Por Jorge Metztli
La actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido varias resoluciones que han causado mucha polémica en los diferentes sectores políticos del país. He aquí algunas de sus sentencias:
a) La que declaró inconstitucionales varios artículos del Código Electoral y abrió el terreno para las candidaturas no partidarias para diputados (Sentencia 61-2009 proveída el 29 de julio del 2010) En este caso la Asamblea Legislativa, después que los partidos del régimen dentro de ella no lograran mediante una reforma constitucional conjurar la Sentencia, tuvieron que entrar a legislar dos aspectos de esta última. Por un lado normaron los requisitos y demás elementos de las candidaturas no partidarias y entraron sustituir los artículos del Código Electoral declarados inconstitucionales. Lo primero lo hicieron aprobando en diciembre de 2010 el D.L. 555 y lo segundo, más reciente, lo hicieron por medio del D.L. 365, el cual fue vetado por Funes.
b) La sentencia que declaró inconstitucional el artículo único del Decreto Legislativo número 87 del 31 de julio de 2009, que permitió en aquel momento la elección de los Magistrados del TSE Julio Eduardo Moreno Niños y Oscar Morales Herrera (Sentencia 7-2011 del 13 de mayo del año en curso) la cual tiene como efecto inmediato la invalidación de tal elección;
c) La declaratoria de inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo uno del Decreto Legislativo n° 586 del 19 de enero de 2005, que en aquel momento sirvió para que la inscripción de los partidos de derecha PDC y PCN fuera cancelada al no obtener el mínimo requerido de votos en las elecciones de 2004.
La posturas políticas ante el fenómeno de los fallos de la Sala son variadas y pueden examinarse desde la adoptada con matices distintos, por los partidos del régimen, pasando por ong´s y asociaciones patronales, hasta aquella dentro de la izquierda no partidaria que ve en la Sala y sus fallos una reivindicación de aquellos sectores burgueses “progresistas” y un argumento para vendernos la idea de que si las instituciones funcionan podemos “humanizar” el capitalismo.
Estado, Régimen Político y Gobierno.
Creemos imprescindible para que los revolucionarios entendamos este fenómeno, mencionar que el Estado, como concepto político que se refiere a una forma de organización social, política y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida nacional está determinado por la clase social que detenta el poder económico y político en una sociedad, poder que se concreta en instituciones como los parlamentos, los tribunales (el órgano judicial, dentro de este la Corte Suprema de Justicia y dentro de la Corte la Sala de lo Constitucional), los gobiernos, la policía, fuerzas armadas, etc.
Por su parte el Régimen, sistema político por el que se rige, gobierna o administra una nación, está definido en razón de aquellas instituciones predominantes dentro del Estado. Dentro de un mismo estado pueden sucederse varios regímenes, desde una dictadura de tipo fascista hasta una democracia burguesa. En esta última pueden haber diferentes matices ya que puede ser el parlamento el eje del régimen o puede ser la presidencia. En el caso salvadoreño se trata de esta última. Cabe destacar acá que la mayoría de regímenes de democracia patronal o burguesa están basados en Constituciones Políticas, la norma fundamental escrita de un Estado, establecida o aceptada para regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado.
Dentro del esquema anterior, ¿dónde se ubican los cambios generados por las últimas resoluciones de la Sala de Lo Constitucional?
Teniendo claro las definiciones anteriores, podemos establecer que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, al ser resoluciones emitidas por una institución que forma parte del Estado de la burguesía nacional e internacional (capital nacional y transnacional), intentan abrir pequeños espacios democráticos a las masas, esto como una forma de establecer una válvula de escape al inestable régimen político salvadoreño basado en la Constitución elaborada en 1983 por la Asamblea Constituyente convocada en medio de la más dura represión contra el movimiento popular y dirigida por el tenebroso Roberto d’Aubuisson, régimen al cual mediante los Acuerdos de Paz le fueron introducidas tímidas reformas que no tocaron el fondo de la estructura política, social y económica del país, esto con el objetivo de evitar que en el mediano plazo las masas puedan cuestionar el fondo del asunto, es decir, el Estado burgués.
