Introducción
El enfrentamiento político-social en el gobierno Bukele[1] asume diversos rostros y escenarios: el principal es el enfrentamiento entre sectores de la oligarquía y de la burguesía emergente[2] en sus dimensiones política, económica, social, mediática y cultural.
En esta pugna social, el gobierno estadounidense de Trump respaldó al régimen Bukele mientras que el gobierno de Biden[3] se ha decantado por posicionarse a favor de la restauración oligárquica, y su accionar expresa también una de las principales vertientes internas de este enfrentamiento.
Pero también se encuentra, en un segundo plano, oculto pero vigente, el enfrentamiento de la burguesía emergente, representada por el gobierno autoritario y populista del presidente Bukele y las debilitadas -pero continuas y significativas- luchas de las organizaciones populares y sociales, así como del debilitado FMLN[4].
La debilidad del movimiento social y popular le permite al poder emergente de Nuevas Ideas, ejecutar su proceso de entronización del nuevo régimen político, sin ningún tipo de oposición social y popular programática, sistemática y masiva. Es un momento de cansancio y confusión, la calle estuvo fría en el periodo estudiado y lo sigue estando, y el régimen Bukele a dos años de gobierno, todavía goza de un impresionante respaldo popular[5].
El conflicto principal transcurre en las veredas de las clases dominantes, y a nivel social y popular se resuelve fundamentalmente mediante peticiones ante las autoridades más que movilizaciones, mediante la vía parlamentaria como forma de lucha principal, no solo en el plano político de los partidos sino también en el plano social de las organizaciones y redes.
Es un momento de claro adormecimiento de la movilización popular. Esto tiene que ve tanto con el rezago inducido del periodo anterior de diez años de dos gobiernos de izquierda, como por la ya prolongada situación de debilidad y atomización existentes, a partir de los Acuerdos de Paz de 1992, que fue un modelo institucional orientado a garantizar que el sujeto político de izquierda desplazara y neutralizara al sujeto social.
No obstante esto, como nos enseña la experiencia histórica de la derrota de 1932 y la victoria popular de mayo de 1944, el nivel de conflictividad social, la lucha de clases, aunque con bajo perfil, mantiene su ritmo y puede en determinado momento incrementarse y amenazar la estabilidad del régimen vigente, sin duda alguna. Y surgen los estallidos sociales. Y el presidente Bukele lo sabe y lo sabemos nosotros.
A continuación, a partir de medios de prensa, en especial Colatino, reseñamos las principales acciones de este movimiento social -que se organiza por lo general en redes o mesas- las cuales se reflejan en movilizaciones, conferencias de prensa, conmemoraciones, denuncias, conversatorios y peticiones ante el ejecutivo o legislativo. Asimismo registramos algunas acciones del movimiento popular, sindical, estudiantil y cooperativo.
La síntesis de este enfrentamiento es clave para conocer las posibilidades reales del reposicionamiento del movimiento social y popular, y cubre exclusivamente el primer semestre del gobierno de Bukele, de junio a noviembre de 2019.
Lucha social y popular en El Salvador en el primer semestre del gobierno Bukele (junio-noviembre 2019)
En junio de 2019 se registran 10 acciones: 1 marcha ecológica (5 de junio) , 8 peticiones sobre medio ambiente, contra minería metálica, gestión de riesgo, contra impunidad, y por los derechos de excombatientes, indígenas, desplazados internos y comunidad LGBTI, y 1 manifiesto sobre derechos de la niñez.
En julio de 2019 se registran 35 acciones: 1 marcha estudiantil (30 de julio). 3 conmemoraciones: FAR-30, 27 aniversario de las Melidas y 10mo. aniversario del asesinato del ambientalista Marcelo Rivera en Cabañas. 3 foros: sobre seguridad, despenalización del aborto y migrantes. 10 denuncias: 2 sobre derechos laborales, 2 sobre derechos ambientales, sobre militarización de seguridad pública, bloqueo a Cuba, falta de agua, ley de servicio civil, desplazamientos forzados, y sesgos sexistas en administración de justicia. 17 peticiones ante GOES, CSJ, FGR y AL: 2 sobre derechos humanos, 2 sobre prohibición de plásticos, ley de agua, ley para empleadas domésticas, derechos de comunidad LGBTI, policías, empleados despedidos, indígenas, mujeres, jóvenes, y adultos mayores, adhesión a protocolo sobre tortura, tratado de aguas transfronterizas, ley de reconciliación, antejuicio a Procuradora Caballero, reactivación de programas de INJUVE, y regulación de precios de insumos agrícolas.
En agosto de 2019 se registran 48 acciones: 1 marcha de trabajadores de centros penales para exigir renuncia de Osiris Luna. 1 propuesta: la agenda política, social y económica del movimiento popular y sindical. 1 fundación: nace el Movimiento Patria Ciudadana. 3 foros: sobre elecciones, candidatos para PDDH y desplazamientos forzados. 9 denuncias: dos sobre violencia contra mujeres, tres sobre acuerdo MAG-Bayer, apropiación ilegal de tierras, contra ley de servicio civil, dengue y despidos en Ciudad Mujer.21 peticiones ante GOES, CSJ, FGR y AL: tres exigiendo renuncia de Procuradora Caballero; dos sobre pensiones, dos sobre desaparecidos, tres sobre reanudar programas de INJUVE, legalizar trabajo sexual, matrimonio igualitario, renuncia voluntaria del magisterio, defensores de derechos humanos, migrantes, deuda agraria, excombatientes, elecciones, sobre CICIES, medio ambiente, y ley de reconciliación. 1 estudio sobre niñez migrante. 6 campañas, sobre niñez, gestión de riesgos, tratado transfronterizo, matrimonio igualitario, elecciones UES y defensores de derechos humanos.
En septiembre de 2019 se registran 52 acciones: 2 marchas, una de redes ambientalistas y otra de sindicatos en contra de las AFPs. 1 propuesta: sobre presupuestode veteranos y excombatientes; 2 eventos: premiación de activista LGBTI y conmemoración de Guinda de Mayo; 18 denuncias: 3 sobre el estancamiento en el Legislativo de ley de justicia restaurativa; 2 sobre disolución de junta directiva de STISSS, ley de función pública,despidos a empleados de Presidencia;estrategias represivas del GOES, falta de pagos de pensiones a veteranos y excombatientes, desabastecimiento de medicinas, agresiones contra defensores de derechos humanos, limitaciones a acceso a playas, retrocesos en derechos de comunidad LGBTI; desplazamiento internos masivos, violaciones a la libertad de prensa, integración selectiva de CST, incumplimiento de acuerdos para lisiados de guerra, antena telefónica en barrio San Esteban, urbanización de sitio arqueológico Tacuscalco, corrupción de exjunta directiva de STISSS y megaproyectos de desarrollo. 10 peticiones: 2 por una PDDH comprometida, 2 por legislación medioambiental, por soberanía alimentaria, reforma de junta directiva de IBV, incorporar Salud Sexual y Reproductiva en currícula escolar, reestructuración de deuda de los cafetaleros, creación de banco de datos genéticos, ley de lavado de activos, audiencia con Fiscal y despenalizar aborto. 4 evaluaciones: sobre primeros 100 días de gobierno Bukele. 7 campañas: derechos sexuales y reproductivos,fiscalizar el GOES, derechos de mujeres indígenas,abastecimiento de agua por ANDA, protección de periodistas, cambio climático y voto de salvadoreños en el exterior. 1 protesta: contra antena telefónica.
En octubre de 2019 se registran 61 acciones: 1 marcha ambientalista; 5 campañas: lucha de mujeres rurales por la tierra,campesinos por soberanía alimentaria, salud sexual y reproductiva para niñas y adolescentes; a favor del Colatino y por una agricultura urbana. 4 estudios: de ASGOJU sobre gestión del GOES, de testimonios sobre masacre del río Sumpul, de mujeres ambientalistas, y sobre mujeres y mercado laboral.
6 actividades: sobre la masacre de El Mozote, el II Congreso del Movimiento Social, la Consulta Ciudadana sobre el Derecho al Agua en Suchitoto, protesta en apoyo a lucha del pueblo chileno, la celebración del 15 aniversario de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Escuela para el Liderazgo Político de Niñas y Adolescentes.
18 solicitudes: dos exigiendo la elección del Procurador de Derechos Humanos, dos sobre gestión de riesgos, dos sobre ley de agroecología para enfrentar cambio climático, reconocimiento de derechos de trabajadoras sexuales, ley de identidad de personas trans, reapertura de programa oftalmológico de Misión Milagro en San Vicente, retirar antena telefónica de comunidad, prohibir permisos para proyectos extractivos, reconocimiento de afrodescendientes, mejores pensiones para lisiados de guerra, cumplir ley de minería metálica, abrir archivos del Ministerio de Defensa sobre conflicto armado, respeto a derechos laborales, reactivar comité de Resolución 1325 de ONU y reformar código electoral.
28 denuncias: cinco sobre reivindicaciones de veteranos y excombatientes;cinco sobre atrasos y vacíos en Ley de Reconciliación,tres sobre elección fraudulenta de decano de facultad de ciencias naturales de UES,dos sobre desalojo de habitantes de isla Tasajera, dos sobre reducción de programas sociales por nuevo gobierno, sobre papel injerencista de Ministro de Trabajo, a CEPA de habitantes de línea férrea, contra Alcalde por trabajadores municipales en huelga de Ciudad Delgado, ejecuciones extrajudiciales, retraso en discusión ley de aguas, elección fraudulenta de Procurador de Derechos Humanos, supuesto aumento salarial a agentes PNC, falta de agua en comunidades, falta de medicamentos para pacientes VIH y privatización de lugares públicos en Costa del Sol.
En noviembre de 2019 se registran 77 acciones: 3 marchas: una de sindicatos en contra de AFPs, otra de excombatientes para exigir cumplimiento de ley de veteranos y la tercera de mujeres en el día contra la violencia a la mujer. 3 campañas: una para impulsar el Dialogo Ciudadano, para impulsar los derechos humanos y para lograr pensiones dignas para los trabajadores. 5 estudios: un curso sobre legislación laboral, un Informe Alternativo al EPU El Salvador, una Propuesta para incorporar tecnología en conteo de votos de próximas elecciones, una propuesta sobre Política de género y otro sobre migración salvadoreña.
10 actividades: cuatro sobre toma de embajada venezolana en apoyo a gobierno de Maduro;celebración del 15 aniversario de la Colectiva Feminista;lucha por el derecho al agua en Tacuba; Encuentro de Comunicaciones en UES; Quinto Festival Raíces 2019; participación de organización lenca en foro en Honduras; inauguran centro cultural en Planes de Renderos; realizan encuentro en Alemania de solidaridad con El Salvador; realizan encuentro regional sobre minería, y logran ampliar área protegida de Tacushcalco.
16 solicitudes: tres a AL sobre desplazamiento forzado;para que se investiguen asesinatos contra personas LGBTI; sobre protección de derechos humanos, para que se apruebe ley de agua; para conocer el paradero de familiares desaparecidos durante el conflicto armado; investigar filtraciones en IAIP; dos para detener persecución de FGR hacia luchadores por el derecho al agua en Tacuba; para que se persiga violencia contra mujeres; para reducir circulación de armas de fuego; para nacionalizar sistema de pensiones; por una CICIES independiente, por los derechos de las bordadoras a domicilio, acciones para garantizar seguridad pública y por cero tolerancia con violencia sexual contra niñez.
30 denuncias: cinco sobre retraso y manipulación en ley de reconciliación; cuatro sobre fallo judicial que protege a magistrado Escalante; tres sobre graves retrocesos en salud pública; tres sobre críticas a propuesta de GOES para presupuesto 2020; dos sobre protesta por expulsión de diplomáticos venezolanos; sobre rechazo a Ley de Servicio Público; condena a MINTRAB por obstaculizar labor sindical; cancelación de COP-25 en Chile; contaminación de agua de Lago de Ilopango; embarazos de niñas y adolescentes; exigen presupuesto para comprar condones, desabastecimiento de medicinas para pacientes VIH; ataques a periodistas, uso de agroquímicos en comunidades del Bajo Lempa; amenaza de vincular ONGs con blanqueo de dinero, falta de independencia de CICIES, despidos en Bienestar Magisterial y discriminación contra mujeres rurales.
