COLOMBIA: Datos y Cifras
Cuerpos marcados, crmenes silenciados
Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado
Amnista Internacional
Informacin general: 40 aos de conflicto armado
El conflicto armado interno de Colombia ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares, apoyados por el ejrcito, contra los grupos guerrilleros en una lucha por el control del territorio y los recursos econmicos.
La poblacin civil no slo ha quedado “atrapada entre dos fuegos”, sino que a menudo las partes implicadas en el conflicto la han colocado de forma directa y deliberada en su punto de mira. Entre las violaciones y abusos cometidos contra los civiles figuran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, “desapariciones”, secuestros, desplazamientos forzados y abusos sexuales. Los civiles han estado en el punto de mira para, por ejemplo, eliminar a quienes se considera que apoyan al “enemigo” o para sembrar el terror con el fin de “limpiar” territorios de inters econmico o estratgico para los grupos armados o para aquellos que los respaldan.
Las partes implicadas en el conflicto
Los militares y paramilitares
Los paramilitares tienen su origen en las autodefensas civiles legalmente constituidas que el ejrcito cre en la dcada de los setenta y los ochenta para ayudar en operaciones de contrainsurgencia. Aunque carecen de base legal desde 1989, no se hizo ningn esfuerzo para desmantelarlos, y en los ltimos 10 aos los paramilitares han crecido y su presencia se ha extendido en todo el pas.
Se cree que el nmero de combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) la principal organizacin paramilitar que aglutina a los dispares grupos paramilitares del pas para coordinar mejor sus actividades puede oscilar entre los 10.000 y loss 20.000 combatientes.
La principal funcin que desempean ha sido la de llevar a cabo las tcticas de “guerra sucia” de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, caracterizada por la violacin sistemtica y generalizada de los derechos humanos. La utilizacin de paramilitares ha servido para que las fuerzas armadas eludan la creciente presin internacional para que los derechos humanos sean respetados.
Las fuerzas armadas siguen coordinando y prestando su apoyo a las estructuras paramilitares como parte de su estrategia general de contrainsurgencia. Amnista Internacional no ha dejado de documentar violaciones contra los derechos humanos perpetradas por paramilitares, cometidas con el apoyo o aquiescencia de las fuerzas armadas.
Pese a que los paramilitares declararon una “tregua unilateral” a fines de 2002 y a que se encuentran en un proceso de “negociaciones de paz” con el gobierno, siguen perpetrando violaciones generalizadas de derechos humanos contra la poblacin civil, incluidas mujeres y nias.
Los grupos guerrilleros
Hay en Colombia dos grupos guerrilleros principales: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con aproximadamente 20.000 combatientes y el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) con aproximadamente 4.000.
A lo largo de los ltimos 40 aos, las guerrillas han creado una amplia red de bastiones en muchas zonas rurales del pas, donde en la prctica determinan las polticas del gobierno local y ejercen un importante control sobre la poblacin. Desde la dcada de los noventa, las FARC han intentado incrementar significativamente los ataques en zonas urbanas, y los civiles se han visto cada vez ms afectados por los ataques de la guerrilla en estas zonas.
Los grupos guerrilleros son responsables de infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, como toma de rehenes y el secuestro y homicidio de civiles. Tambin han perpetrado ataques utilizando armas de efecto desproporcionado e indiscriminado que se han saldado con la muerte de numerosos civiles.
El gobierno
El presidente lvaro Uribe Vlez tom posesin del cargo el 7 de agosto de 2002. Desde ese momento comenz a introducir una serie de medidas de seguridad de lnea dura englobadas en la llamada doctrina de Seguridad Democrtica, que buscaba “consolidar” y “recuperar” territorios controlados por la guerrilla. Sin embargo, en lugar de aumentar la seguridad de la poblacin civil, la estrategia de Seguridad Democrtica la ha hecho ms vulnerable a los abusos cometidos por grupos armados ilegales y por las fuerzas de seguridad.
El gobierno est aplicando polticas que son contrarias a las obligaciones que tiene contradas en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos y de las reiteradas recomendaciones que en este terreno ha formulado Naciones Unidas (ONU). Estas polticas estn arrastrando an ms si cabe a la poblacin en el conflicto y consolidando la impunidad.
