LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SALVADOR

La privatización del servicio de distribución de energía eléctrica

Introducción

Las privatizaciones en El Salvador se inscriben en el conjunto de reformas institucionales
contenidas en los Programas de Estabilización Económica (PEE) y de Ajuste Estructural
(PAE), desde los cuales se buscaba la liberalización de la economía a través de la
desregulación de precios y la apertura externa, y la redefinición del papel del Estado
mediante un proceso de privatización y de focalización del gasto público.
La orientación de las reformas institucionales del sector público se fundamenta en la
crítica persistente, que se ha realizado sobre la intervención pública en la actividad
económica
1
; al principio se enfatizaba en las distorsiones en precios y cantidades
derivadas de la acción del Estado, luego la crítica se desplazó hacia la dicotomía entre la
“ineficiencia” en la asignación pública de los recursos frente a la “siempre eficiente
asignación privada”. En este plano, el enunciado de las reformas institucionales
planteaban como principal desafío el logro de un Estado más pequeño y eficiente
2
, se
buscaba incrementar la “confianza en el mercado y en el sector privado” a partir de las
“dudas y desconfianza hacia la administración y planificación” del sector público.
En la línea de las reformas institucionales en El Salvador se impulsó la implementación
del Programa de Modernización del Sector Público – -que también incluía la
“modernización” del sector energía- -. En el enunciado de dicho programa se plantea
reestructurar la burocracia del Estado para hacerla más eficiente y reducir sus costos;
despojar al Estado de aquellos activos y funciones que están relacionados con el
suministro de servicios públicos que el sector privado puede asumir de manera rentable y
ayudar a establecer los marcos institucionales, legales y regulatorios que fomentarían la
inversión privada.
Aunque las reformas institucionales se presentaron con la viñeta de “modernización del
Estado”, en la práctica éstas se tradujeron en la generación de condiciones para propiciar
la privatización de las empresas públicas, y con ello la transferencia al sector privado de
los bienes y servicios producidos o distribuidos por el Estado. Desde los organismos
financieros multilaterales se planteaba la importancia de las privatizaciones como una
condición básica para el crecimiento de la productividad y el mantenimiento de la
competitividad de la economía; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostenía
que la privatización de los servicios públicos permitiría “situar al país estratégicamente
en la economía global y el desarrollo de proyectos de infraestructura para promover las
exportaciones”
3
.

1
Ver Rosales, Osvaldo (1990): El Debate sobre Ajuste Estructural en América Latina, p. 4, enero, ILPES,
Santiago.
2
En el plano teórico y desde la perspectiva de los PAE, las reformas a la gestión y el manejo del sector
público buscaban: aumentar el ahorro del sector público, mejorar la efectividad de la inversión pública y la
revisión de las prioridades de los planes de inversión pública., y reducir y/o hacer más eficiente el tamaño
del Sector Público. Ver Rosales, Osvaldo, Op Cít.
3
BID (1997): “El Salvador Country Paper” Departamento de Operaciones Regionales II. División por país La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 2
El proceso de privatización
El proceso de privatización en El Salvador dio inicio en 1989, con la “reprivatización de
la banca”
4
. Ésta se presentó como una exigencia indispensable para liberalizar el sistema
financiero, condición que aunada a la apertura comercial y estabilidad macroeconómica
5
permitirían alcanzar adecuados niveles de crecimiento de la económico nacional.
Así, con la privatización de la banca nacionalizada se inauguró la primera generación en
los procesos de reforma económica. En este contexto, y desde el enfoque que
desarrollaron las administraciones Cristiani (1989-1994) y Calderón (1994-1999), la
privatización se proponía reducir el tamaño del Estado, disminuir el déficit fiscal, prestar
mejores servicios y proveer al Estado recursos inmediatos, los cuales serían utilizados
para cancelar la deuda a corto plazo e invertir en infraestructura social o gasto social
6
.
La segunda generación de reformas (entre 1990 y 1993) aparece con la venta de
empresas del Estado que no producían estrictamente servicios públicos, tales como las
cementeras, los hoteles y los ingenios, entre otras. Las ventas de estos activos públicos,
conjuntamente con los ingresos de la reprivatización de la banca, escasamente generaron
dos millones de colones
7
, cantidad mínima si consideramos que en el caso de la
privatización bancaria ha sido el Estado, a través del Banco Central de Reserva (BCR),
quien asumiera el saneamiento de la cartera morosa que reportaba la banca anteriormente
nacional, que se valoró en aproximadamente de un mil 700 millones de colones
8
.
Desde 1993 se comienza a preparar el marco legal y el diseño de los mecanismos de
implementación de la tercera generación de reformas, aunque es a partir de 1996
cuando se inicia con la privatización de los servicios públicos como la distribución de
energía eléctrica, las telecomunicaciones y las pensiones. Merece destacar una curiosa
coincidencia en el interés expresado por las compañías transnacionales –especialmente en
el ámbito de las telecomunicaciones y energía- – en la adquisición de las empresas
públicas salvadoreñas, y el énfasis puesto en los organismos financieros multilaterales
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo)
en la necesidad de privatizar dichos servicios.
Se prevé que con la finalización del proceso de privatización de la transmisión y
generación de energía eléctrica se continuará con otros servicios públicos como la
seguridad social y la distribución del agua potable, principalmente; aspectos que en la
actualidad están siendo debatidos por diferentes sectores sociales, económicos y políticos
del país.