Valoraciones
Los dos primeros meses (junio-julio) del nuevo gobierno fueron para el movimiento social, hoy en su doble expresión de sociedad civil pro-oligárquica[6] y sociedad civil progresista[7], un periodo caracterizado por el desconcierto y la dispersión en planteamientos y acciones. En el caso del movimiento popular estuvo casi paralizado.
En agosto de 2019 se da un salto de calidad en el accionar popular al incorporar –desde el movimiento sindical y popular- la presentación el 13 de agosto, ante el nuevo gobierno del presidente Bukele, de un programa, de una plataforma reivindicativa, de una Agenda política, económica y social por parte de FEASIES, CONPHAS, FSS, FEDEAZUCAR y CSTS[8].
Este mismo mes reaparece también en la palestra pública, la principal coalición de movimientos sociales, la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia, ASGOGU, integrada inicialmente por la organización ambientalista UNES, Las Mélidas, AMR, AMSATI, PRODEPAZ, ARPAS, Oveja Negra, 5+, ACISAM, SITTOJ, APROCSAL, etc., surgida el 17 de agosto de 2015 para enfrentar entonces las maniobras de la oligarquía y defender los programas sociales del gobierno de Sánchez Ceren[9].
En septiembre de 2019 se mantiene la misma tendencia de un accionar disperso y que privilegia la denuncia y la gestión legislativa por encima de la protesta y la lucha de calle. No obstante esto, se realizaron dos marchas, una desde el movimiento social ecologista y otra desde los sindicatos que lograron visibilizar ante la opinión pública estas dos banderas de lucha: cambio climático y pensiones.
En octubre y noviembre de 2019 continua el mismo tono débil –casi susurro- de la movilización de calle y la dispersión temática, que continúa priorizando la denuncia y la solicitud ante los entes estatales. Pero la realización del II Congreso de Movimientos Sociales en octubre, constituye un parteaguas, al constituirse un organismo de coordinación de la lucha popular y social.
En estos seis meses se han desarrollado nueve movilizaciones de calle: la de estudiantes el 30 de julio, la de trabajadores de los penales en contra de Osiris Luna, la de excombatientes para el cumplimiento de la Ley del Veterano, de mujeres sobre violencia de género, dos de los sindicatos sobre pensiones y tres del movimiento ambientalista, en junio, en septiembre y en octubre.
Parece ser que el movimiento ambientalista por su amplitud y la participación oficial de sectores de la Iglesia católica, se constituye en uno de los más activos, con fuerza movilizadora, en particular sobre la demanda de una ley de aguas. Le sigue el movimiento sindical y sus demandas sobre una pensión digna. Los otros sectores movilizados son los estudiantes universitarios, trabajadores de penales, excombatientes y organizaciones de mujeres.
No obstante esto, es muy poca movilización para la gravedad de la crisis socioeconómica, y puede estar condicionada también por los altos niveles de popularidad del presidente Bukele, que bloquean la movilización popular y social.
Por otra parte, rescatamos como estratégico en términos de movimiento popular y social , la Agenda política, económica y social por parte de FEASIES, CONPHAS, FSS, FEDEAZUCAR y CSTS, presentada en agosto, así como el II Congreso del Movimiento Social realizado en octubre, de donde surge la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, CSMP.
Anexo: Listado de Acciones del Movimiento Social y Popular
Junio 2019
Durante la primera quincena de junio de 2019 se perfilaron los rasgos principales del enfrentamiento social que caracterizará a este régimen. Por una parte, se tomaron medidas radicales en términos de supresión de cinco secretarias del Ejecutivo con sus respectivos despidos de trabajadores y por la otra, el movimiento social en sus diversos rostros (ambientalistas[10], gestión de riesgo[11], contra la impunidad[12], contra la minería metálica[13], etc.,) iniciaron sus exigencias ante el nuevo gobierno.
Este mismo movimiento social también se pronunció durante la segunda semana de junio en su rostro de defensa de derechos de la niñez[14] excombatientes[15], movimiento indígena[16], desplazados internos[17] y comunidad LGBTI[18].
Julio 2019
Durante la primera quincena de julio de 2019 el conflicto social siguió profundizándose. El gobierno Bukele hizo un llamado a los jóvenes a abandonar las pandillas[19] mientras el movimiento social se pronunció por sus reivindicaciones, entre estas actividades estuvo la celebración del primer aniversario del Frente Amplio de Resistencia 1932, FAR 32[20]; la exigencia de la Comunidad LGBTI[21] de continuidad de los programas en materia de Diversidad Sexual; y el Movimiento de los Trabajadores de la Policía, MTP[22] pidió a Bukele anular expedientes de procesos disciplinarios.
Asimismo los empleados despedidos[23] de las cinco secretarias suprimidas del Ejecutivo, presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia; el Movimiento Tacushcalco[24] exigió a las nuevas autoridades no permitir la impunidad en la destrucción de este sitio sagrado; CRIPDES[25] denunció la poca humedad en la estación lluviosa debido a la llegada “del polvo del Sahara”; COSEC[26] exige a gobierno aprobación de una Ley de Desarrollo y Protección Social; y CESTA[27] denunció la falta de interés del presidente en el medio ambiente.
También el Movimiento de Solidaridad con Cuba condena el bloqueo a la Isla; CONAPEJ[28] exigió debido proceso para nombrar autoridades de INJUVE; la Red de Solidaridad Operación y Misión Milagro[29] exigieron el regreso de la misión médica cubana; CEMUJER[30] exigió elección de nuevo titular de PDDH; 42 comunidades del norte de Soyapango denunciaron servicio deficiente de agua; el MOVIAC[31] pidió a la Asamblea Legislativa una ley que prohíba los plásticos de un solo uso; las MELIDAS[32] presentó proyecto de ley para empleadas domésticas; y Pro-Busqueda[33] presentó proyecto de ley en pro de defensores de derechos humanos.
Mientras que Mujeres Transformando[34] espera no hayan retrocesos en derechos laborales; sindicalistas[35] preocupados por rumbo de Ministerio de Trabajo; AGEPYM[36] rechaza proyecto de Ley de Servicio Civil; Juntas de Agua de oriente y occidente del país solicitaron la exoneración del pago del IVA; Comisión de Trabajo en Derechos Humanos pro Memoria Histórica[37] piden adhesión de país a Protocolo contra la Tortura; REDCAT[38] solicita establecer un Tratado de Aguas Transfronterizas; CRISTOSAL[39] acusa a GOES y AL de no reconocer a víctimas de desplazamientos forzados; y las Dignas[40] consideran que sesgos sexistas impide a las mujeres acceder a la justicia.
Durante la segunda quincena de julio el movimiento popular y social se pronunció por una Ley de Reconciliación[41] que haga justicia a las víctimas; CESTA asistió a AL a solicitar la prohibición del plástico; realizan foro[42] sobre políticas públicas de seguridad; sindicato de PDDH[43] solicitó ante FGR antejuicio a Procuradora Caballero; ADES[44] conmemoró décimo aniversario del asesinato del ambientalista Marcelo Rivera; estudiantes de UES anunciaron actividades para conmemorar el 30 de julio; y FESPAD[45] denunció militarización de seguridad pública.
Asimismo la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto[46] realizo un Conversatorios sobre las consecuencias para la mujer de la penalización absoluta del aborto; la Red de Casas del Migrante[47] realizó conferencia de prensa sobre situación que atraviesan los migrantes; la Mesa de Juventud de CRIPDES[48] exigieron la reactivación de los programas de INJUVE; CONFRAS[49] presentó ante AL una propuesta de Ley Especial de Regulación de Precios para los Insumos Agrícolas; La Mesa contra la Impunidad en El Salvador[50] solicitó a presidente Bukele tome acciones a favor de víctimas del conflicto armado; estudiantes universitarios[51] conmemoraran el 30 de julio; Melidas celebraron su 27 aniversario de fundación; y estudiantes de la UES marchan el 30 de julio para conmemorar masacre.
AGOSTO 2019
Durante la primera quincena de agosto el movimiento popular y social se pronunció por la Campaña Justicia Climática[52] de El Salvador; la organización World Vision El Salvador presentó un estudio[53] sobre niñez migrante; Mesa Permanente por la Justicia Laboral[54] exigió la renuncia de la Procuradora de Derechos Humanos Caballero; Colectiva Feminista[55] denunció agresiones contra mujeres periodistas; Orquídeas del Mar[56] presentó borrador de ley especial para reconocimiento de Trabajo Sexual; ORMUSA[57] denunció hechos de violencia contra mujeres; Mesa por una Pensión Digna[58] exigió consulta nacional, CESTA[59] denunció apropiación ilegal de terrenos en lago de Coatepeque; Entre Amigos[60] presentó demanda por matrimonio igualitario, ANDES 21 de Junio[61] solicitó a diputados superar veto presidencial; Beneficiarios del Programa Misión Milagro[62] exigieron reanudación de este programa; jóvenes de Plataforma Global[63] solicitaron que fondos de militarización se transformen en programas de empleos; Plataforma Ciudadana Electoral[64] propuso ciudadanización de organismos electorales; movimiento sindical y popular[65] presentó agenda política, social y económica; AGEPYM realizó concentración por aumento en pensiones en Asamblea Legislativa[66]; ANTA[67], CLOP y Vía Campesina rechazaron acuerdo entre Bayer Centroamérica y MAG; impulsan en asamblea legislativa[68] ley para proteger a defensores de derechos humanos; beneficiarios del INJUVE [69]solicitaron en AL continuidad de programa “Jóvenes con todo.”; despedidos[70] solicitaron interpelar a Procuradora Caballero; organizaciones de salvadoreños[71] pendientes de resolución sobre TPS; y organizaron[72] foro sobre próximas elecciones;
Durante la segunda quincena de agosto el movimiento popular y social realizo las siguientes actividades: CNTS[73] se concentró en AL contra la Ley de Servicio Civil; CESTA[74] denunció acuerdo entre Bayer y MAG, Somos UES[75] propuso reelección de Roger Arias, organizaciones de mujeres[76] denunciaron a ANEP, CONFRAS[77] denunció acuerdo entre Bayer y MAG, FESPAD[78] realizó conversatorio con candidatos a Procurador de Derechos Humanos, Foro Nacional de Salud[79] se pronunció sobre dengue, pusieron en libertad a Evelyn Hernández[80], FNS[81] presentó Campaña Niñas No Madres, Mujeres[82] impulsaron en sus comunidades gestión de riesgos, GOES despidió a decenas de empleadas[83] de Ciudad Mujer, Movimiento Social Agropecuario[84] expresó preocupación por Seguridad Alimenticia, Mesa Nacional frente a la Minería Metálica[85] en El Salvador propuso tratado transfronterizo, UNES[86] denunció presencia de arsénico en Barra de Santiago, organizaciones[87] se pronunciaron pro matrimonio igualitario.
Asimismo CONFRAS[88] exigió a AL definición sobre deuda agraria, SEPRODEHES[89] exhortó a nombrar nuevo Procurador, originado en la diáspora nació en Santiago de María, Movimiento Patria Ciudadana[90], Veteranos y excombatientes[91] protestaron y exigieron destitución de director de IBV; marcharon para exigir[92] renuncia de director de centros penales Osiris Luna; FESPAD[93] lanzó campaña pro defensores de derechos humanos; ASGOJU[94] pidió al presidente Bukele claridad sobre CICIES; UNES[95] exigió de GOES responsabilidad en temas ambientales; organizaciones[96] presentaron propuesta de Ley de Reconciliación; CRISTOSAL[97] realizó conversatorio sobre desplazamiento forzado; Probusqueda[98] exigió a GOES mayor compromiso sobre desaparecidos del conflicto armado y exigieron[99] al Estado búsqueda de desaparecidos.
SEPTIEMBRE 2019
Durante la primera quincena de septiembre el movimiento popular y social se manifestó alrededor de la denuncia de Veteranos de la Fuerza Armada[100] por falta de pago de sus pensiones; Mesa de Soberanía Alimentaria[101] pidió incluir componente de soberanía en Ley de Seguridad Alimentaria; el Foro Nacional de Salud[102] denunció desabastecimiento de medicinas; Mesa contra la Impunidad[103] en El Salvador denunció estancamiento de discusión en AL de Ley de Justicia Restaurativa para Víctimas del Conflicto; 13 organizaciones demandaron[104] una PDDH que acompañe al pueblo; Fundación Maquilishuat[105] realizó Festival de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Juventud; Movimiento Patria Ciudadana [106]llamó a fiscalizar el gobierno.
