Tras cuatro meses de batallas legales, el partido Arena accedió a revelar la lista de sus financistas desde febrero de 2015: entre 470 donantes, la máxima aportadora es la familia Poma. Aparecen luego los apellidos Dueñas, Regalado, Súster, Simán y Cristiani, que junto a Poma suman el 40 % de los aportes en 16 meses. La organización Acción Ciudadana ahora espera que el FMLN también transparente su financiamiento.
En los casi 16 meses transcurridos entre el 7 de febrero de 2015 y mayo de 2016, el partido de derechas Arena recibió de donantes privados un total de 2 millones 992 mil dólares, de los cuales un 40 % provino de seis familias tradicionalmente vinculadas a la organización nacida en 1981 y que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009.
En un informe sin precedentes, firmado por Luis Carlos Tenorio, como jefe de la unidad de acceso a la información del principal partido de oposición, Arena entregó una lista de alrededor de 470 financistas privados, entre personas naturales y jurídicas. El documento fue elaborado y entregado a la organización Acción Ciudadana el pasado miércoles 29 de junio, después de meses de batalla legal en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la Ley de Partidos Políticos, que incluso se ha librado en la Corte Suprema de Justicia.
Las seis familias que más aportes hicieron durante el período mencionado son Poma, Suster, Dueñas, Regalado, Simán y Cristiani. Las donaciones de las 10 empresas de las que estas familias son propietarias, más los aportes de siete personas naturales con alguno de esos apellidos que aparecen en la lista de donantes, hacen un monto de 1 millón 197 mil dólares, es decir, el 40 % de todo el ingreso en concepto de donativos en esos casi 16 meses.
Entre personas naturales y jurídicas, son las jurídicas las que han hecho el grueso de los aportes. A la cabeza se sitúan las de la familia Poma, con 450 mil dólares entre las marcas Metrocentro y Autofácil. Las otras ocho corporaciones pertenecientes a las restantes cinco familias con mayores aportes son Omnisport S.A. de C.V., vinculada a la familia Súster; Roberto Dueñas Limitada y Dueñas Hermanos Limitada, vinculadas a la familia con ese apellido; la Compañía Azucarera Salvadoreña y Almacenadora Del Pacífico S.A. de C.V., relacionadas a la familia Regalado; Credisiman y Desarrollos Inmobiliarios Comerciales S.A. de C.V., con vínculos a la familia Simán; y Droguería Santa Lucia, propiedad del expresidente de la República Alfredo Cristiani.
En la lista de donantes hay 13 que aportaron más de 145 mil dólares, otros 38 hicieron donaciones entre los 10 mil y los 145 mil dólares, y el 89 % de los financistas restante (419) dieron menos de 10 mil dólares cada uno.
La familia Poma es, de lejos, la que más dinero aportó al partido, al menos desde febrero de 2015. Metrocentro y Autofácil entregaron, respectivamente, 375 mil dólares y 75 mil en estos 16 meses, lo que significa que de cada 100 dólares que el partido recibió, 15 los puso este grupo empresarial.
Ricardo Poma, el patriarca del Grupo Poma, ha estado ligado al partido desde hace al menos 15 años. Se estrenó como dirigente arenero allá por 2002 junto a un selecto grupo de millonarios que entraron ese año a conducir el partido, y desde ahí influyó en muchas decisiones políticas de la Asamblea Legislativa. Cuando en febrero de 2013 el expresidente de la República y empresario Alfredo Cristiani dejó la presidencia del partido, lo sucedió -mediante un nombramiento secreto- Jorge Velado, un gerente del área automotriz del grupo Poma que hasta entonces era el segundo al mando en Arena. Más recientemente, Poma volvió a figurar cuando lideró el rescate de la candidatura presidencial de Norman Quijano en un momento en que esta se venía a pique en las encuestas que, a falta de ocho meses para la elección presidencial, lo ponían muy por debajo del ahora presidente Salvador Sánchez Cerén.