3, borrador junio.
4
Ver: SAPRIN (2000): El impacto de los Programas de Ajuste Estructural y Estabilización Económica en
El Salvador, Cap. II. Liberalización del Sistema Financiero, San Salvador.
5
Análisis Editorial “La privatización: el fanatismo económico de la modernización”, Revista ECA de la
UCA No. 593, marzo de 1998.
6
Ibíd
7
Ibíd
8
Ver: SAPRIN (2000), Op Cít.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 3
El marco institucional y regulatorio
Con el arribo del segundo gobierno de ARENA, se crea por Decreto Ejecutivo
9
la
Comisión Especial para la Modernización del Estado, dejando con ello establecidas las
bases legal e institucional para el proceso de “Modernización del Sector Público”
10
.
Los objetivos del Programa de Modernización del Sector Público enunciaban los
siguientes propósitos: a) reorientar el papel del Estado hacia las actividades que le
corresponden en una economía de mercado, b) cambiar la cultura de la Administración
Pública para orientarla a valores y actitudes de servicio al público, transparencia y
responsabilidad, c) lograr incrementar la cobertura, calidad y eficiencia de los servicios y
acciones de la Administración Pública y, d)lograr el funcionamiento de mecanismos de
control de la sociedad sobre los productos y decisiones de la Administración Pública.
El primero de los servicios considerados en el proceso de privatización fue la distribución
de la energía eléctrica. Desde 1991 se comienza a establecer el marco legal y las
condiciones institucionales que posibilitarían la venta de estas empresas públicas, el
primer paso se da con la formulación del Anteproyecto de Ley para privatizar el
servicio
11
, que termina en 1993, y a partir de entonces se comienzan a crear las
condiciones para la privatización, lo que finalmente se realiza en 1995.
A manera de precedente, en 1986 La Ley Transitoria de la Administración de Empresas
Eléctricas
12
determinó a favor de la devolución de las empresas distribuidoras de energía
eléctrica al Sector Público (CEL) después de 50 años de haber estado concesionadas a
empresas privadas; sin embargo, ocho años después la misma CEL prepara las bases
13
para la reconversión de la administración del servicio de distribución de energía eléctrica,
a través de un la creación de un Plan Integral de Gestión del Servicio Público de
Distribución
14
, el cual establecía la necesidad de que las empresas retornasen al sector
privado y se establecía el mecanismo a través del cual se podría transferir a los
trabajadores, empleados y funcionarios del sector, parte del capital de las sociedades
distribuidoras. Esto se plasmó en las posteriores legislaciones para legitimar la
participación accionaria de los/as trabajadores/as del sector.
En este contexto, la Central Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), constituía el principal
ente generador, transmisor y distribuidor de energía eléctrica en el país, seguido por la
Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) – -cuya función básica era
la distribución de energía eléctrica- -. Los pasos fundamentales para llevar a cabo la
privatización del servicio se iniciaron con la reestructuración de CAESS, que consistió en
la creación de dos empresas: la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO) y Del Sur, que
inicialmente se desarrollaron sin activos propios y subsidiadas desde CAESS, hasta

9
Decreto Ejecutivo No. 97 del 1 de noviembre de 1995.
1 0
Folleto informativo del Programa y de la Comisión publicado por el Ministerio de Economía, 1996.
1 1
Según entrevista con el Lic. Wilfredo Flores Jefe del Departamento de Comunicaciones de CAESS.
1 2
Decreto Legislativo No. 511 del 13 de noviembre de 1986
1 3
La Ley Transitoria para la Gestión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, aprobada
por decreto legislativo del 22 de septiembre de 1994.
1 4
Acuerdo Ejecutivo No. 283 del 22 de febrero de 1996. Ver: Reporte de NOTICEL, agosto de 1997.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 4
finales de 1996 que se crearon condiciones para que éstas se independizaran. Por otra
parte, se crea una empresa para la zona occidente del país denominada Compañía de Luz
Eléctrica de Santa Ana (CLESA) y se constituye la Superintendencia General de
Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)
15
, como el ente público responsable de
asegurar el cumplimiento de las leyes aplicables y regulaciones relacionadas con los
sectores electricidad y telecomunicaciones en el país.
La SIGET se define como una institución autónoma cuya máxima autoridad es el
Superintendente General, nombrado por el Presidente de la República, el cuál serviría por
un período de 7 años
16
. Las responsabilidades de la SIGET incluyen la fijación de tarifas
máximas para los usuarios/as finales del sector residencial con bajo consumo de
electricidad que demanda un período transitorio (planteado inicialmente en un año, desde
donde se iría disminuyendo el subsidio), la aprobación de las tarifas establecidas por los
distribuidores en sus propias áreas, hacer cumplir los requisitos regulatorios del sector de
electricidad y pena lizar por el incumplimiento a dicha regulación, así como resolver
conflictos entre los operadores y presentar los correspondientes Reglamentos a su ley de
creación a fin de que fueren aprobados por la Presidencia de la República.
Posterior a la Ley de creación de la SIGET, se aprueba la Ley General de Electricidad
17