Asimismo organizaciones[107] exigieron legislación medioambiental; Veteranos y excombatientes[108] solicitaron reformar junta directiva de IBV; sindicalistas[109] rechazaron Ley de la Función Pública; mujeres indígenas[110] reivindicaron sus derechos ancestrales; trabajadores de la Presidencia[111] denunciaron despidos ante PDDH; Cristosal[112] criticó estrategia represiva de GOES; demandaron[113] Ley de Justicia Restaurativa; denunciaron[114] disolución de junta directiva del STISSS; la Mesa por Defender Derechos[115] denunció que los defensores de derecho son víctimas de prácticas violentas; consideraron[116] insuficientes acciones del presidente con respecto a víctimas del conflicto armado; sindicatos[117] evaluaron primeros cien días de presidente Bukele; y veteranos[118] evalúaron cien días de presidente Bukele.
También comunidades[119] de Lourdes protestaron para exigir retiro de antena telefónica; 56 comunidades[120] demandaron agua potable de ANDA; organizaciones humanitarias[121] demandaron audiencia a Fiscal General sobre conflicto armado; Mesa para Protección de Periodistas[122] exigieron garantías para su labor; comunidades[123] denunciaron limitación en acceso a playas; CONPHAS[124] evaluó primeros cien días de presidente Bukele; comunidad LGTBI[125] denunció retrocesos; Las Melidas[126] propusieron incorporar salud sexual y reproductiva a currícula educativa; y proposieron[127] que salvadoreños en el exterior voten por medios electrónicos.
Durante la segunda quincena de septiembre el movimiento popular y social realizó las siguientes actividades: AGEPYM[128]convocó a marcha contra ley de pensiones; denunciaron[129] desplazamiento masivo en el país; realizaron[130] campaña: sin agua no hay futuro; Consorcio por la Transparencia exigió[131] respeto a la libertad de prensa; activista[132] de comunidad LGBTI recibió premio; veteranos y excombatientes[133] presentaron propuesta de presupuesto 2020; FESPAD[134] denunció exclusión de sindicatos en Consejo Superior del Trabajo; lisiados de guerra[135] denunciaron incumplimientos del gobierno; cafetaleros[136] pidieron les reestructuren sus deuda; estudiantes de UES[137] exigieron declarar emergencia climática; organizaciones[138] rechazaron perfil de Procurador que busca AL; organizaciones de mujeres[139] evaluaron primeros cien días de GOES; conmemoraron[140] en Guarjila la Guinda de Mayo; pidieron[141] crear banco de datos genéticos; CONPHAS[142] denunció imposición en el STISSS del Ministro de Trabajo; comunidades de San Esteban[143] denunciaron instalación d antena de telefonía; exigieron[144] respetar sitio arqueológico de Tacuscalco; denunciaron[145] actos de corrupción cometidos por junta directiva de STISSS; organizaciones[146] solicitaron al Legislativo consultas sobre ley de lavado de activos; UNES[147] denunció megaproyectos; realizaron[148] marcha ambiental este 27 de septiembre; sindicatos marcharon[149] contra AFPs; pidieron[150] despenalizar aborto y Vía Campesina[151] se unió a Huelga Mundial contra el Cambio Climático.
OCTUBRE 2019
Durante la primera quincena de octubre el movimiento popular y social se manifestó con acciones de veteranos[152] que denunciaron en Asamblea Legislativa funcionamiento de IBV; exigieron[153] elección transparente de titular de PDDH; denunciaron[154] falta de consultas a víctimas en Ley de Reconciliación Nacional; sindicatos[155] rechazaron injerencia de Ministro de Trabajo en STISSS; ASGOJU[156] evaluó gestión de GOES; conmemoraron[157] tercer año de reapertura del caso El Mozote; veteranos[158] exigieron a GOES cumplimiento de ley; la Mesa Nacional de Comunidades[159] que habitan la Línea Férrea denunciaron a CEPA; trabajadoras sexuales[160] demandaron reconocimiento de sus derechos; exigieron[161] aprobación de Ley de Identidad de Género para personas trans; trabajadores municipales[162] de Ciudad Delgado en paro de labores; denunciaron[163] que centro oftalmológico de San Vicente no atiende pacientes; denunciaron[164] boicot del GOES al Instituto de Veteranos; sobrevivientes[165] presentaron libro sobre masacre del Sumpul; veteranos[166] protestaron frente a Ministerio de Gobernación; denunciaron[167] ejecuciones extrajudiciales; ambientalistas[168] rechazaron retraso en discusión ley de aguas; organizaciones[169] criticaron impunidad en ley de reconciliación nacional; FESPAD[170] denunció desalojos forzados en Isla Tasajera; realizaron[171] segundo congreso del movimiento social; exigieron[172] retirar antena telefónica; rechazaron[173] proyecto de ley de reconciliación nacional; crearon[174] Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Sociales; cuestionaron[175] proyecto de ley de reconciliación nacional; criticaron[176] retraso en elección de Procurador de Derechos Humanos; y demandaron[177] mayor inversión en gestión de riesgos.
Durante la primera quincena de octubre el movimiento popular y social se manifestó en que ambientalistas[178] exigieron a GOES no conceder permisos a proyectos extractivos; afrodescendientes[179] exigieron ser reconocidos; organizaciones populares[180] condenaron reducciones de programas sociales; lisiados de guerra[181] pidieron mejorar sus pensiones; mujeres rurales[182] demandaron permanencia de programas sociales; mujeres rurales[183] luchan por la tierra; demandaron[184] cumplimiento de ley de prohibición de minería metálica; estudiantes de UES[185] denunciaron elección fraudulenta de Decano; denunciaron[186] desalojo violento de estudiantes universitarios; rechazaron[187] elección de nuevo Procurador de Derechos Humanos; ambientalistas[188] propusieron agroecología ante cambio climático; denunciaron[189] desalojo de habitantes de isla Tasajera; docentes de UES[190] denunciaron actos vandálicos; veteranos[191] aplaudieron decisión del GOES de duplicar sus pensiones; campesinos[192] luchan por la soberanía alimentaria; denunciaron[193] supuesto aumento policial del GOES para 2020; ambientalistas[194] marcharon por una ley agroecológica; organizaciones[195] exigieron apertura de archivos del conflicto armado; mujeres[196] lanzaron campaña pro derecho de jóvenes; mujeres ambientalistas[197] presentaron informe; realizaron[198] cena en respaldo a Colatino; realizaron[199] en Suchitoto consulta ciudadana sobre el agua; denunciaron[200] falta de agua en sus comunidades; señalaron[201] falta de políticas para gestión de riesgos; alertaron[202] sobre aprobación de ley que protege a criminales de guerra; capacitaron[203] a jóvenes en salud sexual y reproductiva; presentaron[204] documento sobre mujer y mercado laboral 2020; realizaron protesta[205] en apoyo a lucha del pueblo chileno; demandaron[206] respeto a derechos laborales; denuncian[207] falta de medicamentos para pacientes con VIH; propusieron[208] reforma a legislación electoral; denunciaron[209] privatización de áreas públicas en Costa del Sol; Colectiva Feminista para el Desarrollo Local[210] celebró 15 años de trabajo; feministas[211] pidieron reactivación de comité nacional de la resolución 1325 de la ONU; Plan Internacional[212] desarrolló escuela para liderazgo político para adolescentes; y promueven[213] agricultura urbana.
NOVIEMBRE 2019
Durante la primera quincena de noviembre el movimiento popular y social se manifestó mediante acto de celebración[214] de 15 años de la Colectiva Feminista; advirtieron[215] en tercer plantón que Legislativo no ha realizado debate sobre Ley de Reconciliación; sindicatos[216] marcharon en contra de AFPs; exigieron[217] investiguen asesinatos de personas LGBTI; veteranos[218] marcharon a favor de cumplimiento de ley; realizaron curso[219] sobre legislación ambiental interamericana; exigieron[220] del GOES protección de derechos humanos; sindicatos[221]rechazaron Ley de Servicio Público; profesionales[222] criticaron propuesta de presupuesto 2020; repudiaron[223] expulsión de diplomáticos venezolanos; denunciaron[224] que Ministerio de Trabajo obstaculizó labor sindical; organizaciones[225] presentaron informe alternativo al EPU-El Salvador; rechazaron[226] fallo judicial que protege a magistrado; anunciaron[227] defensa de embajada de Venezuela; propusieron[228] tecnología para contar votos en próximas elecciones; denunciaron[229] cancelación de COP-25; realizaron[230] en UES Encuentro de Comunicación; protestaron por [231] ruptura de relaciones con gobierno de Maduro; organizaciones[232] denunciaron fallo judicial; realizarán[233] Quinto Festival raíces 2019; organizaciones[234] exigieron debate sobre ley de reconciliación; advirtieron[235] sobre contaminación de agua de lago de Ilopango; denunciaron[236] retroceso en salud pública; organizaciones[237] continuaron vigilancia de embajada de Venezuela; denunciaron[238] que tribunales niegan justicia las víctimas; denunciaron[239] embarazos de niñas y adolescentes; organización lenca[240]participó en foro en Honduras; inauguraron[241] centro cultural Cuicatcalli en Los Planes de Renderos; comunidades de Tacuba[242] luchan por el derecho al agua; pidieron[243] endurecer penas en casos de violencia sexual contra la niñez; organizaciones[244] exigieron aprobar ley de aguas; presentaron estudio[245] sobre migración salvadoreña; denunciaron[246] intento de aprobar por Legislativo amnistía disfrazada: solicitaron[247] reconocer gravedad del desplazamiento forzado; denunciaron[248] falta de presupuesto para comprar condones; veteranos[249] criticaron propuesta de presupuesto 2020; pacientes de VIH denunciaron[250] al ISSS por desabastecimiento de medicamentos; organizaciones[251] denunciaron desacato del Legislativo sobre ley de reconciliación; exigieron[252] legislación para víctimas del desplazamiento forzado; y denunciaron[253] cierre de establecimientos de salud.
Durante la segunda quincena de noviembre el movimiento popular y social se orientó hacia la exigencia[254] de conocer paradero de familiares desaparecidos en el conflicto armado; informaron[255] sobre encuentro regional contra minería; denunciaron[256] ataques a periodistas; lanzaron[257] campaña por pensiones dignas; solicitaron[258] investigar filtraciones en IAIP; realizaron en Alemania Encuentro de Solidaridad con El Salvador[259]; exigieron[260] a Fiscal detener persecución contra defensores del derecho al agua; solicitaron[261] se persiga penalmente violencia contra mujeres; comunidades del Bajo Lempa [262] denunciaron uso de agroquímicos; FESPAD denunció[263] estigmatización de ONGs; FESPAD[264] solicitó reducir circulación de armas de fuego; pidieron[265] nacionalizar el sistema de pensiones; solicitaron[266] una CICIES independiente y transparente; pidieron[267] cero tolerancia a la violencia sexual contra niñez y adolescencia; continuaron[268] toma popular de embajada venezolana; respaldaron[269] toma de embajada venezolana; líderes comunales realizaron[270] Dialogo Ciudadano; mujeres marcharon[271] para exigir cese de violencia; mujeres denunciaron[272] recortes a programas de atención a la mujer; lograron[273] ampliar área de protección de Tacushcalco; denunciaron[274] discriminación contra mujeres rurales; mujeres[275] criticaron propuesta de presupuesto 2020;desarrollaron[276] campaña pro derechos humanos; denunciaron[277] retrasos en caso de masacre El Mozote; presentaron[278] proyecto de ley para financiar atención a víctimas de desplazamiento; presentaron[279] política de género; pidieron[280] cese de persecución contra activistas por el derecho al agua en Tacuba; bordadoras a domicilio exigieron[281] sus derechos; denunciaron[282] falta de independencia de CICIES; denunciaron[283] despidos en Bienestar Magisterial; y exigieron[284] acciones reales en seguridad pública.
