Programa de Gobierno del PAR 1967-1972

PROGRAMA DE GOBIERNO
DEL PARTIDO ACCIÓN
RENOVADORAPAR (1967-1972)

Septiembre de 1966

LA REALIDAD QUE VIVE EL PAIS

El gobierno de nuestro país y los voceros de la prensa extranjera han insistido en señalar que durante los últimos años se ha experimentado en El Salvador un acelerado crecimiento económico. Y en efecto, a simple vista puede percibirse que la economía nacional ha tenido un fuerte incremento en los últimos tiempos. A pesar de ello, ningún Partido que se precie de representar los intereses mayoritarios de nuestro pueblo puede sentirse satisfecho, porque el desarrollo económico sólo ha venido a enriquecer a unos pocos, mientras ha agudizado más. los viejos problemas sociales que confronta el país.

El actual régimen se inició con una ruidosa propaganda que ofrecía terminar con los problemas sociales en El Salvador; pero en la práctica toda su labor en ese sentido ha consistido en emitir algunas leyes superficiales que. lejos de resolver los problemas, han provocado su ahondamiento. Tal fue el caso de la ley del séptimo día de descanso remunerado para los trabajadores del campo, la ley de alimentación mínima y el Decreto de Salario Mínimo Campesino. Aparte de que esos instrumentos legales fueron deficientes, su aplicación rigurosa fue asegurada por el gobierno, ya que siempre estuvo más interesado en congraciarse con los grandes intereses patronales que controlan la economía de nuestro país.

En estos momentos hay más hambre, más desocupación, peor salud, iguales o inferiores salarios que hace cinco años. En materia de educación subsisten los antiguos problemas: más del 60% de la población es analfabeta sólo el 43% de los salvadoreños en edad escolar reciben enseñanza, en su mayoría, hasta el tercer grado de primaria; faltan escuelas y profesores aunque hay centenares de ellos sin empleo.

En la actualidad es mayor el problema de la vivienda, aún cuando se han construido más en este período que en los anteriores; en San Salvador la gente se amontona en los barrancos y en los trasfondos de la ciudad, formando grandes poblaciones compuestas por miserables covachas, en las que se incuban muchos otros problemas sociales; el mesón resulta hoy un lujo comparado con esas covachas, y los alquileres son en el presente más altos que en épocas no muy lejanas. Los problemas de la salud pública se han agravado y existe una calamitosa situación asistencial y hospitalaria.

En el campo, la situación es aún peor. La crisis del algodón ha lanzado a los caminos a más de cien mil trabajadores que ahora carecen de empleo y de todo medio de vida. El Gobierno anunció con toda pompa un cuerpo de medidas para enfrentar la crisis algodonera. pero ellas han resultado ser en su mayoría inconsistentes y, por otra parte, ninguna estaba dirigida a proteger a los trabajadores. Los algodoneros concurren sin éxito a los bancos para obtener créditos; cien mil jornaleros rara vez pueden llevarse al estómago el bocado mientras decenas de miles de manzanas de tierra han quedado lamentablemente ociosas. ¡Brazos sin tierra y tierra sin brazos, hambre; desesperación; tal es el cuadro que reina en toda la costa del país en el momento que termina la gestión de este Gobierno, quien ofreció poner fin a la “explotación del hombre por el hombre”!

Son tan graves los problemas sociales en nuestro país que aún fuerzas tradicionalmente conservadoras como la Iglesia no han podido menos que pronunciarse, denunciando esta situación y llamando a un activo esfuerzo para lograr un cambio en las estructuras socio-económicas. La reciente Carta Pastoral del Arzobispo de San Salvador es, en efecto, un documento que denuncia la injusta situación y aboga por verdaderos cambios de fondo en El Salvador.

La política de desarrollo industrial que el actual Gobierno ha seguido, ha resultado gravemente perjudicial para los salvadoreños. Las fábricas que se han establecido en los últimos cinco años son, por lo general, plantas que utilizan una insignificante mano de obra nacional, apenas necesaria para dar acabado a productos que en realidad ya llegan al país casi elaborados por completo. Bien vistas las cosas, ese sistema de industrias en El Salvador no es otra cosa que un procedimiento encubierto para realizar una mayor importación sin pagar los aforos correspondientes, con la ventaja, además, de muchos otros incentivos fiscales para los inversionistas extranjeros. Los resultados de semejante política de desarrollo industrial son una Balanza Comercial y una Balanza de Pagos desfavorables, las cuales representan una sangría para nuestro país, que no podrá ser soportada por mucho tiempo sin que se vea quebrantada la estabilidad de nuestra moneda, con lo cual según la experiencia de otros países se conducirá a mayores sufrimientos al pueblo trabajador, que es quien en realidad paga la inflación.

Hay que concluir en que estos años de acelerado incremento de nuestra economía, sin cambios de estructura, no sólo han acarreado mayores problemas económicos y sociales a El Salvador, sino que también lo han arrastrado hacia la pérdida sistemática de su independencia por causa de la desenfrenada carrera de empréstitos que hoy lo tienen al borde de ser una parcela hipotecada.

Por otra parte, ya numerosos capitalistas, entre quienes se pueden citar el gremio de Empresarios Textiles Salvadoreños y Centroamericanos, han denunciado en forma valiente el peligroso proceso de absorción de la industria nacional y centroamericana por el capital extranjero. La verdad es que cada día se rodea de más garantías y privilegios al capital inversionistas extranjero, de tal modo que los capitalistas nacionales se encuentran en una enorme desventaja. Todo ello conduce también a la pérdida de nuestra independencia económica y, por qué no decirlo: al detrimento de nuestra independencia política.
En el caso de la política exterior el principio de no intervención, tradicionalmente defendido por parte de El Salvador, ha sido roto. En el reciente caso en que la República Dominicana fue objeto de una descarada intervención militar, la Cancillería salvadoreña no sólo se abstuvo de defender ese principio, sino que peor aún colaboró enviando delegados ante los organismos que fueron creados a propósito por la Organización de Estados Americanos (OEA) para encubrir y legalizar este incalificable atropello al derecho de autodeterminación cometido contra el pueblo dominicano.

En el mismo orden de ruptura de la tradicional política de defensa de la no intervención, el Gobierno actual firmó no hace mucho un tratado para constituir un Ejército Centroamericano, con el declarado propósito de que éste sirva como instrumento de intervención militar en cualquiera de nuestros países, cuando sus pueblos se den gobiernos inaceptables para las fueras oscuras internas y externas que nos sojuzgan desde hace muchas décadas.

No debe perderse de vista que las torceduras de la política exterior salvadoreña se acrecentarán cada día más, conforme se acreciente la influencia de los empréstitos, aumente la ayuda militar y crezca la intromisión en nuestros asuntos estrictamente internos. La experiencia nos demuestra que en nada se beneficia al pueblo salvadoreño con semejante tráfico de su soberanía.

Como producto de los ciclos normales, durante casi todo el Gobierno del Coronel Julio Adalberto Rivera, la economía nacional se ha encontrado en un período de auge, luego de superada la crisis de los años anteriores, que fuera precipitada por la caída del precio internacional del café. Pero parece que al acercarse el fin de este Gobierno el auge también toca su fin. Los nubarrones de una nueva crisis han comenzado ya a levantarse ominosamente sobre el horizonte. La crisis del algodón es la manifestación más adelantada del período de crisis general que aguarda al país. El mercado mundial del café sigue siendo desfavorable como ha quedado demostrado en los últimos días durante la negociación del nuevo Convenio Internacional en Londres. Por otro lado, ha llegado la hora de abonar a los préstamos y de pagar sus intereses, mientras sigue creciendo la tendencia al aumento de las importaciones. Los años venideros serán sumamente duros para nuestro pueblo, que es, como se ve, quien paga el auge y también paga la crisis. Mayores penalidades esperan a este sufrido trabajador, a menos que se realicen cambios de estructura profundos.

Lo que en verdad tiene planteado el país en estos momentos no es el simple cambio de hombres en el Gobierno. El Partido Acción Renovadora considera que el problema de la sucesión presidencial hay que enfocarlo como una coyuntura para que se debatan con franqueza todos estos problemas de fondo y para que nuestro pueblo se pronuncie sobre el destino que deba seguir.

El desenvolvimiento económico sobre la base de la estructura actual sólo enriquece a unos cuantos, mientras empobrece más al pueblo. Y no puede ser de otra forma si las dos terceras partes de la tierra agrícola pertenecen a poco más de mil grandes terratenientes, si las llaves de la economía nacional (en la banca, el comercio exterior e interior, la gran industria, etc.) se encuentran férreamente dentro del puño de una pequeña oligarquía, si la economía toda del país está conformada bajo la dependencia del comercio exterior y por consiguiente, se encuentra sujeta a los vaivenes del mercado internacional y pertenece a una determinada órbita de intereses, si se endeuda desenfrenadamente al país aceptando condiciones políticas y de orientación económica que enajenan la independencia nacional; si, para defender todo este estado de cosas, se mantiene un régimen de estrechas libertades y derechos que impide a nuestro pueblo organizarse para la lucha por una vida mejor.

Por otra parte, ha quedado demostrado en los años 1958 a 1962 que es el pueblo quien soporta la mayor carga durante los períodos de crisis. Entonces crece el desempleo, se reducen los salarios, se agravan los problemas sociales, etc. O sea, que sobre la base de la actual estructura económico-social ni el auge ni la crisis mejoran la vida de las amplias mayorías. Por eso, cualquier idea de mejoramiento social está necesariamente unida a la idea de un cambio de estructura y en la hora actual en que se avecina una elección presidencial, un cambio de gobierno, es el momento más propicio para dirigir la lucha en favor de un cambio de fondo en la Nación.

EL PAPEL DEL PAR EN LAS LUCHAS DEL PUEBLO
El partido oficial trata de eludir el planteamiento de la realidad que vive el país, haciendo esfuerzos para que la sucesión presidencial gire en torno de personas. Trata de arrastrar al pueblo a una lucha absurda entre coroneles y coroneles o entre doctores y doctores. sin ir al centro del problema, como debe y como corresponde a los intereses y anhelos vitales de nuestro pueblo. El partido Acción Renovadora, en su nueva etapa histórica, entiende que su deber ante las próximas elecciones presidenciales consiste en realizar un gran esfuerzo por agrupar al pueblo en torno a un programa de cambios de fondo y que los hombres que han de postularse como candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencia de la República, debe quedar supeditada a ese programa, y no a la inversa, como lo hace ahora el oficialismo para probar su decisión de conservar el rumbo actual del desarrollo del país, rumbo que es funesto para las grandes mayorías del pueblo salvadoreño.

