Estudio de las Brechas de Género en los Espacios de Concertación y Coordinación Regional. Piura, Perú. 2013. Gladis Robles Gamarra

El presente documento es el producto final de un estudio de las brechas de género en la  presencia y participación social y política de las mujeres en los espacios de concertación y coordinación entre sociedad civil y el Estado, en el espacio regional de Piura. Es de interés del estudio la recuperación de las dificultades existentes para adoptar criterios, lineamientos y principios de género en los diversos espacios de concertación en Piura.

La idea clave del estudio es la identificación de las diferencias en las brechas de género entre las provincias rurales y urbanas en la región, así como los factores cualitativos presentes en las brechas de género limitantes para la participación social y política de las mujeres en los espacios de concertación y coordinación regional.

La metodología del estudio priorizó el recojo de la percepción de las y los integrantes de los espacios regionales de concertación y coordinación, entre ellos: Consejo de Coordinación Regional (CCR), Consejo Participativo Regional De Educación Piura (COPARE), Consejo Regional de la Mujer (COREM), Consejo Regional de Agricultura (CORDA), Colectivo por la Gobernabilidad, Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil / Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional.

El estudio ha combinado el uso de estrategias de investigación cualitativa y el análisis de cifras oficiales, priorizando los datos referidos a la participación de los y las protagonistas en los espacios señalados, mediante la aplicación de tres instrumentos: entrevista en profundidad, encuesta y grupos de discusión.

Un primer hallazgo nos muestra la situación actual de los espacios de concertación y coordinación regional y las organizaciones que las conforman, principalmente en cuanto a las expectativas de los y las representantes de la población y de los grupos integrantes de estas instancias, así como las expectativas en relación a lo que es posible lograr.

Un segundo hallazgo se refiere a cómo se van superando algunos indicadores de inequidad de género con medidas de discriminación positiva para la participación social y política de las mujeres; estas medidas no son suficientes, aún hay limitaciones en el número de mujeres participando en estos espacios y con la forma que ejercen su participación.

Un tercer hallazgo pone énfasis en las barreras culturales invisibles de género haciendo uso de la línea del tiempo en referencia al trabajo por la reproducción social y el trabajo doméstico, que recae en el 70% de las mujeres jóvenes con pareja y en el 100% en mujeres jefas de hogar en la región.

Uno de los aportes más importantes del estudio es haber identificado los indicadores cualitativos que mantienen las brechas de género en la participación social y política de las mujeres en los mencionados espacios y las propuestas que se han presentado y negociado en estos.

Entre los retos identificados para mejorar la participación política y social de las mujeres e incrementar su presencia en estos espacios, están los contenidos de las funciones de la participación, la vigilancia y evaluación al cumplimiento de las políticas regionales. Sin embargo, el reto más importante señalado ha sido el promover una concertación en torno a las políticas específicas de igualdad y no discriminación y de equidad de género, sobre la base de los compromisos asumidos por el gobierno regional y los sectores descentralizados.

El estudio abre un espacio para iniciar la discusión sobre las propuestas señaladas por los participantes y la necesidad de descubrir nuevas dimensiones articuladoras de la ciudadanía y el gobierno regional, fortaleciendo el proceso de descentralización con la atención adecuada a la realidad del escenario regional, fomentando nuevas formas de operar con mayor eficiencia.

INTRODUCCIÓN

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) históricamente ha orientado su quehacer a promover procesos de desarrollo regional articulados a una visión de lucha contra la pobreza estructural y al desarrollo humano, sostenible, inclusivo y equitativo, con el protagonismo de la población rural y urbana organizada.

Con este marco institucional y desde el Programa “Gobernabilidad: de la propuesta a la implementación”, que se implementa en tres regiones del Perú (Piura, Cusco y Moquegua), se ejecuta este estudio, el que abre puertas para una mayor comprensión de la inequitativa participación social y política de las mujeres en la vida social comunal y política por el desarrollo de la región.

El estudio está dentro de los contenidos específicos del objetivo del Programa que es: “Mujeres y hombres organizados de tres regiones representativas del Perú (Cusco, Moquegua y Piura), inciden en la implementación de políticas públicas regionales concertadas, especialmente en materia de agricultura, educación y participación ciudadana, que responden a las necesidades y problemáticas de la población excluida”.

El equipo consideró a la política de género como línea transversal importante para el Programa Gobernabilidad que pone énfasis en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en las organizaciones sociales como en su acceso y participación en los espacios de concertación entre la sociedad civil y el Estado.

Con este estudio se aporta al objetivo del programa mencionado, abriendo nuevas rutas para profundizar el conocimiento de las causas que subyacen en la limitada participación política y social de las mujeres, destacando de manera cualitativa las barreras y limitantes presentes en las brechas de género regionales, así como las diferencias de esta problemática entre lo rural y urbano y entre lo local y lo regional.

Los resultados obtenidos se presentan en cinco bloques que nos llevan a desenredar la trama de la complejidad de las relaciones de género y la participación social y política de la mujer en estos espacios de concertación y participación política en la región.

CONTEXTO

La necesidad de fortalecer el sistema democrático y sus instituciones continúa siendo un tema de interés en el debate nacional. Desde el retorno a la democracia se han dado un conjunto de medidas hacia la reconversión del Estado y la modernización de la gestión pública con reorientación de competencias, funciones y políticas. Algunos especialistas señalan que los avances son lentos, que se ha paralizado el proceso y no se ha logrado una relación fluida y de confianza de la sociedad civil con el Estado, hecho que ha restringido la democracia.

Los cambios en el marco jurídico y en la cultura organizacional de las instituciones de gobierno y los operadores de las políticas del Estado, se han orientado a promover una administración pública que sea aceptada y reconocida por la población; ello implica una transformación más eficiente, equitativa, transparente e inclusiva y con justicia de género, que aún está en el imaginario de políticos, autoridades y de la población.

En este escenario de reformas con nueva legislación, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 (2002) es específica al impulso del proceso de descentralización como una política transversal; sin embargo, no definió el rol que le correspondía a los Consejos de Coordinación Regional y con fuertes resistencias a la participación de la sociedad civil.

En ese mismo año, el Poder Ejecutivo aprobó la Ley 27902[1]. Los aspectos referidos a la representación de la sociedad civil y los requisitos para participar en el CCR, los mecanismos de elección de los representantes de la sociedad civil, el régimen de sesiones, la convocatoria pero, la ausencia de instancias nacionales y la cuota de género al Consejo de Coordinación no eran resueltos; no obstante, desde una perspectiva de género se configuraba una oportunidad para afirmar la ciudadanía de las mujeres.

En este sentido, como señala el concepto de ciudadanía que describe Line Bareiro,[2] la participación “es un derecho que concede la potestad de intervenir en el poder político de una sociedad determinada” sosteniendo, asimismo, que la ciudadanía es plena sólo cuando se tienen derechos políticos. Es decir, no basta con una ciudadanía formal apoyada sólo en el derecho a elegir a nuestros representantes o la adquisición de otros derechos civiles, sino en el ejercicio de una ciudadanía sustantiva, a través de la cual se logre la incidencia en la adopción de decisiones de carácter político y la participación en el desarrollo de las comunidades.

Paralelo a este proceso fueron el retorno a la democracia, incentivo a un reordenamiento social organizativo, venido a menos en la etapa del conflicto interno; determinados movimientos, redes y organizaciones sociales nacionales y regionales con un trabajo sostenido en la búsqueda de canales efectivos de comunicación para ponerse de acuerdo con el Estado en sus propuestas, articulando esfuerzos en el diseño y ejecución de políticas, planes, estrategias y correctivos de estas, para el replanteamiento de propuestas y alternativas dirigidas al bienestar de la sociedad.

Con el gobierno de Paniagua, la concertación cobró importancia y luego con Alejandro Toledo se dispusieron normas referidas a la descentralización y participación ciudadana, que se han mantenido con los gobiernos de García y Ollanta.

Los espacios de coordinación y concertación entre autoridades y sociedad civil para la gestión del desarrollo regional de Piura, se sustentaron en la base legal y en la experiencia de las organizaciones sociales, que fueron impulsados por ciudadanos y ciudadanas para resolver los problemas más urgentes de sus localidades. Además de los Consejos de Coordinación Local y el Consejo de Coordinación Regional, las juntas de delegados vecinales, los comités de vigilancia y control al presupuesto participativo, fueron surgiendo otros Consejos por incidencia política de las organizaciones e instituciones de la Mesa Regional por la Equidad de Género, que en concertación con autoridades y funcionarios regionales logran que se constituya el Consejo Regional de la Mujer (2004) experiencia que ha sido replicada en otras regiones.

Otro proceso importante para la democratización del país ha sido la emergente participación política de las mujeres en los procesos electorales y en los espacios de coordinación regional y local, así como la participación social de las mujeres en los espacios de concertación.

En este contexto, el país afirmó su compromiso con la democracia, al proponerse reducir las brechas de género teniendo como base el marco normativo de género internacional[3] y nacional[4], la normatividad regional y los cambios sociales y culturales que las diferentes sociedades en su desarrollo van modificando.

Una de las brechas de género más profunda y menos abordada es la vinculada a los derechos civiles y políticos de las mujeres, que da lugar a ejercer la participación social y política de las mujeres; esta brecha subsiste a pesar de acuerdos y normas internacionales[5] y nacionales[6] orientados a promover los derechos políticos de las mujeres, con carácter vinculante.

Las instancias de gobierno sub nacionales y las instituciones públicas descentralizadas, van incorporando estos compromisos en la gestión del desarrollo a través de políticas normadas mediante ordenanzas regionales y municipales, cumpliendo así con las políticas nacionales de equidad de género: Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres N° 28983 y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2015 – 2019 (PIO), hoy Plan Nacional de Igualdad de Género – PLANIG 2012-2017.

Piura es una de las regiones con un amplio marco normativo en favor de la equidad de género. Así en el 2009 se tenía en la región 20[7] ordenanzas y acuerdos de consejos regionales, provinciales y locales y posteriormente se han emitido 10 más. En ellas se manifiesta la voluntad política por garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en educación, salud, violencia de género, trabajo, participación social y política, acceso a recursos entre otros, generando condiciones en las instituciones de gobierno para su implementación. Sin duda esta apertura es expresión de la afirmación de la democracia en la región, pese a que los resultados aún sean una cuenta por saldar.

La Ley N° 27387, aprobada en el año 2000, modificó la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Entre los cambios se amplió la cuota de género de 25% a 30% para las elecciones parlamentarias.

I. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

ÁMBITO DEL ESTUDIO

El estudio se ha desarrollado en la Región Piura, en el marco del Programa “Gobernabilidad: de la propuesta a la implementación”, que se implementa en tres regiones del Perú (Piura, Cusco y Moquegua), cuyo objetivo es: “Mujeres y hombres organizados de 3 regiones representativas del Perú (Cusco, Moquegua y Piura), inciden en la implementación de políticas públicas regionales concertadas, especialmente en materia de agricultura, educación y participación ciudadana, que responden a las necesidades y problemáticas de la población excluida”.

El programa que da lugar a este estudio, trabaja sobre una muestra cuyo universo es de 388 participantes, de los cuales se cuentan: 96 representantes del estado y 292 de sociedad civil, así mismo participan 11 organizaciones e instituciones públicas y privadas, entre ellas 7 espacios de concertación y consejos de coordinación (ver cuadro N°1) en esta participación la sociedad civil tiene una representación femenina de casi el 30%. A diferencia de las instituciones del Estado con 30,2%. Factor que debe ser considerado en el Estudio.

Se priorizaron para este estudio seis espacios de concertación y coordinación regional elegidos para el período 2012-2013: CCR, COPARE, COREM, CORDA, Colectivo por la Gobernabilidad y la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil/Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional, en los que están participando lideresas y líderes de más de 20 organizaciones e instituciones sociales.

Los espacios de concertación y coordinación seleccionados fueron aquellos que tienen una dinámica más constante en su vida orgánica y directa vinculación con el proyecto, por las temáticas que aborda.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El estudio es de tipo cualitativo, sin embargo se ha recurrido también a la información estadística para levantar las brechas de género que interfieren en la participación social y política de las mujeres en los espacios de concertación y coordinación regional. De este modo se ha logrado recopilar información de estos espacios, de las condiciones socioculturales y políticas, así como las percepciones sobre las barreras de género que subyacen en el ejercicio de sus derechos cívicos y políticos de mujeres y hombres.

Para la recuperación de la información se ha utilizado cuatro instrumentos de recojo: entrevista en profundidad, encuesta, talleres participativos y grupos de discusión, logrando poner atención en indicadores cualitativos que pueden ser modificados con la intervención del proyecto.

Para el análisis de la información e interpretación se ha hecho uso de los enfoques de género e interculturalidad, como soporte conceptual a las definiciones oficiales asumidas legalmente por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como órgano rector de las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación[8].

El estudio también se apoya en la economía del cuidado para una lectura más acertada de la línea del tiempo que siguen las mujeres para el trabajo doméstico.

El estudio se inició estableciendo y precisando los objetivos y resultados en términos de variables e indicadores, con el propósito de determinar los aspectos a ser abordados en los instrumentos de recojo de información. Los procedimientos a seguir fueron organizados en cinco fases secuenciales:

1) Determinación del esquema general del diseño del estudio

Sobre la base de las definiciones y de las variables identificadas como nudos en el diagnóstico levantado por el equipo del proyecto se diseñó una matriz de consistencia del estudio, se precisó las características y los contenidos de los instrumentos y se identificó a los actores clave y las especificaciones de la muestra.

2) Desarrollo de instrumentos

Se elaboraron el cuestionario, las guías y matrices para definir campos de observación, de análisis y preguntas orientadoras. Así mismo, se precisaron las fuentes y las técnicas para el recojo de información y las muestras para su aplicación.

Los instrumentos fueron ajustados después de la aplicación de entrevistas preliminares realizadas con el fin de validar las variables y el peso de las mismas en los instrumentos[9].

Se diseñó la base de datos para el ordenamiento y procesamiento de la información cuantitativa y se diseñaron matrices para el ordenamiento y análisis de la información cualitativa.

3) Recojo de información

En esta tercera fase se recogió la información necesaria para el estudio. Supuso un intenso trabajo de campo centrado en la recolección de información a través de encuestas, entrevistas, talleres diagnósticos, grupos de discusión y observación. Se hizo en coordinación con las y los responsables de la ejecución del proyecto en cada distrito, a nivel central y en cada una de las sedes. Requirió del apoyo de un equipo que trabajó en la aplicación de encuestas.

4) Procesamiento, sistematización análisis de la información

En esta fase se evaluó la calidad de la información generada por cada indicador. Implicó la producción de reportes por instrumento aplicado. Para las encuestas se elaboraron informes del análisis estadístico.

5) Elaboración de reportes e informe

Ha comprendido la interpretación y análisis de la información procesada, la elaboración de reportes por objetivo materia del estudio y la redacción del informe de los resultados. Para organizar el andamiaje teórico del estudio, hemos asumido los enfoques de: Desarrollo de Capacidades y Libertades, Interculturalidad, Género, Ciudadanía. De la misma manera se han usado los conceptos que para las políticas de equidad de género ha oficializado el gobierno peruano, desde su órgano rector de las políticas de equidad de género y no discriminación: el MIMP[10].

a. Criterios para la determinación de las muestras.

Los criterios que se determinaron para la selección de las muestras de informantes son los siguientes:

• Mujeres y hombres que integran los espacios de concertación y coordinación regional.

• Mujeres y hombres dirigentes/as y lideresas/es de las organizaciones que integran estos espacios.

• Mujeres y hombres autoridades y funcionarias/os de instituciones públicas.

Cabe señalar que la propuesta técnica planteaba la aplicación de entrevistas a profundidad a otros actores de los espacios de coordinación y concertación, representantes de organizaciones de mujeres, autoridades y funcionarios de gobiernos locales y regionales. Las entrevistas preliminares aplicadas permitieron efectuar correcciones en las variables y la ampliación de su aplicación a mayor número de informantes de las señaladas en la muestra.

