La coyuntura geopolítica de América Latina y el Caribe en 2010

Auge o declinación del imperialismo norteamericano

Hablar de la coyuntura geopolítica de América Latina y el Caribe en el momento actual nos obliga a examinar, en términos globales, la situación del imperio. Al iniciarse la década de los ochentas había ganado creciente gravitación, no sólo en América Latina sino en buena parte del mundo, un discurso que anunciaba la decadencia del imperialismo norteamericano. 1

Una serie de acontecimientos de significación histórico-universal, al decir de Hegel, daban pie a tal predicción: en primer lugar, la catastrófica e ignominiosa derrota de Estados Unidos en Vietnam; cuatro años más tarde, en 1979, el derrocamiento de las tiranías del Sha de Irán y de Somoza en Nicaragua, privando al imperio de la inestimable colaboración de dos de sus principales gendarmes regionales en Medio Oriente y Centro América respectivamente; años después, el derrumbe, siguiendo el tan temido “efecto dominó” de los estrategas del Pentágono, de las dictaduras que Washington había promovido o instalado directamente en América Latina y el Caribe y la impetuosa irrupción de una nueva ola democratizadora que encontró en esta parte del mundo una de sus expresiones más acabadas.

En el otro extremo del mundo, el lento inicio del irresistible ascenso de China en el firmamento de la economía y la política mundiales le prestaba aún más verosimilitud a las tesis decadentistas que, en la izquierda latinoamericana, lograron amplia repercusión a lo largo de toda la década. No sólo la izquierda latinoamericana tomó nota y elaboró argumentos sobre esta situación: en el capitalismo desarrollado proliferaron también teorizaciones de diverso tipo que pretendían dar cuenta de este lento pero inexorable ocaso del imperialismo norteamericano. Dos contribuciones sumamente significativas de aquellos años fueron los libros de Emmanuel Todd y del historiador Paul Kennedy y su teoría de la “sobre-expansión imperial” (imperial overstretching).2

No obstante, más pronto que tarde las cosas habrían de cambiar. En la inauguración de la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989) algunos analistas vieron una primera tentativa de recomposición de la primacía imperial obsesionada por dejar atrás el ominoso legado del “síndrome de Vietnam” sobre todo luego del inicio de una brutal ofensiva militar en contra de la Unión Soviética la “guerra de las Galaxias” que obligó a este país a incurrir en un gasto militar de fenomenales proporciones que, a la postre, acelerarían el catastrófico final del experimento soviético. Pero no sería sino hasta finales de la década y comienzos de la siguiente cuando, caída del Muro de Berlín (1989) e implosión de la Unión Soviética (1991) mediante, amén del triunfo en la Guerra del Golfo (Agosto 2 de 1990 – Febrero 28 de 1991), el discurso sobre la decadencia imperial habría de ser archivado.

A partir de ese momento se generalizó la tesis contraria: no sólo que no había ni hubo decadencia imperial sino apenas un momentáneo tropiezo sino que, de hecho, el imperio se había “recargado” y aparecía en la escena universal con renovados bríos. Algunos teóricos, como Charles Krauthammer, por ejemplo, construyeron laboriosos argumentos para fundar su tesis sobre la permanencia del llamado “momento unipolar.” 3 Este nuevo humor social, que permeaba los distintos estratos de la opinión pública mundial y que, por supuesto, prevalecía sin contrapesos en los círculos dirigentes del capitalismo, atraería una pléyade de intelectuales y publicistas que conformarían este estado de ánimo en una nueva y completa doctrina internacional. Hablamos de la obra de autores tales como Thomas Friedman, Robert Kagan, Samuel P. Huntington y Francis Fukuyama, entre otros, quienes en el clima optimista de los nuevos tiempos se dieron a proclamar a los cuatro vientos el carácter imperialista de los Estados Unidos. Sólo que, a diferencia de los anteriores, el norteamericano es un imperialismo benévolo, moral y libertario, que descarga sobre los hombros de la sociedad norteamericana la dura tarea de crear un mundo seguro para la libertad, la democracia y, de paso, los mercados. No hace falta demasiada erudición para corroborar las simetrías entre este razonamiento y el que expresara Sir Cecil J. Rhodes, en la Inglaterra victoriana, sobre la responsabilidad del hombre blanco en llevar la civilización a las salvajes poblaciones del África negra e inculcándoles el amor por la justicia, la democracia, la libertad y … la propiedad privada. Cabe anotar que esta visión idílica del imperio rebalsó con creces el espacio ideológico de la derecha para penetrar profundamente en las interpretaciones de una cierta izquierda manifiestamente incapaz de entender el significado de los nuevos tiempos. Un caso paradigmático de este extravío lo ofrece la obra de Michael Hardt y Antonio Negri, en donde se desarrolla la curiosa tesis de un “imperio sin imperialismo”. 4
Los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, el 11 de Septiembre de 2001, pusieron abrupto fin a esta ensoñación y el imperialismo reafirmó urbi et orbi su disposición a pelear con quien fuera necesario para preservar sus privilegios. Los dichos de George Bush Jr. son bien elocuentes al respecto: “buscaremos a los terroristas en cada rincón oscuro de la Tierra.” 5 El optimismo cedió su lugar a la crispación y a la furia, y a un inusitado proceso de militarización cuyas funestas consecuencias no tardaron en tornarse claramente visibles de inmediato.
En la actualidad, y como fiel reflejo de los cambios registrados en la escena internacional, al finalizar la primera década del siglo veintiuno ya son los grandes estrategas del imperio quienes plantean una visión “declinacionista” del futuro norteamericano. Todos los documentos elaborados por el Pentágono, el Departamento de Estado y la propia CIA sobre los escenarios futuros (en torno al 2020 o 2030) coinciden en señalar que Estados Unidos jamás volverá a disfrutar de la supremacía que supo tener en la segunda mitad del siglo veinte y que ese tiempo ya se acabó. Es más, en un informe especial elaborado por el Pentágono se dice que en los próximos años Washington deberá prepararse para vivir en un mundo mucho más hostil y competitivo, con numerosos rivales y adversarios que cuestionarán su predominio en todos los frentes y que, en consecuencia, las guerras serán una condición permanente durante los próximos treinta o cuarenta años.6
Las razones de fondo que subyacen a este pronóstico son bien conocidas. Por una parte, la relativa pérdida de gravitación económica de Estados Unidos por comparación a la que gozaba a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Si en ese momento su contribución al PIB mundial rondaba el 50 % en la actualidad es poco menos que la mitad de esa proporción, y la tendencia es hacia la baja, suave pero hacia la baja. El país sufre, además, de los “déficits gemelos” (fiscal y de balanza comercial) que han adquirido dimensiones extraordinarias. El dólar norteamericano, a su vez, ha visto declinar significativamente su valor en los últimos años y de moneda de reserva de valor que era se convirtió en una divisa cada vez más sostenida por sus propios rivales en la economía mundial, como China, Japón, Corea del Sur y Rusia. Una economía, en suma, en donde los hogares, las empresas y el propio estado se encuentran endeudados en grado extremo. Durante más de 30 años Estados Unidos vivió artificialmente del ahorro y del crédito externo, consumiendo muy por encima de sus posibilidades reales y tanto uno como el otro no son entidades infinitas e inagotables. El estado se endeudó al lanzar varias guerras sin subir los impuestos. No sólo eso, reduciendo los impuestos a los ricos y las grandes corporaciones. Las familias también se endeudaron, impulsadas por una infernal industria de la publicidad que promueve patrones de consumo no sólo irracionales sino brutalmente agresivos con el medio ambiente. A mediados del 2007 un informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos advertía sobre el peligroso ascenso del endeudamiento de los hogares norteamericanos que había pasado de ser equivalente al 58 % del ingreso de las familias en 1980 a 120 % en el 2006. Según un estudioso del tema, Eric Toussaint, esa proporción siguió aumentando y hasta situarse, en la actualidad, en un 140 % del ingreso anual de las familias. El mismo autor señala que si se suma la totalidad de la deuda norteamericana, es decir, la de las familias, las empresas y el estado, se llega a un exorbitante 350 % del PIB de los Estados Unidos. Situación insostenible que, finalmente, estalló a mediados del 2008 desencadenando una nueva crisis general en la cual estamos inmersos. 7
El resultado de este descalabro económico del centro imperial es que, por primera vez en la historia, un país situado en el vértice de la pirámide imperialista se convierte en el principal deudor del planeta. Tradicionalmente la situación era la inversa: eso fue lo que ocurrió durante el largo reinado de Gran Bretaña en la economía mundial (desde comienzos del siglo diecinueve hasta la Gran Depresión de 1929) y eso también aconteció durante un tiempo en las primeras décadas de la hegemonía norteamericana, entre 1945 y comienzos de los setentas. Pero en la actualidad la situación es completamente distinta y Estados Unidos ostenta la poco gloriosa condición de ser el mayor deudor del mundo.
Un cambiante, y amenazante, escenario estratégico mundial
Lo anterior no podía dejar de tener profundas implicaciones políticas. Tal como lo aseguran numerosos documentos oficiales, Estados Unidos se enfrenta ante un escenario internacional profundamente amenazante: la situación en Medio Oriente parece deslizarse por un tobogán que culmina en el descontrol, y donde el fundamentalismo islámico, alentado por la CIA para repeler la invasión soviética en Afganistán, ahora amenaza a las monarquías petroleras pro-americanas de la región. Israel, a su vez, es el gendarme regional que actúa cada vez con mayor autonomía sabiendo que dispone de suficientes mecanismos extorsivos como para garantizar el incondicional apoyo de Washington a sus políticas sionistas. Sus provocaciones y sus desafiantes políticas racistas y colonialistas han exacerbado sin cesar el polvorín del conflicto palestino-israelí, que bien podría finalizar desencadenando un nuevo holocausto nuclear habida cuenta de la pertinaz ofensiva desatada en contra de Irán por parte de la Casa Blanca y el gobierno sionista de Israel. Siete años de guerra en Irak no lograron estabilizar a ese país y “normalizarlo” para extraer de él el precioso recurso petrolero en la cantidad deseada; por el contrario, la ocupación norteamericana que finalizó con una ingloriosa “retirada sin victoria” de las tropas yankees ha destruido el delicado equilibrio que mantenía a ese país unido y que, roto hoy de manera aparentemente irreparable, se convierte en un factor de desestabilización de toda la región, incluido Turquía, dado el papel de la minoría kurda en su territorio. Más hacia el este las aguas lejos de calmarse se agitan aún con más fuerza: sumido en otra aventura militar en Afganistán, la presencia de sus tropas en el área ha movilizado fuertes sentimientos anti-norteamericanos que también se expanden como un reguero de pólvora hacia su vecino Pakistán, irresponsablemente dotado de un poderoso arsenal nuclear cedido por Washington a fin de contrabalancear el programa atómico de la India, que la estúpida y crónica paranoia de la dirigencia de Estados Unidos atribuía a su condición de “Proxy” soviético.
En el extremo oriente no mejora la situación política global de Estados Unidos: el insólito desafío de Corea del Norte prosigue su curso sin que el imperio pueda interponer obstáculos con suficiente capacidad de disuasión. China se encamina en pocos años más a ser la principal economía del mundo y, además, un formidable poder militar pero de naturaleza eminentemente defensiva. Por su parte, Europa da muestras de una radical incapacidad de conformar una unidad política que le permita constituirse como un actor político gravitante en la arena mundial.
Como no podía ser de otra manera, el impacto de todos estos cambios económicos y políticos tuvo una enorme repercusión en América Latina y el Caribe. Veremos este tema en más detalle en la siguiente sección de este trabajo. Por ahora bástenos con decir que el acontecimiento más significativo en este terreno ha sido la estrepitosa derrota del ALCA en Mar del Plata, en Noviembre del 2005, en la medida en que se trataba del proyecto estratégico más importante del imperio desde la formulación e implementación de la Doctrina Monroe. En realidad, el ALCA no era otra cosa que la culminación del proceso anexionista contemplado en aquella, y que fue abortado gracias a la rebelión de algunos gobiernos de la región y la colaboración de otros.
El reverso de la medalla de todos estos procesos ha sido la desorbitada militarización de la política exterior y, como complemento necesario, el progresivo recorte de los derechos civiles y libertades individuales dentro de las propias fronteras de los Estados Unidos, tema éste que ya ha suscitado numerosas protestas por parte de distintas organizaciones defensoras de las libertades y los derechos humanos. Un indicio muy claro de este proceso es el evidente desplazamiento del Departamento de Estado en el diseño e implementación de la política exterior a favor del Pentágono. Por supuesto, esto no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana: se trata de un proceso y no de un acontecimiento que ocurre sin aviso previo. En todo caso, si hubiera que fijar un momento emblemático en donde esta tendencia se acelera considerablemente el 11 de Septiembre del 2001 sería sin duda alguna la fecha más indicada. Luego de esto el estallido de la Guerra de Irak vendría a acentuar aún más esta orientación, así como la significativa marginación de Colin Powell quien en su carácter de Secretario de Estado aconsejó a la Casa Blanca no declarar la guerra a Irak y ocupar su territorio dado que luego de ello Estados Unidos no podría retirarse del teatro de operaciones. Su tesis fue vapuleada por la intervención del Vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney; por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld; y por la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad, Condoleezza Rice, ninguno de los cuales, al decir de Powell, tenía el más mínimo conocimiento de las cuestiones militares y eran incapaces de diferenciar un simple revólver de una pistola.
Esta marginación del Departamento de Estado ha sido acompañada por un fenomenal aumento del presupuesto militar, para lo cual se apeló a pretextos tan remanidos como la necesidad de librar una batalla frontal en la “guerra contra el terrorismo”, o la “guerra contra el narcotráfico” todo lo cual, además, desde el 11 S dio pie para la elaboración de una nueva doctrina militar y estratégica: la “guerra infinita.” Una rápida ojeada a la progresión del gasto militar norteamericano revela los descomunales alcances del proceso. En 1992, el presupuesto militar de Estados Unidos equivalía al de los 12 países que le seguían en la carrera armamentista; cuando en 2003 se decide la invasión y posterior ocupación de Irak el gasto norteamericano ya era equivalente al de los 21 países que le seguían en ese rubro. Las complicaciones de esa guerra sumada a la intensificación de las operaciones en Afganistán hizo que, para el 2008 el gasto militar de los Estados Unidos sólo pudiera ser igualado si se sumaban los presupuestos militares de 191 países. Para el 2010, ya es superior a la totalidad del gasto militar de todos los países del planeta, superando la barrera psicológica del billón de dólares (un millón de millones de dólares), pese a que en sus comunicados oficiales la Casa Blanca habla de una cifra poco superior a los 750.000 millones de dólares. Claro está que esa cifra no contempla el multimillonario presupuesto de la Veterans Administration, encargada de prestar asistencia médica y psicológica a los ex combatientes de las sucesivas guerras del imperio, desde la de Vietnam en adelante. Si a esto se le agregan los gastos realizados por subcontratistas vinculados a actividades de infraestructura (como la Halliburton, por ejemplo) y algunos otros relacionados con la contratación de mercenarios se comprenderá fácilmente las razones por las cuales las cifras que se dan a conocer subestiman notablemente el gasto militar de los Estados Unidos.