La empresa Omnisport, de Saúl Suster, es la segunda mayor financista de la lista entregada a Acción Ciudadana. La compañía donó 153 mil 156 dólares a Arena. Súster es un amigo del expresidente Cristiani y durante el gobierno de este fue presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). Cristiani fue presidente de Arena por segunda vez entre 2009 y 2013, y desde febrero de ese año se convirtió en coordinador de otra instancia dirigencial de Arena, la Comisión Política.
Cristiani, propietario de la Droguería Santa Lucía, y su grupo familiar aportan la sexta mayor cantidad de entre todos los donantes: 139 mil 446 dólares salieron de la Droguería Santa Lucía y de los aportes personales suyos y de familiares como el empresario Félix Guillermo Cristiani, o Marcos Llach, hijo del cuñado del expresidente Cristiani, Roberto Llach, quienes aparecen como pequeños donantes del partido. Si se suman los aportes del grupo familiar Cristiani con el de Súster, el monto es de 295 mil 599 dólares.
La lista de financistas aclara el ala derecha de un panorama hasta ahora oscuro en los dos principales partidos políticos, pero el partido en el gobierno, el FMLN, sigue negándose a revelar quiénes son sus donantes. En el caso de Arena, desde el sector de profesionales ha habido quejas recurrentes de que quienes mayor aporte económico tienen son los que toman decisiones tan importantes como las candidaturas a cargos de elección popular, y según algunos este fue el caso de la familia Poma respecto de la candidatura presidencial de Quijano para los comicios de 2014.
Cristiani sigue siendo un hombre poderoso en Arena: la Comisión Política que él dirige es la encargada de redactar muchos de los reglamentos, como por ejemplo, el que normará las próximas elecciones internas del partido. La Comisión Política surgió para que el poder no se concentrara en el Coena presidido por Jorge Velado.
El expresidente de la República Alfredo Cristiani (segundo de izquierda a derecha) fue, durante 16 meses entre febrero de 2015 y mayo de 2016 el sexto mayor financista del partido Arena, según información proporcionada por el partido a la organización Acción Ciudadana.
Si a este 40% que aportaron estas seis familias se suman las donaciones de otros grupos familiares como Calleja (Super Selectos), Quirós (Grupo Q), Miguel (Mike-Mike), e Imberton (Comercializadora Imberton), y se añaden además los aportes de empresas de magnates como Roberto Murray Meza (Prodinsa S.A. de C.V.) y de familias como Borgonovo y Borja, el porcentaje del financiamiento que ellos representan llega al 50 % del total.
Entre las empresas multimillonarias que apadrinan a Arena están las empresas de la familia Dueñas, que intenta recuperar la finca El Espino, en Antiguo Cuscatlán, a costa de unas 70 familias que tendrían que ser expulsadas de la comunidad donde viven. La comunidad y los Dueñas tienen un litigio en un juzgado de la localidad.
Una de las empresas es la propietaria del centro Comercial La Gran Vía, en Antiguo Cuscatlán. Esta empresa se llama Roberto Dueñas Limitada y donó a Arena 65 mil dólares. Sus hijos, Roberto Miguel y Miguel Arturo Dueñas Herrera son socios de Dueñas Hermanos Limitada, dedicada a la construcción de apartamentos, casas y complejos habitacionales como Portal del Casco y Puerta de Gran Canaria, que son los vecinos del Espino. Donaron al partido tricolor 86 mil dólares.
También hay empresas menos tradicionales que figuran como donantes de Arena, entre ellas Desarrollos Veranda S.A. de C.V. y Henríquez S.A. de C.V., que financiaron a Arena con 150 mil dólares y 133 mil dólares, respectivamente.
La información de los donantes de los partidos políticos se ha manejado siempre en secreto y por años las organizaciones no tenían la obligación de declarar al público quiénes eran los que les daban el dinero, ni cuánto. Pero en febrero de 2013 se aprobó la Ley de Partidos Políticos que traía un componente para regular este tema, pero fue declarada inconstitucional en agosto de 2014 por considerar que no cumplía con parámetros de verdadera transparencia y rendición de cuentas.