En la propuesta técnica del estudio se planteó realizar grupos de discusión, aprovechando la presencia de los actores en los talleres de diagnóstico rápido.

b. Técnicas e instrumentos aplicados

En el proceso de recolección de información para el estudio se han aplicado encuestas, entrevistas a profundidad, talleres participativos y grupos de discusión, se han observado algunas reuniones de los espacios de coordinación regional y se ha revisado información secundaria.

PERSONAS ENCUESTADAS

Se han aplicado en total 21 encuestas entre los seis espacios de concertación y coordinación. Una de las dificultades fue la ausencia temporal de la región de algunos miembros de estos espacios de concertación y coordinación. En el cuadro que a continuación se presenta, se especifican los actores encuestados.

El tratamiento de la información cualitativa implicó un proceso de revisión de grabaciones y desgravado de las secciones que se consideraron más importantes. Además, la organización de la información en matrices por temas de interés.

Las pocas observaciones realizadas fueron enriquecedoras en tanto ampliaron los criterios y referentes para conocer y comprender mejor la problemática abordada en el estudio.

Se desarrolló un grupo de discusión con las 12 personas asistentes al taller. El grupo priorizó propuestas y estrategias para incentivar la participación social y política de las mujeres, considerando como favorable a sus funciones el marco normativo regional de género.

II. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN PIURA Y LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA REGIÓN PIURA

La población del departamento de Piura es predominantemente urbana y representa el 74.2% del total de la población (2007), con una población de 1´725,488 habitantes, de los cuales fueron censados 1´676,315, habiéndose omitido 49,173 habitantes.

Su tasa de crecimiento intercensal promedio al 2007 fue 1,3%[11]; con una población proyectada al 2013 de 1´814,622 (911,031 varones o 49.82% y 903,591 de mujeres o 50.18%)[12].

Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos. De esta población el 29% es población rural. De la población censada en el 2007: 835,203 son varones y 841,112 mujeres; mientras que por área de residencia el INEI precisa que 1´243,841 habitantes pertenecen al área urbana y 432,474 al área rural[13]. Por el peso poblacional se ubica en el segundo lugar después de Lima.

La población del departamento de Piura es predominantemente urbana y representa el 74.2% del total de la población (2007), está localizada principalmente en las provincias de Piura y Sullana, (Cuadro Nº5), que concentran en conjunto el 66.9 %, de la población urbana total y es en este espacio de costa donde se localizan las principales ciudades del departamento. (Plan Estratégico Regional de Desarrollo Concertado – Región Piura 2013-2016).

El espacio rural alberga a 25.8% de la población del departamento: 432,474 habitantes. Las provincias de Ayabaca (60%) y Huancabamba (80%) son predominantemente rurales; asimismo, la provincia de Morropón a pesar de ser calificada urbana todavía alberga importante población rural (42.5%). (PLAN Estratégico Regional de Desarrollo Concertado – Región Piura (2013-2016).

La provincia de Piura a pesar de tener mayoritariamente población urbana, también tiene una importante población rural con respecto al total de la población del departamento (21.5%). En cuanto al crecimiento de la población se registra el estancamiento en el área rural andina y el crecimiento fundamentalmente urbano en la costa. La población censada en edad electoral (18 a 70 años) a nivel regional es de 950,968 habitantes, de los cuales 467,597 son varones y 483,371 son mujeres.

En relación a los índices de Desarrollo Humano, Piura se ubica en el grupo de departamentos del segundo quintil de pobreza.

Desde el 2002 se observa a nivel global en la región un crecimiento en el índice de Desarrollo Humano, que implica que se va superando la pobreza, sin embargo en la sierra andina, la pobreza aumenta y hoy Huancabamba y Ayabaca son consideradas las provincias más pobres del Perú.

Respecto a la participación ciudadana en la región Piura en el 2010, hubo 27 municipalidades que informaron haber constituido juntas vecinales con la participación de 2,228 personas (1497 hombres y 731 mujeres), pero 37 municipalidades no ofrecieron ninguna información[14]. En ese mismo registro, 64 municipalidades informaron que la participación de la población en la gestión administrativa se daba en los siguientes rubros:

En el plano de la organización social, tradicionalmente Piura ha sido reconocida a nivel nacional por su alto nivel organizativo y de liderazgo, con capacidad propositiva a nivel regional y nacional. La participación social y política de mujeres y hombres en los espacios sociales se visibilizaba con la presencia de liderazgos femeninos y masculinos negociando con las autoridades la problemática de sus grupos, comunidad o su territorio municipal.

Las organizaciones de mujeres aglutinadas en torno a problemáticas de la familia (alimentación, protección frente a las lluvias del FEN, salud y vivienda) se articularon entre ellas en organizaciones de segundo nivel (distritales y provinciales), discutieron y priorizaron sus problemas en agendas y asumieron que si bien habían problemas comunes para los y las ciudadanas/os pobres, rurales y urbanos marginales, también vivían problemas diferentes a los de los hombres.

Para el año 2011, se explicitaba la problemática de las mujeres, en 14 agendas a las que les llamaron agendas de las mujeres (desarrolladas con el apoyo de ONG que trabajaban por los derechos de las mujeres), esas agendas se elaboraron en 5 provincias (Piura, Morropón-Chulucanas, Sullana, Huancabamba y Ayabaca, así como en los distritos de Buenos Aires, Bigote y Salitral, Pueblo Nuevo de Colán, Marcavelica, Vice, Catacaos, Santo Domingo y Bernal, posteriormente Paita y la Mancomunidad Luciano Castillo.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN REGIONAL

1.- Marco normativo de los espacios de coordinación en la Región

Los Consejos Regionales son creados por el gobierno regional como espacios de consulta, diálogo y con participación de las organizaciones de la sociedad civil en aplicación de mandatos constitucionales, ejerciendo su competencia como órgano de gobierno subnacional para determinar su organización interna, estableciendo también las dinámicas que regulan su accionar y su desarrollo.

La Ley N° 27783 de Bases de Descentralización establece en su Capítulo IV sobre Participación Ciudadana que ésta se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, así mismo señala que los gobiernos regionales están obligados a promover la participación ciudadana en la gestión pública (Art. 17). Las leyes que dan sustento a la creación de espacios de concertación de la participación formal de las y los ciudadanas/os[15]:

El marco normativo nacional dio lugar a un marco normativo regional para afirmar la democracia con la creación de los Consejos Regionales que señalaba la Ley y otros, que, sin ser normados fueron creados en diálogo entre las mujeres organizadas y las autoridades del Gobierno Regional, como lo fue el caso de la creación del Consejo Regional de la Mujer (COREM)[16] mediante Ordenanza N° 041/2004/GRP-CR, a iniciativa de las mujeres organizadas de la región.

Entre otros Consejos creados mediante ordenanza regional tenemos:

 Ordenanza N° 025-2003/GRP-CR se constituye el CORDA, Consejo Regional de Desarrollo Agrario,

 Ordenanza Regional N° 0233-2004/GRP-CR, se constituye el COREMYPE Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa,

 Ordenanza Regional N° 030-2004/GRP-CR, se constituyó el Consejo Regional de Salud (CRS),

 Ordenanza Regional N° 143-2008/GRP-CR, crea el Consejo Regional de Coordinación y Concertación de lucha contra la pobreza y desnutrición infantil CRECER Piura con Equidad.

 Ordenanza Regional N° 149-2004/GRP-CR, crea el Consejo Regional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,

 Ordenanza Regional N° 140-2004/GRP-CR, crea el Consejo Regional de la Juventud COREJU.

De la misma manera el Acuerdo Regional N° 630-2010/GRP-CR del 06 de julio del 2010, que aprueba El Programa Multianual de Inversión Publica 2011-2 y el Acuerdo Regional N° 691-.201/GRP-CR del 16 de Marzo del 2010, que aprueba El Programa Multianual de Inversión Publica 2011.

A este marco normativo regional se suma un marco cultural de relación de la ciudadanía con el Estado que se había ejercitado por décadas y que para las mujeres significaba retomar el rumbo de la historia iniciada por las Capullanas y por piuranas prehispánicas, mujeres que “teniendo el mando guiaron a sus pueblos por el destino que los llamaba a mayores horizontes”.

2.- Los espacios de concertación en Piura

En Piura, el proceso de concertación entre el Estado y representantes de la sociedad civil, surgió entre los años 90, mucho antes que la ley lo reconociera. Esta estrategia de comunicación dialogada, impulsada por la sociedad civil organizada de Piura demostró que sí se podía mejorar la gestión del Estado con la participación de la sociedad civil.

“He participado en muchos espacios de concertación, pero el más grande ha sido unirnos con CIPCA, GTZ, CARE y formar la Coordinadora Multisectorial a raíz del Fenómeno El Niño, cuyo objetivo principal era unir esfuerzos y no desperdiciar recursos, y que el Estado trabajara más de cerca con las organizaciones bajo los mismos objetivos, nos juntamos aproximadamente 19 instituciones que trabajamos desde 1995 hasta el 2002, 2003 que fue desapareciendo como Coordinadora, pero lo bueno es que quedaron espacios fuertes para poder seguir trabajando. Soy la secretaria técnica del Consejo Regional de Salud. Hemos trabajado bastante con el CIPCA para fortalecer la Mesa Temática de Agricultura y actualmente estoy como representante alterna en el COREM. Son muchas experiencias. Priorizaría la Coordinadora Multisectorial porque me permitió hacer un trabajo conjunto y dar una respuesta ante una situación de desastre y que de allí salió la experiencia para poder trabajar el tema de riesgos y Piura se convirtió en un referente del tema[17].

La institucionalización y el reconocimiento de los procesos de concertación, para unos peruanos fue la oportunidad de contar con un marco jurídico esperado para «legitimar la voz y decisión a los que nunca la tuvieron» y para los Piuranos y Piuranas, se afirmaba la erradicación de estilos antidemocráticos de tomar decisiones para la asignación y uso de los recursos públicos, fortaleciendo los espacios de concertación, con la participación del conjunto de los sectores públicos, privados y la sociedad civil, facilitaría tomar acuerdos y la coordinación integral del desarrollo de la región.

También fue una medida importante para incrementar el número de mujeres a la vida pública, ampliar su participación social y ciudadana, el incremento de representatividad femenina en cargos de elección popular a nivel nacional y regional, se creció aunque no como se proponían y esperaban.

Se pensaba que estas mujeres en el poder político como congresistas, alcaldesas y regidoras serían sensibles a la problemática de sus pares y se comprometerían haciéndola suya y de la mano con lideresas y mujeres de las organizaciones pudieran ayudar en la implementación del marco normativo regional y en la disminución de desigualdades de género, erradicando las causas que lo mantienen en la región). Considerando que sin modificar las condiciones de inequidad de género, siempre será limitada la presencia de las mujeres en estos espacios y lograr que alcancen su desarrollo y el de sus familias: restringiendo de esta manera una efectiva democracia regional.

Los Consejos Regionales son creados por el gobierno regional como espacios de consulta, diálogo y con participación de las organizaciones de la sociedad civil en aplicación de mandatos constitucionales, ejerciendo su competencia como órgano de gobierno subnacional para determinar su organización interna, estableciendo también las dinámicas que regulan su accionar y su desarrollo.

La Ley N° 27783 de Bases de Descentralización establece en su Capítulo IV sobre Participación Ciudadana que ésta se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, así mismo señala que los gobiernos regionales están obligados a promover la participación ciudadana en la gestión pública (Art. 17). Las leyes que dan sustento a la creación de espacios de concertación de la participación formal de las y los ciudadanas/os: el marco normativo nacional dio lugar a un marco normativo regional para afirmar la democracia.

3.- Espacios de concertación social y política del estudio

El Gobierno Regional de Piura ha generado la conformación de 10 Consejos Regionales, espacios de concertación como: COREM, COREDIS, COREDNNA, COREJU, COREMUSA, CORDA, COREMYPE, COPARE, CCR, en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Mientras que a propuesta de la sociedad civil se conforman: Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Red Regional de Desarrollo Económico, Mesa de Prevención y Atención contra la violencia de género, entre otras, en las cuáles el Estado participa activamente a través del gobierno regional, direcciones regionales y gobiernos locales. Por otro lado existen: Colectivo por la Gobernabilidad, Mesa Regional por la Equidad de Género, en las que el espacio es exclusivamente de sociedad civil.

Consejo Regional de Desarrollo Agrario – CORDA

Consejo Regional de Desarrollo Agrario- CORDA, se constituye sobre la experiencia de asesoría agraria especializada a la Presidencia Regional, con la participación de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Piura y representantes del Colegio de Ingenieros de Piura (2003).

Sus principales objetivos son la planificación, el ordenamiento y la promoción de la producción agraria en la región Piura. Se le identifica como mecanismo de concertación entre el Estado y los productores agrarios, representantes de asociaciones de productores, comunidades campesinas e instituciones vinculadas al sector agrario.

Después de su formalización la dinámica activa de funcionamiento se fue diluyendo, la aprobación del reglamento para su funcionamiento, direccionado por los técnicos del Gobierno Regional, motivaron tensiones que no se pudieron resolver, generando la separación de algunos asociados de hecho como las asociaciones de productores de la sierra, comunidades campesinas, entre otras que no cumplían el nuevo perfil que el reglamento les exige. En la actualidad están en un proceso de coordinación para recuperar el Consejo.

Un aspecto a señalar es la ausencia de mujeres en este espacio, a simple vista se podría afirmar que es un espacio solo para hombres, sin embargo hay muchas mujeres en las Comisiones de Regantes, en las Asociaciones de Productores y en las Comunidades que son dirigentes, y otras que simplemente son agricultoras.

La no presencia de las mujeres es justificada en la negativa que estas tienen para asumir cargos, sin embargo no se analizan las causas, de las 45 personas que integran el CORDA todos son hombres.

 Consejo Participativo Regional por la Educación – COPARE

Es una instancia de participación, concertación y vigilancia en la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Regional. Está basado en la Ley General de Educación. En Piura fue creado a fines de 2003.

Lideró el proceso de elaboración del PER, a través del CIPER. (Comité Impulsor del PER). Tuvo mucha actividad en la elaboración del plan del PER, esta fue la etapa más activa de este Consejo, logrando elaborar el plan, el que asumió principios y estrategias de género para la curricular educativa regional.

Entre los miembros, representantes del Consejo, se contó con 2 docentes mujeres y 3 hombres sensibles al género, que motivaron debates y análisis de propuestas de género para la currícula educativa, en espacios de sociedad civil con alumnos del II Diplomado de Políticas de Género[18] y con los grupos de jóvenes de la Universidad Nacional de Piura.

Este espacio estuvo representado por hombres y mujeres, sin embargo muchas de las mujeres desconocían el enfoque de género y las ordenanzas en esta materia, minimizando su importancia.

 Colectivo por la Gobernabilidad

Se constituye en el proceso del contexto electoral del año 2010. Es un espacio netamente de sociedad civil, vincula la incidencia política y la vigilancia ciudadana con respecto a quienes tienen representación pública, entre las instituciones que lo conforman se encuentran:

– Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – MCLCP

– Cámara de Comercio y Producción de Piura – CAMCO

– Grupo Impulsor de la Convención Regional de la Sociedad Civil

– Plan Internacional Piura

– AB Prisma “Proyecto Gobernabilidad y Transparencia”

– Centro de Investigación y Promoción del Campesino – CIPCA

– Centro de Investigación, Documentación, Educación, Asesoramiento y Servicios – Centro IDEAS

– Programa de Desarrollo Rural Sostenible – GTZ

– Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS Norte.