Roberto Pineda, San Salvador, junio-julio de 2021
[1] Ver Pineda, Roberto. El desafío urgente de la izquierda en El Salvador. https://www.alainet.org/es/articulo/198013
[2] Ver Pineda, Roberto. Clases y alianzas sociales en el gobierno Bukele. https://www.alainet.org/es/articulo/212403
[3] Pineda, Roberto. Los EEUU frente al gobierno Bukele en el comienzo de su mandato. https://www.alainet.org/es/articulo/212754
[4] Pineda, Roberto. Actitud inicial del FMLN frente al gobierno Bukele. https://www.alainet.org/es/articulo/212697
[5] Ver encuestas LPG, UCA, UFG y UTEC. (LPGdatos: 86.5 de aprobación: https://www.laprensagrafica.com/lpgdatos/LPG-Datos–Bukele-con-86.5-de-aprobacion-20210531-0119.html. UCA El Salvador: mayoría aprueba gestión de Nayib Bukele: https://www.dw.com/es/uca-el-salvador-mayor%C3%ADa-aprueba-gesti%C3%B3n-de-nayib-bukele/a-57773641 Encuesta UFG: Gobierno mantiene calificación de 8.7 en sus dos años de presidencia https://www.contrapunto.com.sv/encuesta-ufg-gobierno-mantiene-calificacion-de-8-7-en-dos-anos-de-gobierno/ y Encuesta UTEC coloca 8.8 de nota a gestión de Bukele: https://voces.org.sv/elsalvador/encuesta-utec-coloca-8-8-de-nota-a-gestion-de-bukele/)
[6] Organizaciones vinculadas a la ANEP y FUSADES o financiadas por la Embajada USA.
[7] Organizaciones vinculadas a la cooperación internacional de la Unión Europea o de agencias privadas.
[8] Ver https://ecumenico.org/agenda-politica-economica-y-social-del-movimiento-sindical-y-popular-por-la-justicia-social-san-salvador-13-de-agosto-de-2019
[9] https://ecumenico.org/organizaciones-sociales-conforman-alianza-por-la-gobernabilidad-y-justicia-colatino-joaquin-salazar-17-de-agosto-de-2015
[10] La Mesa por la Soberanía Alimentaria presentó un pliego de demandas medioambientales al nuevo gobierno que incluye la protección de la producción de alimentos estratégicos. El 5 de junio estas organizaciones realizaron la “Décimo Novena Caminata Ecológica” que llego las puertas de Casa Presidencial, para entregar carta, en la que le piden al presidente revela su propuesta medioambiental. El lema de la marcha era: “Agua y territorio.” También La Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, calificó a Bukele como la principal amenaza al medio ambiente en ES.
[11] La Mesa Permanente de Gestión de Riesgo, MPGR, hicieron llamado a comprometerse en aplicar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención d Riegos y Mitigación de Desastres.
[12] La Mesa contra la Impunidad que representa a organismos de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas del conflicto armado hicieron llamado a AL a tomar en cuenta su propuesta de anteproyecto de Ley Especial para la Reparación Integral y Acceso a la Justicia paras Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo La Alianza Social contra la Impunidad y La Justicia, ASCOJU (Leonel Herrera, ARPAS) hicieron un llamado al nuevo gobierno a implementar una reforma tributaria donde los ricos paguen más.
[13] La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica exigió al nuevo gobierno la urgente implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
[14] El 19 de junio se publica manifiesto de la Alianza por los Derechos de la Niñez/Adolescencia y Juventud ( FESPAD, IMU, ORMUSA y Las Mélidas) , titulado Desafíos del Nuevo Gobierno en Materia de Derechos de la Niñez y Adolescencia, en el que realizan cinco recomendaciones. Ver Colatino, 19 de junio de 2019, Pag. 9
[15] El Comité Coordinador de Veteranos Militares de la Fuerza Armada, solicitaron al presidente Bukele el nombramiento del presidente del Instituto de Veteranos.
[16] El Movimiento por la Defensa de Tacushcalco protestó y se declaró en resistencia por la construcción de un complejo habitacional en el Centro Ceremonial de ese lugar, el cual es un lugar indígena sagrado e histórico, así como por el rescate del Río Ceniza. Que recibirá las aguas negras d esa urbanización llamada Acrópolis.
[17] La Mesa de Sociedad Civil hizo un llamado al gobierno a combatir la crisis del desplazamiento forzado y la migración. Indicaron que 235,700 personas se han visto forzadas a desplazarse, la mayoría jóvenes debido principalmente a amenazas de pandillas.
[18] La Federación Salvadoreña LGBTI hizo un llamado al nuevo gobierno para aplicar justicia a los crímenes basados en el odio a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Asimismo la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida ( Las Dignas) en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI dieron a conocer un manifiesto, titulado: ”Lesbianas en resistencia y lucha por la libertad de decidir sobre nuestras vidas, cuerpos y afectos.”
[19] Dejen las pandillas, solo les queda la cárcel o la muerte” fue el mensaje que envió el presidente Bukele.
[20] EL FAR 32 surge de bases del FMLN y de consultas con movimientos populares, su principal dirigente es Luis Calderón.
[21] William Hernández, de la organización Entre Amigos manifestó que exigen “el respeto a sus derechos y mayores oportunidades para construir una vida digna dentro de un Estado democrático.” Ver Colatino 1 de julio de 2019, Pag. 6.
[22] Marvin Reyes, secretario general del MTP explicó que estos procesos disciplinarios vienen de 2015 y se originan en una acción de respaldo a miembros del exGRP. Por otra parte, manifestó su respaldo al Plan de Control Territorial.
[23] Idalia Zuñiga, del Frente Social y Sindical Salvadoreño, FSS, se hizo presente para manifestar su solidaridad con estos empleados despedidos. Asimismo Francisco García, de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro, CONPHAS acompañó esta demanda.
[24] Salvador Recinos, de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, indicó que #desde 2018 se señalaron las anomalía de dicho proyecto urbanístico.” Ver Colatino, del 2 de julio de 2019. Pag. 7
[25] Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, explicó que “el país se ha convertido en un Estado vulnerable, por las sequias, inundaciones y los sismos.”
[26] Roxana Rodríguez, de ASMUJERES, integrante de la Coordinadora Social por la Economía del Cuidado, COSEC, denunció que“se han realizado despidos en el GOES sin ninguna evaluación previa o cumpliendo el debido proceso…y ha afectado a mujeres embarazadas o con licencia de maternidad.” Ver Colatino, 3 de julio de 2019
[27] Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA denunció que Bukele en sus primeros treinta días “promueve un modelo económico, donde lo privado prevalece sobre lo público. Ver Colatino, 3 de julio de 2019.
[28] Néstor Ventura, consejero del Consejo Nacional de la Persona Joven, CONAPEJ, indicó que deben de respetarse los procesos legales para el nombramiento de la dirección del Instituto de la Juventud, INJUVE.
[29] La misión médica cubana atendía a pacientes con problemas visuales de manera gratuita, en el Hospital Nacional de San Vicente. Alrededor de 900 personas quedaron pendientes de ser operadas.
[30] El Instituto de Estudios de la Mujer, CEMUJER, junto con la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, y COMCAVIS Trans, ante la finalización del mandato de la actual Procuradora, Raquel caballero, exigieron al órgano legislativo agilizar este proceso de selección y elección del nuevo titular de la PDDH.
[31] Lindas Rubio, de CESTA consideró “necesaria una ley que prohíba el uso del plástico y productos desechables de polietileno.”
[32] Azucena Ortiz, directora del Movimiento de Mujeres Melida Anaya Montes, las MELIDAS, explicó que “es en respuesta la violación de los derechos laborales que sufren las trabajadoras del hogar.”La propuesta fue acompañada por ONU MUJERES.
[33] José Lazo, de Pro-Búsqueda explicó que piden la aprobación de una Ley de Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
[34] Montserrat Arevalo, de Mujeres Transformando, integrada por trabajadoras de maquila y bordadoras a domicilio, exigieron el respeto a sus derechos humanos y laborales.
[35] Rafael Méndez, secretario de la Coordinadora Sindical Salvadoreña, CSS expresó que no ven con claridad el rumbo que el ministro Rolando castro le imprimirá al Ministerio de Trabajo.
[36] Mar Montes, presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPYM señaló que “esta ley únicamente vendría a invalidar beneficios de los empleados.”
[37] Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental (CDHES), sostuvo que el país “debe desde ya haber firmado su adhesión a este protocolo facultativo.”
[38] Edgardo Mira, de la red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, REDCAT, opinó que “esta acción presentada desde 2015 permitirá la conservación y rescate de las cuencas hidrográficas de la región.”
[39] Celia Medrano, directora regional de CRISTOSAL opinó que “a un año de haber sido emitida la sentencia de la CSJ continúa sin reconocerse este problema.”
[40] América Romualdo, de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, planteó que “en el país no se logra prevenir ni sancionar la violencia contra las mujeres de forma satisfactoria.”
[41] CEJIL, Tutela Legal “María Julia Hernández, Cristosal y Probusqueda se pronunciaron a un año de la sentencia de la CSJ que derogo la Ley de Amnistía. Exigieron a la AL una ley que responda las exigencias de las víctimas.
[42] Diversas organizaciones, incluyendo a Cristosal y la Fundación para el Debido Proceso, realizaron el foro “Políticas Públicas de Seguridad para la garantía de los Derechos Humanos en El Salvador.”
[43] Carlos Solórzano, dirigente de SEPROHEDES informó que se hicieron presentes ante FGR para conocer los avances del antejuicio que se sigue contra Procuradora Raquel caballero, quien ha sido ya sentenciada por el Tribunal de Ética Gubernamental.
[44] Alirio Hernández, de ADES recordó que “las cosas han cambiado un poco. Hace diez años los espacios para el movimiento social eran criminalizados…”
[45] Saúl Baños, director de FESPAD, denunció que el incremento de la participación del ejército en actividades de seguridad pública constituye una remilitarización de la seguridad y va en contra de la Constitución de la República.”
[46] Keyla Cáceres, de la ACDA, indicó que la despenalización permitiría que “las adolescentes y niñas puedan decidir en ese momento.”
[47] Leonel Herrera, de ARPAS señaló que “el gobierno USA debería de asumir su responsabilidad ya aportar a una solución integral.”
[48] Leónidas Pérez, de la Mesa de Juventud de CRIPDES solicitó “que se retome la feria de juventudes denominada JUVENTOUR.”
[49] José Ángel Coto presidente de CONFRAS expuso que esto garantizaría a los productores de granos básicos la estabilidad en los precios de los insumos agropecuarios.
[50] En una carta manifestaron su preocupación por las consecuencias que se derivarían de la supresión de secretarías que impulsaban procesos en beneficio de víctimas. Acompañaron también a la entrega de esta carta el Grupo Gestor para la Aprobación Integral para Víctimas del pasado Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo pro Memoria Histórica.
[51] Fabio Aguilar, dirigente de la Asamblea Estudiantil de la UES llamó a participar en marcha de 30 de julio a la vez que opinó sobre la necesidad de “refundar la izquierda en el país.”
[52] Ernesto Beltrán, del colectivo ambientalista ACUA dijo que “la agroecología es un modelo resiliente, incluyente y participativo para la adaptación de manera natural al cambio climático.”
[53] Laura del Valle, directora de World Vision El Salvador presentó el estudio titulado “Niñez migrante, un viaje sin retorno.”
[54] Ovidio Hernández, de la MPJL exigió que “lo ideal sería que Raquel caballero renunciara y no fuera reelegida para un nuevo periodo porque no ha cumplido su rol como Procuradora.”
[55] Morena Herrera, de la Colectiva Feminista expresó que “es posible con el acceso a la tecnología controlar el origen de las agresiones y amenazas contra algunas periodistas.”
[56] Zuleyma Molina, del Movimiento Orquídeas del Mar indico que “solo queremos que se reconozca el trabajo sexual, para que esto nos permita ser sujetos de derecho dentro de la sociedad.”
[57] Silvia Juárez, de ORMUSA demando del Estado no solo la protección de la vida, integridad física y psicológica sino también garantías de acceso a pronta y cumplida justicia.
[58] Patricio Pineda, de la MPJ subrayo que sobre las pensiones debemos hacer una consulta nacional porque este es un tema de país.
[59] Ricardo Navarro, presidente del CESTA denuncio la apropiación ilegal de tierras públicas por parte de dueños de fincas aledañas, lo cual obstaculiza la vida de los lugareños que se dedican a la pesca artesanal.
[60] William Hernández, de Entre Amigos informó que la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra el Código de Familia ya que prohíbe el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, lo que vulnera la Constitución de la Republica, sostienen.
[61] Israel Montano, secretario general de ANDES 21 de Junio explicó que es necesario superar el veto ´presidencial al decreto legislativo que permitía el retiro y la renuncia voluntaria del sector magisterial.
[62] Francisco Barillas, denunció que cierre de este programa de médicos cubanos en San Vicente, no le permite realizarse una operación para retirar una catarata.