Sin mejoras en la crisis de los derechos humanos
El gobierno colombiano aduce que sus polticas han mejorado la situacin de los derechos humanos. De hecho, decrecieron en el ao 2003 algunos indicadores clave de la violencia polticamente motivada, como los secuestros y las cifras de nuevas personas desplazadas internamente. Sin embargo, estos datos enmascaran algunas variaciones regionales significativas. La situacin de los derechos humanos en las zonas especiales de seguridad Zonas de Rehabilitacin y Consolidacin, que abarcan varios departamentos, se deterior durante el periodo en que estas zonas estaban operativas, al igual que ocurri con la situacin en varias zonas de conflicto. En el conjunto de Colombia siguen siendo generalizados los abusos que contra los derechos humanos cometen todas las partes implicadas en el conflicto:
Las cifras relativas a homicidios, matanzas y “desapariciones” de personas no combatientes y motivadas polticamente para el ao 2003 siguen siendo superiores a la media del periodo 1991 – 2002.
La organizacin tambin ha seguido documentando un incremento en tipos concretos de abusos en los ltimos aos, como por ejemplo “desapariciones” forzadas y casos de tortura.
Ms del 70% de las matanzas y de los homicidios polticamente motivados han sido cometidos por los paramilitares; el porcentaje asciende a ms del 90% en los casos de “desaparicin”.
Desde 1985, en el conflicto han resultado muertas ms de 70.000 personas y ms de 3 millones han sido desplazadas internamente. Ms de la mitad de los desplazados son mujeres.
Desde el ao 2000, ms de 10.000 personas han sido secuestradas, de las cuales, ms de la mitad lo fueron a manos de los grupos guerrilleros o paramilitares, y al menos 1.500 ms han “desaparecido”, en su mayora a manos de grupos paramilitares que con frecuencia actuaban en connivencia con las fuerzas de seguridad.
La violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres, y en concreto la violencia sexual (la violacin y la mutilacin genital, entre otras), forma parte integral del conflicto armado y contina siendo una prctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto.
Son diversos los motivos por los que las mujeres estn en el punto de mira de los actores armados:
sembrar el terror en las comunidades, facilitando imponer el control militar;
obligar a la gente a huir de sus hogares y as ayudar a conseguir territorio;
vengarse de los adversarios;
acumular “trofeos de guerra”;
explotarlas como esclavas sexuales;
por transgredir “roles de gnero”;
por desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados;
por ser consideradas un blanco til a travs del cual humillar al enemigo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe sobre Desarrollo Humano del ao 2000 cuyas estadsticas son las ms recientes disponibles, estimaba que aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento de las mujeres en Colombia haba sufrido en carne propia alguna modalidad de violencia (maltrato fsico, psquico o sexual). No obstante, menos de la mitad busca ayuda y apenas el 9 por ciento denuncia la agresin.
Segn cifras del Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia del PNUD correspondiente a 2003, titulado El Conflicto, Callejn con Salida, el nmero de mujeres muertas por motivos relacionados con el conflicto pero no en combate aument un 20 por ciento entre 2000-2001 y 2001-2002. Durante este periodo, un 6 por ciento de todos los muertos en combate y fuera de combate y de las “desapariciones” fueron mujeres, as como un 10 por ciento de las vctimas de torturas, un 11 por ciento de los muertos por minas antipersonales y un 18 por ciento de los secuestrados. Adems, el 17 por ciento de los defensores de los derechos humanos muertos eran mujeres, al igual que el 16 por ciento de los sindicalistas y el 16 por ciento de los integrantes de comunidades indgenas.
El ao pasado, ms de 220 mujeres perdieron la vida por motivos sociopolticos fuera de los lugares de combate en las calles, en sus hogares o en el lugar de trabajo y 20 “desaparecieron”. Segn los informes, las fuerzas de seguridad fueron responsables directas de aproximadamente el 5 por ciento de estas muertes, los paramilitares respaldados por el ejrcito, del 26 por ciento, y la guerrilla, del 16 por ciento. En el resto de los casos no se identific a los responsables.