que viene a sustituir a la Ley de Servicios Eléctricos de 1936
18
. La nueva Ley, según se
suscribe, tiene como principal objetivo “promover un mercado de electricidad
competitivo en El Salvador”
19
, con lo cual define el rol de la SIGET en la operación del
Mercado Mayorista y la coordinación del transporte de energía desde las plantas
generadoras, así como la seguridad y la calidad de servicio, la operación de la red de
transmisión, e informar a los participantes en el mercado sobre los efectos económicos
de las transacciones en el mercado regulador del sistema.
La Ley General de Electricidad también establece un “esquema de competencia abierta”
para desarrollar la generación termoeléctrica en El Salvador, según ciertas
interpretaciones de la ley, dicho proyecto no requiere de aprobación específica del
Órgano Legislativo sino sólo de ser registrados ante la SIGET; sin embargo, a finales de
1998, fue presentado un Anteproyecto de Ley a la Asamblea Legislativa proponiendo la
privatización de la generación de energía eléctrica, empezando por la generación de
energía termoeléctrica
20
. A partir de esta ley se espera que las generadoras vendan
energía a través del mercado mayorista de electricidad, el cual consistirá de un mercado
de contratos y un mercado regulador del sistema, basado en un sistema de oferta y
demanda de energía.

1 5
Ley de creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, del 12 de
septiembre de 1996, Decreto Legislativo No. 808,.
1 6
No obstante, a pocos meses de haber sido nombrado el primer Superintendente fue destituido por el
mismo Presidente de la República.
1 7
Decreto Legislativo No. 843, del 10 de octubre de 1996.
1 8
En este año se otorgaron las concesiones a las empresas privadas para distribuir la energía eléctrica.
1 9
Según referencia de NOTICEL, agosto de 1997.
2 0
Según información brindada por el responsable de la sección de información y bibliotecas de la
Asamblea Legislativa.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 5
En febrero de 1997 se aprueba la Ley de Creación del Fondo de Inversión Nacional en
Electricidad y Telecomunicaciones (FINET)
21
, y en julio de 1998 se aprueba la Ley del
Fondo de Inversión de Electricidad y Telefonía
22
, en cuyos considerandos destaca “que
los servicios de electricidad y telefonía, son factores determinantes para el desarrollo
económico y social de la población, por lo que es necesario dictar las normas para
asegurar la más amplia cobertura de los mismos en todo el territorio nacional y en
especial a los sectores rurales y los de menos ingresos de la población”.
El FINET nace con un patrimonio propio y siendo administrado por el Fondo de
Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), aunque la
representación legal del FINET le correspondería al Presidente del Consejo de
Administración del FISDL, también se relacionaría con los órganos del Estado a traves
del Ministerio de Economía.
El FINET tiene entre sus atribuciones: subsidiar la construcción y mejoramiento de la
infraestructura para el suministro de energía eléctrica y la prestación de servicios de
telefonía en las áreas rurales de bajos ingresos; subsidiar el consumo de energía eléctrica
y de los servicios de telefonía en áreas rurales de bajos ingresos, siempre que estos sean
de beneficio comunal; y considera como beneficio comunal los consumos de energía
eléctrica asociados a proyectos de extracción, bombeo, y rebombeo de agua y los
inmuebles utilizados para la prestación de servicios de educación y salud, cuando estos
sean propiedad o estén bajo la administración de las comunidades, independientes de la
forma en que se hayan constituido u asociado.
En abril de 1997 se aprueba la Ley para la venta de acciones de las Sociedades
Distribuidoras de Energía Eléctrica
23
, en base de la cual se distribuye en porcentajes la
participación accionaria por cada empresa, siendo un 75% para inversores ma yoristas, y
el resto para trabajadores/as del sector, con otro porcentaje para la bolsa de valores local.
Posteriormente, con la aprobación del Decreto Legislativo No. 47 se faculta a la CEL a
fijar el precio de las acciones para los trabajadores en un equivalente al 80% del valor en
los libros al momento de efectuar la transferencia.
La estructura del sector eléctrico
El Ministerio de Economía es el ente responsable a nivel normativo de la conducción del
sector energía, y la CEL es la institución autónoma responsable de generar y distribuir la
energía eléctrica en el país
24
. La CEL posee y opera las plantas generadoras de energía
eléctrica más grandes del país, posee y opera el sistema de transmisión de alto voltaje,
administraba como las empresas públicas de distribución que fueron retomadas en 1986,
cuando terminó la concesión que el Estado había dado a compañías privadas de

2 1
Decreto Legislativo No. 960, del 5 de febrero de 1997.
2 2
Decreto Legislativo No. 354, del 9 de julio de 1998.
2 3
Decreto Legislativo No. 1004, del 10 de abril de 1997.
2 4
Evaluación del Sector Infraestructura de Energía Eléctrica y telecomunicaciones realizado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Misión El Salvador, febrero de 1990.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 6
distribución de energía eléctrica. La CEL estuvo encargada de la venta de productos de
petróleo de la refinería privada (antes del proceso de privatización de la distribución de
energía), del establecimiento de las tarifas eléctricas, la definición de los límites de
autoridad de las empresas de servicios y problemas relacionados eran manejados por el
Comité Económico del Gobierno.
CEL construyó cuatro plantas hidroeléctricas entre 1954 y 1982, desarrolló el sistema de
transmisión de alto voltaje que ahora une a casi todo el país, construyó plantas a base de
combustible de petróleo y proyectos geotérmicos. Además de su propio sistema de
distribución, CEL administraba las otras redes de distribución del país constituidas por 7
empresas, que participaban con el 87.5% de la distribución total de energía eléctrica,
siendo el 12.50% restante el distribuido directamente por CEL.

