Las maras salvadoreñas se han caracterizado por una espantosa crueldad. Han decapitado personas para luego jugar fútbol con sus cabezas, descuartizado soldados y policías, forzado niños a integrarse a sus filas y volverlos homicidas, violado a miles de niñas y torturado y asesinado a las que los rechazan. Han ejecutado a miles de personas por no pagar extorsiones y a muchos otras solo por iniciación de nuevos pandilleros. Han mantenido control sobre las prisiones y los habitantes de un barrio se exponían a morir si entraban a un barrio vecino. Han sostenido retenes armados en colonias urbanas y caseríos rurales, creado cementerios clandestinos y se apoderaban de casas y negocios expulsando a sus dueños. Exhiben tatuajes específicos, que, como un uniforme, los identifica impunemente como criminales. Las maras crearon, mediante el terrorismo, un mundo donde ser pobre, bueno y honrado era un peligro mortal.
Durante la guerra murieron aproximadamente 80.000 salvadoreños. Esta cifra fue superada por la expansión criminal de posguerra. De 1994 a la fecha ha habido más de 100.000 homicidios, decenas de miles de desaparecidos, de violaciones, de mutilaciones y más refugiados que los que huyeron del país por la guerra. Las maras han estado en todo el país, han controlado barrios de la capital y han dominado más territorio que las guerrillas en los 80s. Todo esto ocurría por la debilidad del Estado y sobre todo por la indiferencia de las élites económicas y políticas, ya que el problema afectaba solo a los pobres. No se trata de narcotráfico, ni de grandes carteles, sino de un fenómeno delictivo fragmentado de caracter tribal a gran escala que se financia extorsionando a los pobres.
Humberto Rivera Luna fue capturado en Guatemala el 19 de abril de 2022
Cuando las maras eran un problema social se priorizó la represión con planes de mano dura y cuando ya eran un problema criminal masivo se hicieron treguas, pactos y hasta intentos de exterminio, pero todo con fines electorales. En el año 2018, durante el segundo gobierno de la izquierda del FMLN, fueron asesinados por grupos de exterminio más de 400 pandilleros, estos respondieron asesinando decenas de policías, soldados y también a sus padres, madres, hermanos o hijos. Los políticos, incapaces de pactar entre ellos las medidas excepcionales que se requerían para combatir al crimen, terminaron pactando electoralmente con este para mantenerse en el poder. Bajar o esconder homicidios a cambio de que las maras controlaran territorios y extorsionaran a los pobres era la esencia de los pactos.
En el orden económico El Salvador recibe 7.000 millones de dólares anuales en remesas que llegan a los pobres, pero, por un lado, las maras han impedido que esto se convierta en una explosión de pequeños negocios y, por otro, las élites empresariales construyeron centros comerciales modernos con seguridad privada al lado de barrios infectados de maras. Es decir, que, entre la crueldad de los criminales y la indiferencia de las élites, floreció una economía de rentas basada en la exportación de pobres y la extracción de remesas. El Salvador era así en un país inviable ubicado entre los más violentos y peligrosos del planeta.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele (AFP)
Cuando se abordan los temas de seguridad, la academia y la mayoría de los “especialistas” suelen concentrarse en las causas del problema, hablando de prevención y de lo que no se debe hacer. Poco dicen de lo que se debe hacer, sobre todo cuando el crimen ha arrebatado soberanía al Estado y es indispensable usar la fuerza para recuperar la paz de la gente. Alérgicos a la represión sugieren programas para prevenir una violencia brutal que ya está desatada matando a miles de personas. En El Salvador abundaron los cálculos de cuántos eran, si 60, 70 u 80 mil pandilleros, si estos resultaban de familias disfuncionales por la migración y las deportaciones, etc. Pocos ponían atención a los millones de personas que vivían bajo el terrorismo de las pandillas y lo que esto, para bien o para mal, podía implicar políticamente. Estar dispuestos a correr riesgos y pagar los costos que implicaba enfrentar el problema para resolverlo significaba transformar al país y cambiar los términos de la política nacional.
Terminada la guerra, la política estuvo dominada por una polarización extrema que impidió consensos para asumir y resolver la violencia criminal como el problema más grave del país. Esa polarización condujo al suicidio de los dos grandes partidos ARENA y el FMLN. Las pandillas utilizaban asesinatos masivos para forzar a los gobiernos a pactar. Con esa lógica, en marzo de 2022 mataron a 76 inocentes en solo dos días. Pero la realidad había cambiado porque, el suicidio de los partidos dejó una inusual concentración de poder y esto permitió alinear a los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo junto a la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General y a un gran soporte popular, para decretar y aplicar un Estado de Excepción que ha permitido más de 60.000 arrestos en pocos meses. El resultado es que los homicidios, las extorsiones, las violaciones y el miedo de la gente han caído dramáticamente y millones de salvadoreños están recuperando la paz y la seguridad. Las deserciones de policías han disminuido, la migración empieza a reducirse, los pequeños negocios se están reabriendo, la gente recupera sus casas, los salvadoreños residentes en Estados Unidos están invirtiendo en su tierra y El Salvador salió de la lista de países más violentos del mundo. Ahora, guste o no, la popularidad del gobierno se ha disparado y la crisis de la oposición política se ha profundizado.
Vista de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) capturados en El Salvador (EFE/Oscar Rivera)
Algunos piensan que el gobierno fue solo reactivo, pero previo al Estado de Excepción tomó control de las prisiones, impuso el bloqueo a las señales de celular, demandó más presupuesto para seguridad, aumentó significativamente el número de militares y policías, mejoró las condiciones económicas de estos, compró tecnología y sostuvo siempre una narrativa dura contra el crimen.