Quiénes se enfrentan en esta coyuntura y dónde deberíamos ubicarnos los trabajadores y la izquierda revolucionaria?
Podemos decir, entonces, que la coyuntura política actual se caracteriza por la existencia de un enfrentamiento entre sectores de la burguesía que utilizan los poderes del Estado para tal fin. Casualmente, sin quererlo o no, le conceden a las masas una especie de régimen de democracia “moderna”, pero por retazos, ante la perspectiva de que éstas pongan en entredicho, mediante su movilización espontánea (en ausencia de verdadera organización popular), ya no solo al gobierno, sino al Régimen y al Estado capitalista;
Esta fracción burguesa que está enfrentada y que, casualmente, produce reformas, está representada hoy día por la Sala de lo Constitucional y su “base social”, la Coalición para la Reforma Política Electoral (CREE): conformada por MIRE, Funde, Instituto Social para la Democracia (ISD), ANEP, Cámara de Comercio, FundaUngo, Universidad Centroamericana (UCA), Universidad Tecnológica, Centro de Estudio Jurídicos (CEJ), FUSADES y el IUDOP , la que se enfrenta a otra fracción burguesa que cierra filas en torno a no permitir más concesiones democráticas a las masas ya que dichas concesiones limitan sus prerrogativas obtenidas del Estado actual de los capitalistas, fracción que hoy representan todos los partidos del régimen, desde ARENA hasta el FMLN, pasando por GANA y agregándole, finalmente, la figura de Funes como representante de un sector de la burguesía con clase política emergente, así comolos capitalistas internacionales. Funes intenta arbitrar entre las dos facciones mencionadas anteriormente; sin embargo, estas facciones burguesas tienen un acuerdo tácito de fondo: todos ellos aplican una política que, salvando diferencias, intentan poner a salvo tanto el Régimen como el Estado capitalista en nuestro país.
La política justa debe ser: Ni sectarismo, ni oportunismo.
Pero, llegados ya a este punto, debemos preguntarnos cuál debería ser entonces la política de la izquierda revolucionaria? Los revolcuionarios deberían cuidarse de no caer en el oportunismo. Es decir, no caer en el apoyo político a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y a la propia Sala, obviando denunciar ante las masas el antidemocrático régimen político salvadoreño y en ese sentido sembrar esperanzas en el régimen basado en la constitución de Roberto d’Aubuisson de 1983 y en la misma medida reforzar los prejuicios democrático burgueses en las masas. Esto último lo está haciendo, lamentablemente, el MDP de Dagoberto Gutiérrez, planteando, por ejemplo, que el problema se resuelve con las candidaturas independientes y con otorgar mayor libertad e independencia a la Sala de lo Constitucional.
La política de la verdadera izquierda revolucionaria, ante las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, abarca por lo menos tres aspectos fundamentales:
1) Denunciar ante las masas el antidemocrático régimen político salvadoreño basado en la constitución de 1983, lo que no puede dejar de incluir la denuncia de todos los partidos del régimen, en especial del principal partido de la llamada “izquierda electoral”, el FMLN, por la traición que implica defender dicha Constitución.
2) Denunciar las resoluciones de la Sala en la medida que son proveídas por una de las principales instituciones del Estado de los patronos, como maniobra de un sector de la derecha que va desde la ANEP, pasando por FundaUngo hasta la Universidades como la UCA, para mantener lo fundamental del actual Régimen y Estado capitalista ante la inminencia de nuevos enfrentamientos entre las clases sociales fundamentales.
3) No obstante lo anterior, se debe reivindicar nuestra disposición a utilizar esos “retazos de democracia” que están planteados mediante las resoluciones de la Sala para elevar la conciencia y organización de la clase trabajadora y preparar de esta manera los nuevos enfrentamientos contra el Régimen y el Estado de la burguesía y la clase dominante. Ha llegado la hora de tirar a la basura la Constitución de d’Aubuisson de 1983, su antidemocrático régimen y sus partidos: preparemos al calor de las luchas la Asamblea Constituyente!