Somos conscientes que el pueblo salvadoreño, en sus luchas para resolver los problemas económicos, sociales y políticos que confronta, necesita del acrecentamiento de fuerzas en su organización y capacidad política. Es preciso que las masas se orienten y eduquen para que adquieran un claro concepto de los objetivos que persiguen y puedan identificar a sus verdaderos enemigos, incluyendo a los que se disfrazan con falsos ropajes revolucionarios. El Partido Acción Renovadora está empeñado en organizar al pueblo dentro de sus luchas para solucionar esos graves problemas; el PAR aspira, pues, a ser un instrumento servicio del pueblo y no un poder del que se debe esperar toda la solución de los problemas nacionales.

Alcancemos o no el poder, nuestra tarea consiste en organizar al pueblo salvadoreño para que se ponga en pie de lucha lucha permanente por la defensa y conquista de los derechos que le han sido negados o arrebatados por largas décadas. Esa lucha debe mantenerse firme, aún en los momentos más difíciles de la vida nacional.

En la actualidad el hacer político está vinculado a las futuras elecciones. En los próximos cuatro años se llevarán a cabo tres eventos eleccionarios, siendo uno de ellos el inmediato para cambiar Presidente y Vice Presidente de la República. Es lógico pensar que si se produjera un golpe militar se rompería esa cadena de sucesos electorales y con toda ,posibilidad, variarían nuestros procedimientos de lucha; sin embargo, mientras ese hecho no se materialice el clima político nacional seguirá influenciado por los futuros acontecimientos eleccionarios. Y de esa base debemos partir para definir nuestra posición frente a las elecciones.

El Partido Acción Renovadora piensa que no todas las épocas ni todas las circunstancias son propicias para asistir a unas elecciones; pero en lo que toca a la hora presente se vuelve una necesidad que el pueblo salvadoreño salga de la indiferencia y el abstencionismo, tan dolorosos y perjudiciales, y entre en definitiva al campo de batalla armado de la más poderosa de las armas: su conciencia para derrumbar el sistema de privilegios que existe en el país y alcanzar así, los derechos que le han sido usurpados. Nada más oportuno ni conveniente para iniciar ese período de lucha profunda que la participación del pueblo organizado, con la
perspectiva de lograr la orientación y movilización de las mayorías, así como acrecentar las fuerzas indispensables para conquistar más tarde los cambios de fondo que necesita el país. El Partido Acción Renovadora como partido popular, debe marchar adelante para dar un rotundo mentís a sus entronizados enemigos, que hoy se desvelan en hacerlo retroceder a los tiempos del oportunismo y de la tienda de alquiler al servicio de las oligarquías.

El Partido Acción Renovadora comprende que en la realización de la tarea que se propone, como es la de organizar al pueblo salvadoreño en sus luchas, no encontrará todas las puertas abiertas; no contará tampoco con las garantías, ni mucho menos con las facilidades de parte de las fuerzas que detentan el poder. En ese sentido, el PAR considera que su esfuerzo contra los obstáculos y las arbitrariedades, viene a constituir parte de la batalla que hay que librar para demostrar la pequeñez de la democracia que se pregona, lo mismo que para orientar al pueblo en la identificación de los sectores que lo oprimen.

En los últimos tiempos, el Partido Acción Renovadora ha sido víctima de una campaña de desprestigio de parte de las tradicionales fuerzas enemigas del pueblo, quienes han utilizado como instrumento a los propios miembros identificados con la reacción, o simplemente inconformes, del mismo Partido, para tratar de dividirlo o destruirlo. Cada vez que se acerca un evento eleccionario se promueven escándalos publicitarios, para dar la impresión de que el PAR es un Partido dividido y que por ello es incapaz de aglutinar a las fuerzas populares. En las pasadas elecciones para Diputados y Alcaldes se entabló un juicio en el Consejo Central de Elecciones para que se cancelara la inscripción legal del PAR, pretextando violaciones estatutarias, juicio que se resolvió en favor del Partido al comprobarse que tales violaciones nunca existieron y que las imputaciones eran falsas. Aún cuando el grupo que sigue siendo instrumento de las fuerzas reaccionarias para esas campañas de desprestigio es muy reducido, creemos que no cejará en su propósito. Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, se ha iniciado en el Consejo Central de Elecciones un nuevo juicio contra el Partido Acción Renovadora; y ello no puede sorprendernos, ni mucho menos amilanarnos: la lucha contra éstas y otras adversidades forma parte de la lucha general que nuestro Partido se ha impuesto en pro del progreso social y la auténtica democracia en el país.

Desde el principio nos hemos esforzado porque la prolongada campaña de ataques contra el PAR, tramada para destruirlo, sirva, por el contrario, para llamar la atención del pueblo y despertar en él la simpatía hacia nuestro movimiento, lo mismo que para desenmascarar a los enemigos del Partido, que son también los enemigos del pueblo.

Ahora bien, debe de tomarse en cuenta que la participación del PAR en las próximas elecciones no está condicionada a la idea absoluta de un triunfo en las urnas, ya sea porque no cuente aún con la fuerza para preparar semejante victoria, o porque ese triunfo le pueda ser impedido con el fraude, la imposición y toda forma represiva. El PAR debe participar en las próximas elecciones para señalar los problemas nacionales y proponer sus soluciones; debe de hacer conciencia sobre la crisis económica y social que se avecina y demandar las medidas urgentes del caso para hacerle frente; debe tratar, por otra parte, debe realizar propósitos de más largo alcance, de modo de iniciar el vasto movimiento popular que el país necesita para corregir los grandes males que lo aquejan. En todo caso, el PAR de la mano con el pueblo debe de trabajar con el entusiasmo, la decisión y la combatividad de que se es capaz cuando se tiene la meta de una victoria a corto plazo.

CINCO SOLUCIONES PARA CINCO GRANDES
PROBLEMAS

Es muy probable que en la próxima contienda electoral proliferen los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. De sobra es sabido que en nuestro país la afición por las candidaturas presidenciales está metida en la cabeza de muchas personas que no cuentan con el suficiente aval político, no tienen la necesaria estatura moral y, si es que no
carecen de instrucción notoria, desconocen la magnitud
de los problemas nacionales y por ello jamás podrán identificarse con los grandes sectores populares.

Con todo y lo anterior, creemos que el futuro evento eleccionario estará dominado por la presencia de tres candidaturas fundamentales: la del oficialismo -que sin lugar a dudas contará siempre con la ventaja del aparato del gobierno-y la de la democracia cristiana que en los últimos tiempos ha cobrado alguna fuerza, sobre todo en la capital y la popular o sea la del Partido Acción Renovadora, que esta vez adquirirá una fisonomía distinta al basarse en un programa de cambios de fondo que desde hace mucho tiempo necesita realizar el país.

La cuestión habrá de plantearse no sólo en los términos que representen la figura personal de los candidatos. Habrá de plantearse en principios sobre la seriedad y profundidad de los distintos programas electorales, en relación con la capacidad y honestidad de los candidatos para hacerle frente a la ejecución de los mismos. Habrá que ver quiénes se empeñan en que subsista el desesperante estado actual de cosas y quiénes en realidad están decididos a luchar por un cambio verdadero en las estructuras del país. Habrá que ver, asimismo, quiénes sólo se empeñan en llegar a toda costa al poder para gozar los mismos privilegios, aunque para ello tengan que adoptar posturas demagógicas, haciendo creer al pueblo que van a derrumbar las poderosas fuerzas que nos oprimen, cuando en realidad lo que persiguen es llegar a la cosa pública para ponerse al servicio de esas fuerzas y hacerlas más poderosas aún.

Al través de la historia, sea que se haya tratado de llegar al poder por la vía del cuartelazo o por el camino de las elecciones, la tendencia ha sido la misma: sustitución de unos hombres por otros hombres en el gobierno. No se ha reparado en el orden de cosas que vive el país y en la necesidad de que se opere una transformación de fondo en sus estructuras; no se ha razonado en que una lucha honrada para alcanzar el poder debe estar supeditada a la solución de los problemas de las grandes mayorías. De allí que haya partidos en el presente que todavía planteen la cuestión de manera simplista, haciendo ver que el hecho de enfilar la lucha contra el partido de turno para sustituirlo por otro, viene a constituir el verdadero papel de la oposición. De esa manera, se trata de confundir a la ciudadanía, privándola de la idea de que la oposición que debe librarse es en contra de un régimen social y económico injusto, sea que éste se configure con claridad en el oficialismo o se apertreche disfrazado en algunos partidos que no se encuentran en el poder.

En las elecciones de marzo venidero, con toda posibilidad, el partido oficial, además de que contará con los viejos instrumentos de imposición, al carecer de un programa electoral que toque el fondo de los problemas nacionales, se concretará en su campaña a exaltar la figura personal del candidato y a formular su
propaganda en torno del auge económico experimentado en los últimos años, como si se tratare de una obra suya. En ese sentido los salvadoreños deberán estar prevenidos para no ser objeto de semejante falacia, ya que el crecimiento económico que, como producto de los ciclos normales, puede haberse operado en el país, sólo ha servido para enriquecer más a las tradicionales minorías, en tanto que ha sumido más en la miseria a las grandes mayorías de salvadoreños. Además. no debe perderse de vista el fatídico hecho de que el actual gobierno al descender del poder, nos dejará en las puertas de una nueva crisis económica y social, y mal preparados para enfrentarla.

El Partido Acción Renovadora considera que la tarea de los partidos políticos, sobre todo en la hora en que se debatirá un cambio de gobierno, debe ser la de plantear con entereza y honradez la realidad que vive el país proponiendo las soluciones adecuadas, en función de los intereses populares. Por esa razón, en estos momentos en que el país está a las puertas de unas elecciones, ha formulado un profundo estudio sobre la realidad y las condiciones económicas, sociales y políticas de la Nación y ha decidido plantear en el presente programa esos problemas, lo mismo que las respectivas soluciones.