La formidable expansión de las bases y misiones militares de los Estados Unidos por todo el mundo es otra de las facetas de este proceso de tenebrosa militarización de las relaciones internacionales impulsado por Estados Unidos. Un recuento de hace poco más de un año arrojaba un número de 872 diseminadas por 128 países. No obstante ello, en meses recientes la Casa Blanca aumentó su presencia en nuestra región mediante cuatro nuevas bases que habrían sido concedidas motu propio por el gobierno de Panamá, dos en el litoral caribeño y otras dos en el Pacífico y una o dos bases aeronavales que el gobierno de Alan García habría puesto a disposición de las tropas norteamericanas en el Perú con el objeto de compensar la pérdida producida por el abandono de la base de Manta en Ecuador.8 Hay que aclarar, de todos modos, que la Corte Constitucional de Colombia sentenció que el acuerdo Obama-Uribe es inconstitucional; en realidad, el dictamen fue más allá pues la sentencia establece que el tratado de marras es “inexistente” porque no cumplió con los requisitos fundamentales que lo constituyan como tal. Esta sentencia podría, en principio, obstaculizar la implementación de los planes bélicos del Pentágono en esa región. Pero decimos “en principio” porque el débil espesor de la legalidad colombiana no permite asegurar que la sentencia del máximo tribunal vaya a ser efectivamente aplicada. Otro tanto ocurre con la legislación aprobada por la Asamblea Nacional de Costa Rica autorizando el ingreso de un elevado número de marines a ese país (entre 6 y 14 mil) y de 46 naves de guerra del más diverso tipo. A fines de Noviembre del 2010 tal legislación fue recurrida y hay indicios de que el Tribunal Constitucional de ese país podría llegar a declarar la inconstitucionalidad de esa pieza legislativa. Claro está que, al igual que en el caso de Colombia, esto no significa que no puedan apelarse a argucias especiales en virtud de las cuales se pueda burlar la sentencia de los jueces. Una simple mirada al mapa regional bastaría para comprobar que América Latina y el Caribe se encuentran rodeados de bases militares, la gran mayoría de las cuales fueron instaladas o acordado su uso en los últimos años. Bastaría, para circunscribir por completo la gran cuenca de la Amazonía, que las negociaciones en curso entre Washington y París prosperaran para que, mediante el otorgamiento a los Estados Unidos de la base que los franceses tienen en Cayena, en la Guayana Francesa, el control territorial y del espacio aéreo fuera total, con una proyección que, inclusive, llegaría hasta el África Occidental y la Isla Ascensión, crucial para el desplazamiento de las tropas de la OTAN hacia el Atlántico Sur. 9
Una última consideración de carácter cuantitativo es la siguiente: al momento actual, el total del personal civil del Comando Sur, cuya sede se encuentra en Miami, excede con creces al número total de funcionarios que, en todas las demás agencias y secretarías del estado federal, se desempeñan en programas o iniciativas relacionadas con América Latina. Nótese que estamos hablando del personal civil del Comando Sur, esto es, con exclusión del personal militar. Esta situación, otra vez, no tiene precedentes en la historia de las relaciones interamericanas.10
Finalmente, habría que agregar en este relevamiento de la desorbitada militarización del imperio y de las políticas imperiales la reactivación de la IV Flota, que no se había movilizado nsi siquiera en la Crisis de los Misiles, de Octubre 1962. Mantenida en sus apostaderos en esa ocasión, se reactiva a mediados del 200 en sugestiva coincidencia con el anuncio formulado por el presidente Lula relativo al descubrimiento de un enorme manto petrolífero submarino en el litoral paulista.11
Para resumir: expansión desorbitada del gasto militar, de las bases militares, del personal dedicado a monitorear y controlar a la región en el marco del Comando Sur, la movilización de la IV Flota: ¿hace falta alguna evidencia más para concluir que el imperio se ha lanzado con todas sus fuerzas a recuperar el terreno perdido y a “corregir” el curso de los acontecimientos regionales para adecuarlo a sus intereses? Y no hay duda alguna de cuáles son los objetivos estratégicos de tamaña reacción: en lo inmediato tumbar a Chávez y, de ese modo, lograr el estrangulamiento económico y financiero de Cuba, Bolivia y Ecuador. Pero el objetivo estratégico supremo, más allá de lo inmediato y circunstancial, es posicionar a los Estados Unidos en una situación tal que le permita controlar el acceso a las enormes riquezas concentradas en el corazón de Sudamérica. Se verifica también en el caso estadounidense la tendencia observada en otros imperios: en su fase declinante se acrecienta su agresividad, su peligrosidad. Su prolongada agonía está signada por violentas convulsiones.
James Monroe define (para siempre) la política hacia América Latina
Un lugar común en el discurso de muchos analistas de las relaciones internacionales y, lamentablemente, de muchos funcionarios gubernamentales de los países latinoamericanos asegura que nuestra región carece de relevancia y que no suscita mayor interés en Washington. Que lo más que podemos aspirar es a una “negligencia benigna”, a un ninguneo apenas disimulado con algún ocasional gesto aislado, o un oportuno tic diplomático. La razón de esta autodepreciación, según los cultores de esta tesis, es que para la Casa Blanca las prioridades son en primer lugar Medio Oriente, luego Europa, luego Asia Central, luego el Extremo Oriente y, en el mejor de los casos, en quinto lugar, aparecería Nuestra América, mendigando atención y buenos modales.
En realidad, este discurso no surgió endógenamente sino que, gracias a la férrea supervivencia de nuestra colonialidad, fue importado precisamente de Estados Unidos. Ese discurso es al que sistemáticamente Washington apela cuando tiene que relacionarse con sus vecinos al sur del Río Bravo y que la abrumadora mayoría de nuestros gobernantes y una proporción no demasiado menor de nuestros intelectuales han asumido como una verdad revelada e irrefutable. No podemos entrar en mayores detalles para explicar las razones de esta sinrazón. Bástenos con señalar, en línea con las esclarecedoras reflexiones de Fernández Retamar contenidas en su Todo Calibán, la pertinaz influencia de una larga historia de sumisión colonial y neocolonial que hunde sus raíces en la Conquista de América y que hasta el día de hoy atenaza con sus pesadillas el sueño de los vivos, para abusar de un célebre pasaje de Marx en El Dieciocho Brumario.12
La premisa de la irrelevancia ha sido una estrategia muy eficaz utilizada por Washington para desalentar y desmoralizar a los gobiernos latinoamericanos. Pero de su eficacia práctica no puede inferirse que sus fundamentos sean correctos. Son profundamente erróneos, por varias razones. 13
En primer lugar no deja de asombrar que si la nuestra es una región tan irrelevante, que tan poco cuenta en el tablero de la política mundial, que haya sido precisamente ella la destinataria de la primera doctrina de política exterior elaborada por Estados Unidos tan tempranamente como en 1823, es decir, un año antes de la batalla de Ayacucho que puso fin al imperio español en América. Naturalmente, se trata de la Doctrina Monroe que con sus circunstanciales retoques y adaptaciones ha venido orientando la conducta de la Casa Blanca hasta el día de hoy. ¿Cómo explicar tamaña contradicción entre irrelevancia y precocidad? La inconsistencia se vuelve clamorosa cuando se repara que habría de transcurrir casi un siglo para que Washington diera a luz, en 1917, a una nueva doctrina de política exterior, esta vez referida al teatro europeo, convulsionado por la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Revolución Rusa en Febrero de ese mismo año. Más allá de la retórica y de tacticismos diplomáticos lo sustancial del caso es que América Latina es la principal región del mundo para la política exterior de los Estados Unidos: es su frontera con el Tercer Mundo, su hinterland, su área de seguridad militar, la zona con la cual comparte la ocupación de la gran isla americana que se extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego, separada de las demás masas geográficas y, más encima todavía, depósito de inmensos recursos naturales. Una periferia sometida al insaciable apetito del imperio, que saquea y domina a pueblos y naciones, generando con ello una vasta zona de crónica inestabilidad y turbulencias políticas que brotan de su condición de ser un riquísima región lindera con el centro imperial y, a la vez, la de peor y más injusta distribución de ingresos y riquezas del planeta. Esas y no otras son las razones de la temprana formulación de la Doctrina Monroe; las razones profundas, también, del más de centenar de intervenciones militares norteamericanas en la región, de tantos “golpes de mercado”, de asesinatos políticos, sobornos, campañas de desestabilización y desquiciamiento de procesos democráticos y reformistas perpetrados contra una región, ¿carente por completo de importancia? En tal caso, ¿no hubiera sido más razonable una política de indiferencia ante vecinos revoltosos pero insignificantes? Precisamente a causa de su relevancia se entiende el sobresalto de Washington ante el surgimiento de cualquier gobierno siquiera mínimamente reformista, aún en países tan pequeños como Grenada (¡344 km2 y 60.000 habitantes al momento de su invasión por los Marines en 1983!) que fueron demonizados por los administradores imperiales por su capacidad de poner en peligro la “seguridad nacional” de los Estados Unidos. Fue Zbigniev Brzezinski quien, al promediar la década de los ochentas y en plena “Guerra de las Galaxias” que la Unión Soviética era un problema transitorio para Estados Unidos, pero que América Latina constituía un desafío permanente, arraigado en las inconmovibles razones de la geografía. De ahí la persistencia del criminal bloqueo contra Cuba durante medio siglo y la excepcional “ayuda militar” prestada a Colombia, país que es el tercer receptor mundial sólo superado por la que se le presta a Israel y, en segundo lugar, Egipto.14
Petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad
Fue nada menos que Colin Powell, el Secretario de Estado de George W. Bush quien dijo, a propósito de la obstinación de la Casa Blanca para lograr aprobar el ALCA, que: “nuestro objetivo es garantizar para las empresas estadounidenses el control de un territorio que se extiende desde el Ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculo de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales por todo el hemisferio.” 15 ¿Irrelevantes? Nótese la importancia de nuestra región como un gigantesco mercado para las inversiones estadounidenses, grandes oportunidades de inversión, fabulosas expectativas de rentabilidad posibilitadas por el control político que Washington ejerce sobre casi todos los gobiernos de la región, y todo esto en un territorio que alberga un repertorio casi infinito de recursos naturales de todo tipo.
Pero además de ello la nuestra podría ser, en función de probables desarrollos tecnológicos, la región que cuente con las mayores reservas petroleras del mundo: esa es la promesa contenida en la Faja del Orinoco y los megayacimientos submarinos recientemente descubiertos por Petrobrás en el litoral paulista. No lo es hoy, pero podría serlo en un futuro próximo. En todo caso, aun en las condiciones actuales, es la que puede ofrecer un suministro más cercano y seguro a Estados Unidos, dato harto significativo cuando las reservas del centro imperial no alcanzan para más de 10 años y las fuentes alternativas de aprovisionamiento son mucho más lejanas y cada vez más problemáticas e inciertas toda que vez han entrado en una zona de creciente inestabilidad política. Medio Oriente se ha convertido en un polvorín que puede estallar en cualquier momento, donde el resentimiento anti-estadounidense alcanza proporciones impresionantes aun en los “Estados-clientes” como Egipto, Arabia Saudita y Turquía. Derrotado en términos prácticos en Irak, al no poder estabilizar ese país creando las condiciones para apropiarse de su riqueza petrolera en las proporciones anheladas; estancado y con graves riesgos de sufrir otra derrota semejante en Afganistán, cegando las cuencas petroleras de Asia Central al paso que las de África Occidental carecen de las más elementales condiciones políticas requeridas para garantizar un flujo estable y previsible de petróleo hacia Estados Unidos, el petróleo venezolano distante a apenas tres o cuatro días de navegación por un “mar interior” como el Caribe es un imán que atrae incansablemente los peores designios de la Casa Blanca.
América Latina tiene asimismo grandes reservas de gas, dispone de casi la mitad del total de agua potable del planeta, y es el territorio donde se encuentran varios de los ríos más caudalosos del mundo y dos muy importantes acuíferos: el Guaraní y el de Chiapas. El primero no es el mayor del mundo, que es el Siberiano, pero sí es el que tiene mayor capacidad de recarga, lo que le asegura una duración prácticamente indefinida. Y el de Chiapas ya ha sido considerado como un muy significativo aporte para enfrentar el inexorable agotamiento del suministro de agua que afecta el Suroeste de Estados Unidos y que compromete el acceso al vital liquido de poblaciones como Los Angeles y San Diego. Si como dicen los expertos en cuestiones militares las guerras del siglo veintiuno serán guerras del agua, ¿cómo podría ser irrelevante un área que concentra casi la mitad del agua dulce del planeta?
América Latina también es rica en minerales estratégicos. Un trabajo reciente de Rodríguez Rejas en relación al tema demuestra que “desde mitad de la década de los noventa, cuando se dispara esta actividad, América Latina cuenta con una parte importante de la producción y reservas de varios minerales cuya principal fuente de destino es EU.” Prosigue esta autora recordando que “entre los diez primeros países mineros del mundo hay seis latinoamericanos: Perú, Chile, Brasil, Argentina, México, Bolivia y Venezuela” y que los países de la región se cuentan “entre los principales productores mundiales de minerales estratégicos y metales preciosos son catalogados como tales el oro, plata, cobre y zinc, así como por las reservas probadas de minerales estratégicos con alto precio en el mercado como el antimonio, bismuto, litio, niobio, torio, oro, zinc y uranio entre otros. En varios, el principal receptor de la producción es EU, especialmente en el caso del bismuto (88%), zinc (72%), niobio (52%) y en menor medida la fluorita (45%) y el cobre /45%).” 16 En línea con este análisis John Saxe-Fernández sostiene que la agenda militar/empresarial de los Estados Unidos en esta materia se refiere a los abastecimientos de petróleo, gas y el resto de los metales y minerales, “de la A de alúmina a la Z de zinc.” Y para sustanciar esta afirmación el experto señala que ya desde 1980 uno de los principales expertos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos había advertido al Congreso que amén de la fuerte dependencia de las importaciones petroleras este país carecía “de al menos cuarenta minerales esenciales para una defensa adecuada y una economía fuerte.” De esto se desprende la necesidad de que esos minerales puedan ser aportados por los países latinoamericanos, sustituyendo fuentes de abastecimiento mucho más inciertas y lejanas.17 De acuerdo con informaciones proporcionadas por el Mineral Information Institute de Estados Unidos debe importar el cien porciento del arsénico, columbo, grafito, manganeso, mica, estroncio, talantium y trium que requiere, y el 99 porciento de la bauxita y alúmina, 94 porciento del tungsteno, 84 porciento del estaño, 79 porciento del cobalto, 75 porciento del cromo y 66 porciento del níquel. 18 Como lo asegura el Mineral Information Institute, cada estadounidense al nacer consumirá 2.9 millones de libras de minerales, metales y combustibles a lo largo de su vida: 923 de cobre, 544 de zinc, 14.530 de mineral de hierro, 5.93 millones de pies cúbicos de gas, 72.499 galones de petróleo, y así sucesivamente. La infografía que se inserta a continuación ilustra con elocuencia el enorme peso que ejerce sobre el planeta Tierra el sostenimiento del patrón de consumo establecido por el capitalismo norteamericano en ese país. Huelga añadir que los países latinoamericanos son grandes productores de la mayoría de estos minerales, metales y combustibles requeridos por el consumidor estadounidense.

