Primer encuentro: Hacia un movimiento pedagógico Latinoamericano. Declaración de Bogotá. 2011

El comité  regional  de  la  internacional  de  la  educación  para  América  Latina,  y  las  organizaciones    participantes, en el Primer encuentro: Hacia un movimiento Pedagógico Latinoamericano,  reunidas  en  Bogotá,  Colombia entre el 5 y 7 de diciembre del 2011, declaramos:

Nuestros   pueblos   latinoamericanos   desarrollaron   durante   dos   décadas   importantes  luchas  que  enfrentaron  tanto  a  las  dictaduras  militares  como  a gobiernos de origen democrático al servicio  de  las  oligarquías  y  el  imperialismo.en  la  década  del  noventa,  profundizaron  su  accionar  en  la  resistencia  a  las  políticas  neoliberales  que  las  democracias condicionadas por el consenso  de  Washington  aplicaron  salvajemente sobre nuestras sociedades produciendo desempleo, hambre, exclusión social y educativa.

Estas luchas dieron nacimiento a una nueva etapa histórica en América Latina, en la que una importante cantidad de gobiernos democráticos y populares comenzaron a desandar el camino del neoliberalismo, tomando distancia del consenso de Washington, en procesos  no  lineales,  ni  exentos  de  contradicciones.

Se abrió un nuevo tiempo que se caracteriza por la recuperación del papel del estado como regulador de la economía,  con  un  claro  sentido  social,  que  permite  la  ampliación  de  derechos ciudadanos y de restitución de la soberanía nacional, en muchos países de nuestra América.

En  otros  países,  que  aún  se  encuentran sometidos a las reglas neoliberales,  esos  avances  se  han  constituido  en  referentes  políticos  y  sociales  que  potencian  la  lucha  libertaria  y  democrática  de  los  pueblos  que  todavía  pugnan  por  alcanzar  su  independencia  y  la  construcción  de  gobiernos  que  asuman  las  demandas  sociales  y  que  no  estén  al  servicio  de  las  transnacionales.

El  rechazo  al  ALCA  en  mar  del  Plata,  Argentina, en 2005, significó un punto  de  inflexión  a  partir  del  cual  fue  posible  la  creación,  el  avance  y  consolidación   de   formas   organizativas   de  integración  regional  tales  como,  Mercosur,  ALBA,  Unasur  y  ahora  la  CELAC como marco de coordinación de políticas económicas, sociales, culturales  y  de  defensa. 

Esta  integración  regional  de  América  Latina  tiene  un  claro rasgo antiimperialista.

En  este  contexto,  las  luchas  de  resistencia  de  docentes  y  estudiantes  al modelo  neoliberal  educativo,  construyeron  simultáneamente  propuestas  alternativas  que  lograron  incidir  en  las  políticas  públicas.  Eso  explica  que  en  varios  de  nuestros  países  se  hayan registrado importantes avances normativos,  en  términos  de  financiamiento  y  responsabilización  de  los  estados nacionales, mejoramiento de los salarios y condiciones laborales de las  trabajadoras  y  trabajadores  de  la  educación y ampliación del derecho a la educación, para vastos sectores sociales, hasta ahora excluidos.

No  obstante,  quedan  aún  fuertes  enclaves del modelo educativo neoliberal en América Latina y el Caribe. Pero también cabe señalar que aún coexisten en las políticas de algunos gobiernos populares y democráticos, continuidades  y  rupturas  con  los  modelos  educativos impuestos por los organismos internacionales de crédito.

Es  por  ello,  que  desde  el  profundo  conocimiento de los sistemas educativos, de la educación y de los problemas  que  nos  desafían  en  esta  etapa,  las organizaciones que representamos a las trabajadoras y trabajadores de la educación, asumimos el compromiso de  poner  en  marcha  un  movimiento  pedagógico  latinoamericano  que  dé  direccionalidad   político   pedagógica   a  los  cambios  educativos  que  se  están  produciendo  en  la  región  de  los  cuales somos protagonistas, y potencie la construcción de una propuesta alternativa  en  aquellos  países  todavía  anclados en la política educativa neo-liberal.

Este movimiento, llamado a recuperar los  mejores  aportes  de  la  pedagogía  mundial  y  el  acervo  latinoamericano,  que  va  de  Simón  rodriguez  a  Paulo  Freire;  debe  simultáneamente  interpelar  a  las  políticas  públicas  y  a  las  trabajadoras y trabajadores de la educación, en sus prácticas cotidianas.

Algunos  ejes  vertebradores  de  este  movimiento pedagógico deberían ser:

• La integración regional con un sentido antiimperialista.

• La multiculturalidad y el respeto a la diversidad.

• La  articulación  de  las  escuelas  con  las organizaciones del barrio. La escuela como centro cívico cultural y barrial.

• una práctica pedagógica y didáctica que se base en la construcción crítica y democrática del conocimiento  profundamente  enraizado  en  la  identidad  y  realidad  latinoamericana y caribeña.

• condiciones para que sea posible el trabajo docente colectivo e interdisciplinario, recuperando el control de las trabajadoras y trabajadores sobre el proceso educativo.

• La evaluación de los procesos educativos  concebida  de  manera  integral,  institucional,  participativa,  sistemática,  formativa,  diagnostica  y  no punitiva.en función de estas consideraciones y entendiendo  al  movimiento  pedagógico latinoamericano como un proceso democrático y en construcción en el  que  se  puedan  expresar  la  diversidad  de  miradas  y  las  particularidades  inherentes a cada una de nuestras naciones,  nos  comprometemos  en  este  momento histórico fundacional a:

• Profundizar  la  articulación  con  el  movimiento estudiantil y con todas aquellas   organizaciones   comprometidas  con  la  defensa  de  la  educación  pública,  como  un  derecho  social.

• realizar  durante  el  año  2012  encuentros del movimiento pedagógico latinoamericano en cada país de la región.

• convocar  en  el  segundo  semestre  del 2013 el Segundo encuentro: Hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.

• realizar  la  primera  jornada  continental  del  movimiento  pedagógico  el  19  de  setiembre  del  2012,  fecha  del natalicio de Paulo Freire.

Estudio de las Brechas de Género en los Espacios de Concertación y Coordinación Regional. Piura, Perú. 2013. Gladis Robles Gamarra

El presente documento es el producto final de un estudio de las brechas de género en la  presencia y participación social y política de las mujeres en los espacios de concertación y coordinación entre sociedad civil y el Estado, en el espacio regional de Piura. Es de interés del estudio la recuperación de las dificultades existentes para adoptar criterios, lineamientos y principios de género en los diversos espacios de concertación en Piura.

La idea clave del estudio es la identificación de las diferencias en las brechas de género entre las provincias rurales y urbanas en la región, así como los factores cualitativos presentes en las brechas de género limitantes para la participación social y política de las mujeres en los espacios de concertación y coordinación regional.

La metodología del estudio priorizó el recojo de la percepción de las y los integrantes de los espacios regionales de concertación y coordinación, entre ellos: Consejo de Coordinación Regional (CCR), Consejo Participativo Regional De Educación Piura (COPARE), Consejo Regional de la Mujer (COREM), Consejo Regional de Agricultura (CORDA), Colectivo por la Gobernabilidad, Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil / Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional.

El estudio ha combinado el uso de estrategias de investigación cualitativa y el análisis de cifras oficiales, priorizando los datos referidos a la participación de los y las protagonistas en los espacios señalados, mediante la aplicación de tres instrumentos: entrevista en profundidad, encuesta y grupos de discusión.

Un primer hallazgo nos muestra la situación actual de los espacios de concertación y coordinación regional y las organizaciones que las conforman, principalmente en cuanto a las expectativas de los y las representantes de la población y de los grupos integrantes de estas instancias, así como las expectativas en relación a lo que es posible lograr.

Un segundo hallazgo se refiere a cómo se van superando algunos indicadores de inequidad de género con medidas de discriminación positiva para la participación social y política de las mujeres; estas medidas no son suficientes, aún hay limitaciones en el número de mujeres participando en estos espacios y con la forma que ejercen su participación.

Un tercer hallazgo pone énfasis en las barreras culturales invisibles de género haciendo uso de la línea del tiempo en referencia al trabajo por la reproducción social y el trabajo doméstico, que recae en el 70% de las mujeres jóvenes con pareja y en el 100% en mujeres jefas de hogar en la región.

Uno de los aportes más importantes del estudio es haber identificado los indicadores cualitativos que mantienen las brechas de género en la participación social y política de las mujeres en los mencionados espacios y las propuestas que se han presentado y negociado en estos.

