Las elecciones de junio de 1931 habían dado el poder a la coalición de republicanos de izquierdas y socialistas. Durante dos años, hasta fines de 1933, el nuevo gobierno dirigido por Manuel Azaña intentó encontrar solución a los principales problemas que aquejaban al país. Sin embargo la tarea resultó mucho más complicada de lo previsto pues se agrandó la separación entre derechas, que creían que las reformas eran demasiado radicales y atrevidas, e izquierdas que creían que eran demasiado moderadas y lentas.
EL PROBLEMA DE LA IGLESIA
La iglesia luchaba por conservar sus privilegios ante las reformas republicanas, contaba con el apoyo de los poderosos y la fe muchos humildes pero era también el blanco del odio de todos aquellos que la consideraban la aliada del poder, la defensora del inmovilismo. En el otoño de 1931 las Cortes prepararon un anteproyecto de Constitución que pretendía acabar con el enorme poder de la Iglesia. El artículo 26, uno de los más importantes, separaba Iglesia y Estado. Para mayor confusión y crispación de los sectores conservadores, el 13 de octubre de 1931 Manuel Azaña declaró que: “España ha dejado de ser católica”, mensaje que la Iglesia interpretó mal. Azaña había querido decir que España ya no era un país de corte clerical pero la frase fue sacada de su contexto y le valió el odio y la enemistad de los sectores conservadores. Las cláusulas anticlericales de la nueva Constitución se debatieron agriamente en las Cortes pero, al haber mayoría republicano-socialista en el consistorio, todas las medidas salieron adelante y la Constitución se promulgó en diciembre de 1931.
Los republicanos y socialistas en el gobierno estaban decididos a reducir el poder de la Iglesia. A lo largo de 1932 y 1933 la República se dedicó en cuerpo y alma a la promulgación de leyes destinadas a acabar con la influencia de la Iglesia en la sociedad. Disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes; matrimonio civil, divorcio y secularización de cementerios; prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas. La Iglesia mantenía su control sobre la educación. En un pais donde casi la mitad de la población era analfabeta la republica tenia que romper el control de la iglesia para crear un moderno sistema de enseñanza laica. Los proyectos iniciales se vieron frenados por falta de presupuestos, a pesar de ello, en dos años se crearon más de 13.000 nuevas escuelas. Pero habría sido más prudente que la República no hubiera atacado las órdenes religiosas, que ya disponían de buenos colegios. El cierre de los mismos planteó graves problemas de ubicación de nuevos alumnos.
EL PROBLEMA SOCIAL
El problema social que envolvía a la República giraba en torno a los dos grandes sindicatos anarquista y socialista. El movimiento anarquista constituía la oposición mas violenta a la República. En el resto de Europa el anarquismo como fenómeno de masas había desaparecido después de la I guerra mundial, en España siguió creciendo, especialmente en Andalucía y Cataluña agrupado en torno a una organización anarcosindicalista, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que ya en 1920 tenia 700.000 militantes. Su objetivo final era la total emancipación de los trabajadores, su instrumento, la huelga revolucionaria. Los anarquistas se oponían a la republica por principios, rechazaban cualquier tipo de gobierno y luchaban por una sociedad libre e igualitaria, sin dios, sin amos y sin propiedad privada. Dentro del anarquismo, sin embargo, existían diversas corrientes que dividían el movimiento. Los puristas sólo se conformaban con una revolución social completa. Los moderados, con Angel Pestaña y Juan Peiró al frente, aunque seguían los mismo objetivos creían que era necesario conseguir alguna concesión por parte del gobierno que mejorara la mala situación de los obreros. Entre los puristas más radicalizados había lideres como Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso que se unieron a la FAI (Federación Anarquista Ibérica), fundada en 1927 y cuyo objetivo era oponerse al revisionismo anarquista.
El movimiento socialista obtuvo un fuerte impulso durante los años de la I Guerra Mundial que habían dado a España una mayor prosperidad económica y gran conciencia política. En 1920, su sindicato, la UGT (Unión General de Trabajadores) tenía 200.000 miembros. No es de extrañar pues que su principal dirigente en 1931, Francisco Largo Caballero, fuera nombrado Ministro de Trabajo durante el primer gobierno de la República ya que la UGT no había sido siquiera ilegalizada durante la Dictadura.
EL PROBLEMA REGIONAL
El clima de libertad provocado por la proclamación de la República daba nuevos nuevos impulsos al regionalismo. Histórica y culturalmente Cataluña y el País Vasco eran las dos regiones más claramente diferenciadas de resto de España. Eran las regiones más industrializadas y prósperas desde mitades del siglo XIX. La nueva Constitución republicana mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a aquellas regiones que lo solicitasen. Atendiendo a las crecientes demandas del catalanismo político, la República accedió a que se celebrase un plebiscito en Cataluña para otorgar a dicha región su anhelado estatuto de autonomía. El resultado fue abrumadoramente favorable (592.961 votos a favor y sólo 3.276 en contra). En el verano de 1932, el estatuto catalán se convirtió en ley y se constituyó un nuevo gobierno catalán, la Generalitat. El catalán y el castellano serían las lenguas oficiales.
