Derechos Humanos y luchas contrahegemónicas en Centroamérica: los casos del Movimiento del No (Costa Rica) y el Movimiento Social Nicaragüense

Los DD.HH pueden definirse como un conjunto de derechos básicos (y su praxis) que definen la condición de la persona y su dignidad, son formas jurídicas y socioculturales que evolucionan en dependencia del contexto, la militancia, los valores y cosmovisiones del sujeto y su sociedad. Pueden legitimar la exclusión de grandes mayorías mediante discursos y prácticas que instrumentalizan o restringen derechos en beneficio de los poderosos o trascender las instituciones dominantes. Como campo de confrontación entre proyectos emancipadores y dominantes, plasmados en instrumentos como la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” o la “Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos”, los DDHH son fruto de las luchas de liberación populares y nacionales de los últimos doscientos años y parte del patrimonio cultural de la civilización.

En el presente trabajo se narran dos experiencias de luchas contrahegemónicas por defender y expandir los derechos ciudadanos, ubicadas en el Sur. Dicha noción no nos reduce a una localización geográfica, porque abarca múltiples formas de subordinación (explotación económica; opresión ética, racial o de género y similares) asociadas con la globalización neoliberal. Los pueblos son sujetos de numerosos derechos que rebasan la ley formal y escrita, generando nuevas normas y prácticas de resistencia que deben potenciar la voz de las víctimas de la opresión mercantil y estatal: indígenas, campesinos sin tierra, mujeres pobres, trabajadores e inmigrantes indocumentados.

Los instrumentos jurídicos son un espejo del orden que buscan defender y desarrollar, en tanto el derecho es resultado de la correlación de fuerzas en la sociedad y reflejan (junto al sistema institucional) los intereses de las clases dominantes. Pero en tanto refleja las tensiones entre clases y sectores en la sociedad, adquiere un valor importante para denunciar la ausencia o violación de garantías, así como defender los derechos individuales o colectivos, bajo gobiernos democráticos o autoritarios. La lucha actual por una verdadera contrahegemonía se hace para que el capital trasnacional no domine nuestras vidas (controlando el acceso al agua, la alimentación o el conocimiento) y para que los Estados (sus aliados) pierdan el monopolio de otorgar o defender derechos, ya que demasiadas veces incumplen y violan los derechos de sus poblaciones. La construcción del nuevo paradigma de DDHH entiende que “la soberanía” está constantemente cuestionada por la indefinición de las fronteras geográfico-institucionales y por la globalización de las culturas, y es manipulada por poderes globales y nacionales contra los movimientos contestatarios. Eso no significa expresamente hacer oposición permanente a cualquier gobierno, pero sí defender un campo de actuación diferenciado y autónomo de los movimientos sociales para impedir que la lucha por la contrahegemonía derive en la instauración de una nueva hegemonía “vanguardista”, con líderes infalibles, supuestos salvadores que hablan en nombre de “las masas”.

Este texto relaciona, en un primer acercamiento, dos experiencias de movimientos sociales autónomos en naciones vecinas que sufren los efectos de políticas neoliberales, en el marco de un acuerdo regional de libre comercio (CAFTA) con la potencia global hegemónica (EEUU). Es un tema relevante, considerando el indudable impacto de estas políticas, impulsadas con la complicidad de los gobiernos nacionales, cuyos costes -económicos, ambientales, sociales, culturales y políticos – afectan los DDHH de sus pueblos (como colectividades e individuos) en sus diversas dimensiones.

Aprovecharé para el trabajo mi experiencia de varios años en el estudio de ambos países, las estancia realizadas en Costa Rica (marzo & septiembre-noviembre 2007) y Nicaragua (octubre-noviembre 2010) así como los vínculos con movimientos sociales y actores acompañantes –activistas, académicos, líderes- de aquellos. Mi objetivo es desarrollar una mirada sobre los contextos, actores, estrategias y discursos, que ponga a los DDHH en relación con dos trayectorias particulares de luchas contrahegemónicas.

