DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2012

25 de noviembre
DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Ante la vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, nos manifestamos las mujeres organizadas:

Las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y mujeres feministas que conformamos la Concertación Feminista “Prudencia Ayala” y la Red Feminista frente a la Violencia Contra las Mujeres reconocemos que la entrada en vigor de una normativa favorable al cumplimiento de derechos humanos de las mujeres ha sido un logro histórico, producto de nuestra capacidad para formular leyes y del esfuerzo de gestión, cabildeo, alianzas e incidencia que el movimiento feminista y de mujeres realizó.

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres establece los mecanismos necesarios para prevenir, atender y sancionar la violación al derecho humano de las mujeres de todas las edades de vivir una vida exenta de violencia, violación que afecta el desarrollo integral de sus vidas y el reconocimiento de su aporte en todos los ámbitos de la sociedad.

La sociedad salvadoreña, por tradición, ha tolerado y normalizado muchas prácticas de violencia contra las mujeres, que ahora deben erradicarse y castigarse como delitos, pero además, deben desmontarse las justificaciones que las han perpetuado. Decir que “ellas toleran por dinero”, que “ella lo provocó”, que los abusos se dan “con su consentimiento”, “que si los padres permitían el noviazgo” o que “qué anda haciendo una mujer de noche”, son mecanismos que exculpan y legitiman a los agresores.

La ley, que entró en vigencia en enero del 2012, creó un marco protector inédito, que reconoce nuevos delitos contra las mujeres, entre ellos, la violencia simbólica y la discriminación.

Esta política pública supone desmontar, desde la institucionalidad del Estado, la promoción de la violencia contra las mujeres, a la cual éste debe observancia y evaluación.

Durante el presente año se han revelado hechos de violencia perpetrados por servidores públicos: diputados, jueces, policías, fiscales, entre otros; lo que deja en evidencia la condición de vulnerabilidad en que nos encontramos las mujeres, ante personas que deberían ser garantes de nuestro derecho a una vida sin violencia.

Vemos, además, cómo, a través de los actos de denuncia, se recrea la imagen de las mujeres que denuncian y se les obliga a perseguir a sus agresores, cobrándoles un costo al culparlas por su propia victimización y se castiga su decisión, con resultados sobre su dignidad, su integridad, su seguridad emocional y económica.

Sobre la realidad de la violencia que cotidianamente las mujeres seguimos viviendo en El Salvador, según la Policía Nacional Civil, durante el primer semestre de 2012, se han registrado un total de 1.190 denuncias por delitos sexuales en contra de niñas, adolescentes y mujeres; de las cuales, el 32 % corresponden a violaciones en menor o incapaz —379 casos— y el 24 % de las denuncias a violaciones —286 casos—. Es decir que más de tres mujeres fueron víctimas de delitos sexuales cada día, lo cual únicamente incluye a las mujeres que denuncian el delito.

La saña y el sufrimiento con que son ejecutados los hechos de violencia ponen en evidencia las prácticas sociales que desvalorizan la vida de las mujeres y las restricciones al ejercicio pleno de sus derechos, a través del odio expresado sobre sus cuerpos como la mutilación, la desfiguración, la desmembración y violencia sexual desde actitudes misóginas de los hombres.

En el marco de implementación de las leyes que garantizan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, queremos manifestar a la opinión pública, los retos que como sociedad y Órganos del Estado, en específico, nos corresponde asumir:
• Generar conciencia de que las mujeres somos personas sujetas de derecho y por lo tanto, podemos decidir sobre nuestras propias vidas.
• Fortalecer los mecanismos que permitan garantizar que las mujeres tengan la libertad de tomar sus propias decisiones.

Aun cuando no existe evidencia suficiente de todas expresiones de violencia que enfrentan las mujeres jóvenes y las niñas en delitos como el acoso sexual, acoso en redes sociales, estupro y violación sexual, la mayor victimización ocurre en sus propios ámbitos de supuesta protección familiar, escolar y comunitaria, donde el perpetrador es conocido (novios, familiares o amigos de las víctimas). En el nuevo marco normativo se busca proteger a esta población,

Es importante evidenciar que, poco a poco, las mujeres van logrando romper sus silencios, pero es necesario aún, trabajar por eliminar los persistentes obstáculos sexistas que promueven la impunidad, a través de la corrupción y la legitimación social de la violencia contra las mujeres.

Ante lo expuesto, nosotras, como mujeres organizadas, demandamos que cada una de las instituciones responsables se comprometa a EMPRENDER POLÍTICAS ORIENTADAS A LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

Y EXIGIMOS:

Al Órgano Judicial:
• La creación de las unidades especializadas de atención.
• Presupuesto asignado para las acciones de la Política Nacional para la prevención y sanción de los delitos relativos a la violencia contra las mujeres.
• Un fondo especial para mujeres víctimas de violencia.
• Mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia.

Al Órgano Legislativo:
• Que se comprometa con la homologación de las leyes de manera que se facilite, la implementación de las nuevas normativas y compromisos que con ellas asumen.

Al Órgano Ejecutivo:
• La implementación de la Política Nacional para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
• Informe sobre los avances y compromisos de la comisión técnica especializada sobre el cumplimiento de la Ley,
• Fortalecer al ISDEMU en su rol de ente rector, para que sea garante de los mecanismos para el cumplimiento de las acciones de las políticas.
• La creación de las unidades especializadas de atención.
• Presupuesto asignado para las acciones de la Política Nacional para una vida libre de violencia para las mujeres.

Al Ministerio Público:
• Que Fiscalía General de la República persiga los delitos de violencia en contra de las mujeres de forma diligente, para erradicar la impunidad.
• Que la Procuraduría General de la República cree los mecanismos pertinentes para la detección, atención, prevención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, en cumplimiento de las leyes vigentes.
• Que Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos vigile el cumplimiento efectivo de las obligaciones de las instituciones encargadas de la implementación de la legislación que garantiza los derechos humanos de las mujeres.

A los Medios de Comunicación:
• El compromiso de eliminar de sus mensajes y cobertura la violencia simbólica, como lo exige la nueva legislación.

Y, finalmente, a las organizaciones de mujeres y a las mujeres en general, que exijan el cumplimiento de las leyes, que vigilen y denuncien a las instituciones que están obligadas a cumplirlas.

25 de noviembre del 2012

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