Las polticas de salud en Colombia no han protegido la salud sexual y reproductiva de las mujeres. El acceso a los servicios de salud reproductiva en el pas no es gratuito, lo que restringe el acceso de las mujeres de entornos econmicamente desfavorecidos y de las mujeres desplazadas.
Las defensoras de los derechos humanos y los trabajadores y trabajadoras de la salud que tratan de suplir con su esfuerzo las carencias en salud y otros terrenos tambin estn en el punto de mira de los actores armados porque a menudo se los considera que prestan su ayuda al “enemigo”.
Violencia sexual
Los datos oficiales no reflejan la magnitud del problema de la violencia sexual. Hay razones para creer que los casos de violacin son muchos ms de los que se notifican. Por ejemplo, pese a las huellas a menudo manifiestas sobre los cuerpos de las vctimas, esta violencia rara vez consta en los informes de las autopsias.
La violencia y explotacin sexual contra mujeres y nias adopta una diversidad de formas:
Tcticas de terror: La violacin y otros delitos sexuales, como la mutilacin genital, son prcticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y de sus aliados paramilitares como parte del repertorio de tcticas de terror que emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que acusan de colaborar con la guerrilla.
Cdigos de conducta: En las zonas del pas que controlan, los paramilitares y la guerrilla tratan de intervenir en las esferas ms ntimas de la vida de las personas. Dictan normas, fijan horarios, intervienen en conflictos familiares y comunitarios y aplican castigos que pueden incluir tortura, ejecucin y otros tratos crueles y degradantes. En los ltimos aos ha aumentado el nmero de informes de este tipo.
Limpieza social: La “eliminacin” de mendigos, ladrones, prostitutas, homosexuales y personas que padecen o se cree que padecen VIH/sida ha formado parte de la estrategia de los grupos armados para demostrar su eficacia a la hora de “poner orden” y “limpiar la comunidad de personas indeseables”.
Tambin hay otras formas de violencia sexual:
Abusos sexuales contra mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad;
Secuestro de mujeres para prestar servicios sexuales a mandos guerrilleros y paramilitares;
Abusos sexuales contra mujeres que, tras ser reclutadas como combatientes, son objeto de abuso a manos de sus compaeros.
Asimismo, los grupos guerrilleros han obligado a las combatientes a abortar y utilizar mtodos anticonceptivos. La violencia sexual contra mujeres en zonas que los grupos armados se disputan militarmente ha sido especialmente numerosa. Entre los sectores que corren ms peligro estn las afrodescendientes y las indgenas, las desplazadas, las campesinas y las pobladoras de barrios de la periferia de las ciudades, muchas de ellas ya desplazadas.
Debido a su particular situacin social, psicolgica y econmica, las mujeres desplazadas corren mucho ms peligro de ser vctimas de agresiones sexuales y violaciones, as como de verse obligadas a ejercer la prostitucin. De acuerdo a informacin oficial del Ministerio de Proteccin Social, el 36 por ciento de las mujeres desplazadas han sido forzadas a tener relaciones sexuales con desconocidos.
Impunidad
La violencia sexual contra las mujeres ha sido ignorada durante mucho tiempo, no slo por las autoridades colombianas, sino por la poblacin en general, que siempre la ha considerado como algo que pertenece al mbito privado.
A menudo, los abusos de carcter sexual ni siquiera se reflejan en las cifras oficiales, excluidos de ellas por quedar englobados dentro de los llamados “crmenes pasionales”. La violencia sexual es una forma particularmente perversa de agresin, pues se considera algo vergonzoso o “deshonroso” para la vctima en vez de para quienes la perpetran. Las propias comunidades estigmatizan y condenan al ostracismo a las supervivientes simplemente por el tipo de violencia ejercida en su contra y, por su parte, el Estado ha sido reacio a poner en manos de la justicia a los responsables. Cuando el sistema judicial investiga un caso de violencia sexual, el trato que se dispensa a las sobrevivientes es con frecuencia degradante y, si rara vez se identifica a los perpetradores, ms raro an es que se los castigue por sus crmenes.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad de prevenir y castigar el abuso sexual de las mujeres. A pesar de las expresas preocupaciones y recomendaciones de las instancias internacionales de proteccin de los derechos humanos, como las formuladas por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, el Comit que vigila la aplicacin de la Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer, el Comit contra la Tortura, el Comit de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay pocas seales de que las autoridades colombianas hayan tomado suficientes medidas para poner fin a tales abusos, poner a sus autores en manos de la justicia o atacar sus causas
En la medida en que la discriminacin por motivos de gnero no se combata y que no se hagan cumplir las normas internacionales sobre violencia contra las mujeres, seguirn inclumes las bases para que la violencia sexual y de gnero cobren formas extremas bajo el conflicto y continen difundindose en todos los mbitos de la sociedad.