[63] Ricardo salinas, de Plataforma Global critico el Plan de Control Territorial y solicito que estos recurso se utilicen en la creación de empleos para jóvenes.
[64] Ramón Villalta, de la Iniciativa Social por la Democracia, ISD explicó que presentaron un pliego de reformas tanto al Código Electoral como a Ley de Partidos Políticos orientadas a la ciudadanización de los organismos electorales.
[65] El Frente Social y Sindical Salvadoreño, la Concertación por un País sin Hambre y Seguro, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes, la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños y otras fuerzas populares, presentaron una agenda con propuestas de incremento al salario mínimo, Ley de Agua, nacionalización de la pensiones, respeto a la libertad sindical y combate a la evasión fiscal, entre otras medidas.
[66] Mario Montes, presidente de AGEPYM explicó que el propósito fue exigir la modificación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), reformada en 2017, para poder mejorar las condiciones de los jubilados.
[67] Carlos Rodríguez, dirigente de ANTA manifestó que “esta relación supone nuevamente la entrada de Monsanto con productos agroquímicos y transgénicos que dañan los suelos, contamina los ríos, reduce los mantos acuíferos, alteran el ecosistema y ponen en peligro la vida de las personas con enfermedades como cáncer, insuficiencia renal y el dengue, por mutaciones en los zancudos debido al uso desmedido de plaguicidas.”
[68] José Lazo, de Pro-búsqueda indico que cabildean para que se apruebe propuesta presentada el 6 de septiembre pasado por organismos jurídicos, de memoria histórica ambientales y feministas para proteger a los defensores de derechos humanos.
[69] Andrea Hernández, a nombre de beneficiarios subrayó que “ha beneficiado a muchos en estado de vulnerabilidad; riesgo de violencia entre otros para que puedan educarse y capacitarse para la vida.”
[70] María Elías, a nombre de los desempleados dijo que exigen a la Procuradora Caballero “que se pronuncie con respecto a las violaciones a nuestros derechos laborales.”
[71] Carlos Ardón, del Instituto de Políticas públicas para los Ángeles PIPIL, dijo que esperaban que la Corte de Pasadena, no se sometiera a la narrativa antiinmigrante de Trump y diera un voto favorable para los salvadoreños beneficiarios del TPS.
[72] Ricardo Córdoba, de FUNDAUNGO y del Asocio para el Monitoreo Electoral indicó que este foro “Tendencias recientes de reforma electoral en Latino América” permitirá ampliar el horizonte sobre este tema.
[73] Roberto Gómez, de SITRAMHA y de la CNTS, explicó que este anteproyecto “atenta contra derechos laborales ya adquiridos.” Denunciaron que está siendo financiado por la embajada de Estados Unidos, por medio de ANEP y FUSADES.
[74] Ricardo Navarro, de CESTA denuncio que esta decisión traerá impactos negativos al medio ambiente y a la salud de las personas por el uso de químicos y semillas transgénicos.
[75] Ronaldo Guevara, vocero de Somos UES, explico que la fórmula que llevan está integrada por Roger Arias como rector lo es desde 2017 y como vicerrectores a Raúl Azcunaga académico y Juan Rosa Quintanilla administrativo
[76] Carmen Urquilla, de la Concertación para un Empleo Digno para las Mujeres , CEDM, explicaron que les preocupa la abstención del GOES y el voto en contra por parte de ANEP para aprobación de Convenio 190 en OIT, que busca erradicar la violencia y el caso en el mundo del trabajo. Luis Cardenal de la ANEP justifica el voto de esta gremial, en un falso nacionalismo.
[77] José Coto, de la Confederación de federaciones de Cooperativas de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS denuncio que la propuesta de ARENA de abrir nuevamente relaciones con la transnacional Bayer pone en riesgo las cooperativas y productores nacionales, quienes son proveedores de la semilla certificada que se usan para los paquetes agrícolas que distribuye el GOES.
[78] Saúl Baños, de FESPAD explico que la actividad se realizó con el propósito de conocer cuáles eran sus propuestas para fortalecer a la PDDH en su labor en la promoción y protección de derechos humanos.
[79] Margarita Posada, del FNS, lamento en entrevista que las estrategias que dieron buenos resultados para abordar ciertas enfermedades, no estén siendo implementadas por el gobierno entrante.
[80] Morena Herrera, feminista, opino sobre la liberación de Evelyn Hernández que el órgano judicial debería detener la criminalización de las mujeres pobres que sufren embarazos complicados. Hernández es parte de un grupo de 17 mujeres salvadoreñas encarceladas y acusadas de provocarse abortos.
[81] Gloria Cruz, del FNS explico que la campaña pretende generar conciencia acerca de los embarazos impuestos ademas evidenciaría los diversos tipos de violencia que enfrentan las jóvenes y niñas
[82] Morena de León, de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos explico que ante las recientes crisis hídricas, entre sequias e inundaciones, las mujeres desempeñan un papel estratégico en al protección de sus comunidades.
[83] Leily Martínez, trabajadora de Ciudad Mujer exigió que se les explicara la razón de esta decisión, ya que nosotras en ningún momento hemos dejado de laborar.
[84] Oscar Recinos, de MSA y de FECONASAN denuncio el posible acuerdo entre Bayer y MAG y lo califico de nocivo para la seguridad alimentaria de El Salvador.
[85] Rodolfo Calles, de la MNFM denuncio que al ejecutarse los proyectos mineros en la frontera de Guatemala tal cual están diseñados, contaminaran el Rio Lempa, que es el mayor afluente de agua en el país, por lo cual es importante negociar un tratado binacional.
[86] Mauricio Sermeño, presidente de UNES informó que en una investigación realizada por Dina Larios, de la Universidad de Ohio, se determinó que los humedales de la Barra de Santiago poseen altos niveles de metales pesados como arsénico y cadmio.
[87] Herman Duarte, de Fundación Igualitos, presentaron una demanda ante CSJ para buscar la aprobación del matrimonio civil igualitario.
[88] José Coto, presidente de CONFRAS, acudió a AL para demandar una interpretación auténtica del decreto 348 que trata sobre la cancelación de la deuda agraria y agropecuaria.
[89] Carlos Solórzano, secretario general del Sindicato de Empleados de la PDDH, SEPROHEDES informo que están pendientes del nombramiento de un nuevo Procurador y que esperan que este sea una persona con capacidad y experiencia para dirigir la PDDH.
[90] Alex Nuñez, secretario general expreso en el acto de nacimiento, realizado en Santiago de María que “nació frente al vacío político, al desánimo de importantes sectores de la sociedad frente al fanatismo provocado por ese vacío, nos proclamamos como una opción que buscar generar solida esperanza.”
[91] José Palacios, explicó que decidieron realizar acciones de protesta porque se está violentando la Ley de Veteranos. Además exigieron la destitución de Marcelo Cruz Cruz de la Comisión nacional Administradora de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para Veteranos y Excombatientes.
[92] Eduardo Bernal , vocero de los trabajadores de las tiendas ubicadas al interior de los recintos carcelarios, denunció la incertidumbre con respecto a su futuro laboral y exigió se les aclare esta situación además de exigir la renuncia del actual director, Osiris Luna.
[93] Loyda Robles, de FESPAD explicó que desarrollan la campaña “Defendiendo Derechos Construimos Paz” por la defensa de los derechos humanos de las personas defensoras, quienes no cuentan con un marco jurídico que les garantice el libre ejercicio de abogar por sus demandas, individuales o colectivas.
[94] Leonel Herrera, de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia, ASGOJU y de ARPAS, manifestó que se necesita mayor claridad en la creación e implementación de una comisión que investigará posibles casos de corrupción que es conocida como CICIES.
[95] Luis González, de UNES expresó que “necesitamos funcionarios con compromiso, experiencia y voluntad para garantizar derechos en estos tiempos de crisis, el llamado es a cuidar nuestras amazonías y gestionar nuestras crisis de manera responsable.”
[96] David Ortiz de FESPAD indicó que esta propuesta persigue “presentar una metodología para construir una ley desde el sentir, la voy y lo que las víctimas y lo fundamental de esta propuesta es que es pública, proponemos una mesa técnica que permita dinamizar el proceso en la que participen organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto y la Asamblea Legislativa.”
[97] Celia Medrano, directora de Cristosal informó que el Conversatorio titulado “Avances y desafíos en materia de desplazamiento forzado” pretende levantar este tema ante la opinión pública.
[98] Eduardo García, director de Probusqueda, denunció que “no hemos sido recibidos, ni siquiera se nos ha recibido la carta y esperamos que el presidente actual tenga la sensibilidad que han mostrado sus predecesores, par air caminando…en cuenta a la justicia, verdad y reparación a las víctimas.”
[99] Claudia Interiano, de la Fundación para la Justicia y el estado Democrático de Derecho exigió junto con otras organizaciones que “exista una colaboración a nivel transnacional, la búsqueda no puede quedarse solamente a nivel nacional, debe ser dentro y fuera de nuestras fronteras.”
[100] Ricardo Chacón, presidente del CCM denunció que el Ministro de Gobernación no reconoce a su actual directiva lo cual es una intromisión en sus asuntos internos.
[101] José Coto, de CONFRAS y de la MSA planteo ante los diputados de la Asamblea Legislativa que no solo es necesario garantizar que los alimentos lleguen a la mesa sino que los mismos vengan de productores nacionales.
[102] Morena Murillo, del FNS denunció que en una muestra que realizaron en varias unidades de salud, estas solo contaban con un 35% de abastecimiento de medicinas lo cual es preocupante.
[103] David Morales vocero, denunció que los procesos de consulta elaborados por la AL no cumplen con los estándares de derechos humanos adecuados.
[104] Saúl baños de FESPASD indicó que las organizaciones no apoyan a ninguno de los 23 candidatos que se encuentran en el proceso de elección por parte de AL.
[105] Marta Elena Rauda, directora de FUMA explicó que la actividad se enmarca en el Día Internacional de la Juventud.
[106] Alex Núñez, del MPC, explico necesidad que las ciudadanos se conviertan en fiscalizadores del gobierno por medio de la organización social.
[107] Graciela Colunga, de Pro-Vida se pronunció por un modelo económico enfocado en el bienestar de la población, por medio de la aprobación de una Ley de Soberanía Alimentaria, de una Ley General de Aguas y de una Ley de Control de Plaguicidas y Agroquímicos.
[108] José Melara, excombatiente, exigió que se modifique la Junta Directiva del Instituto de Beneficios a Veteranos.
[109] Luis Ortega, del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa denunció que “si esa ley se aprueba por lo menos van a despedir a 40, 000 trabajadores,
[110] Juliana Ama de Chile, de la Fundación Ama, indicó que como mujeres indígenas han sufrido una historia de discriminación e ignominia.
[111] Héctor Rodríguez, represente del Movimiento de Trabajadores Despedidos presentaron una carta en la PDDH proponiendo un diálogo con las autoridades.
[112] Celia Medrano, de Cristolsal, explicó que si el estado no es capaz de garantizar su presencia en esas comunidades donde se han producido los desplazamientos de personas por presiones de pandillas, las víctimas de desplazamiento no están convencidas de regresar.
[113] Juan José Dalton, de la Fundación Roque Dalton, expresó que “pedimos justicia para todos aquellos afectados durante el conflicto, por la guerrilla y el ejército, estamos pidiendo el cese de la impunidad.
[114] Roberto Méndez, directivo del STISSS denunció que el Ministerio de trabajo les había notificado la disolución de su junta directiva, lo que seguramente se trata de un proyecto gubernamental para privatizar el ISSS.
[115] José Lazo, de Pro-búsqueda, denunció que en el país continúan las practicas violentas y abusivas en contra de personas defensoras de derechos humanos.
[116] José Lazo, de Pro-búsqueda considero como insuficientes las acciones del Presidente Bukele con respecto a las víctimas del conflicto armado.
[117] Marvin Reyes, de la Coordinadora Nacional de Amplia Participación, CONAPAR y además del Movimiento de Trabajadores de la PNC indicó que “esta situación en seguridad nos deja a nosotros con una sabor agridulce…no se han mejorado en anda las condiciones de trabajo de los policías, lo que si les ha aumentado es su trabajo y su fatiga física y mental.”
[118] José Melara, veterano del FMLN señaló que “hemos tenido un gobierno de mentiras, que se quiere acreditar lo que y estaba en el presupuesto y que quiere borrar todo lo hecho por el gobierno anterior.”
