ILEA: los Estados Unidos y las escuelas de represores

El debate originado hace ya ms de un ao por el establecimiento de una Academia para el Cumplimiento de la Ley (International Law Enforcement Academy ILEA) como acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica se est tornando cada vez ms acalorado y pblico para bien de los ciudadanos y organizaciones costarricenses quienes nunca fueron consultados en este proyecto.

En junio de 2002 ambos gobiernos firmaron un acuerdo mediante el cual se establecera en Costa Rica una escuela para apoyar el fortalecimiento de la justicia criminal en Amrica Latina orientada a formar directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados de la aplicacin de la justicia criminal.

Dicho acuerdo fue firmado por John J. Danilovich, Embajador de los Estados Unidos, y Rogelio Ramos Martnez, Ministro de Gobernacin y Polica y Seguridad Pblica de Costa Rica (extraamente no por el Ministro de Justicia, ya que hablamos de cumplimiento de la ley) en presencia de y ante el testigo de honor Don Abel Pacheco, Presidente del pas sede de la academia.

La iniciativa de la ILEA no es nueva, ya que en abril de 1995 se inaugur una academia similar en Budapest, Hungra, para dar capacitacin en el cumplimiento de la ley a oficiales de Europa central y oriental y los Nuevos Estados Independientes (NIS), incluyendo a Rusia segn fuentes oficiales estadounidenses, y a partir de all se establecieron otras en Bangkok, Botswana y la ltima en el ao 2001 en Roswell, Nuevo Mxico (Estados Unidos).

Dos aos despus de la instalacin de la primera Academia para el Cumplimiento de la Ley, el 8 de mayo de 1997 en la Cumbre de San Jos, el entonces Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y los lderes de Centroamrica y Repblica Dominicana all presentes acordaron establecer una ILEA Sur en Amrica Latina, para lo cual se tuvieron en cuenta Panam, El Salvador y Costa Rica.

Los motivos por los cuales se eligi Costa Rica segn el Embajador norteamericano en el pas son en primer lugar porque Costa Rica mostr inters, en segunda instancia gracias a que ha sido un pas modelo en Amrica Latina en trminos de desarrollo democrtico, papel de la ley, respeto por los derechos humanos y procesos judiciales, y por ltimo porque es sede de otras prestigiosas instituciones acadmicas regionales como INCAE (Instituto Centroamericano de Administracin de Empresas), CATIE (Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza), EARTH (Escuela de Agricultura de la Regin Tropical Hmeda) y la UPAZ (Universidad para la Paz).

Sin embargo, los costarricenses se preguntan si el establecimiento en su suelo de una academia contra el crimen internacional dirigida por los Estados Unidos aumentar su buena reputacin en materia de democracia o, muy por el contrario, le significar un alto costo a su tradicional imagen neutral y pacifista.

Un debate justificado

Ya no es pan comido para el gobierno estadounidense hacer creer a la sociedad latinoamericana (ni siquiera a los costarricenses que casi siempre jugaron en el mismo bando) que ellos son los buenos de la pelcula y que vienen a salvarnos de nuestras miserias y subdesarrollos tpicos de los pases bananeros y tercermundistas.

Lamentablemente, a causa de guerras, invasiones, golpes de Estado, secuestros, torturas, represin e innumerables mortificaciones a nuestros pueblos, hemos ido perdiendo la ingenuidad en materia de buenos y malos. Es difcil creer que el acuerdo sobre el establecimiento de la ILEA en Costa Rica proponga dentro de sus objetivos el nfasis en el rol de la ley, los derechos humanos, los procesos democrticos cuando la direccin y los programas de la academia estarn comandados por los Estados Unidos, sin ninguna injerencia en lo acadmico por parte de Costa Rica, siendo que la potencia del norte no ha adherido a numerosos tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos.

En una carta dirigida a la Asamblea Legislativa de su pas, la Comisin Costarricense de Derechos Humanos menciona que Estados Unidos no ha adherido al Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, a ninguno de los Protocolos del Pacto de Derechos Civiles y Polticos, a la Comisin contra el Apartheid, a la Convencin sobre la imprescriptibilidad de los crmenes de guerra y de lesa humanidad, a la Convencin sobre la eliminacin de todas las formas de discriminacin contra la mujer, a la Convencin sobre la supresin del trfico de personas y la explotacin de la prostitucin de terceros, a la Convencin sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, a la Convencin de 6 Hawa de 1997 que prohbe las minas antipersonal y se niega a respetar el Protocolo de Kyoto sobre la reduccin de la contaminacin de la atmsfera. Tampoco vot por la creacin de una Corte Penal Internacional y de ms de 170 Convenios de la Organizacin Internacional del Trabajo, slo adhirieron a 12.