– Red Regional Agua y Desarrollo

– Proyecto: “Gestión Integral Catamayo – Chira”

– Centro de Reflexión Loyola –CRL

– Central Peruana de Servicios – CEPESER

– Red Nacional de Promoción de la Mujer

– Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores –CANAT

– Red de Municipalidades Rurales de Piura –REMURPI

– Radio Cutivalú

– Prevención de Conflictos – PREVCON

– Responsabilidad Todos – RS Todos

– Grupo Impulsor CVR

– Foro Salud Piura

– Núcleo Educativo Regional – NER

– Agenda Educativa Regional – AER

– Colegio de Ingenieros del Perú – Filial Piura

 Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil/Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional

Se reglamentó en febrero de 2004, y fue de carácter obligatorio, en los PPR se define la naturaleza de la ADSC en los siguientes términos “… es un órgano de naturaleza autónoma, de carácter consultivo, de concertación y de coordinación de las acciones de desarrollo de los representantes de la sociedad civil…”. Es uno de los espacios de coordinación y participación más dinámicos y con mayor número de integrantes.

El Presupuesto por resultados también ha seguido la ruta de le efervescencia, el repliegue y la recuperación, insertó en la lógica de los nuevos procesos sociales que generaron múltiples expectativas por el retorno a la democracia y que se fueron esfumando en la población y en las instituciones públicas y privadas. De las 112 organizaciones que iniciaron su participación los primeros años de instalada la asamblea, se retiraron 78 organizaciones en el año 2005, quedando 35 organizaciones en el año 2007, 20 organizaciones en el año 2009, 24 en el año 2010, 53 en el año 2011 y 32 en el año 2012.

La desmotivación principal está en el no cumplimiento de las obras. Mientras en la asamblea se aprueban los proyectos priorizados para el año, el equipo político y técnico regional aprueba y prioriza otros proyectos y los ejecuta, incumpliendo acuerdos, esta situación tiene un impacto negativo en las comunidades, y territorios y en las mismas organizaciones, quienes arremeten contra sus representantes por no exigir y vigilar acuerdos. (Versiones expresadas por un delegado retirado por sanción de su organización).

En cuanto a sus participantes el 73% son hombres y el 23% mujeres. La agenda está determinada por el ciclo de capacitación, talleres y reuniones descentralizadas, hasta el diseño y selección de los perfiles de los proyectos.

Los proyectos priorizados hasta la actualidad han tenido énfasis en resolver problemas a necesidades básicas, a diferencia de otras experiencias de regiones que ha institucionalizado puntaje obligatorio para aquellos proyectos que incorporan estrategias, indicadores y actividades orientadas a modificar las brechas que afectan a las mujeres y niñas.

 Consejo de Coordinación Regional –CCR

Se creó en el 2003, constituyéndose en un espacio de encuentro y concertación entre el gobierno regional, sus municipalidades y distritos respectivos, las funciones y competencias señaladas son asignadas por ley y por el Gobierno Regional.

Lo integran el Presidente Regional, los 8 Alcaldes Provinciales y 5 representantes de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, elegidos en la asamblea de delegados de las organizaciones debidamente inscritas.

En la misma lógica de los consejos anteriores, hay una gran diferencia de la primera fase a la actual, de una expectativa e interés latente a una pérdida de interés y desanimo, esta ruta en la dinámica de este mecanismo democrático tiene varias aristas, entre ellas los vacíos legales de las normas que lo crean y los reglamentos en este espacio, la interpretación sesgada de los representantes del gobierno regional.

 Consejo Regional de la Mujer – COREM

Se crea por Ordenanza Regional N° 041-2004, como un ente sistemático que se rige por los principios de identidad, transparencia, participación, concertación, coordinación, representación e institucionalidad democrática y descentralizada.

Surge como propuesta de las mujeres de sociedad civil organizadas, quienes en alianza con la Mesa por la Equidad de Género (constituida en el mismo año), con el apoyo de las ONG (que brindan la asesoría técnica) y en diálogo directo con las consejeras regionales, abordan de manera conjunta esta problemática. Esta iniciativa culminó con la concertación y coordinación entre las mujeres de sociedad civil y mujeres autoridades en el I Congreso Regional de la Mujeres producto del cual se promovió una ley regional.

Las propuestas fueron las ordenanzas N° 041 y 042 de las que ya se ha hecho mención anteriormente. La importancia de estas políticas aprobadas, radica en dos campos: 1°. Se cambia de rumbo de la propuesta de trabajo con mujeres en la región pasando de la reivindicación de derechos a la defensa de los mismos en pro de mejorar las condiciones de vida de las mujeres como ciudadanas y 2°. Se incorpora al trabajo el enfoque de género como perspectiva para erradicar las causas que generan las desigualdades entre los sexos y la exclusión y discriminación de las mujeres como personas.

Considerando que el rol del gobierno regional era fundamental para impulsar el cambio en la sociedad regional, las mujeres Piuranas lograron con las delegadas provinciales y la Mesa Regional por la Equidad de Género, que también surge en esta experiencia, dieran un paso que tendría repercusiones nacionales y que nunca estuvo en la propuesta política de la descentralización.

4.- Ordenanzas regionales que institucionalizan políticas de igualdad de género en Piura.

Acuerdo Nº 084-2003/GOB.REG.PIURA-CR del 18 de julio del 2003, el Consejo Regional de la Región Piura, reitera el compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas supranacionales que regulan la protección a la mujer, al niño, al anciano y a las personas con discapacidad física y/o mental, promoviendo programas que fomenten activamente la participación de las mujeres en los ámbitos públicos y privados de la sociedad. Reitera su compromiso de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y luchar contra la impunidad de quienes la perpetren, protección de las mujeres contra el hostigamiento sexual y todas formas de explotación sexual y laboral y la esterilización forzada, así como la participación femenina en políticas de trabajo, salud, educación y la incorporación en el proceso productivo de la región, así también su compromiso de defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y discapacitados.

 Ordenanza Regional Nº 041-2004/GRP-CR. Aprueba lineamientos de Política regional en materia del enfoque de equidad de género en la región Piura 2004-2006 y aprueba la constitución del COREM.

 Ordenanza Regional Nº 042-2004/GRP-CR. Aprueba lineamientos de Política Regional por una Educación con Enfoque de Género para todas las edades 2004 – 2006 de la Región Piura.

 Ordenanza Regional Nº 121-2007/GRP-CR. Aprueba la vigencia indefinida de los documentos de gestión aprobados mediante Ordenanzas Regionales Nº 041-2004/GRP-CR y Nº 042-2004/GRP-CR.

 Ordenanza Regional Nº 180 – 2010/GRP-CR Ordenanza que aprueba el PRIO, en su lineamiento 5 se propone: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres de la región, así como el acceso equitativo a instancias de poder y toma de decisiones, no solo en ámbito público, sino también a nivel organizativo social y familiar[19].

III. MAPEO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN

En el registro de organizaciones del Consejo de Coordinación Regional se tiene a 53 organizaciones e instituciones inscritas en el 2013[20], mientras en el Presupuesto Participativo se han reconocido a 54 delegados de instituciones de sociedad civil y 8 representantes de instituciones públicas[21], considerados aptos para participar en el Proceso del Presupuesto Participativo Regional del Año fiscal 2014. En los últimos años (2011 al 2013) una baja en el número de participantes en relación a años anteriores. Pese a ello es el presupuesto participativo el espacio más convocante.

Un reciente estudio de balance sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios del gobierno regional – Piura (Marlene Castillo, señala tres momentos en la participación de las OSC: La fase de crecimiento (2005-2006) asociada a las expectativas participativas de la descentralización a una población negociadora, demandante y propositiva. Una segunda fase de decrecimiento (2007-2010), y la tercera fase: periodo de recuperación inicial en los dos últimos años, con el cambio de gobierno[22].

En este escenario las organizaciones de mujeres, se contraen dejando en las lideresas la representación y representatividad en los espacios locales y regionales de concertación, esta situación también generó una dispersión de intereses, dejando la problemática de las mujeres por la apuesta a una agenda social colectiva neutra en género y lejos de las agendas de las mujeres.

El análisis de las relaciones de género confirma las brechas de género en la región y da cuenta de la disparidad en la que se encuentran las mujeres en relación a los hombres, frente al desarrollo, al ejercicio de su ciudadanía y a la satisfacción de sus necesidades prácticas y estratégicas. También pone en el escenario la problemática de la participación social y política de las mujeres, brecha que ha concitado el interés de este estudio.

Si bien hay un aumento de la presencia de organizaciones y liderazgos femeninos en estos espacios y mayor presencia de mujeres en los partidos políticos, esta participación expresa un conjunto de limitaciones que no permiten incidir y negociar las agendas de género de las mujeres.

El derecho al voto y la gradual conquista femenina en otros ámbitos, como el educativo y el laboral, tampoco han sido suficientes para que las mujeres se posicionen políticamente en el marco del poder y la toma de decisiones públicas.

A pesar que hoy son más las mujeres que enfrentan las barreras de la discriminación desde el espacio público y del privado, exigiendo el ejercicio de su ciudadanía con igualdad de género.

IV. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ESPACIOS POLÍTICOS Y DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN REGIONAL

CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO AGRARIO – CORDA

La participación de las mujeres en este espacio no existe, todos los representantes son varones; según los entrevistados esto puede deberse a varias razones. De un lado, los cargos directivos de las instituciones públicas que tienen que ver con el sector agrario son encabezados por varones; de otro lado los cargos directivos de las asociaciones de agricultores, juntas de usuarios, comisiones de regantes, rondas campesinas, comunidades campesinas en su gran mayoría (90%) son ocupados por varones; si tienen mujeres en las directivas están en alguna secretaría o en las vocalías.

Algunas mujeres han rechazado ocupar un cargo de mayor responsabilidad porque no se sienten capaces de ejercerlo o porque el esposo luego les ha dicho que él no les ha autorizado. Nos relata Juan de la Cruz Rivera Olear: “En mi comunidad elegimos a una señora que había ido representando a su esposo para que ocupara un cargo en la Junta Directiva, no recuerdo si fue la tesorería; ella aceptó, pero al día siguiente nos buscó y dijo que venía a renunciar porque al llegar a su casa su esposo le había dicho que él la había mandado a representarlo y no a que aceptase ningún compromiso en su nombre”.

Para Miguel Silva Huertas, representante de CECOBOSQUE, CORDA, “significa mucho para las comunidades campesinas, fue un buen espacio para interactuar con el Estado, para que nos escucharan, se debe reactivar para que las organizaciones tengan un espacio para proponer y concertar. Ahora hace casi dos años nos dejaron de convocar y está inactivo. La participación de las mujeres ha sido poca en este espacio, desde que las organizaciones no han tenido representación, todos los representantes son varones, antes sí habían mujeres como representantes de los sectores del Estado: Direcciones Regionales y Gobierno Regional. La presencia de las mujeres fue bienvenida. Nos faltó constituir un equipo técnico”.

El señor Silva señala “como CECOBOSQUE estamos comprometidos a hacer respetar las normas y las leyes, así como promover su conocimiento, es indispensable que las instancias donde participamos se incorpore a las mujeres y haya alternancia para que puedan representar y acceder al poder. En cuanto a las reglamentaciones internas de las comunidades también se están cambiando y vamos por buen camino, ya tenemos dos vicepresidentas de comunidades campesinas y en las elecciones últimas algunas mujeres (dos o tres) se han presentado para la presidencia, ese es nuestro trabajo y vamos a seguirlo impulsando; ahora nos falta identificar algunas estrategias para que cuando se active el CORDA impulsar la sensibilización en género a cada uno de los y las integrantes”.

El señor Donald Lecarnaqué Castro, representante de CEPIBO ante el CORDA, señala: “el CORDA era importante en la medida que el fuerte de la región es la agricultura, un 80% de las actividades de la región se mueven alrededor de la agricultura. Hay un proceso que se ha detenido, pero es necesario retomar. Las agendas están separadas, me da la impresión que hay una crisis en las organizaciones de la sociedad civil, en las instancias públicas, en los partidos políticos. Creo que nunca se dio realmente el trabajo concertado en el CORDA. La participación de las mujeres en el CORDA era cero, creo que a los hombres nos asusta que ellas tengan poder”.

“Si se reactivara el CORDA (que dejó de funcionar desde el 2010) creo que debería ser uno de los consejos que impulse, mediante campaña publicitaria, la participación de la mujer que no aparece en las asociaciones bananeras y su participación en el campo laboral en el sector agricultura, no se valora lo que hacen”. Donald Lecarnaqué Castro, CEPIBO.

Según los entrevistados en esta instancia había un total desconocimiento de las políticas de género, salvo de algunas personas de sociedad civil que tenían formación o alguna capacitación en estos temas. El enfoque de género no fue un tema prioritario que se abordara en el CORDA, no se generaron debates para involucrar e incorporar a las mujeres en el CORDA, menos para abordar temas de desigualdad e inequidades, ni por parte del Estado, ni de la sociedad civil. Esta situación ahora es objetivo de reflexión y nuevas propuestas como incorporar criterios de género como acuerdos que rijan su funcionamiento y nivel de organicidad.

CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER – COREM

Este es el único espacio donde el 95% de representantes son mujeres; sin embargo, también hay varones entre los que se encuentran: Gerente Regional o el Sub Gerente Regional de Desarrollo Social (que lo preside) y el representante del COREDIS.

El 50% de miembros, conformado por las integrantes del COREM, corresponde a mujeres profesionales universitarias o técnicas, que asisten al consejo por delegación institucional, del director(a) de alguna entidad estatal. El otro 50% de miembros de sociedad civil son mujeres lideresas con diferentes grados de educación (primaria, secundaria, técnica) que representan a las asociaciones y organizaciones sociales de base de sus provincias. En el primer caso se trata de personas con mucho interés por articular una agenda de género y lograr avances en la región; en el segundo caso son mujeres que requieren aún de formación y fortalecimiento en cuanto a sus derechos y deberes. Se observa que los intereses son diversos y los niveles de conocimiento de la problemática de las mujeres y las brechas de género no son homogéneos.

En la actual gestión del gobierno regional, a pesar del interés y compromiso del Sub Gerente Regional de Desarrollo Social por llevar adelante el COREM, no ha habido mucho eco en las autoridades del Gobierno Regional.

Para Carmen Campos Mendoza representante titular ante el COREM por la Provincia de Morropón a través de la AMPRODESDCH “este es un espacio muy valioso al que no se le da la debida importancia, en él se articula el Estado y la sociedad civil, se pueden gestar políticas públicas para la región que aporten en la reducción de las inequidades de género. No ha habido una agenda común para articular el trabajo, tanto de la sociedad civil y del Estado, siempre ha habido trabajos aislados, movilizados por un punto coyuntural. Hay desmotivación de las mujeres para continuar participando en este espacio, además no se tiene una agenda común de las mujeres. Cuando empezó el movimiento en el 2004 fue importante organizar la representación de las mujeres de las provincias a nivel regional, logramos conformar el Consejo; se marcaron grandes hitos, se han elaborado propuestas de ordenanzas regionales y algunas municipales. Nuestra debilidad está en que se ha quedado a nivel central de Piura no avanzamos hacia el espacio rural. No se ha evaluado el impacto de las políticas con respecto a género, sus limitaciones, nos falta dar ese paso. Uno de los principales resultados ha sido el PRIO; la definición de las brechas de género en la región, que si bien no ha sido hecha directamente por el COREM se ha tenido una participación bastante importante”.

Hay conocimiento de parte de algunos/as funcionarios/as pero no se aplican las políticas de género.

Se sigue trabajando aisladamente y desconociendo la importancia de la aplicación del enfoque de género. Hay vacíos que permiten al Gobierno Regional y a los gobiernos locales dejar de lado estas políticas.

Uno de los logros del COREM ha sido posicionar y lograr que mediante Ordenanza Regional se institucionalice el Congreso de la Mujer anualmente, espacio interesante como proceso promovido por el Estado y la Sociedad Civil a pesar de las dificultades para poder realizarlo, en un inicio estaba pensado hacerlo en el marco del 8 de marzo y como un espacio donde el Estado rendía cuentas de cómo venía implementando las políticas de género en la región y el PRIO, pero además un espacio para que las mujeres de las provincias pudiesen acercar su propia problemática e insertarse en un proceso más global de solución a la misma.

