Introducción
“Resulta imposible comprender lo que los salvadoreños [y las salvadoreñas] son y lo que los salvadoreños [y salvadoreñas] hacen sin tomar muy en cuenta la realidad omnipresente del poder.” Ignacio Martín-Baró, 1989: Sistema, grupo y poder
El Salvador ha experimentado largas décadas de autoritarismo durante el siglo XX. Desde la década de 1980, la transición democrática –inscrita en las peculiaridades del modelo centroamericano[1]– implicó transformaciones múltiples del sistema político, del modelo económico, de la institucionalidad estatal y de la composición social.
En 1984 asumió el primer gobierno civil y en 1992 finalizó la guerra interna. Una guerra que se libró no solamente en el campo militar, sino también político y económico. El two track approach y la contrainsurgencia reformista marcaron las pautas de las nacionalizaciones económicas con finalidades político-militares –impactando sobre la estructura tradicional de la élite salvadoreña– y de la constitución de normas transformadas de disputa democrática por el poder político.
La democracia y la paz abrieron las puertas al liberalismo político y económico. En lo político, se consolidó un sistema plural, marcado hasta hoy por un bipartidismo de contrapesos ideológicos y regido por el mercado electoral para la sucesión del poder político. Paralelamente, la institucionalidad estatal se moldeó en la interacción entre los cánones internacionales de ajuste estructural y los intereses de poderes (trans)nacionales. En lo económico, se impuso el mainstream neoliberal mediante agresivas políticas de privatización y apertura del mercado. Este conjunto de medidas conformó la estrategia de desarrollo durante la última década del siglo pasado.
Sin embargo, persiste una brecha entre las expectativas y los resultados sociales de este periodo. Todo apunta que la “democracia y la paz” no han sido capaces de resolver los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión social e inseguridad, creando una distorsión estructural del sistema político y fomentando que éste se convierta en (re) productor de las asimetrías mismas.
Los resultados parecen caracterizarse por un continuum sistemático de coexistencia entre acumulación, impunidad y poder, y a lo largo de las décadas pasadas, el principal desafío de la transición ha sido redefinir la forma en que el Estado interactúa con las economías, pero se ha prestado poca atención a la otra cara de la relación: ¿Cómo influyen las empresas en el Estado? – ¿Qué tipos de interacción sistémica se (re)producen en el modelo económico-político? – ¿Qué zonas grises se establecen en la interrelación entre élites económicas y políticas? – ¿Qué tipo de sistema y Estado se ha moldeado en ese proceso de transición y consolidación democrática?
2. Captura de Estado ¿un continuum?
Retomando las disyuntivas planteadas en la introducción, en contextos de transición algunas empresas han sido capaces de moldear las reglas del juego para su propio beneficio, a un costo social considerable, creando en muchos países una “capture economy/economía de captura” (compare Hellman/ Jones/ Kaufmann: 2000).
Esas economías de captura requieren necesariamente del Estado, y con ello se pone el énfasis en una nueva relación entre lo privado y lo público: la Captura del Estado (CdE). Esa es definida por Hellman et.al. (2000) como la formación de las reglas básicas del juego (es decir, leyes, normas, decretos y reglamentos) a través de pagos privados ilícitos y no transparentes a funcionarios públicos.[2]
En tanto, reconocer que existen poderes privados extraordinarios que son capaces de capturar el poder estatal abre –de acuerdo a esos autores– un enfoque diferente para enriquecer los análisis de los procesos de transición y reforma.
Precisamente en contextos de transición se ha generado la discusión sobre la Captura del Estado; inicialmente en países de la era post-soviética en Europa del Este y en Asia, y más recientemente también en países de América Latina. Sin duda, la mayoría de las realidades latinoamericanas se reconocerían fácilmente en el ‘state capture index’ propuesto por Hellman, Jones y Kaufmann:
• venta de votos parlamentarios y ‘leyes’ a intereses privados;
• venta de decretos gubernamentales (presidenciales/ministeriales) a intereses privados;
• manejo inadecuado de los fondos del Banco Central;
• venta de decisiones judiciales en casos penales;
• venta de decisiones judiciales en casos comerciales; y
• contribuciones ilícitas pagadas por intereses privados a partidos políticos y campañas electorales[3].