Hay puntos de la estrategia del gobierno que vale la pena destacar. El primero es haber establecido la recuperación de la autoridad del Estado sobre el territorio como centro del plan, porque ningún programa social preventivo funciona si los criminales mandan en el terreno. Un segundo punto es que contaba con unas fuerzas militares y policiales que no son corruptas. En El Salvador, a principios de los 90s, la Policía y las Fuerzas Armadas fueron reformadas, depuradas e incorporaron los derechos humanos a su doctrina. Esto ni fue ni puede ser perfecto ni puro, pero esas reformas en El Salvador impidieron la infiltración del crimen organizado como sí ocurrió en Guatemala y Honduras. Tampoco los militares y policías salvadoreños harán una matanza contra quienes protestan, como ocurrió con los más de 300 muertos que asesinaron los policías en Nicaragua. Con policías y militares corruptos es imposible ganar la batalla al crimen.
Un tercer punto es el aumento del pie de fuerza de militares y policías y la mejora en sus condiciones sociales. Si los mareros son 80.000 no se podía recuperar el territorio con 20.000 hombres y peor si estos estaban desmoralizados. Un cuarto punto es el trabajo de inteligencia. Hay dos tipos de pactos con criminales, los de convivencia como las treguas que los fortalecieron; y los de estrategia que son para destruirlos. Los pactos más clásicos para destruir han ocurrido en Colombia. Primero fue “todos contra Pablo Escobar” y esto incluyó a los otros carteles, paramilitares, DEA y el Estado. Luego el Estado fue destruyendo cartel por cartel hasta desmantelarlos a todos, luego desmovilizó a los paramilitares para después derrotar militarmente a las FARC. Se puede citar como ejemplo concreto que mientras el presidente Pastrana le dejaba 44.000 Km2 a las FARC, las Fuerzas Armadas preparaban aceleradamente a las fuerzas especiales con las que iban a combatirlas. Los colombianos llaman a estos pactos “sometimiento a la justicia”. En El Salvador, mientras los políticos de gobiernos anteriores pactaban con las maras, policías, militares y fiscales actuaban profesionalmente fichando, haciendo trabajo de inteligencia y preparando procesos y evidencias. Cuando la estrategia cambió tenían el dominio de inteligencia y estaban listos para actuar con éxito.
Un quinto punto y el más polémico, pero al mismo tiempo el más efectivo, son los arrestos y procesos judiciales masivos. Las maras tienen poder de fuego limitado, pero suficiente para intimidar, aterrorizar y matar inocentes. En ese sentido, la complejidad de las maras no reside en su capacidad de combate, sino en su carácter tribal masivo y en su extrema violencia. La política de treguas implicó dejarlos hacer y por lo tanto dejarlos crecer. Cualquier fenómeno criminal, sino se combate se multiplica. Por miedo, oportunismo o maldad, con el tiempo, más gente se une a los criminales y se beneficia de los delitos. La estabilidad le permite al crimen construir una base social que los provee de reclutas, inteligencia, cobertura y soporte. A más tiempo corresponden más delincuentes y por lo tanto necesidad de más fuerza y mayor riesgo de violencia al enfrentarlo.
Diputados de El Salvador durante una sesión extraordinaria del Congreso (REUTERS/Jessica Orellana)
En El Salvador la acción quirúrgica de capturar cabecillas la aplicaron otros gobiernos, pero no solo no funcionó, sino que generó matanzas de inocentes para presionar a los mismos gobiernos. Un problema masivo como las maras requería una respuesta masiva porque capturar cabecillas no sirve para recuperar el territorio. Sin sacar de circulación a decenas de miles de delincuentes era imposible devolverle la paz a la gente y restablecer la soberanía del Estado sobre el territorio. El indicador de victoria en el control territorial es cuando la gente pierde el miedo y empieza a denunciar al crimen y la fase superior es cuando comienza a exigir sus derechos al Estado. Un sexto punto, correspondiente con el anterior, es la necesidad de aumentar la capacidad de las prisiones. Es común decir que una escuela que se abre es una cárcel que se cierra, pero cuando el crimen mantiene a millones de personas aterrorizadas es necesario abrir más prisiones para que las escuelas puedan funcionar y esa era la realidad en El Salvador.
Hay que reconocer que una estrategia de arrestos masivos aumenta el riesgo de error. En esta estrategia la capacidad de discriminar y corregir es tan importante como el poder de combate, porque los excesos debilitan la autoridad y legitimidad de policías y militares para usar la fuerza frente a los ciudadanos. De lo que se trata es de ser temidos por los delincuentes y amados por los ciudadanos.
En El Salvador se presentaba el dilema de atender las causas del problema o atacar el problema. Muchos proponían lo primero, pero por sentido común no se podían atender las causas sin primero usar la fuerza para atacar el problema. Con la paz lograda se ha abierto el camino para estimular la microeconomía y aplicar programas sociales preventivos. Los creyentes suelen decir que los caminos del señor son inescrutables, los estudiosos de ciencias sociales dicen que la historia avanza por caminos complejos. Queda la duda si la estrategia actual hubiera sido posible mediante un consenso político nacional, pero casi 30 años de polarización dejaron claro que eso era imposible, por ello millones de salvadoreños le ha dado la bienvenida a una concentración de poderes que les está trayendo paz y seguridad.