La Concertación Feminista Prudencia Ayala manifestamos nuestra profunda preocupación ante hechos, acciones y resultados de los dos años de gestión de este gobierno en cuanto al avance y retroceso de derechos de las mujeres salvadoreñas. Por lo cual ante la población salvadoreña y comunidad internacional expresamos:
Que durante este periodo presidencial han ocurrido hechos que atentan contra el Estado Constitucional y democrático de derechos, poniendo en cuestionamiento principios y garantías constitucionales como la igualdad, el debido proceso y la seguridad jurídica.
Que a dos años de gestión continuamos sin conocer planes de acción nacional pese a la espiral de endeudamiento externo que ata inexorablemente a las generaciones actuales y futuras sin que medie una política de empleo y seguridad ciudadana real y armónica con el respeto de derechos humanos de las mujeres
La institucionalidad de igualdad como el ISDEMU, Ciudad Mujer y otros mecanismos de la igualdad sustantiva por la que luchamos colectivamente por años está siendo debilitada en su accionar para la defensa de los derechos de las mujeres, las iniciativas ciudadanas presentadas por las organizaciones civiles ante la Asamblea Legislativa para ser discutidas y consensadas fueron enviadas sin mayor estudio por la mayoría calificada de las y los diputados al archivo, calificándolas de obsoletas lo cual nos causa preocupación sobre si existe voluntad política de las y los actuales diputados de seguir legislando a favor de los derechos de las mujeres, pese a la publicidad mediática de integración de una nueva dirección de la unidad de género de la Asamblea Legislativa.
Además, durante la pandemia un contexto que ha dejado en evidencia las debilidades del sistema sanitario, no solo en El Salvador, situación que es recurrente en el mundo. Una de las medidas controversiales de los Estados para el freno del virus COVID-19 era la cuarentena que implicaba, frenar la mayor parte de la actividad comercial, industrial y otros sectores de la economía nacional, y se visibilizaron otros aspectos que requerían atención inmediata, pues organizaciones de sociedad civil fueron recolectando datos de ciudadanos que denunciaban detenciones ilegales. Hasta el 9 de mayo de 2020, dentro del período de aislamiento o cuarentena más restrictiva, registraron al menos 2,424 personas1 detenidas y frente al habeas corpus 148-2020 ante la Sala de lo Constitucional, cuya admisión posicionaba que se habían dado casos de detenciones sin fundamento legal.
Así mismo, el aislamiento expuso a las mujeres que enfrentaban violencia en sus hogares a permanecer encerradas con sus agresores, lo cual requería una mayor respuesta de la PNC, quienes durante ese período estaban dedicados completamente a los esfuerzos para contener el virus mediante la vigilancia de las personas para no violar la cuarentena.
1 Escalante, Manuel. La situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por covid-19. Para consulta: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-el-marco-de-la-emergencia-por-covid-19
Ante los despidos realizados en diferentes instituciones recordamos que, son muchos hogares sostenidos por mujeres como únicas responsables de hogar que no contaran con el presupuesto mínimo para mantener las exigencias que amerita la reproducción familiar y el aparato económico del país, así mismo si son hogares en que un integrante ha sido despedido arbitrariamente.
Así mismo, observamos un retroceso en el respeto de derechos económicos, sociales, civiles y políticos todos partes de los derechos humanos de las mujeres y protegidos por pactos, convenciones, tratados y régimen constitucional, pues cada vez hay más mujeres desempleadas, acosadas, perseguidas, asesinadas, desaparecidas, pese a que las estadísticas oficiales mantiene discurso de opacidad frente al número de asesinadas y números de desaparecidas, realidad que debería de ser parte de la intervención y eficacia del Estado.
