DEMANDAS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO (PR) PARA EL PERIODO LEGISLATIVO
1968-1970
Febrero de 1968
I
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR), es el continuador de la trascendental lucha iniciada por la campaña presidencial del PAR (del 8 de noviembre de 1966 al 8 de marzo de 1967) por conquistar el Poder del Estado para un gobierno revolucionario del pueblo salvadoreño que ponga en práctica el Programa de cambios profundos que necesita nuestro país.
Por su lucha franca por ese Programa de cambios fue cancelada la inscripción del PAR poco tiempo después de las elecciones. Fue entonces organizado el Partido Revolucionario, al cual le ha sido arbitrariamente negado su derecho constitucional a ser reconocido e inscrito como partido legal. Pero como este movimiento no nació para morir por las disposiciones de ninguna autoridad que defiende la actual situación de injusticia y opresión, sino que nació precisamente para CAMBIAR esta situación; como es un auténtico movimiento revolucionario surgido del pueblo y sostenido por el pueblo, seguirá adelante la lucha hasta conquistar el Poder y cumplir con su Programa. Como parte de su lucha por la democracia el PR continuará también la lucha por su legalidad.
Deber primordial de un movimiento revolucionario es el de mantenerse activo junto al pueblo, orientándolo en todas las situaciones, organizando sus luchas, apoyando sus demandas. Tal como lo anunció el PAR durante la campaña presidencial, nuestro país ha entrado desde el año pasado en una crisis económica que recae principalmente sobre las espaldas de las grandes mayorías trabajadoras de la ciudad y el campo, así como también sobre las capas medias de la población. Los despidos y el desempleo prolongado han venido a sumarse a lo que era ya una vida de miserias y sufrimientos de decenas de miles de trabajadores. Las deudas imposibles de ser pagadas, los juicios legales y los embargos. han venido a empeorar la situación de las capas de pequeños y medianos propietarios. En medio de esta situación el pueblo lucha por defenderse: las huelgas de los sindicatos obreros y el movimiento de los empleados hospitalarios son ejemplos durante el mes de enero de la extraordinaria actividad en que ha entrado nuestro pueblo para enfrentar la dura situación que se vive.
El gobierno, en vez de enfrentar la crisis con medidas que protejan los intereses populares, han dedicado a reprimir estas luchas y a poner en práctica toda clase de maniobras para destruir las organizaciones. Primero quiso destruir a este partido nuestro cancelando al PAR y negando la inscripción del PR, después quiso destruir al Sindicato de Panificadores y comenzó sus maniobras para dividir a la FUSS: después se lanzó a realizar provocaciones contra la Universidad, con el propósito de quitarle su Autonomía y últimamente se ha lanzado a una canallesca maniobra para destruir la ANDES, con el propósito de convertir de nuevo a los maestros en el gremio dividido y sometido al chantaje del oficialismo que era antes.
Dentro de esta situación de crisis y de elevamiento de las luchas del pueblo nos acercamos a unas nuevas elecciones de Diputados y Concejos Municipales. Estas serán otras elecciones fraudulentas en las que el gobierno desplegará como siempre su imposicionismo. El PR no cree en esta clase de elecciones como un medio de hacer valer la voluntad del pueblo, pero sí considera que es ésta una ocasión en la que un partido revolucionario como el PR puede y debe hacer los esfuerzos mayores que le sean posibles para llevar su verdad hasta los sectores que se encuentran más retrasados en la comprensión de los grandes problemas nacionales y de sus soluciones, así como también para organizar la lucha general por arrancar al gobierno las medidas mínimas que son indispensables para defender a las mayorías del azote de la crisis económica.
Pese a que el gobierno ha tratado de impedirlo, miembros del PR van incluidos como candidatos a Diputados, Alcaldes y Regidores en distintos lugares del país. dentro de las planillas inscritas por otros partidos legales con los cuales ha sido posible concertar acuerdos de esta clase para unir las fuerzas populares. El PR es una fuerza al servicio de la revolución y por consiguiente está también al servicio de la UNIDAD de todas las fuerzas del pueblo salvadoreño, porque la Revolución la hará en definitiva el pueblo y es condición básica para ello que se encuentre unido. La necesidad de una amplia unidad de todas las fuerzas populares no ha sido aún comprendida por los dirigentes de los otros partidos de oposición. Algunos de esos dirigentes en realidad no representan los intereses populares ni son revolucionarios aunque lo proclamen así en su propaganda mientras que otros de ellos no tienen cabal conciencia de la importancia decisiva que la UNIDAD del pueblo tiene para conquistar un gobierno que aplique el Programa de cambios que el país necesita para salir del atraso y la miseria.
Esa falta de comprensión y esa actitud opuesta a la unidad de parte de muchos dirigentes de los demás partidos de oposición impidió que en estas elecciones se enfrentara al oficialismo en un poderoso frente unido, como sería necesario para imponerle victorias
populares, pese a su fraude y a su imposicionismo. El PR, sin embargo, continuará luchando por la UNIDAD, por una UNIDAD en derredor de la lucha por medidas de beneficio popular.