El caso costarricense.

En el escenario centroamericano de varios siglos de violentos conflictos, extrema desigualdad económica y feroces oligarquías antinacionales se inserta el sui géneris caso de Costa Rica. La nación tica, desde su etapa colonial, ya poseía un orden sociopolítico bastante estable, contrastante con los de sus vecinos regionales. Factores como la privilegiada atención que los colonizadores dispensaron a otras regiones americanas, unido al relativo aislamiento geográfico, favorecieron la virtual inexistencia del latifundio (mal crónico de nuestros países) y una economía de pequeños productores orientados al mercado interno. Dicho escenario acunó disímiles prácticas tendientes a reducir los impactos del conflicto social: proliferación de acuerdos “patrón- peón”, apoyo cuasi “religioso” a la institucionalidad, existencia de élites con hegemonía poco retada y tendientes al consenso social, etc.

De 1950 a 1980 Costa Rica vivió un proceso de modernización incluyente (especialmente exitoso para las clases medias) proveedor de equidad y movilidad social, y una democracia representativa institucionalizada. Sin embargo durante los años 80 y 90 se implementaron políticas neoliberales que afectaron a la economía y sociedad ticas, generando varios ciclos de protestas: contra las reformas del régimen de pensiones del magisterio (1995), contra la tentativa privatizadora de las telecomunicaciones (el llamado Combo ICE-Instituto Costarricense de Electricidad-, en 2000). Por otro lado se dio una politización de sectores juveniles, tanto dentro de organizaciones estudiantiles como en su inserción en agrupamientos comunitarios y organizaciones sectoriales[ii] y una articulación entre diversos movimientos, demostrada por la alianza entre el Frente Interno de Trabajadores del ICE, los estudiantes y docentes de la universidades públicas, constituyéndose como una experiencia imprescindible para las luchas sucesivas.

Una coyuntura como la del Referéndum por la aprobación del TLC (año 2007) proyectó un vasto repertorio de formas de participación ciudadana y reivindicación de derechos. En un contexto de reformas estructurales y mudanza de las reglas del juego institucional (políticas y económicas) por parte de las élites, los actores progresistas rechazan, defendiendo los avances sociales y legales en contra de la ofensiva neoliberal. El contexto del Referéndum del 2007 enfrentó dos grandes bloques de la sociedad civil tica: el team del Sí estuvo organizado centralizadamente, contó con escasas estructuras participativas de base (los casi invisibles Comités Cívicos) y acudió al pago de su equipo de activistas. Aglutinó al gran empresariado nacional transnacionalizado, el gobierno y la maquinaria de los partidos (con excepción de vacilante PAC y los exiguos Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión), y dispuso de la maquinaria propagandística de los medios masivos, especialmente las páginas del diario La Nación. Además apeló a una visión liberal de los derechos individuales (de los empresarios y sectores afines) para impulsar su agenda política y mediática.

Por su parte el comando del NO unió a los sindicatos combativos, amplios segmentos del cooperativismo, movimientos campesinos, los representantes radicales del ecologismo y el feminismo, algunas figuras del empresariado nacional, colectivos de intelectuales y empleados de las universidades públicas. Financiada con recursos de sus miembros (mediante colectas, venta de camisetas, etc.) el movimiento del No, organizado comunalmente en los Comités Patrióticos (CP) hizo campaña persona a persona, y se involucro en la fiscalización y la logística del día del Referéndum. La sorprendente fortaleza del NO se basó en el compromiso de su membresía, procedentes de sectores sociales diversos, en una alianza frágilmente articulada y carente de un centro de mando pero pletórica de activismo personal. Ello incidió en que, pese a la manifiesta asimetría entre las partes, los resultados de los comicios fueron decididos por un estrecho margen a favor del SI (51.7 %) frente al NO (48.3 %), con una participación de 59.4 % del total empadronado.

