Uruguay: la necesidad de la auditora de la deuda externa

Hugo Ruiz Daz Balbuena **

Paris, 4 de noviembre 2004

La victoria del EP/FA-NA en Uruguay abre nuevas perspectivas en todo el continente, principalmente en lo que se refiere a la oportunidad histrica de reconstituir un reagrupamiento de bloques democrticos y progresistas.

Al mismo tiempo, uno de los problemas cruciales al que se encuentra confrontada la regin latinoamericana en su totalidad es el problema del sub-desarrollo, hasta hace poco, una palabra tab.

Este sub-desarrollo est ntimamente ligado al problema de la deuda externa y a las polticas de privatizacin y de saqueo de recursos pblicos pregonadas e impuestas por las instituciones financieras internacionales.

La deuda externa se convierte as en un instrumento de dominacin y de estrangulamiento del futuro de nuestros pueblos atravs de la accin conjugada del FMI, del Banco Mundial y de la OMC, trpode de las relaciones econmico-financieras internacionales y guardianes del orden neoliberal y de los intereses privados.

La historia de la crisis del endeudamiento de nuestros pases es la historia de emprstitos fraudulentos y de deudas odiosas y nulas. Es la historia de la conducta ilcita de acreedores tanto pblicos como privados, tal cual fue demostrada por la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro 2, Expediente N 14.467 caratulado ‘0LM0S, Alejandro s/ Denuncia’. En esas actuaciones el Magistrado interviniente Dr. Jorge Ballestero, en julio del 2000, determin en su resolucin la existencia de, por lo menos, cuatrocientos setenta y siete delitos vinculados al endeudamiento externo ocurridos durante la dictadura militar. Todo esto, bajo la participacin y atenta vigilancia del FMI y del Banco Mundial.

La misma historia se repite con la investigacion hecha por el congreso peruano y publicado en el 2003: corrupcin, apoyo a un rgimen criminal, deudas odiosas, nulas et substancialmente ilcitas, y por sobre todo, la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales y de los banqueros privados, que actuaron como verdaderas organizaciones criminales en el sentido estricto adoptado por el artculo 11 del Estatuto del Tribunal Penal Militar de Nuremberg.

Estas investigaciones, tanto judicial como por la via de un rgano poltico como es el parlamento, constityen verdaderos actos del ejercicio de la competencia de los poderes pblicos quienes finalmente son los que deben asumir sus responsabilidades frente a la ciudadania. Aqullas investigaciones nos hablan de la importancia crucial de la puesta en marcha de mecanismos adecuados y eficaces que coadyuven a salir del impase de la deuda externa y del sub-desarollo. Es uno de los retos al que se enfrenta de entrada el nuevo gobierno uruguayo.

El pago de la deuda: un obstculo al desarrollo econmico y social

Segn los datos del Banco Mundial, la deuda total de los pases en desarrollo era de 580 mil millones de dlares. A fines del 2002, la deuda alcanz la suma astronmica de 2. 400 millardos de dlares, es decir que ella fue multiplicada por cuatro.

Entre 1980 y 2002 los pases deudores reembolsaron a los acreedores ms de 4.600 millardos de dlares, lo que equivale a ocho veces lo que debieron para finalmente encontrarse hundidos en el espiral de la deuda: despus de pagarla se encontraron endeudados cuatro veces ms!!!

Amrica Latina reembols as su deuda 7, 2 veces , la voracidad de las instituciones financieras internacionales y de los acreedores privados continuando a provocar catstrofes humanas, sociales y medio ambientales.

Pero el problema no se agota en el pago de los servicios de la deuda: ella es ante todo un instrumento en las manos de los acreedores los que utilizan la crisis de la deuda para imponer politicas economicas, comerciales y financieras liberales, tendientes a poner en las manos del sector transnacional las riquezas y recursos del continente.