Todos estos mecanismos tienen la finalidad de extraer rentas del Estado para una estrecha gama de individuos, empresas o sectores, distorsionando el marco legal y regulatorio básico con pérdidas potencialmente enormes para la sociedad en general.
En América Latina, el estudio sobre el poder extractivo en el Perú de Durand (2016) enfatiza en la captura corporativa del Estado, –en contraposición a lo que denomina captura regulatoria[4] y captura mafiosa[5]–, entendiendo que es “una forma de influencia extrema sobre el Estado […] que sesga las decisiones de política pública a favor de unos cuantos privilegiados que concentran poderes de decisión, pudiendo ser élites económicas o políticas, incluso familias y partidos. Los efectos que tiene son múltiples y se considera que refuerzan o generan desigualdad”.
Entre los mecanismos concretos nombra el financiamiento político, el lobby y la puerta giratoria. Por su parte, Garay-Salamanca y Salcedo-Albarán (2012) definen la captura de Estado “como la intervención de individuos, grupos o compañías legales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas para obtener beneficios de corto y largo plazo, principalmente de naturaleza económica, en detrimento del interés público…” Estos autores hablan de ‘Captura Avanzada del Estado’ cuando intervienen “…agentes [legales o ilegales] con capacidad para ejercer violencia como mecanismo que sustituye o complementa el soborno”.
Denominadores comunes de esas conceptualizaciones son la actuación de agentes privados (como origen del proceso de captura), la utilización de mecanismos diversos para influir en las decisiones estatales, y la finalidad de la obtención/continuidad de privilegios y favores particulares, en detrimento de intereses y beneficios comunes y colectivos.
El fenómeno de la Captura del Estado está ligado a procesos de transición. No obstante, la transición es un campo problemático en sí mismo –entre otras– por estas disyuntivas: i) ¿Cuándo comienza y cuando termina una transición?; ii) ¿Cuáles son las etapas y los contenidos de los procesos de transición?; y iii) ¿Quiénes definen el tipo de sociedad que se construye? –
En este sentido, la transición múltiple centroamericana añade elementos que complejizan el análisis:
Uno. El autoritarismo contrainsurgente salvadoreño –en alto grado dependiente de la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional de EEUU y en contraposición a una corriente autoritaria conservadora– impulsó un estratagema de contención económica vía la nacionalización de sectores estratégicos de la economía nacional a principios de los años ochenta del siglo pasado.
Surgió una especie de economía de guerra que “…se sostuvo en buena medida sobre fenómenos de subsidiarización y de ilegalidad, mientras la tradicional agroexportación y la incipiente industria sufrían los empates de la guerra y la crisis” (Waxenecker, 2016).
Paralelamente, el liberalismo político guio la transición del sistema político, anclando los resortes transformados del poder público en la Constitución de 1983.
Dos. Menos de una década después, la corriente conservadora –convertida consecuentemente en partido político– asumió el control legislativo y gubernamental en El Salvador, impulsando la transformación económica bajo los cánones del Consenso de Washington. De acuerdo a Hellman et.al. (2000), la captura es evidente en casi todas las economías en transición; y en El Salvador parece haberse materializado en la (re)acumulación de capitales productivos y financieros en los propios círculos de la élite económica y política a partir de 1990.
Tres. La ruptura de estructuras de poder (para)militar y la instauración de la supremacía civil son desafíos de todas las sociedades en etapas post-conflicto. De hecho, tras largas décadas de autoritarismo militar y muchos años de guerra, también El Salvador enfrentó el reto de la desmilitarización ante la evolución democrática y la firma de la paz en 1992.
La ‘institucionalización’ de actores del paramilitarismo en el sistema de partidos políticos[6] y la depuración de la oficialidad de las Fuerzas Armadas en 1993 marcan hitos en ese proceso de transformación, el cual no ha estado exento de oposición[7], ni aún está exento de continuidades de poder e influencia en el seno de las propias élites políticas y las fuerzas de seguridad pública[8].