La Región Piura es una de las que han iniciado varios procesos, tanto desde el Estado como desde la misma Sociedad civil, pero sigue sin contemplarse cómo los proyectos y acciones de desarrollo afectan a las mujeres.

Carmen Campos sostiene “desde la creación de los Consejos, todos han nacido castrados, desde que nos impusieron que a la cabeza de los mismos tenía que estar el gobierno regional, eso ha impedido avances, o sea si se mueve la gerencia que los preside las cosas funcionan, sino todo está en espera, que si no están los gerentes que son quienes deciden no se hace nada, aún estén los sectores no se hace mucho porque es el gobierno regional el que decide; además cuando el Gerente que preside no puede asistir porque tiene muchas responsabilidades acaba delegando en un subordinado que sólo lo representa pero no puede tomar decisiones, así nos hemos pasado mucho tiempo sin hacer nada.

Con respecto a los posibles aportes creo que sí se pueden hacer cosas interesantes en base a las priorizaciones de la atención a las brechas que tenemos en el tema de equidad de género”.

Uno de los grandes vacíos sentidos por las integrantes de la sociedad civil en el COREM ha sido la renovación de las representantes de las asociaciones y la elección de las representantes de las organizaciones sociales de base, a pesar de haber un reglamento que indica paso a paso como hacer el proceso, ni en el último año del gobierno anterior, ni en lo que va de este gobierno se ha promovido las elecciones para las 15 representantes titulares y 15 representantes alternas de la sociedad civil (7 de Asociaciones de 2° nivel[23] y 8 de Organizaciones Sociales de Base) de las provincias.

Con respecto a la capacitación Carmen Campos señala: “Ya no podemos capacitar a las mujeres sólo en participación ciudadana y vigilancia ciudadana, tenemos que ajustar los temas a los contextos actuales: planes de desarrollo, presupuestos participativos, proyectos de desarrollo que contemplen las brechas, presupuestos por resultados. Desde el gobierno regional deben haber apuestas para reforzar el consejo de la mujer, para que haya una mejor participación y representación, finalmente de estas filas también pueden salir mujeres que van a ir a ocupar espacios públicos o desempeñarse en los partidos políticos”.

El Lic. José Luis Calle Sosa, quien en estos dos últimos años ha acompañado muy de cerca el trabajo del COREM y que actualmente ocupa la Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social, siendo quien representa al Presidente del COREM en las Asambleas (cuando sus funciones se lo permiten) comenta: “Sabemos que hay diferencias e inequidades, pero no hay evidencias estadísticas, documentarias que prueben que existen estas inequidades. Hay una tarea pendiente muy grande en cuanto a la problemática de género. La gerencia trabaja en los espacios de concertación y nos preocupamos que tengan en cuenta el enfoque de igualdad de género, pero siento que no tenemos mucha capacidad para interactuar con otros sectores y actores, o sea abrimos espacios pero no podemos generar cuadros, esa es nuestra limitante. Al interno del gobierno regional creo que deberíamos corregir el hecho de que no le damos relevancia suficiente a la igualdad de género en todas nuestras prácticas y programas; tomar medidas concretas afirmativas para incluir más a las mujeres en los procesos de desarrollo que se impulsan; pensamos en nota masculina, incluyo en ello a las mismas mujeres. No hay muchos hombres que hablen del tema y a veces siento que invado espacios”.

CONSEJO PARTICIPATIVO REGIONAL DE EDUCACIÓN – COPARE

Este espacio ha pasado por muchos altibajos desde su creación, su mejor etapa fue durante la elaboración del Proyecto Educativo Regional (PER), luego su trabajo decayó notablemente. Desde su constitución contó con la presencia de mujeres entre sus integrantes. De las 15 personas que se reúnen para activar el espacio, tres son mujeres: directora de educación, secretaria del COPARE y la representante de las AMAPAFAS de la región.

Entre las instituciones que conforman el COPARE están: Dirección de Educación, AMAPAFAS, Gerencia de Desarrollo Social, Direcciones de Salud, Vivienda, Trabajo, Municipalidades Provinciales y Distritales, Defensoría del Pueblo, Universidades, Institutos Superiores, Instituto Nacional de Cultura, SUNAT, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Municipios Escolares de primaria y secundaria, Iglesia, entre otras.

La señora Maribel Silupú Abramonte, representante de las AMAPAFAS ante el COPARE señala: “Para mí el Consejo de Participación Regional de Educación es importante porque permite a los padres y madres de familia a tener un acercamiento al sector educativo y así hacemos llegar nuestras inquietudes, problemas y propuestas. El trabajo concertado yo veo que a veces no hay interés de ambas partes, ni del Estado ni de la Sociedad Civil, por ejemplo deberíamos haber 50 representantes y sin embargo en el poco tiempo que llevamos reuniéndonos sólo llegamos a mayoría simple, algo de 15 representantes. Creo que algunas personas nos anotamos en estos espacios para hacer notar nuestra presencia y una vez que lo logramos lo abandonamos. Igualdad en la participación en cuanto al número no hay, pero en cuanto al respeto de las opiniones y propuestas si nos respetan. No podría decirle en cuanto al conocimiento de políticas de género, pero creo que no hay”.

Al hablar sobre algunas prácticas excluyentes, la señora Silupú dice: “Creo que para que las mujeres participen mejor y más, los espacios de concertación deben contar con espacios para que las mujeres que tienen niños pequeños los dejen allí y puedan tener la seguridad que sus hijos están cerca y bien atendidos, jugando y vigilados, eso haría que más mujeres participen. Se deben tomar algunas medidas que faciliten y promuevan la participación de las mujeres. Hay otro factor que tiene que ver directamente con las mismas personas y es la pérdida del hábito de la lectura, del conocimiento, del interés, los jóvenes pierden mucho el tiempo en tanta tecnología que hay y no la saben aprovechar para mejorar como personas, por ello nosotras mismas mujeres y varones nos excluimos de espacios públicos y políticos”.

Para la docente Rosaura Sosa Madrid “El COPARE tiene una gran importancia porque es un espacio que permite a la sociedad civil concertar con el Estado y vigilar todas las acciones que se realicen en función al proyecto educativo regional de Piura. Actualmente estamos afrontando muchas dificultades, tanto a nivel de autoridades como de sociedad civil, no asumimos el compromiso y no nos involucramos con respecto a la participación nuestra en este espacio. Estamos haciendo todo un trabajo en poder ir fortaleciendo las capacidades de algunos miembros del COPARE sobre lo que es la concertación y la incidencia en políticas educativas regionales, que se concreticen en proyectos viables para ejecutar. En el COPARE tenemos actualmente una participación minoritaria de mujeres con respecto a los varones”.

Al preguntarle sobre algunas correcciones a prácticas excluyentes, la profesora Sosa manifestó “En principio que en las escuelas pudiéramos tener un doble lenguaje en las prácticas educativas, lo decimos, usamos lenguaje inclusivo, pero cuando lo llevamos a la práctica notamos que hay filas de niños y niñas; en inicial cuando los niños juegan con muñecas y las niñas con carritos, les decimos no, estos juguetes son para niñas y aquellos para niños. Influir en los niños desde pequeños en prácticas positivas que permitan equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres”.

COLECTIVO POR LA GOBERNABILIDAD

Participan hombres y mujeres en representación de instituciones de la sociedad civil, según señalan sus integrantes es bastante equitativa tanto en número como en participación propositiva.

Según Cecilia Bustamante de la MCLCP, “en el colectivo hay diversidad de enfoques y temas. Es al abordar el tema de desarrollo social cuando es más factible vincular lo de género, pero en los otros temas como lo económico, medio ambiental y gobernabilidad casi no está asumido conscientemente

el enfoque de género, hay que trabajar un poco más. Primero tendríamos que ir construyendo normas y reformas de las leyes, tenemos que trabajar mucho la cultura democrática con equidad de género, tanto en el colegio, para ir generando una reflexión de lo que necesita una sociedad justa; normas en espacios mixtos, en AMAPAFAS, en procesos de participación ciudadana, creo que hay que ir avanzando en establecer y adoptar algunas prácticas”.

Para Segundo Obando Pintado de CEDEPAS Norte “De todas los ejes y acciones que contiene el pacto político los que menos se están implementando son los que tienen que ver con equidad de género y promoción de la mujer en general. Al menos está en la agenda y hay espacios que se van encauzando en la dinámica de promover la participación de la mujer. Si se conoce las políticas por parte de las mujeres que participan y de algunos varones también, se hace incidencia para que el tema de la mujer esté presente en las políticas públicas”.

ASAMBLEA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL

Aquí está un poco equilibrada la participación de las mujeres y los varones; las personas entrevistadas señalan que hay una buena relación de entendimiento en el grupo y mucho respeto a las opiniones y propuestas de cada uno de sus miembros. “Las mujeres que participan son profesionales, saben mucho, son buenas técnicas, conocen bastante, son buenas haciendo propuestas”. Federico Arana Llanos.

 “Creo que la nueva conformación de la ADSC y del PPR está mucho mejor que antes, la mayoría somos profesionales, tenemos conocimiento y capacidad de propuesta, se nos escucha y vamos a hacer un buen trabajo”. Lourdes Valdiviezo.

De estos espacios es el COREM quien desde su nacimiento tiene una agenda de género y con la cual ha podido incidir para que se formulen políticas regionales.

La mayoría de los espacios de concertación y coordinación regional son sensibles a la problemática de género y tienen en sus representantes a mujeres, sólo un Consejo de Coordinación no tiene entre sus filas a ninguna mujer, CORDA.

En cuanto a sus agendas, estas están focalizadas en problemáticas de políticas sectoriales (agricultura, salud, educación, entre otras) no han incorporado temas de la agenda de género regional

Las y los participantes del estudio y asistentes al taller diagnóstico y al grupo de discusión señalaron la problemática de género que impide la participación social y política de las mujeres coincidiendo en muchos puntos del diagnóstico de inicio que motivo este estudio.

Un 95% de personas entrevistadas tienen conocimiento sobre las políticas de género en los niveles nacional y regional, sin embargo reconocen que en los espacios de concertación en los que participan poco o nada se conoce al respecto y tampoco ha habido una clara apropiación del enfoque de género para poder transversalizarlo.

Hay un 5% de personas que conocen de las políticas y el enfoque de género porque alguna vez lo han recibido en alguna capacitación, pero no lo han vuelto a abordar.

Un 50% del conjunto de entrevistados/as consideran género, a la presencia de hombres y mujeres en un proyecto o que se trabaje exclusivamente con mujeres.

Las y los entrevistados tienen la percepción, sobre todo las entrevistadas mujeres, que en los sectores públicos “género” es un tema casi exclusivo de mujeres.

Tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial conocen el enfoque a partir de los servicios que brindan y las normas que los regulan (la legislación, los compromisos asumidos internacionalmente, los espacios existentes para abordar la problemática de género) consideran también que es un tema de “mujeres” ligado al tema de violencia. Pero en la estructura interna de estas instancias “Los jueces mayores se resisten a que las mujeres asuman cargos en la magistratura”, sólo hay una mujer entre cinco magistrados.

Todos coinciden en que el machismo es una práctica muy arraigada en la región y lo identifican como una de las principales limitaciones para el empoderamiento y participación social y política de la mujer. Pero también señalan que las mujeres tienen que estar muy bien preparadas si quieren asumir algún cargo político o directivo, el significado dado a esta premisa los llevó a la construcción de una persona superdotada, requisito que no cumple ningún integrante varón de estos espacios, pero que si lo exigen como “requisito indispensable” a las representantes mujeres.

En cuanto a los espacios de concertación todos sin excepción, consideran muy importante el espacio en el que participan, sin embargo dejan notar cierto sinsabor por el desempeño del Estado y el hecho de que las organizaciones no quieren participar activamente en estos espacios por desánimo y la ausencia de respuestas a sus expectativas. El grupo de discusión revisó las propuestas producto del taller diagnóstico y concluyó que deben trabajar en sus espacios las siguientes 11 propuestas:

1. Capacitación a mujeres para que se empoderen.

2. Sensibilizar a los hombres para que aborden e incorporen el enfoque de género.

3. Mejorar Reglamento y Mecanismos del CCR para incorporar mujeres y jóvenes.

4. Vincular diferentes estrategias de acuerdo al nivel y a las necesidades de las propias mujeres y los varones. Buscar el equilibrio entre hombres y mujeres partiendo del conocimiento de sus necesidades.

5. Vigilancia permanente al cumplimiento de las Políticas de Género.

6. Promover criterios de género/empoderamiento en los proyectos o propuestas que se presenten al PPR.

7. Institucionalizar estrategias para la implementación de políticas de género.

8. Incrementar la participación de la sociedad civil en la vigilancia del cumplimiento de la Ley.

9. Difusión a través de Programas Radiales sostenidos.

10. Establecer roles claros de los espacios de concertación en temas específicos como por ejemplo: embarazo en adolescentes, feminicidio, trata de personas, crímenes de odio.

11. Transversalizar el enfoque de género en todas las políticas.

Del análisis de la participación de la mujer en los espacios de concertación podemos resaltar los siguientes hallazgos:

a.-Primer hallazgo:

Nos muestra la característica de la población que integra estos espacios de concertación y coordinación regional, mayores de 35 hasta 56 años, personas con experiencia, capacidad y nivel educativo superior en la mayoría, con estabilidad económica sobre todo los funcionarios y representantes de instituciones sociales, llama la atención la no presencia de jóvenes, a pesar que a nivel nacional y en la región se cuenta con organizaciones juveniles.

La situación actual de los espacios de concertación y coordinación regional y de las organizaciones que las conforman, no están pasando por su mejor momento, hay un repliegue de las organizaciones, cansancio frente a expectativas y promesas no cumplidas y hasta un ligero agotamiento de algunos integrantes. Sin embargo las expectativas de la población y de los grupos que están detrás de esos representantes siguen latentes y consideran que es posible lograr los objetivos. Esta afirmación se demuestra cuando los y las integrantes señalan los siguientes elementos con mucha claridad, aludiendo a su rol y funciones asignados por ley en la coordinación con el Estado: consulta, propuestas, vigilancia, exigibilidad y el seguimiento a las políticas regionales vinculadas a ciertas temáticas de sus agendas.

En este accionar limitado de las mujeres como delegadas de las instituciones del Estado en los espacios de coordinación, priorizan su rol técnico y su experticia en el tema, sin articular la problemática sectorial hacia una lectura del mismo con el enfoque de género, aunque puede proponerse abordar algún servicio que ayude a disminuir un problema de la agenda de género con el

objetivo de disminuir las brechas (Ejem.: la violencia de genero) estrategia en la que todos y todas las autoridades, líderes y lideresas regionales están de acuerdo. Pero no se están cambiando los patrones estructurales que mantienen y dan continuidad a la inequidad de género.

b.- Segundo hallazgo:

Es que se reconoce que se van superando algunos factores para la participación social y política de las mujeres, esta afirmación es asimétrica con el número de mujeres participando y con la calidad de la participación, en los espacios mixtos (Estado-sociedad civil).

La región Piura es una de las 13 regiones del país que no ha normado las cuotas de género en los Consejos de Coordinación Regional, mecanismo de discriminación positiva que garantiza la presencia de mujeres en estos espacios. Por lo que hasta hoy la presencia de las mujeres se debe a las delegaturas de las instituciones y organizaciones por razón de liderazgo técnico en la temática o por el alto cargo que ocupan.

Otro aspecto importante es la identificación de un déficit de lideresas preparadas para intervenciones en estos espacios, si bien hay lideresas locales potenciales, estas están más relacionadas con las problemáticas sociales y no con las propuestas de género locales y regionales priorizadas. La toma de conciencia por las agendas de las mujeres, son las menos abordadas, a ello se suma que estas agendas no han sido actualizadas en la mayoría de las organizaciones de mujeres de segundo nivel y no son conocidas por las mujeres asociadas.