Entre los retos identificados para mejorar la participación política y social de las mujeres e incrementar su presencia en estos espacios, están los contenidos de las funciones de la participación, la vigilancia y evaluación al cumplimiento de las políticas regionales. Sin embargo, el reto más importante señalado ha sido el promover una concertación en torno a las políticas específicas de igualdad y no discriminación y de equidad de género, sobre la base de los compromisos asumidos por el gobierno regional y los sectores descentralizados.

El estudio abre un espacio para iniciar la discusión sobre las propuestas señaladas por los participantes y la necesidad de descubrir nuevas dimensiones articuladoras de la ciudadanía y el gobierno regional, fortaleciendo el proceso de descentralización con la atención adecuada a la realidad del escenario regional, fomentando nuevas formas de operar con mayor eficiencia.

INTRODUCCIÓN

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) históricamente ha orientado su quehacer a promover procesos de desarrollo regional articulados a una visión de lucha contra la pobreza estructural y al desarrollo humano, sostenible, inclusivo y equitativo, con el protagonismo de la población rural y urbana organizada.

Con este marco institucional y desde el Programa “Gobernabilidad: de la propuesta a la implementación”, que se implementa en tres regiones del Perú (Piura, Cusco y Moquegua), se ejecuta este estudio, el que abre puertas para una mayor comprensión de la inequitativa participación social y política de las mujeres en la vida social comunal y política por el desarrollo de la región.

El estudio está dentro de los contenidos específicos del objetivo del Programa que es: “Mujeres y hombres organizados de tres regiones representativas del Perú (Cusco, Moquegua y Piura), inciden en la implementación de políticas públicas regionales concertadas, especialmente en materia de agricultura, educación y participación ciudadana, que responden a las necesidades y problemáticas de la población excluida”.

El equipo consideró a la política de género como línea transversal importante para el Programa Gobernabilidad que pone énfasis en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en las organizaciones sociales como en su acceso y participación en los espacios de concertación entre la sociedad civil y el Estado.

Con este estudio se aporta al objetivo del programa mencionado, abriendo nuevas rutas para profundizar el conocimiento de las causas que subyacen en la limitada participación política y social de las mujeres, destacando de manera cualitativa las barreras y limitantes presentes en las brechas de género regionales, así como las diferencias de esta problemática entre lo rural y urbano y entre lo local y lo regional.

Los resultados obtenidos se presentan en cinco bloques que nos llevan a desenredar la trama de la complejidad de las relaciones de género y la participación social y política de la mujer en estos espacios de concertación y participación política en la región.

CONTEXTO

La necesidad de fortalecer el sistema democrático y sus instituciones continúa siendo un tema de interés en el debate nacional. Desde el retorno a la democracia se han dado un conjunto de medidas hacia la reconversión del Estado y la modernización de la gestión pública con reorientación de competencias, funciones y políticas. Algunos especialistas señalan que los avances son lentos, que se ha paralizado el proceso y no se ha logrado una relación fluida y de confianza de la sociedad civil con el Estado, hecho que ha restringido la democracia.

Los cambios en el marco jurídico y en la cultura organizacional de las instituciones de gobierno y los operadores de las políticas del Estado, se han orientado a promover una administración pública que sea aceptada y reconocida por la población; ello implica una transformación más eficiente, equitativa, transparente e inclusiva y con justicia de género, que aún está en el imaginario de políticos, autoridades y de la población.

En este escenario de reformas con nueva legislación, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 (2002) es específica al impulso del proceso de descentralización como una política transversal; sin embargo, no definió el rol que le correspondía a los Consejos de Coordinación Regional y con fuertes resistencias a la participación de la sociedad civil.

En ese mismo año, el Poder Ejecutivo aprobó la Ley 27902[1]. Los aspectos referidos a la representación de la sociedad civil y los requisitos para participar en el CCR, los mecanismos de elección de los representantes de la sociedad civil, el régimen de sesiones, la convocatoria pero, la ausencia de instancias nacionales y la cuota de género al Consejo de Coordinación no eran resueltos; no obstante, desde una perspectiva de género se configuraba una oportunidad para afirmar la ciudadanía de las mujeres.

En este sentido, como señala el concepto de ciudadanía que describe Line Bareiro,[2] la participación “es un derecho que concede la potestad de intervenir en el poder político de una sociedad determinada” sosteniendo, asimismo, que la ciudadanía es plena sólo cuando se tienen derechos políticos. Es decir, no basta con una ciudadanía formal apoyada sólo en el derecho a elegir a nuestros representantes o la adquisición de otros derechos civiles, sino en el ejercicio de una ciudadanía sustantiva, a través de la cual se logre la incidencia en la adopción de decisiones de carácter político y la participación en el desarrollo de las comunidades.

Paralelo a este proceso fueron el retorno a la democracia, incentivo a un reordenamiento social organizativo, venido a menos en la etapa del conflicto interno; determinados movimientos, redes y organizaciones sociales nacionales y regionales con un trabajo sostenido en la búsqueda de canales efectivos de comunicación para ponerse de acuerdo con el Estado en sus propuestas, articulando esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas, planes, estrategias y correctivos de estas, para el replanteamiento de propuestas y alternativas dirigidas al bienestar de la sociedad.

Con el gobierno de Paniagua, la concertación cobró importancia y luego con Alejandro Toledo se dispusieron normas referidas a la descentralización y participación ciudadana, que se han mantenido con los gobiernos de García y Ollanta.

Los espacios de coordinación y concertación entre autoridades y sociedad civil para la gestión del desarrollo regional de Piura, se sustentaron en la base legal y en la experiencia de las organizaciones sociales, que fueron impulsados por ciudadanos y ciudadanas para resolver los problemas más urgentes de sus localidades. Además de los Consejos de Coordinación Local y el Consejo de Coordinación Regional, las juntas de delegados vecinales, los comités de vigilancia y control al presupuesto participativo, fueron surgiendo otros Consejos por incidencia política de las organizaciones e instituciones de la Mesa Regional por la Equidad de Género, que en concertación con autoridades y funcionarios regionales logran que se constituya el Consejo Regional de la Mujer (2004) experiencia que ha sido replicada en otras regiones.

Otro proceso importante para la democratización del país ha sido la emergente participación política de las mujeres en los procesos electorales y en los espacios de coordinación regional y local, así como la participación social de las mujeres en los espacios de concertación.

En este contexto, el país afirmó su compromiso con la democracia, al proponerse reducir las brechas de género teniendo como base el marco normativo de género internacional[3] y nacional[4], la normatividad regional y los cambios sociales y culturales que las diferentes sociedades en su desarrollo van modificando.

Una de las brechas de género más profunda y menos abordada es la vinculada a los derechos civiles y políticos de las mujeres, que da lugar a ejercer la participación social y política de las mujeres; esta brecha subsiste a pesar de acuerdos y normas internacionales[5] y nacionales[6] orientados a promover los derechos políticos de las mujeres, con carácter vinculante.

Las instancias de gobierno sub nacionales y las instituciones públicas descentralizadas, van incorporando estos compromisos en la gestión del desarrollo a través de políticas normadas mediante ordenanzas regionales y municipales, cumpliendo así con las políticas nacionales de equidad de género: Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres N° 28983 y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2015 – 2019 (PIO), hoy Plan Nacional de Igualdad de Género – PLANIG 2012-2017.

Piura es una de las regiones con un amplio marco normativo en favor de la equidad de género. Así en el 2009 se tenía en la región 20[7] ordenanzas y acuerdos de consejos regionales, provinciales y locales y posteriormente se han emitido 10 más. En ellas se manifiesta la voluntad política por garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en educación, salud, violencia de género, trabajo, participación social y política, acceso a recursos entre otros, generando condiciones en las instituciones de gobierno para su implementación. Sin duda esta apertura es expresión de la afirmación de la democracia en la región, pese a que los resultados aún sean una cuenta por saldar.

La Ley N° 27387, aprobada en el año 2000, modificó la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Entre los cambios se amplió la cuota de género de 25% a 30% para las elecciones parlamentarias.

I. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

ÁMBITO DEL ESTUDIO

El estudio se ha desarrollado en la Región Piura, en el marco del Programa “Gobernabilidad: de la propuesta a la implementación”, que se implementa en tres regiones del Perú (Piura, Cusco y Moquegua), cuyo objetivo es: “Mujeres y hombres organizados de 3 regiones representativas del Perú (Cusco, Moquegua y Piura), inciden en la implementación de políticas públicas regionales concertadas, especialmente en materia de agricultura, educación y participación ciudadana, que responden a las necesidades y problemáticas de la población excluida”.