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR) está completamente consciente de que serán necesarios muchos esfuerzos y muchas luchas para llegar a formar las grandes fuerzas organizadas capaces de realizar la Revolución. Está consciente también de que mientras no sea conquistado el Poder y no sea instalado un Gobierno Revolucionario que aplique el Programa de cambios profundos que el país necesita, no se podrá acaban con las crisis económicas que cada cierto tiempo azota al país. Pero también considera que mientras llega el momento de la revolución, y precisamente para acercar ese momento, el deber de todo movimiento revolucionario es el de organizar la lucha de su pueblo en favor de medidas inmediatas que alivien siquiera su situación, que lo defiendan de los terribles sufrimientos que le depara la crisis. Mediante esa lucha por medidas inmediatas el pueblo salvadoreño no sólo conquistará alivio a sus sufrimientos, sino también ganará en fuerza organizada preparándose para las futuras batallas por la Revolución. Por eso el PR lanza el presente PLIEGO DE DEMANDAS PARA EL PERIODO LEGISLATIVO 1968-70, que contiene lo MÍNIMO que se puede exigir a cualquier gobierno, lo MÍNIMO que se puede exigir a cualquier Asamblea Legislativa en favor de una salida de beneficios populares para la crisis económica.
Si algún miembro del PR llegara a ser electo como diputado, venciendo el fraude y la imposición. luchará sin descanso por estas demandas dentro de la Asamblea. De todos modos el PR encabezará la lucha del pueblo por estas medidas, cuente o no con Diputados. Todos los partidos de oposición tendrán así la oportunidad de demostrar en los hechos su verdadera posición frente a los problemas que impone la crisis a las grandes mayorías de salvadoreños y el pueblo entero tendrá la oportunidad de conocerlos y valorarlos mejor.
EL PR VA A LA CABEZA DEL PUEBLO POR ESTE
PLIEGO DE DEMANDAS FRENTE A LA CRISIS ECONOMICA.
II
DEMANDAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO (PR) PARA EL PERIODO LEGISLATIVO 1968-70
En lo Económico-Social
En lo Laboral:
1) Decretar la Ley de Libre Sindicalización para los trabajadores agrícolas, como parte de un cuerpo de reformas al Código de Trabajo.
2) Reforma general del Código de Trabajo de acuerdo al proyecto presentado por las organizaciones sindicales. Estas reformas deben asegurar especialmente:
a) El eficaz ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores. eliminando sus trabas burocráticas y procesales de la actualidad y estableciendo garantías contra la arbitraria intervención de los cuerpos de seguridad en esta clase de conflictos;
b) El ajuste de las disposiciones del salario mínimo a lo que manda la Constitución sobre la materia.
3) Apoyo legislativo a la lucha de los empleados públicos y municipales por obtener las prestaciones económico-sociales que el Estado les niega actualmente.
4) Apoyo legislativo a la lucha del magisterio nacional por obtener:
a) Un eficaz sistema de prestaciones de seguridad
social;
b) Adecuadas oportunidades de educación;
e) Escalafonamiento y salarios justos;
d) Respeto absoluto a la organización magisterial.
En lo Económico:
1) Emisión de una Ley de arrendamiento forzoso de tierras baldías aplicable a las propiedades mayores de 100 manzanas, con un precio tope de arrendamiento entre 15.00 y 30.00 por manzana, según la calidad de los suelos.
2) Emisión de una Ley que regule y limite la propiedad territorial en las zonas en que se ejecuten obras de riego, mejoramiento de suelos y construcción de carreteras realizadas con fondos del Estado, con el fin de garantizar que esas obras favorezcan al mayor número de personas.
3) Emisión de una Ley que mejore la situación de los deudores hipotecarios medianos y pequeños, incluyendo si fuere necesario, una moratoria, con el fin de impedir que pierdan sus propiedades a manos de sus acreedores, a causa de la insolvencia en que se han visto colocados por la crisis económica que vive el país.
4) Suspensión del pago de la deuda externa con los Estados Unidos, por un plazo de 5 años, mientras pasan los efectos de la crisis económica que ha causado la política de ese mismo país contra los precios de nuestros productos de exportación.
5) Rebaja y regulación justa de los alquileres de la vivienda así como de las cuotas e intereses para la compra de casas a plazos.
6) Regulación y rebaja de las tarifas del servicio eléctrico.
7) Emisión de una Ley de impuesto territorial que afecte a la propiedad raíz, urbana y rural, cuya escala parta de un cierto valor o de una determinada extensión, a fin de gravar más a los propietarios mayores y más ricos y de proteger la pequeña y mediana propiedad. El impuesto debe ser mayor para las tierras baldías en el campo o los predios sin construcción en las ciudades. En el caso de los mesones y casas de alquiler la ley deberá contemplar reducciones en la tasa de impuestos a los propietarios que mejoren las condiciones y servicios de las viviendas. Al mismo tiempo deberán ampliarse las facilidades de crédito para la agricultura. simplificando lo más posible los trámites burocráticos y los requisitos del mismo.
8) Cooperativizar o nacionalizar el mercadeo de los productos de la agricultura, sobre todo el café, para evitar la injusta explotación que hoy soportan los productores por parte de los intermediarios.
