Veto y opción política

Veto y opción política

Licenciada Norma Guevara de Ramirio
El Presidente de la República, vetó el Decreto Legislativo 635 que contiene reformas al Código Electoral mediante las cuales se cambia el sistema de listas bloqueadas y cerradas como mecanismo de elección de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, y abre opciones a la ciudadanía para votar por la propuesta de un partido, por una de las personas propuestas por partido o por un candidato no partidario. El Presidente tiene la facultad constitucional de sancionar, observar o vetar cualquier decreto, la Constitución le otorga esa facultad entendida como la posibilidad de corregir o evitar una ley. Pero cuando la razón alegada, es inconstitucionalidad, el Presidente está en el deber de sustentar la relación incongruente entre lo aprobado por la Asamblea Legislativa con los artículos de la Constitución que supuestamente se han vulnerado. Esta parte no se demuestra en el veto al D.L. 635, por eso, esa actuación se inscribe en opción política.

Alega que inscribir planillas incompletas es inconstitucional; eso no lo podría probar. Se cuestiona la forma de realizar el escrutinio final por dar valor a los votos que la ciudadanía emita a favor de un partido, con lo que descalifica la libertad de la ciudadanía de votar, si quiere, por una propuesta de partido. Alega sin probar, que el resultado será el mismo que cuando se utilizaron las listas cerradas y bloqueadas, tampoco puede probarlo; insinúa, como reclamo, el que se mantenga el sistema de cocientes y residuos, derivado del art. 79 que establece que para “la elección de diputados se adoptará el sistema de representación proporcional”. Es admisible que el decreto no le guste, que lo considere inconveniente, pero sería difícil probar en qué radica su inconstitucionalidad.

Lo que sí es claro, es que la Constitución establece un rol fundamental a los partidos políticos. En los derechos de ciudadanía se establece el de asociarse para constituir partidos o incorporarse a los existentes (art. 72); el derecho de vigilancia del Registro Electoral (art. 79), el de ir a una segunda vuelta cuando en una elección presidencial se gana el primero o segundo lugar sin alcanzar la mayoría absoluta (art. 80); el de estar afiliado a un partido político para optar a la Presidencia de la República (art. 151); el de ser la expresión del pluralismo político como característica del sistema político y el único medio para el ejercicio de la representación del pueblo en el gobierno (art. 85); el de proponer candidatos al Tribunal Supremo Electoral cuando se obtiene un respaldo equivalente al primero, segundo y tercer lugar en las elecciones presidenciales (art. 208); el de proponer ciudadanos a los organismos electorales (art. 209) y el de recibir la deuda política en las elecciones para mantener libertad e independencia (art. 210).

Es obvia la existencia de un movimiento orientado a socavar el papel de los partidos políticos, movimiento que tiene derecho a sostener sus propias ideas sobre la manera de hacer política. Ese movimiento debiera pedir abiertamente el cambio de sistema político y sus consecuentes reformas constitucionales, como lo hizo el FMLN antes de ser partido y lograr importantes transformaciones institucionales encaminadas a democratizar el Estado y darle valor a la ciudadanía como sujeto fundamental de la democracia.

Cuando el predominio de la derecha en el Estado era total, el movimiento popular y cualquier partido de izquierda carecían de espacio. El FMLN, se plantó en franca disputa para representar al pueblo en distintas instancias de gobierno hasta hacer posible, que con esas reglas viciadas e imperfectas se alcanzara en las urnas la victoria presidencial el 15 de marzo de 2009. La derecha cuestionó siempre al FMLN, su organización interna, sus dirigentes, sus procedimientos de decidir sobre candidaturas. Lo nuevo ahora, es que gran parte de la derecha, especialmente la empresarial y de medios, es parte de ese movimiento anti partidos. Pareciera que lo que motiva el cambio es darse cuenta que Arena les sirve poco, se dividió, no levanta. Así como tienen apoderados de empresas, necesitan apoderados políticos operando a su favor en instancias de Estado, es su nueva forma de hacer política.

Hay que percatarse que el cambio que buscan dejar fuera, novedades ocurridas en sociedades que sacudieron a los viejos partidos políticos como Venezuela, Bolivia o Ecuador; pasar de la democracia representativa a formas de democracia participativa, reformas constitucionales que incluyen el referéndum, Registros Civiles estrictos que limitan fraudes de identidad para traficar, eludir y evadir. Ese movimiento jamás acompañará el establecimiento de cuotas para asegurar la participación política de las mujeres y de los jóvenes.

Si para algo sirve el veto, es para saber situar aspiraciones de cambio de sistema político; analicémoslas, sin deteriorar facultades constitucionales que encubren nuevas formas golpistas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes usar estas etiquetas y atributos HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>