ALAI AMLATINA 11/05/2006, Montevideo.- No debería sorprender
que se hable de imperialismo en referencia a Brasil. En realidad,
el carácter imperial de Brasil no depende del gobierno de Lula, ni
éste puede modificarlo, salvo que siga el camino de Chávez y de
Evo y se decida, por ejemplo, a tomar el control de Petrobras.
La nacionalización de los hidrocarburos decidida por el gobierno de
Evo Morales, además de comenzar un proceso de recuperación de
los recursos naturales del país, tiene la enorme virtud de desnudar
contradicciones a menudo solapadas bajo agradables discursos
sobre la “integración regional”. Las reacciones que ha provocado
la decisión soberana de Bolivia son muestras de ello. El canciller
de Brasil, Celso Amorim, fue muy claro al manifestar la
“incomodidad” del presidente Luiz Inacio Lula da Silva con el único
presidente sudamericano que apoya activamente la
nacionalización. Amorim dijo a la prensa que el apoyo de Hugo
Chávez a la decisión boliviana “colocaba en riesgo no sólo el
gasoducto -que debe llevar gas de Venezuela a Argentina,
pasando por Brasil-, sino la propia integración sudamericana”.
Por su parte, el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, se
mostró mucho más enérgico rechazando la nacionalización,
adelantando que la empresa dejará de invertir en Bolivia y
advirtiendo que puede recurrir a los tribunales de Nueva York. Evo
Morales reaccionó diciendo que Petrobras “chantajea” a Bolivia y
que la empresa ha trabajado ilegalmente en su país.
Más allá de la declaración diplomática del gobierno de Lula,
reconcociendo el derecho de Bolivia sobre sus recursos naturales,
sólo los movimientos sociales estuvieron a la altura de los
acontecimientos. Un Manifiesto firmado por decenas de
organizaciones (en el que destacan los sin tierra y organismos de
la conferencia episcopal), afirma que “la soberanía no se discute,
se respeta”, y aplauden “el significado emancipador del gesto del
gobierno de Morales”.
El problema de fondo es que Petrobras no es una empresa
brasileña. O, mejor dicho, dejó de serlo en los 90 bajo el gobierno
de Fernando Henrique Cardoso. Hoy el Estado brasileño controla
apenas el 37% de las acciones de la empresa, en tanto el 49%
están en manos de estadounidenses y el 11% en manos de
testaferros en Brasil. Pero en los 90, Petrobras se volcó a Bolivia
y a conquistar reservas de petróleo en otros países sudamericanos
y tiene importantes negocios en Nigeria. El economista Carlos
Lessa sostiene, con razón, que Petrobras “está más preocupada
en atender a los especuladores de la Bolsa de Nueva York que de
actuar como institución del Estado nacional brasileño” (Valor
Económico, 10/5/05).
En paralelo, Petrobras controla el 20% del PIB boliviano, donde ha
invertido unos 1.500 millones de dólares desde 1997, representa la
mitad de los impuestos recaudados en Bolivia, responde por el
100% de la refinación de petróleo y el 57% del gas boliviano
(Glauco Bruce Rodrigues en www.mst.org 5/5/06). La mitad del
gas que importa Brasil procede de Bolivia, y el suministro es vital
para la industria paulista. Más aún: son brasileños buena parte de
los terratenientes que producen soja en el departamento de Santa
Cruz, y una parte de ellos serán afectados por la reforma agraria
que prepara el gobierno de Evo Morales. En suma, Brasil tiene
intereses muy importantes en Bolivia. Pero también los tiene en
otros países de América Latina. Petrobras tiene importantes
inversiones en Ecuador (donde tiene conflictos con pueblos
originarios), en Argentina (donde en 2005 sus ganancias crecieron
un 145%) y en Uruguay. Otras empresas brasileñas siguen los
pasos de Petrobras, que se ha convertido en la segunda empresa
más importante del continente.
El imperialismo ha sido definido como una fase del capitalismo
caracterizada por el dominio de los monopolios y el capital
financiero, por el papel decisivo de la exportación de capital en
busca de mayores ganancias, por el reparto del mundo entre los
trusts internacionales y los países más desarrollados. Por otro
lado, cuando hablamos de subimperialismo brasileño no podemos
olvidar que este país ha sido definido como el “campeón mundial
de la desigualdad”. Los empresarios brasileños, que son tales
sólo porque viven en Brasil y allí tienen sus empresas pero en
realidad son un eslabón del capital mundializado, buscan expandir
sus negocios fuera de fronteras para evitar una mínima distribución
de sus riquezas en el país. En este sentido, tanto los accionistas
estaodunidenses de Petrobras como los hacendados que invierten
en Santa Cruz buscan más ganancias sobre las mismas bases
que amasaron sus fortunas en Brasil, o en cualquier otro lugar del
mundo: bajos salarios, pésimas condiciones de trabajo, impunidad
y ausencia de controles estatales.
Dicho de otro modo: la expansión del capital “brasileño” por
América Latina es la otra cara de la falta de una reforma agraria en
Brasil, de la brutal especulación financiera y la desregulación
laboral. El capital monopólico ha tomado porciones importantes
del Estado brasileño, como Petrobras, y busca convertirlas en
punta de lanza de la conquista del continente. La empresa
petrolera es apenas una de las naves, pero quizá la más
ambiciosa es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Sudamericana (IIRSA) lanzada en setiembre de 2000 por
Cardoso, que busca una integración regional a la medida de los
mercados.
Mientras el Estado brasileño no recupere el control sobre
Petrobras, la empresa seguirá siendo utilizada para la conquista
de los recursos naturales y no para la integración continental, más
allá de las buenas declaraciones del gobierno Lula. Recuperarla
puede suponer como sucedió en Venezuela atravesar un período
de desestabilización política, económica y social, porque no es
posible salir del neoliberalismo sin enfrentar el riesgo de
turbulencias de todo tipo. No hacerlo, supone ahondar las
divisiones entre los países y los pueblos del continente, y seguir
poniendo al Estado al servicio de la acumulación del capital.