9) Promulgación de una Ley que regule con sentido patriótico y nacionalista la inversión de capital extranjero en nuestro país. Para elaborar esta ley debe tomarse en cuenta las opiniones que sobre el particular han emitido las asociaciones industriales salvadoreñas y centroamericanas. Dicha ley debe contener disposiciones que aseguren los objetivos siguientes:
a) Impedir la total exportación de ganancias obtenidas en el país por el capital extranjero (no debería permitirse la exportación de más de un 25% de las ganancias), y establecimiento de la obligación de depositar las mencionadas ganancias en el Banco Central, a fin de que éste establezca una línea de crédito para favorecer las inversiones de desarrollo económico, social y cultural emprendidas por el Estado, por las instituciones autónomas, o por los empresarios salvadoreños dentro de determinadas condiciones;
b) Asegurar una tributación justa del capital extranjero, que tome en consideración el hecho de que generalmente esas inversiones proceden de grandes monopolios internacionales;
c) Proteger al capital nacional de una competencia desigual y de otras formas de absorción a manos de los grandes monopolios internacionales:
d) Defender la soberanía nacional, en beneficio del desarrollo económico independiente;
e) Establecer una lista de ramas de la economía en las que está prohibido invertir capital extranjero (minería, textiles, siderurgia, bancos, química pesada, café, algodón. azúcar y otras).
10) Reforma de la Ley de Fomento Industrial, con el objeto de proteger los intereses fiscales de orientar el desarrollo industrial en un sentido que refuerce la independencia económica y política de nuestro país y de Centroamérica.
11) Hacer uso de las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa para reorientar el gasto público en beneficio del desarrollo económico, cultural y social del país, saneándolo de los vicios del despilfarro en partidas secretas abiertas y del peculado y de salarios desorbitados para los altos funcionarios.
12)Orientar las inversiones del Ministerio de Obras Públicas hacia un plan de mejoras y mantenimiento de caminos rurales.
Educación:
Emisión de un cuerpo de leyes tendientes a reorganizar el sistema de educación del país a todos los niveles, haciendo vigente el Art. 196 de la Constitución:
medidas que tenderán a la rápida disminución del analfabetismo, a disminuir la desigualdad de oportunidades y a contener la tendencia a comercializar la educación.
En la Salud:
1) Desarrollo del sistema de Salud Pública y Seguridad Social, con un nuevo concepto.
2) Revisión de los precios de las medicinas y de los servicios médicos.
En lo Político
1) Reforma de la Ley Electoral orientada hacia los siguientes objetivos:
a) Extender la representación proporcional al gobierno municipal;
b) Garantía para asegurar la libre organización de partidos políticos:
c) Limitar las atribuciones del Consejo Central de Elecciones al marco que fija ]a Constitución;
d) Creación del Registro de Partidos Políticos y electores, como institución separada del Consejo Central de Elecciones en el que los partidos tengan representación;
e) Establecimiento de disposiciones legales que permitan luchar eficazmente contra las distintas formas del fraude y la imposición en las elecciones; en particular, medidas que permitan impedir la utilización del Ejército, las patrullas, la Guardia Nacional y demás cuerpos de seguridad como instrumentos de imposición y como votantes ciegos e inconscientes a favor del partido oficial.
2) Reformas a los Códigos Penal y de Instrucción Criminal para establecer castigos eficaces para los funcionarios públicos y cuerpos de seguridad que abusen de su autoridad y atenten contra las libertades y derechos individuales y colectivos que establece la Constitución.
3) Derogación de la Ley Agraria como parte de las tareas que han de realizarse para democratizar al país. Las materias de orden laboral que contiene esta ley deben sujetarse al espíritu y la letra de la Constitución e incorporarse al Código de Trabajo; las materias relacionadas con las labores de Policía Agrícola deben sujetarse igualmente a la Constitución e incorporarse a la legislación y reglamentos que rige a los cuerpos respectivos; las materias relacionadas con las actividades agropecuarias, deben modernizarse e incorporarse a los reglamentos del Ministerio de Agricultura sobre los distintos cultivos, a la Ley del Ramo Municipal y otros cuerpos legales relacionados con esta actividad; las calificaciones de faltas y delitos contra la propiedad, la moral, la salud, la producción, etc., que allí se contienen deben igualmente ajustarse a la Constitución e incorporarse en el Código respectivo. La Ley Agraria es fuente de grandes discriminaciones políticas y sociales contra los trabajadores del campo y la mayoría de sus disposiciones son inconstitucionales. Su derogación es un paso imprescindible para poner fin a la situación de opresión y discriminación que existe en contra de la población rural.
4) Defensa intransigente de la Autonomía universitaria, con el objeto de rodear a la Educación Superior de las condiciones apropiadas a su naturaleza científica y universal y con el fin de dar estricto cumplimiento al mandato constitucional en esta materia.
5) Emisión de una moderna Ley del Ramo Municipal que garantice la autonomía del gobierno local y le permita obtener una base económica suficiente para el desarrollo de la comunidad.-