En los últimos años se han fortalecido y articulado las acciones de viejos (estudiantes, trabajadores sindicalizados) y nuevos movimientos sociales (ecologistas, feministas, diversidad sexual, trabajadores informales, vecinos, etc.) que formulan luchas sectoriales y multisectoriales con contenidos cada vez más enfocados sobre las opciones y costos de políticas públicas y los proyectos políticos de los actores tradicionales. El discurso de derechos del No apostaba a la defensa de un modelo de sociedad y legalidad socialdemócrata, con protección jurídica y efectiva a los sectores desfavorecidos, políticas sociales universales y garantizadas por el estado, defensa de los productores nacionales y la naturaleza.

Ambos grupos buscaron incidir en el sistema legal, tanto en apelaciones a la Sala IV (garante de la constitucionalidad), al Tribunal Supremo de Elecciones y otros espacios formales. Se apeló indistintamente a la defensa de la biodiversidad amenazada por las trasnacionales y a la necesidad de “aprovechar las ventajas comparativas procedentes de este patrimonio en la apertura a un modelo económico competitivo”, se insistió en la preservación de los derechos laborales conquistados por los trabajadores ticos y a la “flexibilización y eficiencia” necesarios para mantener el nivel de vida de las clases medias; se contrapuso la retorica acerca de un Estado Solidario a la de una Economía Globalizada. Sin embargo, la misma convocatoria (y realización pacifica) de un referéndum sobre la aprobación del TLC (inédito en la región y contrastante con la aprobación expedita del Tratado en la vecina Nicaragua) es una evidencia tanto de la judicialización de la sociedad tica y su legitimación como forma no violenta de manejo de conflictos, como del nexo existente entre derecho y formas de movilización social. Pues sin presión en las calles y organización comunitaria no se hubiera llegado al escenario del 7 de octubre de 2007.

Más allá de la aprobación del TLC en las urnas, la titánica lucha del movimiento del NO contribuyó, sin proponérselo, al fortalecimiento futuro de la participación en lo relativo a la institucionalidad y legalidad electorales (vía capacitación y fiscalización ciudadanas de las mesas de votación) como al establecimiento de más candados legales al accionar de los poderes fácticos (financiamiento de campañas, injerencia en asuntos públicos) y a la defensa de los derechos de trabajadores, comunidades y la naturaleza frente a las apetencias del capital. Pese a la real asimetría de recursos de los diversos actores dentro de la sociedad civil y el mundo político, ello constituye un avance que les permitirá incidir no solo en el diseño y ejecución de políticas públicas concretas, sino también en el necesario rediseño de un orden sociopolítico post Consenso de Washington.

El caso nicaragüense.

El actual gobierno nicaragüense no emergió en 2006 como resultado del colapso de un sistema de partidos, una crisis socioeconómica terminal o la presión de un movimiento social arrollador. Tampoco dispone del mayoritario apoyo (o apatía) poblacional que pueden exhibir, en su beneficio, los gobiernos aliados. Recoge, eso sí, los saldos terribles de 16 años de neoliberalismo salvaje, con retrocesos de las conquistas sociales de la revolución de 1979, y se erige sobre un pacto excluyente suscrito por las cúpulas del Partido Liberal Nicaraguense (PLN) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), largamente denunciado por las disidencias sandinista y liberal y por buena parte de ciudadanía organizada en la sociedad civil.

Se trata de un gobierno con un liderazgo que proviene de la matriz izquierdista radical del siglo XX, cuya membresía militó en partidos de estirpe leninista o movimientos guerrilleros y tenía la “toma del poder estatal” como meta. Desprecio a lo procedimental y a las mediaciones institucionales, identificación del sujeto colectivo como masa y encuadre más o menos pasivo en campañas decididas desde la “vanguardia”, son rasgos de este estilo de liderazgos. La estructura del FSLN como Partido-Estado se caracteriza por la toma cupular de decisiones y el delegar a la base la recogida de propuestas y las funciones operativas del modelo, vinculadas a los programas sociales de reparto de recursos (insumos agrarios, alimentos, micro-finanzas), todo bajo estrecho control de los cuadros locales del FSLN.