A mayo de 1993 el sector de la distribución de energía eléctrica estaba compuesto por
cinco empresas, cuatro de las cuales (CAESS, CLESA, CLES, CLEA) estaban
constituidas como sociedades anónimas, siendo su accionista mayoritario CEL, y una
quinta empresa, DISCEL, encargada de la distribución rural, esta última se articulaba
como una de las siete gerencias de CEL y, por tanto, estaba sometida al régimen de
instituciones autónomas del sector público.
En el proceso de reestructuración del sistema de generación y distribución de energía
eléctrica de CEL, para 1996 sus ventas totales tuvieron una cobertura del 94% con
relación a la cantidad de energía demandada en ese año por el mercado nacional
25
. El
sistema de transmisión de energía durante fue objeto de dos amplios y exhaustivos
programas de reconstrucción, rehabilitación, ampliación y expansión durante 1996, lo
que implicó un significativo monto de inversión por parte de CEL para reconvertir el
sistema.
Las empresas que quedaron al final del proceso de reestructuración del sistema de
distribución de energía eléctrica fueron: Compañía de Alumbrado Eléctrico de San
Salvador S.A. de C.V (CAEES), Compañía de Luz Eléctrica de Santa Ana S.A. de C.V
(CLESA), Distribuidora de Electricidad del Sur S.A de C.V (DELSUR) y Empresa
Eléctrica de Oriente S.A de C.V. (EEO). Finalmente, cada una de estas cuatro empresas
era propietaria de una red de distribución orientado su servicio regionalmente: CAEES en
la región centro- norte, DELSUR en la región centro-sur, CLESA en la región occidental
y EEO en la región oriental; y en su conjunto absorbieron las diferentes zonas de
electrificación rural de CEL.
A fines de 1996, las cuatro empresas reestructuradas en el servicio de distribución de la
energía eléctrica quedaron funcionando con perfiles muy específicos a partir de sus radios
de acción y sus antecedentes. En cuanto a la cobertura de los clientes figura en primer
lugar CAESS, luego DEL SUR, CLESA y EEO respectivamente; el mismo patrón se
repite con el número de personal empleado, con la particularidad de que CAESS brindaba
la mayor parte de su cobertura a población rural y al ámbito industrial del país.

2 5
Cantidad medida en Megaherz: GMh, Ibíd.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 7
CUADRO No. 1
Estructura del mercado de distribución de energía eléctrica
1996
RUBRO CAESS DELSUR CLESA EEO
Número de clientes 369,535 182,713 178,326 119,826
Número de
empleados
624 266 336 179
Millones de US $
Nivel de ventas 56.9 40.3 46.5 14.2
Ganancias netas 5.2 2.3 2.9 1.7
% de ventas por sector de consumo de energía eléctrica
Residencial 35.14 39.91 33.11 57.53
Comercial 15.18 16.21 11.39 17.05
Industrial 43.37 31.21 42.30 14.62
Otros 6.31 12.67 13.20 10.80
FUENTE :Elaboración propia en base a datos facilitados por CEL.
En cuanto al nivel de ventas, durante 1996, CAESS registró el mayor nivel de facturación
seguida por CLESA, luego DELSUR y finalmente EEO; y sus ganancias netas también
mantienen la relación, CAESS registra el mayor monto, representando el 42.97% de la
suma de las ganancias netas de las cuatro empresas, seguido por CLESA con un 23.96%,
DELSUR con un 19% y EEO con un 9.09%.
En lo que a venta por sector de consumo se refiere, en el sector residencial, EEO registra
la mayor cobertura en términos relativos, con un 57.53%, también sobresale en su
cobertura al sector comercial; mientras que en el sector industrial, CAESS registra la
mayor cobertura con un 43.37% de su distribución de energía, dada su presencia
preeminente en la zona urbana del país.
La venta de las empresas distribuidoras de energía eléctrica
En abril de 1997 se abrió el proceso de licitación
26
de las empresas, el 20% de las
acciones de las empresas distribuidoras serían reservadas para los trabajadores del sector
o bien para “inversionistas prioritarios”. La firma Dresdner Kleinwort Benson distribuyó
información a las partes que podrían estar interesadas en adquirir participaciones
mayoritarias en EEO, CAEES, CLESA y DELSUR y realizó las sesiones de venta el 20
de enero de 1998, su precio base fue conocido solamente por las 6 firmas interesadas en
la compra y el capital contable de las cuatro empresas ascendía a 1,240.364.026
colones
27
.

