19 de junio del 2006
El Congreso estadounidense continúa financiando la intervención en América Latina con la SOA y la ILEA
Por el comite en solidaridad con el pueblo de El Salvador
En junio el Secretario de Estado interino de Estados Unidos, Robert Zoellick, tuvo la desfachatez de hablar públicamente contra el “intervencionismo” en América Latina en la reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, llevada a cabo en República Dominicana. Irónicamente, unos días después el Congreso votó por la continuación de la intervención militar en América Latina al rechazar la enmienda propuesta por el representante McGovern, la cual habría excluido el financiamiento de la infame Escuela de las Américas (SOA en inglés) como parte de la revisión anual de la ley de Apropiaciones de las Operaciones en el Extranjero. Para la mayoría de latinoamericanos, instituciones como la SOA – una escuela de entrenamiento militar estadounidense muy famosa por entrenar dictadores y fuerzas de contrainsurgencia que condujeron brutales masacres de civiles en América Latina durante las décadas de los 70’s y los 80’s – constituye una directa intervención en los asuntos internos de sus países. En El Salvador únicamente, graduados de la SOA fueron responsables de la masacre de El Mozote donde más de mil personas civiles – la mayoría ancianos, mujeres y niños – fueron exterminados, así como del asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar A. Romero, la ejecución sumaria de seis sacerdotes jesuitas, entre muchos otros abusos a los derechos humanos.
Aún cuando 188 representantes votaron a favor del cierre de la SOA – un paso hacia adelante en la prevención de la intervención de Washington en el hemisferio – es imperativo que también tomen una posición contra instituciones similares de “aplicación de la ley” que el gobierno de Estados Unidos está financiando en todo el mundo. En la propuesta de ley de Operaciones en el Exterior de este año, por ejemplo, $16.2 millones fueron concedidos para financiar academias internacionales para la aplicación de la ley (ILEA’s) alrededor del mundo para “programas y actividades de entrenamiento policial”.
El financiamiento para una nueva “ILEA-Sur” en El Salvador también fue incluido en ese presupuesto de cuantía considerable. La decisión de financiar esta nueva agencia ILEA en El Salvador fue tomada sin ningún debate en el Congreso estadounidense. De hecho, cuando la Secretaria de Estado, Condoleeza Rice, anunció la decisión durante una reunión cumbre de la OEA el año pasado, nadie en el Congreso había sido informado acerca de esta decisión. De una manera similar, la propuesta fue aprobada inconstitucionalmente en El Salvador, porque acuerdos internacionales necesitan una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Incluso, ni siquiera el acuerdo fue revelado al público –los funcionarios derechistas sospecharon (sin equivocarse!) que la mayoría de salvadoreños se opondrían fervientemente a la presencia de la academia de la aplicación de la ley financiada por Estados Unidos en su país.
¿Saben nuestros congresistas estadounidenses que la ILEA-Sur había sido propuesta inicialmente para ser construida en Costa Rica, pero que fue rechazada cuando el gobierno rehusó garantizar la exclusión de personal militar? ¿Saben los congresistas que ya existe una base militar estadounidense en El Salvador así como una oficina del FBI, una oficina de la INTERPOL y que El Salvador es el segundo receptor más grande de “ayuda” militar en el hemisferio? ¿Saben los congresistas que a la luz de la guerra civil de El Salvador, en la cual Washington contribuyó con $1.5 millones diarios para apoyar a las fuerzas militares brutales, que los Acuerdos de Paz de 1992 prescriben explícitamente la separación de las fuerzas policiales de las militares? Con la represión gubernamental escalada contra activistas sociales, la ILEA de seguro empeorará la ya borrosa separación entre las fuerzas policiales y militares. Es irónico que mientras el Congreso estaba aprobando esta ley, el Sr. Zoellick estaba en América Latina denunciando el “intervensionismo”. Talvez a su jefa Condoleeza se le olvidó “informarlo” acerca de la ILEA.
La enseñanza de “buena gobernanza” en el exterior viene en un momento controversial para nuestro gobierno, pero en estos días de la “guerra contra el terrorismo” parece que es válido hacer de todo fuera de nuestras fronteras. La cuestión de financiar o nó instituciones como la SOA o la ILEA-Sur ni siquiera debiera ser considerada a debate, especialmente ante el creciente entendimiento público del récord abismal de violación de los derechos humanos que poseen las fuerzas militares de Estados Unidos en todo el mundo. Pero sin embargo lo es, haciendo necesario que los ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos tomen posición y acción contra la política exterior de su gobierno.
El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) tiene organizaciones locales en todo el país y ha comenzado una campaña para poner alto al financiamiento de esta nueva ILEA en El Salvador. Para mayor información y cómo ser parte de esta campaña visite www.cispes.org .