Si bien hay una gran acogida al discurso de la defensa de los derechos de las mujeres, mismo que ha sido internalizado por diferentes mujeres de todas las edades, son muy pocas aquellas que se atreven a ejercitarlos y, quienes han iniciado el ejercicio de estos derechos, tanto en el espacio privado (familia) en el espacio público (organizaciones, instituciones sociales y políticas) se ven sometidas a un conjunto de críticas y sanciones bajo códigos culturales sexistas tradicionales, por poner en riesgo la continuidad del sistema de relaciones jerárquicas.

Para las mujeres, ejercitar sus derechos significa transgredir el sistema de relaciones inequitativas y enfrentarse a un conjunto de prácticas, estereotipos y paradigmas sobre lo masculino y lo femenino, componente de una estructura de relaciones culturales, sociales, políticas y físicas, este sistema se ha desarrollado en torno a mecanismos de control y sanción, los que son aplicados cuando la sociedad cree que se está transgrediendo el orden “natural”.

Esta situación se expresa a la preocupación de las y los líderes de sociedad civil, que se preguntaban ¿Qué tipo de lideresa queremos o necesitamos? y a la que respondían señalando un conjunto de habilidades, competencias y destrezas para las mujeres, que ellos aún no han logrado desarrollar.

Entre las que señalaron: Se percibe entonces una exigencia muy alta para el liderazgo femenino en estos espacios.

Las brechas de genero priorizadas por el gobierno regional, salud reproductiva, educación, empleo, violencia, acceso a recursos y el medio ambiente tienen un impacto importante en la participación social y política de las mujeres, en la medida que estas brechas sean acortadas se habrán generado mejores condiciones para que las mujeres ejerzan su derechos civiles y políticos. Sin embargo la brecha de la participación social y política de las mujeres ha sido poco abordada, a ello se suma las necesidades estratégicas que han afectado el mundo subjetivo de las mujeres, lo que feministas llaman los marcadores de género que no se superan cuando se logra cambios personales en: seguridad, empoderamiento, autovaloración, toma de decisiones, negociación, compartir roles, revaloración del trabajo doméstico, identidad de género entre otros.

c.- Tercer hallazgo

Es la invisibilización de barreras culturales entre ellas la desvalorización del trabajo doméstico y la responsabilidad casi total en las mujeres, según la línea del tiempo es de 45 a 70 horas semanales que las mujeres utilizan en esta labor, siendo la falta de tiempo uno de los principales limitantes para su desarrollo como ciudadanas.

La complejidad de este trabajo, requiere la ejecución de diferentes y múltiples actividades. Es importante mirar el trabajo doméstico con la nueva teoría de economías del cuidado[24] y la relación trabajo familia, dos aspectos que en nuestro país aún están lejos de normarse.

V. IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA REGIÓN Y EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LA MUJER EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN

Las brechas de género en la región

Las brechas de Género de la Región Piura levantadas en el 2009, fueron el primer producto formal que permitió que el gobierno regional revisara las políticas de género existentes y emanara otras a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, pudiendo con este mecanismo evaluar los logros y mejoras alcanzados.

Conceptualmente las brechas de género son las diferencias que exhiben mujeres y hombres en cuanto a oportunidades, acceso, control y uso de los recursos que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las brechas de género tienen que ver con: “diferencias objetivas, significativas y verificables entre hombres y mujeres en el acceso a bienes, servicios e instituciones cruciales para determinar sus niveles de desarrollo personal, social, económico, cultural y político, a pesar de ser ambos iguales en derechos y deberes”.[25]

Las diferencias entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable, se calcula restando Tasa Femenina-Tasa Masculina. Cuanto menor sea la “brecha”, más cerca estaremos de la igualdad (Instituto Andaluz de la Mujer).

También están referidas a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución de recursos, acceso y poder en un contexto. Constatar una brecha de género en un contexto significa normalmente que en éste existe una desigual distribución, donde el colectivo que pertenece al género femenino forma el grupo que queda con menos recursos, poder, etc.

En este estudio ponemos énfasis en indicadores cualitativos: los que refieren a cualidades o aspectos que no son cuantificados directamente. Se trata de opiniones, percepciones o juicio de parte de la gente sobre barreras invisibles.

Una de las definiciones más utilizadas por diferentes organismos y autores señala: que “los indicadores (…) son estadísticas, series estadísticas o cualquier forma de pronóstico que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto”[26].

Ha cobrado más fuerza la idea de que los indicadores no son demografía, economía y pobreza, educación, salud y nutrición, trabajo y empleo; algunos temas están aún en proceso de maduración (como los de medio ambiente) y otros que han presentado problemas (por ejemplo, los derechos humanos y el buen gobierno y participación política y social)[27].

No obstante, se destaca que todos los avances han sido a escala nacional, y resultan prácticamente inexistentes las experiencias a escala local[28].

Una distinción importante para la región Piura es el abordar desde este estudio las brechas de género en las zonas urbanas y en las rurales (Ayabaca y Huancabamba).

1. La salud de la mujer

La Mortalidad Materna es un indicador altamente sensible que, según la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva en Piura se han reportado 39 casos en el 2009, 29 en el 2010 y 34 casos en el2011[29]. Este indicador para el 2012 se manifestó en 35 muertes maternas (Huancabamba con nueve casos, Piura con ocho, Ayabaca con seis y Sullana con cuatro, siendo éstas las provincias con mayor presencia de mortalidad materna); en lo que va del 2013 se presentaron nueve muertes maternas, siendo Piura y Sullana con dos casos cada una las provincias que encabezan la lista[30].

La mortalidad materna en las provincias rurales de Huancabamba, Ayabaca y parte de Morropón fue mayor en el año 2010 -2012, para el 2013 hay un incremento en la zona urbana (Sullana y Piura).

De la misma manera se aprecian cifras que dan cuenta de una problemática diferenciada entre las zonas urbanas y rurales, constatándose las brechas sociales con la extrema pobreza y las de género en el tema de salud sexual y reproductiva y mortalidad. Se conoce que la sensibilización, información y la mejora de los servicios, las estrategias de atención a las madres gestantes en provincias rurales de mayor recurrencia, han contribuido a la baja de la tasa de mortalidad materna a diferencia de provincias de la costa (Sullana y Piura) que es donde se ha incrementado el número de muertes.

Otro indicador es el embarazo adolescente que, según la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva de Piura, en el año 2011 se presentó en 3,427 jóvenes embarazadas entre 12 a 17 años y en el año 2012 en 3,140 embarazos en adolescentes.

El embarazo adolescente es considerado como un problema de salud pública, una madre adolescente trunca su desarrollo, agrava su salud física y emocional, abandona la escuela para ser madre, se vuelve más dependiente y la tendencia es la separación o un sometimiento que muchas veces se convierte en un ciclo de violencia doméstica y de espaldas a ejercer sus derechos.

La violencia política contra las mujeres en cargos públicos.

Es otro tipo de violencia que se da en los espacios públicos. La violencia o acoso político contra la mujer se sanciona como violencia común, en el terreno judicial, sin tratarla en el espacio político, donde muchas lideresas y mujeres autoridades son agredidas en el cumplimiento de sus funciones, quedando muchas veces en impunidad y sancionada en el cargo público.

Algunas mujeres autoridades y lideresas han levantado esta problemática que se expande cada día más, Piura no ha sido ajena a esta problemática, los testimonios de consejeras, alcaldesas y regidoras. Estudio Nacional de la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú. 2013. así lo señalan.

Este es un atenuante importante para las mujeres que prefieren quedarse en el espacio privado negándose a participar en los espacios públicos, por el alto nivel de agresividad que puede recibir y la desprotección a la que es sometida cuando es censurada por cumplir con el rol asignado por ley, el fiscalizar la gestión. Esta experiencia es desalentadora para muchas mujeres pero también aquellas que logran superarla logran altos niveles de empoderamiento y mejoran sustancialmente su participación política.

1. La violencia física

En el período 2009 – 2010 se ha incrementado el número de las denuncias de violencia física de 9.9% a 14.6%; mientras que la violencia psicológica alcanzó el 64.5% el 2011, la violencia sexual fue el 2.4% el 2009 y el 4.6% el 2010, produciéndose un incremento significativo en comparación al año anterior.

El 32.6% de mujeres considera “no necesario” denunciar, a pesar de todos los mecanismos de información y prevención existentes y difundidos. La violencia puede causar la muerte de mujeres, en Piura no hay casas de refugio para facilitar el soporte que la urgencia de tratar los casos de violencia exige.[31]

Según la Mesa de Prevención y Atención de la Violencia de Género de Piura, en el 2012 se registraron tres feminicidios a nivel regional, uno de ellos ocurrido en Sullana, además de cuatro tentativas. Los pocos registros que existen al respecto no revelan el número real de casos, en la medida que no se cuenta con una base única de registro de denuncias interinstitucional. Asimismo, la Mesa registró entre enero y noviembre de 2012 a 2,013 personas afectadas por violencia familiar y sexual reportadas por los Centro de Emergencia Mujer. La Fiscalía de Familia de Piura reportó hasta noviembre del mismo año, 2,776 casos de violencia familiar solo en el distrito de Piura, en la Primera y Segunda Fiscalía de Familia. De estos, hay por lo menos 273 en investigación tutelar, que tiene que ver con menores de edad maltratados, abandonados o utilizados para mendigar.[32]

En Huancabamba, Ayabaca y la zona rural de Morropón, la violencia contra la mujer y las niñas y el feminicidio, es poco denunciada. Hacer efectivo el derecho a la denuncia que les asiste a las mujeres, es considerado por las otras mujeres y por las familias del agresor y la víctima como un hecho más grave que la agresión recibida por las mujeres. Denunciar es romper con la familia para toda la vida. Esta situación esconde las cifras reales de la dimensión de la violencia en estos espacios.

La trata de personas, a enero del 2013 Piura se ubica en el 7° lugar de las 29 grandes ciudades del país, con 18 casos de trata de personas[33] víctimas de esta esclavitud, es evidente que el problema se está abordando desde el Estado con apoyo de sociedad civil pero los avances legislativos aún están centrados en el Poder Judicial. En otras provincias se viene abordando el tema y aun no existen registros. Esta problemática es más compleja en su abordaje, por ahora solo se registran casos judicializados.

2. Educación

Entre 2005 y 2011 la tasa de asistencia a educación inicial en Piura no muestra cambios significativos para hombres y mujeres. En siete años el progreso es reducido, de cada 100 niños de 3 a 5 años apenas el 62%, asiste a la escuela, mientras que las niñas logran el 72%.

La educación inicial es una etapa importante en la formación de niñas y niños, sin embargo el acceso sigue siendo insuficiente.

En ámbitos rurales no se considera necesaria la educación temprana de sus hijos/as; allí las distancias y el acompañamiento que requieren los niños/as suelen ser limitaciones para los padres, el bajo nivel educativo de padre y madre influye en la importancia que se le otorgue a esta etapa educativa.

La tasa de asistencia de educación primaria logra ser casi universal en Piura: entre 2009 y 2011, el 92.3% de varones y 95.6% de mujeres. Mientras que la tasa de asistencia en la educación secundaria soporta un estancamiento: 70.8% de varones y 71.2% de mujeres el 2011. En esta etapa los/as adolescentes, principalmente de zonas rurales, enfrentan la pobreza y la economía de subsistencia familiar que obliga a los adolescentes (hombres) a trabajar para poder sobrevivir y seguir estudiando, mientras que las (mujeres) se convierten prematuramente en madres y nunca más regresan a la escuela.

Según la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en Piura en el 2012 hubo 3.5% de repitencia y 1.9 % de deserción escolar.[34]

En Piura el 13.1% de mujeres es analfabeta respecto al 5.8% de hombres; por cada 13 mujeres analfabetas hay cinco hombres analfabetos. Esta diferencia significativa muestra el grave atraso de las mujeres principalmente en las zonas rurales. Esta tendencia se mantiene en los últimos 5 años con ligeras variaciones.

3. La inserción laboral

La actividad económica en Piura muestra un crecimiento importante de mujeres que acceden al trabajo independiente, entre el 2009 (43.2%) y el 2011 (58.2%) hay un notable incremento de 15%; sin embargo es necesario advertir que la inserción laboral de las mujeres, en especial de las más pobres, es en ocupaciones poco productivas y con muy bajos ingresos, que les exige largos y difíciles desplazamientos cotidianos en condiciones muy precarias lo cual afecta su salud, más aún si en general las mujeres trabajadoras no cuentan con seguro social, ni con el apoyo para el cuidado infantil de sus menores hijos con quienes se desplazan con mucho riesgo.

Los indicadores referidos a la inserción laboral expresan la disparidad de género; así por ejemplo, el nivel de ingreso por actividad económica independiente es de 734.6 nuevos soles en los hombres frente a 391.1 nuevos soles en las mujeres por una actividad similar. Las mujeres se incorporan al mercado laboral como independientes y el trabajo familiar no remunerado continúa siendo predominantemente femenino.

La población inactiva en la región Piura es principalmente femenina (73.0%) en relación con los hombres (27.0%); es decir, de cada 10 personas inactivas siete son mujeres. Dentro de este grupo  (inactivos) se encuentran las amas de casa, los estudiantes, los jubilados, es decir aquellos que no se encontraban trabajando ni buscando trabajo.

Respecto de los ingresos económicos, se evidencian significativas brechas de género; solo 37,1% es el promedio de mujeres con ingresos por salarios con respecto a los hombres. Las mujeres trabajadoras representan el 53% del ingreso promedio de los hombres.[35]

4. Jefas del hogar en el Programa Juntos

La región Piura ocupa el 13° lugar en población de pobreza extrema del programa juntos, con una población de mujeres de extrema pobreza, representantes del hogar para el 2011 de 86.3% (27,067) en el área rural, y de 13.7% (4,305 hombres) y para el 2012, la población de mujeres jefas de hogar aumentó en 20,000 mujeres más, y se incrementó también el número de mujeres jefas de hogar en la zona rural a 69.1% (35.965) y 30.9% urbana (16,102).

Llama la atención la presencia de un alto número de madres solteras jefas de hogar en situación de pobreza extrema, población que merece atención diferenciada de los gobiernos locales y nacionales.

Participación ciudadana y política de las mujeres

1. Identidad

En el año 2007, un alto porcentaje de mujeres por encima de los hombres no contaban con partida de nacimiento, situación que impide el ejercicio de su ciudadanía, negándoseles el derecho a la identidad y al reconocimiento de su existencia legal en esta región y en el país.

De la misma manera existe una brecha entre mujeres (1.5%) y hombres (1.2%) que no cuentan con documento de identidad. Estos dos instrumentos son fundamentales para la participación ciudadana y política de las mujeres.

Entre el 2010 y 2011 se han desarrollado en el Perú procesos democráticos para elegir autoridades regionales y municipales. Piura es la segunda Región más poblada del país y el 50.2% de su población está constituido por mujeres, sin embargo ellas no han logrado cargos de poder en el Gobierno Regional. En las elecciones de 2010, de 8 alcaldes provinciales solo una es mujer (Provincia de Piura).

De 56 alcaldes distritales solo 02 son mujeres (Castilla y El Arenal).

La participación política de las mujeres en la región es baja, a pesar de la existencia de la Ley de Cuotas existe gran resistencia a estas medidas que pretenden corregir la poca participación de las mujeres en las listas de los partidos y movimientos políticos; quienes mantienen una presencia exclusiva o mayoritaria de varones en sus listas. De otro lado, continúa la incorporación de mujeres en los últimos lugares de las listas sólo por cumplir con la Ley que no contempla la alternancia ni la cuota de poder. Los puestos de responsabilidad asignados a ellas siempre están vinculados a funciones “sociales” (bienestar, salud, educación, secretarías económicas y vocalías).