A juicio del Partido Acción Renovadora son cinco los problemas fundamentales del país, así:
1. El problema de la injusta distribución del Ingreso Nacional.
2. El problema de la tierra.
3. El problema del atraso de la educación.
4. El problema de la dependencia económica y política del país.
5. El problema del régimen político antidemocrático.

El Partido Acción Renovadora presenta por separado en este documento el análisis de cada uno de estos problemas, con sus causas y efectos, exponiendo las medidas que pondrán en práctica en caso de que sus candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencia de la República resultaran electos por el pueblo y llegaran al poder. Piensa el PAR que las respectivas soluciones a esos cinco grandes problemas son:

1. Una justa distribución del Ingreso Nacional.
2. Una Reforma Agraria.
3. Un programa de desarrollo acelerado de la educación.
4. Independencia económica y política del país.
5. Un régimen político de amplia democracia.

El partido desea llamar la atención de todos los sectores: obreros, campesinos, empleados públicos y particulares, pequeños y medianos comerciantes y agricultores, pequeños y medianos industriales, profesionales, estudiantes universitarios, intelectuales, etc.. para que mediten sobre el contenido del presente Programa de Gobierno y unan fuerzas, bajo la bandera del PAR, apoyando a los candidatos que estarán dispuestos a ponerla en práctica.

Es bueno aclarar que el Partido Acción Renovadora, aún cuando basa su Programa sobre cambios profundos para las estructuras del país, no cree que deban esperarse esos cambios para enfrentar los graves e ingentes problemas nacionales. El Partido considera que se hace necesaria la adopción de medidas de emergencia, que al menos alivien la situación, frente a la crisis económica y social que se avecina. Al respecto. al final de este documento, se sugieren algunas de esas medidas para que sean puestas en práctica con carácter urgente.

Antes de pasar al enfoque de los problemas y soluciones apuntados, el Partido Acción Renovadora (PAR) declara: que el presente Programa de Gobierno está basado en los preceptos establecidos en la Carta Magna y que está dispuesto a divulgarla a todos los sectores sociales, por todos los rumbos del país. llevando como estandarte la Constitución Política.

El Partido Acción Renovadora sostiene que la lucha por los objetivos aquí planteados debe ser permanente y no quedar condicionada sólo a la posibilidad de un triunfo electoral. Por tanto, expresa su disposición de proyectar hacia adelante esta lucha, cualquiera que sea el Gobierno existente en el país, y hace un patriótico llamado a todas las fuerzas nacionalistas para unir su acción, a efecto de alcanzar todos o cualquiera de estos objetivos aún cuando no coincidan en otros aspectos de la lucha política.

1. El problema de la injusta distribución del ingreso nacional

Siendo el Ingreso Nacional la suma de todos los bienes y servicios producidos con el trabajo y esfuerzo de toda la comunidad salvadoreña, lo justo y conveniente para el país es que se distribuya de acuerdo con ese esfuerzo realizado por todos y cada uno de los salvadoreños, de tal manera que les garantice un nivel de vida adecuado y digno.

La realidad ha sido precisamente lo contrario. De conformidad con estudios realizados por una misión de las Naciones Unidas en 1946, de 435 millones de colones a que ascendió el Ingreso Nacional ese año, 190 millones (44%) fueron absorbidos por sólo el 10% de la población mientras que 245 millones (56%) fueron percibidos por el 90% de los salvadoreños.

Como consecuencia de esa situación, mientras un pequeño porcentaje de la población percibió una
desproporcionada cantidad del Ingreso Nacional en forma de fabulosos beneficios, rentas e intereses, en el 90% restante existió desocupación y hubo salarios tan bajos que solo permitieron, en los casos de inferior ingreso, DIECIOCHO CENTAVOS DE COLON diarios de gasto por persona, lo que evidentemente no sólo les privó a los trabajadores de ropa, medicina, educación y diversiones, sino que no les alcanzó para cubrir la alimentación mínima.

Ese 90% de la población, como paradoja, es la que generó y sigue generando el Ingreso Nacional. ya que según dicho estudio ese porcentaje está formado por trabajadores del campo y la ciudad.

En 1963 la cifra del Ingreso Nacional se había elevado a MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL COLONES (1,596,583,000.00) lo que comparado con el Ingreso de 1946 significó una triplicación del mismo. No obstante, la distribución de ese Ingreso, como se deriva de estudios y muestras realizadas por instituciones oficiales que cubren hasta 1964, sigue igual. La concentración de una gran parte del Ingreso en pocas manos continúa de igual manera, mientras la gran masa de población percibe ingresos que la obligan a llevar condiciones de vida completamente deprimentes e infrahumanas.

El más importante factor, a nuestro juicio, que motiva esa injusta distribución es la inadecuada distribución de la propiedad del capital y de los recursos naturales del país. Basta un simple análisis estadístico e histórico para comprobar que éstos se encuentran concentrados en un reducido número de personas. A ello hay que sumar la ineficacia redistributiva de la política fiscal seguida por los gobiernos, las limitaciones en las oportunidades de empleo, las imperfecciones del mercado y lo inadecuado de la política general de tributación.

La injusta distribución del ingreso tiene repercusiones desastrosas para el desarrollo del país que se
manifiestan principalmente en dos campos íntimamente relacionados: el social y el económico.

En lo social ha significado condiciones
completamente inaceptables en materia alimenticia, de salud, educación vivienda. Basta observar que para 1961
las expectativas de vida únicamente eran de 49 años
como promedio comparado con promedios de 70 años
para las naciones desarrolladas. Para 1961 el coeficiente
de analfabetismo ascendía al 65%;que en la población
de 6 años, más únicamente el 37.3% había recibido educación primaria, que el 4.5% de la población en edad mayor de 10 años había recibido una educación de nivel medio; que únicamente el 1 por mil de la población mayor de 19 años había recibido educación universitaria. Hay apenas en nuestro país un médico por cada cinco mil habitantes, los cuales se encuentran en su gran mayoría concentrados en San Salvador, quedando extensas zonas en la increíble proporción de un médico por cada cuarenta o cuarenta y cinco mil personas. En materia de desnutrición somos uno de los países más atrasados del mundo junto con la India; y es aceptado por las mismas autoridades que aquí faltan por lo menos doscientas cincuenta mil viviendas. A los anteriores datos podrían sumarse otros, igualmente pavorosos en todos los órdenes de la vida nacional.

En el campo específico de la Economía esa desigual distribución del Ingreso ha significado un obstáculo para el desarrollo económico. Los bajos intereses percibidos por el 90% de la población destinados en su mayoría al consumo, impiden la creación de mercados necesarios para el desarrollo industrial y la formación del ahorro nacional que permita crear una industria verdaderamente fuerte e independiente.

La situación planteada en relación a la distribución del Ingreso determina su importancia, no sólo para obtener una verdadera justicia social, sino para lograr un desarrollo en todos los sectores de la economía haciendo subir ese Ingreso Nacional para beneficio de todos. En razón de ello, el Partido Acción Renovadora si sus candidatos son electos para ocupar la Presidencia y Vice-Presidencia de la República, se propone poner en práctica las siguientes medidas:

1. Una Reforma Agraria, conforme los lineamientos contenidos en otro apartado de este Programa. Esta reforma es indispensable para reducir las desigualdades en la distribución del Ingreso del sector rural, permitiendo asimismo aprovechar en forma más racional la mano de obra disponible en ese sector e impulsar la industrialización.
2. Reorientar el gasto público hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población, como salud, vivienda, educación y seguridad social.
3. Reforma del sistema tributario, en el sentido de aumentar los impuestos en los niveles de altos ingresos, disminuyéndolos para los niveles de bajos ingresos.
4. Establecimiento de salarios mínimos en todos los sectores de la población, urbana y rural, que garanticen niveles de vida adecuados y dignos.
5. Establecimiento de controles de precios para los artículos y servicios básicos de la población.
6. Reforma del sistema bancario para asegurar que la mayor parte de los recursos de crédito y financiamiento se dirijan a la actividad productiva y al desarrollo social, y presten apoyo suficiente a los pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad.
7. Un programa de desarrollo acelerado de la educación conforme a los lineamientos contenidos en otro apartado de este Programa que promueva el dominio de la ciencia y de la técnica y por consiguiente determine el crecimiento de la productividad del trabajo y colabore a lograr una justa distribución del Ingreso Nacional.
8. Aplicación de un plan nacional de desarrollo rápido de los servicios de salud púb1ica que contenga por lo menos, las medidas siguientes:
a) Deberá procederse de inmediato a una rebaja en los precios de las medicinas y a un control efectivo en los mismos, así como a una reducción en el costo de los servicios médicos.
b) Aumento sustancial y progresivo del presupuesto de Salud Pública para atender a las necesidades de los planes de desarrollo que aquí se esbozan.
e) Atención especial al desarrollo de la medicina preventiva hasta convertirla en el renglón principal de la actividad del Ramo de Salud Pública.
d) Construcción de hospitales, centros de salud y unidades sanitarias, con una ubicación conveniente para el fácil acceso de la población de todo el país, teniendo por mira la creación, en un plazo no mayor de 10 años, de un sistema nacional de asistencia médica eficiente, organizado en base de una interrelación cooperativa entre los distintos planteles: desde las unidades sanitarias de las pequeñas poblaciones o cantones, pasando por los centros de salud de las cabeceras departamentales hasta el centro hospitalario principal de una zona y por último hasta el centro hospitalario principal del país.
e) Apoyo y estímulo a la política actual de la Universidad de El Salvador tendiente a ampliar progresivamente el cupo para los estudios médicos y el número de las graduaciones anuales en esta profesión. Asimismo, deberán impulsarse planes de crecimiento acelerado de la educación en todas las carreras cortas auxiliares de la medicina y establecerse los estudios para carreras de salud pública que aún no existen en el país, como por ejemplo, la Ingeniería Sanitaria, la Técnica Nutricional y otras.
f) Elevación del nivel técnico del personal de salud pública mediante un sistema permanente de educación que combine los cursillos de adiestramiento intensivo, con los recursos de duración prolongada. Consecuentemente, los sueldos del personal, en particular de aquellos que son más bajos, deberán ser mejorados. Por otra parte, el mejoramiento de los servicios actuales y el desarrollo del plan de construcción de planteles de salud, demandarán el aumento progresivo del número de plazas.
g) Estimular la presencia de médicos jóvenes y técnicos de salud pública en las areas rurales, mediante una justa escala de sueldos y la creación de toda clase de facilidades para que continúen su preparación científica y técnica, como las siguientes:
creación de bibliotecas accesibles, suministro de materiales de experimentación y divulgación, fácil expedición de las consultas a los centros hospitalarios grandes, cursillos de refrescamiento, etc.
h) Convertir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social en una verdadera Institución de seguridad social para la clase trabajadora, transformando completamente su funcionamiento actual, que es deficiente. El Seguro Social deberá extenderse a todo el país y abarcará otros riesgos que ahora no protege.
9. Aplicación de un vasto programa para enfrentar el
problema de la vivienda, que comprenda por lo menos , las medidas siguientes:
a) Reducción de los alquileres de la vivienda a un nivel que no sea superior como promedio. al 10% del costo de la vida de la familia trabajadora. (Artículos 135, 136 y 137, de la Constitución Política).
b) Limitación del número de casas y apartamientos de alquiler que una misma persona pueda poseer en propiedad privada(Artículos 136 y 137 de la Constitución Política). Las viviendas que sobrepasen ese límite serán expropiadas mediante el pago de una previa indemnización, conforme al Artículo 138 de la Constitución y, según el caso, serán asignadas a los particulares para que vivan en ellas y adquieran su propiedad pagando su precio por abonos, o al Estado para su reconstrucción cuando se encuentren en estado calamitoso o no ofrezcan condiciones adecuadas de salubridad.

