LOS YANQUIS REGRESAN A EL SALVADOR
By Dean Brackley
A primeras horas de la mañana del 15 de septiembre, Día de la Independencia de El Salvador, la comunidad de Suchitoto se despertó con el estruendo de aviones que volaban rápidamente a baja altura. “Enseguida la gente supo que eran el tipo de aviones que volaban durante la guerra”, observó la Hermana Peggy O’Neill, Hermana de la Caridad que ha realizado labores sociales en El Salvador durante muchos años. El ensordecedor ruido de los bombarderos A-37 volando sobre Suchitoto es un síntoma de la creciente militarización de El Salvador en tiempos de paz, lo cual implica cooperación con las fuerzas estadounidenses. El 6 de julio, la Asamblea Nacional Salvadoreña aprobó el establecimiento de una Base contra el narcotráfico en el aeropuerto internacional de Comalapa. Poco antes de esa votación, helicópteros militares estadounidenses comenzaron a transportar a la policía de El Salvador en sus rondas por las zonas rurales. Ambas medidas son parte de la creciente cooperación del Departamento de Defensa estadounidense con la policía y los militares salvadoreños.
El partido de los ex guerrilleros, el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN), que cuenta con la mayoría en la Asamblea, votó en contra de la Base antinarcóticos. Pese a que la Constitución Salvadoreña requiere tres cuartos de los votos para acuerdos que afecten a la soberanía nacional la medida fue aprobada por mayoría simple. Dos meses después del voto, el 4 de septiembre, el FMLN presentó una una queja formal ante la Corte Suprema salvadoreña.
Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron el convenio sobre la Base el 31 de marzo sin informar a la Asamblea Nacional o a la prensa. Posteriormente, afirmando que no se trataba de un “tratado” y que no cedía territorio salvadoreño, ambos gobiernos alegaron que una mayoría simple era suficiente para la ratificación. En realidad, rehusan llamarla Base Militar, prefieriendo etiquetarla como un “Centro de Vigilancia”. La embajadora estadounidense Anne Patterson negoció personalmente con el FMLN antes del voto del 6 de julio. La semana siguiente dejó El Salvador para convertirse en embajadora en Colombia.
El convenio sobre la Base entró en vigor el 23 de Agosto y su construcción comenzó poco después. Éste otorga al personal militar y civil estadounidense acceso a instalaciones del gobierno y del aeropuerto así como entrada exclusiva a ciertas áreas de la Base. Si bien el convenio tiene una vigencia de diez años, Estados Unidos espera prorrogarlo hasta los 20. Estados Unidos planea gastar 10,4 millones de dólares en la construcción de la Base en Comalapa y 60 oficiales militares estadounidenses y sus familias vivirán en ella El acuerdo permite al personal estadounidense usar uniformes y portar armas. No impone ningún límite a la cantidad o tipo de armas, aviones o equipo militar. El equipo naval sur estadounidense, con base en Puerto Rico, dirigirá la instalación, los infantes de marina estadounidenses están bajo el mando del Departamento de la Marina y por lo tanto, será posible realizar operaciones aéreas, terrestres y marítimas.
Desde que se desmantelaron sus bases en Panamá, Estados Unidos ha estado buscando sitios alternativos para lo que llama “Centros Operativos de Avanzada” (COA). Tanto Panamá como Costa Rica recientemente rechazaron la instalación de una Base Antinarcóticos estadounidense en sus territorios. No obstante, Estados Unidos ya ha establecido COA en Manta, Ecuador y en las dependencias holandesas de Aruba y Curacao, cerca de la costa de Venezuela. El Salvador será el tercer vértice del triángulo que rodea a Colombia.
El Instituto Transnacional, con sede en Amsterdam, señala que el objetivo último de los dos COA originales es respaldar la intervención militar estadounidense en Colombia. Según el periódico colombiano El Espectador, una fuente del Departamento de Estado indicó que los COA se están utilizando para vigilar las actividades de las guerrillas colombianas.