Los grupos armados ilegales tambin tienen la responsabilidad de garantizar que sus miembros cumplen el derecho internacional humanitario y de impedirles que cometan actos de violencia sexual contra civiles y combatientes.
Las recomendaciones de Amnista Internacional
Todas las partes implicadas en el conflicto deben denunciar pblicamente la violencia de gnero, sea cual sea la circunstancia en que sta se produzca, dando advertencias o instrucciones claras a sus fuerzas de que la violencia contra las mujeres no se tolerar y que se exigirn responsabilidades y que aquellos que sean responsables de cualquier forma de violencia contra las mujeres sern llevados ante la justicia.
Amnista Internacional pide al gobierno de Colombia:
Aplicar la Resolucin 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad y todo otro instrumento internacional para la proteccin de las mujeres.
Aplicar las recomendaciones formuladas por los rganos de las Naciones Unidas: la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, el Comit contra la Tortura, el Comit de Derechos Humanos, el comit que vigila la aplicacin de la Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Adoptar, dar a conocer y aplicar una poltica global sobre el derecho legtimo a defender los derechos humanos.
Aplicar una poltica global que asegure una respuesta institucional coordinada y adecuadamente financiada para la prevencin, el castigo y la erradicacin de la violencia sexual y de gnero. Tal respuesta debe garantizar el acceso de las supervivientes a los servicios y recursos que necesitan y a la rehabilitacin, e incluir medidas especiales para proteger a mujeres y nias de comunidades que corren especial peligro.
Asegurar que los programas de desmovilizacin incorporan un enfoque de gnero (por ejemplo, proporcionando atencin sexual y reproductiva y manteniendo informacin especficamente relacionada con el gnero).
Amnista Internacional pide a las organizaciones guerrilleras:
Ordenar a todos los combatientes que respeten el derecho internacional humanitario, que prohbe a los bandos de un conflicto armado interno dirigir sus ataques contra la poblacin civil.
Dar instrucciones claras a todos los combatientes bajo su control para que no cometan violaciones ni otras formas de violencia sexual contra mujeres y nias, sean civiles, sus propias combatientes o miembros de las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares.
Comprometerse pblicamente a no reclutar menores de 18 aos; poner fin a la violacin y otras formas de violencia sexual, as como a las prcticas de aborto forzado y de contracepcin forzada en sus propias combatientes. Amnista Internacional pide al gobierno de Colombia y a las fuerzas guerrilleras:
Establecer un acuerdo humanitario para garantizar que la poblacin civil queda protegida frente al conflicto.
Amnista Internacional pide a la comunidad internacional:
Instar al gobierno colombiano a poner en prctica las recomendaciones anteriores y supervisar estrechamente sus esfuerzos para dar cumplimiento a estas recomendaciones y a las efectuadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros rganos intergubernamentales.
En sus relaciones con el gobierno colombiano, expresar su preocupacin por el hecho de que ste no haya evitado, perseguido y castigado la violencia sexual contra mujeres y nias.
Dejar de proporcionar ayuda militar y transferencias de seguridad a las fuerzas de seguridad colombianas hasta que pueda demostrarse ms all de cualquier duda que esta ayuda no contribuye a violaciones de derechos humanos, incluida la violencia sexual contra mujeres y nias.
Pedir a los grupos guerrilleros que se comprometan pblicamente a respetar las normas internacionales de derechos humanos y a evitar que sus miembros cometan abusos, incluidos los de ndole sexual, que vulneran el derecho internacional humanitario.
Brindar apoyo a las organizaciones de mujeres, organizaciones de LGTB, activistas y personas defensoras de los derechos humanos para que lleven adelante sus actividades sin temor.