Lo que cada norteamericano necesitará al nacer…

Lo anterior en relación a minerales, metales y combustibles. Pero la riqueza de América Latina no se agota allí. Miremos a la biodiversidad, ¿cómo podría ser irrelevante una región que cuenta con algo más del 40% de todas las especies animales y vegetales existentes en el planeta? Según informa un documento del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente América Latina y el Caribe alberga a cinco de los diez países con mayor biodiversidad del planeta: Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, así como la mayor área de biodiversidad del mundo: la cuenca amazónica que se extiende a partir de las estribaciones orientales de los Andes. Esta región contiene la mitad de las selvas tropicales del planeta, un tercio de todos sus mamíferos y algo más de sus especies reptiles, 41 porciento de sus pájaros y la mitad de sus plantas. Es también la región de más rápida deforestación a nivel mundial aunque posee más del 30 porciento del agua potable y un 40 porciento de los recursos acuíferos renovables del planeta. Los Andes, por último, son el hogar del 90 porciento de los glaciares tropicales, fuentes del diez por ciento del agua potable del planeta. La cuarta parte de la riqueza ictícola existente en los ríos interiores de todo el mundo se encuentra en esta parte del mundo. La mitad de las especies vegetales del Caribe, a su vez, son exclusivas de esa región y no se encuentran en ninguna otra. 19 Esta exuberante riqueza en materia de biodiversidad constituye un imán poderosísimo para las grandes transnacionales estadounidenses, dispuestas a imprimir mediante los avances de la ingeniería genética el sello de su copyright a todas las formas de vida animal o vegetal existentes y, a partir de ello, dominar por entero la economía mundial como lo están haciendo, en buena medida, con las semillas transgénicas. Por algo el tema de los derechos de propiedad intelectual tiene tanta prioridad para Washington, como lo atestiguan las durísimas negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio.
Por último, desde el punto de vista territorial, América Latina es una retaguardia militar de crucial importancia. Obviamente, los funcionarios del Departamento de Estado lo niegan rotundamente, pero los expertos del Pentágono saben que esto es así. Por eso el empecinamiento de Washington por saturar nuestra geografía con bases y misiones militares y su obstinación en garantizar la inmunidad del personal involucrado en las mismas. Si fuéramos tan poco importantes como se nos dice, ¿por qué la Casa Blanca se desvive proponiendo políticas que suscitan el repudio casi universal en la región? 20
Militarización de las relaciones interamericanas.
La verdadera cacería de recursos naturales desencadenada por el imperio inevitablemente estaba destinada a desencadenar una desorbitada expansión de la presencia militar al Sur del Río Bravo, coto privilegiado de su pillaje.21 Derrotado su gran proyecto estratégico, el ALCA, en la Cumbre de Presidentes de las Américas de Mar del Plata (Noviembre de 2005), bajo la dirección de Hugo Chávez y con la colaboración de Luiz Inacio “Lula” da Silva y Néstor Kirchner, la Casa Blanca sólo retrocedió para cobrar nuevos bríos y lanzarse de lleno a la reconquista de su influencia perdida. Los cambios que se habían sucedido desde finales del siglo pasado: la rebelión zapatista, la elección de Hugo Chávez, el auge del Foro Social Mundial en el primer quinquenio del presente siglo, las elecciones de Lula y Kirchner en Brasil y Argentina respectivamente y, más tarde, el triunfo de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y, en menor medida, del Sandinismo en Nicaragua convencieron a la burguesía imperial que el reordenamiento de la díscola y vasta región que se extiende hacia el Sur difícilmente podría lograrse apelando a los tradicionales mecanismos de la democracia burguesa. Pese a que éstos favorecían de manera sistemática los intereses y las preferencias imperiales los procesos de descomposición del orden neocolonial habían avanzado mucho: la resistencia de Cuba ante el bloqueo y una aberrante campaña de agresiones y sabotajes la hacía aparecer ante los ojos de millones de latinoamericanos como un faro cuya luz se hacía más resplandeciente con el transcurso del tiempo. Y la aparición de nuevos liderazgos radicales, como el de los ya mencionados Chávez, Morales y Correa, y de otros que sin serlo facilitaban sus iniciativas, como Kirchner, Correa y Vázquez en Uruguay, exigía correctivos que obligaban a arrojar por la borda los escasos escrúpulos democráticos de la derecha latinoamericana e imperial. De ahí las tentativas golpistas en Venezuela en 2002, Bolivia en 2008, Honduras en 2009 y Ecuador en 2010, no por casualidad cuatro países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).22 Si bien tres de estas cuatro tentativas fueron derrotadas, en Honduras el desenlace favoreció los planes del imperialismo: el presidente Mel Zelaya fue derrocado, el régimen golpista fue amparado por la abierta complicidad de Washington y el gobierno fraudulento de Porfirio Lobo inmediatamente reconocido por la Casa Blanca y su peón sudamericano, Álvaro Uribe.
El contra-ataque imperial se manifestó no sólo en el terreno de la desestabilización de gobiernos democráticos: sumamente expresiva fue la reactivación de la IV Flota, que había permanecida como una suerte de “célula dormida” del imperialismo desde 1950 y que ni siquiera había sido llamada a las armas durante la muy crítica coyuntura de Octubre de 1962 cuando se produjo la llamada “crisis de los misiles” entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero el retroceso de los intereses estadounidenses en Sudamérica y el anuncio del presidente Lula del descubrimiento de un mega-yacimiento de petróleo en aguas continentales del Brasil precipitaron el llamado a levar anclar y hacerse a la mar de la IV Flota. 23 Lo mismo puede decirse en relación a la sucesión de bases militares que Estados Unidos ha logrado implantar en esta parte del mundo y que, sin duda alguna, ponen en evidencia la voluntad del imperio de fortalecer su presencia en la región y garantizar la exclusividad en el acceso a los estratégicos recursos que alberga el corazón de América del Sur. (Ver mapa al final de este trabajo)
Un aspecto poco examinado, y que convendría monitorear más cuidadosamente, es el siguiente: si bien es cierto que la Escuela de las Américas (School of the Americas, SOA), el nido en el cual se criaron los militares terroristas que asolaron la región, ya no tiene la importancia de antaño, lo cierto es que persisten todavía numerosos vínculos que articulan al Pentágono con las fuerzas armadas de América Latina y el Caribe. Fundada en 1946 y establecida en Panamá en ese mismo año, en 1984 reinicia sus actividades en territorio continental norteamericano, en Fort Benning, Georgia. La relocalización de la Escuela de las Américas fuera del suelo latinoamericano había sido uno de los puntos contemplados en las negociaciones del tratado Carter-Torrijos en 1977.24 Atenta a los cambios de los vientos políticos que soplaban en la región en el 2001 esta siniestra institución cambia de nombre y pasa a denominarse “Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad” (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation WHISC). El cambio es mero maquillaje porque la institución continúa en el mismo sitio, con el mismo edificio, los mismos instructores y enseñando las mismas técnicas de tortura y represión. Lo más grave, salvo pocas excepciones la casi totalidad de los países del área: Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, México, Jamaica, Belice, Brasil, Canadá, Barbados, Grenada y St.Kitts continuaban enviando, en el 2009, sus oficiales de las fuerzas armadas a la SOA mientras que Argentina, Venezuela, Bolivia y Uruguay dejaron de hacerlo.25
Para resumir: pese a los cambios sociopolíticos existentes en la región todavía subsisten múltiples lazos que vinculan a las fuerzas armadas latinoamericanas con las agencias militares del imperio. Le asiste plenamente la razón a la especialista argentina Elsa Bruzzone cuando asegura que “debemos deshacernos de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de la Junta Interamericana de Defensa, en resumen, de todo el sistema interamericano de defensa elaborado por Estado Unidos desde el año 1948.” 26
El proceso de militarización de las relaciones interamericanas
está lejos de ser un resultado accidental del nuevo escenario internacional sino que refleja las apremiantes necesidades del imperio para asegurarse el control excluyente de los recursos naturales necesarios para mantener su irracional y despilfarrador patrón de consumo. Por supuesto, esto tiene su contrapartida doméstica en la fuerte tendencia hacia la criminalización de la protesta social en numerosos países del área, en una dinámica que no es independiente sino estrechamente relacionada con la que prevalece en el plano internacional. Tal como lo ha observado en numerosos escritos Raúl Zibechi, este proceso es inherente al modelo de desarrollo extractivista, a la acumulación por desposesión (David Harvey) y al saqueo de los pueblos originarios y las masas campesinas latinoamericanas. La conclusión es que no hay extractivismo sin represión, y no hay relaciones interamericanas sin militarización.
Dadas estas condiciones no sorprende impulso y el abierto auspicio que Washington le está otorgando a las diversas “ofensivas destituyentes” en curso en la región. El caso de Honduras es sin duda el más citado y, tal vez, el más descarado. Allí fue el propio embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, quien advirtió, en un cable ahora revelado por las filtraciones de WikiLeaks, que “las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Congreso Nacional conspiraron contra el ex presidente Manuel Zelaya” y que lo que allí ocurrió fue un golpe de estado y no, como lo asegurara la Secretaria de Estado Hillary Clinton, un prolijo y legal recambio presidencial precipitado por las transgresiones cometidas por el presidente Zelaya. Esto no es nada novedoso sino, por el contrario, la ratificación de una tendencia permanente de la política exterior de Estados Unidos hacia nuestra región y que hoy se manifiesta también en la brutal ofensiva lanzada contra los gobiernos de izquierda como el de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa y, en menor medida, a quienes son considerados como sus “compinches”: los gobiernos de Lula en Brasil y Cristina Fernández en Argentina. Las abiertas amenazas golpistas que se ciernen sobre Guatemala y Paraguay, sobre todo en este último país donde el protagonismo de la “embajada” ha llegado a extremos insólitos, así como la intensificación de la campaña en contra de Cuba puesta de manifiesto en los renovados recursos destinados a financiar las actividades de presuntos “disidentes” y que seguramente se intensificará con la asunción de algunos miembros de la derecha fascista en algunos cargos claves del Congreso (caso de la representante de la mafia anticubana Ileana Ros, por ejemplo, a la jefatura de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes) son claros indicios de que nuestra región deberá estar muy alerta para evitar que sus gobiernos progresistas sucumban ante el feroz ataque de la Roma americana, como gustaba decir a José Martí.
Una última reflexión en relación a este asunto: contrariamente a las ilusiones que brotaron al calor de la “obamamanía”, la presidencia de Obama no se apartó un ápice de la senda trazada por sus reaccionarios predecesores. No sólo fue él quien estampó su firma junto a la de Álvaro Uribe al pie del tratado mediante el cual Colombia cedía el uso de siete bases militares a los Estados Unidos en una movida que equivale a la explícita conversión de ese país sudamericano en un protectorado norteamericano sino que también admitió sin revisión continuar con el ASPAN la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte que, en los hechos, significa extender dentro de los territorios de México y Canadá (pero no a la inversa, si bien esto no está explícitamente prohibido) la jurisdicción de las fuerzas armadas estadounidenses, de algunas de sus agencias federales como la CIA, la DEA y el FBI, recortando significativamente la soberanía de sus vecinos del norte y del sur. No es un dato menor señalar el hecho de que, pese a su enorme importancia y su carácter lesivo para la soberanía de México, el ASPAN no sea un tratado sino simplemente un “compromiso político” o un “acuerdo de cooperación” entre los Ejecutivos de Estados Unidos, Canadá y México, el que, dada su informalidad, no está sujeto al control del Poder Legislativo de los países que establecen el acuerdo, lo cual configura una aberrante anomalía para esta clase de entendimientos. Tal como la manifestara la Canciller mexicana Patricia Espinosa, no existe ningún documento que especifique los términos de este acuerdo: por ejemplo, que armas podrán ser introducidas en México, el tamaño de la fuerza norteamericana, el ámbito territorial de su intervención, si existen o no inmunidades diplomáticas para los involucrados en esta operación. Tal como lo declarase la funcionaria arriba mencionada, “No hay documento firmado. No es un tratado internacional; es un documento que refleja el compromiso de ambos gobiernos de trabajar de manera conjunta”. El único documento escrito es, según la Canciller, apenas el comunicado conjunto emitido por los gobiernos de los tres países, ¡Nada más! El ASPAN tiene por objetivo coordinar los esfuerzos de lucha contra lo que se ha dado en llamar las “amenazas comunes”, mismas que fueron identificadas como “las organizaciones transnacionales del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas”. Gracias a este “compromiso” las fuerzas ocupantes pueden ignorar la normativa internacional en la materia, porque no hay ningún vínculo formal que las obligue a ello. Pocas veces se constató tan flagrante e ignominiosa cesión de soberanía como el ASPAN, llevada a cabo de manera solapada, arbitraria y antidemocrática, lo que arroja un ominoso manto de sospecha sobre los gobiernos signatarios y carcome insanablemente sus pretendidas credenciales democráticas. Obama convalidó esta monstruosidad, lo cual retrata nítidamente cuál su total sujeción a las directivas establecidas por la clase dominante en Estados Unidos. ¡Menos mal que era tenido por “progresista”! 27
Una conclusión esperanzada
No obstante todo lo antes expuesto, es preciso subrayar que a pesar de las formidables presiones de todo tipo ejercidas por Estados Unidos Washington no pudo neutralizar la creciente influencia comercial y económica de China y, en algunos casos, como Rusia, la influencia ejercida también en la órbita militar. Este acelerado proceso de multipolarización económica y política, que contrasta abiertamente con el indisputado predominio militar de Estados Unidos, ha abierto un importante espacio para afianzar la autonomía y autodeterminación de Nuestra América. Países como Rusia han recuperado su gravitación en el área y otros como China, Irán, India y Sudáfrica juegan un papel cada vez más importante en los delicados equilibrios geopolíticos de la región.
Una prueba del menguado poderío norteamericano en el área la ofrece la sola enumeración de algunas derrotas que Estados Unidos experimentó en años recientes en esta parte del mundo. Sin ánimo de exhaustividad podríamos citar el desplante sufrido en la elección del Secretario General de la OEA, en Mayo del 2005, cuando por primera vez fue electo un candidato que no contaba con el apoyo de Estados Unidos. Poco después Washington sufriría una nueva derrota en Mar del Plata, cuando en Noviembre del 2005 naufragaría el ALCA. Estados Unidos experimentó también un duro revés al fracasar el golpe de estado en Venezuela, en 2002, y similares tentativas en Bolivia, 2008, y Ecuador, 2010. Lo mismo ocurrió en Junio del 2009, en San Pedro Sula, Honduras, cuando contrariando las explícitas posturas de Estados Unidos y sobreponiéndose a sus intensas presiones la Asamblea General de la OEA derogó la resolución adoptada en Punta del Este, en 1962 que había expulsado a Cuba del seno de la organización. Washington tampoco pudo impedir la realización de ejercicios navales conjuntos entre las marinas rusa y venezolana en el Mar Caribe (un “mar interior” de los Estados Unidos para los halcones del Pentágono) en Noviembre del 2008, en coincidencia con la visita del presidente de Rusia, Dimitri Medvédev a la República Bolivariana de Venezuela. Tampoco tuvo éxito la Casa Blanca en sus empeños por impedir la liberación de rehenes de las FARC en Colombia, pese a los denodados esfuerzos realizados por su peón Álvaro Uribe Vélez. No corrió mejor suerte el intento de impedir que el gobierno de Rafael Correa en Ecuador ordenara la inmediata evacuación de la base de Manta, ni tampoco pudo ser desestabilizado ese gobierno por el ataque de las fuerzas armadas de Colombia, con apoyo logístico de personal y equipo localizado en Manta, a un campamento de las FARC establecido al sur de la frontera colombo-ecuatoriana. Tampoco tuvo éxito en precipitar la caída de Correa mediante una abortada intentona de golpe de estado en Septiembre del 2010. Washington tampoco pudo impedir que el gobierno de Evo Morales expulsara al provocador embajador de Estados Unidos en ese país, Philip Goldberg, de tenebrosa participación en la partición de la ex Yugoslavia y la creación de Kosovo. Pese a sus presiones la Casa Blanca no pudo frustrar el proyecto de creación de la Unión Sudamericana de Naciones, que suplantó exitosamente a la OEA en desbaratar los golpes de estado en contra de Evo Morales y Rafael Correa, y la puesta en marcha de un Consejo Sudamericano de Defensa. Finalmente, tampoco pudo Estados Unidos frustrar la creación, en la II Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) y la XXI Cumbre del Grupo de Río, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que iniciará sus funciones a partir de julio de 2011 luego de la III Cumbre CALC a realizarse en Venezuela.
Derrotas significativas, más el imperio no se da por vencido. Vuelve a la carga y, tal como lo enseña la historia, al igual que sus predecesores: el imperio británico, el español, el portugués, el otomano y el propio imperio romano, es en las fases de decadencia cuando se los imperios se tornan más virulentos y agresivos. Conviene, por eso, recordar algunas enseñanzas. La de Martí, cuando decía que los norteamericanos “creen en el derecho bárbaro, como único derecho: ‘esto es nuestro, porque lo necesitamos’.” Y ahí arremeten contra los pueblos que tienen aquello que excita el apetito del imperio. Las del Che, cuando en las Naciones Unidas sentenciaba que “(N)o se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así, nada.” Y las de Fidel, cuando nos aconsejaba…
“No subestimar al enemigo imperialista […] ¡El enemigo imperialista cometió el error de subestimarnos a nosotros! …nuestra patria se enfrenta al imperio más feroz de los tiempos contemporáneos, y […] que […] no descansará en sus esfuerzos por tratar de destruir la Revolución […] crearnos obstáculos […] por tratar de impedir el progreso y el desarrollo de nuestra patria […] ese imperialismo nos odia con el odio de los amos contra los esclavos que se rebelan. […] a ello se unen las circunstancias de que ven sus intereses en peligro; no los de aquí, sino los de todo el mundo.”

Posiciones militares de EEUU

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1 Un excelente compendio de esas discusiones se encuentra en Luis Maira, compilador: ¿Una nueva era de hegemonía norteamericana? (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1985). En Estados Unidos, los principales contribuyentes a ese debate fueron Robert Gilpin The political economy of international relations (Princeton: Princeton University Press, 1987); Paul Kennedy, The rise and fall of the Great Powers . Economic change and military conflict from 1500 to 2000. ( New York: Random House, 1987); Robert O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and discord in the world political economy (Princeton, Princeton University Press, 1987); Henry R. Nau, The Myth of America’s Decline (New York and Oxford, Oxford University Press, 1990); Joseph S. Nye, Jr., Bound to lead. The changing nature of American power (New York: Basic Books, 1990) y también su “The changing nature of world power”, Political Science Quarterly, Vol. 105, Nº 2, 1990; Bruce Russett, “The mysterious case of vanishing hegemony; or is Mark Twain really dead?”, International Organization 39 (Spring 1985); Duncan Snidal, “Hegemonic stability theory revisited”, en International Organization 39 (Autumn 1985); Susan Strange, “The persistent myth of the lost hegemony”, International Organization 41 (Autumn 1987).
2 Cf Paul Kennedy, The rise and fall of the Great Powers . Economic change and military conflict from 1500 to 2000. ( New York: Random House, 1987); Emmanuel Todd, Après l’empire. Essai sur la décomposition du système américain (Paris: Gallimard, 2002)
3 Charles Krauthammer, “The unipolar moment”, en Foreign Affairs, Vol. 70, Nº 1, 1990-1991. Ver asimismo Immanuel Wallerstein, The decline of American Power (New Press. 2003) ; Chalmers Johnson The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic ( New York: Metropolitan Books, 2004) y la obra de quien quizás sea el más radical teórico de la supremacía norteamericana, Robert Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order (New York: Knopf, 2003)
4 Ver su Imperio (Buenos Aires: Paidós, 2002). Hemos examinado y criticado esa tesis en nuestro Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri (ediciones varias)
5 La frase fue pronunciada en un discurso en ocasión de la graduación de los guardacostas estadounidenses el 21 de Mayo del 2003. Cf. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030521-2.es.html
6 En el documento del Departamento de Defensa, National Defense Strategy (Washington: Junio 2008), por ejemplo, se abre con la siguiente afirmación: “Los Estados Unidos, nuestros aliados y socios, enfrentan un amplio espectro de desafíos, entre los cuales se cuentan las redes transnacionales de extremistas violentos, estados hostiles dotados de armas de destrucción masiva, nuevos poderes regionales, amenazas emergentes desde el espacio y el ciberespacio, desastres naturales y pandémicos y creciente competencia para obtener recursos. El Departamento de Defensa debe responder a estos desafíos y a la vez anticipándose y preparándose para los de mañana.” (pg. 1, énfasis nuestro) Y poco antes, en su mensaje introductorio, el Secretario Robert M. Gates decía que “estamos involucrados en un conflicto que no tiene parangón alguno con lo que hemos enfrentado en el pasado.”
7 Cf. Karen E. Dynan and Donald L. Kohn: “The rise in U.S. Household indebtedness: causes and consequences” (Washington, D.C.: Federal Reserve Board of Washington, August 2007), pg. 40. Agradecemos a Eric Toussaint los datos suministrados en una comunicación personal el 26 de Marzo del 2009.
8 Cf. Alfredo Jalife-Rahme, “¿Más siete de Colombia? Las 865 bases militares de EEUU en 40 países”, en Rebelión, 10-08-2009 y Johnson, op. cit.
9 Las principales bases norteamericanas no todas en América Latina y el Caribe son las siguientes: Guantánamo; Puerto Rico; Comapala, en El Salvador; Palmerolas, en Honduras; Aruba; Curaçao; Mariscal Estigarribia, Paraguay, frontera Bolivia; Pedro Juan Caballero (DEA, Paraguay, sobre mismo la frontera Brasil); 7 bases más en Colombia; 4 en Panamá; Perú, acaba de ofrecer para sustituir a Manta; Malvinas (formalmente a cargo del Reino Unido y la OTAN, pero en la práctica bajo control estadounidense); Cayena, en la Guayana Francesa.
10 Comunicación personal del investigador argentino de las relaciones internacionales Juan Tokatlian,
11 No es un dato menor el hecho de que la movilización de la IV Flota se produjo sin que mediara una comunicación oficial de Washington a los jefes de estado de América Latina y el Caribe. Quienes recibieron la noticia fueron los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la región.
12 Cf. Roberto Fernández Retamar, Todo Calibán (Buenos Aires: CLACSO, 2004) En uno de sus pasajes más luminosos el poeta y ensayista cubano dice que “el colonialismo ha calado tan hondamente en nosotros que sólo leemos con verdadero respeto a los autores anticolonialistas difundidos desde las metrópolis.” (pp. 39-40, énfasis en el original)
13 Hemos examinado este asunto en nuestro “La mentira como principio de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina”, en Foreign Affairs en Español, Volumen 6, Nº 1, 2006, pp.61-68.
14 En su muy ilustrativo libro El Gran Tablero Mundial, Brzezinski pasa prolija revista a las distintas regiones y subregiones del mundo, con la sorprendente excepción de América Latina. Interrogado en una conferencia que dictara en la Universidad de Columbia (en Nueva York) por esa sorprendente ausencia replicó con sinceridad que en un sentido estricto América Latina y el Caribe no eran “regiones externas” sino que formaban parte del corazón mismo del imperio, “zonas interiores” del centro imperial estadounidense. Su status, por lo tanto, no era equiparable al Medio Oriente o a África Sub-Sahariana. Sobran los comentarios …
15 Esta sección re-elabora algunos párrafos de nuestro artículo “La mentira como principio de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina », op. cit.
16 Rodríguez Rejas, María José ”La centralidad de América Latina en la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos”, en Rebelión, 3 de Noviembre de 2010, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=115986
17 John Saxe-Fernández, “América Latina : reserva estratégia de Estados Unidos”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO, 2009) Año X, Nº 25, Abril.
18 Cf. Mineral Information Institute, http://www.mii.org
19 Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP), State of Biodiversity in Latin America and the Caribbean en http://www.cbd.int/gbo/gbo3/doc/StateOfBiodiversity-LatinAmerica.pdf , pp. 1-3.
20 Sobre el tema ver John Saxe-Fernández, Terror e Imperio. La hegemonía política y económica de Estados Unidos. (México: Random House Mondadori-Arena Abierta, Colección Debate, 2005); Luis Suárez Salazar, Madre América. Un siglo de violencia y dolor (1898-1998) (La Habana: Editorial de Ciencias sociales, 2003) amén de los numerosos trabajos de Ana Esther Ceceña en el marco del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, entre ellos El águila despliega sus alas de nuevo. Un continente bajo amenaza [en colaboración con Rodrigo Yedra y David Barrios], (Quito : FEDAEPS, 2009) y El Gran Caribe. Umbral de la geopolítica mundial [en colaboración con Rodrigo Yedra, Daniel Inclán y David Barrios], publicado por el mismo sello editorial el año 2010. Véase asimismo el trabajo de Sonia Winer, Mariana Carrolli, Lucía López y Florencia Martínez : Estrategia militar de Estados Unidos en América Latina, Cuaderno de Trabajo Nº 66, (Buenos Aires : Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2006) http://www.centrocultural.coop/uploads/cuaderno66.pdf
21 Pese a tener cerca del 5 por ciento de la población mundial Estados Unidos consume el 25 por ciento del petróleo producido en el planeta.
22 A estos cuatro casos habría que agregar el golpe de estado perpetrado contra Jean- Bertrand Aristide en Haití, en 2004, aunque no se trata de un fenómeno estrictamente comparable con los demás.
23 Sobre ésto ver nuestro “La IV Flota derrotó a Imperio”, en Rebelión , 21 Agosto 2008, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71635
Añadimos: no sólo “hacerse a la mar”. Tal como lo señaláramos más arriba la IV Flota dispone de navíos especialmente adaptados para remontar los ríos interiores de Sudamérica.
24 La SOA instruyó, hasta su transformación, unos 61 miembros de las fuerzas armadas latinoamericanas. Entre ellos sobresalen algunos de los más siniestros tiranos y asesinos de la región, entre ellos Leopoldo F. Galtieri y Roberto Viola (Argentina); Manuel Contreras (Chile); Vladimiro Montesinos (Perú), Manuel Noriega (Panamá), Hugo Banzer (Bolivia) y Roberto D’Aubuisson, jefe del “escuadrón de la muerte” que tuvo a su cargo la matanza de los jesuitas en El Salvador.
25 Cf. http://www.scribd.com/doc/24663035/UntitledLA-OPERACION-CONDOR-TERRORISMO-DE-ESTADO-EN-AMERICA-LATINA-%E2%80%93
26 Cf. Natalia Brite, “Sistema “interamericano” o soberanía regional”, entrevista a Elsa Bruzzone, en http://alainet.org/active/36888
27 Sobre el ASPAN ver la exposición hecha por Carlos Fazio http://clasefazio.wordpress.com/2010/04/13/aspan-plan-mexico-y-soberania-nacional-exposicion-de-clase/ . La información oficial del gobierno mexicano sobre el ASPAN se encuentra en http://www.sre.gob.mx/eventos/aspan/faqs.htm

