El enfrentamiento social y popular en el gobierno Bukele 2019-2021
El enfrentamiento político-social en el gobierno Bukele[1] asume diversos rostros y escenarios: el principal es el enfrentamiento entre sectores de la oligarquía y de la burguesía emergente[2] en sus dimensiones política, económica, social, mediática y cultural. En este enfrentamiento, el gobierno estadounidense de Biden se ha decantado por posicionarse a favor de la restauración oligárquica y expresa también una de sus principales vertientes.
Pero también se encuentra, en un segundo plano, oculto pero vigente, el enfrentamiento de la burguesía emergente, representada por el gobierno autoritario y populista del presidente Bukele y las debilitadas pero significativas luchas de las organizaciones populares y sociales, así como del FMLN.
A continuación hacemos una síntesis de este último enfrentamiento, en sus facetas de movimiento social y popular, y cubriendo exclusivamente el primer cuatrimestre del gobierno de Bukele, de junio a septiembre de 2019.
El fluir de la lucha social y popular (junio a septiembre de 2019)
La debilidad del movimiento social y popular le permite al poder emergente de Nuevas Ideas, ejecutar su proceso de entronización del nuevo régimen político, sin ningún tipo de oposición social y popular sistemática y masiva. Es un momento de cansancio y confusión, la calle esta fría, y el régimen Bukele a dos años de gobierno, todavía goza de un impresionante respaldo popular[3].
El conflicto principal transcurre en las veredas de las clases dominantes, y a nivel social y popular se resuelve fundamentalmente mediante peticiones ante las autoridades más que movilizaciones, mediante la vía parlamentaria como forma de lucha principal, no solo en el plano político de los partidos sino también en el plano social de las organizaciones y redes, en un momento de claro adormecimiento de la movilización popular.
No obstante esto, como nos enseña la experiencia histórica, el nivel de conflictividad social aunque con bajo perfil, mantiene su ritmo y puede en determinado momento incrementarse y amenazar la estabilidad del régimen vigente, sin duda alguna. Y el presidente Bukele lo sabe y lo sabemos nosotros.
A continuación, a partir de medios de prensa, en especial Colatino, reseñamos las principales acciones de este movimiento social -que se organiza por lo general en redes o mesas- las cuales se reflejan en movilizaciones, conferencias de prensa, conmemoraciones, denuncias, conversatorios y peticiones ante el ejecutivo o legislativo. Asimismo registramos algunas acciones del movimiento popular, sindical, estudiantil y cooperativo.
En junio de 2019 se registran 10 acciones: 1 marcha ecológica (5 de junio) , 8 peticiones sobre medio ambiente, contra minería metálica, gestión de riesgo, contra impunidad, y por los derechos de excombatientes, indígenas, desplazados internos y comunidad LGBTI, y 1 manifiesto sobre derechos de la niñez.
En julio de 2019 se registran 35 acciones: 1 marcha estudiantil (30 de julio). 3 conmemoraciones: FAR-30, 27 aniversario de las Melidas y 10 aniversario del asesinato del ambientalista Marcelo Rivera. 3 foros: sobre seguridad, despenalización del aborto y migrantes. 10 denuncias: 2 sobre derechos laborales, 2 sobre derechos ambientales, sobre militarización de seguridad pública, bloqueo a Cuba, falta de agua, ley de servicio civil, desplazamientos forzados, y sesgos sexistas en administración de justicia. 17 peticiones ante GOES, CSJ, FGR y AL: 2 sobre derechos humanos, agua, 2 sobre prohibición de plásticos, ley para empleadas domésticas, derechos de comunidad LGBTI, policías, empleados despedidos, indígenas, mujeres, jóvenes, y adultos mayores, adhesión a protocolo sobre tortura, tratado de aguas transfronterizas, ley de reconciliación, antejuicio a Procuradora Caballero, reactivación de programas de INJUVE, y regulación de precios de insumos agrícolas.
En agosto de 2019 se registran 48 acciones: 1 marcha de trabajadores de centros penales para exigir renuncia de Osiris Luna. 1 propuesta: la agenda política, social y económica del movimiento popular y sindical. 1 fundación: nace el Movimiento Patria Ciudadana. 3 foros: sobre elecciones, candidatos para PDDH y desplazamientos forzados. 9 denuncias: dos sobre violencia contra mujeres, tres sobre acuerdo MAG-Bayer, apropiación ilegal de tierras, contra ley de servicio civil, dengue y despidos en Ciudad Mujer.21 peticiones ante GOES, CSJ, FGR y AL: tres exigiendo renuncia de Procuradora Caballero; dos sobre pensiones, dos sobre desaparecidos, tres sobre reanudar programas de INJUVE, legalizar trabajo sexual, matrimonio igualitario, renuncia voluntaria del magisterio, defensores de derechos humanos, migrantes, deuda agraria, excombatientes, elecciones, sobre CICIES, medio ambiente, y ley de reconciliación. 1 estudio sobre niñez migrante. 6 campañas, sobre niñez, gestión de riesgos, tratado transfronterizo, matrimonio igualitario, elecciones UES y defensores de derechos humanos.
En septiembre de 2019 se registran 52 acciones: 2 marchas, una de redes ambientalistas y otra de sindicatos en contra de las AFPs. 1 propuesta: sobre presupuestode veteranos y excombatientes; 2 eventos: premiación de activista LGBTI y conmemoración de Guinda de Mayo; 18 denuncias: 3 sobre el estancamiento en el Legislativo de ley de justicia restaurativa; 2 sobre disolución de junta directiva de STISSS, ley de función pública,despidos a empleados de Presidencia;estrategias represivas del GOES, falta de pagos de pensiones a veteranos y excombatientes, desabastecimiento de medicinas, agresiones contra defensores de derechos humanos, limitaciones a acceso a playas, retrocesos en derechos de comunidad LGBTI; desplazamiento internos masivos, violaciones a la libertad de prensa, integración selectiva de CST, incumplimiento de acuerdos para lisiados de guerra, antena telefónica en barrio San Esteban, urbanización de sitio arqueológico Tacuscalco, corrupción de exjunta directiva de STISSS y megaproyectos de desarrollo. 10 peticiones: 2 por una PDDH comprometida, 2 por legislación medioambiental, por soberanía alimentaria, reforma de junta directiva de IBV, incorporar Salud Sexual y Reproductiva en currícula escolar, reestructuración de deuda de los cafetaleros, creación de banco de datos genéticos, ley de lavado de activos, audiencia con Fiscal y despenalizar aborto. 4 evaluaciones: sobre primeros 100 días de gobierno Bukele. 7 campañas: derechos sexuales y reproductivos,fiscalizar el GOES, derechos de mujeres indígenas,abastecimiento de agua por ANDA, protección de periodistas, cambio climático y voto de salvadoreños en el exterior. 1 protesta: contra antena telefónica.