Dentro de los limites que señale la ley que se emita a este respecto. se permitirá la propiedad privada de mesones; pero el Estado obligará a su mejoramiento y a su transformación progresiva en casas de apartamientos con todos los servicios, para lo cual prestará ayuda técnica y créditos a los propietarios
c) Puesta en práctica de un programa estatal de construcción masiva de viviendas de tipo popular. principalmente de edificios multifamiliares en todas las cabeceras departamentales.
d) El Estado velará porque los agricultores que emplean trabajadores temporales construyan viviendas adecuadas para ellos y, con ese fin, les prestará ayuda técnica y crediticia.

Además el Estado impulsará, con la participación directa de los trabajadores agrícolas, un vasto Plan de construcción de poblados modernos en el campo, localizándolos de acuerdo a las necesidades de mano de obra en cada región. En primer lugar, deberán ser modernizadas las poblaciones rurales que en la actualidad existen, urbanizándolas, dotándolas de electricidad, agua potable, servicios de salud escuelas, etc. Estas medidas para el mejoramiento de la vivienda rural sólo podrán alcanzar pleno éxito si se realiza una reforma agraria como la que propone el PAR; de lo contrario, todo plan sobre vivienda rural tendrá enormes limitaciones.
e) Puesta en práctica de un plan para transformar los actuales poblados tipo “fortaleza” en comunidades modernas. Ese plan comprenderá: dotación a los moradores de los terrenos en que están sus casas actualmente o de otros más apropiados; urbanización de esas colonias o poblados, dotándolas de electricidad, agua potable, alcantarillado, servicios de salud, escuelas y transporte; construcción de viviendas para sustituir las covachas, empleando a los mismos moradores en las obras.

2. El problema de la tierra

En nuestro país la tierra se encuentra increíblemente concentrada en pocas manos. Según se deduce de las cifras proporcionadas por el Censo Agropecuario de 1961, apenas 1,799 propiedades mayores de 143 manzanas poseen UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL SETECIENTAS TREINTA Y CINCO MANZANAS. es decir. casi la mitad de toda la tierra, mientras las 86.306 propiedades restantes, entre las que se encuentran 52,301 con menos de dos manzanas de promedio por cada una, abarcan la otra mitad. En los hechos. la concentración es todavía mayor ya que, como es sabido, los hacendados suelen poseer no una sino varias propiedades grandes,
medianas y pequeñas, situación que el Censo no revela.

Estando la tierra concentrada en tan pocas manos,
los frutos del trabajo de la mayoría de nuestro pueblo, que se encuentra aplicado a la agricultura son absorbidos injustamente por una ínfima minoría de personas, deparando el hambre, la miseria, la mala salud y el atraso cultural para centenares de miles de compatriotas, que son los verdaderos productores de cuanto se cosecha en los campos.

El acaparamiento de la tierra no afecta solo a los trabajadores campesinos; también perjudica enormemente a los agricultores con espíritu de empresas que invierten sus capitales en la producción agropecuaria alquilando tierras a los hacendados. Los grandes propietarios sin exponer a riesgos ningún capital y sin contribuir a la producción con ningún trabajo personal, perciben de este modo, rentas que en conjunto suman muchos millones de colones anuales, por el sólo hecho de poseer un título de propiedad. Esas enormes rentas se extraen al esforzado trabajo de cientos de miles de trabajadores y de miles de pequeños y medianos agricultores. Los salarios podrían ser mejores y las empresas agrícolas más prósperas si no soportaran esta carga, tan agobiadora como inútil para el país.

Es de lógica suponer que toda la tierra disponible tendría que estar cultivada en un país tan pequeño como el nuestro, con una densidad de población tan alta, con tantas necesidades alimenticias insatisfechas y con un desempleo crónico tan extenso en los campos. Pero ocurre todo lo contrario: según el mismo Censo de 1961, el 60% del territorio comprendido dentro de las propiedades agrícolas se encuentran sin cultivar. Entre tanto, el país se ve obligado a comprar grandes sumas de alimentos en el extranjero (en 1965 se gastaron en alimentos importados 69,828,000 colones) extensas masas de campesinos carecen de tierra o de ocupación y sus hábitos y capacidad productivas, que podrían estar al servicio del progreso nacional, se desperdician absurdamente.

Los miserables salarios rurales, el desempleo, la ociosidad de la tierra y los inferiores rendimientos de la agricultura, son la causa principal de la bajísima capacidad de compra de nuestra población, constituyendo un gran obstáculo para el desarrollo de la industria y un factor que influye en mantener los bajos salarios y el desempleo en las ciudades, lo mismo que en hacer insuficiente la capacidad de los pequeños y medianos capitalistas salvadoreños para competir con las mercaderías importadas.

La concentración de la tierra en pocas manos constituye, pues un enorme obstáculo para el progreso nacional y debe ser removido. Ningún programa de desarrollo social tendrá el menor éxito si no se apoya en una Reforma Agraria verdadera, que solucione a fondo el problema de la tierra.

El Partido Acción Renovadora no entiende por Reforma Agraria el simple reparto de la tierra en pequeños lotes. De sobra sabemos que la tierra no seria suficiente para todos y que la técnica moderna no puede emplearse como es debido en una economía de pequeñas parcelas. Nuestro país necesita de una gran producción agropecuaria para abastecer a su población de alimentos suficientes, a los agricultores pequeños y medianos de ingresos estables y suficientes y a las masas trabajadoras de salarios justos y empleo permanente. La Reforma Agraria deberá tener por mira invariable tales objetivos y, por consiguiente, para alcanzarlos hará uso no sólo del reparto de parcelas sino también de otros medios que la técnica aconseja y la Constitución manda.

El Partido Acción Renovadora considera la causa de la liberación de los campesinos como una cuestión ligada al problema de la tierra y como una tarea histórica, cuya importancia fue exaltada recientemente en declaraciones públicas del Dr. Jesús Góchez Castro, Presidente del PAR, con las palabras siguientes: “Nuestro campesinado es la clase trabajadora que más ha estado abandonada de la justicia humana y su redención tiene tanta trascendencia como lo tuvo la abolición de la esclavitud, con una notable diferencia: cuando el prócer Cañas presentó su histórica moción, las condiciones ya estaban maduras para que se aceptara por unanimidad y sin mayores discusiones, hasta el punto de ser modificada en el sentido de que la manumisión de los esclavos se decretó sin indemnización para los propietarios. En cambio, para redimir a los campesinos de las condiciones infrahumanas en que viven, se requiere todavía lucha titánica y cruentos sacrificios”.

La Reforma Agraria es plenamente posible dentro del marco de la actual Constitución Política, podría decirse incluso, que ella es una necesidad cuya satisfacción exige la propia Constitución. Tal se desprende de la lectura de sus artículos 135. 136 inciso 1°, 137, 138 incisos 10o y 2°, 145, 147 y 181 incisos 1° y 2°.

Tomando en cuenta todas las consideraciones y objetivos antes expuestos el Partido Acción Renovadora somete a la consideración del pueblo salvadoreño las siguientes medidas básicas para una Reforma Agraria y declara su compromiso de llevarla a la práctica si sus candidatos para la Presidencia y Vice-Presidencia de la República son electos:

1. Expropiación de las tierras excedentes de 150 manzanas. mediante el pago de una indemnización previa, que podrá hacerse en efectivo, con bonos redimibles a un plazo no mayor de 20 años conforme al artículo 138, inciso 2°, de la Constitución Política, o aplicando un sistema mixto, según las posibilidades de la economía nacional y teniendo en cuenta que serán consideradas como principales las necesidades del desarrollo económico y social del país. (Artículos 135, y 138 inciso 1° de la Constitución Política).

