5 de octubre de 1982
Partimos del hecho de que la inmensa mayoría de nuestro pueblo se encuentra luchando por construir una sociedad justa, en la que todos los individuos y la colectividad participen del derecho a una vida digna, disfruten de los bienes materiales producidos por la población y gocen de los beneficios de la cultura universal y de la ciencia.
Reconocemos la lucha histórica del pueblo salvadoreño que, con enormes esfuerzos, ha utilizado las distintas formas legales y pacíficas de lucha que estuvieron a su alcance, para conquistar la justicia, el derecho inalienable a ser dueño de su destino y a organizar su sociedad de la manera que le pareciere más conveniente, haciendo efectivo el derecho de la autodeterminación. Sin embargo, una minoría privilegiada hizo siempre uso de la fuerza para impedir estos anhelos, lo que produjo la consecuencia inevitable de que el pueblo salvadoreño recurriera a los medios militares de lucha política, haciendo uso de un derecho reconocido universalmente como legítimo.
La decisión de lucha del pueblo salvadoreño, nos permite afirmar que inevitablemente alcanzará su triunfo pero comprendemos que obtenido con elevados costos que le impone la misma minoría; y que la lucha, además de la gravísima pérdida de vidas humanas, causa gran destrucción del patrimonio nacional, que, evidentemente, hará más difícil para todo el pueblo salvadoreño la reconstrucción del país.
Es evidente que la intervención política y militar del gobierno de los Estados Unidos es causa fundamental en la prolongación del conflicto salvadoreño, e impide que nuestro pueblo determine libremente su destino social y político; además, la presente administración norteamericana ha incrementa do su injerencia en los asuntos de los Estados y pueblos centroamericanos, lesionando gravemente la soberanía de estos e impidiendo el ejercicio del derecho a nuestra autodeterminación. Por ello, la conducta actual del gobierno de los Estados Unidos amenaza seriamente la paz de la región y del mundo.
Consideramos valioso para los pueblos de la región y particularmente el salvadoreño, la posibilidad de encontrar un camino mediante el cual pudiésemos alcanzar más rápidamente la construcción de la paz, la democracia y la justicia social. Hemos estudiado con atención los llamamientos de dirigentes políticos de la región y del inundo, así como de dirigentes religiosos y organismos internacionales (organización de Naciones Unidas, Movimiento de Países No Alineados, etc.), que, preocupados por la magnitud del sufrimiento de nuestro pueblo y conscientes de que peligra la paz de la región y del mundo, han sugerido la búsqueda de formas y medios para el establecimiento de la paz y la justicia social.
Las últimas personalidades que han hecho llamamientos en este sentido, para citar solamente a algunos de ellos, han sido el Papa Juan Pablo II, al dirigirse al Episcopado y pueblo salvadoreño el 6 de agosto pasado, los presidentes de México y Venezuela, Licenciados José López Portillo y Luis Herrera Campins, respectivamente, y la Conferencia Episcopal de El Salvador, que el 15 de julio pasado exhortó a “todas las partes involucradas en el conflicto a que, abandonando toda postura irreductible, se abran a un diálogo sincero, leal, claro, animado de buena voluntad y en, espíritu de auténtico patriotismo, poniendo por encima de los intereses particulares o de grupo, la unión de la familia salvadoreña.”
Existe constancia histórica de nuestra aceptación de sostener, conversaciones o negociaciones, y, a pesar de los sistemáticos rechazos recibidos, mantenemos la disposición de efectuar un diálogo directo porque sabemos que amplios sectores nacionales, tanto políticos como laborales, religiosos, militares, etc., están a favor de que se realicen conversaciones para la búsqueda de la paz.
En el sentido anterior y a fin de obtener la máxima eficacia en el esfuerzo por buscar los medios que puedan conducir a la solución del conflicto, a través de un diálogo, es necesario que este se realice entre las partes involucradas directamente en dicho conflicto; pero igualmente, creemos en la necesidad de que participen otros sectores nacionales que actúan en el campo político, religioso, laboral y académico, a fin de que aporten su valiosa contribución.
Por lo anterior, animados de un sincero patriotismo, haciendo honor a nuestra responsabilidad política y basándose en la voluntad de paz expresada por diferentes sectores de nuestro pueblo y por los demás pueblos centroamericanos, proponemos:
1. Que el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por una parte, y por la otra el Poder Ejecutivo, Asamblea Nacional Constituyente y las Fuerzas Armadas de El Salvador, iniciemos prontamente un diálogo directo sin condiciones previas, orientado a encontrar caminos que conduzcan al establecimiento de la paz y la justicia social en El Salvador y que contribuya a distender la región centroamericana.
2. Que ambas partes designemos Delegados Plenipotenciarios para el efecto apuntado.
3. Que se integre un grupo de Buenos Oficios que organice y posibilite el diálogo y ponga en comunicación a los delegados de las partes, para que, conjuntamente determinen y acuerden los asuntos relativos al procedimiento de inicio y desarrollo del diálogo.
4. Que ambas partes, junto con el grupo de buenos oficios, realicen un examen de las formas de participación en el diálogo de otros sectores nacionales, entre los que mencionamos los siguientes Partidos Políticos, Organizaciones Laborales (obreras y campesinas), Asociaciones de Empresarios Privados, Sectores Eclesiásticos, Universidades, Colegios Profesionales y otros sectores gremiales interesados en aportar su valiosa contribución en la solución del conflicto salvadoreño.
5. Como muestra de buena voluntad y seriedad mutuas, y para arribar a resultados positivos, el diálogo se realice con la presencia de testigos solventes. Estés testigos podrán ser nacionales o extranjeros, según lo convengamos ambas partes.
El Frente Democrático Revolucionario y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional informamos que, con el objeto de facilitar la realización de este diálogo y para mostrar sincera disposición al mismo, hemos designado a nuestros Delegados Plenipotenciarios, cuyos nombres daremos a conocer oportunamente.
Por el Frente Democrático Revolucionario:
Guillermo Manuel Ungo,
Eduardo Calles,
Rubén Zamora.
Por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional:
Salvador Cayetano Carpio,
Joaquín Villalobos,
Shafick Jorge Handal,
Roberto Roca,
Fermán Cienfuegos.