El Gráfico N°1 nos indica que hay mayor presencia de mujeres en los cargos de regidoras distritales y provinciales, a pesar de ello en este ítem los hombres ocupan 286 regidurías, mientras que las mujeres sólo 100. En cuanto a Alcaldes Distritales tenemos 61 alcaldes y 03 alcaldesas; en el nivel provincial 7 Alcaldes y 1 Alcaldesa. La presencia de mujeres en estos espacios no ha significado para las mujeres de sociedad civil una ventaja en relación a recepción y trabajo con la Agenda de las Mujeres, generándose un distanciamiento entre las lideresas y las mujeres autoridades.

La violencia o acoso político

Si bien este tema ha sido abordado anteriormente, consideramos profundizar en esta parte porque tiene una implicancia directa en la resistencia que tienen las mujeres para incursionar en estos espacios, los ejemplos de violencia que sufren algunas mujeres en ejercicio de funciones políticas en los espacios de gobierno y en los partidos políticos es aleccionadora para otras mujeres, quienes por temor a pasar situaciones desagradables frenan el interés de ejercer sus derechos políticos.

Un estudio reciente realizado por Flora Tristán (aún sin publicar), respondiendo al interés de la RENAMA – Red Nacional de Mujeres Autoridades de Gobiernos Locales y Regionales del Perú[36], sobre la violencia o acoso político en espacios de decisión política, ha tenido un impacto en la formulación de una propuesta de Ley de sanción a esta violencia de manera diferente a la violencia familiar, la misma que ha sido aprobada en el Congreso, en estos ámbitos, es importante que se promuevan acciones articuladas entre las mujeres para su propia defensa, exigiendo también un nuevo tipo de relacionamiento entre mujeres autoridades y lideresas de sociedad civil con nuevos marcos normativos.

De otro lado, el arraigado machismo en la región, las tradiciones y costumbres inculcadas desde pequeñas, encasillan a las mujeres a las labores domésticas. A ello se añade el poco tiempo que tienen por la carga familiar (más aún si son jefas de familia) y sus múltiples responsabilidades laborales más el trabajo social que realizan, no les permite participar en política.

Otro atenuante para que las mujeres se inserten en espacios de organizaciones mixtas o en política es el escaso nivel de educación, algunas con primaria incompleta o secundaria completa o incompleta, lo cual les intimida en la posibilidad de ocupar un cargo, más aún si es una invitación a participar en elecciones municipales. La desinformación juega un papel importante en la poca confianza y timidez que muestra la mayoría de mujeres para ocupar cargos dentro de la organización y también públicos.

La problemática regional de género se hace explicita en el 2004 cuando se inicia un trabajo concertado entre las mujeres lideresas de organizaciones y representantes de instituciones de la sociedad civil y mujeres autoridades, funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional, decidiendo crear e institucionalizar el COREM, la Mesa Regional por la Equidad de Género, el Congreso anual de la mujer.

Se priorizaron problemas y formularon propuestas de políticas regionales en favor de las mujeres, visitando las 8 provincias y motivando su centralización provincial, fue sumamente importante el apoyo de los alcaldes y desde la sociedad civil de las ONG con el financiamiento y apoyo técnico de la cooperación quienes con el aval político del equipo del Gobierno Regional de ese periodo, lograron levantar las brechas de género y aprobar en Sechura el PIO (2008) y en la región el PRIO (2009).

El PRIO Piura, proporciona la información que da cuenta de las brechas regionales de género y los indicadores de inequidad entre mujeres y hombres. En este instrumento el problema de la participación política y social de las mujeres ya se visibilizaba como una de las brechas más profunda.

En los procesos electorales 2006– 2010 y 2011-2014 la participación de las mujeres y su elección en los cargos por voto popular han tenido como resultados mayor presencia de mujeres piuranas.

Las brechas de género en los espacios de concertación regional

Identificar las brechas de género en estos espacios regionales nos remite a la incursión de las mujeres piuranas en el espacio público, las mujeres se insertan en los movimientos sociales organizados que la población masculina había impulsado y, por otra parte a las organizaciones o colectivos que determinadas instituciones públicas y privadas impulsaron para implementar las políticas sociales para mejorar y ampliar el acceso y aprovechamiento, entre ellas: las políticas de salud, salud de la mujer, alimentación, políticas para disminuir la pobreza y para enfrentar la emergencia entre otras.

Es importante recordar que las mujeres que participan en estos espacios llegan con las marcas que la exclusión y la inequidad de género les ha brindado solo por el hecho de ser mujer.

Para trabajar las brechas de género en los espacios de concertación y coordinación regional, se trabajó según la muestra del estudio con 21 encuestas aplicadas a nueve varones y 12 mujeres, de las que podemos levantar la información que presentamos.

1. Inequitativa presencia de mujeres en los espacios de concertación y coordinación regional

La presencia de las mujeres en estos espacios sigue siendo limitada a pesar de la apertura a una mayor participación. Actualmente en los cinco espacios de concertación y coordinación elegidos para el estudio participan 47 mujeres (31.06. %) en relación a la representación masculina que es de 99 personas (69%). La cifra de mujeres más alta pertenece al COREM, 30 mujeres que en porcentaje es el 65.02 % de las mujeres.

Sin el COREM la cuota de participación de las mujeres seria del 13% de mujeres sobre el 87 % de hombres representante de las instituciones y organizaciones.

Esta constatación nos muestra que detrás de los espacios hay una masculinización[37] de los mismos, producto de la división social de trabajo en los espacios privado y público y de una cultura tradicional de asignación de roles con inequidad de género que afecta a las mujeres.

Ante esta realidad es urgente democratizar estos espacios garantizando mayor presencia de mujeres e incorporando reglas de juego nuevas, más democráticas y adecuadas a la realidad de hombres y mujeres.

En este sentido es importante revisar: horarios y fechas de reuniones, recursos económicos para transporte y refrigerio a fin de facilitar la presencia de lideresas sin trabajo.

2. Edades de las y los participantes en los espacios de concertación

Las edades de las 12 mujeres encuestadas, fluctúan entre 38 y 59 años, mientras que para el caso de los nueve hombres el rango está entre 50 y 57 años. Aquí la brecha de edades es alta en los hombres, hay una brecha positiva hacia las mujeres en cuanto a su juventud.

Esta brecha influye en la disponibilidad de tiempo para el trabajo de participación social y política, la relación entre edad y la disponibilidad de tiempo impide a las mujeres ejercitar sus derechos civiles y políticos en estos espacios. Mientras para los hombres adultos con más edad las responsabilidades bajan y tienen más tiempo para participar.

Otra asociación de la edad es con la reproducción de vida, si bien la edad de 38 años nos indica que la mayoría de mujeres acabo su ciclo para la maternidad, hay un gran porcentaje de ellas que se dedica al cuidado de sus hijos/as.

Esta situación genera una tensión entre edad y maternidad, que en una situación equitativa de género no existiría ni sería una limitante para la participación política de las mujeres.

Para las mujeres la edad no debería ser una desventaja para incursionar en lo político, pero condicionada ésta con otras brechas de género, como la dependencia económica, la violencia, la maternidad, las labores domésticas, el cuidado de las personas adultas y familiares enfermos; el jefatura familia en sociedades con un sistema de relaciones inequitativas de genero se convierte en una limitante.

Compartir roles y responsabilidades es una estrategia que se tiene que implementar en la familia como espacio privado y en el espacio público.

3. En el plano laboral

Del total de encuestados, dos son independientes (agricultores) (3.3%), una es ama de casa y dependiente económicamente de su esposo, una de las encuestadas tiene trabajo temporal (3.35%) que ha sido continuo los últimos tres años; las personas restantes 17 personas encuestadas (91,9%) tienen un empleo dependiente, que va desde los 12 a los 45 años de servicio, por lo tanto cuentan con un ingreso económico mensual fijo, seguro social, AFP, CTS.

En estas cifras la información arroja una diferencia entre quienes representan a las instituciones públicas y privadas con las mujeres que representan a las organizaciones de sociedad civil. La brecha es más bien social de discriminación.

Los ingresos fijos mensuales de los hombres van desde 1,600.00 nuevos soles (el ingreso más bajo) hasta 5,500 (el ingreso más alto), mientras que en las mujeres los ingresos fluctúan entre 1,230.00 y 4,290.00 nuevos soles al mes. La brecha salarial es de aproximadamente 1000 nuevos soles para las mujeres.

Las mujeres muestran mayor dificultad para ejercer sus derechos a un empleo, la temporalidad en el trabajo desfavorece su participación en estos espacios, considerando que el desempleo y los bajos ingresos económicos limitan la autonomía para decidir y participar en todas las actividades programadas. Considerando que los gastos para estas actividades los financian las y los participantes en caso representen a la sociedad civil organizada.

4. Nivel educativo

De los y las encuestados/as, siete varones y cinco mujeres cuentan con educación superior universitaria completa, tres mujeres tienen educación universitaria incompleta, dos mujeres lograron educación técnica completa, dos mujeres y un varón terminaron la secundaria y un varón solo tiene secundaria incompleta.

Las brechas de género en el nivel educativo no son profundas, la mayoría de los representantes hombres tienen el nivel educativo más alto a diferencia de las mujeres, que menos de la mitad cuentan con el mismo nivel educativo. Otro grupo de mujeres (3) tienen estudios superiores universitarios incompletos y 2 cuentan con estudios técnicos concluidos.

Las brechas de género educativas en estos espacios se miden con dos indicadores, educación superior concluida y educación secundaria no concluida.

El nivel educativo no concluido también es una barrera para una participación social y política segura en el espacio de concertación y coordinación, considerando que la interacción es con funcionarios y técnicos del Estado quienes tienen alto dominio de la gestión pública y de las políticas que implementan. A ello se suma el desconocimiento de la gestión pública.

Esta situación genera inseguridad en las mujeres participantes quienes optan por cumplir un rol de representación de sus organizaciones. De la misma manera en el imaginario de los participantes está instalada una escala de valores para las mujeres basada en la tecnocracia.

5. Participación en la economía del cuidado y el uso de la línea del tiempo

Con referencia a las horas semanales dedicadas a la economía del cuidado familiar y las labores domésticas, en la línea del uso del tiempo señalan que usan mayor cantidad de horas en las labores domésticas a pesar del nivel económico, educativo y laboral que tienen, contando con apoyo de otra mujer o de la familia, para este trabajo dedican entre 10 a 50 horas semanales mientras los hombres dedican a este trabajo solo entre 5 a 15 horas a la semana.

A pesar de este apoyo, las mujeres no se eximen del cuidado de los hijos/as. La administración del hogar y la representación de la familia, casi no suelen controlar el tiempo que usan en el trabajo doméstico o “trabajo de la economía del cuidado” lo que tiene un impacto directo en la poca participación política y social de las mujeres.

Las mujeres que no disponen de recursos para contratar apoyo, tienen que desarrollar todas las labores señaladas, con jornadas de más de 100 horas a la semana.

El no compartir roles y distribuir el trabajo doméstico entre los miembros de la familia, limita la participación social y política de las mujeres.

6. La atención personal

El trabajo en la línea del uso del tiempo incluye también la atención personal. En general las mujeres que participan en estos espacios, ocupan más tiempo en labores domésticas que los hombres, según el gráfico, cuatro mujeres de las 12 encuestadas dedican entre una y cinco horas a su atención personal durante la semana; tres se toman un tiempo de 11 a 15 horas para ellas mismas; dos se dedican entre seis y 10 horas; otras dos se dedican entre 21 y 25 horas y una entre 16 y 20 horas. En cambio, en el grupo de nueve varones, tres señalan dedicarse entre 11 y 15 horas semanales; dos de seis a 10 horas; dos entre una y cinco horas; uno de 16 a 20 horas y el otro de 21 a 25 horas a la semana.

Esta brecha nos permite comprender que las largas jornadas de trabajo en los diferentes roles que cumplen las mujeres que participan en estos espacios, les limita la atención adecuada a su persona, negándose espacios para el control de su salud, capacitación y recreación.

7. Dedicación a la participación social

Este gráfico nos indica que son las mujeres las que más horas dedican a la participación social, dedican entre 6 a 60 horas semanales, mientras los hombres, dedican de 5 a 40 horas a la semana.

Aquí el indicador de la brecha es el tiempo de dedicación al trabajo social y el nivel de compromiso e identificación que las mujeres tienen con este trabajo. Los hombres también están comprometidos pero dedican menos tiempo.

8. La participación política

La dedicación de las mujeres en la participación política en partidos políticos y no en la labor política que cumplen en los espacios de concertación y coordinación que integran. La dedicación que ponen las mujeres a la participación política semanalmente; es poca: nueve han señalado que no dedican ninguna hora a la semana al tema, mientras que las tres restantes dedican: de seis a 10 horas, entre 11 y 15, y entre 16 y 20 horas a la

semana. En los nueve varones encuestados, tres señalan dedicarle entre seis y 10 horas, dos le dedican 21 y 30 horas, dos de una a cinco horas y dos no le dedican tiempo a la participación política.

Barreras Invisibles

Para su participación política y social, las mujeres en estos espacios enfrentan múltiples barreras, tales como: económicas, sociales, políticas y existen también barreras invisibles, entendidas como el conjunto de actitudes resultantes de las expectativas, las normas y los valores tradicionales que impiden la capacitación y participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones para la plena participación en la sociedad.

En el ámbito político, retomo a Angélica Bernal (2004) distingue tres tipos de obstáculos que dificultan la participación de las mujeres. Unos son los obstáculos de partida, que consisten en la carencia de las mujeres de una serie de destrezas, conocimientos y oportunidades para entrar en el juego político en igualdad de condiciones con los hombres y que son resultado de la socialización diferencial de hombres y mujeres.

Los obstáculos de entrada, son los impuestos por la cultura con los paradigmas y estereotipos sobre las esferas de acción y los papeles que deben cumplir las mujeres para entrar al mundo de lo público.

Asimismo, los obstáculos de permanencia, que encuentran las mujeres una vez han logrado entrar en la esfera pública: socio política y que son las características y dinámicas mismas del quehacer político con las que estas mujeres muchas veces no se sienten identificadas y se constituyen en la razón principal por lo que la mayoría decide retirarse a la esfera privada o al trabajo comunitario”.

Las barreras socioculturales que impiden la participación social y política de las mujeres están ligadas a los estereotipos y paradigmas sexistas, que se mantienen activas actuando de manera directa en la creación de brechas cuyos resultados generan desigualdades entre mujeres y hombres.

Las barreras también operan como categorías de indicadores cualitativos para identificar las brechas de género, algunos de ellos se han usado en este estudio y han salido en el bloque de limitaciones para la participación.

 Las relaciones de familia.

 Niveles de autonomía para la toma de decisiones en la familia sobre la participación.

 Capacidad de negociación en la familia y la pareja.

 Segregación y discriminación de las mujeres en el ámbito público.

Persistencia de modelos patriarcales de liderazgo en la política.

 Élites políticas dominadas por los hombres.

 Relaciones machistas de poder.

 Pactos masculinos.

 Escasa apertura a la inclusión femenina en los espacios de toma de decisiones.

 Socialización estereotipada.

 Falta de apoyo social y familiar para que las mujeres trabajen en política.

 Traspolación de los roles de género a la función pública.

 Resistencias sociales e individuales a revertir el modelo patriarcal.

Misoginia hacia y entre las propias mujeres.

 Resistencias masculinas a ceder espacios de poder.

 Prevalencia del modelo femenino de belleza y sumisión.

 Ambiente político rivalizante con prácticas poco asumidas por las mujeres.

 Descrédito profesional hacia las mujeres.

 Infravaloración y descalificación de las mujeres.