Valoraciones
Los dos primeros meses del nuevo gobierno fueron para el movimiento social, hoy en su doble expresión de sociedad civil pro-oligárquica[4] y sociedad civil progresista[5], un periodo caracterizado por el desconcierto y la dispersión en planteamientos y acciones. En el caso del movimiento popular estuvo paralizado.
En agosto de 2019 se da un salto de calidad en el accionar popular al incorporar –desde el movimiento sindical y popular- la presentación el 13 de agosto, ante el nuevo gobierno del presidente Bukele, de un programa, de una plataforma reivindicativa, de una Agenda política, económica y social por parte de FEASIES, CONPHAS, FSS, FEDEAZUCAR y CSTS[6].
Este mismo mes reaparece también en la palestra pública, la principal coalición de movimientos sociales, la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia, ASGOGU, integrada inicialmente por UNES, Las Mélidas, AMR, AMSATI, PRODEPAZ, ARPAS, Oveja Negra, 5+, ACISAM, SITTOJ, APROCSAL, etc., surgida el 17 de agosto de 2015 para enfrentar entonces las maniobras de la oligarquía y defender los programas sociales del gobierno de Sánchez Ceren[7].
En septiembre de 2019 se mantiene la misma tendencia de un accionar disperso y que privilegia la denuncia y la gestión legislativa por encima de la protesta y la lucha de calle. No obstante esto, se realizaron dos marchas, una desde el movimiento social ecologista y otra desde los sindicatos que lograron visibilizar ante la opinión pública estas dos banderas de lucha: cambio climático y pensiones.
En estos cuatro meses se han desarrollado cinco movilizaciones de calle: la de estudiantes el 30 de julio, la de trabajadores de los penales, la de los sindicatos sobre pensiones y dos del movimiento ambientalista, en junio y en septiembre. Por otra parte, rescatamos como estratégico la Agenda política, económica y social por parte de FEASIES, CONPHAS, FSS, FEDEAZUCAR y CSTS, presentada en agosto.
Anexo: Listado de Acciones del Movimiento Social y Popular
Junio 2019
Durante la primera quincena de junio de 2019 se perfilaron los rasgos principales del enfrentamiento social que caracterizará a este régimen. Por una parte, se tomaron medidas radicales en términos de supresión de cinco secretarias del Ejecutivo con sus respectivos despidos de trabajadores y por la otra, el movimiento social en sus diversos rostros (ambientalistas[8], gestión de riesgo[9], contra la impunidad[10], contra la minería metálica[11], etc.,) iniciaron sus exigencias ante el nuevo gobierno.
Este mismo movimiento social también se pronunció durante la segunda semana de junio en su rostro de defensa de derechos de la niñez[12] excombatientes[13], movimiento indígena[14], desplazados internos[15] y comunidad LGBTI[16].
Julio 2019
Durante la primera quincena de julio de 2019 el conflicto social siguió profundizándose. El gobierno Bukele hizo un llamado a los jóvenes a abandonar las pandillas[17] mientras el movimiento social se pronunció por sus reivindicaciones, entre estas actividades estuvo la celebración del primer aniversario del Frente Amplio de Resistencia 1932, FAR 32[18]; la exigencia de la Comunidad LGBTI[19] de continuidad de los programas en materia de Diversidad Sexual; el Movimiento de los Trabajadores de la Policía, MTP[20] pidió a Bukele anular expedientes de procesos disciplinarios.
Asimismo los empleados despedidos[21] de las cinco secretarias suprimidas presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia; el Movimiento Tacushcalco[22] exigió a las nuevas autoridades no permitir la impunidad en la destrucción de este sitio sagrado; CRIPDES[23] denunció la poca humedad en la estación lluviosa debido a la llegada “del polvo del Sahara”; COSEC[24] exige a gobierno aprobación de una Ley de Desarrollo y Protección Social; CESTA[25] denunció la falta de interés del presidente en el medio ambiente.
También el Movimiento de Solidaridad con Cuba condena bloqueo a la Isla; CONAPEJ[26] exigió debido proceso para nombrar autoridades de INJUVE; la Red de Solidaridad Operación y Misión Milagro[27] exigieron el regreso de la misión médica cubana; CEMUJER[28] exige elección de nuevo titular de PDDH; 42 comunidades del norte de Soyapango denunciaron servicio deficiente de agua; el MOVIAC[29] pidió a la Asamblea Legislativa una ley que prohíba los plásticos de un solo uso; las MELIDAS[30] presentó proyecto de ley para empleadas domésticas; Pro-Busqueda[31] presenta proyecto de ley en pro de defensores de derechos humanos.
Mientras que Mujeres Transformando[32] espera no hayan retrocesos en derechos laborales; sindicalistas[33] preocupados por rumbo de Ministerio de Trabajo; AGEPYM[34] rechaza proyecto de Ley de Servicio Civil; Juntas de Agua de oriente y occidente del país solicitaron la exoneración del pago del IVA; Comisión de Trabajo en Derechos Humanos pro Memoria Histórica[35] piden adhesión de país a Protocolo contra la Tortura; REDCAT[36] solicita establecer un Tratado de Aguas Transfronterizas; CRISTOSAL[37] acusa a GOES y AL de no reconocer a víctimas de desplazamientos forzados; las Dignas[38] consideran que sesgos sexistas impide a las mujeres acceder a la justicia.
Durante la segunda quincena de julio el movimiento popular y social se pronunció por una Ley de Reconciliación[39] que haga justicia a las víctimas; CESTA asiste a AL a solicitar la prohibición del plástico; realizan foro[40] sobre políticas públicas de seguridad; sindicato de PDDH[41] solicita ante FGR antejuicio a Procuradora Caballero; ADES[42] conmemora décimo aniversario del asesinato del ambientalista Marcelo Rivera; estudiantes de UES anuncian actividades para conmemorar el 30 de julio; FESPAD[43] denuncia militarización de seguridad pública.
Asimismo la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto[44] realizo un Conversatorios sobre las consecuencias para la mujer a penalización absoluta del aborto; la Red de Casas del Migrante[45] realizó conferencia de prensa sobre situación que atraviesan los migrantes; la Mesa de Juventud de CRIPDES[46] exigieron la reactivación de los programas de INJUVE; CONFRAS[47] presentó ante AL una propuesta de Ley Especial de Regulación de Precios para los Insumos Agrícolas; La Mesa contra la Impunidad en El Salvador[48] solicita a presidente Bukele tome acciones a favor de víctimas del conflicto armado; estudiantes universitarios[49] conmemoraran el 30 de julio; Melidas celebraron su 27 aniversario de fundación; y estudiantes de la UES marchan el 30 de julio.