De qu derechos humanos o procesos democrticos puede hablar un pas de tradicin guerrerista que ha formado durante la Guerra Fra a ms de 60 mil latinoamericanos (entre ellos presidentes, ministros de las fuerzas armadas y directores de polica) en la tristemente famosa Escuela de las Amricas, de la cual se han dado a conocer manuales de tortura y secuestro contra insurgentes, como el que fue hallado en Paraguay y lleva el ttulo: Cmo mantener vivos a los torturados?

Y si esto no fuera tan evidente, por qu necesitara el Embajador norteamericano en Costa Rica publicar un documento llamado La verdad sobre la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley sosteniendo que quienes se oponen al establecimiento de esta academia tienen una aversin crnica contra los Estados Unidos? Quin podra tenerle una aversin crnica a un pas respetuoso de los derechos humanos, la paz y la justicia?

Siempre hay, por supuesto, oficiales latinoamericanos admiradores de los policas al mejor estilo Hollywood que ven en las pelculas hroes rudos e invencibles con corazn justo y patriota, y aoran que esos sean los que vengan a la ILEA a ensearles cmo combatir el crimen y el terrorismo. As lo debe creer el Jefe de Investigaciones Criminales de la OIJ (Organismo de Investigacin Judicial), Carlos Alpzar Alfaro, al considerar un honor al pas la instalacin de la Academia para el Cumplimiento de la Ley en Costa Rica y resaltar la importancia de la experiencia de policas de renombre como el FBI en la instruccin tan necesaria y esencial para construir una polica moderna y desarrollada.

Pero a la vez existen ciudadanos, organizaciones civiles y polticos costarricenses concientes de la magnitud de un proyecto que de pelcula no tiene nada (excepto el presupuesto) y s mucho de realidad conocida y previsible (aunque no abierta y explcita). Debido a esto, el acuerdo firmado por los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica en el 2002 espera an los votos favorables de la Asamblea Legislativa costarricense que contina encontrando numerosas objeciones al establecimiento de la ILEA en el pas.

Los argumentos en contra no hace falta inventarlos

Muchas son las objeciones que han surgido en los diferentes sectores de la sociedad costarricense y del resto de Amrica Latina; casi tantas como artculos lleva el acuerdo. Una de las principales oposiciones se debe a que el Director de Programa y los Directores Adjuntos de la Academia (ambos cargos destinados a funcionarios estadounidenses) gozarn de privilegios e inmunidades equivalentes a los otorgados a los agentes diplomticos pero se aclara que no se aplicar a ningn individuo de nacionalidad costarricense.

De igual manera, el segundo prrafo del artculo 11 redondea: Costa Rica otorgar a los instructores, asesores, consultores y dems miembros del personal de la Academia que no sean costarricenses, privilegios e inmunidades equivalentes a los acordados para miembros del personal tcnico y administrativo de una misin diplomtica. Segn afirma el Manifiesto ciudadano contra la instalacin en Costa Rica de la Academia para el Cumplimiento de la Ley, estos privilegios ni siquiera los reciben los funcionarios de la UNESCO, la Unin Europea o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Muchos diputados creen por su parte que el pas centroamericano no se encuentra en condiciones de cargar al presupuesto nacional 80 millones de colones anuales (200 mil dlares) para cubrir los costos de mantenimiento, operacin y seguridad de las instalaciones de la academia que debern correr por cuenta de Costa Rica.

Adems, el hecho de que Costa Rica no tenga injerencia en los programas de enseanza y estos queden completamente en manos de los Estados Unidos y su Departamento de Estado despierta temores y desconfianzas. Como afirma Gustavo Cabrera Vega del SERPAJ AL: Si Estados Unidos no reconoce las convenciones de Derechos Humanos universales, con cul autoridad va a entrenar y capacitar para combatir el crimen internacional?.