El organismo encargado de aplicar la Reforma Agraria, tomando en cuenta la diversa fertilidad de los suelos y guiándose por razones técnicas y de conveniencia social, podrá aceptar en algunos casos un limite mayor que las mencionadas 150 manzanas. En lo sucesivo deberán quedar prohibidas las propiedades agrícolas privadas de más de 150 manzanas, o de las que en cada caso fije el organismo que aplique la Reforma Agraria, y nadie podrá poseer mayor cantidad de tierra ni en uno ni en varios predios conjuntamente.
2. Entrega de la tierra expropiada a los campesinos mediante la aplicación de las .normas siguientes:
a) Todos aquellos campesinos que a la fecha de la Ley de Reforma Agraria cultivaren tierras ajenas dentro de fincas o haciendas superiores a las 150 manzanas, pasarán a ser dueños de las mismas por una extensión no mayor de 6 manzanas, por cada uno, sin pagar a cambio, precio alguno. Aquellos que a esa misma fecha estuvieran cultivando tierras ajenas en fincas o haciendas inferiores a las 150 manzanas, recibirán parcelas en otro lugar.
b) Los campesinos que al emitirse la Ley de Reforma Agraria cultivaren tierras propias o ajenas menores de seis manzanas, deberán recibir más tierra si ello fuere necesario para asegurar que la producción en sus parcelas sostenga de modo satisfactorio las necesidades individuales y familiares.
c) Los organismos encargados de aplicar la Reforma Agraria determinarán un tamaño mayor o menor de seis manzanas para las parcelas campesinas, teniendo en cuenta la diversa fertilidad de los suelos y otras circunstancias de índole económica, social y técnica en general.
(Estas normas se encuentran respaldadas por los siguientes Artículos Constitucionales: 135: 137 inciso 1°; 147 y 148).
3. Los particulares o el Estado podrán organizar asociaciones económicas para la explotación agrícola o ganadera y empresas propias o mixtas (particulares y Estado asociados), con el mismo fin. Estas asociaciones y empresas serán particularmente indispensables en aquellos casos en los que la parcelación de la tierra podría romper la unidad económica de los cultivos y acarrear perjuicio en vez de beneficio para la producción. Tal es el caso de las grandes plantaciones de café, algodón, caña de azúcar y otros. De igual manera, serán importantes estas asociaciones y empresas cuando sea necesario alcanzar un rápido desarrollo de ciertas ramas de la producción agropecuaria, para atender a urgentes necesidades nacionales y sea indispensable con tal fin realizará cuantiosas inversiones que no están al alcance de los campesinos parceleros ni de los empresarios privados por sí solos, o cuando sean indispensables grandes inversiones, como es la preservación y creación de los bosques nacionales, cuyos beneficios sólo podrán obtenerse a muchos años de plazo.
(El artículo 145 de la Constitución respalda con plenitud esta medida).
4. Los propietarios privados, de 150 manzanas o menos, recibirán absoluta protección a su derecho de propiedad y, además gozarán de las facilidades de crédito y ayuda técnica que los programas de desarrollo agrícola dispongan, dado que dentro de estos límites el sector privado representa una poderosa y dinámica fuerza de progreso que será de una utilidad enorme para promover el desarrollo de nuestra atrasada producción agropecuaria.
(Artículos 136 y 137 inciso 1° de la Constitución).
5. En adelante deberá quedar prohibido el arrendamiento de la tierra mediante el pago de especie (censos) y el arrendamiento mediante renta en dinero será regulado por una escala calculada en forma técnica, en base de la distinta fertilidad de los suelos, del rendimiento de los distintos cultivos y del desarrollo desigual de las vías de transporte existentes. Todo propietario estará obligado a cultivar su tierra y sólo podrá darla en arrendamiento hasta en un 50%.
(Artículos 135, 136 y 137 inciso 1° de la Constitución).
6. Los caminos, los ríos, los canales de riego, no podrán ser de propiedad privada y deberán estar abiertos al servicio público de los agricultores y de toda la población.
(Articulo 138 inciso 1° y 2° de la Constitución).
7. Los bosques no deberán ser destruidos. El Estado promoverá la reforestación del país y fomentará la silvicultura.
8. Se procederá a una elevación de los salarios para los trabajadores del campo, a extenderles el derecho de su libre organización sindical y demás derechos laborales vigentes para los trabajadores urbanos y a extenderles también los beneficios del seguro social. Se procederá al establecimiento de suficientes servicios rurales de salud y al mejoramiento de los actuales y se pondrán en marcha vastos y acelerados programas de construcción de viviendas y de desarrollo de la educación para la población rural. orientándola en el sentido de dotarla de conocimientos de cultura general y de la técnica, indispensables para mejorar la producción y el rendimiento del trabajo.
(Artículos 182 numeral 2. 186, 191. 195, 196 y 198 de la Constitución).
9. El programa de elevación de los salarios y condiciones generales de vida para la población del campo, no arruinará a los agricultores como se alega comúnmente, porque al mismo tiempo se impulsará el crecimiento e la productividad del trabajo mediante la realización de grandes obras de riego, conservación y rescate de suelos, que elevarán la fertilidad general de la tierra, la tecnificación masiva de la mano de obra, la mecanización de las labores, etc. A todo ello tendrán pleno acceso los agricultores, sin discriminación. y además, contarán con todo el apoyo crediticio y técnico de parte del Estado.

Por otra parte, la aplicación de la Reforma Agraria, la realización de las grandes obras de riego y las otras medidas a que se ha hecho referencia, deberán absorber de modo rápido el desempleo. Esto, unido al alza de los salarios, multiplicará el poder de compra de la población y, en consecuencia. los productos agropecuarios contarán con un mercado interno rico y en crecimiento constante. En tales condiciones desaparecerán las fluctuaciones ruinosas de los precios.

Entretanto, el gobierno impulsará una política de comercio exterior guiada por el propósito de conseguir colocación total y precios justos para los productos agrícolas de exportación.

Todas estas medidas redundarán en un incremento de los ingresos de los agricultores, además de que asegurarán mercado y prosperidad para la industria, haciendo posible que la elevación de los salarios y prestaciones sociales para los trabajadores agrícolas, lejos de perjudicarlos, los
beneficien a ellos también.
10. El Estado ayudará a los agricultores a organizar
UNA COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS para asegurar la conservación, el mercadeo y la exportación de los mismos, de modo que los agricultores pueden concentrar sus esfuerzos en la producción y despreocuparse de los problemas del bodegaje y la colocación de sus cosechas a precios justos y estables.
(Artículo 145 de la Constitución).
11. La aplicación total de la reforma agraria deberá hacerse en un plazo no mayor de dos años, al cabo de los cuales deberá estar la agricultura reorganizada sobre las nuevas bases que esa ley señale y cuyos lineamientos generales hemos expuesto aquí.

Esta Reforma Agraria no provocará la reducción de la producción como alegan todos aquellos que son partidarios de mantener el actual estado de atraso e injusticia. He aquí cinco razones en contra de esos alegatos conservadores:
a) La Reforma Agraria no parcelará las grandes plantaciones de café, algodón, caña de azúcar y otros cultivos similares que cuentan con altos rendimientos y se elaboran con métodos modernos. Por consiguiente. no destruirá la base productiva de nuestra agricultura.
b) Se incorporarán a la producción las tierras que en la actualidad se encuentran ociosas y al hacerlo aumentará enormemente la producción.
c) Al convertir en propietarios a los pequeños agricultores que ahora trabajan tierras ajenas, aumentará su interés en la producción y ella se incrementará.
d) El amplio sistema de créditos, de ayuda técnica, de desarrollo de la educación, que traerá consigo la Reforma Agraria, elevará en forma sustancial la productividad del trabajo, y, por ende, la producción general.
e) El crecimiento del poder comprador de la población representará un nuevo y poderoso estímulo que redundará en un crecimiento de la producción y no sólo en la agricultura sino también en la industria.

3. El problema. del atraso de la. educación

El grave atraso de la educación representa para el pueblo salvadoreño un problema cuya solución debe enfrentarse con la más grande energía y decisión. La falta de un sistema educacional adecuado, la existencia de un elevado porcentaje de analfabetismo y la falta de capacidad técnica y científica, presentan dificultades y obstáculos muy severos al desarrollo económico, social y político del país.

El pueblo salvadoreño ha sido obligado a enfrentarse a la lucha por la vida en condiciones sumamente desventajosas. En el mundo actual, altamente tecnificado, el salvadoreño común debe desenvolverse sin saber leer siquiera y en el mejor de los casos, sabiendo leer pero sin la preparación técnica o científica que le capacite para una alta productividad. Este hecho por si solo demuestra el rotundo fracaso de las clases dirigentes y demuestra al país la necesidad de cambiar la estructura económica, social y política. y de retirar el poder de esas manos incompetentes y cargadas de privilegios, que no sólo no han podido darle a los salvadoreños una educación buena y uniforme sino que en determinados casos, han hecho todo lo necesario para impedir la solución del problema educacional.

En el país, el 65% de personas no saben leer ni escribir. En otros términos de los dos millones de habitantes mayores de 10 años en 1966, hay 1,300000 que no saben leer. El censo de 1961 estableció que de la población de más de 6 años de edad (cerca de dos millones de personas) solamente habían recibido instrucción escolar, 854 mil personas, (un 43% del total); pero, de esta cantidad, solo mil personas, es decir, un 60%, apenas habían cursado el primero, segundo o tercer grado de primaria y son en realidad semialfabetas o analfabetas completos.

Semejante situación se explica muy claramente al saber que de cada 1,000 niños de siete años de edad, sólo van a la escuela 362. Entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad solamente asisten a la escuela 195 de cada 1,000, y en 1961 solamente habían recibido educación superior universitaria 2.877 personas, o sea el uno por mil de la población. La educación técnica intermedia está reducida a un número insignificante de personas; se explica así la falta general de capacidad técnica.

Todo esto demuestra que el sistema educacional está concebido para capacitar a un porcentaje pequeño de la población. Además, en la medida que se eleva de la primaria a la media y superior, la proporción cae bruscamente hasta reducirse a la insignificante de uno por mil en la enseñanza superior. No hay duda que ella corresponde a un sistema de estructuración de la sociedad en capas superpuestas, con una exigua minoría privilegiada sobre todas ellas. En efecto. el porcentaje de personas que reciben educación en cada uno de los niveles es similar al porcentaje de personas en cada capa social establecida por la estructura económica imperante.
O sea, que tenemos limitada la educación al servicio del sistema de sectores privilegiados y es ella un factor que ayuda a conservar este sistema. Algunos sectores tienen ilimitadas oportunidades de educación; otros tienen oportunidades limitadas, y otros no tienen ninguna o casi ninguna.

Los trabajadores de la ciudad y el campo, que son la fuerza productora principal, no tienen casi ninguna oportunidad de pasar del 3er. grado y cuentan con muy limitadas expectativas de alcanzar el 6°. Estas oportunidades se reducen de modo drástico para que estudien la secundaria y prácticamente desaparecen en la enseñanza universitaria. Se ha considerado, con torpeza, que para sus funciones no necesitan educación, que pueden desempeñarlas sin capacidad técnica y aún más, que conviene que no tengan educación ni cultura pues en esa condición no pueden progresar ni tampoco reclamar sus legítimos derechos.

Esta situación debe terminar para situar a todos los ciudadanos en un plano de igualdad, a través de una educación similar y a fin de permitirles una formación técnica y científica que los coloque en condiciones de servir integralmente a la reforma y al progreso nacional en todos los órdenes.
La situación de privilegio para algunos sectores con respecto a la educación y la situación de atraso de la escuela puede y debe terminarse. Pero debe entenderse que al mejorar el sistema de enseñanza todos serán beneficiados, aún aquellos que ahora gozan de la prerrogativa de la educación, tan deficiente en calidad. Un programa de desarrollo del sistema educativo tiene que comprender también el mejoramiento radical de su calidad.