El programa que da lugar a este estudio, trabaja sobre una muestra cuyo universo es de 388 participantes, de los cuales se cuentan: 96 representantes del estado y 292 de sociedad civil, así mismo participan 11 organizaciones e instituciones públicas y privadas, entre ellas 7 espacios de concertación y consejos de coordinación (ver cuadro N°1) en esta participación la sociedad civil tiene una representación femenina de casi el 30%. A diferencia de las instituciones del Estado con 30,2%. Factor que debe ser considerado en el Estudio.

Se priorizaron para este estudio seis espacios de concertación y coordinación regional elegidos para el período 2012-2013: CCR, COPARE, COREM, CORDA, Colectivo por la Gobernabilidad y la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil/Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional, en los que están participando lideresas y líderes de más de 20 organizaciones e instituciones sociales.

Los espacios de concertación y coordinación seleccionados fueron aquellos que tienen una dinámica más constante en su vida orgánica y directa vinculación con el proyecto, por las temáticas que aborda.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El estudio es de tipo cualitativo, sin embargo se ha recurrido también a la información estadística para levantar las brechas de género que interfieren en la participación social y política de las mujeres en los espacios de concertación y coordinación regional. De este modo se ha logrado recopilar información de estos espacios, de las condiciones socioculturales y políticas, así como las percepciones sobre las barreras de género que subyacen en el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos de mujeres y hombres.

Para la recuperación de la información se ha utilizado cuatro instrumentos de recojo: entrevista en profundidad, encuesta, talleres participativos y grupos de discusión, logrando poner atención en indicadores cualitativos que pueden ser modificados con la intervención del proyecto.

Para el análisis de la información e interpretación se ha hecho uso de los enfoques de género e interculturalidad, como soporte conceptual a las definiciones oficiales asumidas legalmente por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como órgano rector de las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación[8].

El estudio también se apoya en la economía del cuidado para una lectura más acertada de la línea del tiempo que siguen las mujeres para el trabajo doméstico.

El estudio se inició estableciendo y precisando los objetivos y resultados en términos de variables e indicadores, con el propósito de determinar los aspectos a ser abordados en los instrumentos de recojo de información. Los procedimientos a seguir fueron organizados en cinco fases secuenciales:

1) Determinación del esquema general del diseño del estudio

Sobre la base de las definiciones y de las variables identificadas como nudos en el diagnóstico levantado por el equipo del proyecto se diseñó una matriz de consistencia del estudio, se precisó las características y los contenidos de los instrumentos y se identificó a los actores clave y las especificaciones de la muestra.

2) Desarrollo de instrumentos

Se elaboraron el cuestionario, las guías y matrices para definir campos de observación, de análisis y preguntas orientadoras. Así mismo, se precisaron las fuentes y las técnicas para el recojo de información y las muestras para su aplicación.

Los instrumentos fueron ajustados después de la aplicación de entrevistas preliminares realizadas con el fin de validar las variables y el peso de las mismas en los instrumentos[9].

Se diseñó la base de datos para el ordenamiento y procesamiento de la información cuantitativa y se diseñaron matrices para el ordenamiento y análisis de la información cualitativa.

3) Recojo de información

En esta tercera fase se recogió la información necesaria para el estudio. Supuso un intenso trabajo de campo centrado en la recolección de información a través de encuestas, entrevistas, talleres diagnósticos, grupos de discusión y observación. Se hizo en coordinación con las y los responsables de la ejecución del proyecto en cada distrito, a nivel central y en cada una de las sedes. Requirió del apoyo de un equipo que trabajó en la aplicación de encuestas.

4) Procesamiento, sistematización análisis de la información

En esta fase se evaluó la calidad de la información generada por cada indicador. Implicó la producción de reportes por instrumento aplicado. Para las encuestas se elaboraron informes del análisis estadístico.

5) Elaboración de reportes e informe

Ha comprendido la interpretación y análisis de la información procesada, la elaboración de reportes por objetivo materia del estudio y la redacción del informe de los resultados. Para organizar el andamiaje teórico del estudio, hemos asumido los enfoques de: Desarrollo de Capacidades y Libertades, Interculturalidad, Género, Ciudadanía. De la misma manera se han usado los conceptos que para las políticas de equidad de género ha oficializado el gobierno peruano, desde su órgano rector de las políticas de equidad de género y no discriminación: el MIMP[10].

a. Criterios para la determinación de las muestras.

Los criterios que se determinaron para la selección de las muestras de informantes son los siguientes:

• Mujeres y hombres que integran los espacios de concertación y coordinación regional.

• Mujeres y hombres dirigentes/as y lideresas/es de las organizaciones que integran estos espacios.

• Mujeres y hombres autoridades y funcionarias/os de instituciones públicas.

Cabe señalar que la propuesta técnica planteaba la aplicación de entrevistas a profundidad a otros actores de los espacios de coordinación y concertación, representantes de organizaciones de mujeres, autoridades y funcionarios de gobiernos locales y regionales. Las entrevistas preliminares aplicadas permitieron efectuar correcciones en las variables y la ampliación de su aplicación a mayor número de informantes de las señaladas en la muestra.

En la propuesta técnica del estudio se planteó realizar grupos de discusión, aprovechando la presencia de los actores en los talleres de diagnóstico rápido.

b. Técnicas e instrumentos aplicados

En el proceso de recolección de información para el estudio se han aplicado encuestas, entrevistas a profundidad, talleres participativos y grupos de discusión, se han observado algunas reuniones de los espacios de coordinación regional y se ha revisado información secundaria.

PERSONAS ENCUESTADAS

Se han aplicado en total 21 encuestas entre los seis espacios de concertación y coordinación. Una de las dificultades fue la ausencia temporal de la región de algunos miembros de estos espacios de concertación y coordinación. En el cuadro que a continuación se presenta, se especifican los actores encuestados.

El tratamiento de la información cualitativa implicó un proceso de revisión de grabaciones y desgravado de las secciones que se consideraron más importantes. Además, la organización de la información en matrices por temas de interés.

Las pocas observaciones realizadas fueron enriquecedoras en tanto ampliaron los criterios y referentes para conocer y comprender mejor la problemática abordada en el estudio.

Se desarrolló un grupo de discusión con las 12 personas asistentes al taller. El grupo priorizó propuestas y estrategias para incentivar la participación social y política de las mujeres, considerando como favorable a sus funciones el marco normativo regional de género.

II. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN PIURA Y LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA REGIÓN PIURA

La población del departamento de Piura es predominantemente urbana y representa el 74.2% del total de la población (2007), con una población de 1´725,488 habitantes, de los cuales fueron censados 1´676,315, habiéndose omitido 49,173 habitantes.

Su tasa de crecimiento intercensal promedio al 2007 fue 1,3%[11]; con una población proyectada al 2013 de 1´814,622 (911,031 varones o 49.82% y 903,591 de mujeres o 50.18%)[12].

Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos. De esta población el 29% es población rural. De la población censada en el 2007: 835,203 son varones y 841,112 mujeres; mientras que por área de residencia el INEI precisa que 1´243,841 habitantes pertenecen al área urbana y 432,474 al área rural[13]. Por el peso poblacional se ubica en el segundo lugar después de Lima.

La población del departamento de Piura es predominantemente urbana y representa el 74.2% del total de la población (2007), está localizada principalmente en las provincias de Piura y Sullana, (Cuadro Nº5), que concentran en conjunto el 66.9 %, de la población urbana total y es en este espacio de costa donde se localizan las principales ciudades del departamento. (Plan Estratégico Regional de Desarrollo Concertado – Región Piura 2013-2016).

El espacio rural alberga a 25.8% de la población del departamento: 432,474 habitantes. Las provincias de Ayabaca (60%) y Huancabamba (80%) son predominantemente rurales; asimismo, la provincia de Morropón a pesar de ser calificada urbana todavía alberga importante población rural (42.5%). (PLAN Estratégico Regional de Desarrollo Concertado – Región Piura (2013-2016).

La provincia de Piura a pesar de tener mayoritariamente población urbana, también tiene una importante población rural con respecto al total de la población del departamento (21.5%). En cuanto al crecimiento de la población se registra el estancamiento en el área rural andina y el crecimiento fundamentalmente urbano en la costa. La población censada en edad electoral (18 a 70 años) a nivel regional es de 950,968 habitantes, de los cuales 467,597 son varones y 483,371 son mujeres.

