Aunque los distintos órganos del Estado tienen facultades de control, históricamente ha existido una resistencia que se hace más visible en el gobierno de Nayib Bukele frente a una composición legislativa dominada por la oposición, dice el investigador Álvaro Artiga, director de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Uca).
En febrero usted caracterizó el actuar del presidente Nayib Bukele como imprudente con una tendencia a usar el poder sin control, ¿se podría hablar de una tendencia de autoritarismo en el país?
Creo que sí hay una continuidad en no querer ser sometido a ningún control por parte del Ejecutivo, no solo el presidente. Lo vemos en las convocatorias que la Asamblea Legislativa, a través de algunas comisiones especiales, ha llamado a los distintos funcionarios para que expliquen el uso de los fondos y no llegan; también, en algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional. El otro es el control que viene del Ejecutivo, también ha existido problema desde la Corte de Cuentas, problemas de información sobre distribución de fondos en el caso del ministro de Agricultura. Y , también, el caso del director de la Policía. Una serie de funcionarios del Gobierno en los que se puede constatar, independientemente de la razón, que hay una negación a ser objeto de control, de un control que está contemplado en la misma Constitución. Y, desde ese punto de vista, el ejercicio del poder sin controles es lo que podríamos llamar un ejercicio autoritario del poder. publicidad
¿Considera usted que es una forma de desafío?
Sí es un desafío. Lo que no está del todo claro es por qué lo hacen. No solo es un desafío para la comisión “x”, o la Corte de Cuentas o la Sala de lo Constitucional en cuanto a una sentencia, sino en cuanto es un desafío al sistema de controles que está contemplado en la Constitución. Pero también son controles desde distintas instituciones hacia distintas instituciones. El presidente tiene mecanismos de control, controla la labor legislativa a través del veto presidencial. Pero lo que está desafiando no solo son determinadas instituciones, sino que es todo el sistema de control y eso es lo que hace dudar del carácter democrático del régimen político salvadoreño. Gobiernos de FMLN y de Arena tampoco se sometieron al control. Lo que hay es una continuidad del ejercicio autoritario del poder por parte de los gobiernos desde Arena hasta el actual.
¿No hay cambio en esa forma de resistirse a ser controlados?
No. Lo que pasa que ahora es más visible. Recordemos que hay momentos en los gobiernos del FMLN que también quisieron, por ejemplo, tomarse el edificio de la Corte Suprema, también con acciones desde el Legislativo Arena y el FMLN quisieron neutralizar a la Sala de lo Constitucional con el decreto 743. Han capturado las instituciones como la Fiscalía, el Tribunal de Ética Gubernamental, en ese reparto que hacen por cuotas, es una manera de haber neutralizado el control también.
“A través de procesos de elecciones internas no fueron capaces de lograr una renovación en la dirección de los partidos como en sus candidatos. Cuando la gente ve que son los mismos que van, no son creíbles”.
¿Cómo evalúa el rol que ha desarrollado cada uno de estos órganos de Estado?
Los tres tienen competencias para controles mutuos. El presidente lo ha ejercido en esta pandemia a través de veto. Otra cosa es si esa acción de control mediante el veto es adecuada, es apropiada. Pero lo mismo podemos decir de parte de la Asamblea, a las interpelaciones, las comisiones especiales, en este momento, la discusión sobre el presupuesto. Son mecanismos de control que están contemplados en la Constitución como facultades del órgano Legislativo. Otra cosa es la intención con que las ejerce. Y lo mismo se puede decir de la Sala de lo Constitucional. Eso es lo interesante de la coyuntura que poco a poco las distintas entidades han ido ejerciendo una función que antes no lo hacían. Los dos gobiernos de FMLN y Arena, esas funciones o facultades de control, escasamente las utilizaron. El problema es que las están utilizando en un contexto de pandemia, donde más bien las cosas deberían ser de búsqueda de la coordinación que estar enfrentándose unos contra otros.
¿Habrá detrás de esto una intención de campaña política con miras a las elecciones?