AGOSTO 2019
Durante la primera quincena de agosto el movimiento popular y social se pronunció por la Campaña Justicia Climática[50] de El Salvador; la organización World Vision El Salvador presentó un estudio[51] sobre niñez migrante; Mesa Permanente por la Justicia Laboral[52] exigió la renuncia de la Procuradora de Derechos Humanos; Colectiva Feminista[53] denuncia agresiones contra mujeres periodistas; Orquídeas del Mar[54] presenta borrador de ley especial para reconocimiento de Trabajo Sexual; ORMUSA[55] denuncia hechos de violencia contra mujeres; Mesa por una Pensión Digna[56] exige consulta nacional, CESTA[57] denuncia apropiación ilegal de terrenos en lago de Coatepeque; Entre Amigos[58] presenta demanda por matrimonio igualitario, ANDES 21 de Junio[59] solicita a diputados superar veto presidencial; Beneficiarios del Programa Misión Milagro[60] exigen reanudación de este programa; jóvenes de Plataforma Global[61] solicitan que fondos de militarización se transformen en programas de empleos; Plataforma Ciudadana Electoral[62] propone ciudadanización de organismos electorales; movimiento sindical y popular[63] presenta agenda política, social y económica; AGEPYM realizó concentración por aumento en pensiones en Asamblea Legislativa[64]; ANTA[65], CLOP y Vía Campesina rechazan acuerdo entre Bayer Centroamérica y MAG; impulsan en asamblea legislativa[66] ley para proteger a defensores de derechos humanos; beneficiarios del INJUVE [67]solicitaron en AL continuidad de programa “Jóvenes con todo.”; despedidos[68] solicitan interpelar a Procuradora Caballero; organizaciones de salvadoreños[69] pendientes de resolución sobre TPS; organizan[70] foro sobre próximas elecciones;
Durante la segunda quincena de agosto el movimiento popular y social realizo las siguientes actividades: CNTS[71] se concentra en AL contra la Ley de Servicio Civil; CESTA[72] denuncia acuerdo entre Bayer y MAG, Somos UES[73] propone reelección de Roger Arias, organizaciones de mujeres[74] denuncian a ANEP, CONFRAS[75] denuncia acuerdo entre Bayer y MAG, FESPAD[76] realiza conversatorio con candidatos a Procurador de Derechos Humanos, Foro Nacional de Salud[77] se pronuncia sobre dengue, ponen en libertad a Evelyn Hernández[78], FNS[79] presenta Campaña Niñas No Madres, Mujeres[80] impulsan en sus comunidades gestión de riesgos, GOES despide a decenas de empleadas[81] de Ciudad Mujer, Movimiento Social Agropecuario[82] expresa preocupación por Seguridad Alimenticia, Mesa Nacional frente a la Minería Metálica[83] en El Salvador propone tratado transfronterizo, UNES[84] denuncia presencia de arsénico en Barra de Santiago, organizaciones[85] se pronuncian pro matrimonio igualitario,
Asimismo CONFRAS[86] exige a AL definición sobre deuda agraria, SEPRODEHES[87] exhorto a nombrar nuevo Procurador, desde la diáspora nace en Santiago de María, Movimiento Patria Ciudadana[88], Veteranos y excombatientes[89] protestan y exigen destitución; marchan para exigir[90] renuncia de director de centros penales Osiris Luna; FESPAD[91] lanza campaña pro defensores de derechos humanos; ASGOJU[92] pide al presidente Bukele claridad sobre CICIES; UNES[93] exige de GOES responsabilidad en temas ambientales; organizaciones[94] presentan propuesta de Ley de Reconciliación; CRISTOSAL[95] realiza conversatorio sobre desplazamiento forzado; Probusqueda[96] exige a GOES mayor compromiso sobre desaparecidos del conflicto armado y exigen[97] al Estado búsqueda de desaparecidos.
SEPTIEMBRE 2019
Durante la primera quincena de septiembre el movimiento popular y social se manifestó alrededor de la denuncia de Veteranos de la Fuerza Armada[98] por falta de pago de sus pensiones; Mesa de Soberanía Alimentaria[99] piden incluir componente de soberanía en Ley de Seguridad Alimentaria; el Foro Nacional de Salud[100] denunció desabastecimiento de medicinas; Mesa contra la Impunidad[101] en El Salvador denunció estancamiento de discusión en AL de Ley de Justicia Restaurativa para Víctimas del Conflicto; 13 organizaciones demandan[102] una PDDH que acompañe al pueblo; Fundación Maquilishuat[103] realiza Festival de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Juventud; Movimiento Patria Ciudadana [104]llama a fiscalizar el gobierno.
Asimismo organizaciones[105] exigen legislación medioambiental; Veteranos y excombatientes[106] solicitan reformar junta directiva de IBV; sindicalistas[107] rechazan Ley de la Función Pública; mujeres indígenas[108] revindican sus derechos ancestrales; trabajadores de la Presidencia[109] denunciante despidos ante PDDH; Cristosal[110] critica estrategia represiva de GOES; demandan[111] Ley de Justicia Restaurativa; denuncian[112] disolución de junta directiva del STISSS; la Mesa por Defender Derechos[113] denunció que los defensores de derecho son víctimas de prácticas violentas; consideran[114] insuficientes acciones del presidente con respecto a víctimas del conflicto armado; sindicatos[115] evalúan primeros cien días de presidente Bukele; veteranos[116] evalúan cien días de Bukele.
También comunidades[117] de Lourdes protestan para exigir retiro de antena telefónica; 56 comunidades[118] demandan agua potable de ANDA; organizaciones humanitarias[119] demanda audiencia a Fiscal General sobre conflicto armado; Mesa para Protección de Periodistas[120] exigen garantías para su labor; comunidades[121] denuncian limitación en acceso a playas; CONPHAS[122] evalúa primeros cien días de presidente Bukele; comunidad LGTBI[123] denuncia retrocesos; Las Melidas[124] proponen incorporar salud sexual y reproductiva a currícula educativa; y proponen[125] que salvadoreños en el exterior voten por medios electrónicos.
Durante la segunda quincena de septiembre el movimiento popular y social realizo las siguientes actividades: AGEPYM[126]convocó a marcha contra ley de pensiones; denuncian[127] desplazamiento masivo en el país; realizan[128] campaña: sin agua no hay futuro; Consorcio por la Transparencia exige[129] respeto a la libertad de prensa; activista[130] de comunidad LGBTI recibe premio; veteranos y excombatientes[131] presentan propuesta de presupuesto 2020; FESPAD[132] denuncia excusión de sindicatos en Consejo Superior del Trabajo; lisiados de guerra[133] denuncian incumplimientos del gobierno; cafetaleros[134] piden les reestructuren sus deuda; estudiantes de UES[135] exigen declarar emergencia climática; organizaciones[136] rechazan perfil de Procurador que busca AL; organizaciones de mujeres[137] evaluaron primeros cien días de GOES; conmemoran[138] en Guarjila la Guinda de Mayo; piden[139] crear banco de datos genéticos; CONPHAS[140] denuncia imposición en el STISSS del Ministro de Trabajo; comunidades de San Esteban[141] denuncian instalación d antena de telefonía; exigen[142] respetar sitio arqueológico de Tacuscalco; denuncian[143] actos de corrupción cometidos por junta directiva de STISSS; organizaciones[144] solicitan al Legislativo consultas sobre ley de lavado de activos; UNES[145] denuncia megaproyectos; realizan[146] marcha ambiental este 27 de septiembre; sindicatos marchan[147] contra AFPs; piden[148] despenalizar aborto y Vía Campesina[149] se une a Huelga Mundial contra el Cambio Climático.