En efecto, un anlsis atento de la accin de estas instituciones permite de constatar que las polticas de ajuste impuestas por el FMI, el BM y sus organismos regionales van mucho ms all de una poltica financiero-econmica englobando casi todos los aspectos de la vida economica y social de los Estados. Podemos resumir las reformas pregonadas como sigue:

  • Devaluacin de la moneda nacional con respecto a otras monedas. Esta medida est destinada a la proporcin de las exportaciones a expensas de los cultivos tradicionales y de subsistencia. Es la poltica del todo a la exportacin. Pero la depreciacin de la moneda conlleva el encarecimiento de las importaciones; en consecuencia, se debe desembolsar cada vez ms para importar. Los grandes beneficiarios son de nuevo las corporaciones de los pases del Norte.
  • Reduccin drstica de subvenciones para los productos alimenticios, reduccin de presupuesto dedicado a las empresas pblicas, disminucin de salarios de funcionarios pblicos, despidos masivos,
  • Privatizaciones por medio de la liquidacin y/o remate de empresas pblicas y servicios rentables para las transnacionales,
  • Reduccin de restricciones impuestas a las inversiones extranjeras,

*Liberalizacin del comercio.

El problema de la deuda aparece claramente relacionado con la politica que los gobiernos debenimplementar: actuar quasi-exclusivamente en favor del sector privado trasnacional y de los bancos privados del norte, renunciar al rol social del Estado, insercin en el sistema comercial mutilateral hecha a la medida de las firmas transnacionales, etc.

All donde el Poder pblico aseguraba un servicio mnimo a la poblacin, fue substitudo por el sector privado, principalmente en los sectores considerados como los ms rentables. Es as que las polticas de ajuste conllevan la privatizacin de recursos naturales, tales el agua, gas, minerales, recursos de la biodiversidad, plantas medicinales y microorganismos. Pero tambin se extienden y se aplican a nuevas regulaciones jurdicas destinadas a salvaguardar y proteger las inversiones privadas, la liberalizacin de la circulacin de capitales y el control de los bancos centrales. Estas a su vez, acompaadas por el desmantelamiento de las responsabilidades sociales del Estado que procede a la privatizacin de hospitales, de los transportes terrestres y martimos, a la eliminacin de subsidios de medicamentos, privatizacin de escuelas, colegios, universidades, pensiones y jubilaciones, etc. Adems las polticas impuestas por el FMI y el BM refuerzan la transferencia de competencias de los poderes pblicos en caso de litigio con los acreedores, trasladando la competencia nacional de los tribunales del pas deudor a tribunales nacionales de los pases desarrollados o en centro especializados para litigios en materia de inversiones como el CIADI , miembro del Grupo del Banco Mundial y guardian legal de los intereses de las firmas privadas transnacionales.

La finalidad ltima de las privatizaciones es que el capital privado, por intermedio de las grandes corporaciones transnacionales, tenga acceso irrestricto a esos recursos asegurndoles el traspaso de bienes pblicos.

Determinar el carcter odioso o nulo de la deuda y su legalidad o ilegalidad:la responsabilidad histrica del gobierno uruguayo .

En Argentina hace unos dias, el 22 de Octubre exactamente, el Diputado Mario Cafiero present un proyecto de Ley para declarar odiosa la deuda contraida por la ltima dictadura militar y que fue el elemento determinante de la catstrofe econmico-social y poltica de este pais que se encuentra literalmente en quiebra. El carcter odioso y absolutamente nulo de la deuda argentina ya no puede ser puesto en duda. En este caso, la declaracin de nulidad de la deuda implicara no solamente dejar de pagarla legalmente sino abirira las vias legales para reclamar las debidas reparaciones tanto a los acreedores privados como a los acreedores multilaterales como el FMI y el Banco Mundial que participaron activamente en el saqueo y pillaje de los recursos del Estado argentino.

En lo que respecta Uruguay, este pais deber pagar la suma de 2.293 millones de dlares como servicio de la deuda. El monto durante el gobierno de Tavar Vzquez, alcanzar aproximadamente la suma de 7.000 millones de dlares.

En forma concomitante a la crisis actual que golpea a este pais, la pobreza aument en forma vertiginosa a partir de 2002 y hoy el 30 por ciento de la poblacin vive en la pobreza. En un pais que cuenta con 3, 4 millones de habitantes, 850 mil personas carecen de los medios necesarios para satisfacer sus necesidades bsicas cotidianas.