En relación a los índices de Desarrollo Humano, Piura se ubica en el grupo de departamentos del segundo quintil de pobreza.

Desde el 2002 se observa a nivel global en la región un crecimiento en el índice de Desarrollo Humano, que implica que se va superando la pobreza, sin embargo en la sierra andina, la pobreza aumenta y hoy Huancabamba y Ayabaca son consideradas las provincias más pobres del Perú.

Respecto a la participación ciudadana en la región Piura en el 2010, hubo 27 municipalidades que informaron haber constituido juntas vecinales con la participación de 2,228 personas (1497 hombres y 731 mujeres), pero 37 municipalidades no ofrecieron ninguna información[14]. En ese mismo registro, 64 municipalidades informaron que la participación de la población en la gestión administrativa se daba en los siguientes rubros:

En el plano de la organización social, tradicionalmente Piura ha sido reconocida a nivel nacional por su alto nivel organizativo y de liderazgo, con capacidad propositiva a nivel regional y nacional. La participación social y política de mujeres y hombres en los espacios sociales se visibilizaba con la presencia de liderazgos femeninos y masculinos negociando con las autoridades la problemática de sus grupos, comunidad o su territorio municipal.

Las organizaciones de mujeres aglutinadas en torno a problemáticas de la familia (alimentación, protección frente a las lluvias del FEN, salud y vivienda) se articularon entre ellas en organizaciones de segundo nivel (distritales y provinciales), discutieron y priorizaron sus problemas en agendas y asumieron que si bien habían problemas comunes para los y las ciudadanas/os pobres, rurales y urbanos marginales, también vivían problemas diferentes a los de los hombres.

Para el año 2011, se explicitaba la problemática de las mujeres, en 14 agendas a las que les llamaron agendas de las mujeres (desarrolladas con el apoyo de ONG que trabajaban por los derechos de las mujeres), esas agendas se elaboraron en 5 provincias (Piura, Morropón-Chulucanas, Sullana, Huancabamba y Ayabaca, así como en los distritos de Buenos Aires, Bigote y Salitral, Pueblo Nuevo de Colán, Marcavelica, Vice, Catacaos, Santo Domingo y Bernal, posteriormente Paita y la Mancomunidad Luciano Castillo.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL

1.- Marco normativo de los espacios de coordinación en la Región

Los Consejos Regionales son creados por el gobierno regional como espacios de consulta, diálogo y con participación de las organizaciones de la sociedad civil en aplicación de mandatos constitucionales, ejerciendo su competencia como órgano de gobierno subnacional para determinar su organización interna, estableciendo también las dinámicas que regulan su accionar y su desarrollo.

La Ley N° 27783 de Bases de Descentralización establece en su Capítulo IV sobre Participación Ciudadana que ésta se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, así mismo señala que los gobiernos regionales están obligados a promover la participación ciudadana en la gestión pública (Art. 17). Las leyes que dan sustento a la creación de espacios de concertación de la participación formal de las y los ciudadanas/os[15]:

El marco normativo nacional dio lugar a un marco normativo regional para afirmar la democracia con la creación de los Consejos Regionales que señalaba la Ley y otros, que, sin ser normados fueron creados en diálogo entre las mujeres organizadas y las autoridades del Gobierno Regional, como lo fue el caso de la creación del Consejo Regional de la Mujer (COREM)[16] mediante Ordenanza N° 041/2004/GRP-CR, a iniciativa de las mujeres organizadas de la región.

Entre otros Consejos creados mediante ordenanza regional tenemos:

 Ordenanza N° 025-2003/GRP-CR se constituye el CORDA, Consejo Regional de Desarrollo Agrario,

 Ordenanza Regional N° 0233-2004/GRP-CR, se constituye el COREMYPE Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa,

 Ordenanza Regional N° 030-2004/GRP-CR, se constituyó el Consejo Regional de Salud (CRS),

 Ordenanza Regional N° 143-2008/GRP-CR, crea el Consejo Regional de Coordinación y Concertación de lucha contra la pobreza y desnutrición infantil CRECER Piura con Equidad.

 Ordenanza Regional N° 149-2004/GRP-CR, crea el Consejo Regional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,

 Ordenanza Regional N° 140-2004/GRP-CR, crea el Consejo Regional de la Juventud COREJU.

De la misma manera el Acuerdo Regional N° 630-2010/GRP-CR del 06 de julio del 2010, que aprueba El Programa Multianual de Inversión Publica 2011-2 y el Acuerdo Regional N° 691-.201/GRP-CR del 16 de Marzo del 2010, que aprueba El Programa Multianual de Inversión Publica 2011.

A este marco normativo regional se suma un marco cultural de relación de la ciudadanía con el Estado que se había ejercitado por décadas y que para las mujeres significaba retomar el rumbo de la historia iniciada por las Capullanas y por piuranas prehispánicas, mujeres que “teniendo el mando guiaron a sus pueblos por el destino que los llamaba a mayores horizontes”.

2.- Los espacios de concertación en Piura

En Piura, el proceso de concertación entre el Estado y representantes de la sociedad civil, surgió entre los años 90, mucho antes que la ley lo reconociera. Esta estrategia de comunicación dialogada, impulsada por la sociedad civil organizada de Piura demostró que sí se podía mejorar la gestión del Estado con la participación de la sociedad civil.

“He participado en muchos espacios de concertación, pero el más grande ha sido unirnos con CIPCA, GTZ, CARE y formar la Coordinadora Multisectorial a raíz del Fenómeno El Niño, cuyo objetivo principal era unir esfuerzos y no desperdiciar recursos, y que el Estado trabajara más de cerca con las organizaciones bajo los mismos objetivos, nos juntamos aproximadamente 19 instituciones que trabajamos desde 1995 hasta el 2002, 2003 que fue desapareciendo como Coordinadora, pero lo bueno es que quedaron espacios fuertes para poder seguir trabajando. Soy la secretaria técnica del Consejo Regional de Salud. Hemos trabajado bastante con el CIPCA para fortalecer la Mesa Temática de Agricultura y actualmente estoy como representante alterna en el COREM. Son muchas experiencias. Priorizaría la Coordinadora Multisectorial porque me permitió hacer un trabajo conjunto y dar una respuesta ante una situación de desastre y que de allí salió la experiencia para poder trabajar el tema de riesgos y Piura se convirtió en un referente del tema[17].

La institucionalización y el reconocimiento de los procesos de concertación, para unos peruanos fue la oportunidad de contar con un marco jurídico esperado para “legitimar la voz y decisión a los que nunca la tuvieron” y para los Piuranos y Piuranas, se afirmaba la erradicación de estilos antidemocráticos de tomar decisiones para la asignación y uso de los recursos públicos, fortaleciendo los espacios de concertación, con la participación del conjunto de los sectores públicos, privados y la sociedad civil, facilitaría tomar acuerdos y la coordinación integral del desarrollo de la región.

También fue una medida importante para incrementar el número de mujeres a la vida pública, ampliar su participación social y ciudadana, el incremento de representatividad femenina en cargos de elección popular a nivel nacional y regional, se creció aunque no como se proponían y esperaban.

Se pensaba que estas mujeres en el poder político como congresistas, alcaldesas y regidoras serían sensibles a la problemática de sus pares y se comprometerían haciéndola suya y de la mano con lideresas y mujeres de las organizaciones pudieran ayudar en la implementación del marco normativo regional y en la disminución de desigualdades de género, erradicando las causas que lo mantienen en la región). Considerando que sin modificar las condiciones de inequidad de género, siempre será limitada la presencia de las mujeres en estos espacios y lograr que alcancen su desarrollo y el de sus familias: restringiendo de esta manera una efectiva democracia regional.

Los Consejos Regionales son creados por el gobierno regional como espacios de consulta, diálogo y con participación de las organizaciones de la sociedad civil en aplicación de mandatos constitucionales, ejerciendo su competencia como órgano de gobierno subnacional para determinar su organización interna, estableciendo también las dinámicas que regulan su accionar y su desarrollo.

La Ley N° 27783 de Bases de Descentralización establece en su Capítulo IV sobre Participación Ciudadana que ésta se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, así mismo señala que los gobiernos regionales están obligados a promover la participación ciudadana en la gestión pública (Art. 17). Las leyes que dan sustento a la creación de espacios de concertación de la participación formal de las y los ciudadanas/os: el marco normativo nacional dio lugar a un marco normativo regional para afirmar la democracia.

