13 de mayo de 2013. Los dueños de los principales bancos del país son cuatro transnacionales financieras y apenas una decena de familias con mayor renombre empresarial. Antes de la venta, los bancos eran mayoritariamente salvadoreños y existían unos 70 dueños, quienes desempeñaron cargos en el Gobierno y en asociaciones empresariales. La investigación de Transparencia Activa revela, además, que con el traspaso accionario no se pagaron impuestos porque la ley no lo establecía.
El Banco Scotiabank adquirió el Banco de Comercio en abril de 2005. El Banco Scotiabank adquirió el Banco de Comercio en abril de 2005.
En el año 2005 los dueños de los principales bancos del país decidieron vender la mayoría de las acciones de las instituciones financieras a transnacionales. Desde entonces, poco a poco en El Salvador se empezaron a escuchar y ver los nombres de Scotiabank, CITI y HSBC, actualmente Davivienda.
La superintendencia adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras, de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) explicó a Transparencia Activa que la venta de la mayoría de las acciones se realizó en Panamá, bajo la supervisión del ente controlador panameño en coordinación con el salvadoreño.
El superintendente adjunto de bancos, William Durán, explicó que las operaciones de ventas, así como la determinación de pérdidas o ganancias se dieron en los libros de las supervisoras de Panamá, y no en las de El Salvador.
Fue así entonces como el Banco de Comercio de El Salvador, S.A. vendió la mayoría de sus acciones a The Bank Of Nova Scotia, de origen canadiense, quien adquirió el 97.71% de las acciones.
La SSF autorizó en marzo de 2007 a Bancolombia, S.A. (radicada en Panamá) ser propietaria de la sociedad Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A. quien poseía el 94.29% de las acciones de Banco Agrícola.
El Banco Cuscatlán, para agosto de 2008, realizó la suscripción de un acuerdo privado para la venta de inversiones Financieras Uno, S.A. en proceso de fusión con Inversiones Financieras Cuscatlán, S.A. Ésta última tenía el 97% de las acciones del banco.
Según la información de la Superintendencia, Citibank Overseas Investment Corporation con domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, compró el 99.99572% de las acciones de Inversiones Financieras Uno, la cual estaba en proceso de fusión con Inversiones Financieras Cuscatlán, y fue así como se convirtió en dueño.
El Banco Salvadoreño fue comprado por HSBC Asia Holding, B.V. con domicilio en Holanda, adquiriendo el 99.98% en 2007. Cinco años después, la SSF autorizó a Inversiones Financieras HSBC, S.A. la venta del 98.24066% de sus acciones al Banco Davivienda, S.A., con domicilio en Colombia.
Los accionistas minoritarios
Antes de la venta de los bancos, la mayoría de las acciones las poseían entidades denominadas inversiones financieras, entre un 86% y un 95%. El resto lo tenían personas con apellidos como Poma, Simán, Kriete, Eserski, Cristiani, Baldochi, Bahaia, Salume, Zablah, Belismelis, Sol, Araujo, entre otros.
El economista e investigador del Equipo Maíz, César Villalona, aseguró que luego de la privatización de los bancos a inicios de la década de los 90 y el pago de la deuda de la misma, por medio del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), familias como Dueñas, Regalado, Baldochi, Cristiani, Simán, Poma y Murray Meza constituyeron “una argolla financiera”.
Los bancos Cuscatlán y UNO se convirtieron en CITI, de capital estadounidense. Los bancos Cuscatlán y UNO se convirtieron en CITI, de capital estadounidense.
“Luego los empresarios montaron las empresas de seguros. Posteriormente, la privatización de las pensiones”, aseguró Villalona, quien ha publicado varios libros sobre este tema en el Equipo Maíz.
El investigador afirmó que la venta de los bancos a las transnacionales ocurrió para que las familias “estuvieran protegidas” de un Gobierno de izquierda y tuvieran el “paraguas” de empresas internacionales.
“La lógica de la privatización de la banca es la protección, y con el capital de la venta seguir desarrollando los negocios más rentables, incluso fuera de El Salvador, sin dejar de ser banqueros. Eso está bien pensando”, subrayó Villalona.
La ley impidió pagar impuestos
En los años que se vendieron las acciones en el país se impusieron incentivos para que la gente se animara a incursionar en la bolsa de valores, y uno de estos fue la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las ganancias que obtuvieran personas naturales que vendieran sus acciones en ese mercado.
El artículo cuatro, ordinal 14, de la anterior ley estipulaba que son rentas no gravables: “Las utilidades, dividendos, premios, intereses, réditos, incluyendo ganancias de capital, o cualquier otro beneficio que obtengan personas naturales, generados en inversiones o en la compra de venta de acciones o demás títulos valores, siempre y cuando tales acciones o títulos valores pertenezcan a emisiones inscritas y autorizadas por la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores, y la colocación de los mismos sea realizada a través de una bolsa de valores legalmente autorizada”.
El director de fiscalización del Ministerio de Hacienda, Luis Díaz, dijo que para evitar esta elusión del ISR, el actual Gobierno envió una reforma en 2009 y la Asamblea Legislativa modificó la ley. Ahora quienes realicen estas transacciones están obligados a pagar impuesto.
La venta de las acciones de las personas naturales apenas fue el 10% del total de los bancos, mientras el 90% se vendieron fuera del país para que no se les aplicara el artículo 16 de la ley del ISR, que estipulaba el pago de renta de los bienes y los capitales invertidos en el territorio.
Mientras, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tampoco se pagó porque el artículo cinco de esta ley indica que los títulos valores no son sujetos de este gravamen.
El economista Villalona afirma que con la venta de las acciones de los bancos se debieron pagar unos $260 millones en impuestos, pero que no realizaron porque la ley lo permitía.
Con los $260 millones de la elusión fiscal se podría haber financiado más de la mitad del programa social para este año, en el que se financiaría la reforma de salud, el Plan de Agricultura Familiar, construcciones de vivienda popular,planes educativos, la instalación de agua potable en las comunidades rurales y urbanas del país y demás obras.
Actualmente en el país hay unos diez bancos operando, de los cuales dos son del Estado. El último que se vendió fue el HSBC y pasó a ser propietario Davivienda, de capital colombiano. Los activos de las instituciones ascienden a más de $13,000 millones.