Si bien tras la derrota del medio siglo de dictadura somocista (1979) en Nicaragua se amplió la inclusión y participación populares, el avance de las políticas de promoción a los DDHH, sus instancias y procesos, coincide con los últimos años de la Revolución Sandinista y con el tránsito a la democracia neoliberal. En 1987 se aprobó una Constitución progresista, que reconocía la autonomía de las comunidades caribeñas, los derechos de las mujeres y las conquistas sociales realizadas por la Revolución. En 2003 la ley 475 de Participación Ciudadana marcó un hito al normar la participación y se crearon los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM) como interlocutores permanentes de las autoridades y los ciudadanos, surgidos en 1997 bajo el impulso del Ministerio de Bienestar Social. Nacieron con el objetivo de ser el espacio privilegiado de concertación interinstitucional, consulta, seguimiento y evaluación de la gestión pública, mediante la representatividad de actores políticos y sociales

Tras el arribo del FSLN al gobierno en 2006, se produce una situación de creciente conflictividad entre este y actores de la sociedad civil. Con la creación de los CPC (Consejos de Poder Ciudadano) se instalan instancias locales de participación vinculadas al poder central y se amplifican las prácticas de tipo clientelar, a mucha mayor escala de los gobiernos neoliberales, produciéndose un solapamiento conflictivo de las nuevas estructuras con el modelo legal de participación.[iii] Los CDM se revelan como espacios más experimentados e idóneos para la interlocución local, más plurales y anclados en la legalidad, aunque incapaces de resolver la persistente exclusión femenina e indígena. Aunque carentes de identidad propia, los CPC han mostrado una tendencia al incremento de su injerencia, pese al rechazo de las OSC, comunidades y gobiernos locales de las fuerzas opositoras.

En la coyuntura electoral municipal de 2008 los CPC ocuparon calles y plazas para bloquear las protestas de organizaciones civiles y de opositores, y en 2009 hicieron otro tanto en apoyo a la estrategia de eliminar los frenos a la reelección presidencial. Sus miembros se involucraron en una activa campaña pro FSLN, mediante la entrega condicionada de beneficios de los programas Hambre Cero y Usura Cero, realizando propaganda política casa por casa, revelando así su sello de instancias para-partidistas. Esta actuación augura nuevos escenarios de conflicto en torno a los espacios y políticas participativas en la empobrecida nación centroamericana y bloquea las esperanzas en torno a una auténtica democratización de la vida pública.

No obstante la herencia de la Revolución, constantemente invocada por el discurso oficial, parece pervivir en el imaginario y las prácticas de no pocos nicaragüenses. Y es así si entendemos la Revolución más allá del hecho histórico puntual, como un amplio repertorio de prácticas, valores, discursos y costumbres, que reivindica la memoria y participación populares, la igualdad y justicia social, así como el rechazo a toda forma de dominación y jerarquía. Lo “revolucionario” expresa la impronta emancipadora de un cambio social repentino, radical y desestructurador, cuya inercia perdura, cuando es cierto, más allá de sus tiempos funda­cionales.

En Nicaragua es visible este legado en la beligerancia de las mujeres, cuyo amplio y plural movimiento de defensa de derechos en ejemplar contraste con otras experiencias de la región se opone frontalmente a la alianza de todos los poderes políticos y fácticos, empeñados en una cruzada conservadora que amenaza las reglas liberales de un Estado laico y las conquistas progresistas de una Revolución popular. En ese sentido al defender el valor de la autonomía como parte de una política emancipadora de defensa de derechos, un dirigente del Movimiento Comunal dijo: “La autonomía en nuestro movimiento se construyó en la Revolución, en 1988, y una lección fue que podemos ser revolucionarios y de izquierda sin subordinarnos. Pero hay que debatir cómo hacerlo. Hoy asistimos a un error histórico, pues está involucionando la participación comunitaria y popular”.

