Ral Moreno
Pasadas las tres de la madrugada del 17 de diciembre del 2004, la derecha salvadorea a travs de los diputados y diputadas de las fracciones Alianza Repblicana Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliacin Nacional (PCN) y Partido Demcrata Cristiano (PDC), vuelve a hacer gala nuevamente de sus viejas prcticas retrgradas, y en un flagrante irrespeto al debido proceso y a las mnimas prcticas democrticas, deciden modificar la agenda de la sesin plenaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador para ratificar en un madrugn el Tratado de Libre Comercio entre Centro Amrica, Repblica Dominicana y Estados Unidos (TLC CA-RD-EU).
Es evidente que de la derecha, de sus partidos polticos y sus diputados no se puede esperar iniciativa o Ley alguna en beneficio del pueblo salvadoreo; no obstante, la noticia de la ratificacin de un tratado como el TLC CA-RD-EU en un madrugn, es siempre un acto repugnante e inadmisible que desnuda la inexistencia de un Estado Derecho post-Acuerdos de Paz, y que confirma la vigencia de las seculares prcticas de imposicin de los intereses minoritarios, anulando las ms elementales normas de convivencia pacfica y democrtica en el pas.
El TLC CA-RD-EU ha sido ratificado con dispensa de trmite por 49 votos a favor ARENA, PCN y PDC— y 35 en votos en contra —del Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional (FMLN) y del Centro Democrtico Unido (CDU)—, sin que el pleno haya siquiera ledo una sola lnea de las 2,500 pginas plagadas de tecnicismos que incluye su texto, mucho menos que se hayan detenido a analizar las implicaciones y alcances de esta decisin. Esto representa un acto burdo y de magna irresponsabilidad. No cabe duda que la inmensa mayora de quienes ratificaron el TLC CA-RD-EU no tienen la mnima idea de lo que esto implica, pero que para estos diputados y diputadas fue suficiente saber cunto y qu recibiran por haber levantado la mano.
Una vez ms los diputados y diputadas de derecha han vuelto a incumplir su juramento de velar por los intereses del pueblo salvadoreo, a quienes supuestamente representan. Adems, con la ratificacin del TLC CA-RD-EU estos personajes tambin han violado su juramento de hacer cumplir la Constitucin y la Ley, pues han votado a favor de un tratado que resulta claramente atentatorio contra la vigencia de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (DESC), consignados en la Constitucin y tambin recogidos en Convenciones y Tratados Internacionales.
Pese a que las organizaciones sociales demandaron reiteradamente de la Asamblea Legislativa que asumiera con responsabilidad e inteligencia esta decisin, desmarcndose de intereses minsculos y corporativos que promueven el TLC CA-RD-EU, para anteponer los intereses de la mayora de la poblacin. Con la ratificacin del tratado estos diputados cargan con la enorme irresponsabilidad de someter mucho ms a nuestro pas en un esquema de condicionalidades del cual no podremos sustraernos, y que limitar cualquier posibilidad de construir un proyecto nacional.
El mnimo anlisis cientfico y objetivo del texto del TLC CA-RD-EU identifica claramente los efectos perversos a que conllevar este tratado para la poblacin salvadorea, las empresas nacionales, el Estado, los recursos naturales y el medio ambiente. Sin embargo, esto result irrelevante para los diputados de derecha a la hora de ratificar el TLC CA-RD-EU, bast con que la fraccin oficial recibiera la orden de la cpula empresarial y algn incentivo que motivara a las fracciones del PCN y PDC a dar sus votos que podra incluir el dictamen de la Corte Suprema de Justicia para salvar a estos dos partidos polticos de la desaparicin impuesta por el electorado salvadoreo en los pasados comicios de marzo del 2004—.
Esto hechos refuerzan la percepcin que la poblacin salvadorea tiene del primer rgano del Estado, no es extrao que sea la Asamblea Legislativa la institucin ms desprestigiada en el pas, y que en general la imagen de diputados y diputadas gocen del repudio y falta de credibilidad de la poblacin, como lo demuestran las diversas encuestas de opinin. Nada contribuyen estas prcticas al fortalecimiento institucional y a la restitucin de la credibilidad e imagen de este ente y de sus miembros; adems, con estas decisiones dicho rgano slo abona a crear un clima de ingobernabilidad social.