[119] Carmen Quintanilla, habitante de la zona, informó que estas 22 comunidades realizan esta protesta con el fin que la SIGET y la OPAMSS sancionen a empresa telefónica que ha instalada ilegalmente antena en su lugar de residencia.
[120] Comunidades organizadas en la Asociación de Consumidores de el Salvador, ENLACES, exigieron a ANDA proporcionar agua potable para sus comunidades. Fueron apoyadas por el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC.
[121] David Ortiz, de FESPAD informó que junto con CRISTOSAL, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, UES, CEMUJER, Concertación Monseñor Romero, ASDEHU y otras han solicitado audiencia al Fiscal para señalarle que luego de tres año de la derogatoria de la Ley de Amnistía, todavía no existe una nueva normativa al respecto.
[122] Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación d Periodistas, APES consideró que “es preocupante que desde el mismo estado se estén generando acciones que avalan al periodismo a favor del gobierno.”
[123] El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El salvador, MOVITIERRA denunció que en el Boulevard Costa del Sol propietarios privados han cerrado siete accesos a las playas, lo cual es ilegal.
[124] Marielos de León, dirigente de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro, CONPHAS, reconoció avances en el tema de la seguridad pública pero denuncio el encarecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable, además la vulneración de derechos laborales de trabajadores públicos y retrocesos en transparencia y acceso a la información. Además, con su política exterior Bukele ha comprometido la soberanía y autodeterminación salvadoreña, ya que una relación con Estados Unidos “no debe ser nunca de sumisión y sometimiento.”
[125] William Hernández, presidente de la Asociación “Entre Amigos” dijo que “en el actual gobierno hubo retrocesos en cuanto a garantizar los derechos de la comunidad LGBTI. Desconocemos que pasará con la Dirección de Diversidad Sexual.”
[126] Delia Cornejo, de Las Melidas, denunció que se estima que las niñas y adolescentes de 10 a 19 años son las principales víctimas de agresión en su domicilio. En 2016 se reportaron 71 casos de violencia sexual mientras que en 2017 fueron 136, aseguró.
[127] Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia, ISD, explicó que “hemos presentado ante la AL dos iniciativas de ley para que los salvadoreños en el exterior puedan participar en las elecciones legislativas y municipales de 2021, dijo.
[128] Mario Montes, presidente de AGEPYM informó que hemos convocado a nuestros afiliados para realizar el próximo 27 de septiembre una Marcha Negra contra la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, SAP, ya que se cumplen dos años de sus nefastas reformas, denunció. Asimismo condenaran el proyecto de Ley de la Función Pública, apoyado por la Embajada de Estados Unidos.
[129] Celia Medrano, de Cristosal, denunció que el año 2018, 200, 000 personas cambiaron de domicilio por razones de violencia en su comunidades.
[130] Luis González, de la Unidad Ecológica salvadoreña, UNES y además de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua dijo que se sumaban a las actividades que a nivel mundial se están realizando en el marco de la Huelga Mundial contra el Cambio Climático.
[131] En un pronunciamiento firmado por FUNDE, FUSADES, Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) denuncian que el pasado 6 de septiembre se negó el ingreso a Casa Presidencial a Factum y El Faro, para la firma de la instalación de la CICIES.
[132] Blanca Rodríguez, presidente de Concavis Trans, fue premiada por ACNUR por su trabajo en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI salvadoreña.
[133] José Melara, de ANVEGE-FMLN, dijo que las dos grandes peticiones del presupuesto entregado al MH, son la pensión y la indemnización.
[134] En un pronunciamiento FESPAD denunció que no fueron tomados en cuenta la nómina presentada por confederaciones de larga trayectoria sindical en el país, lo que le resta representatividad.
[135] Miembro de la Asociación de Lisiados de Guerra de El salvador, ALGES, protestaron frente al Ministerio de Hacienda para exigir se les pague un deuda surgida tras el último aumento al salario mínimo de enero de 2017.
[136] Omar Flores, presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, solicitó al GOES la reestructuración de la deuda de este sector dada la crisis que atraviesan.
[137] Rafael Campos, de Resistencia Climática, expresó que se unen a la Huelga Mundial por el Clima y exigieron del GOES que se declare una emergencia climática por el deterioro del medio ambiente en el país.
[138] Diversas organizaciones de derecho humanos rechazaron las declaraciones vertidas por el presidente de la AL, Norman Quijano, en el sentido que buscan un Procurador que no meta presos a los involucrados en el conflicto. Insistieron organizaciones como Probusqueda y el Servicio Social Pasionista, en la necesidad que la AL elija a un Procurador con un claro compromiso con la defensa de los derechos humanos y no con defender intereses partidarios o de pequeños grupos.
[139] Margarita Posada, de la Resistencia Feminista indicó que el Ejecutivo muestra un claro desinterés por erradicar la violencia contra las mujeres, como lo evidencia con los despidos que ha realizado incluso de mujeres embarazadas.
[140] Sobrevivientes de la Guinda Mayo, en la cual el ejército masacró a centenares de pobladores en el nororiente de Chalatenango, conmemoraron el acontecimiento y solicitaron la erección de un monumento para honrar la memoria de estas personas.
[141] Eduardo García, director de Probusqueda solicito al Legislativo que se apruebe una ley para crear el Banco de Datos Genéticos, ya que esto favorecería la investigación de la niñez desaparecida, y de los trámites de las víctimas del conflicto armado.
[142] Marielos de León de CONPHAS denunció que el Ministro de Trabajo autorizo la inscripción de una junta directiva del STISSS y que se orienta hacia una futura privatización del ISSS.
[143] Miguel Guzmán, representante de 22 comunidades solicitaron ante la AL que se emplace al alcalde de San Salvador por este acto que consideran ilegal.
[144] Salvador Recinos de UNES hicieron llamado a CSJ para que evite la construcción de un complejo habitacional en este lugar considerado como sitio arqueológico y que además ensuciaría el río Ceniza.
[145] Ricardo Monge hijo, nuevo secretario general de STISSS denunció que las anterior junta directiva cometió diversos actos de corrupción.
[146] Marta Elena Rauda, del Movimiento de ONGs par le Desarrollo Solidario de El Salvador, MODES, informó que junto con FESPAD han solicitado al Legislativo abrir proceso de consultas sobre Ley Especial para la Prevención, Control y Lavado de Activos.
[147] Carolina Amaya, de UNES denunció que mega proyectos como la Presa Hidroeléctrica de El Chaparral y Ciudad Valle El Ángel, del cual la familia Dueñas está a la espera de los permisos ambientales, constituyen amenazas ya que agudizan los efectos del cambio climático volviendo mucho más vulnerable a El Salvador.
[148] Convocada por la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, en consonancia con la Huelga Mundial por el Cambio Climático, una masiva marcha denunció la crisis climática que atraviesa el país, informó Juan de la Cruz, del BPJ.
[149] Roswald Solórzano, del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial, SITTOJ, informó que este viernes 27 de septiembre y desde diferentes lugares partieron marchas para protestar contra las AFP. Una de las marchas partió desde el Boulevard de Los Héroes y se dirigió hacia el Legislativo. Roberto Gómez Arias, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, CNTS, también denuncio el proyecto de la Ley del Servicio Público. Otro contingente de trabajadores conducido por AGEPYM, se concentró en la Plaza Gerardo Barrios desde donde marcho también a la Asamblea Legislativa.
[150] La Red Nacional de Colectivas Feministas en El Salvador, con pañuelos verdes como símbolos de apoyo, se manifestaron por la legalización del aborto. Keyla Cáceres, de la red de Mujeres Jóvenes, llamó al estado salvadoreño a abrir el debate para la despenalización del aborto. En El Salvador se penalizó el aborto en todas sus formas desde 1998.
[151] Carlos Rodríguez, Coordinador de Vía Campesina exigió al GOES que incorpore al sector agropecuario en la producción y comercialización de semillas para el país en vez de entablar acuerdos con empresas transnacionales como Bayer.
[152] Jesús Quijano, representante de veteranos de la FAES indicó que “exigimos la derogatoria del decreto 408 que reformó la Ley Especial de Beneficios y Prestaciones Sociales para Veteranos de Guerra.
[153] David Morales, de Cristosal, denuncio el atraso del Legislativo para elegir nuevo Procurador de Derechos Humanos.
[154] Carolina Constanza, del Centro para la Promoción de Los Derechos Humanos “Madelaine Lagadec” denunció que el Legislativo no ha tomado en cuenta a las víctimas en la elaboración de la Ley de Reconciliación Nacional.
[155] Armida Franco, secretaria general de STISSS, rechazó la injerencia del Ministro de Trabajo al entregar credenciales sindicales a personas que n fueron electas por los trabajadores.
[156] Leonel Herrera, de ASGOJU exigió al gobierno de Bukele que asuma una actitud “seria y coherente” frente a problemas estructurales como pobreza, violencia, corrupción y deterioro medioambiental.
[157] Wilfredo Medrano, abogado acusador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” informó que este mes de octubre se realizarán algunas exhumaciones organizadas por el juez de la causa, en el proceso judicial contra 16 militares de alto rango del ejército salvadoreño.
[158] Darío Sánchez, representante de los veteranos, denunció que los funcionarios del IBV no tienen interés real en que esta institución funcione en beneficio de los veteranos y excombatientes.
[159] Representante de la Mesa Nacional de Comunidades denunciaron en el Legislativo que CEPA deja en la incertidumbre en cuanto al proceso de legalización de| los terrenos a 9 mil familias.
[160] Zuleyma Molina, del Movimiento Orquídeas del Mar, demando la aprobación de la Ley de Reconocimiento del Trabajo Sexual, así como el respeto a los derecho para las 44, 000 mujeres que se dedican al trabajo sexual, principalmente el acceso a atención médica.
[161] Mónica, representante de la Mes Permanente para Una Identidad de Género, explicó que con el apoyo de FESPAD presentaron esta propuesta pero que no ha tenido el interés de los partidos del Legislativo.
[162] Misael Gómez, del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Alcaldía de Ciudad Delgado, denunció que no les han pagado el salario de septiembre y la patronal ha despedido a 76 trabajadores.
[163] Samuel Ramírez, de la Red de Solidaridad de la Operación y Misión Milagro denunció que no obstante el moderno equipo de cirugía, evaluación y tratamiento de problemas oculares en el Hospital Santa Gertrudis de san Vicente, este no está funcionando, afectando así a miles de personas.
[164] Milton Recinos, directivo propietario del IBV, denunció que la representación gubernamental en el IBV impone una agenda lesiva para los intereses de los beneficiarios.
[165] Felipe Tobar, de la Asociación de Sobrevivientes de la Masacre del Sumpul presentó el libro “memorias del Sumpul” con relatos testimoniales sobre esta masacre ocurrida el 14 de mayo de 1980 en Chalatenango.
[166] Un grupo de veteranos se manifestó frente al Ministerio de Gobernación en protesta por irregularidades existentes en la administración del IBV.
[167] Victoria Reyna, del Servicio Social Pasionista, SSP, presentó una investigación que le da seguimiento a 48 casos de asesinatos extrajudiciales, registrados por la PDDH, y que se mantienen en la impunidad.
[168] Luis Gonzales, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y de la UNES criticó que el Legislativo no asume su responsabilidad de discutir y aprobar una Ley de Agua que sea democrática.
[169] José Lazo, de Probusqueda, denunció junto con organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas, que en el Legislativo se pretende aprobar una ley de reconciliación nacional, pero con impunidad.
[170] En un comunicado público, FESPAD denuncia que 20 familias de la Isla Tasajera están siendo desalojados por una decisión judicial, que beneficia a propietarios privados.
[171] Margarita Posada, del Foro Nacional de Salud y de APROCSAL, informó que 179 organizaciones, redes y asociaciones participaron este viernes 11 y sábado 12 de octubre, del segundo congreso del movimiento social, que realizó un análisis de los contextos internacional, económico y político para poder definir estrategias del movimiento popular frente a los desafíos del país. Acordaron “formar la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP), cuyo propósito fundamental es impulsar el desmontaje del modelo neoliberal y promover transformaciones estructurales que favorezcan a la población y conduzcan a la construcción de un país realmente democrático, justo, equitativo, incluyente, pacífico y sustentable.”
[172] Residentes del Barrio san Esteban exigieron a alcaldía capitalina el retiro de una antena telefónica. “NO queremos antena de la muerte” sostuvieron.