2 6
CEL promovió la licitación “ servicios de asesoría Financiara para la venta de acciones de las
sociedades distribuidoras de energía eléctrica”, a la cual tres empresas consultoras internacionales
presentaron propuesta, siendo electa Dresdner Kleinwort Benson en sesión de Junta Directiva Nº 2703 de
fecha 22 de mayo de 1997; mientras que a nivel local, la Corporación Ahorromet colaboró con la asesoría
para el proceso de venta.
2 7
Según la revista NOTICEL y la Sección El Financiero de La Prensa Gráfica en un artículo aparecido el
20 de enero de 1998: “Venta millonaria de distribuidoras eléctricas”.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 8
Los montos de las ventas facturadas en el ejercicio del último año (1996) y las ganancias
netas de las empresas, que ascendían entre las cuatro a 12.1 millones de colones,
representaban un enorme atractivo para los inversionistas; pero a la vez dejan una imagen
en proyección de las ganancia que CEL dejaría de percibir con la privatización de estas
empresas.
Las empresas inversionistas que participaron en la subasta fueron: El Salvador
Distribution Group, ENERSAL C.A., Electricidad de Centroamérica S.A. de C.V., AES
El Salvador Ltd, Unión Fenosa Desarrollo y Acción Exterior S.A/Empresa Distribuidora
Eléctrica Regional S.A., ENDESAR/Energy Power Perú S.A. Cada una apostaron al 75%
de las acciones totales de cada empresa ya que el otro 20% quedaba destinado a los/as
trabajadores del ramo y el 5 % restante a la bolsa de valores local.
Según información difundida en enero del 1998, por dirigentes del Sindicato de
Trabajadores/as de CEL
28
de los 244.9 millones de colones en acciones preferenciales
reservadas para los trabajadores se habían vendido 242 millones, o sea el 96.8 % de las
acciones dirigidas al sector trabajador preferencial: CEL y ES Eléctrica, quienes a
diferencia de los demás trabajadores/as podían tener acceso a acciones de cualquiera de
las cuatro compañías. Mientras que según el sindicato de CEL
29
, en CAESS se dejo de
vender un total de acciones de 1.5 millones de colones y en DELSUR un equivalente a
medio millón debido a que algunos trabajadores optaron por no comprar, por lo que el
residuo fue subastado en el mercado local.
Finalmente, se consumó la venta de las cuatro distribuidoras de Energía Eléctrica, por un
total de US $ 586 millones de dólares, siendo adquiridas de la siguiente forma: CAESS y
EEO, comprada por ENERSAL C.A. de Venezuela, por US $ 297 millones30; DELSUR,
comprada por Electricidad de Centroamérica S.A. de C.V, de Chile, por US $180
millones; CLESA, comprada por AES El Salvador Limited, de Estados Unidos, por US $
109 millones. El restante 25% de acciones de las tres distribuidoras eléctricas se
vendieron de la siguiente manera: trabajadores de CEL el 20%, Bolsa de Valores el
restante 5%.
A la fecha no es conocido el informe oficial que especifique el monto de ingresos totales
producto de esta generación de privatización, ni del proceso que se siguió en la venta de
las acciones de los trabajadores, ni de las que están manejándose en la bolsa de valores.
Según información obtenida en la SIGET, existe una dependencia en esta
Superintendencia que se encarga de dar seguimiento al proceso de venta y movimiento de
acciones de las distribuidoras en la Bolsa de Valores.
Principales resultados e impactos
de la privatización de la distribución de energía eléctrica

2 8
Declaraciones del Secretario de ATCEL del día 20 de enero de 1998 aparecidas en La Prensa Gráfica,
sección El Financiero.
2 9
Ibid anterior.
3 0
Según fuentes de CEL y SIGET.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 9
La calidad del servicio
Esgrimiendo el argumento de la ineficiencia de la administración pública en la provisión
del servicio de la distribución de energía eléctrica se justificó la venta de las empresas del
Estado, en este sentido se preveía con la administración privada una mejora en la calidad,
cobertura y el coste del servicio; sin embargo, la evaluación de la reforma no presenta
mejoras significativas en ninguno de los tres aspectos.
Previo a la privatización, la calidad de este servicio público era muy discutible, esto por
los bajos niveles de inversión y la no renovación de sus equipos realizados antes de ser
asumidas por la CEL. Pese a que esta institución absorbe la deuda pendiente de las
empresas privadas concesionadas y los costos derivados de su reconversión y
reestructuración – -con el fin de que éstas presentaran altos niveles de rentabilidad para
hacer atractiva su venta
31
—, las empresas privatizadas no han proveído servicios de mayor
calidad.
A pesar de la existencia de un ente regulador y supervisor para el monitoreo de la
prestación del servicio, como la SIGET, los/as usuarios que han presentado demandas a
organismos no gubernamentales como el Centro para la Defensa del Consumidor
(CDC)
32
, manifiestan anomalías que van desde facturaciones indebidas por lecturas no
correctas de medidores, suspensiones del servicio sin previo aviso, cortes frecuentes en el
suministro del fluido eléctrico, fallas en la dinámica sostenida de la energía entre otras,
pero principalmente, cobros excesivos.
Valoraciones de CAESS y DELSUR sobre la supervisión desarrollada por la SIGET
indican que ésta se ha reducido a auditorias, centradas en aspectos contables y
administrativos, lo cual refleja la carencia de instrumentos de monitoreo y seguimiento
integral de qué hacer de las empresas , de manera que puedan convertirse en herramientas
del control de calidad que redunden en un eficiente servicio para la población usuaria.
Esta percepción se ve reforzada en los resultados de una encuesta realizada por uno de los
principales matutinos nacionales, publicada en septiembre de 1999, donde el 81% de la
población encuestada a nivel nacional opina que el servicio privatizado no es de mejor
calidad que antes.
La cobertura y el acceso del servicio
Dada la escasa información disponible y el poco tiempo transcurrido desde el proceso de
privatización de estas empresas, un análisis comparativo sobre el nivel de acceso y
cobertura del servicio sería muy superficial; no obstante prevalece entre la población la
percepción de que no se refleja un incremento en la cobertura ni en el acceso de mayor
número de población, ya que el mayor énfasis de las empresas se ha focalizado en