Cuatro. Otro factor crucial es la criminalidad. Sin duda, las redes de conspiración edificadas alrededor de la contrainsurgencia y en apoyo a la Contra nicaragüense en la década de 1980, potenciaron una criminalidad compleja en la región norte de Centroamérica, “…adaptándose a las transformaciones múltiples de las realidades nacionales y regionales, y (re)produciendo interrelaciones simbióticas entre criminalidad y democracia a nivel local y nacional[9], entre otros a partir del financiamiento político y la micro-captura de porciones territoriales y estatales” (Waxenecker, 2016).
En general, “la clave consiste en constatar, que el Triángulo Norte[10] se encontró para la segunda mitad de la década de 1980 en un ambiente sumamente conflictivo y violento, que dejaría como herencia estructuras internas de poder crecidas a la luz (y sombra) de la conspiración, represión, corrupción, drogas, guerras e intrigas” (Waxenecker, 2016).
Pues, existe un amplio acuerdo en las ciencias sociales latinoamericanas de que el poder concentrado en las élites económicas moldea ‘la política’ en función de sus intereses, y de manera paralela, las estructuras construidas sobre los resortes del poder autoritario-militar (del pasado reciente) y de la criminalidad compleja distorsionan los procesos políticos. No hay forma de establecer una línea divisoria clara, pues, no son ‘mundos dicotómicos’ separados entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y lo informal, o simplemente lo bueno y lo malo.
Estos ámbitos se interrelacionan y moldean mutuamente en las zonas grises, que son constitutivas –en diferente grado– de las democracias y los Estados latinoamericanos. Y precisamente, las formas de CdE prosperan donde el poder económico está altamente concentrado, la confluencia de poderes ‘fácticos’ es compleja, los intereses sociales compensatorios son débiles y los canales formales de influencia política y de intermediación de intereses están rezagados.
En El Salvador –por sus propias condiciones (geo)políticas y geográficas– la correlación de fuerzas durante la transición se inclina a favor de la élite económica y política, que ha logrado (re)construir y ampliar su posición de poder en los vaivenes de la incipiente democracia y paz. Wade (2016) argumenta que las élites locales tienen un impacto significante en los procesos de paz y transición, tratando de blindar sus intereses ante el riesgo de la alteración del statu quo.
Este blindaje o atrincheramiento [entrenchment] de las élites es una característica de numerosas sociedades en post-conflicto, y muchas veces, encuentran las formas para (re)consolidar y establecer su control y dominio. El resultado es una paz capturada [captured peace]. Aparentemente, los actores y factores que propiciaron una situación de captura en El Salvador[11], se cimentaron en ese periodo de transición múltiple; mientras la paz y el pluralismo democrático se instauraron sobre hechos consumados.
Sin embargo, han pasado más de dos décadas, durante las cuales El Salvador ha experimentado nuevas y profundas transformaciones en lo económico y lo político. Se ha conformado un modelo económico y un modelo político –interrelacionados e interdependientes– que se potencian mutuamente a través de mecanismos legal-formales,
informales y abiertamente ilegales en la preservación de un statu quo de poder y acumulación. Desde ese punto de vista, se ha constituido un circulo vicioso entre capture economy y el poder político, que –de acuerdo a Hellman y Kaufman (2001)– socava cualquier reforma política e institucional que pretenda transformar este statu quo.
El marco legal y regulatorio emergente de la transición fue construido por y se fue adecuando a las directrices y los intereses de actores (trans)nacionales; y su vez, éstos últimos se han fortalecido en su ‘propia legalidad (neo) liberal’ para incrementar su dominio económico y político.
Allí se dividen las aguas. Mientras Hellman y Kaufmann (2001) atribuyen la Captura de Estado a reformas parciales –económicas y políticas– que limitan los alcances de las economías de mercado y de las libertades civiles; otros estudios señalan que los países que adoptan medidas, tales como la privatización, la reducción de la participación estatal en la economía, y la liberalización del mercado, tienen altas posibilidades de enfrentarse al fenómeno de la CdE. Ante esa disyuntiva se plantea la necesidad de retomar la discusión inicial: ¿qué influencia tiene el Estado en esas dinámicas? –
En otras palabras, para ahondar el análisis se requiere de un enfoque más amplio que indaga acerca de lo que intermedia –en ambas direccionalidades– entre los actores privados y el Estado, y acerca de las zonas grises y realidades subyacentes que se crean en esta interrelación. Ineludiblemente, se retorna al terreno de la economía política.