Hacemos énfasis en que la situación de inseguridad ciudadana es cada vez es mucho más grave, desde el 2019, FESPAD en una entrevista de CNN registra un estimado de 2,311 desapariciones entre jóvenes y mujeres en su mayoría, y al comparar cifras estimadas en el año 2020 las organizaciones sociales dedicadas a la relatoría señalan entre 2,251 desaparecidos hasta la fecha, además entre enero a marzo de este año hay un estimado de 257 personas.2
En el caso de las denuncias de desapariciones los funcionarios con atribuciones claras en la investigación y prevención del delito, no asumen sus responsabilidades en la investigación, muchas veces dando información a las familiares sobre procesos de investigación que realmente no realizan y en algunos casos se burlan de las personas que denuncia las desapariciones, argumentando que estas obedecen a cambios de domicilio de quienes se presumen desaparecidas.
Que las estimaciones en datos estadísticos sobre homicidios, femicidios, desaparecidos y acoso sexual son alarmantes sobre todo si van acompañadas de discursos que manifiestan que no son hechos tan importantes, y por lo tanto no se prioriza. Lo cual da como resultado de un alto grado de impunidad, ya que la dilatación de la investigación representa pérdidas de vidas humanas, por lo que consideramos que si ha reducido el número de homicidios se observa que han aumentado aceleradamente las estadísticas sobre desapariciones y cementerios clandestinos, lo cual debería ser una prioridad dentro de las políticas de persecución del delito.
Que las funciones de investigación, sanción, prevención del delito y violencia han sido cada vez más deficientes ante la necesidad de acciones urgentes ante la violencia principalmente contra las mujeres. Estos crímenes y feminicidios son una muestra de la disfuncionalidad del aparato de Estado con responsabilidad institucional en la investigación, sanción y prevención del delito, pese a que el movimiento social y feminista ha exigido atención y gestión de estos casos a fin de que no desaparezca ni una mujer más.
Lamentamos que este marco de irrespeto al Estado constitucional y democrático de derechos y las acciones políticas como parte del ejecutivo en la que no se respeta la legalidad y el debido proceso está ocasionando pérdida acelerada de derechos humanos de la población de mujeres y sus familias.
Que ante el clima de inseguridad jurídica en que los funcionarios públicos colocan al país y sociedad en general y principalmente a las mujeres de escasos recursos el restablecimiento de derechos como el
2 Baños, Saúl. FESPAD. 2021. Entrevista de FESPAD para CNN sobre el caso #Chalchuapa y el fenómeno de personas desaparecidas en El Salvador. Puede ser consultado en: https://www.facebook.com/watch/?v=479800699962307
reinstalo o indemnización se verá seriamente afectado por la falta de independencia de los órganos de Estado.
Reafirmarnos que las decisiones políticas de La presidencia de la República, que irrespetan nuestro marco jurídico son las formas de expresión de abusos de poder que fortalecen la impunidad y el irrespeto de la legalidad, lo que provoca que se incremente el clima de inseguridad de las mujeres y a su vez, en el deterioro de la salud mental en las ciudadanas y trabajadoras que se les están violando sus derechos y no encuentran mecanismos institucionales que puedan darles protección.
Por lo tanto, como mujeres en el territorio salvadoreño exigimos a todos los órganos del Estado:
El respeto al orden constitucional y el sometimiento a todas las leyes del país, que han prometido en su aceptación del cargo.
Respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa.
Respeto a las personas defensoras de derechos, que en un país democrático tienen que actuar de forma autónoma y ser críticas a las decisiones que afectan los interese estratégicos de la población.
Fortalecimiento al ISDEMU y los mecanismos de implementación creados por la Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres y la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres.
Respeto a los organismos de mujeres y feministas por su labor y aporte en la construcción de una democracia real.
Respeto a la Legislación laboral tanto de los empleados públicos como privados, ya que se denuncia que el Ministerio de Trabajo no está cumpliendo su función de garante de los derechos de las personas trabajadoras.
Planes de seguridad con enfoque de género que contribuyan a erradicar la de violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones.
Implementación del Plan de Acción Nacional de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
Concertación Feminista Prudencia Ayala
San Salvador, 1 de junio del 2021
