborden e
incorporen el enfoque de género.
3. Mejorar Reglamento y Mecanismos del CCR para
incorporar mujeres y jóvenes.
4. Vincular diferentes estrategias de acuerdo al
nivel y a las necesidades de las propias mujeres y
los varones. Buscar
el equilibrio entre
hombres y mujeres
partiendo del conocimiento de sus
necesidades.
5. Vigilancia permanente al cumplimiento de las
Políticas de Género.
6. Promover criterios de género/empoderamiento en los
proyectos o propuestas que se presenten al PPR.
7. Institucionalizar estrategias para la
implementación de políticas de género.
8. Incrementar
la participación de
la sociedad civil en
la vigilancia del
cumplimiento de la Ley.
9. Difusión a través de Programas Radiales
sostenidos.
10. Establecer roles claros de los espacios de
concertación en temas específicos como por ejemplo: embarazo
en adolescentes, feminicidio,
trata de personas,
crímenes de odio.
11. Transversalizar
el enfoque de género en todas las políticas.
[1] Chirinos
Luis 2004
[2] Line
Barreiro (1997:2)
[3] Acuerdos
internacionales, Cumbres, Pactos y los Objetivos del Milenio (3ª. Meta)
[4] Ley
De Igualdad de Oportunidades N° y el Plan Nacional de igualdad de género
20012-2017
[5] Convención
interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la Mujer (1948), Convención
sobre los derechos políticos de la mujer (1995), El Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos. PIDESC (1966), Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW (1979).
[6] El
Acuerdo Nacional firmado, junio 2002 Ley Orgánica de Municipalidades. No 27972,
mayo 2003 La Ley Orgánica De Gobiernos Regionales No 27867,noviembre 2002 y Ley
que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales No 27867, Ley de cutas.
Ley de partidos políticos. Ley de Elecciones Regionales No 27683, marzo 2002 En
el ámbito normativo, el Estado Peruano aprobó la cuota electoral de género en
1997 con la promulgación de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que
estableció que las listas de candidatos al Congreso debían incluir un número no
menor del 25% de mujeres o de hombres. Ese mismo año, se promulgó la Ley Nº
26864, Ley de Elecciones Municipales, cuyo artículo 10 inciso 2 indicó que la
lista de candidatos debía estar conformada por no menos del 25% de hombres o mujeres.
[7] Compendio
de ordenanzas y políticas de género. CESIP. 2010.
[8] Ley
de Igualdad de Oportunidades N° 28983 – LIO y El Plan Nacional de Igualdad de
Género-PLANIG.
[9] a
variación más significativa está referida a la sección 300 de la encuesta: En
la propuesta técnica se propuso tomar como referencia el cuestionario utilizado
en la ENUT 2010, adaptado y complementado a los intereses específicos del
estudio, en tanto uno de los resultados está explícitamente referido al tema de
las responsabilidades familiares compartidas… No obstante, las dinámicas
familiares recogidas en las entrevistas preliminares mostraron que un nivel de
detalle tal como el inicialmente pensado resultaba excesivo, por lo que primero
se aligeró el cuestionario y luego se simplificó su registro.
[10] Plan
Nacional de Igualdad de Género PLANIG 2012-2017
[11] INEI,
Censo De Población y Vivienda 2007.
[12] PERÚ:
Estimaciones y Proyección de Población por Sexo, Según Departamento, Provincia
y Distrito, 2000-2015.
[13] INEI
– Censo Nacional De Población y Vivienda. 21 Octubre 2007.
[14] INEI
– Registro Nacional de Municipalidades 2010.
[15] Ley
N° 29298, que modifica el Art. 4 de la ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto
Participativo. Art. 16 – inc. 16.1 numeral A. Ley de Incentivos para la
Integración y Conformación de Regiones. Ley Nº 28274. Art. 7 – inc. E. Ley del
Sistema de Acreditación. Ley Nº 28273. Art. 6, Ley Marco de Promoción de la
Inversión Descentralizada. Ley Nº 28059. Art. 4, Ley Marco del Presupuesto
Participativo. Ley Nº 28056. Ley N° 28013, Modifica la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales N° 27867, fijando un plazo para la instalación de los
Consejos de Coordinación Regional. Ley N° 27902, Modifica la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales N° 27867, para Regular la Participación de los Alcaldes
Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y Fortalecer el
Proceso de Descentralización. Ley N° 27867, «Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales», que establece en el art. 11º en la Estructura básica el Co,
auspiciado por CDI. Consejo de Coordinación Regional.
[16] Promovido
de manera articulada por organizaciones, instituciones, las ONG que trabajaban
por la vigencia de los derechos de las mujeres en el marco del proyecto
“Descentralización una oportunidad para la equidad de género, Impulsado por
cesip y ACDI”
[17] Helen
Luna Oficina de Planificación de la Dirección Regional de Salud. Con 20 años de
experiencia en cargos de planeamiento en diferentes sectores públicos.
Actualmente es Directora de Gestión Administrativa I de la Oficina de
Planeamiento
[18] Diplomado
Políticas Públicas y Equidad de Género con énfasis en la Educación,
desarrollado por CESIP, la Universidad Nacional y el Gobierno Regional, en el
marco del proyecto “Descentralización y Regionalización: Una Oportunidad para
la Equidad de Género”. 2004-2005
[19] Fuente:
Gobierno Regional de Piura
[20] Listado
del Consejo de Coordinación Regional 2013-2014.
[21] Registro
de Agentes Participantes al Presupuesto Participativo.
[22] Balance
de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios
del gobierno Regional-Piura. Marlene Castillo Fernández. CIPCA. Junio del 2013.