[1] Ver Pineda, Roberto. El desafío urgente de la izquierda en El Salvador. https://www.alainet.org/es/articulo/198013
[2] Ver Pineda, Roberto. Clases y alianzas sociales en el gobierno Bukele. https://www.alainet.org/es/articulo/212403
[3] Ver encuestas LPG, UCA, UFG y UTEC. (LPGdatos: 86.5 de aprobación: https://www.laprensagrafica.com/lpgdatos/LPG-Datos–Bukele-con-86.5-de-aprobacion-20210531-0119.html. UCA El Salvador: mayoría aprueba gestión de Nayib Bukele: https://www.dw.com/es/uca-el-salvador-mayor%C3%ADa-aprueba-gesti%C3%B3n-de-nayib-bukele/a-57773641 Encuesta UFG: Gobierno mantiene calificación de 8.7 en sus dos años de presidencia https://www.contrapunto.com.sv/encuesta-ufg-gobierno-mantiene-calificacion-de-8-7-en-dos-anos-de-gobierno/ y Encuesta UTEC coloca 8.8 de nota a gestión de Bukele: https://voces.org.sv/elsalvador/encuesta-utec-coloca-8-8-de-nota-a-gestion-de-bukele/)
[4] Organizaciones vinculadas a la ANEP y FUSADES o financiadas por la Embajada USA.
[5] Organizaciones vinculadas a la cooperación internacional de la Unión Europea o de agencias privadas.
[6] Ver https://ecumenico.org/agenda-politica-economica-y-social-del-movimiento-sindical-y-popular-por-la-justicia-social-san-salvador-13-de-agosto-de-2019
[7] https://ecumenico.org/organizaciones-sociales-conforman-alianza-por-la-gobernabilidad-y-justicia-colatino-joaquin-salazar-17-de-agosto-de-2015
[8] La Mesa por la Soberanía Alimentaria presentó un pliego de demandas medioambientales al nuevo gobierno que incluye la protección de la producción de alimentos estratégicos. El 5 de junio estas organizaciones realizaron la “Décimo Novena Caminata Ecológica” que llego las puertas de Casa Presidencial, para entregar carta, en la que le piden al presidente revela su propuesta medioambiental. El lema de la marcha era: “Agua y territorio.” También La Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, calificó a Bukele como la principal amenaza al medio ambiente en ES.
[9] La Mesa Permanente de Gestión de Riesgo, MPGR, hicieron llamado a comprometerse en aplicar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención d Riegos y Mitigación de Desastres.
[10] La Mesa contra la Impunidad que representa a organismos de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas del conflicto armado hicieron llamado a AL a tomar en cuenta su propuesta de anteproyecto de Ley Especial para la Reparación Integral y Acceso a la Justicia paras Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo La Alianza Social contra la Impunidad y La Justicia, ASCOJU (Leonel Herrera, ARPAS) hicieron un llamado al nuevo gobierno a implementar una reforma tributaria donde los ricos paguen más.
[11] La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica exigió al nuevo gobierno la urgente implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.
[12] El 19 de junio se publica manifiesto de la Alianza por los Derechos de la Niñez/Adolescencia y Juventud ( FESPAD, IMU, ORMUSA y Las Mélidas) , titulado Desafíos del Nuevo Gobierno en Materia de Derechos de la Niñez y Adolescencia, en el que realizan cinco recomendaciones. Ver Colatino, 19 de junio de 2019, Pag. 9
[13] El Comité Coordinador de Veteranos Militares de la Fuerza Armada, solicitaron al presidente Bukele el nombramiento del presidente del Instituto de Veteranos.
[14] El Movimiento por la Defensa de Tacushcalco protestó y se declaró en resistencia por la construcción de un complejo habitacional en el Centro Ceremonial de ese lugar, el cual es un lugar indígena sagrado e histórico, así como por el rescate del Río Ceniza. Que recibirá las aguas negras d esa urbanización llamada Acrópolis.
[15] La Mesa de Sociedad Civil hizo un llamado al gobierno a combatir la crisis del desplazamiento forzado y la migración. Indicaron que 235,700 personas se han visto forzadas a desplazarse, la mayoría jóvenes debido principalmente a amenazas de pandillas.
[16] La Federación Salvadoreña LGBTI hizo un llamado al nuevo gobierno para aplicar justicia a los crímenes basados en el odio a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Asimismo la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida ( Las Dignas) en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI dieron a conocer un manifiesto, titulado: ”Lesbianas en resistencia y lucha por la libertad de decidir sobre nuestras vidas, cuerpos y afectos.”
[17] Dejen las pandillas, solo les queda la cárcel o la muerte” fue el mensaje que envió el presidente Bukele.
[18] EL FAR 32 surge de bases del FMLN y de consultas con movimientos populares, su principal dirigente es Luis Calderón.
[19] William Hernández, de la organización Entre Amigos manifestó que exigen “el respeto a sus derechos y mayores oportunidades para construir una vida digna dentro de un Estado democrático.” Ver Colatino 1 de julio de 2019, Pag. 6.
[20] Marvin Reyes, secretario general del MTP explicó que estos procesos disciplinarios vienen de 2015 y se originan en una acción de respaldo a miembros del exGRP. Por otra parte, manifestó su respaldo al Plan de Control Territorial.
[21] Idalia Zuñiga, del Frente Social y Sindical Salvadoreño, FSS, se hizo presente para manifestar su solidaridad con estos empleados despedidos. Asimismo Francisco García, de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro, CONPHAS acompañó esta demanda.
[22] Salvador Recinos, de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, indicó que #desde 2018 se señalaron las anomalía de dicho proyecto urbanístico.” Ver Colatino, del 2 de julio de 2019. Pag. 7
[23] Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, explicó que “el país se ha convertido en un Estado vulnerable, por las sequias, inundaciones y los sismos.”
[24] Roxana Rodríguez, de ASMUJERES, integrante de la Coordinadora Social por la Economía del Cuidado, COSEC, denunció que“se han realizado despidos en el GOES sin ninguna evaluación previa o cumpliendo el debido proceso…y ha afectado a mujeres embarazadas o con licencia de maternidad.” Ver Colatino, 3 de julio de 2019
[25] Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA denunció que Bukele en sus primeros treinta días “promueve un modelo económico, donde lo privado prevalece sobre lo público. Ver Colatino, 3 de julio de 2019.