3.- Espacios de concertación social y política del estudio

El Gobierno Regional de Piura ha generado la conformación de 10 Consejos Regionales, espacios de concertación como: COREM, COREDIS, COREDNNA, COREJU, COREMUSA, CORDA, COREMYPE, COPARE, CCR, en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Mientras que a propuesta de la sociedad civil se conforman: Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Red Regional de Desarrollo Económico, Mesa de Prevención y Atención contra la violencia de género, entre otras, en las cuáles el Estado participa activamente a través del gobierno regional, direcciones regionales y gobiernos locales. Por otro lado existen: Colectivo por la Gobernabilidad, Mesa Regional por la Equidad de Género, en las que el espacio es exclusivamente de sociedad civil.

Consejo Regional de Desarrollo Agrario – CORDA

Consejo Regional de Desarrollo Agrario- CORDA, se constituye sobre la experiencia de asesoría agraria especializada a la Presidencia Regional, con la participación de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Piura y representantes del Colegio de Ingenieros de Piura (2003).

Sus principales objetivos son la planificación, el ordenamiento y la promoción de la producción agraria en la región Piura. Se le identifica como mecanismo de concertación entre el Estado y los productores agrarios, representantes de asociaciones de productores, comunidades campesinas e instituciones vinculadas al sector agrario.

Después de su formalización la dinámica activa de funcionamiento se fue diluyendo, la aprobación del reglamento para su funcionamiento, direccionado por los técnicos del Gobierno Regional, motivaron tensiones que no se pudieron resolver, generando la separación de algunos asociados de hecho como las asociaciones de productores de la sierra, comunidades campesinas, entre otras que no cumplían el nuevo perfil que el reglamento les exige. En la actualidad están en un proceso de coordinación para recuperar el Consejo.

Un aspecto a señalar es la ausencia de mujeres en este espacio, a simple vista se podría afirmar que es un espacio solo para hombres, sin embargo hay muchas mujeres en las Comisiones de Regantes, en las Asociaciones de Productores y en las Comunidades que son dirigentes, y otras que simplemente son agricultoras.

La no presencia de las mujeres es justificada en la negativa que estas tienen para asumir cargos, sin embargo no se analizan las causas, de las 45 personas que integran el CORDA todos son hombres.

 Consejo Participativo Regional por la Educación – COPARE

Es una instancia de participación, concertación y vigilancia en la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Regional. Está basado en la Ley General de Educación. En Piura fue creado a fines de 2003.

Lideró el proceso de elaboración del PER, a través del CIPER. (Comité Impulsor del PER). Tuvo mucha actividad en la elaboración del plan del PER, esta fue la etapa más activa de este Consejo, logrando elaborar el plan, el que asumió principios y estrategias de género para la curricular educativa regional.

Entre los miembros, representantes del Consejo, se contó con 2 docentes mujeres y 3 hombres sensibles al género, que motivaron debates y análisis de propuestas de género para la currícula educativa, en espacios de sociedad civil con alumnos del II Diplomado de Políticas de Género[18] y con los grupos de jóvenes de la Universidad Nacional de Piura.

Este espacio estuvo representado por hombres y mujeres, sin embargo muchas de las mujeres desconocían el enfoque de género y las ordenanzas en esta materia, minimizando su importancia.

 Colectivo por la Gobernabilidad

Se constituye en el proceso del contexto electoral del año 2010. Es un espacio netamente de sociedad civil, vincula la incidencia política y la vigilancia ciudadana con respecto a quienes tienen representación pública, entre las instituciones que lo conforman se encuentran:

– Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP

– Cámara de Comercio y Producción de Piura – CAMCO

– Grupo Impulsor de la Convención Regional de la Sociedad Civil

– Plan Internacional Piura

– AB Prisma “Proyecto Gobernabilidad y Transparencia”

– Centro de Investigación y Promoción del Campesino – CIPCA

– Centro de Investigación, Documentación, Educación, Asesoramiento y Servicios – Centro IDEAS

– Programa de Desarrollo Rural Sostenible – GTZ

– Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS Norte.

– Red Regional Agua y Desarrollo

– Proyecto: “Gestión Integral Catamayo – Chira”

– Centro de Reflexión Loyola –CRL

– Central Peruana de Servicios – CEPESER

– Red Nacional de Promoción de la Mujer

– Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores –CANAT

– Red de Municipalidades Rurales de Piura –REMURPI

– Radio Cutivalú

– Prevención de Conflictos – PREVCON

– Responsabilidad Todos – RS Todos

– Grupo Impulsor CVR

– Foro Salud Piura

– Núcleo Educativo Regional – NER

– Agenda Educativa Regional – AER

– Colegio de Ingenieros del Perú – Filial Piura

 Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil/Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional

Se reglamentó en febrero de 2004, y fue de carácter obligatorio, en los PPR se define la naturaleza de la ADSC en los siguientes términos “… es un órgano de naturaleza autónoma, de carácter consultivo, de concertación y de coordinación de las acciones de desarrollo de los representantes de la sociedad civil…”. Es uno de los espacios de coordinación y participación más dinámicos y con mayor número de integrantes.

El Presupuesto por resultados también ha seguido la ruta de le efervescencia, el repliegue y la recuperación, insertó en la lógica de los nuevos procesos sociales que generaron múltiples expectativas por el retorno a la democracia y que se fueron esfumando en la población y en las instituciones públicas y privadas. De las 112 organizaciones que iniciaron su participación los primeros años de instalada la asamblea, se retiraron 78 organizaciones en el año 2005, quedando 35 organizaciones en el año 2007, 20 organizaciones en el año 2009, 24 en el año 2010, 53 en el año 2011 y 32 en el año 2012.

La desmotivación principal está en el no cumplimiento de las obras. Mientras en la asamblea se aprueban los proyectos priorizados para el año, el equipo político y técnico regional aprueba y prioriza otros proyectos y los ejecuta, incumpliendo acuerdos, esta situación tiene un impacto negativo en las comunidades, y territorios y en las mismas organizaciones, quienes arremeten contra sus representantes por no exigir y vigilar acuerdos. (Versiones expresadas por un delegado retirado por sanción de su organización).

En cuanto a sus participantes el 73% son hombres y el 23% mujeres. La agenda está determinada por el ciclo de capacitación, talleres y reuniones descentralizadas, hasta el diseño y selección de los perfiles de los proyectos.

Los proyectos priorizados hasta la actualidad han tenido énfasis en resolver problemas a necesidades básicas, a diferencia de otras experiencias de regiones que ha institucionalizado puntaje obligatorio para aquellos proyectos que incorporan estrategias, indicadores y actividades orientadas a modificar las brechas que afectan a las mujeres y niñas.

 Consejo de Coordinación Regional –CCR

Se creó en el 2003, constituyéndose en un espacio de encuentro y concertación entre el gobierno regional, sus municipalidades y distritos respectivos, las funciones y competencias señaladas son asignadas por ley y por el Gobierno Regional.

Lo integran el Presidente Regional, los 8 Alcaldes Provinciales y 5 representantes de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, elegidos en la asamblea de delegados de las organizaciones debidamente inscritas.

En la misma lógica de los consejos anteriores, hay una gran diferencia de la primera fase a la actual, de una expectativa e interés latente a una pérdida de interés y desanimo, esta ruta en la dinámica de este mecanismo democrático tiene varias aristas, entre ellas los vacíos legales de las normas que lo crean y los reglamentos en este espacio, la interpretación sesgada de los representantes del gobierno regional.

 Consejo Regional de la Mujer – COREM

Se crea por Ordenanza Regional N° 041-2004, como un ente sistemático que se rige por los principios de identidad, transparencia, participación, concertación, coordinación, representación e institucionalidad democrática y descentralizada.

Surge como propuesta de las mujeres de sociedad civil organizadas, quienes en alianza con la Mesa por la Equidad de Género (constituida en el mismo año), con el apoyo de las ONG (que brindan la asesoría técnica) y en diálogo directo con las consejeras regionales, abordan de manera conjunta esta problemática. Esta iniciativa culminó con la concertación y coordinación entre las mujeres de sociedad civil y mujeres autoridades en el I Congreso Regional de la Mujeres producto del cual se promovió una ley regional.

Las propuestas fueron las ordenanzas N° 041 y 042 de las que ya se ha hecho mención anteriormente. La importancia de estas políticas aprobadas, radica en dos campos: 1°. Se cambia de rumbo de la propuesta de trabajo con mujeres en la región pasando de la reivindicación de derechos a la defensa de los mismos en pro de mejorar las condiciones de vida de las mujeres como ciudadanas y 2°. Se incorpora al trabajo el enfoque de género como perspectiva para erradicar las causas que generan las desigualdades entre los sexos y la exclusión y discriminación de las mujeres como personas.

