La tortura desde la aplicación del Protocolo de Estambul (2019) Víctor Manuel Rodríguez

La tortura en el mundo no es un tema del pasado. Lamentablemente, hay países de Latinoamérica, particularmente Colombia, Brasil, por su cantidad, y México donde siguen existiendo prácticas de tortura, afirmó el doctor Víctor Manuel Rodríguez Rescia, ex presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, quien impartió la conferencia magistral La tortura desde la aplicación del Protocolo de Estambul.

Presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, Rodríguez Rescia aseveró que si bien ya no hay tortura  como la registrada durante los gobiernos dictatoriales de Argentina, Chile y Guatemala entre los años 50 y 80, cuando sistemáticamente se torturaba ejecutaba, detenía y  desaparecía a las personas, la práctica no ha sido del todo superada, ni aún con la llegada de los gobiernos democráticos. “Sí hay tortura en democracia aunque no de manera escandalosa”, puntualizó.

El abogado costarricense, quien fuera miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que recomendó abolir la prisión preventiva oficiosa en el país, explicó que en México se reconoció oficialmente una cifra de 44 mil desapariciones hace aproximadamente nueve años y distintos gobiernos han admitido la existencia de 44 mil torturas.

En su primera visita a Tabasco detalló que la desaparición forzada es una tortura, ya que se supone que además de la detención ilegal y el aislamiento hay una ejecución extrajudicial. Y esta tortura no es solamente para la víctima, sino también es una tortura psicológica para los familiares al no saber de su paradero ni pueden procesar adecuadamente su duelo y esto lo ha determinado la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Víctor Manuel Rodríguez, también presidente de Servicios Interamericanos de Profesionales en Derechos Humanos, con sede en su natal  San José de Costa Rica, y miembro de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), aseguró que la tortura es un tema que no se puede invisibilizar en México.  Está ahí, en unos estados más que en otros, y relatores de la Organización de Naciones Unidas han dicho que es generalizada.

Sostuvo que durante una visita al país en 2008, cuando fungía como presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, constató que efectivamente era muy usual que en las primeras horas de la detención se dieran tratos crueles, inhumanos y tortura para obtener información con fines de investigación criminal, lo que se puede verificar en videos compartidos en redes sociales.

Ante proyectistas de jueces, jueces, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeros de la Judicatura, mencionó que otra modalidad de tortura es la denominada tratos crueles, inhumanos que tienen que ver con hacinamiento, maltrato y condiciones insalubres en cárceles, aunque aclaró que en México nada se parecen a las condiciones surrealistas de los centros de detención de Honduras, Guatemala y El Salvador, caso específico las catacumbas de El Salvador donde se encuentran detenidos los jefes de la Mara Salvatrucha.

Comentó que para superar esta práctica un país debe sanarse las heridas de no tener resuelto el problema de cultura institucional y de respeto a la dignidad, debe apostar “por dejar la cultura de la violencia por la cultura de la paz y el respeto a la dignidad humana” que establece el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Al detallar los casos de María Elena Loaiza Tamayo –acusada de ser integrante de la organización maoísta  Sendero Luminoso– contra el gobierno de Perú, y el conocido como Gangarán Panday contra Surinam, sentenció que  el problema no se va a resolver con la prohibición de la tortura. “Se puede empezar por ahí, porque pareciera que es como una práctica permisiva. Es decir, que no pasa nada porque no se investiga, no hay castigos o los casos de tortura se investigan como lesiones.

“Entonces pareciera que no hay lección aprendida. Parece que a las instituciones que investigan como la fiscalía no le gusta que se condene por tortura, pero no se puede tapar el sol con un dedo”, puntualizó.

Señaló que en México –segunda Nación en el mundo en aceptarlo, después de Turquía– ha habido mala interpretación del Protocolo Estambul  y hay quienes creen que únicamente con su aplicación se puede demostrar la tortura, cuando pueden hacerlo por medio de otros peritajes especializados. “Es una confusión ya que es sólo una herramienta más para demostrar, pero sobre todo, para prevenir la tortura en ciertas condiciones, pues existen otras maneras de hacerlo, ya sea través de testigos, dictámenes psicológicos, que se han practicado históricamente siempre, como el Protocolo de Minnesota para casos de desapariciones y ejecuciones”.

Lo que sucede, dijo, es que como no hay capacidad para practicarlo, porque además se necesita entrenamiento, papel de seguridad especial, todo un trámite con procedimiento y por ello se dice que el Protocolo de Estambul no sirve, se atrasan los procesos, pero es un problema de operatividad. Por tanto, indicó que el protocolo es una herramienta útil y si no hay capacidad para practicarlo no quiere decir que se van a rendir.

Sobre las demandas por violaciones de derechos humanos que ha perdido México ante la corte interamericana, manifestó que tienen que ver un poco con la cultura institucional del país, es un reflejo de la cultura respecto a los derechos humanos en general, y cuando hay poca credibilidad en las instituciones públicas, cuando existe un gran debate sobre la credibilidad, sobre la eficacia, eso replica en los mismos funcionarios que deben velar por estos derechos.

Y si no hay una prohibición clara pero no sólo en la ley, sino también se cambian las prácticas, si no se previene no se resolverá el tema de fondo, advirtió.

Las sentencias de la corte interamericana generan recomendaciones, entre otras, se llama a la no repetición de los hechos, a que los poderes judiciales investiguen bien, capaciten y sensibilicen a sus funcionarios, que se modifique la forma de responsabilizarse o no responsabilizarse en el tema, así como en la investigación, la prevención, la forma de condenar a las personas, expuso Rodríguez Rescia. “Porque si no hay impunidad, y este es el primer paso para combatir el problema, si no se hace bien hay luz para que siga ocurriendo”.

Casos como los de Rosendo Radilla Pacheco e Inés Fernández Ortega provocaron que México realizara la reforma constitucional de 2011 para que los tratados internacionales estuvieran al mismo nivel de la Constitución y eso fue una reforma que se dio porque la corte interamericana le pidió a México que modificara su legislación nacional, recordó el consultor principal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a cargo del Programa de Administración de Justicia, Derechos Humanos y Temas Afines, quien también dio cátedra el pasado jueves 28 en el Instituto Universitario Puebla, (IUP), con sede en Villahermosa.

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