3 1
Ver las cifras y los niveles de rentabilidad que presentaron las empresas luego de ser retomadas por el
Sector Público a través de CEL, presentadas en el capítulo 2 de esta parte de la investigación.
3 2
Ver en la página siguiente el cuadro de denuncias del CDC y su clasificación durante 1998.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 10
readecuar su funcionamiento y comenzar un proceso de recuperación sostenida en su
inversión.
Pese a que las empresas distribuidoras de energía eléctrica manifiestan no disponer de
una base de datos desagregada por sexo, la actual estructura de usuarios/as registra un
80% de hombres y apenas un 20% de mujeres, esto nos permite inferir el limitado acceso
de las mujeres a los recursos, la propiedad de viviendas y los negocios.
Los sectores participantes en el ejercicio de consulta, entre ellos directivas comunales
urbanas, rurales y mujeres, coincidieron en plantear que durante este período las mujeres
de los sectores sociales de menores ingresos han sido más afectadas, dado su doble o
triple rol (jefa de familia–proveedora, ama de casa y participante en las labores y
gestiones comunales), dado que en el 80% de los casos estudiados en los Talleres de
Consulta, las mujeres tuvieron que incrementar su jornada doméstica hasta en un 20%
adicional (3 horas de trabajo extra), para tratar de sustituir o ahorrar el consumo de este
tipo de energía. Esto influye en el detrimento de su calidad de vida y profundiza las
desigualdades genéricas.
El precio del servicio
El incremento de tarifas es evidente, al comparar el incremento ocurrido entre la década
de los ochenta (12.20%) y la de los noventa (86.76%) experimentamos un aumento de
más del 700 %, situación que se vuelve más dramática a partir de 1995.
La variación en las tarifas entre el período de la “modernización del sistema” (1996 y
1998) afecta en forma diferenciada a la población, según el nivel de consumo. En este
período se tiene un incremento promedio del 47.2% en el rubro de menor consumo y de
24.3% en los mayores, lo que implica que la mayor parte de la población, que se ubica en
los menores rangos de consumo, es quien se ve mayormente afectada con el incremento
en las tarifas de energía eléctrica.
Al analizar por separado la variación en las tarifas por cada una de las empresas,
encontramos que en los tramos de menor consumo, EEO y CLESA registraron mayores
niveles de incremento tarifario – 50.1% y 46.1%, respectivamente -; mientras que
CAESS registró el menor incremento con un 28.6%, aunque también impacte en mayor
medida a la población de escasos recursos, que se ubica en los tramos de menor consumo
de energía eléctrica.
Esta situación contrasta con la variación de tarifas que se registra en los tramos de mayor
consumo en los cuales tampoco se carga el IVA. Para el tramo de 550 Kwh., que
corresponde a un número de reducido de clientes, principalmente empresas industriales,
comercio y servicio se registra un decremento en el nivel tarifario; CAESS reporta una
reducción del 6.5%. Además, estas empresas se benefician con la posibilidad de
cambiarse de entre proveedora, dados sus altos niveles de consumo.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 11
El impacto de la privatización del servicio de energía eléctrica en la calidad de vida de
mujeres y hombres de distintas edades es evidente, y resulta más agravado cuando lo
relacionamos con la situación de pobreza en que vive la mayoría de los hogares, dada la
cifra de 234 mil hogares sin capacidad de cubrir sus necesidades mínimas alimentarias
33
,
lo cual en términos de distribución de ingresos se refleja en el hecho que un 20% de los
hogares más ricos reciben el 50% de los ingresos totales generados en la economía
nacional, mientras el 20% más pobre escasamente recibe el 5%
34
.
Caso especial es el suscitado con las comunidades rurales que se congregan en lo que se
denomina PLANSABAR, Plan de Abastecimiento de Agua Potable para Comunidades
Rurales, donde la energía eléctrica era subsidiada por el sector público para que se
pudiera generar agua potable para ellas. Con la priva tización del servicio de distribución
de energía fueron seriamente afectadas dado que se les incrementó el costo del servicio
eléctrico hasta en un 200 y 300%, tarifas que son pagadas colectivamente a través de la
organización comunal en cada una de las comunidades pertenecientes a este Plan.
Esta situación de las tarifas eléctricas se dio pese a que en el artículo 23 de la Ley del
FINET se plantea que dicho fondo subsidiará el pago de este servicio para las
comunidades, pero esto no fue regulado ni viabilizado oportunamente por los entes
responsables desde el gobierno. Esta situación ha generado conflictos entre las
comunidades y las empresas que exigen les sea pagado el servicio a costos de mercado,
planteando incluso amenazas de suspenderlo, lo que a pesar de haber generado un
movimiento social y organizado de las comunidades rurales, con el apoyo de entes como
el CDC que han presionado por su solución, no se había resuelto a la fecha de
presentación de los resultados de este trabajo.
La eficiencia en la provisión del servicio
Con la privatización de los servicios públicos se buscaba elevar el ahorro estatal derivado
de una mayor eficiencia, del aumento de las tarifas de los servicios públicos y la
eliminación de la práctica de los subsidios; a casi dos años de la venta de las empresas
distribuidoras de energía eléctrica, la prometida eficiencia resulta discutible.
El ahorro que se esperaba obtener a través de la privatización de este servicio resulta una
ficción dados los gastos de reconversión y de funcionamiento que ha conllevado la
creación de la SIGET. Por otra parte, para garantizar la prestación del servicio de energía
eléctrica en zonas no rentables, se mantienen subsidios a las empresas privatizadas que se
financian con fondos sociales, con lo cual se cae cualquier argumentación que busque
justificar la eficiencia de las empresas proveedoras del servicio.
En lo que al subsidio respecta, aunque la intención inicial fue suspenderlo gradualmente
en el lapso de un año, con la meta de sincerar los precios (calcular montos reales de los
precios) bajo acuerdos iniciales entre la SIGET y las cuatro empresas distribuidoras,
sobre la base de la mínima rentabilidad que para las empresas representa el llevar la