Creo que de parte de todos los que tienen una cuota de poder en estas instituciones, sea la Asamblea, la Corte, la Fiscalía, el Ejecutivo, por supuesto que está presente el tema electoral. Se quiere crear una percepción de que el ejercicio del control es una manera de obstaculizar la función que tiene, en este caso el Ejecutivo. Y eso entra en la línea de su discurso de campaña de las elecciones presidenciales, de ser la víctima del sistema que se opone a los cambios que el país necesita. Y todo pareciera ser, así es el discurso, que el ejercicio de una facultad que tienen los otros órganos es interpretado como un obstáculo que hay que quitar en las elecciones. Y eso ha sido de alguna manera exitoso en buena parte de la opinión pública. Ambas partes tienen intereses en las próximas elecciones y están utilizando las herramientas que tienen a su disposición para tratar de perjudicar al otro.
¿Cómo podría ser un gobierno con el control en la Asamblea o bien un gobierno donde no tenga el control de la Asamblea?
Un gobierno que no tenga el control de la Asamblea, tenemos este escenario de potenciales y efectivos conflictos, por lo menos hasta la siguiente elección en 2024. En el caso de que tenga el control de la Asamblea, eso es lo que tuvo Arena y en cierta manera es lo que el Frente tuvo cuando hacía alianzas con Gana. O sea que tendríamos más de lo mismo que hemos tenido durante todos estos años. Cuando Arena tiene el control del Ejecutivo y del Legislativo, ahí tenemos a los presidentes acusados de corrupción o de enriquecimiento ilícito o de malversación de fondos, tanto de Arena como del FMLN. Eso es lo que tendríamos si se repite la condición estructural de control que hemos tenido desde 1994. Y podemos irnos atrás, cuando los militares a través del PCN controlaban el Ejecutivo y el Legislativo. Ese ejercicio del poder sin controles ha sido la nota característica de la política en El Salvador. El único periodo en que eso no se ha dado es justamente entre 2019 y 2021. Ahora es el único momento en que un gobierno no tiene control sobre la Asamblea y no controla las otras instituciones que tienen facultades de control.
“Y todo pareciera ser, así es el discurso, que el ejercicio de una facultad que tienen los otros órganos es interpretado como un obstáculo que hay que quitar en las elecciones del próximo año”.
¿Podría incidir un cambio en la opinión del electorado que se hayan dado a conocer casos de corrupción de funcionarios de este gobierno y una supuesta negociación con pandillas?
El problema es que los que denuncian esos casos son justamente aquellos que cuando estuvieron en el gobierno estaban en la misma situación, entonces, no tienen credibilidad. Los partidos de oposición no son los mejores voceros de la transparencia, de la probidad. Más bien se les revierte porque caen más en la lógica del discurso presidencial de que todo eso lo hacen para estorbarle, para perjudicarle, toda esta narrativa de que no lo dejan gobernar.
¿Qué podrían hacer para recuperarse en 2021?
Ya eso es difícil. Lo que pudieron hacer no lo hicieron. Que a través de las elecciones internas, tanto de dirección de los partidos como de candidatos hubiesen salido personas que no tenían vinculación con hechos de corrupción o que no tuviesen alguna vinculación porque ocultaron, porque encubrieron, porque permitieron. Pero no hicieron eso. Ahora simplemente el rechazo que hay en la sociedad hacia todo ese pasado la única forma que parece que se va a resolver es cuando ellos sean minimizados en la Asamblea.
La democracia, si la gente no le pone interés, ¿cómo podría percibir la gente que le falte al país?
Lo que pasa es que usted está asumiendo que ha habido democracia en el país. Lo que hemos tenido es un ejercicio autoritario del poder, un ejercicio autoritario quiere decir un ejercicio sin controles, que es un elemento esencial en un régimen democrático. Lo único que hemos tenido en el país son elecciones. El elemento electoral hemos estado aceptablemente. Pero una vez que toman posesión del cargo los que han sido electos, el ejercicio de la autoridad ha sido autoritaria, sin controles.
¿Cómo evalúa la libertad de expresión?
Si uno juzgara solamente a partir de lo que ocurre en las redes sociales, en los ataques a cualquier opositor, a cualquiera que tenga un pensamiento, una crítica a la gestión presidencial, obviamente ahí se percibe un ambiente de terror en el que mejor no decir nada. No se puede acusar directamente que es el Estado el que con sus instancias está persiguiendo en las redes. Eso no quiere decir que no pueda haber alguna incitación. En ese ámbito de la libertad de expresión es como si se han encendido focos amarillos.