Lunes, 06 de Junio de 2011 / 15:59 h
Un decreto, un presidente, una sancion
Dagoberto Gutiérrez
La coyuntura política del país presenta, aparentemente, una confrontación entre los poderes legislativo y judicial; pero esto es solo apariencia, porque realmente se trata de un régimen político basado en los partidos políticos confrontados con otro régimen que, sin excluir a estos partidos, incluye a otros sujetos y actores.
Los partidos políticos viven este momento como una amenaza a su existencia y consideran que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia amenaza sus intereses, y resulta necesaria e inevitable una confrontación sin cuartel con esa Sala.
Todo indica que los partidos no entienden, en realidad no pueden hacerlo, que la referida Sala intenta asegurar que el régimen político sea fortalecido, pero sobre la base de decisiones amparadas en la naturaleza política de la CSJ y de los otros órganos del Estado.
En buenas cuentas, esto significa que la Sala de lo Constitucional intenta romper con el control partidario ejercido sobre el aparato de Estado, lo que significará resoluciones políticas basadas en la política de la Constitución y no en la voluntad o intereses de los partidos políticos. Se trata de una especie de rompimiento con una práctica inveterada que se sustenta en el monopolio partidario establecido en el Artículo 85 de la Constitución.
Los partidos políticos han librado sucesivas escaramuzas contra la Sala tratando de burlar sus decisiones, pero fracasando, una y otra vez en sus afanes, hasta llegar al callejón oscuro de la maniobra más oscura.
Cuando se decide que la Sala de lo Constitucional requerirá de la unanimidad de sus miembros para resolver inconstitucionalidades, estamos frente a la peor maniobra jamás imaginada, carente de elegancia e imaginación, sin el floreo que las legislaciones ardientes requieren. La pobreza del decreto 743 atestigua una raquítica imaginación de sus autores y, pese a todo esto, este decreto abre un episodio aún más tenso que el comentado. El mismo dos de junio en que sale de la Asamblea Legislativa el decreto 743, sale de Casa Presidencial la sanción para este decreto y el “publíquese en el diario oficial”.
Tratándose de un decreto bastante grotesco que aísla aun mas a los partidos políticos, y atendiendo a la racionalidad del discurso presidencial en ocasión de sus dos años de gobierno, la apresurada sanción presidencial ha sido entendida, sentida y saboreada, como una especie de ofensa intelectual y golpe a la dignidad de la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños, y no se encuentran razones inmediatas para lo que se considera un viraje brusco hacia el bando de los partidos políticos y en contra de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que expresan la renovación del pensamiento jurídico y político de la CSJ.
La decisión de Mauricio Funes se inscribe en un arcoíris de razones que van desde resoluciones pendientes, referidas al TLC, a la dolarización, a partidas secretas, a residuos electorales, u otras que no conocemos. También puede deberse al hecho de que será la CSJ la que decidirá sobre la extradición de los militares salvadoreños enjuiciados por tribunales españoles, en torno al asesinato de los jesuitas y sus empleadas en 1989.
Sea cual sea la causa o el origen, resulta notable la existencia de una coordinación entre los partidos políticos y el Presidente de la República, por lo que también se estaría asegurando decisiones futuras en la asamblea. En la misma línea de reflexión, es destacado el hecho de la premura de la sanción presidencial e incluso el aseguramiento del espacio en el diario oficial antes de que el decreto se aprobara en la asamblea legislativa.
Estamos ante una acción coordinada de Casa Presidencial y los partidos políticos contra los 4 magistrados de la Sala, en una acción que busca, a toda costa, impedir toda futura resolución pendiente e incluso paralizar a la misma Sala, silenciarla, amarrarla, maniatarla y anularla hasta donde sea posible. Resulta que el enemigo a derrotar, tanto del Presidente como de los partidos, son 4 magistrados que han decidido liberar a la CSJ del control partidario.
El estupor del país fue la reacción inicial y aquí se consideró que Mauricio se había equivocado, que sus asesores no lo aconsejaron bien; luego apareció la indignación. Cuando la gente cayó en cuenta que no se trata de ningún error sino de una posición política del Presidente, que lo perfila y ubica en el bando correcto, el que le pertenece realmente, y en donde no están los intereses de la gente que votó por él. De ahí que esta coyuntura se convierta en una inolvidable lección para el pueblo entero que aprende a distinguir entre las palabras de un discurso y los hechos reales de una conducta política real.
Mauricio Funes involuntariamente está contribuyendo al esclarecimiento de la cabeza política de un pueblo de mucha inteligencia como el salvadoreño, que en medio del sabor amargo que representa una verdad inesperada puede comprender que nunca deberá esperar cambios favorables de un gobierno de derechas, como el actual, o de un presidente de derechas, también como el actual. Saber y entender esto resulta clave para liberarse de la tremenda loza ideológica que significa el considerar de izquierdas al actual gobierno, o de esperar que este gobierno realice los cambios favorables para la gente.
Hoy más que nunca resulta claro que ningún gobierno gobierna para todos, y su naturaleza política dependerá del sector para el que gobierna y descubrir que un gobierno no gobierno para el pueblo, el de carne y hueso, el real, el de sudor y llanto, impide considerarlo popular.