3 3
Ver: Moreno, Raúl (1999): Alternativas para El Desarrollo No. 57, enero-febrero, FUNDE.
3 4
Ibíd.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 12
electricidad a zonas rurales y marginales urbanas del país, el Estado tuvo que crear un
Fondo destinado para este tipo de ampliación de servicio. Adicionalmente, se siguió
subsidiando el consumo de energía eléctrica domiciliar de montos de consumo menor a
través de un fondo social, dados los costos de comercialización de las empresas que
representaban un incremento drástico en las tarifas.
Como segundo gran objetivo de la privatización se buscaba mejorar el costo la
efectividad de la inversión pública y la revisión de las prioridades en los planes de
inversión, lo que resulta contradictorio dado que los ingresos vía privatización del
servicio de distribución de energía eléctrica han sido orientados fundamentalmente al
gasto corriente del sector público. A su vez, el balance coste-beneficio de la privatización
en materia de la privatización de este servicio, refleja un discutible efecto positivo en las
finanzas públicas, dados los costos de supervisión y subsidio social, aunque todavía es
muy prematuro medirlos cuantitativamente.
El adelgazamiento del Estado y el fomento de la competencia
En cuanto al propósito de reducir el tamaño del Estado vale señalar que un significativo
número de trabajadores/as pasaron a formar parte del sector privado; no obstante, en otros
espacios ramas el sector público expandió el número de plazas y el nivel de contratación,
además de la creación de nuevas instituciones para enfrentar los efectos de estas medidas
(SIGET y Fondos Sociales). En consecuencia, la reducción del tamaño del sector todavía
no muestra una reducción significativa.
En relación a la búsqueda de apertura de mercado y libre movilidad de clientes entre las
cuatro empresas en competencia en el país, los resultados son mínimos ya que la clientela
en disputa entre las empresas distribuidoras es aquélla que tienen acceso a una movilidad,
que le permite optar por una de las cuatro empresas y representa apenas un 20% de la
cartera de usuarios/as. En este grupo se las grandes empresas industriales, de comercio y
servicio, a las cuales les resultaría rentable invertir en movilizar equipos y operaciones a
otras zonas fuera de su jurisdicción, mientras que el 80% restante no tienen posibilidad
alguna de movilidad o cambio, aunque tuvieran serios cuestionamientos al servicio que
están recibiendo. Esto representa un importante desafío al esquema de libre competencia
buscado precisamente como propósito central de esta medida.
A diferencia de la primera generación de reformas que ha sido ampliamente criticada por
la falta de transparencia en su manejo e implementación, en esta segunda generación
hubo más debate público al respecto; sin embargo, la percepción más generalizada de la
población consultada evidencia que las medidas a implementar, el marco regulatorio, el
funcionamiento de la Superintendencia, los criterios de supervisión, la regulación de las
tarifas, entre otros hechos, no fueron informados ni conocidos suficientemente por la
opinión pública; por lo que muchos sectores sociales continúan percibiendo una falta de
transparencia en el manejo de estos procesos y una nula participación de la sociedad civil
en la toma de decisiones y la orientación de los mismos.
Repercusiones en la capacidad productiva y reproductiva de mujeres y hombresLa Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 13
Si consideramos que además del ámbito productivo de la economía, que es reflejado en el
sistema de cuentas nacionales, en la dimensión económica existe también un ámbito
reproductivo, donde se reproduce la vida material que hace posible el que los seres
humanos podamos subsistir. Este ámbito que por la forma de socialización y de cómo se
va construyendo el ser mujer y el ser hombre en nuestras sociedades es considerado
femenino aunque se registra participación también masculina, no es considerado como
generador de valor económico, a pesar de la funcionalidad y viabilidad que le da al
sistema económico.
Tomando en cuenta además, de que en este ámbito se invierten en cada hogar y familia
decenas de horas de trabajo para hacer posible esta reproducción de la vida material,
dicha funcionabilidad en la organización de la vida social que refleja lo que se denomina
una “doble jornada” en el caso de las mujeres que además de ser proveedoras (que
realizan un trabajo remunerado), realizan trabajo doméstico (ámbito reproductivo), esto
se ve también afectado por medidas económicas como las desarrolladas por los PAE.
Medidas como la privatización del servicio de distribución de energía eléctrica reflejan
que para paliar los incrementos en las tarifas, las mujeres principalmente tienen que
invertir mayor tiempo de trabajo para sustituir la energía eléctrica por otro tipo de energía
como la leña, que implica más horas de trabajo doméstico; o bien, extender las horas de
trabajo productivo para obtener mayor nivel de remuneración, con lo que se alude a la
situación de desigualdad social y económica que existe entre mujeres y hombres.
A partir de los resultados obtenidos en algunos talleres
35
en los que se ha reflexionado
sobre el quéhacer de las mujeres, éstas refieren que su jornada doméstica en el último año
se ha visto afectada, observando un incremento de sus labores en un 20 ó 30% como
resultado del incremento observado en las tarifas de servicios públicos y de los productos
de primera necesidad.
Aunque esta situación implica un detrimento en la calidad de vida de mujeres y hombres,
representa una situación todavía más dramática para las mujeres, que cuentan ahora con
menos tiempo para dedicarlo al descanso, la recreación o bien a su formación. Esto
porque precisamente realizan actividades ligadas a ámbitos reproductivos que no son
valorados económicamente, pero que si son esenciales para la vida individual y social.
Repercusiones en la situación de los recursos naturales y el medio ambiente
La medición del impacto de esta reforma en los recursos naturales y la situación
ecológica del país resulta difícil, dada la poca o casi nula información sobre la situación
de los mismos, la carencia de un sistema de valoración económica de los mismos y la
falta de indicadores de calidad que nos permitirían visualizar sus repercusiones e
impactos.