Los diputados reformaron la ley en octubre de ese mismo año, incluyeron un mecanismo para que los ciudadanos pidieran información a los partidos, pero al mismo tiempo establecieron candados para que los partidos pudieran entregar información incompleta. A raíz de eso, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió, el 6 de febrero de 2015, que los partidos debían aprobar nuevas modificaciones que, de una vez por todas, garantizaran verdadera transparencia en el financiamiento. Así dejó sin efecto legal los candados que impedían la entrega de la información a los ciudadanos.
Valiéndose de esta sentencia de febrero de 2015, Acción Ciudadana solicitó en febrero de 2016 las cuentas de los partidos políticos. Después de cuatro meses de litigios ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los partidos comenzaron a soltar información relacionada a sus donantes. Gana, PDC y PCN fueron los únicos que mostraron algunos nombres de sus financistas pero admitieron que no entregarían la lista completa ni las cantidades que aportaron, mientras que el FMLN y Arena se mantuvieron renuentes .
El TSE, tras audiencias con todos los partidos, sentenció que estos debían entregar la información sobre la identidad de sus donantes así como el detalle de los montos aportados después del 6 de febrero de 2015, esto debido a la resolución de la Sala. El TSE añadió que los partidos tenían la opción de entregar información de sus donantes de antes del 6 de febrero de 2015, siempre y cuando tuvieran la autorización de ellos.
Arena se había negado a entregar la información sobre sus financistas alegando que la Ley de Partidos Políticos aún no se ha reformado, como lo ordena la Sala, y que por tanto pueden obviar entregar la información. Esta interpretación riñe con el mandato judicial establecido en la sentencia de la Sala que dejó inaplicable la parte de la ley en la que se exige a los partidos pedir autorización a sus donantes para compartir la información.
Aun así, Arena apeló la primera resolución del TSE en la que le ordenaba a entregar a Acción Ciudadana la información, pero finalmente, el 30 de mayo, el TSE concluyó que los datos debían ser públicos. Entre notificaciones y plazos legales, Arena entregó, por primera vez en casi 35 años de historia, una lista de financistas el miércoles 29 de junio pasado.
El FMLN, mientras tanto, calla y alega que entregar la información de donantes sería violar la Ley de Partidos Políticos, el cual era el mismo argumento que utilizó Arena para escudarse. El Frente es el único partido que por ahora sigue sin dar ningún dato de sus donantes.
Además de los empresarios tradicionales en Arena, hay donantes vinculados a personajes prominentes de otros partidos políticos como es el caso de la compañía Henríquez S.A. de C.V. (Ferretería MC) que tiene entre sus actuales directivos al exdiputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) Dagoberto Marroquín. Henríquez S.A. de C.V. donó 133 mil dólares en los últimos 16 meses.
Hay más financistas relacionados a otros partidos políticos como el caso de Andrea Susana Mendoza Parker, quien donó 500 dólares a Arena cuando ella también aparece como fundadora del Partido de la Esperanza (Pes) ahora PDC, y además, como donante pecenista.
La lista no precisa los momentos en que los 470 financistas hicieron sus aportes. El período posterior al 6 de febrero de 2015 incluye la etapa final de la campaña para alcaldes y diputados del año pasado.
La Ley de Partidos Políticos prohíbe que gobiernos o agencias extranjeras donen a los partidos, pero nada dice sobre las empresas domiciliadas en el extranjero. Por eso es que la empresa Hencorp Becston Capital, con sede en Miami, Estados Unidos, pudo donar 10 mil dólares al partido tricolor. Esta fue la misma compañía que el expresidente salvadoreño Mauricio Funes dice que entregó un préstamo a la empresa del expresentador de noticias de la Telecorporación Salvadoreña (TCS) Jorge Hernández, Multimedia S.A. de C.V., para que esta a su vez le entregara 16 mensualidades de 15 mil dólares entre 2014 y 2015. Funes está procesado por enriquecimiento ilícito y tiene sus carros y cuentas congeladas.
El documento, fechado 28 de junio de 2016, muestra al expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, con una donación de 2 mil 340 dólares.
