100 días Sandra de Barraza

En 100 días ha cambiado el ánimo de la población. Hemos pasado de un ambiente generalizadamente enrarecido en el que los comentarios iban de mal a peor, a un ambiente en el que muchos, con prudencia, hacen silencio y esperan para emitir opinión.

El estado de ánimo es un factor determinante para producir y para convivir. El optimismo que LPG Datos destaca en la población es un «activo intangible» importante, porque nos permite identificar oportunidades, aprovechar los recursos y «valorar positivamente las circunstancias» en las que vivimos y en las que nos relacionamos.

En el mes de mayo de este año solo 9.8 % de la gente opinaba que el país estaba bien. Tres meses después el porcentaje sube al 41 %. Solo el 8 % de los encuestados no razonó su opinión. El 44.6 % encontró razones en temas vinculados a la seguridad (reducción de delincuencia, reducción de violencia, más efectivos de la policía), el 30 % lo justificó por el cambio de gobierno y el 2.4 % por razones económicas.

La percepción de la gente sobre lo actuado en seguridad ha generado un ambiente diferente. El gobierno debe tener presente que el tema de inseguridad, delincuencia y violencia es indiscutiblemente lo que más afecta a la gente: el 52.3 % de los que opinan que el país está mal lo hace por aspectos vinculados a la inseguridad.

Así el sentimiento, así la opinión y así el ambiente, es indudable que concentrar esfuerzos en la seguridad con el enfoque territorial que han anunciado es fundamental para mantener y ojalá fortalecer el optimismo que la gente siente en el país. El optimismo es fundamental para el arraigo a nuestra tierra.

Sin embargo, el arraigo demanda oportunidades concretas de autorrealización personal. Los homicidios se han reducido, pero no es suficiente para cumplir con los compromisos que la canciller ha suscrito con el gobierno de los Estados Unidos. Si la gente siente que vivimos en el peor de los mundos, que no tiene destino ni futuro, difícilmente se detiene la migración ilegal.

El presidente y su gabinete han generado un ambiente favorable y tendrán el desafío de mantenerlo y fortalecerlo durante los siguientes 57 meses para que efectivamente se sienta «la nueva era» que se anuncia y todos esperan. Eso que se escribe y dice fácilmente tiene exigencias importantes en las dos áreas que la gente prioriza: la seguridad y la economía.

En seguridad el plan territorial debe dar resultados a partir del control de homicidios y extorsiones. Coordinar la presencia y los resultados en educación, salud, saneamiento y empleo en territorios concretos demanda cambiar la cultura en la administración pública. Los 25,000 efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) y los 54,400 docentes del Ministerio de Educación son la clave para los resultados. Para esto se debe pasar del decir y gastar, al hacer invirtiendo tiempo y dinero, con compromiso para obtener resultados medibles y confiables. Hay recursos, hay experiencia y parece que hay voluntad. ¿Alinearán a todos? Hay que evaluar para tomar decisiones oportunas.

En economía hay avances que benefician a todo tamaño de empresas. Parece generalizada la opinión que están facilitando los trámites burocráticos para sorpresa positiva. Las administraciones anteriores se propusieron pedir permisos para todo, complejizar y alargar los procesos encareciéndolos a pesar de las declaraciones de «facilitación». Y esto resta competitividad a todos.

La Dirección General de Estadística y Censos tiene una base de alrededor de 35,300 empresas. El 60 % está en el departamento de San Salvador, el 18 % en La Libertad, 6 % en San Miguel y 5 % en Santa Ana. El resto de departamentos (10), donde vive gente con necesidades y aspiraciones concretas, se reparte el 2 % de empresas restante. Esta realidad deja a muchos excluidos de oportunidades concretas. ¿Qué tratamiento tendrá la micro y pequeña empresa? ¿Qué harán con 60 % de informalidad en la economía?

Me identifico con el proyecto de la «Ciudad del Surf» porque podemos convertirnos en el país del surf. Esa ciudad y ese país necesitan gente competente, servicios públicos de calidad y, sobre todo, iniciativas concretas para sanear y proteger el medio ambiente. Convirtiendo la zona costera en espacio para la descarga de desechos líquidos y sólidos, la «Ciudad del Surf» tendrá dificultad para surgir. ¿Quién asumirá la responsabilidad de que las decisiones se tomen? ¿Quién asume la tarea que las cosas sucedan cuando deben suceder?

Se necesita respeto a la institucionalidad y funcionarios que efectivamente entiendan que son servidores públicos para que se logre sentar nuevas bases. Me pregunto ¿cómo asegurarán que prevalecen los derechos del ciudadano sobre los laborales?

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