En estas condiciones, la deuda es objetivamente impagable, porque su pago deber hacerse sacrificando los derechos bsicos fundamentales de la poblacin como la salud, el acceso al agua, a la educacin pblica, a los medicamentos, etc., aumentando as el ejrcito de marginados y de desempleados.

Se plantea entonces el dilema siguiente: seguir pagando la deuda a costa de sacrificar el presente y el futuro de los ciudadanos, los bienes pblicos, los recursos naturales estratgicos, los bienes comunes, incluso la soberana misma del pais ? Seguir pagando una deuda que ya fue pagada y de la que no se tiene una idea exacta de la manera en la que fue contrada ? O, previa investigacin, repudiar la deuda nula u odiosa y todas la deudas ilegales, liberando as los fondos necesarios y urgentes para una poltica de desarrollo econmico y social. He aqu el verdadero problema de fondo.

Segn Danilo Astori, propuesto para ministro de Economa, hoy, romper con el FMI y repudiar la deuda significa aislarse e ir hacia una suerte de africanizacin . Esta simple declaracin habla ya de la importancia capital que plantea el problema de la deuda externa para la poblacin.

En el fondo, lo que est en juego va mucho ms all de un proceso de africanizacin: es la legitimidad y credibilidad mismas del nuevo gobierno que encarna los deseos de cambios profundos por parte de los ciudadanos que lo llevaron al poder, la que se jugar en este campo.

Es importante decir que el problema de la relacin con las Instituciones financieras internacionales no se plantea necesariamente en trminos de ruptura o de continuidad. Se trata esencialmente de construir una relacin en la que los poderes pblicos, fundados en una legitmidad democrtica, proceden a la puesta en marcha de una poltica de desarrollo econmico y social. En ultima instancia, se trata de conducir una poltica coherente con las aspiraciones ciudadanas que reclaman las debidas reformas sociales y econmicas.

Asimismo, parece exagerado plantear que en caso de que los poderes pblicos cuestionen la naturaleza de las deudas pblicas contraidas por gobiernos precedentes y las polticas antisociales y antidesarrollistas impuestas por las instituciones financieras internacionales; eso conducir directamente hacia un proceso de africanizacin y de aislamiento internacional.En todo caso, tanto en Uruguay como en Amrica Latina, ese proceso ya est presente.

La experiencia misma del Uruguay, cierto en un contexto internacional diferente, puede servir de referencia para que el actual gobierno tome las medidas que se imponen como una evidencia. En 1891 la administracin de Herrera y Obes procedi a una suspensin del pago de la deuda pblica. Esta decisin, en lugar de aislar o debilitar al gobierno, lo puso en condiciones adecuadas para renegociar o reestructurar los trminos de pago de la deuda pblica. Asimismo, en 1932, nuevamente el gobierno uruguayo decidi establecer una moratoria sobre la deuda pblica. Dos medidas ejemplares fueron tomadas. Primero, la conversin de la deuda externa pblica en moneda nacional. Segundo, la decisin de limitar unilateralmente la tasa de inters. Ninguna represalia frente a estas decisiones. Esto nos muestra que cuando se toman medidas(aunque sean provisorias) de no pago de la deuda pblica, ellas no conllevan automtica y necesariamente al aislamiento y a la africanizacin.

Pero, adems de la posibilidad de la toma de decisiones unilaterales de no pago de la deuda, existe igualmente un mecanismo que se encuentra a la disposicin y alcance de cualquier gobierno democrtico: la auditoria.

La Auditoria de la Deuda externa: una competencia exclusiva del poder pblico y un instrumento ciudadano democrtico privilegiado

Para justamente evitar el aislamiento tan temido, los poderes pblicos tienen los instrumentos necesarios a su alcance sin que su ejercicio se traduzca necesariamente en actos ilcitos o en el incumplimiento de las obligaciones internacionales.