Aunque Washington dice que desea bloquear los estupefacientes a lo largo de la carretera panamericana y en las aguas costeras del Pacífico, el gobierno salvadoreño defiende la Base de Comalapa como necesaria para combatir el crimen local relacionado con el narcotráfico. El 17 de marzo, Mauricio Sandoval, jefe de la Policía Nacional Civil (PNC), hizo un llamamiento a la Asamblea Nacional solicitando patrullas conjuntas y ayuda militar, logística y equipo estadounidense para operaciones marítimas y terrestres, como medidas “indispensables” para enfrentarse al crimen.
El mismo día que autorizó el COA, la Asamblea aprobó también el programa “Juventud Sana”, que se fundó para afrontar la criminalidad relacionada con los estupefacientes y que permitirá a 20 agentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos entrenar a oficiales de la PNC. El programa, que comprende navíos y aviones estadounidenses, durará hasta el 31 de diciembre. Existen operaciones similares dirigidas por Estados Unidos en Costa Rica, Guatemala y Honduras.
El presupuesto estadounidense actual asigna 2,2 millones de dólares para combatir el narcotráfico en todo El Salvador. Algunos de esos fondos respaldan el nuevo programa “Cielos Centrales”, en el cual helicópteros estadounidenses transportan a la policía salvadoreña por el país, por ejemplo a la región de Suchitoto. Podemos imaginar el efecto que ello tendrá en comunidades del área que fueron arrasadas con ataques desde helicópteros y bombardeos aéreos durante la guerra.
El 21 de junio, el funcionario de la Embajada de Estados Unidos Greg Phillips dijo a un grupo que visitaba la embajada que el principal propósito de estos esfuerzos antidrogas de Estados Unidos es defender la soberanía de El Salvador. “Estamos tratando de ayudarles a decidir qué papel deben jugar los militares en la actividades antinarcóticos y anticrimen”, señaló Phillips. La Constitución salvadoreña, enmendada según lo requerido en los Acuerdos de Paz de 1992, limita las funciones del ejército salvadoreño a la defensa de la soberanía nacional y lo excluye de las funciones de seguridad interna. Sin embargo, poco después del fin de la guerra, el ejército comenzó a patrullar el país sobre la base de que el crimen constituía una emergencia nacional. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas estadounidenses comenzaron a realizar ejercicios humanitarios conjuntos de manera periódica y luego ejercicios militares con sus contrapartes salvadoreñas. Ambas políticas se mantienen hasta el momento. Recientemente, un funcionario de la Embajada de Estados Unidos reconoció que los asesores militares estadounidenses trabajan directamente con los militares salvadoreños independientemente de la embajada y de su supervisión.
Los militares salvadoreños están aprendiendo con esta colaboración. Después de participar en ejercicios conjuntos durante la primavera pasada, un contingente de soldados se apareció a la entrada de la ciudad de Arcatao, un reducto del FMLN, ofreciendo proporcionar servicios médicos. La gente de Arcatao los recibió con un altavoz y exigió que se fueran. Dijeron que querían servicios médicos pero que deseaban recibirlos del Ministerio de Salud de El Salvador.
Los opositores al FMLN los acusan de protestar contra la Base de Comalapa porque tienen vínculos con los narcotraficantes y la guerrilla colombiana. Pero, aunque se oponen a los términos del convenio, recientemente el FMLN ha expresado su apertura a la ayuda estadounidense para combatir el crimen organizado y la corrupción y al entrenamiento de la PNC. Algunos críticos consideran que los militares estadounidenses son un instrumento contundente para combatir el crimen y alegan que las recientes iniciativas violan los Acuerdos de Paz al remilitarizar las funciones policiales. Otros se preguntan si la creciente presencia militar estadounidense tiene algo que ver con el significativo aumento que experimentó el FMLN en las elecciones de marzo pasado.
SOBRE EL AUTOR
Dean Brackley es un jesuita nacido en Estados Unidos que viene impartiendo clases de teología y ética en la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (UCA) desde 1990.