 Temor a sufrir violencia o acoso político[38], las mujeres toleran la violencia familiar, pero no la violencia en espacios públicos, muchas mujeres autoridades han compartido las diferentes formas de acoso político que vivieron durante el ejercicio de la gestión política como autoridades con los equipos de trabajo en los municipios. Ellas señalaron la dolorosa experiencia y no quieren repetirla.

VI. EXPERIENCIAS EXITOSAS DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN.

El Consejo Regional de la Mujer –COREM

Surge como propuesta de la sociedad civil, de las mujeres organizadas y de las instituciones sociales, ONG y las mujeres autoridades del consejo regional, quienes se propusieron en el marco del proceso de descentralización, solicitar se formalice un espacio de coordinación y concertación de las mujeres con el Estado, que garantice una fluida comunicación, negociación y vigilancia en el cumplimiento de políticas, normas y acuerdos para abordar la problemática de inequidad de género y el cierre de brechas.

El proceso generó una gran movilización de las mujeres en la región, para la elección de delegadas y representantes por provincia y en la discusión de sus prioridades.

Esta iniciativa proponía también algunas medidas para la transversalización de género en el gobierno regional y las direcciones regionales, quienes se verían comprometidas a implementarlas desde la aplicación de sus políticas sectoriales para favorecer a las mujeres en la igualdad de oportunidades y en la erradicación de las causas que mantienen la desigualdad como: mejora de la educación, liderazgo y el nivel organizativo, la situación y condición de exclusión y desvaloración,

A partir de su constitución la segunda medida fue la reglamentación del COREM y posteriormente la elaboración del PRIO.

La experiencia tiene un impacto en las mujeres lideresas de la región y del País, en tanto, se ha influido que las mujeres de otras regiones, desarrollen e impulsen normas de protección exigiendo su cumplimiento. Hoy se cuenta con 17 Concejos Regionales de la Mujer (COREM) como canal formal de negociación y vigilancia para ejercer el derecho a la exigibilidad en el cumplimiento de sus derechos.

Sin embargo, lo que las mujeres en Piura han logrado con el COREM es la visibilización del analfabetismo, la mortalidad materna, el registro de identificación, la presencia de la violencia en diferentes esferas y modalidades y la priorización de brechas, logrando motivar el interés del Estado y la sociedad civil.

Central de Comunidades Campesinas del Bosque Seco – CECOBOSQUE

Es una asociación civil de comunidades campesinas del bosque temporalmente seco del departamento de Piura, constituida para la defensa de los derechos de sus asociadas, para contribuir a desarrollar capacidades de gestión organizacional, productivas, comercialización e incidencia, con equidad de género. Fue creada en el año 2006 para resolver los conflictos de tierra que habían entre las Comunidades Campesinas José Ignacio Távara y San Juan Bautista de Catataos por cuestiones limítrofes, en aquella época Heifer Project International trabajaba el Proyecto “Fortalecimiento y Capacitación de Líderes Jóvenes” con la Nacho Távara y se fue generando una buena relación con la CC de Catataos, fruto de ello nace la iniciativa de acercarse a otras comunidades campesinas para formar una asociación entre ellas, la primera reunión fue en Las Lomas y se inició la organización con 17 Comunidades Campesinas, actualmente se cuenta con 32 comunidades asociadas.

Una vez constituida CECOBOSQUE, HPI financió dos proyectos transcendentes para el desarrollo de la organización: “Escuela para formación de cuadros jóvenes y dirigenciales de las Comunidades Campesinas” y “Escuela de Lideresas”, ambos proyectos fueron ejecutados con enfoque de género.

Los resultados de esta experiencia se expresa en la mayor presencia de jóvenes capacitados en la escuela que actualmente vienen dirigiendo sus comunidades campesinas; mientras que varias de las mujeres de la Escuela de Lideresas han asumido cargos importantes dentro de la dirigencia de sus comunidades, incluso una mujer postuló a la Presidencia de la Comunidad Virgen de las Mercedes de Lancones, habiendo obtenido el segundo lugar en las elecciones por un voto de diferencia.

Trabajar el enfoque de género es un reto para la organización porque hay comunidades en la sierra que no ven la importancia de que hombres y mujeres trabajen juntos por el desarrollo de sus comunidades, sus estatutos no están actualizados. En zona costera ya se han hecho ajustes a los estatutos incluyendo lenguaje inclusivo y donde se señala que “el comunero o comunera tienen derecho a ser elegidos”, esto no ha sido fácil, hemos tenido que ir comunidad por comunidad a hacer talleres, participar en sus asambleas, hemos ido una delegación mixta de hombres y mujeres a cada comunidad para sensibilizar a los asociados y que entiendan la importancia de modificar los estatutos e incluir a las mujeres en ellos, se ha hecho trabajo de campo.

Las necesidades prácticas visibilizadas por las propias mujeres y algunos hombres que ya estamos sensibilizados con el enfoque de género, están en relación a derechos como la educación, la salud, la alimentación, el agua de consumo diario, el cuidado de niñas y niños, la problemática de violencia entre otros. Estas demandas son generalmente analizadas como domésticas y desestimadas en el plano de lo político desvalorizando el aporte político de las mujeres.

En CECOBOSQUE creemos que es fundamental, incluir la visión de las mujeres en los procesos de diagnóstico, en las propuestas, la ejecución y evaluación de los programas/proyectos para obtener una visión integradora e inclusiva.

Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil del CCR – Piura

La norma que estableció la naturaleza, composición, funciones y funcionamiento del CCR fue aprobada el primer día del año 2003 (Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), a pesar de que en la Ley se establecía una proporcionalidad igual para los miembros plenos y los representantes de la sociedad civil esto nunca se aplicó y, si no se aplicaba para la mayoría de organizaciones (mayoritariamente masculinas) que se inscribían en los procesos, a lo largo de estos años, menos aún los reglamentos hacían mención a la participación de las mujeres organizadas.

En este marco, Radio Cutivalú como representante de la Mesa Regional de Prevención y Atención en Violencia de Género, inició un proceso de motivación y sensibilización (al interior de su espacio) sobre la importancia de estar en el CCR como organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres.

Habiendo tomado conciencia sus miembros de la importancia de una participación activa, comprometida, permanente, propositiva y vigilante para insertar en el espacio la Agenda de Género, se consideró relevante participar en la convocatoria del Gobierno Regional para la Asamblea de electores/as para la renovación de la representación de la sociedad civil en el CCR, misma que se renueva cada dos años de acuerdo a Ley.

Una de las primeras tareas realizadas al haber sido aceptadas como Asambleístas, fue aportar en la revisión del Reglamento para el Proceso de Elección de los Representantes de la Sociedad Civil[39] ante el CCR, tomando en cuenta el marco normativo existente a nivel nacional[40] y regional[41] se incorporó el lenguaje inclusivo en el reglamento de elecciones y se propuso que la representación por institución u organización ante la Asamblea fuera alternada: varón y mujer (titular y/o alterno/a).

Así hemos logrado una mayor participación en la inscripción de mujeres y, como resultados visibles una mayor presencia de las mujeres en el espacio del CCR, donde de los 05 titulares y 05 alterno/as hay una relación de: 03 varones y 02 mujeres por grupo.

VII. APRENDIZAJES

1. Los espacios de concertación y coordinación para el caso de Piura son experiencias regionales históricas que han sido formalizadas con la Descentralización, este recorrido histórico ha facilitado el desarrollo de liderazgos personales e institucionales reconocidos, que operan como comunidad del conocimiento en la región, logrando promover el desarrollo de capacidades de ciudadanos y ciudadanas para visualizar los horizontes en la definición de estrategias adecuadas a las propuestas de desarrollo que se plantean.

2. Otro elemento importante es que estos grupos han logrado revertir propuestas improvisadas a diferentes equipos de gobierno en Piura, lo cual demuestra su capacidad negociadora y de dialogo democrático, con esos aprendizajes estos espacios van a seguir funcionando a pesar de los cambios o estancos que se reproduzcan en el país, demostrando la fuerza de un tejido social regional legitimado e institucionalizado que está en permanentemente renovación, leyendo su problemática, proponiendo, vigilando y negociando.

3. Esta riqueza regional bañada por su historia, cultura y social debe ser el motor de nuevos espacios para formar nuevos líderes/sas jóvenes, se trata de ampliar espacios de participación que garanticen la presencia de nuevos líderes/as con mayor y mejor identidad regional, con acento cultural, ciudadana y la continuidad de los procesos.

4. Los espacios de concertación y coordinación han desarrollado capacidades institucionales para afinar la lectura de las problemáticas regionales y proponer asertivamente las vías de solución a los problemas, esta experticia debe romper con la focalización de la problemática sectorial, transversalizandola de tal manera que se trabaje con propuestas articuladas. La problemática de género y su agenda priorizada es una oportunidad para hacer nuevas experiencias y fortalecer las capacidades instaladas de instituciones y personas.

5. Un aprendizaje recogido en el estudio es la posibilidad e importancia de trabajar la temática de género con hombres en espacios públicos y /o mixtos.

6. Otro aprendizaje es que no es suficiente mejorar la participación social y política de las mujeres en los espacios de participación y coordinación regional, las provincias de Ayabaca y Huancabamba, y una parte de Morropón constituyen la ruralidad y se trata de obtener una visión integradora de región, ese hecho requiere trabajar género, no solo priorizando brechas, también priorizando los espacios rurales donde la problemática de la mujer es más profunda, para esto la negociación y articulación del CCR con los CCL y los comités del Presupuesto Participativo es de vital importancia tal como lo señalan algunos integrantes de estos espacios.

VIII. CONCLUSIONES

1. La participación ciudadana se ejerce en permanentes retos y en contextos de problemas que exigen soluciones con rápidas respuestas, con esta premisa es difícil sintonizar las demandas de la población y de los grupos demandantes con las dinámicas de los gobiernos regionales (asistencialismo inmediato, planificación y proyectos de mediano y largo plazo), lo que genera una tensión permanente.

2. Es importante que los espacios de concertación y coordinación regional generen corriente de opinión favorable al género, articulando el enfoque a los problemas sociales, rompiendo la segmentación, señalando los beneficios dentro de lo posible a conseguir en mediano plazo, para el desarrollo de la democracia regional y la gobernabilidad en los diferentes espacios de acción pública, a fin de generar una cultura política con enfoque de género en cada localidad, desde el liderazgo de estos espacios.

3. Existen condiciones favorables en los espacios de concertación y coordinación para el trabajo de transversalización de género en estas instituciones, hay personas muy sensibilizadas, casi todos y todas los/as integrantes tienen información básica sobre el enfoque e interés en afirmar la democracia y erradicar o disminuir las brechas de género.

4. Hay una confusión en los integrantes de los espacios de concertación y coordinación en relación a la presencia de las mujeres, se manejan discursos confusos como el siguiente: “Ella si se merece estar aquí, porque es bien preparada, una buena profesional” este mensaje muestra la confusión acerca de la participación de las mujeres como un derecho, y es más bien la cultura de la exclusión que nos hace precalificar a quienes elegir, quienes si deben estar en estos espacios. Esta barrera invisible excluye a las mujeres de la participación social y política, el nivel técnico o por los conocimientos que tiene limita la posibilidad de que las mujeres que no tienen profesión y un perfil técnico alto puedan entrar a estos espacios.

IX. RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LAS BRECHAS DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y EN LAS ORGANIZACIONES

1. Transversalizar género en los espacios de concertación y coordinación.

2. Capacitar a sus integrantes en la tecnología del género[42], para su aplicabilidad operativa en el cumplimiento de funciones.

3. Un fondo para los gastos operativos de movilidades de lideresas que participan en estos espacios, garantizando su presencia en reuniones y otras actividades.

4. Adecuar el funcionamiento de los espacios de concertación y coordinación con horarios que garanticen la presencia de las mujeres que integran estos espacios de trabajo.

5. Promover la ordenanza que obliga a la participación de las mujeres, con cuotas mayores al 30% y la alternancia en los CCR y espacios de concertación, en las directivas de colegios profesionales e instituciones públicas, así como en las juntas directivas de organizaciones que integran los espacios de concertación y coordinación regional.

6. Trabajar el tema de exigibilidad al cumplimiento de acuerdos, planes y políticas nacionales, regionales y locales, ampliar el mecanismo de rendición de cuentas a las consejeras regionales, regidoras y lideresas /es sociales, para medir avances en acortar las brechas de género que limitan la participación política de las mujeres.

7. Generar un sistema de indicadores de género desde el proyecto que puedan ser articulados a los indicadores regionales y nacionales a fin de avanzar en sintonía con las políticas en los tres niveles de gobierno. Desde el estudio se sugieren indicadores cualitativos vinculados a las barreras individuales que las mujeres han asumido como naturales (dependencia, postergación, asumir la responsabilidad absoluta sobre la familia, auto desvaloración), estos indicadores se identifican en el campo de la cultura tradicional y los estereotipos asumidos por las mujeres, así como la forma como operan los mecanismos de control para mantenerlos.

8. Generar información local regional y levantamiento de estadísticas de proyectos, diagnósticos y estudios específicos que puedan aproximarnos con mayor objetividad a las problemáticas de inequidad, a los avances de la igualdad y equidad de género.

X. BIBLIOGRAFIA

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Montesinos Sonia & Obach, Alexandra (1999). Género y Epistemología: Mujeres y disciplinas. Colección Contraseña. Estudios de Género. LOM Ediciones.

XI. ANEXOS

Anexo 1

Encuesta general para elaboración de las brechas de género

Objetivo: Tener información estadística para fundamentar en cifras las brechas de género en la participación política y social de las mujeres, en los espacios de concertación regionales y locales.

I. INFORMACION GENERAL

1. Nombres y Apellidos: __________________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Teléfono___________

2. Sexo: M ( ) V ( ) edad: _______________________________________________________

3. Estado civil soltara/o ( ) casada/o ( ) N° de dependientes __________________________

4. Integrante de CCR o CCL ( ) ________mujeres __________hombres___________________

5. Nombre del espacio de concertación ___________________________________________

6. Nivel educativo: PC ( ) PI ( ) SC ( ) SI ( ) STC ( ) STI ( ) SUC ( ) SUI ( )

7. Actividad económica que realiza__________________________________________________

8. Dependiente ( ) Independiente ( ) N° de años _________________________________

9. Salario Mensual ( ) Semanal ( ) Monto ______________________________________

10. Cuenta con seguridad social: Seguro Salud ( ) AFP ( ) _____________________________

11. Estado de salud y manifestaciones en la última semana

___________

12. Línea del tiempo. Horas por semana dedicadas a:

Su atención personal ______, a labores domésticas_________ a la participación social _____________y a la participación política

13 ¿Qué respaldo ante eventualidades tiene?__________________________________________

II. INFORMACION SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA

1. Organización a la que pertenece __________________________________________________

2. integrantes: Mujeres __________________Hombres___________

3. Tiempo de pertenencia__________________

4. Cargos asumidos______

5. Actividades de su organización _________

6. El aporte que Ud. da su organización: dirige ( ) _____ representa ( ) _____ acompaña ( ) ___

7. Tipo de actividades que realiza por su organización: Fortalecimiento de Redes ( ) Campañas Informativas ( ) coordinaciones con otras instituciones ( ) asistencia a reuniones ( )

8. Su organización tiene agenda de problemas priorizados: Si ( ) No ( ) señalar 3 problemas

_______________________________________________________________

9. Su participación en el espacio de coordinación regional/local es en calidad de:

Delegado/a elegido por su organización ( ) desatacado/a por su institución ( ) Invitado como

Persona por el espacio de concertación ( ) otro ( ) _____________desde el año___________

10. Cargo que ocupa en el espacio de concertación_____________________________________

11. ¿Cuál fue el procedimiento para nominarlo? (a) como representante de su organización a la

instancia en que participa: Elección ( ) Designado por la directiva ( ) Otro ( )

Describa brevemente_____________________

12. Funciones que Ud. desempeña en esa instancia______

13. Aportes presentados por Ud. (formal o informalmente) a la instancia de concertación _______

14. ¿Conversó o se puso de acuerdo con uno o varios representantes de otras organizaciones para presentar su aporte en la instancia?_________________

15. Existen barreras que limiten su participación en esas instancias de concertación: Si ( ) No ( ),    ¿Cuáles?______

III. PERCEPCIONES DE LA DINÁMICA DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION Y LA PARTICIPACIÓN DE

LA MUJER

1. Cuándo se formó_____________________________________

2. Funciones del espacio de concertación que integra: ______________________________

3. Instrumentos legales, orgánicos y de gestión de este espacio: Plan o agenda de trabajo para el año ( ) Junta directiva actualizada ( ) Reglamento de funciones y competencias ( ) Libro de actas ( )

Comisiones de trabajo ( )

¿Cuáles?_________

4. Participación N° mujeres ________________ y N° de hombres ____________en estos espacios.

5. Rol o funciones de las mujeres que integran estos espacios_____________

6. ¿Limitaciones para una mayor participación en estos espacios?