El problema educativo es de tal naturaleza que ninguna persona se atreve a negar su importancia ni tampoco a negar la necesidad de resolverlo. Todo Partido político se ha visto forzado a hacer declaraciones e el sentido de que “va a impulsar la educación” o que “va a fundar más escuelas” y todo nuevo gobierno dice iguales cosas. Pero ningún partido ni gobierno ha acudido al pueblo para unirlo, organizarlo y trabajar con él, por el objetivo de resolver a corto plazo el problema de la educación de manera integral. La razón de ello consiste en que la política de mantener la educación restringida está acorde con la de mantener en el Poder a las clases privilegiadas y minoritarias.

El gobierno actual ha procedido, con respecto a la educación, en forma conservadora y tradicional, siguiendo la política de mantener las cosas tal como están, procurando dar la apariencia de que se trabaja en favor de la educación y de que “aunque poco a poco, algo se progresa”. Para este objeto el gobierno actual ha tenido un Ministerio de Educación apropiado; la política del Ministro ha sido la de tratar de engañar al pueblo anunciando la construcción de 2,000 aulas, para indicar que progresamos y que ellos trabajan en favor de la educación. Se guarda de decir que los niños sin escuela son 400,000 y que siguiendo ese ritmo necesitaremos 30 años para albergar en las aulas al número actual de niños, para luego encontrarnos al final de ese plazo (1996) con que existe un número mayor de niños sin escuela debido al crecimiento de la población.

Solamente un gobierno surgido de la fuerza organizada de la voluntad popular puede enfrentar el problema de la educación con las dos condiciones que son esenciales para resolverlo:
1. No temer los cambios que sucederán al educar a todo el pueblo, sino por el contrario, aspirar a su plena liberación.
2. No estar al servicio de poderes económicos privilegiados que no quieren ni permiten la educación del
pueblo sino al servicio incondicional del pueblo
mismo.

Cualquier partido y cualquier nuevo Gobierno dirá lo que han repetido todos: “impulsaremos la educación, haremos más escuelas”. Sólo un partido popular le propondrá a su pueblo trabajar por la solución integral del problema educativo y enfrentarlo hasta resolverlo en la realidad y no únicamente en el papel.

Los partidos reaccionarios, al servicio de clases privilegiadas tendrán por el contrario, interés en mantener la situación actual, pedirán paciencia para educarse, dirán que no hay suficientes recursos para construir las escuelas y preparar los maestros necesarios. Estos han sido los argumentos perpetuos en contra del establecimiento de suficientes centros educativos.

El Partido Acción Renovadora invita a todo el pueblo salvadoreño a trabajar conjuntamente por la solución del problema educativo a breve plazo, para ayudar así a cambiar las condiciones de vida de los salvadoreños en forma rápida y radical.

El PAR ofrece a la ciudadanía que al mismo tiempo que se realice una reforma agraria, se realizará una verdadera revolución en la educación, a efecto de dar a los ciudadanos la preparación necesaria para la vida, el desarrollo de la agricultura, la industria y la cultura nacional.

Con las ideas que aportan sus hombres, el pueblo entero podrá ayudar a la alfabetización y a la construcción de sus escuelas e institutos.

El Partido Acción Renovadora declara su compromiso de llevar a la práctica, las siguientes medidas para el desarrollo de la educación, si resultan electos sus candidatos para ocupar la Presidencia y Vice-Presidencia de la República:

1. Alfabetización completa de la población en breve plazo de dos años.
2. Desarrollo masivo de la educación fundamental con el objeto de nivelar a la población adulta a la altura del 6° grado de la escuela primaria en un plazo breve.
3. Universalización de la escuela primaria en un Plazo no mayor de 12 años. En un término de seis años todos los niños de siete a ocho años de edad tendrán escuela y en el plazo de los 12 años no habrá niño, entre los siete y los 13 años de edad, fuera de la escuela primaria. En un plazo de cinco años todas las escuelas actualmente existentes en el país deberán contar con todos los grados, hasta el sexto, y con el personal completo de profesores.
4. Desarrollo de la educación media, de tal forma que a un plazo de 10 años pueda ella abarcar por lo menos el 50% de los jóvenes entre los 13 y los 18 años de edad.
5. Desarrollo de la enseñanza universitaria, de modo que a un plazo de 10 años pueda comprender por lo menos a un 5% de la población entre los 18 y 20 a de edad.
6. La combinación de la escuela secundaria en general con el desarrollo simultáneo del adiestramiento técnico y profesional que facilite la formación de obreros capacitados y cultos.
7. Desarrollo de vastos programas de educación netamente profesionales para la capacitación de gran número de agricultores y de obreros en diversidad de especialidades.
8. Mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles, convirtiéndola en un sistema formativo adaptado a las necesidades y distintas áreas del país. Simultáneamente deberán ser reorientadas las
bases filosóficas que dirigen la educación, para asegurar que ella está al servicio de un desarrollo nacional democrático e independiente y encaminada a darle a los salvadoreños los conocimientos y formación necesarios para resolver sus propios problemas.
9. Formación de un profesorado altamente calificado:
creación de laboratorios y bibliotecas, con suficiente equipo y materiales, que permitan poner al alcance de la población estudiantil del país, un sistema educacional moderno y eficiente.
La formación del personal implica el mejoramiento de las escuela normales y de la Universidad de El Salvador y, al mismo tiempo, la elevación progresiva y satisfactoria de los salarios de los maestros para que, al mismo tiempo que elevan sus condiciones académicas y su rendimiento puedan vivir una vida mejor.
l0. Se emprenderá un vasto plan de construcción de edificios escolares.
11.Los costos de la educación de los hijos de las
familias trabajadoras serán abaratados por medio de
un conjunto de medidas como las siguientes:
a) El establecimiento de tarifas rebajadas en el transporte para los estudiantes.
b) La reducción y control en los precios de los útiles y textos. Por su parte el Estado emprenderá la producción de útiles y textos a fin de asegurar su distribución gratuita a los alumnos de inferiores recursos y de regular sus precios en el comercio.
c) El ensanchamiento de los programas de alimentación escolar y el establecimiento de becas que abarque todos los niveles de la enseñanza.

Un plan de desarrollo de la educación como el aquí reseñado, sólo puede llevarse completamente a la práctica a condición de que se realicen las grandes
transformaciones económico-sociales contenidas en este Programa de Gobierno, especialmente la Reforma Agraria, ya que sólo así contará el Estado y la economía nacional en conjunto con los recursos y facilidades indispensables.

Ello no obstante, algunos de los puntos de este Plan, tomados por separado, pueden conquistarse, aún bajo las condiciones actuales, si el pueblo lucha por ellos con fuerza. El PAR declara su disposición a realizar un permanente esfuerzo por organizar y poner en pie de lucha a nuestro pueblo tras estos objetivos.

4. El problema de la dependencia económica y política del país

El Salvador es dependiente en lo económico. Depende su economía en alto grado de la exportación de café, algodón y azúcar. Pero además, realiza su comercio internacional sólo con una parte del mundo, en la que nuestros productos no reciben un trato justo y equitativo. Nuestro país entrega con sus productores de exportación un valor muy superior al que recibe a cambio. Mientras los precios y la colocación del café, el algodón y el azúcar caen o se mantienen inestables, los precios de las mercaderías que se compran en el extranjero aumentan constantemente. En este intercambio desigual nuestro país pierde enormes cantidades de trabajo esforzado de su pueblo, que podría estar al servicio de su propio desarrollo social y económico.

La dependencia económica ha influido tan poderosamente sobre el país que todos los aspectos de su producción han sido conformados de tal manera que refuerzan en vez de romper los lazos que nos atan a los
intereses extranjeros, así, la industria, que podría ser una formidable palanca para alcanzar la independencia económica, ha sido inducida por un curso de desarrollo que nos hace todavía más dependientes. La inmensa mayoría de empresas industriales que se han establecido, se limitan a dar terminación a productos que en lo principal ya llegan al país elaborados desde el exterior. De modo que, sin representar por un lado una solución para el desempleo, por otro lado ha hecho mayor la importación, acarreando un déficit crónico y creciente en la Balanza Comercial y de Pagos. Además. esta clase de industria no ha significado un alivio para el costo de la vida porque los precios de sus productos se mantienen iguales y hasta mayores en algunos casos, a los que ellos tenían cuando se importaban.

En los últimos años el país ha sido endeudado desenfrenadamente, aceptando condiciones económicas y políticas que debilitan la soberanía nacional y perjudican su desarrollo. El gobierno ha propiciado también la inversión de capital extranjero, rodeándolo de grandes privilegios en desmedro del capital nacional.

Como resultado del endeudamiento público y de la inversión de capital privado extranjero, han crecido en gran medida las sumas de capital que se sacan del país en concepto de intereses y ganancias. Estas sumas representan trabajo salvadoreño que se fuga de nuestra Patria, restándose a las agudas necesidades sociales y a las demandas del desarrollo, hacia otros países ya desarrollados que nos llevan muchísimos años de ventaja en todo sentido. El gobierno ha establecido las mayores facilidades para esta exportación de ganancias e intereses, en vez de obligar a su reinversión en el país.

Las enormes pérdidas en el comercio exterior desigual, las condiciones leoninas de los empréstitos, las garantías y privilegios para el capital extranjero y la libre exportación de ganancias e intereses, representan en conjunto una sangría increíble que obstaculiza el progreso y la solución de los graves problemas sociales. A esto habrá que sumar el pago de las deudas que harán todavía más pesada la ruta y más dolorosa la vida de nuestro pueblo.