En América Latina y Nicaragua no es una excepción buena parte de las fuerzas progresistas han apostado por “transformaciones estructurales”, pero han relegado la idea de la autonomía como elemento circunstancial a enarbolar sólo desde la oposición y ante la derecha, y con eso han eliminado el anticuerpo que necesita toda revolución. Cuando se cree que sólo una vanguardia puede “bajar líneas” no se construye emancipación, pues sólo se puede ser revolucionario cuando se transfiere el poder a la sociedad y no cuando se concentra y perpetúa en una camarilla. Si, además, la apuesta se reduce a un liderazgo individual entonces el asunto empeora, porque las preferencias y patologías personales tienen alta probabilidad de convertirse en políticas de Estado.

Cuando los sinceros reconocimientos de las bases al liderazgo máximo son amplificados por la propaganda, cuando las críticas son censuradas y los méritos magnificados, no se puede hablar de un “apoyo espontáneo del pueblo”, sino de una deliberada estrategia política de perpetuación. Cuando en una reunión con una veintena de líderes de los Comités de Liderazgo Sandinista y de los Gabinetes del Poder Ciudadano, realizada en Matagalpa, se comparó “al compañero Daniel con el Ché Guevara porque es un hombre imprescindible, un estadista de talla internacional, el único presidente que se ha preocupado por los pobres y él único dirigente que se mantuvo fiel a los principios sandinistas”, no se puede dejar de pensar: ¿Esa propaganda no se convierte en un dique que bloquea el ascenso de nuevos liderazgos, no constituye una forma de culto a la personalidad? ¿Forma ciudadanos activos con derechos o masas atadas a una eterna infancia?

Dentro del Movimiento Social otro actor destacado es el movimiento de mujeres. Desde fines de le etapa revolucionaria las integrantes del llamado Partido de la Izquierda Erótica, todas destacadas sandinistas, desarrollaron una pelea por la defensa de los derechos de las mujeres y la autonomía, cuestionando el paradigma de las organizaciones populares como poleas de transmisión partidarias, rechazando el vanguardismo de la izquierda tradicional. Ello no presupone obviar la diversidad de posturas teóricas y políticas, los conflictos y los retos construidos alrededor de diversos liderazgos personales carismáticos, en una lógica que acerca al movimiento feminista como a otros al diseño del poder que critican cada día. Pero testimonia una lucha contra las estructuras de poder, que dura más de dos décadas.

Durante los años 90 las mujeres organizadas combatieron el retroceso en las conquistas sociales derivadas de las políticas neoliberales, la alianza entre la iglesia y los partidos (incluido el FSLN) para criminalizar la organización social y los derechos femeninos. A partir de 2006 desarrollan una álgida lucha (que les ha conllevado acoso legal, policiaco y vandálico) en contra de la penalización del aborto, retroceso que conlleva costes humanos y morales, paradójicamente auspiciado por un gobierno que se reclama “socialista y solidario”

En el particular una activista feminista denunció, con pesar, la suerte de esquizofrenia vivida por las mujeres del FSLN que “rechazan la penalización del aborto apoyada por su partido, pero que después fueron fiscales de mesa electoral disciplinadas, apoyando todas las jugadas del Partido-Estado” durante la contienda municipal del 2008. Con gran sensibilidad, dos compañeras recordaban como “el acoso gubernamental que sufrimos aquel año nos dolió mucho viniendo del FSLN, porque dedicamos parte de nuestra vida a la Revolución y no podemos guardarle rencor”. En el horizonte de la política nacional, estas mujeres constatan el quiebre de la clase político-partidaria y la necesidad de construir una alternativa de largo aliento, desde el movimiento social y con una izquierda crítica.