En este sentido, el presente estudio busca dar contenido a la interacción económico-política de las élites salvadoreñas, mediante la intersección analítica de enfoques estructurales, sistémicos y relacionales[12].
Se requiere, pues, de reflexión (empírica, teórico-conceptual y metódica) sobre los poderes sociales asimétricos, las democracias y los Estados, así como de sus interrelaciones complejas y multidireccionales; y en especial, de las capas inferiores y zonas grises que encierran fenómenos importantes en la realización de poder y riqueza, abordando las fronteras difusas entre lo público-privado, legal-ilegal, formal-informal, y legítimo-ilegítimo, entre otras. En todo caso, se trata de fenómenos que son capaces de moldear y distorsionar el sistema y el Estado democráticos.
Las experiencias de la transición múltiple en el norte de Centroamérica han demostrado que se enfrenta situaciones complejas de rupturas y continuidades de poderes predominantes en lo económico, lo militar, lo criminal y lo político. El poder estatal representa, en cambio, un carácter dual: es campo de disputa y sujeto activo de poder.
En el caso salvadoreño, el análisis parte de algunas premisas e hipótesis: i) las coyunturas críticas de las últimas décadas han planteado desafíos cruciales para los poderes predominantes, afectando sus campos tradicionales de acción y sus correlaciones de fuerza; ii) la democracia y la paz representan rupturas importantes para el poder militar, aunque no necesariamente para sectores vinculados al paramilitarismo más duro de la década de 1980; iii) naturalmente, la democracia y la paz han modificado el régimen político y las fuerzas directrices en ese campo, llegando incluso –en contraposición a los otros países del Triángulo Norte de Centroamérica– a una situación de alternancia plural en el ejercicio del poder en el nuevo milenio; iv) la criminalidad es compleja –especialmente alrededor de la corrupción y del narcotráfico (y negocios ilícitos conexos)– y sistemática en su interacción con otros sectores de poder; conformando difusos contornos entre lo legal y lo ilegal; v) la élite económica salvadoreña ha traspasado coyunturas críticas que han modificado sus ámbitos de acumulación; sin haberse corroído –en contraposición a otros actores de poder– su posición hegemónica a nivel nacional.
En ese sentido, el énfasis de ese estudio radica en la élite económica y sus complejas interrelaciones con el poder público.
Históricamente, la élite económica se ha constituido a partir de lazos familiares y de propiedad sobre la tierra como principal medio de producción[13]. Paniagua (2002) reseña el trabajo investigativo de Wilson (1968)[14] sobre la dinámica de la élite económica salvadoreña en el periodo entre 1919 y 1935, que presenta un listado de
3. El poder económico
3.1 Marco analítico de la élite económica salvadoreña
cabezas de familia cuyos principales intereses económicos radicaban en el café, azúcar y henequén. De manera resumida, entre los principales apellidos aparecen: Aguilar, Álvarez, Aparicio, Arango, Araujo, Ávila, Avilés, Batlle, Belismelis, Canessa, Castillo, Dárdano, Deininger, Dueñas, Duke, Galiano, Gallardo, García-Prieto, González, Gotuzzo, Guirola, Hill, Interiano, Larreynaga, Letona, Lima, Llach, Meardi, Mejía, Meléndez, Mena, Orellana, Ortíz, Peccorini, Peralta, Quiróz, Regalado, Reyes, Salaverria, Schönenberg, Sol, Ulloa, Velado, Vides y Villanova.
Posteriormente, la consolidación de mercados nacionales, la incipiente industrialización centroamericana, el reformismo contrainsurgente y la apertura neoliberal deben haber incidido en las bases e interrelaciones de la economía salvadoreña; y por tanto, también en la configuración de la propia élite económica.
Cabe preguntarse, si ‘el apellido y la finca’ aún corresponden a la modernidad económica, pues, en el libre mercado de capitales, las grandes empresas tienden a conformarse a partir de estructuras de propiedad múltiple, y esa pluralidad también se refleja en la integración de las estructuras directivas y gerenciales. Cabe preguntarse también, si los lazos familiares y/o empresas emblemáticas siguen siendo constitutivos de identidad de los grupos económicos predominantes, en tanto la propia movilidad social de las relaciones de parentesco y la movilidad de capitales –en especial en el sector financiero– tienden hacia interrelaciones complejas y extensas (e incluso más volátiles).