Considerando que el rol del gobierno regional era fundamental para impulsar el cambio en la sociedad regional, las mujeres Piuranas lograron con las delegadas provinciales y la Mesa Regional por la Equidad de Género, que también surge en esta experiencia, dieran un paso que tendría repercusiones nacionales y que nunca estuvo en la propuesta política de la descentralización.

4.- Ordenanzas regionales que institucionalizan políticas de igualdad de género en Piura.

Acuerdo Nº 084-2003/GOB.REG.PIURA-CR del 18 de julio del 2003, el Consejo Regional de la Región Piura, reitera el compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas supranacionales que regulan la protección a la mujer, al niño, al anciano y a las personas con discapacidad física y/o mental, promoviendo programas que fomenten activamente la participación de las mujeres en los ámbitos públicos y privados de la sociedad. Reitera su compromiso de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y luchar contra la impunidad de quienes la perpetren, protección de las mujeres contra el hostigamiento sexual y todas formas de explotación sexual y laboral y la esterilización forzada, así como la participación femenina en políticas de trabajo, salud, educación y la incorporación en el proceso productivo de la región, así también su compromiso de defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y discapacitados.

 Ordenanza Regional Nº 041-2004/GRP-CR. Aprueba lineamientos de Política regional en materia del enfoque de equidad de género en la región Piura 2004-2006 y aprueba la constitución del COREM.

 Ordenanza Regional Nº 042-2004/GRP-CR. Aprueba lineamientos de Política Regional por una Educación con Enfoque de Género para todas las edades 2004 – 2006 de la Región Piura.

 Ordenanza Regional Nº 121-2007/GRP-CR. Aprueba la vigencia indefinida de los documentos de gestión aprobados mediante Ordenanzas Regionales Nº 041-2004/GRP-CR y Nº 042-2004/GRP-CR.

 Ordenanza Regional Nº 180 – 2010/GRP-CR Ordenanza que aprueba el PRIO, en su lineamiento 5 se propone: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres de la región, así como el acceso equitativo a instancias de poder y toma de decisiones, no solo en ámbito público, sino también a nivel organizativo social y familiar[19].

III. MAPEO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN

En el registro de organizaciones del Consejo de Coordinación Regional se tiene a 53 organizaciones e instituciones inscritas en el 2013[20], mientras en el Presupuesto Participativo se han reconocido a 54 delegados de instituciones de sociedad civil y 8 representantes de instituciones públicas[21], considerados aptos para participar en el Proceso del Presupuesto Participativo Regional del Año fiscal 2014. En los últimos años (2011 al 2013) una baja en el número de participantes en relación a años anteriores. Pese a ello es el presupuesto participativo el espacio más convocante.

Un reciente estudio de balance sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios del gobierno regional – Piura (Marlene Castillo, señala tres momentos en la participación de las OSC: La fase de crecimiento (2005-2006) asociada a las expectativas participativas de la descentralización a una población negociadora, demandante y propositiva. Una segunda fase de decrecimiento (2007-2010), y la tercera fase: periodo de recuperación inicial en los dos últimos años, con el cambio de gobierno[22].

En este escenario las organizaciones de mujeres, se contraen dejando en las lideresas la representación y representatividad en los espacios locales y regionales de concertación, esta situación también generó una dispersión de intereses, dejando la problemática de las mujeres por la apuesta a una agenda social colectiva neutra en género y lejos de las agendas de las mujeres.

El análisis de las relaciones de género confirma las brechas de género en la región y da cuenta de la disparidad en la que se encuentran las mujeres en relación a los hombres, frente al desarrollo, al ejercicio de su ciudadanía y a la satisfacción de sus necesidades prácticas y estratégicas. También pone en el escenario la problemática de la participación social y política de las mujeres, brecha que ha concitado el interés de este estudio.

Si bien hay un aumento de la presencia de organizaciones y liderazgos femeninos en estos espacios y mayor presencia de mujeres en los partidos políticos, esta participación expresa un conjunto de limitaciones que no permiten incidir y negociar las agendas de género de las mujeres.

El derecho al voto y la gradual conquista femenina en otros ámbitos, como el educativo y el laboral, tampoco han sido suficientes para que las mujeres se posicionen políticamente en el marco del poder y la toma de decisiones públicas.

A pesar que hoy son más las mujeres que enfrentan las barreras de la discriminación desde el espacio público y del privado, exigiendo el ejercicio de su ciudadanía con igualdad de género.

IV. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ESPACIOS POLÍTICOS Y DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN REGIONAL

CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO AGRARIO – CORDA

La participación de las mujeres en este espacio no existe, todos los representantes son varones; según los entrevistados esto puede deberse a varias razones. De un lado, los cargos directivos de las instituciones públicas que tienen que ver con el sector agrario son encabezados por varones; de otro lado los cargos directivos de las asociaciones de agricultores, juntas de usuarios, comisiones de regantes, rondas campesinas, comunidades campesinas en su gran mayoría (90%) son ocupados por varones; si tienen mujeres en las directivas están en alguna secretaría o en las vocalías.

Algunas mujeres han rechazado ocupar un cargo de mayor responsabilidad porque no se sienten capaces de ejercerlo o porque el esposo luego les ha dicho que él no les ha autorizado. Nos relata Juan de la Cruz Rivera Olear: “En mi comunidad elegimos a una señora que había ido representando a su esposo para que ocupara un cargo en la Junta Directiva, no recuerdo si fue la tesorería; ella aceptó, pero al día siguiente nos buscó y dijo que venía a renunciar porque al llegar a su casa su esposo le había dicho que él la había mandado a representarlo y no a que aceptase ningún compromiso en su nombre”.

Para Miguel Silva Huertas, representante de CECOBOSQUE, CORDA, “significa mucho para las comunidades campesinas, fue un buen espacio para interactuar con el Estado, para que nos escucharan, se debe reactivar para que las organizaciones tengan un espacio para proponer y concertar. Ahora hace casi dos años nos dejaron de convocar y está inactivo. La participación de las mujeres ha sido poca en este espacio, desde que las organizaciones no han tenido representación, todos los representantes son varones, antes sí habían mujeres como representantes de los sectores del Estado: Direcciones Regionales y Gobierno Regional. La presencia de las mujeres fue bienvenida. Nos faltó constituir un equipo técnico”.

El señor Silva señala “como CECOBOSQUE estamos comprometidos a hacer respetar las normas y las leyes, así como promover su conocimiento, es indispensable que las instancias donde participamos se incorpore a las mujeres y haya alternancia para que puedan representar y acceder al poder. En cuanto a las reglamentaciones internas de las comunidades también se están cambiando y vamos por buen camino, ya tenemos dos vicepresidentas de comunidades campesinas y en las elecciones últimas algunas mujeres (dos o tres) se han presentado para la presidencia, ese es nuestro trabajo y vamos a seguirlo impulsando; ahora nos falta identificar algunas estrategias para que cuando se active el CORDA impulsar la sensibilización en género a cada uno de los y las integrantes”.

El señor Donald Lecarnaqué Castro, representante de CEPIBO ante el CORDA, señala: “el CORDA era importante en la medida que el fuerte de la región es la agricultura, un 80% de las actividades de la región se mueven alrededor de la agricultura. Hay un proceso que se ha detenido, pero es necesario retomar. Las agendas están separadas, me da la impresión que hay una crisis en las organizaciones de la sociedad civil, en las instancias públicas, en los partidos políticos. Creo que nunca se dio realmente el trabajo concertado en el CORDA. La participación de las mujeres en el CORDA era cero, creo que a los hombres nos asusta que ellas tengan poder”.

“Si se reactivara el CORDA (que dejó de funcionar desde el 2010) creo que debería ser uno de los consejos que impulse, mediante campaña publicitaria, la participación de la mujer que no aparece en las asociaciones bananeras y su participación en el campo laboral en el sector agricultura, no se valora lo que hacen”. Donald Lecarnaqué Castro, CEPIBO.

Según los entrevistados en esta instancia había un total desconocimiento de las políticas de género, salvo de algunas personas de sociedad civil que tenían formación o alguna capacitación en estos temas. El enfoque de género no fue un tema prioritario que se abordara en el CORDA, no se generaron debates para involucrar e incorporar a las mujeres en el CORDA, menos para abordar temas de desigualdad e inequidades, ni por parte del Estado, ni de la sociedad civil. Esta situación ahora es objetivo de reflexión y nuevas propuestas como incorporar criterios de género como acuerdos que rijan su funcionamiento y nivel de organicidad.

CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER – COREM

Este es el único espacio donde el 95% de representantes son mujeres; sin embargo, también hay varones entre los que se encuentran: Gerente Regional o el Sub Gerente Regional de Desarrollo Social (que lo preside) y el representante del COREDIS.

El 50% de miembros, conformado por las integrantes del COREM, corresponde a mujeres profesionales universitarias o técnicas, que asisten al consejo por delegación institucional, del director(a) de alguna entidad estatal. El otro 50% de miembros de sociedad civil son mujeres lideresas con diferentes grados de educación (primaria, secundaria, técnica) que representan a las asociaciones y organizaciones sociales de base de sus provincias. En el primer caso se trata de personas con mucho interés por articular una agenda de género y lograr avances en la región; en el segundo caso son mujeres que requieren aún de formación y fortalecimiento en cuanto a sus derechos y deberes. Se observa que los intereses son diversos y los niveles de conocimiento de la problemática de las mujeres y las brechas de género no son homogéneos.

En la actual gestión del gobierno regional, a pesar del interés y compromiso del Sub Gerente Regional de Desarrollo Social por llevar adelante el COREM, no ha habido mucho eco en las autoridades del Gobierno Regional.

Para Carmen Campos Mendoza representante titular ante el COREM por la Provincia de Morropón a través de la AMPRODESDCH “este es un espacio muy valioso al que no se le da la debida importancia, en él se articula el Estado y la sociedad civil, se pueden gestar políticas públicas para la región que aporten en la reducción de las inequidades de género. No ha habido una agenda común para articular el trabajo, tanto de la sociedad civil y del Estado, siempre ha habido trabajos aislados, movilizados por un punto coyuntural. Hay desmotivación de las mujeres para continuar participando en este espacio, además no se tiene una agenda común de las mujeres. Cuando empezó el movimiento en el 2004 fue importante organizar la representación de las mujeres de las provincias a nivel regional, logramos conformar el Consejo; se marcaron grandes hitos, se han elaborado propuestas de ordenanzas regionales y algunas municipales. Nuestra debilidad está en que se ha quedado a nivel central de Piura no avanzamos hacia el espacio rural. No se ha evaluado el impacto de las políticas con respecto a género, sus limitaciones, nos falta dar ese paso. Uno de los principales resultados ha sido el PRIO; la definición de las brechas de género en la región, que si bien no ha sido hecha directamente por el COREM se ha tenido una participación bastante importante”.

Hay conocimiento de parte de algunos/as funcionarios/as pero no se aplican las políticas de género.

Se sigue trabajando aisladamente y desconociendo la importancia de la aplicación del enfoque de género. Hay vacíos que permiten al Gobierno Regional y a los gobiernos locales dejar de lado estas políticas.

Uno de los logros del COREM ha sido posicionar y lograr que mediante Ordenanza Regional se institucionalice el Congreso de la Mujer anualmente, espacio interesante como proceso promovido por el Estado y la Sociedad Civil a pesar de las dificultades para poder realizarlo, en un inicio estaba pensado hacerlo en el marco del 8 de marzo y como un espacio donde el Estado rendía cuentas de cómo venía implementando las políticas de género en la región y el PRIO, pero además un espacio para que las mujeres de las provincias pudiesen acercar su propia problemática e insertarse en un proceso más global de solución a la misma.

La Región Piura es una de las que han iniciado varios procesos, tanto desde el Estado como desde la misma Sociedad civil, pero sigue sin contemplarse cómo los proyectos y acciones de desarrollo afectan a las mujeres.

Carmen Campos sostiene “desde la creación de los Consejos, todos han nacido castrados, desde que nos impusieron que a la cabeza de los mismos tenía que estar el gobierno regional, eso ha impedido avances, o sea si se mueve la gerencia que los preside las cosas funcionan, sino todo está en espera, que si no están los gerentes que son quienes deciden no se hace nada, aún estén los sectores no se hace mucho porque es el gobierno regional el que decide; además cuando el Gerente que preside no puede asistir porque tiene muchas responsabilidades acaba delegando en un subordinado que sólo lo representa pero no puede tomar decisiones, así nos hemos pasado mucho tiempo sin hacer nada.

Con respecto a los posibles aportes creo que sí se pueden hacer cosas interesantes en base a las priorizaciones de la atención a las brechas que tenemos en el tema de equidad de género”.

Uno de los grandes vacíos sentidos por las integrantes de la sociedad civil en el COREM ha sido la renovación de las representantes de las asociaciones y la elección de las representantes de las organizaciones sociales de base, a pesar de haber un reglamento que indica paso a paso como hacer el proceso, ni en el último año del gobierno anterior, ni en lo que va de este gobierno se ha promovido las elecciones para las 15 representantes titulares y 15 representantes alternas de la sociedad civil (7 de Asociaciones de 2° nivel[23] y 8 de Organizaciones Sociales de Base) de las provincias.

Con respecto a la capacitación Carmen Campos señala: “Ya no podemos capacitar a las mujeres sólo en participación ciudadana y vigilancia ciudadana, tenemos que ajustar los temas a los contextos actuales: planes de desarrollo, presupuestos participativos, proyectos de desarrollo que contemplen las brechas, presupuestos por resultados. Desde el gobierno regional deben haber apuestas para reforzar el consejo de la mujer, para que haya una mejor participación y representación, finalmente de estas filas también pueden salir mujeres que van a ir a ocupar espacios públicos o desempeñarse en los partidos políticos”.

El Lic. José Luis Calle Sosa, quien en estos dos últimos años ha acompañado muy de cerca el trabajo del COREM y que actualmente ocupa la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social, siendo quien representa al Presidente del COREM en las Asambleas (cuando sus funciones se lo permiten) comenta: “Sabemos que hay diferencias e inequidades, pero no hay evidencias estadísticas, documentarias que prueben que existen estas inequidades. Hay una tarea pendiente muy grande en cuanto a la problemática de género. La gerencia trabaja en los espacios de concertación y nos preocupamos que tengan en cuenta el enfoque de igualdad de género, pero siento que no tenemos mucha capacidad para interactuar con otros sectores y actores, o sea abrimos espacios pero no podemos generar cuadros, esa es nuestra limitante. Al interno del gobierno regional creo que deberíamos corregir el hecho de que no le damos relevancia suficiente a la igualdad de género en todas nuestras prácticas y programas; tomar medidas concretas afirmativas para incluir más a las mujeres en los procesos de desarrollo que se impulsan; pensamos en nota masculina, incluyo en ello a las mismas mujeres. No hay muchos hombres que hablen del tema y a veces siento que invado espacios”.

CONSEJO PARTICIPATIVO REGIONAL DE EDUCACIÓN – COPARE

Este espacio ha pasado por muchos altibajos desde su creación, su mejor etapa fue durante la elaboración del Proyecto Educativo Regional (PER), luego su trabajo decayó notablemente. Desde su constitución contó con la presencia de mujeres entre sus integrantes. De las 15 personas que se reúnen para activar el espacio, tres son mujeres: directora de educación, secretaria del COPARE y la representante de las AMAPAFAS de la región.

Entre las instituciones que conforman el COPARE están: Dirección de Educación, AMAPAFAS, Gerencia de Desarrollo Social, Direcciones de Salud, Vivienda, Trabajo, Municipalidades Provinciales y Distritales, Defensoría del Pueblo, Universidades, Institutos Superiores, Instituto Nacional de Cultura, SUNAT, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Municipios Escolares de primaria y secundaria, Iglesia, entre otras.

La señora Maribel Silupú Abramonte, representante de las AMAPAFAS ante el COPARE señala: “Para mí el Consejo de Participación Regional de Educación es importante porque permite a los padres y madres de familia a tener un acercamiento al sector educativo y así hacemos llegar nuestras inquietudes, problemas y propuestas. El trabajo concertado yo veo que a veces no hay interés de ambas partes, ni del Estado ni de la Sociedad Civil, por ejemplo deberíamos haber 50 representantes y sin embargo en el poco tiempo que llevamos reuniéndonos sólo llegamos a mayoría simple, algo de 15 representantes. Creo que algunas personas nos anotamos en estos espacios para hacer notar nuestra presencia y una vez que lo logramos lo abandonamos. Igualdad en la participación en cuanto al número no hay, pero en cuanto al respeto de las opiniones y propuestas si nos respetan. No podría decirle en cuanto al conocimiento de políticas de género, pero creo que no hay”.