Estamos acostumbrados a los paquetazos, madrugones, compra-venta de votos, diputados de izquierda que se tornan en diputados de derecha, negociaciones turbias y antidemocrticas. As han discurrido las cosas en nuestro subdesarrollado El Salvador, sin que a la fecha se juzgue a estos personajes por las nefastas consecuencias de sus decisiones. Si en nuestro pas reinara un Estado de Derecho, tendramos muchos diputados, ex-presidentes, ex-ministros y altos funcionarios pblicos disfrutando de la tranquilidad del sistema penitenciario que ellos mismos se niegan a reformar.
Una vez ms, merece la pena cuestionar a estos personajes que votaron por la ratificacin del TLC CA-RD-EU si asumirn su responsabilidad por las consecuencias negativas provocadas por este tratado sobre la poblacin salvadorea: el desempleo generado por la quiebra de empresas nacionales, la mercantilizacin de los servicios pblicos, el encarecimiento de las tarifas y el alza en el precio de los medicamentos, la profundizacin del deterioro del medio ambiente, la ingesta masiva de alimentos modificados genticamente, la quiebra de la produccin agropecuaria, la inseguridad alimentara, y con ello el incremento de las migraciones y el mayor desarraigo cultural de los pueblos.
En la memoria colectiva de la poblacin continan frescos todava los subterfugios utilizados por el gobierno para la aprobacin de la mal llamada Ley de Integracin Monetaria, la cual fue promocionada por Francisco Flores —ex presidente de la Repblica y actual candidato a Secretario General de la Organizacin de Estados Americanos, OEA—, como el secreto mejor guardado en el pas y que fue aprobada por los diputados de derecha a cambio de que no se eximiera del fuero parlamentario a un diputado ebrio y pistolero. Este nefasto hecho llev a la dolarizacin de la economa salvadorea, la eliminacin del coln —nuestra moneda—, de la banca central, y de las polticas cambiaria y financiera, con lo cual se redujo al mnimo el escaso margen de maniobra del Estado en la definicin de la poltica econmica.
Con la consumacin de este acto de magna irresponsabilidad, el TLC CA-RD-EU se convierte en Ley de la Repblica, con predominio sobre el marco jurdico nacional y que entraa importantes violaciones a la Constitucin y a Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos suscritos por El Salvador. El TLC CA-RD-EU atenta contra el proceso de integracin centroamericana, contra la prevalencia del principio de trato no discriminatorio para las personas nacionales, contra la aplicacin y vigencia de los DESC, contra el marco jurdico para la resolucin de controversias en materia comercial, entre otros.
El TLC CA-RD-EU no es un simple tratado que regula el comercio de mercancas, como lo promociona el gobierno. Estamos ante un instrumento que determinar la definicin de nuestras polticas pblicas, y que eliminar toda posibilidad de que el actual y los futuros gobiernos salvadoreos puedan aplicar polticas econmicas, sociales y ambientales coherentes con los objetivos del desarrollo nacional y de la integracin centroamericana.
Los argumentos de quienes promueven el TLC CA-RD-EU como una oportunidad y clave para el desarrollo, progreso y bienestar se basan en planteamientos reconocidos como fracasados —por el mismo Banco Mundiala juzgar por los catastrficos resultados que han generado en muchos pases en que se han aplicado. Este tratado no ha sido inspirado ni construido desde ni para los intereses ciudadanos, o de las pequeas y medianas empresas nacionales, o del respeto al medio ambiente. Los contenidos de estos tratados carecen de una lgica de derechos humanos -laborales, sociales, polticos, culturales, migratorios y ambientales.
En contraposicin a la bsqueda de los valores centrales indispensables para que una sociedad aspire a un estadio de desarrollo, el TLC CA-RD-EU apunta hacia su negacin e inobservancia. En un proyecto nacional de desarrollo, antes que todo debera garantizarse el sustento vital para satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin; pero tambin es condicin sustantiva, fomentar la autoestima de las personas expresa en el sentimiento de vala y de respeto a uno de mismo, de no ser utilizado e instrumentalizado; adems, es necesaria la activa participacin democrtica, que se manifiesta en el poder de elegir unas condiciones que nos liberen de unas condiciones de vida alienantes o de servidumbre social.
Nada ms alejado de la realidad salvadorea, nuestra sociedad es una muestra evidente de la carencia de un Estado de Derecho y de democracia real, la relativa vigencia de algunas libertades civiles y polticas contrasta con la inobservancia de los DESC, la profundizacin de la pobreza y de la desigualdad hasta niveles repugnantes, cuya situacin se ha venido larvando durante los quince aos de reformas econmicas e institucionales promovidas desde las fracciones de derecha en la Asamblea Legislativa, y a juzgar por los estudios de impactos y las experiencias de otros pases, el TLC CA-RD-EU agravar an ms.