El poder económico de la élite salvadoreña ha sido objeto de diversos estudios, de los cuales se retoman como punto de partida los trabajos de Albiac (1998), Paniagua (2002), Segovia (2005) y Arias (2010).
(a) Albiac (1998)
El título del trabajo ,”De los 14 a los 116”, es en referencia a las 14 familias terratenientes a principios de los 60s y las 116 a partir de la transformación económica en las últimas décadas del siglo XX. Albiac identifica –no claramente– “…a las 116 personas o grupos familiares con más de 50% de las acciones de las mil 284 empresas o sociedades con capital superior a los 5 millones de colones”.
A partir de allí, afirma que “…las principales empresas son familiares o son “la familia” en el estilo más antiguo del término. Es decir, […] las sociedades anónimas son más de nombre que de realidad y el capital no está abierto a socios medianos y pequeños”.
Entre las familias de la élite económica salvadoreña menciona Meza Ayau, Freund, Hill (Agrüello, Llach), De Sola, Guirola, Álvarez, Liebes, Salaverría, González Guerrero, Simán, García Prieto, Dueñas, Quiñonez, Baldocchi Dueñas, Ortiz Mancía, Wright, Palomo, Guttfreund, Mc Entee, Sol Millet y Sarti.
Otro aspecto importante de este estudio es haber nombrado y ejemplificado algunas prácticas ilegales de los procesos de acumulación/privatización, en los cuales la relación con el Estado y con el contrabando es un elemento recurrente.
(b) Paniagua (2002)
La unidad básica del estudio de Paniagua no es “la familia”, sino el núcleo familiar empresarial (NFE), con las siguientes características: “a) Los elementos (personas) del núcleo están unidos por estrechas relaciones familiares […] b) Cada núcleo tiene control sobre una serie de empresas […] que en lo sucesivo denominaremos empresas en la órbita del núcleo (EON) […] En el caso de estas compañías, el NFE controla la junta directiva y en muchas ocasiones los miembros de la familia desempeñan altos cargos gerenciales. c) Cada núcleo familiar empresarial cuenta con un conjunto de elementos secundarios. En esta amplia categoría se incluyen los cuadros directivos y gerenciales históricamente ligados al núcleo…”
El siguiente nivel de unidad analítica es la red familiar empresarial (RFE): “…se entiende como el conjunto de núcleos familiares empresariales originados a partir de un núcleo familiar empresarial común. La red es el resultado natural del proceso de evolución y desarrollo del núcleo familiar empresarial original.” De acuerdo a Paniagua (2002) dos factores unen a los núcleos familiares empresariales: alianzas matrimoniales y/o empresariales. Se identifican 23 núcleos familiares empresariales[15], agrupándolos alrededor del control sobre los bancos a finales de la década de 1990 (tabla 1).
Tabla 1. Núcleos económicos de El Salvador (de acuerdo a Paniagua)
Control sobre Núcleo familiar empresarial (NFE)
1.Banco Agrícola Comercial NFE Baldochi Dueñas
NFE Kriete Ávila, NFE Palomo Déneke, NFE Araujo Eserski, NFE Cohen, NFE Schildkneckt. RFE Meza, NFE Meza/Hill/Palomo, NFE Meza/Quiñonez/Sol, NFE Meza/Álvarez y NFE Meza/Murray
2.Banco Cuscatlán NFE Cristiani/Llach NFE Bahaia
3.Banco Salvadoreño RFE Simán
– NFE Siman Jacir, NFE Simán de Bahaia, NFE Simán Dada, NFE Salume
4. Banco de Comercio NFE Belismelis NFE Freund, NFE Sol Millet
5. Banco Desarrollo NFE Salaverría Borja (además: NFE Salume)
6. Banco Ahorromet Scotiabank NFE Salaverría Prieto
NFE Quirós, NFE Poma, NFE Llach Hill
7. Banco de Construcción y Ahorro NFE Zablah Touché
NFE García Prieto, NFE Palomo
Sin vinculación a entidad financiera NFE De Sola
Elaboración propia con información de Paniagua (2002)
Continúa que “…a largo plazo, la acción conjunta de los dos mecanismos anteriores puede dar lugar a la creación de un bloque empresarial hegemónico (BEH) al interior de una economía”. De acuerdo a Paniagua, ese bloque “… se configura a partir de un conjunto de núcleos familiares empresariales, que se vinculan entre sí a través de una serie de relaciones familiares y que mantienen, además, intereses económicos comunes…”
Además, introduce un elemento económico –las empresas insignia– en su estudio: “…es fundamental la noción de control compartido de las empresas insignias de la economía nacional, que denominaremos empresas en la órbita del bloque (EOB). […]
En síntesis, las relaciones familiares y el control sobre las empresas en la órbita del bloque le otorgan al bloque, en su conjunto, una proyección de unidad y de destino común de largo plazo…”
El identificó las siguientes empresas insignia en su estudio: i) Cemento de El Salvador S.A. (CESSA), Unión de Exportadores S.A. (UNEX), Molinos de El Salvador S.A. (MOLSA), Bodegas Generales de Depósito S.A. (BODESA), y AFP Confía S.A.
