El 9F[1] (9 de febrero de 2020) solo fue un preámbulo de lo que, con la conquista de la mayoría de los diputados de la asamblea legislativa, se está consumando; como es el control total de lo que en la teoría burguesa del Estado se conoce como los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además de controlar el aparato militar y la policía, también el presidente Bukele se hace del control de la Fiscalía General de la República y amenaza con el control de otras importantes instituciones del Estado.
Nayib Bukele, un proyecto en esencia autoritario
Si algunos tenían aun dudas sobre el proyecto autoritario de Nayib Bukele, estas fueron esclarecidas el recién pasado 1 de mayo. Y es que el día en que la autodenominada #BancadaCyan (Grupo parlamentario del partido Nuevas Ideas en el Congreso, partido del presidente Bukele), en su primer sesión plenaria, solo unas horas después de asumir posesión de sus cargos, destituyó de un plumazo y con dispensa de trámite (es decir sin ninguna discusión) a la Sala de lo Constitucional, además de nombrar y juramentar a nuevos magistrados, a todas luces afines a sus políticas, acto seguido se destituyó al Fiscal General de la República, y también se eligió a un nuevo fiscal a su imagen y semejanza; esto parece curioso, ya que la Fiscalía llevaba a cabo sendas investigaciones por corrupción de los actuales funcionarios del Gobierno de Bukele por manejos de fondos cuestionados en el marco de la Pandemia por el COVID19, y por si esto fuera poco, la Policía Nacional Civil y el Ejercito acompañaron la irrupción en sus diferentes oficinas tanto de los “nuevos” magistrados de la Sala de lo Constitucional, como también del “nuevo” Fiscal General de la República, un dato no menos importante es que tanto en la toma del edificio de la Corte Suprema de Justicia, como en las oficinas de la Fiscalía General de la República, no se permitió el ingreso a diversos periodistas ahí presentes, únicamente a la Prensa Oficial.
El pueblo celebra el autoritarismo.
En el pasado no tan lejano, en el año 2011, los partidos de derecha hicieron algo parecido pero menor, intentaron amarrar las decisiones de la Sala de lo Constitucional con el llamado decreto 743. Sin embargo, en aquella ocasión, la lluvia de críticas y movilizaciones casi inmediatas, lograron que este decreto retrocediera y además se declaró inconstitucional el nombramiento del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel momento.
Contrario a eso, en la actualidad, esta medida goza de un importante respaldo, producto de la gran popularidad del presidente y de su partido Nuevas Ideas, sin embargo también hay que decir que esta popularidad es producto y consecuencia de la mala, abusiva y corrupta administración tanto del FMLN como de ARENA, y ha consolidado un profundo sentimiento de repudio que Bukele ha sabido capitalizar para su proyecto político.
Es por esta razón que estas medidas, que en cualquier democracia medianamente seria, provocarían un descontento popular enorme que desembocaría en sendas manifestaciones y en renuncias de funcionarios, levantamientos populares y revueltas, en El Salvador provocan aplausos como si se tratara de una medida que beneficiará a la población.
Se anuncian nuevas destituciones de funcionarios de segundo grado
Todo apunta a que estas destituciones y nombramientos de funcionarios de segundo grado continuarán en la segunda plenaria de la nueva asamblea legislativa. Aparecen en la lista el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuradora General de la República, los Magistrados del Concejo Nacional de la Judicatura y los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República y los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Bukele apresura las medidas aprovechando su popularidad
Sin embargo estas medidas a pesar de ser importantes, no son las únicas que están en el tintero del Régimen de Nayib Bukele, pero si son las que sientan las bases para poder sortear cualquier atisbo de resistencia popular. Bukele se ha hecho del control del aparato represor (Policía Nacional Civil y Fuerzas Armadas), del Órgano Judicial (encargado de procesar el delito), de la Fiscalía General de la República (encargada de investigar y perseguir los delitos).
Además se prepara para hacerse de la Procuraduría General de la República (encargada de la defensa pública), de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (encargada de tutelar que el Estado no violente los derechos humanos), del Consejo Nacional de la Judicatura (Institución encargada del nombramiento de los jueces), del Tribunal Supremo Electoral (árbitro y validador de los procesos electorales) y de la Corte de Cuentas (Institución encargada de auditar el manejo de los fondos en El Estado).