Pastores de Iglesia Luterana Popular presentes en XXVII Convención del FMLN

SAN SALVADOR, 12 de diciembre de 2010 (SIEP) Una delegación de las comunidades de las Iglesia Luterana Popular, ILPES, encabezada por los presbíteros Ricardo Cornejo y Roberto Pineda se hicieron presentes esta mañana en la XXVII Convención del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

El Rev. Ricardo Cornejo expresó que “nuestra presencia como Iglesia en este evento, obedece a una ya larga relación con esta organización del pueblo que hoy desde el Gobierno Central impulsa las transformaciones que nuestro país necesita para superar la pobreza y el autoritarismo.”

Señaló que “como ILPES nuestra posición ante este gobierno que lleva ya dieciocho meses es la de apoyar lo positivo y exigir lo prometido. Respaldamos en ese sentido aquellas medidas que favorecen los intereses populares y nos preocupa cuando se asumen posiciones conciliatorias con la oligarquía, como en la política fiscal.”

Concluyó afirmando que “como Iglesia comprometida por un El Salvador próspero pero con justicia social, felicitamos al FMLN y le decimos que seguiremos luchando en las calles, desde las comunidades y los mercados, desde los campos y las fábricas, para hacer realidad los sueños de Monseñor Romero y de Schafik Handal, de una Patria liberada.”

El MDP es un instrumento de lucha por la vida…

ROBERTO GARCÍA. Ha dicho, Dagoberto Gutiérrez, Secretario General del Movimiento por la Democracia Participativa, en la Primera Asamblea Nacional de Delegados, quien haciendo equipo con Félix Ulloa, el pastor Carlos Rivas, el padre Rutilio Sánchez, Tirso Canales, Ramón Diaz Bach, el pastor William Chamagua, Luis Mario López, William Huezo, José María Amaya, Fidel Nieto y otros personajes reconocidos en la sociedad salvadoreña pero vinculados al movimiento popular, que se sumarán en seguida, conducirán el nuevo sujeto político que está dando sus primeros pasos, pues son ellos la Comisión política, máximo organismo de dirección.

Este movimiento nace como consecuencia de la sentencia de la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le quita el monopolio a los partidos políticos “…del ser el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno..” (Art. 85 de la C. de la República). En este contexto, el MDP busca darle forma, sentido y razón a las candidaturas independientes, “Estamos trabajando para convertirnos en una fuerza político social con presencia a nivel nacional…”, “para llenar el vacío de liderazgo que hay en el país…”, el cual se ha ido perdiendo a lo largo de estos veinte años anteriores, somos un organismo aglutinador que surge para superar la dispersión del movimiento social, no hay en el país un referente unitario que se haga eco de las demandas populares. Se propone, al mismo tiempo, ser alternativa a la crisis intelectual, teórica y moral de los partidos políticos, que pierden credibilidad frente a la ciudadanía de manera creciente. Esto le da un giro a la política, no se trata de ser instrumento para ganar elecciones, se trata de poner la política al servicio de la lucha por la vida, de la agricultura, por el trabajo, de la lucha contra el cambio climático…”.

Esto nos lleva a que propongamos la creación de un nuevo Estado, en el que la vida de los pobres y de la mayoría de la población esté asegurada, en armonía con la naturaleza, con el mundo, con el mercado, en una convivencia de respeto y solidaridad entre los seres humanos, se trata de que la política deje de ser el arte de engañar o el artificio para hacer dinero y convertirse de la noche a la mañana en el personaje que su vida está llena de comodidades y de lujos muy propio de esto que se le llama sociedad de consumo, en la que la justicia, la democracia y la libertad tiene razón de ser y plenitud sólo para una minoría.

No se trata de que la democracia representativa desaparezca sino de democratizar la democracia, de ampliarla y profundizarla, es decir, que la saquemos de su extravío dejando que la gente haga lo que tiene que hacer, que la política y el quehacer político no sea el privilegio de los representantes que elegimos el día de las elecciones. Que la democracia sea en la realidad lo que la teoría dice, que es el poder del pueblo, ejercido por el pueblo y para el pueblo. Se trata de que los ciudadanos hagamos lo que hemos dejado de hacer porque hemos confiado que el representante va a hacer lo que nosotros deberíamos estar haciendo: hacer uso de nuestros derechos y exigir que se cumplan los que no se cumplan. Aquí es donde la democracia participativa entra a jugar su papel y la gente entra a hacer política porque hay que hacer de la política el arte del construir el vivir bien para todos.

La Asamblea Nacional de Delegados acordó estructurarse en comisiones y secretarías, crear cuantas sean necesarias para responder a los desafíos del crecimiento a nivel nacional y la diversidad de temas y problemas que hay que trabajar para tener propuestas de solución. Asimismo acordaron lanzar públicamente el movimiento a través de un acto de masas en enero del próximo año, el que se anunciará con los detalles requeridos en su debido momento. Además, el tener un local propio que permita articular la lucha de manera permanente, cada cierto tiempo se van a reunir, los secretarios adjuntos, …

Comunidades realizan protesta frente a Embajada de España

SAN SALVADOR, 8 de diciembre de 2010 (SIEP) Representantes de diversas comunidades del área metropolitana así como vendedores, se congregaron esta mañana frente a la Embajada de España, para protestar contra los desalojos que diversas municipalidades están realizando contra sectores populares.

La cooperación española proporciona ayuda a diversas municipalidades, la cual utilizan para impulsar proyectos de reordenamiento vial, que comprende la expulsión de vendedores de sus zonas de trabajo como es el caso de esta ciudad capital en la que el alcalde arenero Norman Quijano desalojó violentamente a los vendedores de la calle Arce.

“Estamos aquí para solidarizarnos con nuestros compañeros de San Salvador y pedirle al Embajador español que supervise la ayuda que están dando porque se usa para reprimir, para golpear mujeres, y en nuestro caso para negarnos nuestro derecho a ganarnos la vida, el pan para nuestros hijos…” indicó, Gladys Pérez, presidenta del Comité de vendedores de San Martin.

En San Martín, municipio al oriente de esta capital, el Alcalde únicamente permite que estas vendedoras realicen sus actividades este mes de diciembre hasta la 1p.m. y además amenaza con desalojar algunas comunidades asentadas al occidente de esta comuna. En Ayutuxtepeque, la Alcaldesa reprimió con el CAM a trabajadoras despedidas en junio de este año y amenaza con desalojar a una comunidad para construir un parque recreativo. Estas tres municipalidades reciben cooperación española para estos proyectos.

Finalmente, el Rev. Ricardo Cornejo de la Iglesia Luterana Popular, ILPES manifestó que “como Iglesia acompañamos a estas comunidades pobres en su lucha por la vida, ese es el camino que nos enseñó Monseñor Romero, acompañar a los que sufren y luchan porque de ellos y de ellas es el reino de los Cielos.”

ILPES apoya a comunidades de San Martin que exigen al GOES la legalización de sus tierras

SAN MARTIN, 5 de diciembre de 2010 (SIEP) Centenares de pobladores de comunidades del occidente de este municipio exigieron esta tarde que se legalicen las tierras donde habitan desde hace más de un año y cesen las amenazas de desalojo por parte de la alcaldía.

Las comunidades entre las que se encuentran El Nuevo Edén y Milagro de Dios cuentan con el apoyo espiritual de las Comunidades de Fe y Vida de la Iglesia Luterana Popular que acompaña las diversas iniciativas orientadas a legalizar la propiedad de estos asentamientos populares.

Jorge Grande, de 72 años, agradeció a “estos hermanos luteranos que nos han acompañado en las buenas y en las malas, y que predican la palabra de Dios trabajando con nosotros, acompañando nuestras marchas y peticiones a FONAVIPO, preocupándose por nosotros…”

Por su parte, el Rev. Ricardo Cornejo expresó que “la lucha de estas comunidades por la tierra nos evangeliza y nos enseña el rostro sufrido de Jesús así como el misterio de la lucha que nos hermana y nos vuelve comunidad en el esfuerzo sagrado de lograr un techo que nos proteja del frio, de la lluvia y del sol. Somos una iglesia que camina con su pueblo como nos lo enseñó Monseñor Romero…”

Logramos una ley en defensa de las mujeres…Entrevista con María Isabel Villegas

SAN SALVADOR, 25 de noviembre de 2010 (SIEP) “La aprobación de esta ley es un gran paso de avance, un logro histórico, que hay que defender y el desafío ahora como mujeres organizadas será hacer que la ley se cumpla y no quede en papel…“expresó la Lic. María Isabel Villegas, consultora de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ de El Salvador.

Esta mañana centenares de mujeres convocadas por la Concertación Feminista Prudencia Ayala y otras organizaciones, marcharon para exigir la aprobación de la “Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” la cual fue posteriormente aprobada por 75 de los 84 legisladores que integran la Asamblea legislativa.

“Mediante esta ley –explicó- esperamos que se establezcan, reconozcan y garanticen los derechos a una vida libre de violencia, de temor, a través de políticas publicas de Estado que protejan la vida, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la no victimización, la tutela efectiva, la seguridad personal , la igualdad real y la equidad de todas las mujeres.”

“Este es un esfuerzo de construir un componente jurídico que nos permita defendernos ante la violencia y opresión de género, que es una expresión de la dominación patriarcal y capitalista que predomina en nuestra sociedad, pero, que debemos de reforzarla con la movilización y la organización popular. Debemos de estar claras que una ley no nos va resolver el problema, pero si ayuda, el problema lo vamos a resolver nosotras, luchando organizadas, y conscientes, con el respaldo del movimiento popular y social…”

Por su parte, Idalia Lozano, de 15 años, voluntaria de la ACJ, indicó que “ojala que con esta ley paren los abusos, desde que salimos de la casa es la silvadera y unos hasta tratan de manosearlo a uno, es insufrible, a mi miedo me da salir a veces, por tanto abuso y tanta violencia…”

Presentamos a continuación el texto de la ley aprobada:

LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que la Constitución reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia es obligación del Estado asegurar a las personas habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Así mismo, el artículo 144, establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República.

II. Que mediante Decreto Legislativo No. 430, de fecha 23 de agosto de 1995, publicado en el Diario Oficial No. 154, Tomo No. 328, de esa misma fecha, se ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem do Pará”, la cual establece la obligación a los Estados parte, de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

III. Que es necesario contar con una legislación que regule de manera adecuada la política de detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción, para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y el respeto de sus derechos humanos como una obligación del Estado; se vuelve indispensable, la introducción de un instrumento legal que oriente adecuadamente las actuaciones públicas y privadas a favor de las mujeres, y que garantice, una mejor calidad de vida y un adelanto en sus capacidades de manera integral.

IV. Que las violaciones de los derechos humanos derivadas de las diferentes formas de violencia que afectan la vida, integridad y seguridad ciudadana, tienen un impacto diferenciado según el género de las víctimas; ya que toda agresión perpetrada contra una mujer, está directamente vinculada con la desigual distribución del poder y con las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres en la sociedad.

V. Que las desigualdades de poder entre hombres y mujeres perpetuadas a través de la violencia, no le permiten a la mujeres ejercer plenamente sus derechos en el campo social, político, económico, cultural y familiar, negándoseles el acceso a una vida libre de violencia, lo cual constituye una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales; en razón de lo cual es necesario, legislar de manera integral a través de medidas que incluyan la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.

POR TANTO,

en uso de sus facultades y a iniciativa de los y las Diputadas: con la adhesión a la misma de los y las Diputadas; y con el apoyo a la misma de los y las Diputadas:

DECRETA la siguiente:

LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES”

Título I

Garantía y Aplicación de la ley

Capítulo I

Disposiciones Preliminares

Artículo 1.- Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad.

Articulo 2.- Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia comprende, ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Así mismo, se refiere al goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución y en los Instrumentos Nacionales e Internacionales sobre la materia vigentes, incluido el derecho a:

1. Que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral.

2. Que se respete la dignidad inherente a su persona y se le brinde protección a su familia.

3. La libertad y a la seguridad personal.

4. No ser sometida a tortura o tratos humillantes.

5. La igualdad de protección ante la ley y de la ley.

6. Un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la amparen frente a hechos que violen sus derechos.

7. La libertad de asociación.

8. Profesar la religión y las creencias propias en la ley.

9. Participar en los asuntos públicos incluyendo los cargos públicos.

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación

La presente ley se aplicará en beneficio de las mujeres que se encuentren en el territorio nacional, sean estas nacionales o no, o que teniendo la calidad de salvadoreñas, estén fuera del territorio nacional, siempre que las acciones u omisiones de que trata la presente ley puedan ser perseguidas con base en parámetros de extraterritorialidad.

Artículo 4.- Principios Rectores

Los principios rectores de la presente ley son:

a) Especialización: Es el derecho a una atención diferenciada y especializada, de acuerdo a las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y de manera especial, de aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o de riesgo.

b) Favorabilidad: En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la más favorable a las mujeres que enfrentan violencia.

c) Integralidad: Se refiere a la coordinación y articulación de las Instituciones del Estado para la erradicación de la violencia contra la mujer.

d) Intersectorialidad: Es el principio que fundamenta la articulación de programas, acciones y recursos de los diferentes sectores y actores a nivel nacional y local, para la detección, prevención, atención, protección y sanción, así como para la reparación del daño a las víctimas.

e) Laicidad: Se refiere a que no puede invocarse ninguna costumbre, tradición, ni consideración religiosa para justificar la violencia contra la mujer.

f) Prioridad absoluta: Se refiere al respeto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en cualquier ámbito.