(c) Segovia (2005):
El estudio aborda el poder económico a nivel de la región centroamericana, utilizando la categoría analítica de grupos económicos, y no de “sectores” y “fracciones de clase”. Según Segovia, estas últimas categorías reducen la capacidad explicativa en los análisis políticos tradicionales. Para él, los “…grupos económicos regionales se caracterizan por ser sumamente diversificados, y operan fundamentalmente en los sectores de servicios (incluyendo servicios financieros, de transporte, turísticos), construcción, comercio e industria, aunque algunos tienen fuertes inversiones en la agroindustria y algunos pocos en la agricultura no tradicional.”
Tabla 2. Grupos económicos de El Salvador (de acuerdo a Segovia)
Identifica –para el caso de El Salvador– los siguientes grupos económicos: Grupo ADOC, Grupo Agrisal, Grupo Banco Agrícola, Grupo Cuscatlán, Grupo De Sola, Grupo Sigma, Grupo Poma, Grupo Quiróz, Grupo Taca y Grupo Simán (tabla 2).
Elaboración propia con información de Segovia (2005)
(d) (Salvador) Arias (2010)
“Si en la década de los ochenta se hablaba de catorce familias que concentraban la riqueza, en el periodo del modelo neoliberal de los cuatro gobiernos del Partido ARENA se da […] una recomposición en la oligarquía dominante. En este periodo, ha llegado a reorganizarse en ocho grupos quienes a través de sus vínculos familiares o por medio de las juntas directivas o accionistas, ejercen control político y económico del país”.
Arias aplica elementos familiares y económicos para la definición de los grupos económicos salvadoreños, fundamentando su análisis en el estudio de Paniagua (2002).
Grupo Familia Breve descripción
Grupo ADOC familia Palomo
“Actualmente ADOC posee tres fábricas y más de 200 tiendas en la región. El grupo tiene las franquicias de varias marcas internacionales.”
Grupo Agrisal familia Meza Ayau
“Tiene una alianza con el consorcio cervecero sudafricano SABMiller […] Juntos conforman el Grupo BevCo, que aglutina a las empresas del Grupo Cervecería Hondureña e Industrias La Constancia y posee la empresa Industrial Cervecera de Nicaragua.”
Grupo Banco Agrícola familias Baldocchi-Dueñas, Kriete
“En el 2004, el Banco agrícola, el principal banco del grupo, poseía $3,116.1 millones en activos […] Forma parte de la Red Regional Gran Alianza Bancaria Internacional.”
Grupo Cuscatlán familias Bahaia,Cristiani
“En el 2004 tenia activos de $4.437.2 millones […] Tiene alianzas con grupos regionales, incluyendo el grupo La Fragua y Pantaleón.”
Grupo De Sola familia De Sola
“Homarca S.A de C.V. es la principal accionista y controladora de las operaciones del grupo en Centroamérica.”
Grupo Sigma no es un grupo familiar
“Fue fundado en 1969 como fusión de la unión de varias empresas. Anteriormente conocida como Yarhi S.A., se unió con otras empresas de los mismos intereses, entre ellas Cartonera Centroamericana S.A., Rotoflex S.A. e Industrias Gráficas Salvadoreñas S.A.”