Ciudadanos y organizaciones sociales se preguntan cul ley es la que se pretende cumplir en la Academia para el Cumplimiento de la Ley. La ley de guerra y muerte de los Estados Unidos? La ley de la selva? La ley del pez grande que se come al ms chico? Y si son las leyes de nuestros pases latinoamericanos las que desean hacer cumplir, por qu no dejan a las naciones soberanas e independientes aplicar su propia ley?

Por supuesto que los Estados Unidos cuentan con una gran infraestructura, tecnologa y presupuesto destinados a enfrentar el crimen y el terrorismo nacional e internacional, y seguramente eso los impulse a querer adiestrar a otros en cmo hacerlo pero evidentemente no se detienen a mirar cunto en realidad han logrado disminuir el crimen en su propio pas (o quizs el crimen no es lo que verdaderamente importa?).

Un plan continental a manera de rompecabezas

Analizando ms en contexto el establecimiento de la Academia para el Cumplimiento de la Ley, podemos observar cmo el adiestramiento de fuerzas policiales y judiciales forma parte de un plan que se articula con un incremento de la militarizacin y las diversas estrategias econmicas a nivel continental.

Hablamos de fuerzas policiales y/o militares y de sistemas de inteligencia preparados para la identificacin, la contencin y la represin de focos sociales de insurgencia que atenten contra la presunta estabilidad (que en realidad no existe) de nuestros pases.

Sin embargo, esto tampoco es aislado ya que camina de la mano con las estrategias econmicas de miseria para nuestros pueblos empobrecidos con las polticas neoliberales y que sufrirn mayores consecuencias an con los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, el rea de Libre Comercio de las Amricas y el Plan Puebla Panam, los cuales permitirn el establecimiento de grandes empresas transnacionales que devastarn a los sectores productivos medianos y pequeos, se apoderarn de nuestros recursos humanos (en mano de obra barata) y naturales (con biopiratera, organismos genticamente modificados, patentes y dominio de las tierras).

Una Academia para el Cumplimiento de la Ley en Costa Rica no es ms que un agregado al Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Instituto de Cooperacin para la Seguridad Hemisfrica (antes Escuela de las Amricas), los miles de operativos y cooperaciones militares brindados por los Estados Unidos a los pases de Amrica Latina y el Caribe a manera de formacin, ayuda econmica o venta de armas, las bases militares existentes en gran parte de los pases del continente, y las 275 instituciones y academias militares en suelo norteamericano.

Esto no le resta importancia a la ILEA, por el contrario la posibilidad de enfrentar el establecimiento de la academia nos permite luchar una vez ms por la paz con justicia y dignidad que nuestros pueblos aclaman y merecen.

Ahora bien, ante la demora de la Asamblea Legislativa costarricense en aprobar el acuerdo sobre la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, la potencia del norte parece decidida a barajar otras opciones con lo que el agregado poltico de la embajada estadounidense, Peter Brennan, afirm a los medios: ya Washington dijo que si no se define en poco tiempo analizara otros pases, como Repblica Dominicana o El Salvador.

Pasara en ese caso a ser la instalacin de la ILEA una lucha dominicana o salvadorea, luego de un triunfo costarricense? Adems de la importancia que tiene que cada nacin pueda hacer prevalecer su soberana, es relevante tener en cuenta que estas estrategias tanto las militares como las econmicas se encuentran articuladas de manera tal que involucran a todos y cada uno de nuestros pases de Amrica Latina y el Caribe.

Entenderlo as fomenta la participacin de organizaciones civiles y redes sociales de todo el continente que ven el trabajo conjunto como un esfuerzo fundamental de la resistencia. La CADA (Campaa por la Desmilitarizacin de las Amricas) constituida por diversas organizaciones sociales de Amrica, se encuentra promoviendo, por ejemplo, dentro de la semana por la desmilitarizacin en Amrica Latina la realizacin de una serie de manifestaciones y actividades en los pases mesoamericanos para el 22 de noviembre de este ao poniendo nfasis en la oposicin a la implementacin de la ILEA en Costa Rica.

La articulacin de acciones regionales, continentales y por qu no mundiales son las que nos permitirn hacer frente a las polticas econmicas y las estrategias militares que pretenden continuar oprimiendo a nuestros pueblos e incrementar cada vez ms esa opresin.

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