Luchas cruzadas, desafíos comunes.

Quiero cerrar el presente trabajo con un testimonio que cruza las experiencias de lucha social de ambos países y se relaciona directamente con los objetivos, acciones y aprendizajes de estos movimientos. Invitado por los amigos del Movimiento Social Nicaragüense “Otro Mundo es Posible” formé parte del Tribunal Centroamericano de Justicia Climática, instalado el 29 y 30 de octubre, en Managua. Nicaragua integra también el Tribunal Permanente de los Pueblos. El objetivo fue denunciar ante la opinión pública diversos casos de atropellos a los Derechos Humanos de comunidades centroamericanas y abusos en contra del medioambiente por parte de empresas apoyadas por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Centroamericano de Integración Económica, que facilitan recursos económicos para proyectos que afectan al medioambiente y a la sociedad, con la complicidad de los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua.

En esta ocasión fueron presentadas varias denuncias: los efectos de la minería a cielo abierto de la comunidad Crucitas en Costa Rica; la contaminación y violación de derechos laborales de la empresa española Pescanova, en el Occidente nicaragüense; y el abandono de la Reserva Indio Maíz, en el río San Juan de Nicaragua, donde los cultivos tradicionales van siendo suplantados por el monocultivo de palma africana para la producción de biodiesel con apoyo de la cooperación alemana. También se denunció el uso de agrotóxicos para la producción de banano en el Occidente de Nicaragua, afectando afluentes hídricos y perjudicando la salud de más de 8 mil trabajadores, ex-trabajadores y pobladores[iv], responsabilidad del nicaragüense grupo Pellas y de las transnacionales Dow Chemical, Del Monte y Chiquita Brand, entre otras empresas.

Durante el debate entre los testimoniantes, en torno a la responsabilidad del gobierno nicaragüense en la criminal situación de los enfermos de insuficiencia renal, me sorprendió que, mientras la activista acusaba con pasión a la empresa Pellas, eludía contestar en público la pregunta del Tribunal referente a la participación del gobierno del FSLN en el caso y defendía las compensaciones logradas sólo para algunos afectados. Otro compañero recordó la necesidad de no exonerar de sanción al gobierno del FSLN por su estrecho vínculo con las empresas contaminantes, por su negativa a resolver la situación sanitaria y jurídica de la totalidad de los trabajadores afectados, e incluso por el incumplimiento de un acuerdo conquistado, lucha mediante, al gobierno neoliberal de Enrique Bolaños. Esta situación puso en evidencia los riesgos y costos de la cooptación de los movimientos sociales por los llamados gobiernos progresistas, y mostró la mediatización de las agendas de lucha como resultado de la pérdida de autonomía.

En el Tribunal también fueron analizados los conflictos por derecho a su territorio ancestral de una comunidad de la etnia mayangna, que acusó al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También, el caso de gobiernos territoriales indígenas opuestos a la concesión de tierras para la extracción de madera a empresas locales asociadas con transnacionales, en el marco del ALBA Forestal. Un último caso presentado fue el de la comunidad indígena de Jinotega, donde el gobierno nicaragüense, de manera inconsulta, construyó sobre su territorio, una generadora de energía eléctrica

En el veredicto los jurados coincidimos en que, en todos los casos los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua habían cedido a los mecanismos impuestos por las grandes trans­nacionales, sin velar por los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas y por el respeto al medioambiente y a los recursos de sus países. En el caso de los indígenas, el Tribunal aseveró que el gobierno de Nicaragua no había respetado ni reconocido su identidad, su propiedad y su derecho como parte de ese país. Consideramos que las empresas no habían respetado la legislación de cada Estado, al poner sus intereses por encima de los de las poblaciones afectadas. En el caso de las bananeras, el jurado expresó que se trataba de un delito de lesa humanidad, por ser procesos depredadores de la Naturaleza y la Vida humana, desarrollados por la lógica del capital con la complicidad de los Estados nacionales.