Grupo Poma familia Poma “Tiene una alianza con el Grupo Carso del mexicano Carlos Slim. El grupo es operador de la cadena de hotel Intercontinental y Confort Inn.”
Grupo Quiróz familia Quiróz “Tiene alianzas con el Grupo Canella en Guatemala y con el Grupo Lachner & Sáenz y Compañía Mercantil en Costa Rica. Recientemente ingresó al mercado panameño a través de la compra por $10 millones de la empresa Supermotores.”
Grupo TACA familia Kriete “Tiene alianzas con el Grupo Poma y el Grupo Banco Agrícola […] En el 2004 TACA, su empresa insigne, ocupó el puesto 12 entre las empresas más grandes de la región con ventas de $391.8 millones…”
Grupo Simán familia Simán “Es el más importante en almacenes de departamentos. Recientemente, vendió la mayoría de las acciones del Banco Salvadoreño, el tercer banco más importante de
El Salvador, al Grupo Banistmo. En el 2004, dicho banco tenía activos de $1,755.1 millones.”
Tabla 3. Grupos económicos salvadoreños (de acuerdo a Arias)
Elaboración propia con información de Arias (2010)
[1] Desde una perspectiva global, Centroamérica fue uno de los primeros laboratorios para el paradigma liberal de pacificación, una etiqueta adherida a las crecientes intervenciones externas en sociedades de post-guerra y post-conflicto. Y desde una perspectiva regional, estas democracias no surgieron “desde abajo”, sino fueron un arreglo contrainsurgente entre facciones de poder militar, económico y político. De esta manera, la democratización no fue una transición, sino un resultado de “pactos desde arriba”.
[2] “State capture is defined as shaping the formation of the basic rules of the game (i.e. laws, rules, decrees and regulations) through illicit and non-transparent private payments to public officials” (Hellman et.al., 2000). Los mismos autores distinguen la ‘captura de Estado’ de la ‘influencia’ y la ‘corrupción administrativa’: “Influence refers to the firm´s capacity to have an impact n the formation of the basic rules without necessary recourse to private payments to public officials (…) Administrative corruption is defined as private payments to public officials to distort the prescribed implementation of official rules and policies” (Hellman et.al., 2000).
[3] “Most transition countries lack a stable system for political financing. […] Politicians and political parties are therefore highly dependent on a limited range of economic actors with the capacity to finance elections or on securing control over key rent flows in the emerging market economy” (Hellman, 2011).
[4] Se trata de la capacidad de actores privados para influir en la aprobación de regulaciones estatales. Esa discusión “…cobra fuerza en América Latina cuando se generaliza el modelo de libre mercado desde 1990 y, simultáneamente, se elimina una serie de protecciones y subsidios estatales, se privatiza la economía, crece el poder de las corporaciones, sobre todo las extractivas, y se desarrollan nuevas actividades que serán reguladas (telecomunicaciones, fondos de pensiones, compras y adquisiciones, por ejemplo” (Durand, 2016).
[5] Se refiere a organizaciones del crimen organizado “…que son capaces de influir sobre ramas del Estado. El objetivo, a diferencia de las corporaciones, no es económico –dado que los actores captores operan en condiciones de mercado negro y gozan de alta rentabilidad–, sino proteger sus negocios neutralizando a los órganos del Estado que se dedican a fiscalizarlos y combatirlos” (Durand, 2016).
[6] En 1981, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se constituyó a partir del Frente Amplio Nacional (FAN), uniendo sectores de la oligarquía, los militares y los escuadrones de la muerte. La red organizacional de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) sirvió de base para la fundación del partido (Wade, 2016).
[7] “La reforma militar “impuesta”, enfrentó una dura resistencia tanto dentro de los estamentos militares como de los sectores conservadores más radicales, que se habían beneficiado de la autonomía y el poder ostentado por los militares hasta el fin de la guerra civil” (Aguilar, 2016). La misma autora señala que la Asamblea Legislativa aprobó en aquel entonces “…la Ley de Amnistía, como recurso para garantizar la impunidad de todos aquellos involucrados en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos antes del 1 de enero de 1992”.