[26] Néstor Ventura, consejero del Consejo Nacional de la Persona Joven, CONAPEJ, indicó que deben de respetarse los procesos legales para el nombramiento de la dirección del Instituto de la Juventud, INJUVE.
[27] La misión médica cubana atendía a pacientes con problemas visuales de manera gratuita, en el Hospital Nacional de San Vicente. Alrededor de 900 personas quedaron pendientes de ser operadas.
[28] El Instituto de Estudios de la Mujer , CEMUJER, junto con la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, y COMCAVIS Trans, ante la finalización del mandato de la actual Procuradora, Raquel caballero, exigieron al órgano legislativo agilizar este proceso de selección y elección del nuevo titular de la PDDH.
[29] Lindas Rubio, de CESTA consideró “necesaria una ley que prohíba el uso del plástico y productos desechables de polietileno.”
[30] Azucena Ortiz, directora del Movimiento de Mujeres Melida Anaya Montes, las MELIDAS, explicó que “es en respuesta la violación de los derechos laborales que sufren las trabajadoras del hogar.”La propuesta fue acompañada por ONU MUJERES.
[31] José Lazo, de Pro-Búsqueda explicó que piden la aprobación de una Ley de Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
[32] Montserrat Arevalo, de Mujeres Transformando, integrada por trabajadoras de maquila y bordadoras a domicilio, exigieron el respeto a sus derechos humanos y laborales.
[33] Rafael Méndez, secretario de la Coordinadora Sindical Salvadoreña, CSS expresó que no ven con claridad el rumbo que el ministro Rolando castro le imprimirá al Ministerio de Trabajo.
[34] Mar Montes, presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPYM señaló que “esta ley únicamente vendría a invalidar beneficios de los empleados.”
[35] Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental (CDHES), sostuvo que el país “debe desde ya haber firmado su adhesión a este protocolo facultativo.”
[36] Edgardo Mira, de la red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, REDCAT, opinó que “esta acción presentada desde 2015 permitirá la conservación y rescate de las cuencas hidrográficas de la región.”
[37] Celia Medrano, directora regional de CRISTOSAL opinó que “a un año de haber sido emitida la sentencia de la CSJ continúa sin reconocerse este problema.”
[38] América Romualdo, de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, planteó que “en el país no se logra prevenir ni sancionar la violencia contra las mujeres de forma satisfactoria.”
[39] CEJIL, Tutela Legal “María Julia Hernández, Cristosal y Probusqueda se pronunciaron a un año de la sentencia de la CSJ que derogo la Ley de Amnistía. Exigieron a la AL una ley que responda las exigencias de las víctimas.
[40] Diversas organizaciones, incluyendo a Cristosal y la Fundación para el Debido Proceso, realizaron el foro “Políticas Públicas de Seguridad para la garantía de los Derechos Humanos en El Salvador.”
[41] Carlos Solórzano, dirigente de SEPROHEDES informó que se hicieron presentes ante FGR para conocer los avances del antejuicio que se sigue contra Procuradora Raquel caballero, quien ha sido ya sentenciada por el Tribunal de Ética Gubernamental.
[42] Alirio Hernández, de ADES recordó que “las cosas han cambiado un poco. Hace diez años los espacios para el movimiento social eran criminalizados…”
[43] Saúl Baños, director de FESPAD, denunció que el incremento de la participación del ejército en actividades de seguridad pública constituye una remilitarización de la seguridad y va en contra de la Constitución de la República.”
[44] Keyla Cáceres, de la ACDA, indicó que la despenalización permitiría que “las adolescentes y niñas puedan decidir en ese momento.”
[45] Leonel Herrera, de ARPAS señaló que “el gobierno USA debería de asumir su responsabilidad ya aportar a una solución integral.”
[46] Leónidas Pérez, de la Mesa de Juventud de CRIPDES solicitó “que se retome la feria de juventudes denominada JUVENTOUR.”
[47] José Ángel Coto presidente de CONFRAS expuso que esto garantizaría a los productores de granos básicos la estabilidad en los precios de los insumos agropecuarios.
[48] En una carta manifestaron su preocupación por las consecuencias que se derivarían de la supresión de secretarías que impulsaban procesos en beneficio de víctimas. Acompañaron también a la entrega de esta carta el Grupo Gestor para la Aprobación Integral para Víctimas del pasado Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo pro Memoria Histórica.
[49] Fabio Aguilar, dirigente de la Asamblea Estudiantil de la UES llamó a participar en marcha de 30 de julio a la vez que opinó sobre la necesidad de “refundar la izquierda en el país.”
[50] Ernesto Beltrán, del colectivo ambientalista ACUA dijo que “la agroecología es un modelo resiliente, incluyente y participativo para la adaptación de manera natural al cambio climático.”
[51] Laura del Valle, directora de World Vision El Salvador presentó el estudio titulado “Niñez migrante, un viaje sin retorno.”
[52] Ovidio Hernández, de la MPJL exigió que “lo ideal sería que Raquel caballero renunciara y no fuera reelegida para un nuevo periodo porque no ha cumplido su rol como Procuradora.”
[53] Morena Herrera, de la Colectiva Feminista expresó que “es posible con el acceso a la tecnología controlar el origen de las agresiones y amenazas contra algunas periodistas.”
[54] Zuleyma Molina, del Movimiento Orquídeas del Mar indico que “solo queremos que se reconozca el trabajo sexual, para que esto nos permita ser sujetos de derecho dentro de la sociedad.”
[55] Silvia Juárez, de ORMUSA demando del Estado no solo la protección de la vida, integridad física y psicológica sino también garantías de acceso a pronta y cumplida justicia.
[56] Patricio Pineda, de la MPJ subrayo que sobre las pensiones debemos hacer una consulta nacional porque este es un tema de país.
[57] Ricardo Navarro, presidente del CESTA denuncio la apropiación ilegal de tierras públicas por parte de dueños de fincas aledañas, lo cual obstaculiza la vida de los lugareños que se dedican a la pesca artesanal.
[58] William Hernández, de Entre Amigos informó que la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra el Código de Familia ya que prohíbe el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, lo que vulnera la Constitución de la Republica, sostienen.
[59] Israel Montano, secretario general de ANDES 21 de Junio explicó que es necesario superar el veto ´presidencial al decreto legislativo que permitía el retiro y la renuncia voluntaria del sector magisterial.
[60] Francisco Barillas, denunció que cierre de este programa de médicos cubanos en San Vicente, no le permite realizarse una operación para retirar una catarata.
[61] Ricardo salinas, de Plataforma Global critico el Plan de Control Territorial y solicito que estos recurso se utilicen en la creación de empleos para jóvenes.