La dependencia económica es base de la dependencia política. Sucesivos gobiernos, sumisos a los intereses extranjeros, entre los que se destaca con ventaja el gobierno del coronel Rivera, han hipotecado gradualmente la soberanía nacional. Hechos que dan testimonio de ello son los siguientes:
1. El gobierno ha aceptado compromisos políticos y ha otorgado privilegios económicos a cambio de lo empréstitos.
2. Ha sido abandonada la política tradicional de defensa del principio de la no intervención y del derecho a la autodeterminación. El país ha sido comprometido en la formación de un Ejército Centroamericano con declarados propósitos intervencionistas.
3. Todo el planteamiento de la actividad de Estado, en lo económico, social, político y militar, ha sido sometido a la orientación de técnicos extranjeros. El Ministerio de Educación, por ejemplo, no da un sólo paso en materia de planteamiento sin contar con la aprobación de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).
4. La posición de nuestro país en la OEA y en las Naciones Unidas se ha hecho cada vez más servil a las exigencias y posiciones de determinada potencia, incluso cuando ha tenido que escoger entre seguir esa batuta o defender los intereses de pueblos hermanos, como el panameño y el dominicano, víctimas de la agresión militar norteamericana.
5. Aunque los intereses del país lo reclaman urgentemente, el Gobierno se ha obstinado en impedir el
comercio con todos los países, en busca de precios justos y colocación completa para sus productos, acatando de esa manera la política del Gobierno de los Estados Unidos, que desde la terminación de la segunda Guerra Mundial decretó, para su conveniencia un bloqueo al libre comercio mundial.

El Partido Acción Renovadora no se opone a la contratación de empréstitos extranjeros, ni está en contra de que se permita al capital foráneo invertir en nuestro país. Considera, eso sí, que los préstamos deben respetar incondicionalmente la independencia nacional, el derecho a orientar nuestro propio rumbo, y no deben negociarse a cambio de concesiones que entorpezcan o deformen nuestro desarrollo. Sostiene, además que las inversiones extranjeras deben someterse a condiciones de operación que no menoscaben los intereses del capital nacional. y debe asegurarse que la mayor parte de las ganancias sean reinvertidas dentro de nuestro país, conforme a los planes de desarrollo económico preparados por un gobierno verdaderamente independiente.

El Partido Acción Renovadora se propone constituir un GOBIERNO INDEPENDIENTE Y NACIONALISTA, si sus candidatos son electos para la Presidencia y Vice-Presidencia de la República. Ese gobierno, a fin de alcanzar la independencia económica y política plena, pondrá en aplicación las Medidas siguientes:
1. Comercio exterior con todos los países, guiándose por el propósito de conseguir precios justos, un intercambio equitativo y colocación total para los productos salvadoreños de exportación. El comercio exterior deberá también asegurar el abastecimiento de máquinas y materias primas suficientes para un desarrollo industrial acelerado o independiente.
2. Revisión de los compromisos para la independencia y el interés nacional que se hayan adquirido mediante la contratación de empréstitos.
3. Reorientación de la política de desarrollo industrial a fin de promover la transformación de las materias primas nacionales actuales y las nuevas que se produzcan; de conseguir un desarrollo armónico de sus distintas ramas y de elevar la proporción de trabajo salvadoreño que ella consuma.
4. Revisión de todo el sistema de privilegios establecidos para el capital extranjero, con el objeto de garantizar la preferencia para el capital nacional en los programas de desarrollo; y establecimiento de la obligación de depositar en los bancos nacionales por lo menos el 60% de las ganancias que aquel obtiene en nuestro país, a fin de aumentar la capacidad financiera del país, al servicio de planes de desarrollo independiente.
5. Revisión y reorientación de la política de integración económica centroamericana que sigue nuestro país, para asegurar el predominio de los intereses centroamericanos y salvaguardar la independencia del istmo.
6. Adoptar una política exterior basada en los siguientes principios: Defensa de la paz mundial; relaciones diplomáticas y culturales con todos los Estados del mundo; defensa del principio de la no intervención y del derecho a la autodeterminación de los pueblos; búsqueda de la unión de Centroamérica partiendo del interés común de sus pueblos a una vida democrática y de prosperidad social; lucha contra el colonialismo en todas sus manifestaciones.
Por consiguiente: deberá ser rescindido el llamado Tratado de Defensa Centroamericana, que crea un instrumento de intervencionismo; y deberá ser corregida nuestra línea de conducta en la OEA y las Naciones Unidas.
7. Emitir las disposiciones necesarias para que los medios fundamentales de transporte y comunicación, los puertos y los medios de difusión del pensamiento, la producción y distribución de energía eléctrica, las empresas de exportación de productos básicos, sea de propiedad nacional, y libres de ingerencia extranjera.

5. El problema del régimen político antidemocrático

Los derechos y libertades democráticos forman parte de las Constituciones salvadoreñas desde la primera de ellas promulgada en 1824. Fue en la Constitución de 1886 donde los principios liberales para la estructuración del Estado y el régimen de derechos y libertades públicas alcanzaron una expresión más sistematizada entre todas las del siglo pasado, y ha sido ella el modelo de todas las emitidas posteriormente.

Aún aquellas Constituciones elaboradas exprofeso para servir a gobiernos tiránicos conservaron en su letra el régimen de derechos y libertades democráticas fundamentales. Sin embargo, en la vida práctica, la situación de la democracia en nuestro país fue y es radicalmente distinta a la letra del derecho constitucional. La igualdad ante la ley es hoy y ha sido en el pasado una simple frase en la Carta Magna. De hecho, en nuestro país hay por lo menos dos categorías de ciudadanos: los del campo y los de la ciudad. En los campos no impera la Constitución Política, sino la Ley Agraria. Cada agente de la Guardia Nacional porta un ejemplar de esa ley en vez de uno de la Constitución y la aplica con un rigorismo arbitrario.

La inviolabilidad del domicilio, la libre asociación emisión del pensamiento, la simple libertad de tránsito el derecho a ser oídos y vencidos en juicio, a no se privados de la libertad sin orden de autoridad competente, la prohibición de los castigos corporales, el derecho a expresar libremente la voluntad por medio del sufragio, etc., son inoperantes para el pueblo rural, que forma empero la mayoría enorme de nuestra población.

En las ciudades la igualdad ante la ley es también ficticia. Los trabajadores, aunque han conquistado algunos derechos sociales mediante sus luchas, se encuentran en gran desventaja frente al poder público en comparación con las clases acomodadas de la sociedad. El derecho de huelga establecido por la Constitución Política, en la práctica ha sido suprimido por los requisitos y trámites deliberadamente dilatorios que establece el Código de Trabajo: existe en vigencia una arbitraria diferenciación entre distintas categorías de trabajadores, que no sirve para otra cosa más que para eliminar el derecho de huelga, a la libre sindicalización etc., de extensos sectores tales como el de empleados públicos y domésticos. Entre tanto, los empresarios cuentan con grandes facilidades para eludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales, mediante el llamado “cierre por incosteabilidad”. así como para impedir la formación de sindicatos o destruir los ya organizados. por medio del despido de los dirigentes y hasta la masa completa de sindicalizados.

El mejor sistema jurídico es inútil si la parte adjetiva del mismo permite la retardación de los procedimientos o se basa en los principios procesales que son propios de otras materias, tal como ocurre en los juicios laborales en el presente. El procedimiento laboral debe ser ágil, pronto, discrecional, ventilado con una nueva mentalidad, libre de perjuicios, que responda a su razón de ser: compensar, en lo posible a favor del trabajador el mayor poder económico de la parte patronal.

Por otro lado, los reducidos grupos oligárquicos y la alta jerarquía militar gozan de una posición ilimitadamente privilegiada que se destaca muy por encima, no digamos ya de los trabajadores, sino incluso de las demás capas poseedoras. Más aún, existen diferencias ante la ley entre hombres y mujeres, que en la práctica son mucho más numerosas y profundas.

En el quehacer político la inexistencia de la igualdad ante la ley es una verdad evidente. Los grupos gobernantes y los sectores sociales a quienes ellos representan tienen a su favor la Ley Electoral y a todo el aparato del Estado, construido y educado para asegurar el dominio sobre el gobierno por parte de las minorías sociales y de quienes están a su servicio. Las fuerzas políticas de la oposición, y especialmente aquellas que propugnan por la democratización del país, soportan de hecho el arbitrario despojo de sus derechos políticos y la burla de los mismos mediante toda clase de procedimientos fraudulentos, refinados o burdos.

La libre emisión del pensamiento es negada en la práctica mediante una obstinada persecución contra las ideas avanzadas, para cuyo fin han sido emitidas diversas disposiciones legales y se ha impulsado un crecimiento desorbitado de los grupos policiales, absorbiendo valiosos recursos que se restan a las necesidades del desarrollo social. económico y cultural. Persiguiendo las ideas se ha entrado de lleno a la violación de la correspondencia y a la censura y decomiso de libros.

En verdad, la soberanía no reside en el pueblo y el sufragio universal, directo y secreto no es la fuente real del poder. La inmensa mayoría ciudadanía, después de reiteradas burlas a su voluntad, no se siente estimulada a emitir su voto. Los progresos en el terreno electoral, que se contraen al establecimiento del sistema de representación proporcional en la Asamblea Legislativa, por la que lucharan tanto las fuerzas de oposición en los años de 1959 y 1960 resultan diminutos dentro del marco general de disposiciones restrictivas de la Ley Electoral y de la empedernida práctica de la imposición y el fraude.

La estrechez antidemocrática ha comenzado a invadir hasta la propia Constitución Política. Por ejemplo representa un retroceso en comparación con la Constitución de 1886, el que la de 1962 haya descartado el principio de la educación laica.

Detrás de las estrecheces antidemocráticas, de la negación de los derechos fundamentales a las mayorías y de la persecución por motivos ideológicos, se encuentran los intereses de la oligarquía y de la intromisión extranjera en asuntos de nuestro país. Para asegurarse el control y el manejo de la situación conforme a su conveniencia, estas fuerzas utilizan al Ejército, institución a la que, por paradoja. está encomendada constitucionalmente la salvaguarda de la independencia nacional y la garantía de vigencia para los derechos establecidos por la propia constitución.

El ejercicio del gobierno y sus prerrogativas han hecho que ciertos grupos de militares comprometan al Ejército al lado de la reacción, aunque siempre existan en su seno corrientes democráticas que aspiran a un papel distinto para la institución. El Partido Acción Renovadora declara que no es una fuerza enemiga del Ejército como institución; cree, por el contrario, que éste es indispensable para la existencia del Estado. Pero al propio tiempo condena su actual papel al servicio de la reacción nacional y extranjera, papel que obstruye el desenvolvimiento democrático de la nación. Asimismo, declara que no sustenta una posición prejuiciosa en
contra de los militares, y, antes bien, considera que tanto los oficiales como la tropa proceden del pueblo mismo y que entre ellos hay elementos demócratas y partidarios del progreso social, cuyo número aspira a que crezca.