[23] Se
consideran 7 representantes de Asociaciones de 2° nivel porque la Mesa Regional
por la Equidad de Género es un miembro nato del COREM, por ello no entra la
provincia de Piura las elecciones de asociaciones.
[24] Esta
es una nueva forma de mirar la realidad e intentar medirla. Es un enfoque que
considera importante examinar esa noble actividad, el cuidado, indispensable
para la sobrevivencia humana, al pretender remediar el olvido que permitió que
muchas sociedades fueran tremendamente injustas con quienes, además, ponían
afecto en la realización de esos deberes….) La economía del cuidado presta
atención a esa presencia —que ha sido la que hace cantar “con las vidas
construimos tu canción”—, para reordenar las actividades que se realizan en los
hogares, en el espacio privado, que aporta bienes fundamentales para el
desarrollo de la humanidad y que, en casi todas las sociedades modernas ha
estado a cargo de las mujeres. ClaraScherer Excélsior/2 de octubre de 2009.
[25] Tomado
del Manual para la incorporación del enfoque de género en el Presupuesto
Público (MIMDES-UNIFEM: 2009, p.17
[26] Horn, Robert V. Statistical
indicators for the economic and social sciences. Cambridge,
UniversityPress, Hong Kong, 1993.
[27] López
María Teresa- Gentile Natacha El Sistema de indicadores económicos y sociales:
la importancia del Análisis integrado. López María Teresa- Gentile Natacha1
López María Teresa- Gentile Natacha1 López María Teresa- Gentile Natacha1
[28] Manual
Para Proyectos Por qué y cómo utilizar indicadores de género Servicio Nacional
de la Mujer Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
[29] Informe
de Seguimiento de las Brechas de Género, Piura 2009-2011. Dra. Lourdes Palao.
Abril 2012.
[30] Dirección
Regional de Salud de Piura.
[31] Informe
de Seguimiento de las Brechas de Género, Piura 2009-2011. Dra. Lourdes Palao.
Abril 2012.
[32] Dr.
Richard Espinoza M., CEM PIURA. Diario El Tiempo, Piura, 19 de enero del 2013
[33] Sistema
de información de Apoyo Al Trabajo Fiscal (SIATF) y Sistema de Gestión Fiscal
(SGF).
[34] Fuente:
INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2011.
[35] Brechas
De Género. Línea De Base De La Región. Julio Del 2011. MIMDES.
[36] Un
estudio realizado en Perú revela que de 187 mujeres autoridades de gobiernos
regionales y locales, el 41 por ciento de ellas fueron afectadas por acoso
político. Eso significa que 2 de cada 5 mujeres autoridades regionales o
locales y 1 de cada 4 alcaldesas son agraviadas por acoso político bajo
diferentes modalidades o niveles. Como un aporte a la conquista de la igualdad
de género y a la defensa de los derechos de la mujer, la alcaldesa de Lima,
Susana Villarán, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA),
entregó en octubre del año pasado al despacho de la congresista Verónica
Mendoza el Proyecto de Ley contra el Acoso Político hacia las mujeres.
[37] La
masculinización de los espacios públicos se refiere al conjunto de ideas,
supuestos y prácticas masculinas que, los espacios considerados para hombres o
de hombres establecen en lo cotidiano.
[38] Se
entiende por violencia política a las acciones y/o conductas agresivas
cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño
físico, psicológico o sexual, en contra de una mujer y/o de su familia, en
ejercicio de la representación política, para impedir restringir el ejercicio
de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus
principios y de la ley.
[39]
REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD
CIVIL ANTE EL CONSEJO DE
COORDINACION REGIONAL CAPITULO I, Artículo 07°.-
Representantes de la sociedad civil en el Consejo de Coordinación Regional. Son
las personas naturales que en aplicación de las normas y mecanismos
establecidos en el presente reglamento, son elegidas para representar a la
sociedad civil en calidad de miembro titular en el Consejo de Coordinación
Regional, cuyo número de representantes está determinado según el Art. 3° de la
Ley Nº 27902 que modifica a la LOGR, Ley N° 27867 e incorpora el Art. 11º-A,
mediante el cual se establece su participación en el CCR en un 40%. Asimismo,
en cumplimiento a la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº
28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres; y, Ley Nº
27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud. Bajo este marco, en donde se
promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de
desarrollo humano en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad, basada en la
participación y concertación para la gestión de gobierno, debe garantizarse la
participación de la sociedad civil bajo las condiciones siguientes: …
Participación de la mujer como mínimo un 30%, es decir dos (02) representantes
de la sociedad civil deben ser mujeres; …
[40] Ley
Nº 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, en su Art.
3º, Inc. a) y el Art. 4º, inc. 3) resalta la importancia de incorporar y
promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y
documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno y en
su Art. 8º inciso b), promueve la participación política de la mujer en el
ejercicio del derecho de sufragio, como electora y como candidata, así como en
el uso de mecanismos de participación ciudadana.
[41] Ordenanza
Regional N°041-2004/GRP-CR. Ordenanza Regional N° 0180-20107GRP-CR.
[42] Está
referido a la capacidad de las personas para diseñar estrategias, articular
sinergias, visualizar oportunidades para un desarrollo eficiente con resultados
adecuados en sentar las bases, transversalizar el enfoque, empoderar a las
mujeres y fortalecer las instancias y organizaciones femeninas para la
exigibilidad, presentación de propuestas y negociación. Implica el abordaje de
la problemática de las mujeres en diferentes campos, partiendo de cuatro
elementos específicos: marco normativo; capacitación adecuada para la acción;
agendas, propuestas o planes; y gobiernos locales sensibilizados con instancias
operativas para disminuir las brechas.