7 ¿Qué opinión tienen los hombres que integran estos espacios de concertación, sobre la participación política y/o social de las mujeres?

8 ¿Qué factores existen en estos espacios de concertación influyan negativa o positivamente en la participación política y/o social de las mujeres? señalar 3 negativos y tres positivos:

9. Señale dos prácticas inequitativas de género desechadas ( ) o por desechar ( ), en el espacio que Ud. integra _______________________________

10. ¿Se pueden incorporar criterios de equidad de género en estos espacios de concertación, motivando la mayor participación de las mujeres? Si ( ) No ( ). ¿Cuáles? Señalar tres._____

Encuestador____________________________telef.__________________Fecha_________Lugar____________

OBSERVACIONES________

Anexo 2

Guía de entrevistas

ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES ES/AS, FUNCIONARIOS COORDINADORES y PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN

Objetivo: Este instrumento pretende recoger las opiniones de Directores/as y coordinadores/as en relación a la democracia y la equidad de género, las barreras presentadas, las nuevas estrategias utilizadas y los mecanismos de apropiación que se han aperturado:

 Datos generales, nombre, institución, cargo, tiempo en el trabajo, espacios de concertación en los que participa, priorizar uno si participara en más de dos.

 Significado e importancia del espacio de concertación, en términos de gestión y de trabajo concertado con la sociedad civil y en la participación de mujeres.

 Resultados obtenidos como instancia de coordinación, alguno de estos beneficia a superar la problemática de la mujer en este espacio y en el distrito

 Conocimiento y aplicación de las políticas de género en el distrito, institución/ organización y espacio de concertación. La dinámica del espacio en relación a la desigualdad e inequidades que desde el Estado se quiere modificar en la Sociedad Civil. avances y límites

 Procesos sociales y políticos generados por este espacio tienen mayor relevancia. Ejemplos.

 Precisar tres elementos que han afectado positiva o negativamente al empoderamiento para la participación política de las mujeres

 Evaluación del espacio de CC que Ud. Lidera y posibles aportes a la participación política de la mujer.

 Correcciones a prácticas exclusivas para la participación política y social de las mujeres y compromiso de los integrantes de los espacios de concertación y miembros del equipo para mejorar la participación política de las mujeres.

Anexo 3

Taller diagnóstico sobre brechas de género en los espacios de concertación, participación regional y organizaciones participantes en Piura

I. JUSTIFICACIÓN

Esta actividad se inserta en la ejecución del Programa “Gobernabilidad de la propuesta a la implementación”, que se realiza en tres regiones del Perú (Piura, Cuzco y Moquegua).

EL objetivo del programa es: “Mujeres y hombres organizados de 3 regiones representativas del Perú (Cusco, Moquegua y Piura), inciden en la implementación de políticas públicas regionales concertadas, especialmente en materia de agricultura, educación y participación ciudadana, que responden a las necesidades y problemáticas de la población excluida”. Se ha propuesto entre otras acciones: Profundizar el conocimiento de las causas que subyacen en la participación política y social de las mujeres en los espacios de concertación regional; destacando la influencia de las brechas de género.

En este marco, el taller aportó a profundizar con conocimientos de primera fuente a una mayor comprensión de las causas que subyacen en la escasa participación política y social de las mujeres en los espacios de concertación en la Región Piura.

II. OBJETIVOS

Objetivo General:

Contar con la información diagnóstica y con propuestas democráticas y con enfoque de género, que aporten a la elaboración del estudio.

Objetivos Específicos:

• Recuperar las dinámicas de los espacios de concertación regional.

• Conocer las barreras influyentes en las brechas de género y en la participación política de las mujeres, presentes en los espacios de concertación y en sus integrantes

• Recuperar elaborar estrategias democráticas y de género que promueven la participación efectiva de la mujer.

III. PARTICIPANTES

Funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional y Direcciones Regionales que participan en espacios de concertación.

Sociedad Civil organizada participante en espacios de concertación.

IV. LUGAR Y FECHA

Auditorium Carlos Schmidt del CIPCA, el día 9 de Julio del 2013.

V. DESARROLLO DEL TALLER

El Taller se inició a las 04:00 de la tarde con la participación de 12 asistentes: 5 varones y 7 mujeres, además de las presencia de Julio Oliden como Coordinador del Proyecto y Gladis Robles como Consultora del Estudio.

Julio Oliden tuvo a cargo la apertura del taller. Gladis Robles hizo un breve resumen de “Los nuevos marcos normativos de la gestión pública”, mientras que Julio Oliden habló sobre “Los espacios de concertación en el desarrollo regional”.

En la medida de que había poca audiencia se decidió armar cuatro grupos de trabajo para que cada uno contribuyese a elaborar una de las 4 matrices propuestas.

Los resultados de los trabajos grupales son los siguientes:

……………

Anexo 7

Propuesta de acciones concretas

1. Capacitación a mujeres para que se empoderen.

2. Sensibilizar a los hombres para que aborden e incorporen el enfoque de género.

3. Mejorar Reglamento y Mecanismos del CCR para incorporar mujeres y jóvenes.

4. Vincular diferentes estrategias de acuerdo al nivel y a las necesidades de las propias mujeres  y  los  varones.  Buscar  el  equilibrio  entre  hombres  y  mujeres  partiendo  del conocimiento de sus necesidades.

5. Vigilancia permanente al cumplimiento de las Políticas de Género.

6. Promover criterios de género/empoderamiento en los proyectos o propuestas que se presenten al PPR.

7. Institucionalizar estrategias para la implementación de políticas de género.

8. Incrementar  la  participación  de  la  sociedad  civil en  la  vigilancia  del  cumplimiento  de la Ley.

9. Difusión a través de Programas Radiales sostenidos.

10. Establecer roles claros de los espacios de concertación en temas específicos como por ejemplo:  embarazo  en  adolescentes,  feminicidio,  trata  de  personas,  crímenes  de odio.

11. Transversalizar el enfoque de género en todas las políticas.


[1] Chirinos Luis 2004

[2] Line Barreiro (1997:2)

[3] Acuerdos internacionales, Cumbres, Pactos y los Objetivos del Milenio (3ª. Meta)

[4] Ley De Igualdad de Oportunidades N° y el Plan Nacional de igualdad de género 20012-2017

[5] Convención interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la Mujer (1948), Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1995), El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. PIDESC (1966), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW (1979).

[6] El Acuerdo Nacional firmado, junio 2002 Ley Orgánica de Municipalidades. No 27972, mayo 2003 La Ley Orgánica De Gobiernos Regionales No 27867,noviembre 2002 y Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales No 27867, Ley de cutas. Ley de partidos políticos. Ley de Elecciones Regionales No 27683, marzo 2002 En el ámbito normativo, el Estado Peruano aprobó la cuota electoral de género en 1997 con la promulgación de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que estableció que las listas de candidatos al Congreso debían incluir un número no menor del 25% de mujeres o de hombres. Ese mismo año, se promulgó la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, cuyo artículo 10 inciso 2 indicó que la lista de candidatos debía estar conformada por no menos del 25% de hombres o mujeres.

[7] Compendio de ordenanzas y políticas de género. CESIP. 2010.

[8] Ley de Igualdad de Oportunidades N° 28983 – LIO y El Plan Nacional de Igualdad de Género-PLANIG.

[9] a variación más significativa está referida a la sección 300 de la encuesta: En la propuesta técnica se propuso tomar como referencia el cuestionario utilizado en la ENUT 2010, adaptado y complementado a los intereses específicos del estudio, en tanto uno de los resultados está explícitamente referido al tema de las responsabilidades familiares compartidas… No obstante, las dinámicas familiares recogidas en las entrevistas preliminares mostraron que un nivel de detalle tal como el inicialmente pensado resultaba excesivo, por lo que primero se aligeró el cuestionario y luego se simplificó su registro.

[10] Plan Nacional de Igualdad de Género PLANIG 2012-2017

[11] INEI, Censo De Población y Vivienda 2007.

[12] PERÚ: Estimaciones y Proyección de Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015.

[13] INEI – Censo Nacional De Población y Vivienda. 21 Octubre 2007.

[14] INEI – Registro Nacional de Municipalidades 2010.

[15] Ley N° 29298, que modifica el Art. 4 de la ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Art. 16 – inc. 16.1 numeral A. Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones. Ley Nº 28274. Art. 7 – inc. E. Ley del Sistema de Acreditación. Ley Nº 28273. Art. 6, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. Ley Nº 28059. Art. 4, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley Nº 28056. Ley N° 28013, Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, fijando un plazo para la instalación de los Consejos de Coordinación Regional. Ley N° 27902, Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, para Regular la Participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y Fortalecer el Proceso de Descentralización. Ley N° 27867, «Ley Orgánica de Gobiernos Regionales», que establece en el art. 11º en la Estructura básica el Co, auspiciado por CDI. Consejo de Coordinación Regional.

[16] Promovido de manera articulada por organizaciones, instituciones, las ONG que trabajaban por la vigencia de los derechos de las mujeres en el marco del proyecto “Descentralización una oportunidad para la equidad de género, Impulsado por cesip y ACDI”

[17] Helen Luna Oficina de Planificación de la Dirección Regional de Salud. Con 20 años de experiencia en cargos de planeamiento en diferentes sectores públicos. Actualmente es Directora de Gestión Administrativa I de la Oficina de Planeamiento

[18] Diplomado Políticas Públicas y Equidad de Género con énfasis en la Educación, desarrollado por CESIP, la Universidad Nacional y el Gobierno Regional, en el marco del proyecto “Descentralización y Regionalización: Una Oportunidad para la Equidad de Género”. 2004-2005

[19] Fuente: Gobierno Regional de Piura

[20] Listado del Consejo de Coordinación Regional 2013-2014.

[21] Registro de Agentes Participantes al Presupuesto Participativo.

[22] Balance de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios del gobierno Regional-Piura. Marlene Castillo Fernández. CIPCA. Junio del 2013.

[23] Se consideran 7 representantes de Asociaciones de 2° nivel porque la Mesa Regional por la Equidad de Género es un miembro nato del COREM, por ello no entra la provincia de Piura las elecciones de asociaciones.

[24] Esta es una nueva forma de mirar la realidad e intentar medirla. Es un enfoque que considera importante examinar esa noble actividad, el cuidado, indispensable para la sobrevivencia humana, al pretender remediar el olvido que permitió que muchas sociedades fueran tremendamente injustas con quienes, además, ponían afecto en la realización de esos deberes….) La economía del cuidado presta atención a esa presencia —que ha sido la que hace cantar “con las vidas construimos tu canción”—, para reordenar las actividades que se realizan en los hogares, en el espacio privado, que aporta bienes fundamentales para el desarrollo de la humanidad y que, en casi todas las sociedades modernas ha estado a cargo de las mujeres. ClaraScherer Excélsior/2 de octubre de 2009.

[25] Tomado del Manual para la incorporación del enfoque de género en el Presupuesto Público (MIMDES-UNIFEM: 2009, p.17

[26] Horn, Robert V. Statistical indicators for the economic and social sciences. Cambridge, UniversityPress, Hong Kong, 1993.

[27] López María Teresa- Gentile Natacha El Sistema de indicadores económicos y sociales: la importancia del Análisis integrado. López María Teresa- Gentile Natacha1 López María Teresa- Gentile Natacha1 López María Teresa- Gentile Natacha1

[28] Manual Para Proyectos Por qué y cómo utilizar indicadores de género Servicio Nacional de la Mujer Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

[29] Informe de Seguimiento de las Brechas de Género, Piura 2009-2011. Dra. Lourdes Palao. Abril 2012.

[30] Dirección Regional de Salud de Piura.

[31] Informe de Seguimiento de las Brechas de Género, Piura 2009-2011. Dra. Lourdes Palao. Abril 2012.

[32] Dr. Richard Espinoza M., CEM PIURA. Diario El Tiempo, Piura, 19 de enero del 2013

[33] Sistema de información de Apoyo Al Trabajo Fiscal (SIATF) y Sistema de Gestión Fiscal (SGF).

[34] Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2001-2011.

[35] Brechas De Género. Línea De Base De La Región. Julio Del 2011. MIMDES.

[36] Un estudio realizado en Perú revela que de 187 mujeres autoridades de gobiernos regionales y locales, el 41 por ciento de ellas fueron afectadas por acoso político. Eso significa que 2 de cada 5 mujeres autoridades regionales o locales y 1 de cada 4 alcaldesas son agraviadas por acoso político bajo diferentes modalidades o niveles. Como un aporte a la conquista de la igualdad de género y a la defensa de los derechos de la mujer, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA), entregó en octubre del año pasado al despacho de la congresista Verónica Mendoza el Proyecto de Ley contra el Acoso Político hacia las mujeres.

[37] La masculinización de los espacios públicos se refiere al conjunto de ideas, supuestos y prácticas masculinas que, los espacios considerados para hombres o de hombres establecen en lo cotidiano.

[38] Se entiende por violencia política a las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual, en contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la representación política, para impedir restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley.

[39] REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE

COORDINACION REGIONAL CAPITULO I, Artículo 07°.- Representantes de la sociedad civil en el Consejo de Coordinación Regional. Son las personas naturales que en aplicación de las normas y mecanismos establecidos en el presente reglamento, son elegidas para representar a la sociedad civil en calidad de miembro titular en el Consejo de Coordinación Regional, cuyo número de representantes está determinado según el Art. 3° de la Ley Nº 27902 que modifica a la LOGR, Ley N° 27867 e incorpora el Art. 11º-A, mediante el cual se establece su participación en el CCR en un 40%. Asimismo, en cumplimiento a la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres; y, Ley Nº 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud. Bajo este marco, en donde se promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo humano en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad, basada en la participación y concertación para la gestión de gobierno, debe garantizarse la participación de la sociedad civil bajo las condiciones siguientes: … Participación de la mujer como mínimo un 30%, es decir dos (02) representantes de la sociedad civil deben ser mujeres; …

[40] Ley Nº 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, en su Art. 3º, Inc. a) y el Art. 4º, inc. 3) resalta la importancia de incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno y en su Art. 8º inciso b), promueve la participación política de la mujer en el ejercicio del derecho de sufragio, como electora y como candidata, así como en el uso de mecanismos de participación ciudadana.

[41] Ordenanza Regional N°041-2004/GRP-CR. Ordenanza Regional N° 0180-20107GRP-CR.

[42] Está referido a la capacidad de las personas para diseñar estrategias, articular sinergias, visualizar oportunidades para un desarrollo eficiente con resultados adecuados en sentar las bases, transversalizar el enfoque, empoderar a las mujeres y fortalecer las instancias y organizaciones femeninas para la exigibilidad, presentación de propuestas y negociación. Implica el abordaje de la problemática de las mujeres en diferentes campos, partiendo de cuatro elementos específicos: marco normativo; capacitación adecuada para la acción; agendas, propuestas o planes; y gobiernos locales sensibilizados con instancias operativas para disminuir las brechas.

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