Al hablar sobre algunas prácticas excluyentes, la señora Silupú dice: “Creo que para que las mujeres participen mejor y más, los espacios de concertación deben contar con espacios para que las mujeres que tienen niños pequeños los dejen allí y puedan tener la seguridad que sus hijos están cerca y bien atendidos, jugando y vigilados, eso haría que más mujeres participen. Se deben tomar algunas medidas que faciliten y promuevan la participación de las mujeres. Hay otro factor que tiene que ver directamente con las mismas personas y es la pérdida del hábito de la lectura, del conocimiento, del interés, los jóvenes pierden mucho el tiempo en tanta tecnología que hay y no la saben aprovechar para mejorar como personas, por ello nosotras mismas mujeres y varones nos excluimos de espacios públicos y políticos”.

Para la docente Rosaura Sosa Madrid “El COPARE tiene una gran importancia porque es un espacio que permite a la sociedad civil concertar con el Estado y vigilar todas las acciones que se realicen en función al proyecto educativo regional de Piura. Actualmente estamos afrontando muchas dificultades, tanto a nivel de autoridades como de sociedad civil, no asumimos el compromiso y no nos involucramos con respecto a la participación nuestra en este espacio. Estamos haciendo todo un trabajo en poder ir fortaleciendo las capacidades de algunos miembros del COPARE sobre lo que es la concertación y la incidencia en políticas educativas regionales, que se concreticen en proyectos viables para ejecutar. En el COPARE tenemos actualmente una participación minoritaria de mujeres con respecto a los varones”.

Al preguntarle sobre algunas correcciones a prácticas excluyentes, la profesora Sosa manifestó “En principio que en las escuelas pudiéramos tener un doble lenguaje en las prácticas educativas, lo decimos, usamos lenguaje inclusivo, pero cuando lo llevamos a la práctica notamos que hay filas de niños y niñas; en inicial cuando los niños juegan con muñecas y las niñas con carritos, les decimos no, estos juguetes son para niñas y aquellos para niños. Influir en los niños desde pequeños en prácticas positivas que permitan equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres”.

COLECTIVO POR LA GOBERNABILIDAD

Participan hombres y mujeres en representación de instituciones de la sociedad civil, según señalan sus integrantes es bastante equitativa tanto en número como en participación propositiva.

Según Cecilia Bustamante de la MCLCP, “en el colectivo hay diversidad de enfoques y temas. Es al abordar el tema de desarrollo social cuando es más factible vincular lo de género, pero en los otros temas como lo económico, medio ambiental y gobernabilidad casi no está asumido conscientemente

el enfoque de género, hay que trabajar un poco más. Primero tendríamos que ir construyendo normas y reformas de las leyes, tenemos que trabajar mucho la cultura democrática con equidad de género, tanto en el colegio, para ir generando una reflexión de lo que necesita una sociedad justa; normas en espacios mixtos, en AMAPAFAS, en procesos de participación ciudadana, creo que hay que ir avanzando en establecer y adoptar algunas prácticas”.

Para Segundo Obando Pintado de CEDEPAS Norte “De todas los ejes y acciones que contiene el pacto político los que menos se están implementando son los que tienen que ver con equidad de género y promoción de la mujer en general. Al menos está en la agenda y hay espacios que se van encauzando en la dinámica de promover la participación de la mujer. Si se conoce las políticas por parte de las mujeres que participan y de algunos varones también, se hace incidencia para que el tema de la mujer esté presente en las políticas públicas”.

ASAMBLEA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL

Aquí está un poco equilibrada la participación de las mujeres y los varones; las personas entrevistadas señalan que hay una buena relación de entendimiento en el grupo y mucho respeto a las opiniones y propuestas de cada uno de sus miembros. “Las mujeres que participan son profesionales, saben mucho, son buenas técnicas, conocen bastante, son buenas haciendo propuestas”. Federico Arana Llanos.

 “Creo que la nueva conformación de la ADSC y del PPR está mucho mejor que antes, la mayoría somos profesionales, tenemos conocimiento y capacidad de propuesta, se nos escucha y vamos a hacer un buen trabajo”. Lourdes Valdiviezo.

De estos espacios es el COREM quien desde su nacimiento tiene una agenda de género y con la cual ha podido incidir para que se formulen políticas regionales.

La mayoría de los espacios de concertación y coordinación regional son sensibles a la problemática de género y tienen en sus representantes a mujeres, sólo un Consejo de Coordinación no tiene entre sus filas a ninguna mujer, CORDA.

En cuanto a sus agendas, estas están focalizadas en problemáticas de políticas sectoriales (agricultura, salud, educación, entre otras) no han incorporado temas de la agenda de género regional

Las y los participantes del estudio y asistentes al taller diagnóstico y al grupo de discusión señalaron la problemática de género que impide la participación social y política de las mujeres coincidiendo en muchos puntos del diagnóstico de inicio que motivo este estudio.

Un 95% de personas entrevistadas tienen conocimiento sobre las políticas de género en los niveles nacional y regional, sin embargo reconocen que en los espacios de concertación en los que participan poco o nada se conoce al respecto y tampoco ha habido una clara apropiación del enfoque de género para poder transversalizarlo.

Hay un 5% de personas que conocen de las políticas y el enfoque de género porque alguna vez lo han recibido en alguna capacitación, pero no lo han vuelto a abordar.

Un 50% del conjunto de entrevistados/as consideran género, a la presencia de hombres y mujeres en un proyecto o que se trabaje exclusivamente con mujeres.

Las y los entrevistados tienen la percepción, sobre todo las entrevistadas mujeres, que en los sectores públicos “género” es un tema casi exclusivo de mujeres.

Tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial conocen el enfoque a partir de los servicios que brindan y las normas que los regulan (la legislación, los compromisos asumidos internacionalmente, los espacios existentes para abordar la problemática de género) consideran también que es un tema de “mujeres” ligado al tema de violencia. Pero en la estructura interna de estas instancias “Los jueces mayores se resisten a que las mujeres asuman cargos en la magistratura”, sólo hay una mujer entre cinco magistrados.

Todos coinciden en que el machismo es una práctica muy arraigada en la región y lo identifican como una de las principales limitaciones para el empoderamiento y participación social y política de la mujer. Pero también señalan que las mujeres tienen que estar muy bien preparadas si quieren asumir algún cargo político o directivo, el significado dado a esta premisa los llevó a la construcción de una persona superdotada, requisito que no cumple ningún integrante varón de estos espacios, pero que si lo exigen como “requisito indispensable” a las representantes mujeres.

En cuanto a los espacios de concertación todos sin excepción, consideran muy importante el espacio en el que participan, sin embargo dejan notar cierto sinsabor por el desempeño del Estado y el hecho de que las organizaciones no quieren participar activamente en estos espacios por desánimo y la ausencia de respuestas a sus expectativas. El grupo de discusión revisó las propuestas producto del taller diagnóstico y concluyó que deben trabajar en sus espacios las siguientes 11 propuestas:

1. Capacitación a mujeres para que se empoderen.

2. Sensibilizar a los hombres para que aborden e incorporen el enfoque de género.

3. Mejorar Reglamento y Mecanismos del CCR para incorporar mujeres y jóvenes.

4. Vincular diferentes estrategias de acuerdo al nivel y a las necesidades de las propias mujeres y los varones. Buscar el equilibrio entre hombres y mujeres partiendo del conocimiento de sus necesidades.

5. Vigilancia permanente al cumplimiento de las Políticas de Género.

6. Promover criterios de género/empoderamiento en los proyectos o propuestas que se presenten al PPR.

7. Institucionalizar estrategias para la implementación de políticas de género.

8. Incrementar la participación de la sociedad civil en la vigilancia del cumplimiento de la Ley.

9. Difusión a través de Programas Radiales sostenidos.

10. Establecer roles claros de los espacios de concertación en temas específicos como por ejemplo: embarazo en adolescentes, feminicidio, trata de personas, crímenes de odio.

11. Transversalizar el enfoque de género en todas las políticas.

Del análisis de la participación de la mujer en los espacios de concertación podemos resaltar los siguientes hallazgos:

a.-Primer hallazgo:

Nos muestra la característica de la población que integra estos espacios de concertación y coordinación regional, mayores de 35 hasta 56 años, personas con experiencia, capacidad y nivel educativo superior en la mayoría, con estabilidad económica sobre todo los funcionarios y representantes de instituciones sociales, llama la atención la no presencia de jóvenes, a pesar que a nivel nacional y en la región se cuenta con organizaciones juveniles.

La situación actual de los espacios de concertación y coordinación regional y de las organizaciones que las conforman, no están pas