A modo de conclusión

La cultura política de América Latina, tanto de izquierda como de derecha, en las organizaciones de sociedad civil o en los partidos políticos, reproduce valores y prácticas perversas: un autoritarismo que impone desde el poder una agenda al resto de la sociedad, una mercanti­lización que representa a las personas motivadas por la maximización de los beneficios y un clientelismo que degrada a los ciudadanos, al anular espacios para el desarrollo de sus derechos, y tratarlos como una masa hambrienta de favores, incapaz de construir su realidad. Y cuando se defiende un pluralismo, esto se hace desde la asimetría que garantiza el predominio de los poderosos y sus agendas.

Nuestra globalización contrahegemónica intenta comprender y profundizar la acción y el pensamiento contrahegemónicos. Inscrita en esta promesa la legalidad cosmopolita subalterna da cuenta de las expresiones no estatales de lucha y regulación social, reconociendo que la interpretación y uso de los DDHH por parte de las élites hegemónicas difiere del de aquellos que sufren o se oponen a la legalidad neoliberal. Esta legalidad alternativa se funda sobre el referente epistemológico de una sociología de lo emergente, capaz de mapear aquellas acciones que rebasan el sentido común de lo existente y abren horizontes de transformación, como lo ejemplifican los movimientos sociales aquí mencionados.

Frente a la cultura política de la dominación, inscrita en el patrón hegemónico de los DDHH, una nueva visión de la izquierda debe construir una cultura política de la emancipación, oponiendo al autoritarismo la autonomía para que la gente defina sus normas y estructuras sin subordinarse a partidos, gobiernos o empresas, combatiendo la mercanti­lización con la autogestión gestando nuestros propios recursos para no depender de poderes ajenos y desterrando el clientelismo mediante la solidaridad con relaciones basadas en reciprocidad, simetría y apoyo mutuo. Esas constituyen pautas para una (re) construcción de una agenda emancipadora de DDHH.

Bibliografía

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(De Sousa Santos; Boaventura & Rodríguez Garavito; Carlos A (eds.); 2007) El derecho y la globalización desde abajo: Hacia una legalidad cosmopolita, Antropos/UAM, México.

(Kinloch, Francis, 2008) Historia de Nicaragua, IHNCA-UCA, Managua.

(Molina, Ivan y Palmer, Steven; 2006) Historia de Costa Rica, Editorial UCR, San José.

(Prado, Silvio; 2010) Libro Blanco de las relaciones estado-sociedad civil. CEAP, Managua.

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(Torres Rivas, Edelberto, 2007) La piel de Centroamérica. Una visión epidérmica de 75 años de su historia, FLACSO, San José.

[i] Historiador, politólogo y activista cubano, coordinador del Grupo de Trabajo Anticapitalismo y Sociabilidades emergentes y miembro del Observatorio Social, ambos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), e integrante de la Cátedra Haydeé Santamaría y la Red Observatorio Crítico (Cuba).

[ii] Aunque ello abarca a muchachos de extracción popular y procedentes de comunidades marginadas (como aprecié en mis visitas a Talamanca y Puntarenas) un peso importante del activismo lo desarrollan elementos provenientes de los sectores medios urbanos (bachilleratos y universidad) lo cual puede dar cuenta del sentido, potencialidades y limitaciones de su accionar.

[iii] Aprovechando para ello la estructura nacional del Frente, su arraigo en comunidades empobrecidas y los cuantiosos recursos de la ayuda venezolana, no fiscalizada por las instancias de contraloría estatales y societales.

[iv] Observar el testimonio de un joven enfermo de insuficiencia renal, que exhortó a sus compañeros a continuar la lucha para que su muerte no fuese en vano, me impactó porque hace cinco años perdí a mi padre de crianza, alguien vital en mi formación personal y política, víctima de ese terrible padecimiento.

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