En la medida que se devela la grave situación económica y social del país, se desmoronan las falsas promesas infladas con publicidad gubernamental. Estas caen fulminadas por el creciente malestar social, el trabajo estoico del “incómodo” periodismo investigativo, la aguda crítica desde las redes sociales y la mordaz puntada en los espacios de opinión pública; hasta enfrentar el intolerante discurso de odio de Bukele de: “no escuchen a los enemigos del pueblo”, apuntalado con los cruentos efectos del Régimen de Excepción. La cruda y desesperada realidad de pobreza y abandono terminará rebasando la amenaza autoritaria de: “sin quejarse”.
Después de cinco años de régimen autoritario, Bukele controla absolutamente a todos los poderes e instituciones del estado; ha cerrado el acceso a la información pública, ocultado los datos estadísticos, administrativos y socioeconómicos del país. Mantiene el prolongado Régimen de Excepción, aún después de anunciar ganada la guerra contra las pandillas; una afirmación reiterada en distintos eventos públicos durante los últimos diez meses. Bukele también declaró “pulverizada a la oposición”. Por lo tanto, no hay justificación racional para seguir imponiendo el Régimen de Excepción, sobre todo, si el objetivo es generar confianza para atraer inversiones y recuperar la economía del país.
Bukele se hereda una economía profundamente rezagada, la más atrasada en la región en cuanto a bajas exportaciones, escasa inversión externa, minada por la corrupción, el despilfarro y la incapacidad de ejecución presupuestaria; no ha logrado superar el promedio endémico del 2.4% de crecimiento económico registrado por el mismo Banco Central de Reserva. Su gestión está en la mira de los organismos financieros internacionales y calificadoras de riesgo. Uno de los sectores más abandonados es el agropecuario, que hasta 2019 significaba el 5.1% del PIB; actualmente su aporte retrocedió hasta el 4.6%; solo entre los años 2020 y 2021 más de 18,000 ganaderos quebraron, debido al elevado costo de los insumos y alimentos para el ganado; por la drástica reducción del programa del vaso de leche escolar de este gobierno, y a la masiva importación de leche y derivados lácteos. Igual descalabro padecen los productores de granos básicos, caficultores y cañeros.
De acuerdo con datos sistematizados por el Equipo Maíz, junto al economista Cesar Villalona, el país padece una caída del crecimiento industrial que antes aportaba el 15.5% al PIB, y hoy se redujo al 14%. A esto debe agregarse el grave desbalance del comercio exterior, que de un déficit de $5,967 millones en 2019; este se multiplicó hasta $9,150 millones. En tanto la inversión extranjera, que también es la más rezagada en la región, en 2023 apenas alcanzó $750 millones, sin superar los $826 millones alcanzados en el año 2018. Las reservas internacionales netas lejos de crecer han disminuido de $3,763 millones en 2019, a $3,119 millones en 2024. En tanto la deuda pública, incluyendo pensiones, de $19,808 en 2019 (63% del PIB); ha crecido a $30,173 en 2024, (88% del PIB).
La inflación creció hasta 4 puntos, golpeando especialmente los precios de los productos de la canasta básica de alimentos y servicios. Un severo incremento del 28% a la Canasta Básica urbana que cubre apenas 22 productos; mientras la Canasta Básica rural con solo 15 productos creció 23%. Hay un grave incremento de la pobreza, que de un 22.6% en 2019, aumentó a 27.2% al final de 2023, condenando a 126,000 nuevas personas a la pobreza. Mientras el desempleo alcanzó el 7%; y el subempleo en el que se inscribe la desesperada sobrevivencia informal, tan perseguida en el centro de la capital y otras urbes del país rebasa el 53%. Esta crisis es más grave por el incremento de la deuda de pensiones, que de $5,071 millones en 2019, hoy supera los $9,916 millones en 2024; una crisis que se agrava aceleradamente con el impago por cuatro años impuesto por este gobierno, y la manera acelerada con que continúan vaciando los ahorros de los cotizantes.
Ante semejante panorama económico, social y fiscal, Bukele está obligado a cumplir su promesa de que paguen más los que tienen más, a comenzar aplicando la “medicina amarga” a su propio gabinete; y a exponer con claridad ante el país sus planes para la recuperación económica y social.