[173] Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos, CDH-NG, explicó que “las víctimas del conflicto armado no fueron tomados en cuenta en esta ley, que solo beneficia a los victimarios de graves violaciones a los derechos humanos.”
[174] El objetivo de la CSMS es el de “impulsar estrategias en función de los derechos e intereses de la población” informaron.
[175] David Morales, de Cristosal, advirtió que se pretende en el Legislativo aprobar una ley que no ha sido consultada con las víctimas del conflicto armado.
[176] Miguel Montenegro, de la CDHES criticó que el Legislativo se demora en la elección del Procurador ya que buscan un funcionario que sea funcional a sus intereses.
[177] Maydhee Recinos, de Mujeres Rurales y de la Mesa Permanente por la Gestión de Riesgo, MPGR, dijo que “queremos que se asigne un presupuesto acorde con la vulnerabilidad del país.”
[178] En un campo pagado de la Mesa Nacional Frente a la Minería, luego de conocerse una reunión del GOES sostenida con la empresa privada se exige del gobierno: 1) No otorgar permisos ambientales a proyectos extractivos pues ponen en riesgo el agua, el medio ambiente, y la salud de las personas. 2) Es urgente realizar los cierres técnicos de las minas abandonadas en Morazán, San Miguel y La Unión. 3) Demandamos del GOES se asigne un refuerzo presupuestario a sus ministerios e instituciones involucradas y 4) A la población, a estar alerta y mantener articulado el movimiento de resistencia en defensa de los territorios, del derecho humano al agua, y al medio ambiente.
[179] Wendy Morales, de la organización Azul Originarios, explicó que “hemos sufrido de mucho racismo estructural dentro de los centros educativos, el ámbito político, social, cultural, hemos sido negados, invisibilidades, y siempre que algo se refiere a afrodescendiente es de modo negativo.”
[180] El Frente Social y Sindical Salvadoreño, FSS y la Concertación Popular por un País sin Hambre y , CONPHAS, denunciaron de manera conjunta que el GOES este reduciendo el financiamiento a los programas sociales en su propuesta de presupuesto para el año 2020, así como los despidos masivos de empleados públicos que se están realizando.
[181] Olga Serrano, directora de la Asociación de Lisiados de Guerra, ALGES, en nombre de sus agremiados pidió a los diputados el mejoramiento de las pensiones que reciben.
[182] Maydhee Recinos, de la Alianza por la defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales exigió “la continuidad de los programas, proyectos y políticas a favor de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, además de que nuestras demandas sean visibilizadas y priorizadas por el nuevo gobierno.”
[183] María González, presidente de la Asociación Agropecuaria Mujeres Produciendo en la Tierra, AMSATI, aclaró que “podemos acceder a la tierra si alguien la presta o la alquila, pero necesitamos tener control de ella; porque si somos dueñas podemos controlar lo que podemos hacer, decidir lo que podemos cultivar.”
[184] Rodolfo Calles, de CRIPDES, explicó que “a dos años que se aprobó la Ley de Prohibición de Minería Metálica, aún existe una deuda en su implementación.”
[185] Estudiantes de la facultad de Ciencias Naturales de la UES, organizados en el Movimiento de Estudiantes contra la Antidemocracia, cerraron tres edificios en protesta por la reciente elección del Decano y Vicedecano, la cual consideraron como fraudulenta.
[186] Estudiantes de la facultad de Ciencias Naturales de la UES, denunciaron que fueron desalojados violentamente de los edificios que ocupaban y responsabilizaron por esta acción al Rector Roger Arias, y al Decano Mauricio Lovo.
[187] Jaime Ortega, del Movimiento Independiente de Ciudadanos no Partidarios rechazaron como fraudulento el proceso legislativo que terminó con la elección de Apolonio Tovar como nuevo Procurador de Derechos Humanos, por su “vinculo material con un partido político, el FMLN.”
[188] Adalberto Blanco, de FECORACEN, y de la Mesa de Soberanía Alimentaria informó que el Festival Raíces 2019 es “un espacio de encuentro entre la ciudad y el campo, ya que sus participantes trabajan en redes de pequeños agricultores y artesanos comprometidos con la Soberanía Alimentaria, en defensa del agua, tierra y semillas autóctonas.”
[189] Elmer Funes, habitante desalojado, expresó que “nos desalojaron por a fuerza, sin presentarnos ninguna orden judicial o documento que respaldara su acción.”
[190] El Colectivo de Académicos de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la UES denunció que un grupo de matones se mantuvieron en los alrededores de sus instalaciones, bajo las órdenes del decano Mauricio Lovo.
[191] Rafael Aguillón, representante de los veteranos de guerra de la Fuerza Armada dijo que tal decisión del GOES viene a dignificar a su sector.
[192] María Ana Calles, de la Vía Campesina de El Salvador opinó en el Día Mundial de la Alimentación que “debemos luchar porque los alimentaos los produzcamos acá, y no vengan de afuera.”
[193] Marvin Reyes, dirigente del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, denunció que “lo que se entregara nos se trata de un aumento, sino de un bono, por lo que no se incrementa el salario.”
[194] Ricardo Navarro, representante de CENTA y del Movimiento de Victimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones, MOVIAC informó que marcharon hacia la Asamblea Legislativa para exigir que se promulgue una ley que promueva la agroecología en el país, para poder así enfrentar el cambio climático.
[195] David Ortiz, de FESPAD, demandó del presidente Bukele en su carácter de Comandante General de la Fuerza Armada, la apertura de los expedientes relacionados al conflicto armado salvadoreño.
[196] El Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM, lanzo la campaña: “soy joven y conozco mis derechos” sobre la necesidad que este sector poblacional conozca sus derechos a la salud sexual y reproductiva.
[197] El Informe titulado “DesTierradas” fue presentado por Colectivo Ecologista Madre Selva, Pro Vida, ASPRODE y Alianza por la Solidaridad. Graciela Colunga de Provida, explicó que este informe recoge la lucha de las mujeres por la tierra, tanto de Guatemala como de El Salvador.
[198] Francisco Valencia, director de Colatino agradeció a las personas que asistieron a la cena solidaria y reiteró el compromiso de este periódico con las causas populares.
[199] Morena Herrera, del Colectivo Feminista para el Desarrollo Local explicó que esta iniciativa(Consulta Popular por el Derecho Humano al Agua) fortalece la participación popular así como consolida el anhelo de contar al más breve plazo con una ley que garantice el derecho humano al agua.
[200] Habitantes de Cimas de San Bartolo II denuncian que ya van para dos meses sin contar con el vital líquido.
[201] Carlos Rodríguez, de la Fundación Dr. Guillermo Ungo, Fundaungo, explicó que es necesario que los gobiernos tomen los recursos que tienen disponibles para decidir qué acciones realizarán ante las amenazas en seguridad, salud, medio ambientales y otras.
[202] David Morales de Cristosal, alertó sobre posible aprobación en el Legislativo de una ley de reconciliación que tenga como centro la protección de criminales de guerra lo que sería una burla para las víctimas del conflicto armado.
[203] Magdalena Cortez, de la Fundación Maquilishuat, FUMA, explicó que se pretende prevenir los embarazos en adolescentes con la campaña: El embarazo no es un juego, es como si el mundo se te viniera encima.”
[204] Carmen Urquilla, de ORMUSA indicó que esta investigación “El Salvador: el futuro del trabajo con la industria 4.0” les ha permitido comprender que el avance tecnológico puede significar para las mujeres salvadoreñas la pérdida de empleos y mayores niveles de desigualdad.
[205] Un grupo de salvadoreños se apostaron frente a la embajada de Chile para protestar contra la represión del gobierno de Piñera contra ese pueblo hermana. Serafina Rodríguez, expresó que el pueblo salvadoreño apoya las luchas del pueblo chileno por la democracia.
[206] Isabel Carrillo, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, señaló que el GOES está realizando graves atentados contra las conquistas sociales de la clase trabajadores entre estos los despidos a partir del 2 de junio, y l participación del MINTRAB en la elección de representantes sindicales.
[207] Francisco Ortiz, de Fundasida denunció que los medicamentos se han dejado de suministrar en las diversas farmacias del iSSS poniendo e n riesgo la salud de cerca de 1,5000 derecho habientes.
[208] Luis Mari Rodríguez, de FUSADES y de la Plataforma Ciudadana Electoral, informó que presentaron un segundo pliego de reformas ante el TSE, incluyendo multas a partidos políticos que violen la ley.
[209] Dora Guillen, del Movimiento en Defensa de la Tierra de El Salvador, MOVITIERRA, denunció que “los señores dueños de ranchos se han adueñado de los pasajes que existían y nos bloquean el acceso a las playas.”
[210] En un comunicado expresan que nacen en 2004 “como un espacia organizativo enfocado en el accionar político feminista para generar trasformaciones que contribuyan a mejorar la vida de las mujeres, las niñas y con las personas disidentes sexuales y de género espacialmente, mujeres lesbianas y personas trans.”
[211] América Romualdo , de la Concertación Feminista Prudencia Ayala, CFPA, refirió que esta resolución de la ONU asegura el papel de las mujeres en la resolución de conflictos, en las negociaciones y acuerdos de paz.
[212] Carmen Elena Alemán, directora de Plan Internacional explicó que con este proyecto se pretende “generar en niñas y adolescentes un espacio formativo para que las participantes desarrollen pensamiento crítico y sean capaces de identificar las desigualdades sociales de género para cambiarlas.”
[213] La Fundación Centro Bartolomé de las Casas impulsa un proyecto de agricultura urbana que capacita las comunidades en soberanía alimentaria y procesamiento de alimentos, combinado con la convivencia social y la relación intergeneracional.
[214] Morena Herrera, indicó que el 13 de diciembre de 20003, el equipo de 7 mujeres que implementaba el programa de Participación Política y desarrollo Local, presentó a la Asamblea de Mujeres por la Dignidad y la Vida, una propuesta que luego sería conocida como la Colectiva Feminista.
[215] José Lazo, de Probusqueda advirtió que “este estado se olvidó de las víctimas, de la sentencia que mandata que la Asamblea Legislativa debe cumplir con la verdad, justicia, reparación y no repetición. Los diputados están cocinando una nueva amnistía, con la peligrosidad que las víctimas se mueran, estos diputados solo buscan sus privilegios e intereses…”
[216] Roswald Solórzano, del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial, SITTOJ, denunció que “no puede ser posible que unos pocos millonarios estén llenándose los bolsillos a costa del sufrimiento, dolor, hambre y miseria de nuestro pueblo, demandamos que se nacionalice el sistema de pensiones.”
[217] Bianka Rodríguez, de la Federación d personas Gays, Bisexuales, Trans e Inter sexuales, FESLGBTI, manifestó su preocupación por el aumento de asesinatos de personas LGBTI, cometidos “con mucha crueldad.”
[218] Los veteranos y excombatientes marcharon desde la Plaza Salvador del Mundo hasta la Asamblea Legislativa para exigir el cumplimiento de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para este sector.
[219] La consultora Yanira Cortes, expresó que “existe una regresión, ya que se están cerrando los espacios que en épocas anteriores tenían una apertura de participación y esto es preocupante.”
[220] Saúl Baños, de FESPAD y del Colectivo de Organizaciones Sociales Observadoras del tercer ciclo de Examen Periódico Universal EPU señaló que “El Salvador incumplió dicho examen, debido a que cumplió pocas de las observaciones que le fueron hechas.”
[221] Sarai Molina, secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial. MUSYGES, indicó que “rechazamos la Ley del Servicio Público que vendrá a darle muerte al sindicalismo en este sector.”
[222] El colectivo de Profesionales por la Transformación de El Salvador, PROES, denunció que la propuesta de presupuesto 2020 presentado por el Ejecutivo viene amañada.
[223] Representantes de la Red Salvadoreña de Solidaridad con Venezuela leyeron un comunicado frente a la fachada de la aun embajada de Venezuela, en la que condenaron la expulsión de diplomáticos venezolanos ordenada por el presidente Bukele.
[224] Sarai Molina, de MUSYGES denunció que el Ministerio de Trabajo ha burocratizado al entrega de credenciales para dirigente sindicales, lo cual les afecta en la defensa de los intereses de los trabajadores agremiados.
[225] Xenia Marroquín, del Foro del Agua y del Foro Centroamérica Vulnerable, manifestó que “me siento complacida por las recomendaciones dadas al Estado salvadoreño desde múltiples organismos de la ONU así como por la presentación que realizaron del informe alternativo desde la sociedad civil salvadoreña.
