La noche del 27 de julio, tras un debate de más de un año, fue aprobado por la Cámara de Representantes por una muy estrecha votación (217 contra 215) el CAFTA (Tratado de Libre Comercio de Centro América, o, según sus siglas en inglés, Central American Free Trade Agreement). Aun cuando el Partido Republicano del presidente George Bush goza de una abrumadora mayoría en ambas cámaras, la Casa Blanca se vio obligada a comprar en los últimos minutos el apoyo de miembros de su propio partido bajo ofertas especiales. La votación en el senado un par de semanas atrás fue también estrecha (54 a 45), lo que no es usual en votaciones sobre tratados de libre comercio. Tras la reciente aprobación de Estados Unidos, el resto de los países centroamericanos aún no ha ratificado el CAFTA, lo que debieran hacer a la brevedad (hasta el momento, El Salvador, Honduras y Guatemala ya han ratificado el acuerdo, en tanto no lo han hecho Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana).
Aun cuando el futuro del tratado está claro, la férrea discusión política en torno al acuerdo grafica los enormes cambios que ha tenido la agenda norteamericana del libre comercio. Contrasta, de hecho, con las negociaciones del Tratado de libre Comercio con Chile, el que fue aprobado hace dos años atrás por amplias mayorías: 65 a 32 en el Senado y 270 contra 156 en la Cámara de representantes.
¿Qué explica esta diferencia?
Derechos laborales
Un número no menor de legisladores que apoyaron el TLC con Chile han rechazado el CAFTA por la situación de los derechos laborales en Centroamérica, la que es mucho más precaria que en Chile. Incluso Mickey Cantor, el jefe de negociaciones del gobierno de Bill Clinton, expresó su oposición al CAFTA por los temas laborales.
En las fábricas centroamericanas de confecciones que se exportan a Estados Unidos existen evidentes problemas en el trato con los trabajadores, entre los cuales están los despidos cuando intentan organizar sindicatos. Hay además serios problemas de trabajo infantil, tanto en la manufactura como en la agricultura. Tal como en el tratado con Chile, el CAFTA sólo requiere integrar países con normas laborales en vigencia. Y en muchos casos, las leyes centroamericanas son en extremo débiles. En El Salvador y Nicaragua, por ejemplo, los trabajadores despedidos por ejercer sus derechos de libre asociación no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse.
La experiencia del Nafta
El NAFTA (en ingles, The North American Free Trade Agreement), que ha sido el modelo para el CAFTA, está vigente desde hace once años y las evidencias de que no ha logrado cumplir sus expectativas son crecientes. Uno de los argumentos de quienes apoyaron el NAFTA durante el debate de 1993 era que mejoraría los niveles de vida en México, lo que redundaría en una reducción del flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, el número de mexicanos inmigrantes que viven de manera ilegal en Estados Unidos se ha duplicado desde 1990, y gran parte del crecimiento del flujo se ha registrado desde 1994, cuando el acuerdo entró en vigencia.
América Central es también fuente de un gran volumen de inmigrantes indocumentados, lo cual ha sido uno de los temas principales en el reciente debate. Grupos norteamericanos trabajaron con sus socios centroamericanos para alertar cómo el CAFTA afectaría a los pequeños agricultores en la región, ya que cerca de un 50 por ciento de la población de estos pequeños países depende de la agricultura. Cuando el CAFTA levante las barreras a la importación de bienes agrícolas norteamericanos, estos campesinos perderán competitividad y estarán expuestos a nuevas presiones para emigrar.
Retórica de Guerra Fría
Hay 21 miembros de la Cámara de Representantes de origen latino que crearon el Congreso del Caucus Hispano. Este grupo votó 14 a uno para oponerse al CAFTA, y era la primera vez que rechazaban un tratado de libre comercio. Aunque la votación no fue unánime, ya que varios se abstuvieron, el hecho que la gran mayoría se opusiera fue un importante argumento contra el discurso de la administración Bush en cuanto que los opositores al tratado eran enemigos del pueblo centroamericano.
El debate del CAFTA reveló que muchos políticos norteamericanos viven todavía bajo el síndrome de la Guerra fría. El secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, durante un discurso ante una audiencia empresarial dijo que todo el que se oponga en Nicaragua al tratado es un comunista. El nombre de Daniel Ortega, el antiguo presidente electo de Nicaragua, aparece con frecuencia en el debate de los congresistas. Por ejemplo, el congresista californiano David Dreier dijo que “quienes recordamos a Daniel Ortega no tomamos a la ligera su agresiva campaña contra el tratado y su rechazo a los frágiles espacios de libertad económica que se han introducido en la región. Podemos abandonar a nuestros amigos en la pobreza, en las dictaduras y en la visión que tiene Ortega respecto al futuro. O podemos ayudarlos a crecer, prosperar y mejorar sus niveles de vida”.