El PAR estima que toca a los militares demócratas y progresistas una altísima misión patriótica que cumplir en la brega por democratizar al país y, particularmente,
en la democratización del propio ejército.

Frente al régimen político antidemocrático que vive
el país el Partido Acción Renovadora, en caso de que sus candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencia resulten electos, llevará a la práctica las siguientes medidas:

1. La derogatoria de la actual Ley Agraria y su sustitución por un cuerpo jurídico acorde con la Constitución Política, que garantice el goce pleno de las
libertades y derechos para la población rural.
2. Derogación de todas las leyes que coartan la libre emisión y difusión del pensamiento y erradicación
de todos los procedimientos de hecho empleados para impedir el ejercicio de este derecho.
3. Emisión de un Código Electoral que sea auténtico instrumento de la democracia política, para garantizar la libertad y la pureza del sufragio y la completa libertad para organizar partidos políticos.
4. Supresión radical de todo procedimientos legal o no, que directa o indirectamente depare privilegios
o vulnere el principio de la igualdad ante la ley de todas las personas, sin consideración a su ideología, posición social, sexo, raza, etc.
5. Impulsar la reforma constitucional para que exista igualdad entre todos los trabajadores o sea que no
haya diferencia en cuanto a derechos laborales (salarios, jornada de trabajo, derecho de huelga y organización, estabilidad en el trabajo, etc.) entre los distintos sectores de la clase trabajadora y que desaparezca la diferencia de trato legal respecto a empleados públicos, trabajadores de industria y comercio, trabajadores del campo, servicio doméstico, etc.
6. Promover la libertad sindical amplia de los sectores de la ciudad y el campo y abolir los sistemas de control ministerial que implican menoscabo a esa libertad de organización o llevan a la corrupción del sindicalismo.
7. Garantizará la efectividad del derecho de huelga.
8. Garantizará la efectividad de la justicia laboral, mediante la autorización de medidas precautorias, la rápida expedición de justicia, el juicio discrecional de los tribunales, la especialización de los funcionarios, la facilidad para la representación sindical, etc.
9. Revisión total de la legislación laboral del país y elaboración de un Código de Trabajo inspirado en principios de verdadera justicia social.
l0. Democratización del ejército y reorientación de su papel en la vida política nacional. El sistema de privilegios deberá ser suprimido. Los derechos políticos de los miembros de la Fuerza Armada deberán ser iguales a los del resto de la ciudadanía. La institución armada deberá abstenerse rigurosamente de participar en la actividad política partidarista.
11. Depuración y reorganización del Poder Judicial.
12.Impulsará la reforma de la Constitución Política en todos aquellos otros aspectos en que contenga disposiciones antidemocráticas.
l3.Reorganización y reorientación de los cuerpos de Seguridad Pública, convirtiéndolos en cuerpos
civiles, depurando su personal y erradicando sus actuales procedimientos de secuestro, tortura y detención ilegal.
14.Asegurará la igualdad de derechos políticos y civiles para la mujer.
15.Asegurará la plena igualdad de derechos de los hijos legítimos, ilegítimos, naturales y adoptivos.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA ENFRENTAR LA CRISIS QUE SE AVECINA

El Partido Acción Renovadora considera que se avecina para el país un período de crisis económica. Tal período de crisis viene determinado por los factores siguientes:
1. Caída del precio internacional del algodón y la consiguiente reducción de su cultivo en nuestro país.
2. Dificultades para la colocación de la cosecha de café y baja de su precio en el mercado mundial.
3. Déficit en la Balanza de Pagos, por las causas siguientes:
a) Reducción de los ingresos provenientes de las exportaciones por los motivos ya referidos en los casos del algodón y el café.
b) Pago de la deuda externa y de sus intereses.
c) Creciente exportación de ganancias e intereses de capital extranjero invertido en el país.
d) Aumento considerable de las importaciones de alimentos, provocado por la calamitosa producción alimenticia de la agricultura nacional, conformada para producir en función de una economía de exportación y no para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo.
e) Excesivo aumento en las importaciones de materias primas y, principalmente, de productos a medio terminar, para ser acabados por la industria nacional.

Las primeras manifestaciones de la crisis son el gran desempleo, la reducción de los salarios, la rebaja de las ventas en el comercio y la saturación de deudas
sin recursos para su pago que soportan los trabajadores, los agricultores y los comerciantes en las zonas algodoneras; la insolvencia de los pequeños y medianos caficultores y la baja del nivel de salarios en las regiones cafetaleras; los despidos masivos en la industria y la reducción de las ventas en el comercio general.

El desempleo en los sectores rurales ha provocado el aumento de la emigración de los campesinos hacia las ciudades y, particularmente, hacia San Salvador. Ello significa: desplazamiento de los trabajadores urbanos, abaratamiento doloroso de la mano de obra, aumento de la población de covachas, mayor delincuencia y fomento de las costumbres antisociales, etc.

Desde luego, la peor parte del sacrifico corresponde a los trabajadores. Ante ellos se presenta un futuro inmediato de desempleo masivo, con todas las consecuencias que se derivan. Para muchos ésa ya es una realidad.

El Partido Acción Renovadora (PAR), siendo hoy un partido popular, comprende que está en el deber de plantear la realidad de esa crisis, con sus causas y efectos, así como proponer las medidas más inmediatas para enfrentarla, partiendo de la necesidad de defender de sus calamidades sobre todo a los sectores más sacrificados.

El Partido Acción Renovadora sostiene que estas crisis que con frecuencia sufre la economía nacional son producto de su estructura dependiente y atrasada y
demuestran la urgencia de reorganizarla mediante cambios profundos.

En verdad, la solución completa de la crisis que se avecina y de todas las crisis que puedan darse en el futuro está en los cambios estructurales de fondo. A pesar de ello, el PAR considera que se hace indispensable, en esta hora, proponer una serie de medidas de emergencia por las cuales debe de pugnarse sin esperar esos cambios estructurales; el Partido Acción Renovadora declara su disposición de luchar por la realización de ellas, cualquiera que sea el resultado de las futuras elecciones presidenciales.

El Partido Acción Renovadora, para enfrentar la crisis que se avecina, propone las siguientes medidas de emergencia:
1. Emisión de un Ley de Arrendamiento Forzoso de Tierras Ociosas para ser aplicada a aquellas propiedades mayores de 150 manzanas. Esta medida está dirigida a permitir que decenas de miles de trabajadores agrícolas, que ahora carecen de empleo, puedan cultivar la tierra y encontrar en ella un medio de vida que les asegure el mínimo sustento cuando menos. Es una injusticia, de ninguna manera aceptable, que mientras miles de trabajadores no tienen ocupación ni alimento, existan cientos de miles de manzanas de tierra sin cultivar. Esa ley debe disponer, asimismo, de la ayuda técnica del Estado y la apertura de créditos en los Bancos con garantía gubernamental, para que los agricultores puedan producir, de preferencia cereales y otros alimentos, así como también reforzar y diversificar la producción de materias primas agropecuarias para la industria nacional.
2. La realización de parte del Estado de grandes obras públicas para absorber el desempleo. En particular, son importantes para el desarrollo nacional las obras de riego, de electrificación, de construcción de escuelas, hospitales y unidades de salud; la construcción de carreteras, especialmente las que abren acceso a las zonas mas atrasadas del país, como la zona norte y las que unen las regiones de producción agropecuaria con las carreteras principales; el mejoramiento de los puertos actuales; la construcción de un sistema estatal de silos forrajeros, depósitos de granos, plantas beneficiadoras en general (sobre todo de arroz), rastros modernos, plantas lecheras, etc., para ayudar a los pequeños y medianos agricultores al incremento de su producción y al bodegaje y mercadeo de sus cosechas en buenas condiciones.
3. La prohibición de los despidos masivos de trabajadores, procediendo el Estado en cada caso a tomar las medidas necesarias para impedir el cierre de las empresas y el funcionamiento anormal de la producción. Es de urgente necesidad, por ejemplo, impedir el cierre o la reducción del trabajo en las fabricas productoras de aceite de semilla de algodón, promoviendo un plan de emergencia para asegurar el abastecimiento de esa materia prima y la siembra de otras oleaginosas (soya, ajonjolí, etc.), para sustituirlas; los propios agricultores algodoneros que ahora se han retirado del cultivo podrán ser apoyados con crédito y ayuda técnica para emprender ésos y otros cultivos.
4. La rebaja del 40% en los alquileres de la vivienda.
5. La máxima rebaja posible en las tarifas del servicio eléctrico.
6. La rebaja hasta del 30% en los servicios de transporte de pasajeros.
7. La rebaja en los precios de las medicinas y los servicios médicos.
8. Ayuda para que los pequeños y medianos cafetaleros diversifiquen su producción, como por ejemplo con la plantación de huertos de cítricos y frutales en general.
9. Apertura de líneas de crédito de fácil expedición en todos los bancos, con garantía gubernamental, en favor de los pequeños y medianos agricultores algodoneros y cafetaleros.
10. Negociación inmediata para la venta de algodón y café en nuevos mercados; y promoción de una política que tienda a la formación de un bloque internacional de países productores de algodón, con el fin de contrarrestar la funesta política que los Estados Unidos aplican en la venta de sus excedentes.
11. Ampliación por cinco años más en los plazos de vencimiento de las deudas contraídas por los trabajadores manuales o intelectuales (obreros, campesinos, empleados, maestros, etc.), pequeños y medianos agricultores, comerciantes e industriales, reduciendo durante ese plazo a la mitad los respectivos intereses que se hayan fijado.
12. Negociar la suspensión temporal, por cinco años o más del pago de la deuda pública externa, empleando las cuotas correspondiente en la construcción de las obras públicas ya citadas.
13.La prohibición total o parcial (no inferior al 60%) para la remisión de ganancias e intereses del capital extranjero invertido en nuestro país, hacia otros países. Tales ganancias e intereses deberán ser depositados en los Bancos Nacionales, para aumentar la capacidad crediticia de los mismos, en beneficio de los programas de desarrollo y las medidas de emergencia que aquí se reseñan.
14. Eliminación de todos los gastos superfluos en el Presupuesto general de la nación y, particularmente, reduciendo algunos sueldos, viáticos pensiones, a nivel de austeridad.-

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