[62] Ramón Villalta, de la Iniciativa Social por la Democracia, ISD explicó que presentaron un pliego de reformas tanto al Código Electoral como a Ley de Partidos Políticos orientadas a la ciudadanización de los organismos electorales.
[63] El Frente Social y Sindical Salvadoreño, la Concertación por un País sin Hambre y Seguro, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes, la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños y otras fuerzas populares, presentaron una agenda con propuestas de incremento al salario mínimo, Ley de Agua, nacionalización de la pensiones, respeto a la libertad sindical y combate a la evasión fiscal, entre otras medidas.
[64] Mario Montes, presidente de AGEPYM explicó que el propósito fue exigir la modificación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), reformada en 2017, para poder mejorar las condiciones de los jubilados.
[65] Carlos Rodríguez, dirigente de ANTA manifestó que “esta relación supone nuevamente la entrada de Monsanto con productos agroquímicos y transgénicos que dañan los suelos, contamina los ríos, reduce los mantos acuíferos, alteran el ecosistema y ponen en peligro la vida de las personas con enfermedades como cáncer, insuficiencia renal y el dengue, por mutaciones en los zancudos debido al uso desmedido de plaguicidas.”
[66] José Lazo, de Pro-búsqueda indico que cabildean para que se apruebe propuesta presentada el 6 de septiembre pasado por organismos jurídicos, de memoria histórica ambientales y feministas para proteger a los defensores de derechos humanos.
[67] Andrea Hernández, a nombre de beneficiarios subrayó que “ha beneficiado a muchos en estado de vulnerabilidad; riesgo de violencia entre otros para que puedan educarse y capacitarse para la vida.”
[68] María Elías, a nombre de los desempleados dijo que exigen a la Procuradora Caballero “que se pronuncie con respecto a las violaciones a nuestros derechos laborales.”
[69] Carlos Ardón, del Instituto de Políticas públicas para los Ángeles PIPIL, dijo que esperaban que la Corte de Pasadena, no se sometiera a la narrativa antiinmigrante de Trump y diera un voto favorable para los salvadoreños beneficiarios del TPS.
[70] Ricardo Córdoba, de FUNDAUNGO y del Asocio para el Monitoreo Electoral indicó que este foro “Tendencias recientes de reforma electoral en Latino América” permitirá ampliar el horizonte sobre este tema.
[71] Roberto Gómez, de SITRAMHA y de la CNTS, explicó que este anteproyecto “atenta contra derechos laborales ya adquiridos.” Denunciaron que está siendo financiado por la embajada de Estados Unidos, por medio de ANEP y FUSADES.
[72] Ricardo Navarro, de CESTA denuncio que esta decisión traerá impactos negativos al medio ambiente y a la salud de las personas por el uso de químicos y semillas transgénicos.
[73] Ronaldo Guevara, vocero de Somos UES, explico que la fórmula que llevan está integrada por Roger Arias como rector lo es desde 2017 y como vicerrectores a Raúl Azcunaga académico y Juan Rosa Quintanilla administrativo
[74] Carmen Urquilla, de la Concertación para un Empleo Digno para las Mujeres , CEDM, explicaron que les preocupa la abstención del GOES y el voto en contra por parte de ANEP para aprobación de Convenio 190 en OIT, que busca erradicar la violencia y el caso en el mundo del trabajo. Luis Cardenal de la ANEP justifica el voto de esta gremial, en un falso nacionalismo.
[75] José Coto, de la Confederación de federaciones de Cooperativas de la Reforma Agraria Salvadoreña, CONFRAS denuncio que la propuesta de ARENA de abrir nuevamente relaciones con la transnacional Bayer pone en riesgo las cooperativas y productores nacionales, quienes son proveedores de la semilla certificada que se usan para los paquetes agrícolas que distribuye el GOES.
[76] Saúl Baños, de FESPAD explico que la actividad se realizó con el propósito de conocer cuáles eran sus propuestas para fortalecer a la PDDH en su labor en la promoción y protección de derechos humanos.
[77] Margarita Posada, del FNS, lamento en entrevista que las estrategias que dieron buenos resultados para abordar ciertas enfermedades, no estén siendo implementadas por el gobierno entrante.
[78] Morena Herrera, feminista, opino sobre la liberación de Evelyn Hernández que el órgano judicial debería detener la criminalización de las mujeres pobres que sufren embarazos complicados. Hernández es parte de un grupo de 17 mujeres salvadoreñas encarceladas y acusadas de provocarse abortos.
[79] Gloria Cruz, del FNS explico que la campaña pretende generar conciencia acerca de los embarazos impuestos ademas evidenciaría los diversos tipos de violencia que enfrentan las jóvenes y niñas
[80] Morena de León, de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos explico que ante las recientes crisis hídricas, entre sequias e inundaciones, las mujeres desempeñan un papel estratégico en al protección de sus comunidades.
[81] Leily Martínez, trabajadora de Ciudad Mujer exigió que se les explicara la razón de esta decisión, ya que nosotras en ningún momento hemos dejado de laborar.
[82] Oscar Recinos, de MSA y de FECONASAN denuncio el posible acuerdo entre Bayer y MAG y lo califico de nocivo para la seguridad alimentaria de El Salvador.
[83] Rodolfo Calles, de la MNFM denuncio que al ejecutarse los proyectos mineros en la frontera de Guatemala tal cual están diseñados, contaminaran el Rio Lempa, que es el mayor afluente de agua en el país, por lo cual es importante negociar un tratado binacional.
[84] Mauricio Sermeño, presidente de UNES informó que en una investigación realizada por Dina Larios, de la Universidad de Ohio, se determinó que los humedales de la Barra de Santiago poseen altos niveles de metales pesados como arsénico y cadmio.
[85] Herman Duarte, de Fundación Igualitos, presentaron una demanda ante CSJ para buscar la aprobación del matrimonio civil igualitario.
[86] José Coto, presidente de CONFRAS, acudió a AL para demandar una interpretación auténtica del decreto 348 que trata sobre la cancelación de la deuda agraria y agropecuaria.
[87] Carlos Solórzano, secretario general del Sindicato de Empleados de la PDDH, SEPROHEDES informo que están pendientes del nombramiento de un nuevo Procurador y que esperan que este sea una persona con capacidad y experiencia para dirigir la PDDH.
[88] Alex Nuñez, secretario general expreso en el acto de nacimiento, realizado en Santiago de María que “nació frente al vacío político, al desánimo de importantes sectores de la sociedad frente al fanatismo provocado por ese vacío, nos proclamamos como una opción que buscar generar solida esperanza.”
[89] José Palacios, explicó que decidieron realizar acciones de protesta porque se está violentando la Ley de Veteranos. Además exigieron la destitución de Marcelo Cruz Cruz de la Comisión nacional Administradora de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para Veteranos y Excombatientes.