[226] Centenares de personas se manifestaron en el Centro Judicial Isidro Menéndez, contra el fallo judicial que tipificó como una falta y no como delito la acusación contra le magistrado Jaime Escalante por tocar en sus partes íntimas a una niña de diez años.
[227] Representantes de diversas organizaciones constituyeron el Colectivo de Defensa de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se hizo presente a este sede diplomática y afirmaron que no permitirán el ingreso de representantes del “títere Juan Guaido”.
[228] Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia, ISD, propuso que debe de buscarse financiamiento internacional para garantizar que se use tecnología en las próximas elecciones.
[229] Carolina Amaya, de la UNES explicó que la cancelación de la COP-25 por el gobierno chileno, debido a la grave crisis social que atraviesa, afecta fuertemente porque atrasa el desarrollo de una agenda con medidas al servicio de la protección medioambiental.
[230] Daniela Brunet, directora de la Asociación Equipo Maíz, nacida en abril de 1983, dedicada la formación de liderazgos comunitarios, informó que realizan el Encuentro de Comunicación “Revelando Realidades.”
[231] Milton Recinos, representante del sector de veteranos de la CIRAC explicó que se concentraron en la entrada de la UES para manifestar su rechazo a la decisión del presidente Bukele de romper relaciones con el gobierno de Maduro.
[232] Josselyn Pineda, de ASAPROSAR y de la Red para la Infancia y Adolescencia, RIA, expresó que exigían información sobre los argumentos utilizados por una instancia judicial para garantizarle la impunidad al magistrado Jaime Escalante. El lema de la conferencia de prensa que ofrecieron fue el de: tocar niñas es delito.
[233] Los integrantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, constituida en 2013, anunciaron que el próximo 12 de octubre desarrollaran el V Festival 2019 con el lema: ante el cambio climático, Agroecología. Así como: Por nuestra Soberanía Alimentaria: Defendemos agua, tierra y semillas. Exigieron la aprobación de la Ley General de Aguas y de la Ley de Soberanía Alimentaria.
[234] Representantes de la Asociación Pro búsqueda manifestaron que miles de familias “han pasado sin justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición, por más de treinta años.”
[235] Carolina Amaya, coordinadora de la UNES advirtió que el agua del lago Ilopango no es apta para consumo humano, ya que está contaminada con metales pesados.
[236] Margarita Posada, del Foro Nacional de Salud denunció que el GOES ha cerrado once Equipos Comunitarios de Salud Familiar, así como hay una reducción en el presupuesto de los hospitales.
[237] Diversas organizaciones del Comité Pro Defensa de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela informaron que continúan noche tras noche protegiendo el patrimonio y la soberanía del pueblo venezolano.
[238] Loyda Robles de la Alianza por los Derechos de la Niñez denunció que los tribunales salvadoreños se caracterizan por acondicionar las leyes y negar la justicia a las víctimas como sucede con el actual caso del magistrado Escalante.
[239] Morena Herrera, de la Colectiva Feminista denunció que “una situación dolorosa está viviendo una niña de doce años a causa de una violación perpetrada por un adulto mayor de 85 años. Está embarazada y a punto de dar a luz. Este es El Salvador” concluyó.
[240] Martín Gómez, del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz, MILPA, participó en foro “Justicia Climática y Derechos Humanos y Adaptación “celebrado en Copan, Honduras, reivindicó el conocimiento ancestral para enfrentar el cambio climático.
[241] Rafael Rodríguez, inauguró el Cuicatcalli, o Casa del Canto, que es un proyecto para recatar las tradiciones artísticas y culturales “de nuestros ancestros, nahuas, toltecas y pipiles”. Se contó con la participación de Juliana Ama., nieta del líder indígena del 32, Feliciano Ama.
[242] David Díaz, de la Asociación de Desarrollo Comunal “Bendición de Dios” explicó que llevaban 13 años de estar luchando, lo que ha incluido capturas, encarcelamientos y la amenaza de pasar entre cinco u ocho años en prisión, luego de enfrentarse a las autoridades municipales para no dejarse arrebatar el sistema de agua comunitario.
[243] Karla Rauda, representante del Movimiento Ciudadano Tocar Niñas si Es delito, manifestó en la concentración en el Monumento a la Constitución que exigen se endurezcan las leyes para castigar estos delitos así como condenaron la impunidad
[244] Luis González, de la UNES advirtió que “ el tema del agua puede ser sujeta a privatización de hecho, tal vez no de derecho” mientras no exista una normativa al respecto.
[245] Danilo Pérez, del Centro para Defensoría del Consumidor junto con representantes de OXFAM dieron a conocer estudio sobre migración salvadoreña titulado “El Salvador: mosaico de la migración” que revela que un promedio de 300 salvadoreños emigran diariamente hacia los Estados Unidos.
[246] Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos y de la Mesa contra la Impunidad, recalcó que existe la posibilidad que ARENA, PDC y PCN unan sus votos para aprobar una Ley de Reconciliación que sería una amnistía disfrazada.
[247] David Ortiz de FESPAD y de la Mesa contra el Desplazamiento Forzado solicitaron a la CIDH que se pronuncie para que el Estado salvadoreño elabore tanto un diagnostico como una política para enfrentar esta situación.
[248] Haydee Laínez, del Sindicato de Trabajadores Sexuales “Las Guerreras” denunció “la falta de presupuesto para la compra de condones por parte del Ministerio de Salud, lo que es preocupante para este sector que es tan vulnerable a ITS, discriminación y violencia y que además se incrementa por nuestro trabajo sexual, que lo ejercen hombres y mujeres.”
[249] Santos Melara, represente de los excombatientes del FMLN indicó que la propuesta presupuestaria 2020 presentada por el GOES no responde a las necesidades de este sector.
[250] Claudia Rosa, de Amanecer Positivo, denunció que existen falta de medicamentos para los “pacientes diagnosticados con esta dura enfermedad.”
[251] Eduardo García, de Probusqueda, enfatizo que los diputados han caido en desacato al no cumplir con los plazos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en relación a promulgar una Ley de Reconciliación.
[252] Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, SSP, subrayó que “de enero a septiembre de este año hemos atendido a 140 casos, lo que totaliza 446 víctimas.”
[253] El Foro Nacional de Salud exigió el cese inmediato de los cierres de los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención.
[254] Alexandra Aquino FIke compartió que “no tengo memoria de mi papa, ahora siendo madre de una niña de dos años, la misma edad que yo tenía cuando desaparecieron a mi papá, veo cada día el amor que mi hija tiene para su padre. Cada día que despierto, me pregunto adónde esta mi papá, es un trauma con le que vivo cada día.”
[255] Carolina Amaya, de UNES informó que del 13 al 15 de noviembre celebraron el V Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a al Minería, ACAFREMIN, en el que se comprometieron a impulsar la lucha por la defensa de los territorios y frente al agravamiento de la crisis ambiental.
[256] Carmen Rodríguez, de la Mesa de Protección a Periodistas denunció que a partir de la publicación de una investigación sobre agresiones sexuales en el periódico digital La Voz de la Diáspora se han recrudecido ataques contra mujeres periodistas de este medio.
[257] Mario Montes, presidente de AGEPYM anunció el inicio de la campaña del “listón negro” para simbolizar la lucha por pensiones dignas para los trabajadores que están por jubilarse.
[258] Saúl Baños, de FESPAD; junto con ARPAS exigieron en FGR se investigue la presenta filtración de datos personales de solicitantes de información del IAIP.
[259] El grupo de organizaciones solidarias con El Salvador, reunidas en Frankfurt, del 8 al 10 de noviembre, respecto al derecho humano al agua manifestaron que “la falta de una ley de agua con enfoque de derechos humanos, posibilita que el empresa privada se beneficie del agua sin mayor control o regulación del estado.” Firman la declaración El Centro de información El Salvador, La Cortadora y la red INKOTA.
[260] Las organizaciones CARECEN-Los Angeles, CISPES y Pro-vida entregaron 117 cartas de ciudadanos estadounidense a la FGR para solicitar al Fiscal se detenga la persecución contra defensores del derecho al agua.
[261] La Colectiva de Mujeres Periodistas exigió que se castigue a jefes de prensa, a editores y periodistas que ejerzan violencia contra mujeres.
[262] Blanca Flores denunció que en el Bajo Lempa desde hace quince años han sido afectados en sus cultivos tradicionales y la pesca artesanal por la llegada del monocultivo de la caña de azúcar y los agro tóxicos que han puesto en riesgo la vida de 190 familias.
[263] En un campo pagado FESPAD denunció que se pretende estigmatizar a las organizaciones sin fines de lucro, y en particular a las que defienden derecho humanos al vincularlas con el blanqueo de dinero.
[264] FESPAD junto con la organización sueca de desarrollo IM pidieron al estado salvadoreño reducir la circulación de armas de fuego y así contribuir a una cultura de paz.
[265] Roswald Solórzano, representante del Movimiento NO +AFP demandó en la AL que se derogue en tus totalidad la Ley SAP que origina las AFP como sistema privado de pensiones en el país.
[266] En un comunicado diversas organizaciones de la sociedad civil exigen al GOES se diseñe un modelo de lucha contra la impunidad que incluya la judicialización de los casos.
[267] La Alianza por la Protección de la Niñez, APN , calificó como un retroceso para la justicia de género, el que se haya dado una resolución favorable al magistrado Escalante.
[268] Representantes de diversas organizaciones populares se mantienen firmes en la defensa de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela.
[269] Representantes del MPR-12 se hicieron presentes para manifestar su apoyo a la toma de la embajada venezolana en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
[270] La fundación Manuel Ungo, FUNDAUNGO impulsa el desarrollo de dialogo de representantes de diversas comunidades del país para conocer sus ideas sobre el uso de espacios públicos.
[271] Diversas organizaciones de mujeres marcharon este 25 de noviembre para denunciar la ola de violencia, que incluye feminicidios que les afecta, como resultado de una sociedad patriarcal.
[272] Delia Cornejo de Las Melidas denunció durante marcha de mujeres que el GOES está cerrando distintos programas de atención a la mujer incluyendo Ciudad Mujer.
[273] Salvador Recinos, de UNES, califico como un importante logro calificaron las organizaciones en defensa del sitio arqueológico de Tacushcalco, Sonsonate, la decisión de ampliar el área protegida de 46 a 500 menznas de extansión, decisión tomada por el Ministerio de Cultura,
[274] Maydee Recinos, del IMU y de la Alianza por la Defensa de lso Derechos de las Mujeres Rurales, indicó que este sector esta siendo afectado por el actual gobierno al recortarle programas de ayuda.
[275] Delia Cornejo, de las Melidas y FDIM; criticó que en la propuesta de presupuesto presentada por el GOES se suprimen diversos programas de apoyo a las mujeres.
[276] Eduardo García, de Pro-búsqueda informó que desarrollan una campaña denominada “Tu defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor” orientada lograr un verdadero estado de derecho con garantías democráticas.
[277] Wilfredo Medrano, acusador particular en el caso de El Mozote denuncio que la defensa de los generales mediante tretas jurídicas están retrasando el proceso con el objetivo quela Ley de reconciliación venga a favorecer la impunidad de sus defensores.
[278] Celia Medrano, de Cristosal, presentó ante la AL un proyecto de ley para incrementar el impuesto a la venta de armas y de esta forma financiar programas para víctimas del desplazamiento interno.
[279] Brenny Herrera, de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, MPGR, presentó una Política de Género con el propósito de disminuir las desigualdades de género presentes en la sociedad salvadoreña.
[280] Morena Murillo, de la Alianza Nacional contra al Privatización del Agua manifestó que continua la campaña contra siete jóvenes en Tacuba por su accionar en defensa del derecho al agua.
[281] Gisela Beltran, del Sindicato de Bordadoras a Domicilio entregaron en la AL una plataforma reivindicativa a diputadas del FMLN.
[282] Eduardo escobar de Acción Ciudadana, denunció que el GOES entregara 250,000 ala CICIES lo cual afectará en términos de su independencia.
[283] Pablo Abrego, del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Bienestar Magisterial, denunció que se han realizado más de 80 despidos de trabajadores en la institución.
[284] Bianca Rodríguez, de COMCAVIS-Trans denunció que las políticas de seguridad que implementa le GOES se basa en “un abordaje populista y meramente punitivo.”