Artículo 5.- Sujetos de Derechos

La presente ley se aplicará en beneficio de las mujeres, sin distinción de edad, que se encuentren en el territorio nacional; para ello se prohíbe toda forma de discriminación, entendida ésta, como toda distinción, exclusión, restricción o diferenciación arbitraria basada en el sexo, la edad, identidad sexual, estado familiar, procedencia rural o urbana, origen étnico, condición económica, nacionalidad, religión o creencias, discapacidad física, psíquica o sensorial, o cualquier causa análoga, sea que provenga del Estado, de sus agentes o de particulares.

Artículo 6.- Sujetos Obligados

Son sujetos obligados para efectos de esta ley, toda persona natural o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio salvadoreño, quienes deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

Artículo 7.- Relaciones de Poder o de Confianza

Para la aplicación e interpretación de esta ley, se presume que los tipos y modalidades de violencia contemplados en la presente ley, tienen como origen la relación desigual de poder o de confianza; en la cual, la mujer se encuentra en posición de desventaja respecto de los hombres, consistiendo las mismas en:

a) Relaciones de poder: Son las caracterizadas por la asimetría, el dominio y el control de una o varias personas sobre otra u otras.

b) Relaciones de confianza: Son las que se basan en los supuestos de lealtad, credibilidad, honestidad y seguridad que se establecen entre dos o más personas.

La desigualdad en las relaciones de poder o confianza pueden subsistir, aun cuando haya finalizado el vínculo que las originó, independientemente del ámbito en que se hayan llevado a cabo.

Artículo 8.- Definiciones

Para efectos de esta ley se entenderá por:

a) Atención Integral: Son todas las acciones para detectar, atender, proteger y restablecer los derechos de las mujeres que enfrentan cualquier tipo de violencia; para lo cual, el Estado deberá destinar los recursos humanos, logísticos y financieros necesarios y apropiados para instaurar los servicios especializados, que garanticen la restitución de derechos y la anulación de riesgos o daños ulteriores.

b) Acoso Laboral: Es la acción de hostilidad física o psicológica, que de forma sistemática y recurrente, se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser mujer en el lugar de trabajo, con la finalidad de aislar, intimidar o destruir las redes de comunicación de la persona que enfrenta estos hechos, dañar su reputación, desacreditar el trabajo realizado o perturbar u obstaculizar el ejercicio de sus labores.

c) Desaprendizaje: Es el proceso mediante el cual una persona o grupo de personas, desestructura o invalida lo aprendido por considerarlo susceptible de cuestionamiento o inapropiado para su propio desarrollo y el de la comunidad a la que pertenece.

d) Misoginia: Son las conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y desprecio contra las mujeres.

e) Persona Agresora: Quien ejerce cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, en una relación desigual de poder y en cualquiera de sus modalidades.

f) Prevención: Son normas y políticas para reducir la violencia contra las mujeres interviniendo desde las causas identificadas de la misma, y cuyo objetivo es evitar su reproducción y reducir la probabilidad de aparición del problema; por tanto, se dirigen a transformar el entorno del riesgo y a fortalecer las habilidades y condiciones de las personas y comunidades para su erradicación, asegurando una identificación rápida y eficaz, así como la reducción de los impactos y secuelas cuando se presente el problema y reincidencia.

g) Publicidad Sexista: Es cualquier forma de publicidad que transmita valores, roles, estereotipos, actitudes, conductas femeninas y masculinas, lenguaje verbal y no verbal, que fomenten la discriminación, subordinación, violencia y la misoginia.

h) Reaprendizaje: Es el proceso a través del cual las personas, asimilan un conocimiento o conducta luego de su deconstrucción androcéntrica, a partir de una visión crítica y no tradicional como producto de las nuevas relaciones establecidas con su entorno social natural.

i) Revictimizar: Son acciones que tienen como propósito o resultado causar sufrimiento a las víctimas directas o indirectas de los hechos de violencia contemplados o no en la presente ley, mediante acciones u omisiones tales como: rechazo, indolencia, indiferencia, descalificación, minimización de hechos, retardo injustificado en los procesos, falta de credibilidad, culpabilización, desprotección, negación y falta injustificada de asistencia efectiva.

j) Sexismo: Es toda discriminación que se fundamenta en la diferencia sexual que afecta toda relación entre seres humanos y abarca todas las dimensiones cotidianas de la vida privada o pública que define sentimientos, concepciones, actitudes y acciones.

k) Violencia contra las Mujeres: Es cualquier acción basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado.

l) Víctima Directa: Se refiere a toda mujer a quien se le vulnere el derecho a vivir libre de violencia, independientemente de que se denuncie, individualice, aprehenda, enjuicie o condene a la persona agresora.

m) Víctimas Indirectas: Es toda persona a quien se le vulnere el derecho a vivir una vida libre de violencia o que sufra daños al intervenir para asistir a la víctima directa o prevenir su victimización, indistintamente del tipo de relación que exista entre ellas.

Artículo 9.- Tipos de Violencia

Para los efectos de la presente ley, se consideran tipos de violencia:

a) Violencia Económica: Es toda acción u omisión de la persona agresora, que afecta la supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas.

b) Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres.

c) Violencia Física: Es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia física contra la mujer, los ejercidos por la persona agresora en su entorno familiar, social o laboral.

d) Violencia Psicológica y Emocional: Es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer; ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del mundo o de las propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de relación.

e) Violencia Patrimonial: Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños a los bienes comunes o propios mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En consecuencia, serán nulos los actos de alzamiento, simulación de enajenación de los bienes muebles o inmuebles; cualquiera que sea el régimen patrimonial del matrimonio, incluyéndose el de la unión no matrimonial.

f) Violencia Sexual: Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima.

g) Violencia Simbólica: Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

Artículo 10.- Modalidades de Violencia

Para los efectos de la presente ley, se consideran modalidades de la Violencia:

a) Violencia Comunitaria: Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos individuales o colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión.

b) Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley.

c) Violencia Laboral: Son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten el derecho a igual salario por igual trabajo.

Artículo 11.- Interpretación

Esta ley se interpretará y se aplicará en concordancia con las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los demás Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos vigentes.

Capítulo II

Rectoría

Artículo 12.- Institución rectora y su objeto

El Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la mujer es la Institución rectora de la presente ley; y su objeto es:

a) Asegurar, vigilar y garantizar el cumplimiento y ejecución integral de la ley.

b) Coordinar las acciones conjuntas de las instituciones de la administración pública para el cumplimiento de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

c) Formular las Políticas Públicas para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a los Órganos del Estado, Instituciones Autónomas y Municipales.

d) Convocar en carácter consultivo o de coordinación a organizaciones de la sociedad civil, universidades, organismos internacionales y de cooperación.

Artículo 13.- Funciones y atribuciones del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

En la presente ley el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, tiene las siguientes atribuciones:

a) Elaborar una política marco que será la referente para el diseño de las políticas públicas a que se refiere la presente ley.

b) Presentar propuestas a las instituciones del Estado de Políticas Públicas para al Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

c) Aprobar, modificar, monitorear, evaluar y velar por el cumplimiento de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se define en la presente ley.

d) Definir estrategias y gestionar ante la situación de emergencia nacional o local, a efecto de prevenir y detectar hechos de violencia contra las mujeres.

e) Rendir informe anual al Órgano Legislativo sobre el estado y situación de la violencia contra las mujeres de conformidad con esta ley y con los compromisos internacionales adquiridos en esta materia.

f) Establecer mecanismos y acciones de coordinación y comunicación con los Órganos del Estado, Alcaldías Municipales y otras Instituciones Autónomas.

g) Efectuar evaluaciones y recomendaciones sobre la aplicación de la presente ley.

h) Otras acciones que sean indispensables y convenientes para el mejor desempeño de sus objetivos, el adecuado cumplimiento de esta ley o que se le atribuyan en otras leyes.

Artículo 14.- Comisión Técnica Especializada

Para garantizar la operativización de la presente ley y la de las Políticas Públicas para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se crea la Comisión Técnica Especializada, cuya coordinación estará a cargo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y estará conformada por una persona representante de cada institución que forma parte de la junta directiva de dicho Instituto, así como una persona representante de las siguientes instituciones:

a) Órgano Judicial.

b) Ministerio de Hacienda.

c) Ministerio de Gobernación.

d) Ministerio de Relaciones Exteriores.

e) Ministerio Economía.

f) Una persona designada por la Presidencia de la República.

g) Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Artículo 15.- Integrantes de la Comisión Técnica Especializada

Para ser integrante de la Comisión Técnica Especializada, las personas representantes de cada una de las instituciones, deberán cumplir con el perfil siguiente:

a) Demostrable honorabilidad.

b) No haber sido condenado por delitos, en los últimos diez años.

c) Especialización en materia de derechos de las mujeres.

d) Sensibilización en el respeto y cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres.

Las Funciones de la Comisión Técnica, se establecerán en base a un instructivo de trabajo formulado por las instituciones que la integran y deberá estar en concordancia con la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Capítulo III

Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo 16.- Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en adelante Política Nacional, es el conjunto de objetivos y estrategias de naturaleza pública que tiene como finalidad garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de su prevención, detección, atención y protección. Su Plan de Acción tendrá un período de cinco años.

Artículo 17.- Contenidos de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia

La Política Nacional, deberá contener programas de:

a) Detección, que tengan como fin la identificación temprana y focalización de los factores que originan los hechos de violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como privado, estableciendo modelos de detección de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contempladas en la presente ley.

b) Prevención, que tengan como fin evitar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades, a partir del desaprendizaje de los modelos convencionales que históricamente han sido atribuidos a la imagen y al concepto de las mujeres, y del reaprendizaje de nuevos modelos basados en principios de igualdad, equidad, diversidad y democracia.

c) Atención, que tengan como fin atender, proteger y restablecer, de forma expedita y eficaz, los derechos de las víctimas directas e indirectas de cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.

d) Protección, que tengan como fin atender y favorecer de manera integral los derechos de las mujeres víctimas de violencia, ya sea que se encuentren o no en situación de riesgo.

e) Erradicación de la violencia contra las mujeres, que tengan como fin la desestructuración de las prácticas, conductas, normas y costumbres sociales y culturales que vayan en detrimento de la identidad, dignidad e integridad física y emocional de las mujeres, o que las sitúen en condiciones de vulnerabilidad.

f) Seguridad ciudadana, a través del diseño de estrategias que promuevan espacios públicos seguros para las mujeres, la creación de mapas de ubicación de violencia territorial, redes ciudadanas nacionales y locales, así como instituciones que participen activamente en la detección y prevención de la violencia contra las mujeres.

g) Formación y capacitación, que facilite la inserción laboral y la generación de ingresos a mujeres que enfrenten hechos de violencia.

h) Desarrollo de estudios e investigaciones sobre violencia contra las mujeres a nivel nacional.

Así mismo, la Política Nacional, para su cumplimiento e implementación deberá contener programas de sensibilización, conocimiento y especialización para el personal prestatario de servicios para la detección, prevención, atención y protección de los casos de violencia contra las mujeres, así como Protocolos de Actuación y Coordinación con las diferentes Instituciones del Estado.

Artículo 18.- Del cumplimiento y articulación de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Las Instituciones del Estado de acuerdo a sus competencias, deberán adoptar y ejecutar los programas y acciones de erradicación de la violencia contra las mujeres establecidas en la Política Nacional.

Artículo 19.- Participación Ciudadana

Los mecanismos de participación y representación ciudadana a nivel nacional y local, deberán incluir dentro de sus normativas o reglamentos, acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en coherencia con la Política Nacional.

Capítulo IV

Responsabilidades del Estado

Sección Primera

Responsabilidades Ministeriales

Artículo 20.- Responsabilidades en el ámbito educativo

El Ministerio de Educación a través de los programas y procesos educativos de enseñanza-aprendizaje formales y no formales, en los niveles de educación: parvulario, básica, media, superior y no universitaria, incluirá dentro de la obligación que tiene de planificar y normar de manera integral la formación de las personas educadoras, así como en las actividades curriculares y extracurriculares, la promoción del derecho de las mujeres a vivir libre de violencia y de discriminación, así como la divulgación de las medidas destinadas a la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, fomentando para tal efecto las relaciones de respeto, igualdad y promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Así mismo, deberán eliminar de todos los programas educativos las normativas, reglamentos y materiales que promuevan directa o indirectamente cualquiera de las formas de violencia contra las mujeres, los esquemas de conducta, prejuicios y costumbres estereotipadas que promuevan, legitimen, naturalicen, invisibilicen y justifiquen la violencia contra las mujeres, para lo cual, el Ministerio de Educación deberá garantizar que los contenidos de todos los materiales que circulan dentro del sistema educativo cumplan con lo establecido en la presente ley.

Las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos públicos y privados, deberán adoptar las medidas necesarias para la detección y atención de los actos de violencia contra las mujeres dentro del ámbito escolar, de conformidad con lo establecido en la Política Nacional.

Artículo 21.- Educación Superior

El Ministerio de Educación, en el ámbito de Educación Superior, garantizará en los estudios universitarios de grado y en los programas de postgrado relacionados con los ámbitos de esta ley, conocimientos orientados a la prevención e investigación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y el fomento de las relaciones de igualdad y no discriminación.

Las instituciones de educación superior deberán reglamentar internamente las acciones de detección y prevención de toda forma de violencia contra la mujer.

Artículo 22.- Responsabilidades del Ministerio de Gobernación

El Ministerio de Gobernación a través de:

a) La Dirección General de Espectáculos Públicos de Radio y Televisión protegerá y defenderá, la imagen de las mujeres en el más amplio sentido conforme a los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales.

Garantizando para tal fin, que los anunciantes, medios de comunicación y agencias de publicidad, incluidos los electrónicos, informáticos y telemáticos, cuya actividad esté sometida al ámbito de la publicidad y comunicaciones no difundan contenidos, ni emitan espacios o publicidad sexista contra las mujeres, considerándose ésta, cuando se promueva la agresividad, malos tratos o discriminación contra las mujeres, la salud, la dignidad y la igualdad.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Gobernación, por medio de la Dirección General de Espectáculos Públicos de Radio y Televisión, garantizará la observancia y aplicación de los Códigos de Ética de los medios de comunicación.

b) El Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres, deberá garantizar que en las situaciones de riesgo y desastre, la atención a las mujeres se diseñe y ejecute tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad de género y las necesidades propias de su sexo, para lo cual se deberán incorporar acciones y medidas de prevención, atención y protección de las diferentes modalidades de violencia contra las mujeres, en el Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de desastres.

Entre otras, podrán adoptarse las medidas siguientes:

1) Establecer espacios físicos segregados de hombres y mujeres para prevenir situaciones de violencia.

2) Atención sanitaria, médica y psicosocial que tome en cuenta el entorno de riesgo de violencia y necesidades específicas de las mujeres.

3) Exclusión de potenciales personas agresoras que muestren conductas de violencia, hostigamiento y acoso hacia las mujeres.

4) Establecer procedimientos administrativos para la entrega equitativa de recursos acorde a las responsabilidades que afrontan las mujeres.

Artículo 23.- Responsabilidades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, será el responsable de:

a) Garantizar las medidas específicas en el ámbito de los servicios de salud pública, para la prevención, detección temprana, atención e intervención en los casos de violencia contra las mujeres.

b) Incorporar las medidas necesarias para el seguimiento y evaluación del impacto en la salud de las mujeres afectadas por la violencia, dando especial atención a la salud mental y emocional.

c) La prevención y detección temprana de las situaciones de violencia contra las mujeres, será un objetivo en el ámbito de los servicios de salud pública.

d) Garantizar la no discriminación de las mujeres en cuanto al acceso de los servicios de salud, así mismo, que el personal de salud no ejerza ningún tipo de violencia a las usuarias de los servicios, sin que anteponga sus creencias, ni prejuicios durante la prestación de los mismos.

e) Registrar estadísticamente casos de violencia contra las mujeres manifestados a través de enfermedades, accidentes y padecimientos atendidos dentro del servicio de salud pública.

f) Elaborar un informe anual relativo al número de mujeres que han sido atendidas e identificadas en situaciones de violencia, el cual se remitirá al Comité Técnico Especializado y al Sistema Nacional de Datos y Estadísticas.

g) Garantizar el cumplimiento en todo el Sistema Nacional de Salud, de las Normativas Internas en materia de procedimientos de atención para mujeres, así como, el conocimiento y acceso de las mismas a esos procedimientos.

Artículo 24.- Responsabilidades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social

El Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tanto en el sector público como privado, garantizará:

a) La realización en los centros de trabajo de acciones de sensibilización y prevención de cualquier tipo de violencia contra las trabajadoras, que afecten sus condiciones de acceso, promoción, retribución o formación.

b) Que las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de cualquier tipo de violencia, tengan la consideración de justificadas.

c) La protección de los derechos laborales de las trabajadoras que enfrentan hechos de violencia.

En los casos en que las mujeres se encuentren en ciclos de violencia y procesos de denuncia, si así lo solicitaren, se gestionará con el patrón la reubicación temporal o permanente de su lugar de trabajo, en el caso de las empresas que tienen sucursales; así como, la reorganización de sus horarios, en los términos que se determinen en los Convenios Laborales, Tratados Internacionales y legislación vigente.

Artículo 25.- Creación de Unidades Institucionales de Atención Especializada para las mujeres

Créanse las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las mujeres que enfrentan hechos de violencia, cuya finalidad será brindar servicios integrales en condiciones higiénicas y de privacidad, con atención con calidad y calidez, con prioridad a la atención en crisis; así como también, asesorar e informar sobre los derechos que les asisten, las medidas relativas a su protección y seguridad, los servicios de emergencia y acogida, incluido la del lugar de prestación de estos servicios y el estado en que se encuentran las actuaciones jurídicas o administrativas de sus denuncias.

Existirá una unidad de atención especializada en las siguientes instituciones y en sus correspondientes delegaciones departamentales:

1. Órgano Judicial.