[90] Eduardo Bernal , vocero de los trabajadores de las tiendas ubicadas al interior de los recintos carcelarios, denunció la incertidumbre con respecto a su futuro laboral y exigió se les aclare esta situación además de exigir la renuncia del actual director, Osiris Luna.
[91] Loyda Robles, de FESPAD explicó que desarrollan la campaña “Defendiendo Derechos Construimos Paz” por la defensa de los derechos humanos de las personas defensoras, quienes no cuentan con un marco jurídico que les garantice el libre ejercicio de abogar por sus demandas, individuales o colectivas.
[92] Leonel Herrera, de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia, ASGOJU y de ARPAS, manifestó que se necesita mayor claridad en la creación e implementación de una comisión que investigará posibles casos de corrupción que es conocida como CICIES.
[93] Luis González, de UNES expresó que “necesitamos funcionarios con compromiso, experiencia y voluntad para garantizar derechos en estos tiempos de crisis, el llamado es a cuidar nuestras amazonías y gestionar nuestras crisis de manera responsable.”
[94] David Ortiz de FESPAD indicó que esta propuesta persigue “presentar una metodología para construir una ley desde el sentir, la voy y lo que las víctimas y lo fundamental de esta propuesta es que es pública, proponemos una mesa técnica que permita dinamizar el proceso en la que participen organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto y la Asamblea Legislativa.”
[95] Celia Medrano, directora de Cristosal informó que el Conversatorio titulado “Avances y desafíos en materia de desplazamiento forzado” pretende levantar este tema ante la opinión pública.
[96] Eduardo García, director de Probusqueda, denunció que “no hemos sido recibidos, ni siquiera se nos ha recibido la carta y esperamos que el presidente actual tenga la sensibilidad que han mostrado sus predecesores, par air caminando…en cuenta a la justicia, verdad y reparación a las víctimas.”
[97] Claudia Interiano, de la Fundación para la Justicia y el estado Democrático de Derecho exigió junto con otras organizaciones que “exista una colaboración a nivel transnacional, la búsqueda no puede quedarse solamente a nivel nacional, debe ser dentro y fuera de nuestras fronteras.”
[98] Ricardo Chacón, presidente del CCM denunció que el Ministro de Gobernación no reconoce a su actual directiva lo cual es una intromisión en sus asuntos internos.
[99] José Coto, de CONFRAS y de la MSA planteo ante los diputados de la Asamblea Legislativa que no solo es necesario garantizar que los alimentos lleguen a la mesa sino que los mismos vengan de productores nacionales.
[100] Morena Murillo, del FNS denunció que en una muestra que realizaron en varias unidades de salud, estas solo contaban con un 35% de abastecimiento de medicinas lo cual es preocupante.
[101] David Morales vocero, denunció que los procesos de consulta elaborados por la AL no cumplen con los estándares de derechos humanos adecuados.
[102] Saúl baños de FESPASD indicó que las organizaciones no apoyan a ninguno de los 23 candidatos que se encuentran en el proceso de elección por parte de AL.
[103] Marta Elena Rauda, directora de FUMA explicó que la actividad se enmarca en el Día Internacional de la Juventud.
[104] Alex Núñez, del MPC, explico necesidad que las ciudadanos se conviertan en fiscalizadores del gobierno por medio de la organización social.
[105] Graciela Colunga, de Pro-Vida se pronunció por un modelo económico enfocado en el bienestar de la población, por medio de la aprobación de una Ley de Soberanía Alimentaria, de una Ley General de Aguas y de una Ley de Control de Plaguicidas y Agroquímicos.
[106] José Melara, excombatiente, exigió que se modifique la Junta Directiva del Instituto de Beneficios a Veteranos.
[107] Luis Ortega, del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa denunció que “si esa ley se aprueba por lo menos van a despedir a 40, 000 trabajadores,
[108] Juliana Ama de Chile, de la Fundación Ama, indicó que como mujeres indígenas han sufrido una historia de discriminación e ignominia.
[109] Héctor Rodríguez, represente del Movimiento de Trabajadores Despedidos presentaron una carta en la PDDH proponiendo un diálogo con las autoridades.
[110] Celia Medrano, de Cristolsal, explicó que si el estado no es capaz de garantizar su presencia en esas comunidades donde se han producido los desplazamientos de personas por presiones de pandillas, las víctimas de desplazamiento no están convencidas de regresar.
[111] Juan José Dalton, de la Fundación Roque Dalton, expresó que “pedimos justicia para todos aquellos afectados durante el conflicto, por la guerrilla y el ejército, estamos pidiendo el cese de la impunidad.
[112] Roberto Méndez, directivo del STISSS denunció que el Ministerio de trabajo les había notificado la disolución de su junta directiva, lo que seguramente se trata de un proyecto gubernamental para privatizar el ISSS.
[113] José Lazo, de Pro-búsqueda, denunció que en el país continúan las practicas violentas y abusivas en contra de personas defensoras de derechos humanos.
[114] José Lazo, de Pro-búsqueda considero como insuficientes las acciones del Presidente Bukele con respecto a las víctimas del conflicto armado.
[115] Marvin Reyes, de la Coordinadora Nacional de Amplia Participación, CONAPAR y además del Movimiento de Trabajadores de la PNC indicó que “esta situación en seguridad nos deja a nosotros con una sabor agridulce…no se han mejorado en anda las condiciones de trabajo de los policías, lo que si les ha aumentado es su trabajo y su fatiga física y mental.”
[116] José Melara, veterano del FMLN señaló que “hemos tenido un gobierno de mentiras, que se quiere acreditar lo que y estaba en el presupuesto y que quiere borrar todo lo hecho por el gobierno anterior.”
[117] Carmen Quintanilla, habitante de la zona, informó que estas 22 comunidades realizan esta protesta con el fin que la SIGET y la OPAMSS sancionen a empresa telefónica que ha instalada ilegalmente antena en su lugar de residencia.
[118] Comunidades organizadas en la Asociación de Consumidores de el Salvador, ENLACES, exigieron a ANDA proporcionar agua potable para sus comunidades. Fueron apoyadas por el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC.
[119] David Ortiz, de FESPAD informó que junto con CRISTOSAL, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, UES, CEMUJER, Concertación Monseñor Romero, ASDEHU y otras han solicitado audiencia al Fiscal para señalarle que luego de tres año de la derogatoria de la Ley de Amnistía, todavía no existe una nueva normativa al respecto.
[120] Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación d Periodistas, APES consideró que “es preocupante que desde el mismo estado se estén generando acciones que avalan al periodismo a favor del gobierno.”
[121] El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El salvador, MOVITIERRA denunció que en el Boulevard Costa del Sol propietarios privados han cerrado siete accesos a las playas, lo cual es ilegal.