En efecto, en tanto que Estado soberano y en cuanto poder pblico que acta como rgano del Estado en derecho internacional, el gobierno democrtico antes de tomar la decisin de continuar el pago de la deuda externa, puede decidir lcitamente segn el derecho internacional, realizar una auditoria integral de la deuda externa. En este sentido, la auditoria es un acto gubernamental legtimo que cae esencialmente en el campo de las competencias que le son inherentes. Es extremadamente importante recalcar que en el mbito de las relaciones econmicas y financieras internacionales, el principio de la continuidad del Estado, no es aplicable, as como no lo es en el plano de los acuerdos militaires, de alianzas militares, etc.

La auditoria, en tanto que competencia exclusiva del gobierno, permitira detectar qu parte de la deuda externa es legal y qu parte es ilegal, qu parte es nula o anulable, a quien se debe, a quin se paga, cunto se paga y por sobre todo, por qu se debe y por qu se paga.

Hay varios ejemplos de auditoria de la deuda en Amrica Latina. Uno de ellos es la que fue hecha por el gobierno de Getulio Vargas y que permiti por un lado, detectar las irregularidades de los contratos (que en muchos casos ni siquiera existieron) y por otro, posibilit que su gobierno se encontrara en mejor posicin de renegociacin frente a los acreedores.

De la misma manera, la investigacin del Congreso peruano sobre la deuda externa contrada por el rgimen de Fujimori es otro ejemplo actual que demostr el carcter ilegal de dichos emprstitos. La investigacin hecha por el Congreso peruano permiti igualmente establecer claramente por un lado, la legalidad y la ilegalidad de la deuda contrada y por otro, permiti delimitar las responsabilidades, tanto de los personeros del gobierno Fujimori como las de los acreedores, privados y pblicos.

Lo mismo se puede decir de la auditoria realizada por el Poder judicial en Argentina que mostr sin ambiguedad alguna el carcter nulo y odioso de la deuda externa argentina as como la estrecha complicidad y corrupcin en la que estuvieron implicados el FMI, el Banco Mundial y los bancos privados del Norte.

Adems de estos aspectos, la auditoria de la deuda es un acto por el cual se garantiza una participacin activa y democrtica y un control de los ciudadanos sobre las relaciones financieras y econmicas internacionales y sobre los actos de gobierno.

Repitamoslo, el gobierno, en tanto que poder pblico, conserva intacto, segn el derecho internacional, la competencia necesaria para proceder a un anlisis detallado de toda la deuda externa. Es al gobierno y a los ciudadanos y no a los acreedores, de decidir si la deuda externa de un pais es lcita o ilcita, si ella es nula o no y por consecuencia si se paga o no se paga. Y en caso de deudas ilicitas o nulas u odiosas, es a los acreedores de restituir integralmente todo de lo que ilicitamente se apoderaron.

Al fin de cuentas, la auditoria no es ms que la recuperacin de un derecho bsico que fue escamoteado a los ciudadanos por los acreedores: el derecho de participar en la gestin de los asuntos pblicos as como el derecho de controlar democrticamente los actos de las instituciones financieras internacionales que al final de cuentas, deben actuar segn las normas del derecho internacional,cuyas reglas estn obligadas a respetar.

Al mismo tiempo, un tal acto de soberania necesita de una politica de contruccin de reagrupamiento de bloques de Estados latinoamericanos, especialmente con los gobiernos progresistas y democraticos de nuestro continente, nico medio para poder restablecer un mnimo de equilibrio en la correlacin de fuerzas que favorecer la puesta en marcha de procesos enodgenos de desarrollo econmico, social en cuadro de respeto y proteccin del medio ambiente.

Repudiar la deuda, previa auditoria, es precisamente el instrumento que permitir a Amrica Latina en general y a Uruguay en particular escapar del crculo vicioso de la deuda externa y del sub- desarrollo.

  • Investigador paraguayo radicado en Paris, Doctor en Derecho Internacional, Investigador jurdico en el CADTM (Comit para la Anulacin de la Deuda del Tercer Mundo)y Colaborador del Servicio Informativo Ecumnico y Popular (SIEP).

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