Lunes, 25 de Abril de 2011
Un estado con tres Órganos de gobierno
Licda. Norma Guevara de Ramirios
Como expresamos antes, nueve Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) demandan ante la Fiscalía a cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional (SC) por actos arbitrarios, desobediencia y prevaricato; otro abogado demanda como inconstitucional la elección de los Magistrados (los electos en 2009. 4 hombres y 1 mujer), lo que demuestra que estamos volviendo al mismo punto, la incomodidad política de la derecha acostumbrada a dictar su voluntad por sobre
la existencia formal de los tres órganos de gobierno, en un momento en el cual se empieza a vivir una real independencia de los órganos de gobierno.
¿Qué se pretende? Un golpe de Estado técnico, que en la manera de proceder debe darlo y al mismo tiempo dárselo a sí misma, la Asamblea Legislativa?
Fue la Asamblea la que eligió a los Magistrados, si ella aceptara pre juzgar las actuaciones y declarar que hay lugar a formación de causa, sólo lo haría para dañar la institucionalidad y lo haría una mayoría de derecha en la que de ninguna manera el FMLN sería parte, pues se tiene clara la responsabilidad de consolidar las instituciones democráticas y aprender a bregar con diferencias hasta hacer posible un país mejor.
Si el Señor Fiscal General de la República aceptara que la demanda es
procedente, tendría que dirigirse a la Asamblea Legislativa para promover un ante juicio y las cuestiones sobre las cuales actuó la Sala de lo Constitucional son de su entera competencia de acuerdo a lo que expresamente establece la Constitución en sus artículos 174 y 183. Sólo ella puede juzgar la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, eso dice expresamente nuestra Constitución. De manera que, aunque las demandas juzgadas por la Sala de lo Constitucional sean relativas a actuaciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, es su
competencia juzgarlas. Este no puede ser el verdadero fondo o malestar interno de la Corte Suprema de Justicia.
Un diferendo interno que coloca al país en la antesala de una crisis de
poderes en la que bastaría la derecha para resolverla con una postura de la Fiscalía y una mayoría legislativa de derecha es demasiado grave para no advertirla.
Conviene recordar que hubo intentos de remover Magistrados de una Sala a otra a lo cual intentaron empujar a los diputados de derecha en la Asamblea Legislativa a finales de Julio pasado, la postura del FMLN en aquél momento fue clave, en esa intentona se logró que una parte de esa misma derecha reconociera que la Sala de lo Constitucional debía ser respetada independientemente de cómo cada quien juzgue las bases sobre las cuales funde sus decisiones. Ahora vuelven por otro camino con los mismos propósitos. Son reiteradas intentonas de golpismo a
la hondureña, ¿A quiénes puede interesarle?
A éste tipo de riesgos contribuye un formato de comunicación que procura
denigrar a la Asamblea como institución sin analizar pormenorizadamente sus actuaciones; varios periódicos, programas radiales, formatos de presentación noticiosa y de comentarios televisivos apuntan permanentemente a generar un estado de opinión que se exprese en malestar general de la población sin distingo alguno de opiniones o actuaciones contra “diputados”. Ese malestar creado genera un colchón para que cualquier cosa pueda pasar, incluso desatar con una mayoría como las que consigue cuando se trata de proteger intereses
patrimoniales, para debilitar y prácticamente anular el ejercicio independiente del órgano judicial golpeando la capacidad resolutoria de la Sala de lo Constitucional. Ante ese riesgo estamos enfrentados como país, en ningún momento de la historia del último siglo se encontró una situación parecida; el sistema de justicia, como afirmaba nuestro Arzobispo de San Salvador, mártir y profeta, Monseñor Romero, sólo picaba al descalzo, ahora una Sala que genera “desconfianza” vuelve incierta la protección a la que estuvieron acostumbrados
siempre.
Una Asamblea con 35 diputados de izquierda, comprometidos con el cambio que el país empieza a experimentar y una Sala de lo Constitucional en la cual la independencia judicial se empieza a manifestar en resoluciones concretas, son hechos incómodos para el poder fáctico acostumbrado a someter, de manera que las intentonas de golpe de Estado por la vía de la desestabilidad de las instituciones llamadas a constituir soportes fundamentales de la democracia y del Estado Social y Democrático de Derecho acechan intentando recomponer el
alineamiento perdido el 15 de marzo de 2009. Sin esos soportes de dignidad y voluntad de cambio, el órgano ejecutivo sería un prisionero de caprichos que nada tienen que ver con la voluntad soberana del pueblo que se pronunció por iniciar un proceso de cambios en nuestra sociedad.
Se requiere que la ciudadanía activa se percate del fondo de esta forma de
confrontación, abramos los ojos, advirtamos y aprendamos a posicionarnos en un camino que aunque contenga sus propias dificultades y desencuentros, es el camino que más conviene a la mayor parte de nuestra población. Seamos impulsores del cambio, rechazando toda forma de golpismo y de debilitamiento o ruptura de las fuerzas que hemos luchado juntas por lograrlo.