3 5
Memorias de talleres sobre trabajo productivo y reproductivo realizadas por el MAM., Secretaría de la
Mujer, de CRIPDES, y de FUNDACAMPO.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 14
La preocupación por el destino de los recursos hídricos fue planteada en diferentes
momentos durante la consulta a diferentes sectores realizada en el ejercicio SAPRIN,
sobre todo por la amenaza que la población percibe en cuanto a un proceso de
privatización del agua en marcha, ante lo cual diferentes sectores participantes plantearon
la necesidad de construir alternativas a esta medida en términos de construir una Política
Nacional para una gestión integral de los recursos hídricos.
En el caso de la distribución de energía eléctrica el impacto al medio ambiente ha sido
indirecto pero no por ello menos importante de tomar en cuenta, ya que según la
información cualitativa recibida en los talleres con diferentes sectores sociales rurales y
sub- urbanos, el consumo de leña ha aumentado
36
debido al incremento en las tarifas de
energía eléctrica, lo que se traduce en una importante presión sobre los recursos naturales
y el medio ambiente, dado el alto nivel de deforestación nacional; además, de la
contaminación por combustión, que afecta la salud de la población y se refleja en el
incremento de las enfermedades de las vías respiratorias.
Reflexiones generales frente a la privatización
Se propone una readecuación en el marco regulatorio del ente supervisor que especifique
el proceso de supervisión desde una visión integral y con indicadores de eficiencia, que
tomen en cuenta salvaguardar la calidad del servicio, la ampliación de la cobertura con
criterios de equidad social, más allá de los simple controles y auditorias contables hacía
las empresas, o de manera reactiva a las denuncias planteadas por usuarios y usuarias.
Que la participación accionaria de trabajadores y trabajadoras sea garantizada a partir de
una reglamentación que les permita mantener su personaje de participación más allá de
las reglas del mercado y de la dinámica de la bolsa de valores, lo que tendría que ser
revisado y reglamentado a través de la SIGET.
La creación y funcionamiento de mecanismos de participación ciudadana que permita un
flujo trans parente de la información y la incidencia de la población en la toma de
decisiones, sobretodo cuando el proceso de privatización se proyecta en este año a la
venta del proceso de transmisión y generación de energía eléctrica lo que implica los
recursos naturales del país y el destino de mujeres y hombres empleados en el sector que
en la mayoría de los países del mundo es considerado un sector estratégico para el
desarrollo: el sector de energía.
Finalmente y dada la preocupación expresada en las diferentes jornadas de consulta y
retroalimentación de este trabajo desarrolladas por el ejercicio SAPRIN sobre esta
temática, se proyecta la construcción participativa de alternativas a los procesos de
privatización de servicios públicos como el agua, en el sentido de coordinar y concertar
cono red ciudadana esfuerzos por diseñar e implementar una Política Nacional de Gestión

3 6
Si se toma en cuenta que según el último censo de población de 1992, casi el 50% de la energía utlizada
para cocinar alimentos es en base a combustión de leña.La Privatización del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en El Salvador – Resumen 15
Integral de los Recursos Hídricos en el país, dada la importancia vital del agua como
parte sustancial de la vida y del ecosistema tanto a nivel nacional como internacional.

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