2. Fiscalía General de la República.

3. Procuraduría General de la República.

4. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

5. Policía Nacional Civil.

6. Instituto de Medicina Legal.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Otras que tengan competencia en la materia.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer será el encargado de velar y supervisar que la atención de las unidades sea prestada de la manera prevista en el inciso primero del presente artículo.

Artículo 26.- Casas de Acogida

Créase el programa de Casas de Acogida, que estarán bajo la coordinación y supervisión del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, cuyos servicios podrán ser prestados, además del Estado y las municipalidades, por organizaciones no gubernamentales de protección a mujeres y la sociedad civil, debidamente acreditados por dicho Instituto, los cuales tendrán como objetivo:

a) Atender a las mujeres y su grupo familiar afectado que se encuentran en riesgo y desprotección generadas por situaciones de violencia, referidas por las Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales facultadas por esta ley.

b) Asegurar el apoyo inmediato, la integridad física, emocional y la atención psicosocial.

Sección Segunda

Otras instituciones Educadoras

Artículo 27.- Otras Instituciones

Las Instituciones del Estado directamente responsables de la detección, prevención, atención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres, deberán formar integralmente a su personal en conocimientos sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de discriminación, así como, sobre la divulgación de las medidas destinadas a la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia, fomentando para tal efecto las relaciones de respeto, igualdad y promoción de sus derechos humanos.

Dentro de estas instituciones se encuentran comprendidas:

Academia Nacional de Seguridad Pública.

Consejo Nacional de la Judicatura.

Fiscalía General de la República.

Instituto de Medicina Legal.

Procuraduría General de la República.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Corte Suprema de Justicia.

Escuela Penitenciaria.

Asamblea Legislativa.

Ministerio de Educación.

Centros de Formación Municipal.

Escuela Militar.

Otras instituciones que lleven a cabo procesos de educación superior especializada, no formal.

Dichas instituciones garantizarán que la formación de su personal capacitador sea sistemática y especializada en la sensibilización, prevención y atención de las mujeres que enfrentan hechos de violencia. Dichos capacitadores, deberán conocer y transmitir el enfoque de género, enfatizando en las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, las causas de desigualdad de relaciones de poder entre hombres y mujeres, y las teorías de construcción de las identidades masculinas.

Artículo 28.- Responsabilidades de instituciones colegiadas

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, fomentará programas formativos con el objeto de promover la formación especializada, sensibilización e investigación en los colegios profesionales, entidades de desarrollo científico, universidades y organizaciones no gubernamentales; en especial, de las áreas social, jurídica y sanitaria. Asimismo, velará para que los colectivos, facilitadores e investigadores desarrollen los procesos de manera eficaz y por personas que por su trayectoria, garanticen conocimientos y valores coherentes con los objetivos de esta ley.

Capítulo V

De los Concejos Municipales

Artículo 29.- Concejos Municipales

Los Concejos Municipales, para la aplicación de la presente ley, de acuerdo a las facultades y atribuciones conferidas por el Código Municipal, desarrollarán acciones coherentes con esta ley y con la Política Nacional, tales como:

1) Elaborar cada tres años, el Plan Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, el cual deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2) Convocar y articular a las instituciones y organizaciones locales, para generar acciones de coordinación, intercambio de información y colaboración para el cumplimiento de su Plan Municipal.

3) Establecer dentro de su presupuesto una partida etiquetada para la ejecución de su Plan Municipal y rendir informe anual sobre el mismo, a los y las ciudadanas de sus municipios y al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer.

4) Remitir al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los datos y estadísticas sobre los casos violencia contra las mujeres de los cuales tienen conocimiento.

Los Concejos Municipales no podrán mediar o conciliar ningún tipo o modalidad de violencia contra las mujeres.

Capítulo VI

Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información

de violencia contra las mujeres

Artículo 30.- Sistema Nacional de Datos y Estadísticas

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, será el responsable de manejar el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de violencia contra las mujeres, en adelante Sistema Nacional de Datos y Estadísticas; que deberá coordinar con la Dirección General de Estadísticas y Censos. Dicha Dirección, será la encargada de solicitar y recibir la información del resto de instituciones que posean y procesen datos, estadísticas o información sobre hechos de violencia contra las mujeres.

Los informes de dicho Sistema deberán contener:

1. Sistema de indicadores.

2. Evaluación del impacto de las políticas que se desarrollen para la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y de las acciones que se implementen, para garantizar la atención integral a aquellas que la hayan enfrentado.

3. Datos según ubicación geográfica de ocurrencia del hecho o hechos; así como, la procedencia territorial, edad, ocupación, estado familiar y nivel de escolaridad de las mujeres que han enfrentado violencia y de la persona agresora.

4. Datos de los hechos atendidos, como tipos, ámbitos y modalidades de la violencia contra las mujeres, frecuencia, tipos de armas o medios utilizados para ejecutar la violencia, medidas otorgadas y el historial del proceso judicial.

5. Efectos causados por la violencia contra las mujeres.

6. Datos relativos al número de mujeres que han enfrentado hechos de violencia atendidas en los centros y servicios hospitalarios, educativos, centros de trabajo y recurrencia de los diferentes sectores de la economía.

7. Las referencias hechas a otras instancias.

8. Los recursos erogados para la atención de las mujeres que han enfrentado hechos de violencia.

9. Otros que se consideren necesarios.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, deberá publicar anualmente los resultados de la sistematización de datos sobre los hechos de violencia contra las mujeres, mediante la presentación de informes en medios impresos y electrónicos, los cuales deberán estar disponibles a solicitud de cualquier persona natural o jurídica que así lo requiera.

Artículo 31.- Finalidad y Conformación del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de violencia contra las mujeres

La finalidad del Sistema Nacional de Datos y Estadísticas, será garantizar la base nacional de datos de hechos de violencia contra las mujeres, para lo cual deberá recopilar y homologar los datos estadísticos e información brindada, para cuyo efecto el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en coordinación con la Dirección General de Estadísticas y Censos, tendrán la obligación de solicitar la información pertinente a las Instituciones correspondientes; así como, la de rendir mensualmente la información que se solicite.

Artículo 32.- Informe de indicadores de violencia contra las mujeres

El Instituto de Medicina Legal, anualmente deberá presentar indicadores diagnósticos basados en los peritajes realizados que deberán incluir:

a) La prevalencia de casos de Feminicidio.

b) Los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres que enfrentan hechos de violencia.

c) Los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos, hijas, niñas, niños o adolescentes, a cargo de la mujer que enfrenta hechos de violencia.

d) Valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia de la persona agresora.

Capítulo VII

Presupuesto, Finanzas y Fondo Especial

Artículo 33.- Presupuesto

Los recursos para financiar la presente ley serán los siguientes:

a) Las asignaciones de las partidas del Presupuesto General de la Nación, que deberán consignar cada año o aquellos recursos etiquetados en materia de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, a cada una de las instancias públicas facultadas por esta ley.

b) Aquellos fondos especiales destinados para mujeres víctimas de violencia.

c) Donaciones nacionales e internacionales.

d) Cooperaciones regionales o internacionales.

e) Otras fuentes de financiamiento nacional o internacional.

Artículo 34.- Financiamiento para la aplicación de la presente ley

El Estado a través del Ministerio de Hacienda, deberá garantizar para la ejecución de la presente ley la asignación de partidas presupuestarias etiquetadas en el Presupuesto General de la Nación para cada año, a cada una de las instituciones públicas facultadas en esta ley para su aplicación.

Artículo 35.- Fondo Especial para mujeres víctimas de violencia

Los fondos obtenidos por las sanciones económicas impuestas por infracciones cometidas a la presente ley, ingresarán al Fondo General de la Nación, y el Ministerio de Hacienda deberá trasladarlos íntegramente para financiar aquellos proyectos a que se refiere esta ley.

Artículo 36.- Fiscalización de fondos

Corresponderá a la Corte de Cuentas de la República, la fiscalización posterior de la correcta utilización de los fondos asignados para la ejecución de la presente ley.

Capítulo VIII

Protección de la Vivienda

Artículo 37.- Ayudas Sociales y Subsidio

Las ayudas sociales o subsidios, serán compatibles con cualquiera de las previstas en las leyes vigentes con programas sociales; y provendrán, del Fondo Especial para mujeres víctimas de violencia.

Artículo 38.- Acceso a Vivienda social para Mujeres

Las mujeres sujetas a esta ley, serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas sociales protegidas y programas, en los términos que determine la legislación vigente, valorando sus circunstancias y el contexto de desprotección y de vulnerabilidad.

Artículo 39.- Protección del uso de vivienda arrendada

En los casos y hechos de violencia contra la mujer por su pareja, y éste arriende la vivienda de habitación, la mujer podrá continuar con el uso de la misma por orden judicial mediante la medida de protección correspondiente. Lo anterior no exime del pago de los cánones de arrendamiento, al que deberá ser condenado la persona agresora.

Dicha medida, se notificará a la persona agresora y al arrendatario, para que la mujer haga uso de la vivienda hasta por un plazo máximo de noventa días desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando de la copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma, que afecte el uso de la vivienda al arrendante.

Artículo 40.- Acceso a la Vivienda

El Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, del Fondo Social para la Vivienda (FSV), y del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), deberá elaborar una Política de Vivienda que progresivamente incorpore una reserva de viviendas específica para mujeres que enfrentan hechos violencia, y que se encuentren en total desprotección y condiciones de alto riesgo. Siendo prioridad las mujeres adultas mayores y las mujeres con discapacidades.

Artículo 41.- Habitación Tutelada

La habitación tutelada, consiste en espacios de vivienda temporal bajo la figura de la vivienda en protección pública para mujeres que se encuentran en ciclos de violencia y que hayan establecido dicha situación.

Los espacios de vivienda temporal, serán garantizados por el Estado; para lo cual, deberá emitir un Reglamento que regule el procedimiento para que las mujeres que establezcan la situación de violencia, puedan tener acceso a la habitación tutelada.

Artículo 42.- Certificación de denuncia

Las Instituciones obligadas por esta ley, garantizarán a las mujeres que enfrentan hechos de violencia, el derecho a obtener la certificación de denuncia, la cual deberá ser expedida dentro del término establecido por la ley.

El funcionario o funcionaria que incumpliere con esta obligación incurrirá en una sanción equivalente a diez salarios mínimos establecidos para trabajadores del comercio y servicios vigente, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente.

Artículo 43.- Establecimiento de la situación de violencia

En los casos en que así lo requieran, o que se exija el establecimiento de la situación de violencia contra las mujeres para el reconocimiento de sus derechos, ésta se acreditará, sin perjuicio de lo establecido para cada caso, a través de:

Certificación de resolución judicial por cualquier tipo y modalidad de violencia.

Certificación que acredite la atención especializada, por un organismo público competente en materia de violencia.

Título II

Delitos y Sanciones

Capítulo I

Delitos y Sanciones

Artículo 44.- Delitos de acción pública

Todos los delitos contemplados en el presente capítulo son de acción pública.

Artículo 45.- Feminicidio

Quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años.

Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima.

b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima.

c) Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género.

d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual.

e) Muerte precedida por causa de mutilación.

Artículo 46.- Feminicidio Agravado

El delito de feminicidio será sancionado con pena de treinta a cincuenta años de prisión, en los siguientes casos:

a) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad pública o agente de autoridad.

b) Si fuere realizado por dos o más personas.

c) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima.

d) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, adulta mayor o sufriere discapacidad física o mental.

e) Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de confianza, amistad, doméstica, educativa o de trabajo.

Artículo 47.- Obstaculización al Acceso a la Justicia

Quien en el ejercicio de una función pública propiciare, promoviere o tolerare, la impunidad u obstaculizare la investigación, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta ley, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación para la función pública que desempeña por el mismo plazo.

Artículo 48.- Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda

Quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco a siete años:

a) Que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ley ó en cualquier otra ley.

b) Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido contra ésta, cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ó en cualquier otra ley.

c) Que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima.

Artículo 49.- Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos Sexuales o Eróticos por medios Informáticos o Electrónicos

Quien de manera individual, colectiva u organizada publicare, distribuyere, enviare, promoviere, facilitare, administrare, financiare u organizare, de cualquier forma la utilización de mujeres, mayores de dieciocho años, sin su consentimiento en actos sexuales o eróticos, utilizando medios informáticos o electrónicos, será sancionado con prisión de cinco a diez años.

Artículo 50.- Difusión ilegal de información

Quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere información personal que dañe el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de la mujer sin su consentimiento, será sancionado con pena de uno a tres años.

Artículo 51.- Difusión de pornografía

Quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere material pornográfico por cualquier medio informático o electrónico en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer sin su consentimiento, será sancionado con pena de tres a cinco años.

Artículo 52.- Favorecimiento al incumplimiento de los deberes de asistencia económica

Quien estando obligado a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con los deberes de asistencia económica, ocultare o diere información falsa, tardía, o incumpliere con orden de autoridad judicial o administrativa, será sancionado con prisión de uno a tres años, y multa equivalente a treinta salarios mínimos del comercio y servicios.

Artículo 53.- Sustracción Patrimonial

Quien sustrajere, algún bien o valor de la posesión o patrimonio de una mujer con quien mantuviere una relación de parentesco, matrimonio o convivencia sin su consentimiento, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Artículo 54.- Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares

Quien sustrajere las ganancias o ingresos derivados de una actividad económica familiar, o dispusiere de ellas para su beneficio personal y en perjuicio de los derechos de una mujer con quien mantenga una relación de parentesco, matrimonio o convivencia declarada o no, será sancionado con prisión de tres a seis años.

Artículo 55.- Expresiones de violencia contra las mujeres.

Quien realizare cualquiera de las siguientes conductas, será sancionado con multa de dos a veinticinco salarios mínimos del comercio y servicio:

a) Elaborar, publicar, difundir o transmitir por cualquier medio, imágenes o mensajes visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas con contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres.

b) Utilizar expresiones verbales o no verbales relativas al ejercicio de la autoridad parental que tengan por fin intimidar a las mujeres.

c) Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente ley.

d) Impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier proceso de formación académica, participación política, inserción laboral o atención en salud.

e) Exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o emocional.

f) Mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios públicos, de trabajo y comunitario.

Capítulo II

Disposiciones Procesales Específicas

Artículo 56.- Política de Persecución Penal en Materia de Violencia Contra las Mujeres

La Fiscalía General de la República deberá crear, la política de persecución penal en materia de Violencia contra las Mujeres de acuerdo a los principios establecidos en ésta ley.

Artículo 57.- Garantías Procesales de las mujeres que enfrentan hechos de violencia

A las mujeres que enfrenten hechos de violencia se les garantizará:

a) Que se preserve en todo momento su intimidad y privacidad. En consecuencia su vida sexual no podrá ser expuesta directa o indirectamente, para justificar, minimizar o relativizar el daño causado.

b) Que se les extienda copia del requerimiento fiscal, de la denuncia administrativa, del reconocimiento médico legal y de cualquier otro documento de interés para la mujer que enfrenta hechos de violencia; así como, a ser tratadas con dignidad y respeto, especialmente por las partes intervinientes en el proceso.

c) Ser atendidas en la medida de lo posible, por personas del mismo sexo expertas y capacitadas en derechos de las víctimas, derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y prevención de la violencia de género, en lugares accesibles y que garanticen la privacidad, seguridad y comodidad.

d) No ser discriminadas en razón de su historial sexual o por ninguna otra causa.

e) Que se proteja debidamente su intimidad y se aplique la reserva total o parcial del expediente, para evitar la divulgación de información que pueda conducir a su identificación o la de sus familiares, manteniendo la confidencialidad de la información sobre su residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros aspectos. Dicha protección incluye a su familia y allegados.

f) Ser informada y notificada en forma oportuna y veraz, de las actuaciones que se vayan realizando durante todo el proceso judicial o administrativo, así como de los recursos pertinentes y de los servicios de ayuda. Así mismo, a qué se le extienda copia de la denuncia administrativa y del requerimiento fiscal, del reconocimiento médico legal y de cualquier otro documento de interés para la mujer, garantizando un trato digno y respetuoso.

g) Recibir asistencia integral, adecuada y oportuna, la cual podrá exceder la duración del proceso administrativo o judicial, independientemente del resultado.

h) Recibir atención médica, tratamiento adecuado y especializado, en los casos que lo ameriten. Así como la utilización del Protocolo de atención en caso de violencia sexual, para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y la Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar.

i) El designar a un acompañante durante todo el proceso judicial o administrativo.

j) No ser cohercionadas por las declaraciones vertidas durante el proceso.

k) Que de manera inmediata se decreten las medidas emergentes, de protección o cautelares establecidas en esta o en el resto de leyes vigentes.

l) Recibir el auxilio y la protección, oportuna y adecuada, de la Policía Nacional Civil, o de cualquier otra instancia y de la comunidad.

m) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado; así como, a utilizar la figura del anticipo de prueba.

n) A que se tome en cuenta su estado emocional para declarar en el juicio, y que este sea realizado de manera individual.

o) Recibir información sobre sus derechos y el proceso en un idioma, lenguaje o dialecto que comprendan, en forma accesible a su edad y madurez.

p) Solicitar medidas de emergencia, protección y cautelares en caso de que se otorgue la libertad anticipada a la persona agresora.

Las víctimas del delito de trata además de las garantías ya establecidas, gozarán de las siguientes:

1. A que no se le apliquen las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria, cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que han sido víctimas.

2. A permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia.

3. Asesoría jurídica migratoria gratuita.

Las mujeres que enfrentan hechos de violencia, gozarán de todos los derechos establecidos en la presente ley, en el resto del ordenamiento jurídico y en los Convenios Internacionales vigentes.

Artículo 58.- Prohibición de la Conciliación y Mediación

Se prohíbe la Conciliación o Mediación de cualquiera de los delitos comprendidos en la presente ley.