El País Vasco también realizaba esfuerzos parecidos en busca de un mayor autogobierno pero aquí los problemas eran más difíciles de superar. La profunda confesionalidad del principal partido autonomista, el PNV, chocaba con un gobierno republicano de corte anticlerical. Ello sólo sirvió para posponer la promulgación del estatuto hasta octubre de 1936, cuando en plena guerra civil, la cuestión se transformó en una simple necesidad política. Además hubo otros intentos de autonomía en Galicia, Valencia e incluso en diversas provincias castellanas pero no tuvieron tiempo de promulgarse.
EL PROBLEMA MILITAR
Frente a las aspiraciones autonomistas de algunas regiones españolas, el Ejército se mostró como la institución mas ofendida por las pretendidas reformas republicanas. Muchos militares del ejercito estaban alarmados ante la perspectiva de autonomías regionales. La unidad de la patria les obsesionaba. España había perdido todas sus colonias de ultramar. En los años 20, las guerra de Marruecos amenazaban sus ultimas posesiones. La República se proponía modernizar este ejercito anticuado y con exceso de oficiales (uno por cada nueve soldados). El Ejército veía las reformas republicanas con profunda desconfianza, pero era el proyectado estatuto de autonomía catalán lo que los militares conservadores consideraban como la amenaza mas inmediata.
La llamada “Ley Azaña” admitía el retiro, con el sueldo íntegro, de todos los generales y oficiales que no quisiesen prestar juramento de fidelidad a la República. Frente a las pretensiones de la República el Ejército respondió con las armas. El 10 de agosto de 1932 el general José Sanjurjo, que había declarado su lealtad al nuevo gobierno en 1931, se levantó contra la República en Sevilla. El golpe de Sanjurjo fracasó pero ejemplificaba el creciente descontento dentro del seno de las fuerzas armadas. Sanjurjo fue encarcelado, su rebelión se había demostrado prematura porque los grupos sociales que pudieran haberla apoyado aún no estaban lo suficientemente unidos para oponerse a la República.
EL PROBLEMA AGRARIO
Los campesinos de toda España esperaban que la llegada de la República representara el fin de todos sus problemas. El problema agrario era uno de los más complicados, no olvidemos que la agricultura en los años 30 era el principal sector de la economía del país. Los trabajadores del campo, mal pagados y mal alimentados esperaban que las prometidas reformas fueran drásticas e inmediatas. Andalucía era una región de profundos contrastes sociales y económicos, de latifundios y de grandes terratenientes. Estas desigualdades alimentaban el resentimiento de mas de 700.000 jornaleros que vivían en la miseria. Las tensiones en la España rural representaban una de las mas graves amenazas para la nueva República. Pero la reforma agraria de 1932, una ley complicada y cautelosa, solo sirvió para desilusionar a muchos jornaleros e irritar a los terratenientes. Los jornaleros querían apoderarse de las tierras que la República dudaba en entregarles. Pronto se comprobó que la reforma era prácticamente imposible, al menos en un tan corto espacio de tiempo. Se creó un Instituto de Reforma Agraria que pudiera controlar dicho plan pero, a pesar de todos los esfuerzos, frente a los 60.000 campesinos asentados en nuevas tierras que anualmente la Reforma había proyectado, después de dos años de actuación sólo 12.000 estaban realmente en dicha situación.
Entre los propietarios y terratenientes empezó a cundir la alarma, entre los campesinos la desilusión ante la lentitud de la Reforma Agraria. El hambre y la miseria creaban las condiciones ideales para la violencia revolucionaria. Los pueblos de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas se convirtieron en exponentes claros de esa violencia. En Castilblanco (Badajoz) estalló una huelga general el 31 de diciembre de 1931. Al intentar disolverla, los campesinos reaccionaron violentamente matando a cuatro números de la Guardia Civil. En Arnedo (La Rioja), murieron siete trabajadores y quedaron heridos treinta más al disolverse a disparos de la Guardia Civil la manifestación que se celebraba ante la casa consistorial del pueblo.
Las consecuencias políticas fueron importantes. Ante la dureza de las medidas tomadas por la Guardia Civil fue destituido su director, el general Sanjurjo, que unos meses después se levantaría contra la República. Sin embargo, el episodio de violencia definitivo se produjo a principios de 1933 en Casas Viejas (Cádiz). Agotada allí la paciencia tras la lentitud de la Reforma Agraria los campesinos, tras declarar el comunismo libertario, asaltaron el cuartel de la Guardia Civil, asesinando a varios de sus números. La llegada de refuerzos permitió reprimir el levantamiento duramente. Las autoridades republicanas fueron acusadas de haber organizado la matanza. Escándalos como el de Casas viejas, la lentitud de las reformas y el creciente desempleo impulsaron a los socialistas a abandonar un gobierno Azaña desprestigiado. La crisis desembocó en las elecciones de 1933.