La consolidacin de un ncleo hegemnico que constituye el poder fctico en el pas, el mismo que ha implementado los programas de ajuste estructural a travs de las cuatro administraciones de ARENA, con lo cual se ha privilegiado a la banca y a unas cuantas empresas insignias de su propiedad, ahora buscan asestar la estocada final de las reformas pendientes con la ratificacin del TLC. Y nada mejor que legitimarlo jurdicamente, sin preocuparse por lo vulgar y repugnante que resulte el mtodo: comprar votos de los partidos de derecha, y repellar la imagen con multimillonarias campaas mediticas.
El presidente de la Repblica de El Salvador no oculta su alegra por un TLC ratificado en un madrugn y da cuenta al gobierno estadounidense de su misin cumplida. En el largo camino de la vergenza de los gobiernos de ARENA, sumamos un nuevo hito: no slo somos de los pocos pases en el planeta sin moneda nacional, que hace gala de contar con los gobiernos ms obsecuentes y entreguistas, sino que tambin figuramos entre los pases con los niveles de desigualdad ms altos a nivel mundial, con mayor deterioro ambiental, con ms alto nivel de violencia ciudadana, y con esta decisin pasamos a ser el primer pas centroamericano en ratificar el TLC CA-RD-EU.
Vale decir que afortunadamente este hecho no es una realidad, que su ratificacin en el Congreso y la Casa de Representantes de los Estados Unidos dista en la actualidad de contar con los 218 votos que se requieren para su ratificacin. Es importante que los y las congresistas estadounidenses discutan y analicen en profundidad los perjuicios que entraa este Tratado para los pueblos y empresas nacionales, y que NO ratifiquen el TLC CA-RD-EU.
Iniciativas como la carta demcrata de los congresistas Hilda Sols y Ral Grijalva, dan cuenta de la seria amenaza que entraa el TLC CA-RD-EU, y se suman a la oposicin de otros sectores estadounidenses que adversan el tratado por sus negativas implicaciones en los mbitos laborales, ambientales, productivos, inversiones, comerciales, entre muchas.
Resulta inaudito que el gobierno salvadoreo financie una campaa en el Congreso de los Estados Unidos, a travs de empresas estadounidenses, para convencer a los representantes estadounidenses de la necesidad de ratificar el TLC. Estos multimillonarios gastos son financiados con recursos pblicos salvadoreos, se suman a las onerosas partidas del Ministerio de Economa desembolsadas durante el proceso de negociaciones, y se realizan en un contexto en el cual las cuentas fiscales de El Salvador se encuentran en una lamentable situacin deficitaria, con un Proyecto de Presupuesto General de la Nacin 2005 se ha entregado desfinanciado por octavo ao consecutivo— a la Asamblea Legislativa para su aprobacin.
Como se ha constatado en otros pases de la regin, el TLC CA-RD-EU dispone del otorgamiento de prstamos para financiar las negociaciones y actividades de cabildeo tendientes a su ratificacin. Esto resulta simplemente inadmisible, no slo porque presiona an ms los alarmantes niveles de endeudamiento pblico, sino porque constituyen gastos improductivos y perjudiciales para el mismo crecimiento de la economa, y representan un altsimo coste de oportunidad para nuestros ingresos pblicos, en tanto constituye una importante erogacin que bien podra canalizarse para inversin social.
La ratificacin del TLC CA-RD-EU y profundizacin de las polticas neoliberales nos obliga a plantear la necesidad de avanzar en el ejercicio de nuestro derecho ciudadano de construir un proyecto nacional de desarrollo, de un nuevo pas justo, pacfico y sustentable. En este sentido, es importante que la ciudadana y las organizaciones sociales profundicen la lucha de resistencia y la construccin de poder popular desde las comunidades hasta lograr que se gobierne y legisle a su favor.
Ms que un TLC CA-RD-EU, se requiere impulsar acuerdos de cooperacin entre los pases latinoamericanos y los Estados Unidos, inscritos en su propia estrategia de desarrollo y, construidos desde una lgica solidaria que estimule el desarrollo sustentable y equitativo de cada pas y que propenda hacia la integracin de los pueblos centroamericanos.
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[1] Economista, Catedrtico de la Escuela de Economa de la Universidad de El Salvador y miembro de la Red Ciudadana de Accin frente al Comercio e Inversin, SINTI TECHAN.