Disposiciones Finales

Artículo 59.- Declaración de Interés Público y Nacional

Se declara de interés público y nacional la implementación de la presente ley.

Artículo 60- Regla Supletoria

En lo no previsto en la presente ley, se aplicarán las reglas procesales comunes en lo que fuere compatible con la naturaleza de la misma; así como, las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal.

Artículo 61.- Vigencia de la Ley

La presente ley entrará en vigencia el uno de enero del dos mil doce, previa publicación en el Diario Oficial.

Movimiento por la Democracia Participativa

A finales de octubre pasado, diecisiete organizaciones sociales y expresiones religiosas diversas, se han concitado para producir el parto de un agrupamiento unitario que se proyecta como el nuevo sujeto político, el cual, ha definido como misión, ser un instrumento de la democracia participativa en nuestro país: El Salvador. Las siglas que lo identifican son MDP. Se trata de un movimiento con perspectivas de crecimiento con la velocidad determinada por la capacidad de convocatoria y de influencia cuyos miembros colectivos e individuales han alcanzado ya y por los tiempos electorales que las leyes del país establecen. Esto es un sujeto y no un actor. Los actores son parte de un guión que ellos no pensaron, en cambio, los sujetos tienen cabeza propia: piensan y deciden lo que van a decir y hacer. Dicen los organizadores con un énfasis entre comillas y negritas.

Es un movimiento que se inspira en las tradiciones de lucha del pueblo salvadoreño y la experiencia fresca de América Latina, en proceso de construcción que no concluye, y que a penas está comenzando. Somos un movimiento plural, han dicho los asistentes, capaz de alcanzar entendimientos con las más diversas ideologías, respetuoso de las particularidades internas y de la personalidad colectiva de cada quien. Embrión de un nuevo Estado que se propone construir un nuevo poder político, una nueva economía, una nueva democracia, que pueda establecer nuevas relaciones entre los seres humanos, una nueva relación con el mercado, con el mundo, la política y la naturaleza.

Es un movimiento que se fundamenta en la epistemología del sur y piensa desde el sur y se apoya en la ecología de los saberes, es decir, teniendo en cuenta los conocimientos de nuestros ancestros y en las tradiciones muy nuestras. Que lucha contra el colonialismo en sus más diversas formas. Que el origen y fin de su pensamiento y acción se fundamenta en la sustitución del capitalismo como sistema y en el neoliberalismo como modelo económico, social, político y cultural. Este es un movimiento, por supuesto, que va más allá de la democracia representativa, que niega esta forma de la democracia pero al mismo tiempo la repiensa, porque cuenta con una visión sobre lo electoral, en la que prefiere la categoría del delegado que el representante del pueblo y el electorado. El representante no tiene la obligatoriedad de rendirle cuentas a nadie, pero el delegado recibe su misión la cumple y luego rinde cuentas en el marco de unos controles establecidos en forma democrática y aceptados por todos voluntariamente.

Esto es el resultado del nuevo escenario político que se construyó tras la derrota de Arena, los actores, protagonistas y sujetos están en la busca de formas nuevas de actuar y de incidir en el rumbo del país que todavía se discute cual va a ser. Algunos en esta búsqueda ya han encontrado el hilo conductor del nuevo quehacer político, que en esencia no es nuevo total y absolutamente. Quien realmente logre expresar de una forma mejor lo nuevo y sepa mejor negar lo viejo es quien va a poder ser la fuerza determinante en el curso de los acontecimientos. Porque necesitamos un cambio de verdad, que cambie la realidad del país, pues la realidad ya no admite cambios disfrazados, es decir, que cambian algo para que todo siga igual. Esto va con el programa que debe contener los temas más diversos en el que requiere de la participación de tantos sectores como temas existen o al revés. Es un movimiento que debe pelear en todos los terrenos: económico, social, político, ideológico, cultural, medioambiental y electoral, etc. Es necesario introducir decencia a lo político-electoral. Lo político-electoral debe dejar de ser parte de los entendimientos vulgares del mercado en el que se compran votos y voluntades y fuente de tráfico de influencia de la más diversa índole.

El Salvador: las amistades peligrosas de Funes con el empresariado

El Salvador: las amistades peligrosas de Funes con el empresariado
Lunes 22 de noviembre de 2010 por CEPRID
Elaine Freedman

Envío

“Ya van quince meses y el gobierno de Mauricio Funes no ha hecho ninguna locura. La credibilidad se gana y él se la está ganando”. Son palabras de Roberto Kriete, Presidente de la línea aérea TACA, a su regreso del viaje a Brasil, invitado por el Presidente, junto a otros grandes empresarios. ¿Qué resultados tendrán las “amistades peligrosas” de Funes con el empresariado nacional? ¿Qué significará para el país la “confianza” que ha despertado en el empresariado? La crisis empresarios-gobierno en El Salvador está superada, declaró Carlos Enrique Araujo, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) a un diario matutino después de su reciente gira a Brasil, primer viaje conjunto del Presidente Mauricio Funes con una delegación empresarial, práctica que fue habitual durante los gobiernos de ARENA.

COSTOS DE GUERRA: REFORMAS A REGAÑADIENTES

El concepto “crisis empresarios-gobierno” es una novedad en este país, donde históricamente ha costado más identificar fronteras entre los intereses empresariales y gubernamentales que los posibles puntos de diferencia.

Durante la guerra de doce años y por necesidad de los planes contrainsurgentes, los gobiernos tomaron ciertas medidas que objetivamente afectaban los intereses empresariales. La Reforma Agraria, la nacionalización de importantes sectores de la economía la banca, el comercio exterior y la gran mayoría de los procesos agroindustriales como los beneficios de café y los ingenios de azúcar fueron las principales medidas. Aunque hubo leves protestas de algunos sectores duros de la burguesía salvadoreña, su bloque más liberal tenía claridad: eran concesiones necesarias para mantener mínima simpatía en parte de la población y contrarrestar el avance del FMLN. Apoyaron, a regañadientes, medidas reformistas que afectaban su economía, pero que les salvaban de un “mal mayor”: que se hiciera realidad una revolución.

REFORMAS REVERTIDAS A VELOCIDAD

20 años de gobiernos del partido ARENA fueron suficientes para revertir todas las medidas tomadas desde esta perspectiva en los años 80.

El primer Presidente surgido de ARENA era uno de los mayores empresarios del país y a nadie se le ocurrió hablar de “Cristiani-Presidente” y “Cristiani-Empresario” como si hubiera diferencias. Las primeras medidas el gobierno de Cristiani (1989-1994) fueron privatizar la exportación del café y el azúcar, la importación de petróleo, un hotel estatal (el Presidente) y las consultas médicas externas del seguro social. Pronto siguieron la privatización del mercado de dólares y la de la banca, que fue la medida de mayor envergadura y mayor impacto.

Después de Cristiani vino Calderón Sol (1994-1999) con su propio paquete. Calderón Sol privatizó los ingenios de azúcar, la emisión de placas y licencias para vehículos, la telefonía, las distribuidoras de energía eléctrica y el sistema de pensiones. El gobierno de Francisco Flores (1999-2004) dio los últimos brochazos a la política de privatización con la venta del aeropuerto, la de otros servicios públicos menores. Y con la dolarización.

Estas medidas resultaron claves para transferir una fuente de generación de fondos públicos a una acumulación privada: familias como los Murray Meza, Simán, Poma, Kriete, el mismo Cristiani y otras se enriquecieron más. Cristiani “limpió” la cartera morosa de los bancos del Estado con dinero de las arcas públicas una suma que llegó a los 3,500 millones de colones (400 millones de dólares) y ya “limpios” los transfirió a sus amigos y a su familia. Quince años después, estos bancos se vendieron al capital transnacional por 4 mil millones de dólares y hasta hoy el fisco salvadoreño sigue esperando el pago de impuestos correspondientes por esta millonaria transacción.

ÚLTIMO GOLPE: REFORMAS FISCALES

Los cambios en la política fiscal vinieron a sellar la transferencia de fondos públicos a manos privadas. Durante el gobierno de Cristiani se eliminó el impuesto al patrimonio pagado por los dueños de grandes propiedades, se redujo a la mitad el impuesto sobre la renta a la ganancia empresarial lo que benefició a quienes ganaban más y se comprimieron gradualmente los aranceles, lo que facilitó el negocio de la importación, al que muchos empresarios ya habían apostado.

Para subsanar el vacío que todas estas reformas dejaban en las finanzas públicas, Cristiani introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en septiembre de 1992. Tres años después, el gobierno de Calderón Sol, pactando con una fracción saliente del FMLN, encabezada por Joaquín Villalobos, aumentó ese impuesto regresivo al 13%. Este impuesto, que impacta en mayor grado a la población de bajos recursos, puesto que lo paga por productos de consumo toda la población, independientemente de los ingresos que tenga, llegó a representar el 52.3% de los ingresos fiscales del país en 2004.

NECESITAMOS TENER CONFIANZA”

Beneficiada por las privatizaciones y liberada de su carga fiscal, la burguesía salvadoreña tenía mucho que perder con la llegada de un gobierno que pregonaba “un cambio” y fidelidad al legado de Monseñor Romero: la “opción preferencial por los pobres”.

Durante la campaña electoral, Elías Jorge Bahaia, director de Asuntos Económicos y Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), dirigió una carta a empresarios solicitando contribuciones monetarias para la campaña de ese partido. “Debemos estar en la capacidad de continuar construyendo la estructura social, política y económica dentro del sistema de libertades y no dar paso a una alternancia en el poder a grupos opositores”.

La crisis dentro de ARENA ya estaba entonces en marcha, evidenciada en el proceso de elecciones internas para elegir a su candidato presidencial, Rodrigo Ávila y en anteriores exigencias de una fracción de su dirigencia, para que renunciara el entonces Presidente del COENA, Elías Antonio Saca, Presidente de la República.

Aún y así, fue obvio a lo largo de la campaña que la derecha cerraría filas en contra de la propuesta electoral del FMLN. Cuando el Presidente Saca hizo un llamado a los empresarios en el IX Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade 2008) para que estos incidieran en sus trabajadores “para no perder el país” con un cambio de gobierno, el entonces presidente de la ANEP, Francisco Colorado, respondió que este tipo de acciones estaba fuera de lugar: “Los empresarios debemos tener respeto”, dijo.

Seis meses después, en la recta final del evento electoral, se notó que los límites de este “respeto” eran más que los alcances: uno de los variados campos pagados que la ANEP publicó manifestando sus temores ante un posible gobierno del FMLN, llamó directamente a los salvadoreños a votar por “quién ofreciera impulsar las libertades”. “Hemos tenido 20 años de gobiernos que han generado confianza al sector privado, y ésa es la línea que conocemos y la que nos puede conducir hacia el desarrollo. Para poder seguir haciendo las cosas se necesita tener confianza”, expresó el ex-presidente de la gremial empresarial, Conrado López Andreu.

DECLARACIONES CONTRADICTORIAS

En aquellos meses pre-electorales, Colorado cambiaba de discurso una y otra vez. Por un lado declaraba no temer un gobierno de Mauricio Funes, puesto que el candidato “viene de afuera” y distaba de parecerse al anterior candidato del FMLN, Shafick Handal, quien, en palabras de Colorado, “fue secretario general del Partido Comunista en el país por cualquier cantidad de años y se definía como tal, jamás ocultó su ideología y sus posiciones y eso hace diferentes los escenarios del 2004 y los del 2009”.

Menos de quince días antes de las elecciones, Colorado amonestaba a Funes por sus alegatos afirmando que “hay empresarios que no pagan sus impuestos”. Nos preocupa sostenía el directivo empresarial “que esté haciendo una campaña que va en detrimento de un sector que ha sido el pilar del desarrollo económico y social de El Salvador”.

REMENDANDOMALOS ENTENDIDOS”

A 40 días de la toma de posesión del nuevo mandatario salvadoreño, el presidente electo Mauricio Funes y dirigentes de la ANEP comenzaron a remendar los “malos entendidos”. Funes nombró una comisión, integrada por tres miembros Roberto Lorenzana, Alex Segovia y Carlos Cáceres para que mantuvieran un contacto permanente con las distintas entidades asociadas a la empresa privada. Segovia y Cáceres son dos de los asesores más cercanos a Funes.

De acuerdo con Funes, los temores empresariales quedaron disipados porque él les habló de la necesidad de impulsar las exportaciones y de trabajar todos juntos por el bien de El Salvador. “Hay deseos del sector empresarial y las dudas ya quedaron atrás”, dijo.

100 DÍAS DE CHANTAJES

Conrado López Andreu, ex-presidente de la ANEP, informó que a Funes le pidieron transparencia y le hicieron ver que los empresarios estaban dispuestos a trabajar junto al gobierno, pero que requerían un camino de libertad hacia el progreso.

Este tipo de declaraciones genéricas, inespecíficas, caracterizó el discurso de la empresa privada durante el primer año de gobierno de Funes. “La confianza no se construye de la noche a la mañana”, repitieron incesantemente, advirtiendo una y otra vez que eran ellos quienes tenían la potestad de darle o no un voto de confianza al nuevo gobierno, y no al contrario. Y que se lo darían según las muestras de lealtad que el Presidente les diera a ellos.

100 DÍAS “SIN CHOCAR CON LA DERECHA”

En su evaluación sobre los primeros 100 días de gobierno, el economista y representante del Sector Profesional del FMLN, Walter Rivas, concluyó que la empresa privada tenía pocas razones para desconfiar del gobierno de Mauricio Funes: “La derecha económica parece estar cómodamente instalada porque no hay acciones de parte de este gobierno que les puedan afectar. El gobierno ha optado por no chocar con la derecha. Pueden hacer una reforma fiscal administrativa que permita recaudar otros 6 millones de dólares sin afectar seriamente a la gran empresa”.

“Se ha formado un Consejo Económico Social para debatir las políticas económicas y sociales y se ha metido ahí a todo el mundo. ¿Cuál es la concesión que ha hecho la derecha ahí? Tener en la misma mesa a los dirigentes sindicales y a los del movimiento social. Pero es un Consejo Consultivo para ponerse de acuerdo en algunas cosas, pareciendo más un mecanismo de desahogo que de resolución. A la derecha económica esto le parece bien. Sigue manteniendo sus privilegios. El problema será cuando quieras bajar el costo de la energía eléctrica, de la harina, cuando quieras romper el monopolio del azúcar o de las líneas aéreas o bajar los precios de los combustibles”.

LA BATALLA DE LA TELEFONÍA

Aún y así, la gran empresa agrupada en la ANEP inició su balance de los 100 días expresando su preocupación por el anuncio de una reforma fiscal. Jorge Daboub, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, identificó la decisión de eliminar, a partir del 2010, la devolución del 6% del IVA a los exportadores como una mala señal.

Otros temas que dijo generaban desconfianza eran la decisión del Estado de administrar el Puerto de La Unión y las posiciones encontradas entre la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en cuanto a la construcción de la presa El Chaparral.

La inconformidad de la empresa privada fue evidente cuando el director de la Policía Nacional Civil removió al jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO). Mucha población vio con buenos ojos este cambio, pues la implicación de esta división policial en la impunidad del crimen organizado era ya un secreto a voces.

Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, este ex-jefe policial nombrado por ARENA fue responsable de torturas, manejos procesales fraudulentos y coacción a testigos e imputados. Sin embargo, la ANEP condenó la acción de su remoción, cuestionando las motivaciones y la capacidad misma de la Policía Nacional Civil, quedando en evidencia la férrea defensa empresarial de lo indefendible.

También los gremios empresariales se unieron contra el gobierno cuando éste se sumó al cierre comercial centroamericano para presionar por la restitución del Presidente Zelaya en Honduras. En esa ocasión fueron más allá de declaraciones y lograron doblegarle el brazo al Presidente Funes, arrancándole una solicitud de comprensión, una oferta de compensación económica y un compromiso de consultarles la próxima vez que se presentara una situación similar.

El respaldo de la Presidencia a las empresas transnacionales telefónicas, en particular a Telecom, que controla más del 95% de la telefonía fija en nuestro país, fue clave para ir construyendo la confianza tan añorada por los empresarios.

En el mes de enero, la fracción legislativa del FMLN, reaccionó a una respuesta positiva de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) a la solicitud de América Móvil (Telecom-El Salvador) de un ajuste del cargo básico de telefonía fija con base en el índice de precios al consumidor (IPC). América Móvil, que también explota la telefonía celular bajo la marca Claro, es una de las tantísimas empresas transnacionales propiedad del hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.

La bancada del FMLN propuso eliminar este cargo, argumentando que había sido establecido con la visión de recuperar la inversión fija de los operadores, o del operador en este caso. Según la información oficial, hasta el 31 de diciembre del 2008, la inversión fija de la empresa Telecom era de 97 millones de dólares, lo que significa que en menos de un año han sido capaces de recuperar la inversión fija.

Las empresas telefónicas comenzaron una recia campaña para no aprobar la iniciativa con reuniones bilaterales con todas las fracciones legislativas, incluyendo al FMLN y a la Presidencia de la República. Un comunicado público, firmado por estas empresas y avalado por el Director Ejecutivo de ANEP, Raúl Melara, señalaba que eliminar el cargo básico de telefonía fija sería un precedente negativo “para el clima de inversión nacional, ya que atenta contra la estabilidad jurídica y económica de El Salvador, la libertad de empresa, el derecho de propiedad y la prohibición de confiscación, reconocidos y tutelados en la Constitución de la República.

OTRA SEÑAL: GANÓ TELECOM

El día 21 de enero de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto con 78 votos a favor. Pero semanas después, el Presidente Funes devolvió el decreto a la Asamblea con observaciones. En sus declaraciones públicas, Funes se presentó como un exitoso negociador con las empresas de telefonía: “Yo logré hablar con las empresas de telefonía, les persuadí de que si bien se habían modificado las reglas del juego, porque se habían modificado los contratos; podíamos, en una adecuada gestión y en una negociación con los diputados de la Asamblea Legislativa, poder llegar a un acuerdo. De tal manera que si bien pueden verse afectadas, no lo suficiente o no tanto como para que decidan retirarse del país y afectarnos en términos de pérdida de empleo”.