[122] Marielos de León, dirigente de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro, CONPHAS, reconoció avances en el tema de la seguridad pública pero denuncio el encarecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable, además la vulneración de derechos laborales de trabajadores públicos y retrocesos en transparencia y acceso a la información. Además, con su política exterior Bukele ha comprometido la soberanía y autodeterminación salvadoreña, ya que una relación con Estados Unidos “no debe ser nunca de sumisión y sometimiento.”
[123] William Hernández, presidente de la Asociación “Entre Amigos” dijo que “en el actual gobierno hubo retrocesos en cuanto a garantizar los derechos de la comunidad LGBTI. Desconocemos que pasará con la Dirección de Diversidad Sexual.”
[124] Delia Cornejo, de Las Melidas, denunció que se estima que las niñas y adolescentes de 10 a 19 años son las principales víctimas de agresión en su domicilio. En 2016 se reportaron 71 casos de violencia sexual mientras que en 2017 fueron 136, aseguró.
[125] Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia, ISD, explicó que “hemos presentado ante la AL dos iniciativas de ley para que los salvadoreños en el exterior puedan participar en las elecciones legislativas y municipales de 2021, dijo.
[126] Mario Montes, presidente de AGEPYM informó que hemos convocado a nuestros afiliados para realizar el próximo 27 de septiembre una Marcha Negra contra la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, SAP, ya que se cumplen dos años de sus nefastas reformas, denunció. Asimismo condenaran el proyecto de Ley de la Función Pública, apoyado por la Embajada de Estados Unidos.
[127] Celia Medrano, de Cristosal, denunció que el año 2018, 200, 000 personas cambiaron de domicilio por razones de violencia en su comunidades.
[128] Luis González, de la Unidad Ecológica salvadoreña, UNES y además de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua dijo que se sumaban a las actividades que a nivel mundial se están realizando en el marco de la Huelga Mundial contra el Cambio Climático.
[129] En un pronunciamiento firmado por FUNDE, FUSADES, Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) denuncian que el pasado 6 de septiembre se negó el ingreso a Casa Presidencial a Factum y El Faro, para la firma de la instalación de la CICIES.
[130] Blanca Rodríguez, presidente de Concavis Trans, fue premiada por ACNUR por su trabajo en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI salvadoreña.
[131] José Melara, de ANVEGE-FMLN, dijo que las dos grandes peticiones del presupuesto entregado al MH, son la pensión y la indemnización.
[132] En un pronunciamiento FESPAD denunció que no fueron tomados en cuenta la nómina presentada por confederaciones de larga trayectoria sindical en el país, lo que le resta representatividad.
[133] Miembro de la Asociación de Lisiados de Guerra de El salvador, ALGES, protestaron frente al Ministerio de Hacienda para exigir se les pague un deuda surgida tras el último aumento al salario mínimo de enero de 2017.
[134] Omar Flores, presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador, solicitó al GOES la reestructuración de la deuda de este sector dada la crisis que atraviesan.
[135] Rafael Campos, de Resistencia Climática, expresó que se unen a la Huelga Mundial por el Clima y exigieron del GOES que se declare una emergencia climática por el deterioro del medio ambiente en el país.
[136] Diversas organizaciones de derecho humanos rechazaron las declaraciones vertidas por el presidente de la AL, Norman Quijano, en el sentido que buscan un Procurador que no meta presos a los involucrados en el conflicto. Insistieron organizaciones como Probusqueda y el Servicio Social Pasionista, en la necesidad que la AL elija a un Procurador con un claro compromiso con la defensa de los derechos humanos y no con defender intereses partidarios o de pequeños grupos.
[137] Margarita Posada, de la Resistencia Feminista indicó que el Ejecutivo muestra un claro desinterés por erradicar la violencia contra las mujeres, como lo evidencia con los despidos que ha realizado incluso de mujeres embarazadas.
[138] Sobrevivientes de la Guinda Mayo, en la cual el ejército masacró a centenares de pobladores en el nororiente de Chalatenango, conmemoraron el acontecimiento y solicitaron la erección de un monumento para honrar la memoria de estas personas.
[139] Eduardo García, director de Probusqueda solicito al Legislativo que se apruebe una ley para crear el Banco de Datos Genéticos, ya que esto favorecería la investigación de la niñez desaparecida, y de los trámites de las víctimas del conflicto armado.
[140] Marielos de León de CONPHAS denunció que el Ministro de Trabajo autorizo la inscripción de una junta directiva del STISSS y que se orienta hacia una futura privatización del ISSS.
[141] Miguel Guzmán, representante de 22 comunidades solicitaron ante la AL que se emplace al alcalde de San Salvador por este acto que consideran ilegal.
[142] Salvador Recinos de UNES hicieron llamado a CSJ para que evite la construcción de un complejo habitacional en este lugar considerado como sitio arqueológico y que además ensuciaría el río Ceniza.
[143] Ricardo Monge hijo, nuevo secretario general de STISSS denunció que las anterior junta directiva cometió diversos actos de corrupción.
[144] Marta Elena Rauda, del Movimiento de ONGs par le Desarrollo Solidario de El Salvador, MODES, informó que junto con FESPAD han solicitado al Legislativo abrir proceso de consultas sobre Ley Especial para la Prevención, Control y Lavado de Activos.
[145] Carolina Amaya, de UNES denunció que mega proyectos como la Presa Hidroeléctrica de El Chaparral y Ciudad Valle El Ángel, del cual la familia Dueñas está a la espera de los permisos ambientales, constituyen amenazas ya que agudizan los efectos del cambio climático volviendo mucho más vulnerable a El Salvador.
[146] Convocada por la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, en consonancia con la Huelga Mundial por el Cambio Climático, una masiva marcha denunció la crisis climática que atraviesa el país, informó Juan de la Cruz, del BPJ.
[147] Roswald Solórzano, del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial, SITTOJ, informó que este viernes 27 de septiembre y desde diferentes lugares partieron marchas para protestar contra las AFP. Una de las marchas partió desde el Boulevard de Los Héroes y se dirigió hacia el Legislativo. Roberto Gómez Arias, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, CNTS, también denuncio el proyecto de la Ley del Servicio Público. Otro contingente de trabajadores conducido por AGEPYM, se concentró en la Plaza Gerardo Barrios desde donde marcho también a la Asamblea Legislativa.
[148] La Red Nacional de Colectivas Feministas en El Salvador, con pañuelos verdes como símbolos de apoyo, se manifestaron por la legalización del aborto. Keyla Cáceres, de la red de Mujeres Jóvenes, llamó al estado salvadoreño a abrir el debate para la despenalización del aborto. En El Salvador se penalizó el aborto en todas sus formas desde 1998.
[149] Carlos Rodríguez, Coordinador de Vía Campesina exigió al GOES que incorpore al sector agropecuario en la producción y comercialización de semillas para el país en vez de entablar acuerdos con empresas transnacionales como Bayer.