En la lista de donantes hay un rubro denominado “Aportes Empleados” que suma 20 mil 492 dólares, que representa el 0.68% de los ingresos totales recibidos desde 2015. Arena comenzó a pedirle a sus empleados que contribuyeran al partido desde mayo de 2015 como una forma para diversificar la fuente de ingresos. “Lo veo como un mecanismo que permite cierta independencia económica en el sentido de no ser dependientes de un determinado cooperante”, decía al respecto Hugo Barrera, exvicepresidente de Arena quien actualmente busca la presidencia del partido.
Ya antes han existido llamados a que el partido deje de depender de los grandes financistas. El más reciente ocurrió en los días en los que Arena asimilaba la segunda derrota presidencial consecutiva, con su candidato Norman Quijano. Fundadores y algunos miembros de sectores del partido mencionaron que era un riesgo para Arena que las grandes decisiones estuvieran sujetas a la voluntad de los grandes financistas. “Arena tiene que romper con los grupos de poder económico, así como los hay en el FMLN”, decía Eduardo Larrave, uno de los fundadores más críticos que tenía el partido por aquellos días.
Larrave tal vez aludía a grupos económicos vinculados a rubros específicos de la industria salvadoreña. Entre los donantes de Arena, por ejemplo, el gremio azucarero representa buena parte de los ingresos: 5.8 % del total, es decir 173 mil dólares en 15 meses. A este grupo pertenecen tradicionales financistas del partido como Tomás Regalado Dueñas, Juan Tennant Wright quienes aparecen como donantes, al igual que sus empresas, Compañía Azucarera Salvadoreña e Ingenio El Ángel, respectivamente. En la lista también aparece el Ingenio Jiboa.
Hay otras empresas de donantes vinculados al quehacer político del país. Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones, cuyo representante legal es hijo* del magistrado de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime, aparece como financista con 3 mil 500 dólares. Casi cuatro veces esa cantidad la aportó la empresa D’Casa, propiedad de Carlos Araujo Eserski, expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y presidente del Banco Azul.
También aparecen empresas cuyos propietarios han sido vinculados al Cártel de Texis, una estructura del narcotráfico que opera en El Salvador y que ha sido reconocida por las Naciones Unidas: Agroindustrias Gumarsal. Los propietarios de Salazar Romero han sido señalados por informes de inteligencia del Estado como colaboradores del cártel.
Entre los donantes también se pueden hacer viajes al pasado. Por ejemplo, aparece el expresidente del Banco Cuscatlán y que fue una pieza clave en la lavandería utilizada por el partido para ocultar el origen de 10 millones de dólares donados por Taiwán para diversos programas de gobierno durante la presidencia de Francisco Flores (1999-2004) y que fueron desviados al partido para usarse en la campaña electoral que llevó a Antonio Saca a la presidencia de la República. Mauricio Felipe Samayoa Rivas, que falleció en junio de 2015, aparece como donante de 3 mil dólares. La empresa que él dirigió, Corporación Montelena, también otorgó al partido 25 mil dólares. Corporación Montelena se dedica a los negocios funerarios, y fue ahí donde fue cremado el expresidente Flores quien fue el personaje central de la inconclusa investigación por la donación de Taiwán.
Arena ha criticado fervientemente el supuesto financiamiento que hace el grupo Alba Petróleos al gobierno y al partido del FMLN, y sostienen que ahora eso es ilegal, según la Ley de Partidos Políticos. Arena, sin embargo, no ha explicado exactamente cómo se planificó aquel financiamiento que involucró al gobierno taiwanés. Uno de los que podrían ayudar a explicar el entramado es Eduardo Berdugo Muñoz, un contador del partido que sigue laborando para la institución. Berdugo, que trabaja para la empresa Golán, aparece también como un donante del partido con 720 dólares.
*Fe de errata: en una versión original de este texto se mencionaba que el magistrado de la Sala de lo Constitucional era el representante legal de Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones, cuando lo correcto es que es su hijo quien desempeña ese cargo. Cambio efectuado a las 8:50 am del lunes 4 de julio de 2016.