Días después, según el periódico digital El Faro, un memorando rotulado como “confidencial” circulaba en todas las fracciones legislativas. El documento contenía las propuestas hechas por las empresas telefónicas a Mauricio Funes: reducir el cargo básico de telefonía fija a 6.34 dólares más IVA, es decir, unos 7.20 dólares, eliminar el CPP (Calling Party Pays) o “quien llama paga” y establecer una tarifa máxima por minuto más IVA para al servicio de llamadas de un teléfono fijo a un aparato móvil.

En las siguientes sesiones plenarias bajaba el tono de los diputados de todos los colores. Finalmente, la propuesta de las empresas transnacionales se convirtió en ley de la República. Según el economista Raúl Moreno, fue una primera señal de que el Ejecutivo no le daría la espalda al capital transnacional.

BUSCANDO “SOLUCIONES” A LA RECAUDACIÓN FISCAL

Otra señal importante fue la iniciativa de Reforma Fiscal preparada por el Ejecutivo y posteriormente aprobada por la Asamblea Legislativa en 2009. Moreno la califica como “una reforma tibia que nunca llenó las expectativas de una Reforma Fiscal integral y progresiva que se convirtiera en una herramienta para la justicia y para la redistribución del ingreso en el país”.

La parte más agresiva de esta propuesta era la creación de tribunales para perseguir el delito fiscal. El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres planteó: “Estamos proponiendo esto para poder reivindicar los derechos del fisco, que al final de cuentas, son derechos de todos los consumidores”. Ésa fue la primera de las medidas del anteproyecto de ley, que fue vetado por la empresa privada. De ahí, se acordaron una serie de reuniones bilaterales entre el Ejecutivo y los distintos sectores que se sintieron afectados por las reformas, para ir buscando “soluciones”.

LA TIJERA DE LOS EMPRESARIOS RECORTA LA REFORMA

De esta forma se fue diluyendo la propuesta gubernamental del “paquete fiscal”, originalmente diseñado para recaudar 250 millones de dólares. Con los recortes hechos por los empresarios, apenas quedó con capacidad para recaudar unos 140 millones. La versión final de las reformas afectó principalmente a productos como el tabaco y las bebidas alcohólicas. Y ni de cerca reformó la estructura fiscal heredada de los gobiernos de ARENA. Nunca se planteó tocar la estructura regresiva del sistema tributario. No se mencionó restablecer el impuesto al patrimonio ni establecer un impuesto predial. Tampoco se tocaron los impuestos sobre las exportaciones.

En esta etapa, Carlos Araujo explicaba: “Las relaciones que ahora tenemos con el gobierno son muy buenas, con unas vías de comunicación bien amplias y en las que hemos podido participar activamente para poder buscar lo mejor para nuestro país. Acabamos de llevar a cabo todo este proceso de la reforma tributaria, en el que por primera vez el empresariado propone un pacto fiscal.” Se apropiaba así de las políticas fiscales del nuevo gobierno, hasta jactándose de ser protagonista de ellas, adueñándose de la autoría del “pacto fiscal”.

¿CÓMO FINANCIAR EL ESTADO?

En palabras del Presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, la Reforma Fiscal era “light” y aportaría poco a las necesidades del Estado. El Presupuesto General de la Nación de 2010 asciende a 3,654 millones de dólares, de los cuales 770 millones (21%) se destina al pago del servicio de la deuda pública (externa e interna). El déficit fiscal ronda los 800 millones de dólares. En un país ya casi vacío de empresas públicas que pueden aportar a los ingresos de la nación, quedan sólo dos fuentes de ingresos posibles: préstamos e impuestos. Aunque el actual gobierno ha seguido la ruta del endeudamiento, a nadie se le escapa que esta opción tiene un tope cercano en el horizonte.

Por eso, no fue sorprendente que, meses después, Alexander Segovia, actual Secretario Técnico de la Presidencia y anterior consultor en Guatemala para “mediar” las negociaciones entre el sector empresarial y el gobierno para el fallido pacto fiscal de ese país, propusiera que se realizara un pacto fiscal en El Salvador. La propuesta fue música en los oídos de quienes ven la crisis fiscal como una grave realidad que puede sumir a El Salvador en la categoría de “estados fallidos”.

Segovia, coordinador del Consejo Económico Social, explicó que esta instancia, inaugurada hace un año por el gobierno, fue creada “para contribuir a la construcción de políticas públicas de Estado que le den continuidad y predilección a la gestión pública y, consecuentemente, que creen un ambiente agradable para la inversión nacional y extranjera. El CES está conformado por 24 miembros de la empresa privada, 8 del movimiento sindical, 16 del movimiento social no laboral, 10 representantes de universidades y académicos y 4 del gobierno. Según la caracterización de Walter Rivas, es el mecanismo perfecto para avalar cambios que mantengan todo igual. Y opina que es difícil que un pacto fiscal que salga del CES sea significativamente diferente de la “reforma” del año fiscal ya pactada entre el empresariado y el gobierno.

LA PROPUESTA DEL FMLN YA NO ESTÁ EN DISCUSIÓN

La propuesta fiscal del FMLN, formulada en 2004 e integrada al Programa de Gobierno con que Funes ganó las elecciones de 2009, contiene una serie de medidas que, al ser implementadas, comenzarían a redibujar el mapa tributario de El Salvador. Con respecto al IVA, el impuesto más regresivo del sistema, la propuesta consistía en eliminarlo de los precios de los artículos de la canasta básica y de los medicamentos, y aumentarlo en un 25% a los productos suntuarios. En cuanto al impuesto sobre la renta a la ganancia empresarial, el proyecto era escalonarlo, de 25 a 30 y 35%, de acuerdo a los tamaños de las ganancias. Proponían también la elevación de un piso para el pago de renta sobre las utilidades de las pequeñas empresas. Pero nada de esto está ahora en discusión.

LA PROPUESTA DE ANEP SE VA HACIENDO LEY

La ANEP, que ya había clasificado la reforma fiscal de 2009 como un “pacto fiscal”, puesto que ellos mismos habían “pactado” con el gobierno para garantizarse que no se reformara la estructura fiscal ni su lógica, que carga sobre las espaldas de la clase trabajadora con el peso de la recaudación (el IVA y el impuesto de FOVIAL representan un 70% de los ingresos tributarios), no fue nada lenta en tomarle a Segovia su palabra y lanzar su propuesta fiscal.

En junio de 2010 se conoció la iniciativa, que incluye una serie de condiciones para un pacto fiscal. Refuerzan las típicas medidas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial.

Proponen que el gasto público sea reducido aprobando la Ley de Concesiones, para poner en manos privadas los puertos, el aeropuerto internacional, las represas hidroeléctricas, las carreteras y hasta un hotel de lujo. También, “focalizar” a ras de suelo los subsidios al gas propano y la electricidad y recortar los presupuestos de los ministerios.

Además, proponen eliminar la facultad del Presidente para reasignar fondos no gastados de un ministerio a otro, basados en la experiencia de su propio partido, ARENA, que ocupó estos recursos para financiar la campaña electoral y otros gastos, sobre los que hoy la población especula, pero desconoce.

Su propuesta para aumentar los ingresos del Estado está fundamentada en la teoría de que la empresa privada, en óptimas condiciones de generar ganancias propias, será, mediante la inversión, el motor del crecimiento y el desarrollo económico del país.

¿GANARON LOS EMPRESARIOS?

Con esta propuesta hecha ley, los grandes empresarios saldrían no solamente ilesos, sino fortalecidos con las concesiones de rubros estratégicos de la economía, mientras que se ampliaría la base tributaria afectando al Sector Informal y a trabajadores que actualmente se excluyen del pago del Impuesto sobre la Renta Salarial por lo bajo de sus ingresos.

Aunque no se espera concretar el pacto fiscal hasta final del año, varias de estas propuestas ya están en vías de convertirse en ley. El Presidente Funes anunció la nueva formulación de un anteproyecto de Ley de Concesiones bajo la figura de la Asociación Público-Privada recién llegó de estudiar esta experiencia, promovida por el FMI en Brasil.

Aparentemente, esta figura no tiene nada que ver con el modelo de Empresa Mixta. Representa una simple reformulación de la concesión de patrimonio estatal para que la empresa privada lo administre y perciba ganancias con sus operaciones. La focalización de subsidios de gas propano y electricidad se inicia en octubre y el Ministerio de Hacienda ya presentó en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para reducir el piso del pago de impuestos sobre la renta salarial, de 316 a 209 dólares, con lo que se afectará a unos 300 mil trabajadores que están en ese rango de bajos salarios.

UN DESLIZ CON UNA REPARACIÓN FELIZ

El mes de julio arrancó con la captura del salvadoreño Francisco Chávez Abarca, colaborador del terrorista cubano-americano Luis Posada Carriles en varias acciones criminales. Fue apresado entrando a Venezuela y, a raíz de sus declaraciones, también lo fue Alejandro Peña Esclusa, ciudadano venezolano y representante de la ONG Fuerza Solidaria.

Peña Esclusa había disertado reiteradamente en El Salvador contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y el FMLN como parte de la campaña “Yo no entrego a El Salvador” durante el período pre-electoral. Fue invitado de la familia Simán, de Francisco Armando Arias apoderado legal del azucarero Tomas Regalado y presidente de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador y de la Asociación Bancaria Salvadoreña y de empresas vinculadas a la familia Cristiani.

Aunque ningún empresario se expresó públicamente sobre estas detenciones, fue notorio que, días después, ARENA y ANEP comenzaron una campaña de denuncia contra Cuba, Venezuela y el FMLN por supuesto espionaje, del que “la mayoría de políticos y muchos empresarios” estarían siendo objeto. Acusaron al FMLN de acoso político y hablaron de un estado policial que, según los representantes del sector privado, “lleva al Socialismo del Siglo 21”. El ex-Presidente de la República y ex-Presidente honorario del COENA, Armando Calderón Sol, denunció que su casa había sido allanada y los funcionarios de ANEP aseguraron que también las viviendas de otros empresarios, aunque no mencionaron ningún nombre.

Funes y el FMLN rechazaron las acusaciones y negaron el “allanamiento” de la residencia de Calderón Sol. Según el gobierno, el incidente fue fortuito y se produjo cuando una patrulla policial advirtió que un hombre armado estaba deteniendo el tráfico vehicular en una calle de la colonia San Francisco, en San Salvador, para lograr que un vehículo saliera libremente de una vivienda. Según la versión oficial, los policías requirieron por protocolo al hombre armado que mostrara el permiso del arma que tenía y verificaron que estaba vencido. Luego pidieron lo mismo a los otros custodios y se percataron de que sus armas estaban en ilegalidad. Uno de ellos era un custodio de Calderón Sol.

No se pasó de los dimes y diretes porque Calderón Sol, a pesar de su airado discurso, no puso ninguna denuncia en la Fiscalía General de la República ni en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dándole de hecho la razón, a Funes. A pesar de las cercanías que se habían establecido entre la Presidencia y la empresa privada en materia económica, incluyendo una armoniosa sintonía en función de la firma del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea, la situación se tensó de nuevo.

LUNA DE MIEL PARA APACIGUAR LAS AGUAS

En poco tiempo apareció la vía de reconciliación entre el gobierno y los empresarios: un viaje de luna de miel.

El Presidente llevó a 50 empresarios a Sao Paulo para reunirse con empresarios brasileños y funcionarios del gobierno de Lula. Según la página web de Casa Presidencial, la delegación incluyó al Presidente de la ANEP, Carlos Enrique Araujo; al Presidente de TACA, Roberto Kriete; al Presidente del Grupo Dutriz y dueño de La Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz; al vicepresidente de la Telecorporación Salvadoreña, Juan Carlos Eserski y a otros destacados empresarios de la industria textil, turismo, energía y alimentos.

Los empresarios volvieron convencidos. Sus homólogos brasileños les habrían aconsejado no tener miedo de un gobierno de “izquierda”. Y los empresarios salvadoreños, que viajaron a costa del Estado, vieron con sus propios ojos que “el gobierno de izquierda de Brasil ha logrado trabajar juntamente de la mano con la empresa privada para poder desarrollar la economía del país y para poder desarrollar la confianza”, según Carlos Araujo.

A la luz brasileña, Roberto Kriete volvió a hacer su balance de la actuación de Funes y concluyó que éste ya está pasando la prueba: “Ya van quince meses y el gobierno no ha hecho ninguna locura. La credibilidad se gana y él se la ha estado ganando”.

PRÓXIMO VIAJE: CUBA

Próximamente Funes y los empresarios harán otro viaje conjunto: a Cuba. El Presidente Funes ya ha pospuesto dos veces el viaje a la isla, porque no contaba con el apoyo de la empresa privada, que supuestamente prohibió la participación de sus agremiados en ese viaje.

Funes declaró públicamente que los pospuso porque tenía que priorizar “asuntos de la agenda nacional”, como la negociación del TPS y los Fondos del Milenio en Nueva York, y que el viaje se realizaría después.

Posteriormente, después de una discusión con todas las fracciones legislativas y los gremios empresariales, el mandatario anunció que reprogramaba el viaje y que viajaría acompañado de “una delegación importante, no sólo de funcionarios, también de empresarios y de medios de prensa” salvadoreños con el propósito de explorar “las oportunidades de negocios” en la isla. También se anunció un siguiente viaje, esta vez a Miami.

¿CONFIANZA?

Según se logra ver, parece que la confianza del sector empresarial en el gobierno es sinónimo de la capacidad para doblarle el brazo. Si fuera así, la superación de la crisis “empresarios-gobierno” no sería ninguna buena noticia para los sectores populares que llevaron a Funes a la Casa Presidencial.

El reto más grande que el movimiento social tiene ante esto y en estos momentos es definir cómo navegar en aguas tan revueltas para equilibrar las demandas y para evitar que este gobierno vuelva a ser un gobierno de la burguesía salvadoreña y para la burguesía transnacional.

Elaine Freedman es educadora popular.

Reinstalan a tercera trabajadora despedida de Alcaldía de Ayutuxtepeque

AYUTUXTEPEQUE, 17 de noviembre de 2010 2 “Me siento muy alegre de regresar a mi lugar de trabajo, han sido largos meses de angustia y también de lucha, tenía confianza que íbamos a vencer, nunca perdí la esperanza, hay que seguir luchando hasta que regresemos todos…” expresó emocionada esta mañana Edelmira Sigüenza, de 58 años.

Sigüenza formaba parte de los 18 trabajadores que fueron despedidos el 6 de enero de este año por órdenes de la Alcaldesa Flor Bonilla, quien justificó el despido de esta trabajadora alegando que no sabía leer ni escribir, cuando ella se desempeñaba como cocinera del Centro de Desarrollo Infantil. Incluso un juzgado de lo laboral había ordenado su reinstalo en agosto y la Alcaldesa Bonilla se negaba a acatar la orden judicial.

Por su parte, Álvaro López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Ayutuxtepeque, SINTRAMAY, opinó que “el paro parcial y la protesta que realizamos la semana pasado los han obligado a recapacitar que deben flexibilizar, esta es una primera victoria por la lucha continua…”

Explicó que “nuestra plataforma reivindicativa contempla que se nos devuelva el bono que ya habíamos conquistado y que arbitrariamente la Alcaldesa Bonilla suprimió, un aumento salarial de 100 dólares, que se nos pague por las horas extras y los fines de semana que se nos obliga a venir a trabajar y por el reinstalo de los despedidos y despedidas.”

Asimismo, Ana Vicenta Guerrero, una de las despedidas, opinó que “no debemos de bajar la guardia, hay que continuar con nuestra resistencia cívica, yo me siento muy enferma, con calentura ando mire, pero así me vengo para asistir a las protestas…”

Concluyó haciendo un llamado a “que no se olviden que todavía faltamos 15 por reingresar, hay que seguir luchando, llamamos a las organizaciones de mujeres, a las melidas, a las dignas, al IMU, a que se solidaricen con nosotras, este 25 de noviembre vamos ir a la Marcha a denunciar la violencia que otra mujer, poderosa por ser de la mera cúpula del FMLN, y tener mucho dinero, hace contra nosotras, que somos mujeres humildes, campesinas, salidas del cantón…pero con mucha dignidad.”

SIEP repudia atentado contra pagina web Simpatizantes FMLN

SAN SALVADOR, 18 de noviembre de 2010 (SIEP) “Repudiamos enérgicamente el atentado el día de ayer contra la pagina web Simpatizantes FMLN y expresamos nuestra solidaridad con su administración” expresó Roberto Pineda, Director del Servicio Informativo Ecuménico y Popular.

Agregó que “en los últimos años esta pagina electrónica que ha sido saboteada, ha jugado un papel estratégico en el acompañamiento a los sectores populares y sus justas luchas por la justicia social y la democracia, ha sido un instrumento al servicio de los más caros intereses del pueblo salvadoreño.”

Indicó que “no tenemos ninguna duda que los responsables de este sabotaje son aquellas fuerzas retrogradas que dentro y fuera de nuestro país, anhelan silenciar la denuncia permanente contra las maniobras de la derecha y contra los cambios que se están realizando en nuestra patria.”

Concluyó que “tenemos la certeza que la pagina Simpatizantes FMLN saldrá de esta prueba mucho más fortalecida y con mayor confianza y reconocimiento de los sectores populares y de izquierda salvadoreños y latinoamericanos. Esperamos verla pronto invicta y subversiva en el ciberespacio. Hacemos un llamado a solidarizarse a la siguiente dirección: simpatizantesfmln@gmail.com”