El principal demonio en la región para la administración Bush es Hugo Chávez, quien y aun cuando su país no forma parte del CAFTA ha jugado un papel relevante en el debate parlamentario. Mark Kirk, representante por Illinois, se ha referido a Chávez como el “Mussolini venezolano”, quien, dijo, podría generar un conflicto bélico en la región. “En el Congreso tenemos una opción: exportar bienes o tropas a Centroamérica”.
Debiera señalarse, en cualquier caso, que la paranoia anticomunista parece tener un impacto muy bajo en los votos. De hecho, Bill Pascrell, demócrata por New Jersey, ha respondido del siguiente modo a Kirk: “Nunca, en mis nueve años en la Cámara de representantes, había oído algo tan absurdo y simplista. La población de estos seis países se opone al CAFTA porque es injusto. Porque es, realmente, un tratado de inspiración empresarial, que daña a los trabajadores, tanto en Estados Unidos como en Centro América.
Combatir al terrorismo con el libre comercio
Desde el 11 de septiembre, la administración Bush ha venido levantando el argumento de que la expansión del libre comercio es necesaria como parte de la guerra contra el terrorismo. No dan evidencia alguna respecto de esta relación, pero es un argumento de peso para políticos temerosos de parecer antipatrióticos en tiempos de guerra. El ex presidente Jimmy Carter también ha elevado este argumento en una carta a los miembros del Congreso. En sus palabras, “nuestra propia seguridad nacional, y nuestra influencia en el hemisferio, se verán fortalecidas con una mayor estabilidad, democracia y desarrollo de los países pobres de Centro América y del Caribe”. Desde que Carter es visto como un defensor de los derechos humanos, su opinión ha cobrado peso, especialmente entre los demócratas.
No hay duda que la aprobación del CAFTA fue un enorme desencuentro para los grupos no neoliberales, tanto en Estados Unidos como en Centro América. La esperanza era que si el CAFTA era derrotado, podría también haber golpeado las negociaciones del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) y la nueva ronda de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (1). Pero, aun ahora cuando el CAFTA es una realidad, el futuro para la amplia agenda de comercio es incierto. La batalla del CAFTA en Estados Unidos ha revelado con más fuerza que nunca que es un tema que no goza de mucho apoyo. Si no se consideran los últimos minutos de votación y sus tensas negociaciones, los oponentes al tratado hubieran ganado con facilidad. El presidente Bush, después de haber invertido personalmente tiempo para convencer a los congresistas en apoyar el CAFTA, deberá considerar con bastante seriedad los crecientes esfuerzos que deberá destinar en los aún más polémicos tratados globales y hemisféricos.
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- Sarah Anderson es directora del proyecto de Economía Global y del Instituto de estudios políticos en Washington, DC. Es coautora de Field Guide to the Global Economy (New Press, 2005).
(1) Al respecto, Oxfam señaló que “el CAFTA incluye reglas en el capítulo agrícola que ignoran algunas de las mínimas garantías que la OMC reconoce a los países en desarrollo. En el pilar de acceso a mercados, el CAFTA no sólo exige mayores reducciones arancelarias a los países firmantes, sino que reduce la flexibilidad para los países en desarrollo en la utilización de instrumentos de políticas. Las reglas aceptadas por las Partes imponen un trato similar en el sector agrícola: un solo producto excluido por cada Parte, 20 años de periodo máximo para eliminar los aranceles y las mismas fórmulas de reducción de aranceles. Este trato equitativo ignora las enormes diferencias existentes entre el sector agrícola de Estados Unidos, que recibirá este año ayudas cercanas a los 18,000 millones de dólares y que cuenta con un importantísimo desarrollo tecnológico, y algunos de los sectores rurales con mayor pobreza del continente americano, sin apoyo gubernamental alguno y con escaso acceso a los recursos productivos y financieros “ (El CAFTA discrimina a los campesinos centroamericanos. Análisis comparativo de las actuales negociaciones de la Organización Mundial del Comercio con el capítulo agrícola del CAFTA, abril 2005)