Pero estas medidas pueden opacar las principales acciones que deberá tomar este Gobierno que son las medidas económicas.
El Ajuste Fiscal que viene: El acuerdo con el FMI.
La crisis fiscal es el principal problema de nuestro país, a pesar que éste haya pasado desapercibido en la reciente campaña electoral y que actualmente no sea motivo de discusión en la infinidad de foros en los medios de comunicación o en ambientes académicos y políticos.
El país enfrenta un exorbitante déficit fiscal que se ha incrementado so pretexto del combate de la pandemia, al punto que ya nuestra deuda pública alcanza cerca del 90% del Producto Interno Bruto.
Esta situación es sumamente grave ya que nuestra economía se encuentra en números rojos, esto obligará a que, para que los organismos financieros internacionales sigan proveyendo recursos a nuestra frágil economía, se imponga la firma de un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional.
Es esta la principal medida que el gobierno de Bukele debe de aprobar; sin embargo esta medida vendrá acompañada de un duro ajuste fiscal que descargará sobre los hombros de los sectores populares y la clase trabajadora los efectos de la crisis del país, nos referimos al incremento al IVA, la privatización de los servicios públicos que aún están en manos del Estado, la eliminación y reducción de subsidios a los pobres, despidos masivos en el aparato estatal, el congelamiento del salario mínimo y el gasto social, entre otras medidas antipopulares que este gobierno debe realizar. Este será el verdadero quiebre con la población cuando el cinturón apriete, la barriga cruja y el hambre apremie, y esto lo saben Bukele y sus compinches, por eso este año 2021 será de medidas radicales, pues está consiente de que su popularidad será pasajera.
¿Cuál es el papel de los revolucionarios ante ésta situación?
Desde la Plataforma de la Clase Trabajadora, sección oficial de la Liga Internacional de los Trabajadores, estamos por la destrucción del Estado Burgués, su ejército y sus instituciones, para instaurar la Dictadura del Proletariado, donde sea la Clase Trabajadora y El Pueblo quienes a través de la Democracia Directa gobiernen, es decir el Gobierno de las Mayorias sobre las Minorias, el gobierno de los más sobre los menos. Sin embargo, aunque no defendemos esté Régimen Democrático Burgués, y estemos por su destrucción, dentro de nuestro programa nos posicionamos por la lucha por las libertades democráticas de todos sectores del proletariado, y, sin duda, la concentración de poder en la facción burguesa de Bukele es una amenaza para todo el pueblo trabajador.
Es por esta razón que ante esta coyuntura llamamos a todas y todos los revolucionarios:
- A posicionarnos frente a la concentración de poder por parte del régimen de Bukele en unidad de acción con todas las organizaciones políticas, populares y sindicales.
- Sin embargo creemos que es importante diferenciarnos en esta lucha levantando nuestro propio programa y nuestras propias consignas democráticas:
- Por el mandato revocatorio, por el referéndum.
- Por la participación de los partidos de la clase trabajadora en las elecciones es decir por rebajar los requisitos de participación e inscripción de opciones, es decir por radicalizar la democracia representativa.
- Por la elección directa de los funcionarios de segundo grado: magistrados, fiscal general, procurador, etc.
- Además debemos posicionarnos en contra del Ajuste Fiscal, que más temprano que tarde, aparecerá en la discusión pública.
- Y por último y no menos importante, debemos de aprovechar esta coyuntura para la construcción del Partido Revolucionario de la Clase Trabajadora, en las organizaciones de base, sindicatos, cooperativas, sectores populares, hacer la batalla ideológica, ya que los sectores reformistas, a la cabeza el FMLN (principales responsables de la actual situación) intentarán volver a conectar con las masas que se sumarán a la lucha por la democracia. Debemos señalar su responsabilidad en la situación actual y organizar a las masas con independencia de clase.
¡Por las más amplias libertades democráticas!
¡Por la Construcción del Partido Revolucionario!
¡Por la Unidad de las y los revolucionarios!
¡Todas y todos a luchar!
[1] El 9 de febrero del año 2020, el presidente de El Salvador Nayib Bukele irrumpió en el congreso salvadoreño acompañado de un fuerte contingente militar, se sentó en la silla del presidente del congreso y amenazó con disolverlo, al éste negarse a asistir a una plenaria que el mismo convocó a través de su consejo de Ministros, con el fin de que se votara por un crédito para seguridad.