[8] “El nudo gordiano de los Acuerdos de Paz era la desmilitarización de la sociedad salvadoreña; el cambio de la doctrina militar del Ejército […] Este acuerdo se cumplió, pero actualmente tiene amenazas e intentos de revertirse y restaurarle funciones a las FFAA. La democratización de la sociedad salvadoreña, que ha marchado lentamente, pero inexorablemente ha marchado, aunque no como se esperaba. Una larguísima y lentísima transición, con grandes resistencias” (Martínez- Uribe, 2012). Durante el gobierno de Mauricio Funes (FMLN, 2009-2014), “…bajo la dirección del entonces Ministro de Justicia y Seguridad, General David Munguía Payes, se comenzó, como en los viejos tiempos, a replicar de manera solapada, el esquema de tomar control de instituciones claves de la vida nacional como Aduanas y Fronteras, Migración y Extranjería, el Organismo de Inteligencia del Estado y el Aeropuerto Internacional, entre otros” (Aguilar, 2016). Asimismo, la investigación periodística de Héctor Silva (2014) sostiene y argumenta la hipótesis de infiltración de la Policía Nacional Civil (PNC) por estructuras del poder militar y criminal.
[9] “Si se busca una hipótesis más terrenal y menos metafísica que la del ‘milagro económico’, se desemboca fácilmente en la economía paralela –de actividades ilícitas y otras francamente ilegales– que ha venido desarrollándose desde la década del conflicto. […] Efectivamente, sin la participación o complicidad de algunos oficiales de la Fuerza Armada, bajo cuya custodia estaban las fronteras, los puertos y aeropuertos, el control de carreteras, etc., no hubiera sido posible un incremento de gran magnitud, como el que hubo, en el contrabando de mercadería, tráfico de armas y de droga, bandas internacionales de robacarros, redes para el paso de emigrantes indocumentados, industria del secuestro, etc. Terminada la guerra, toda esa economía paralela a la oficial no ha desaparecido; incluso en ciertos rubros puede haber crecido. […] Nadie sabe la dimensión de esa economía paralela, denominada oficialmente ‘crimen organizado’, pero es suficientemente poderosa para influir en la realidad económica, social y política de este pequeño país” (Béjar/Roggenbuck (eds.), 1996).
[10] La composición y correlación de fuerzas en Guatemala y Honduras –pese a las similitudes históricas– tiene expresiones diferenciadas. En especial, hay que resaltar el impacto mayor de la criminalidad en esos países (entre otras, por su situación geográfica en relación a las rutas del narcotráfico) y la ruptura errática e inconclusa de poderes militares (institucionales y extra-institucionales).
[11] “…elite capture need not be the result of a transition but may actually precede it. In the case of El Salvador, elites captured the state throug a political party before the negotiation and implementation of peace accords” (Wade, 2016).
[12] Cárdenas y Robles-Rivera (2017) abordan la captura corporativa en los casos de Panamá, Costa Rica y El Salvador, analizando redes empresariales –a partir de la integración de los directorios– y su relación con el financiamiento electoral y las ‘puertas giratorias’. Lo interesante de este paper es el análisis de las relaciones internas de las élites económicas, mediante social network analysis. Es una estrategia metódica sumamente útil para los casos centroamericanos, dada la posibilidad de investigar las complejas interrelaciones económicas, familiares, gremiales y políticas que caracterizan las élites actuales. Éstas son más complejas que las oligarquías agrarias de antaño. Al mismo tiempo, este paper contiene limitaciones en su análisis de los mecanismos de Captura de Estado: i) la base analítica de las relaciones empresariales es reducida y no alcanza reflejar la complejidad de las élites económicas; y ii) el argumento de la vinculación entre redes empresariales y CdE en este paper está mediado inevitablemente por los resultados electorales, y por ende, es difícil sostener las conclusiones en el tiempo.
[13] “A comienzos de los 60, los mayores latifundistas eran 308. Cuatro, los Dueñas, Guirola, Sol y Daglio, con más de 10 mil manzanas. 11 con mas de 5 mil y 15 con más de mil. El 4.1% de los propietarios poseía el 67.28% de la tierra disponible contra un 95% que poseía apenas 32.7%” (Albiac, 1998).
[14] El trabajo de Everett Alan Wilson fue presentado como tesis doctoral en la Universidad de Standford en 1968. Tres capítulos de dicho estudio se encuentran incluidos en la antología preparada por Rafael Menjívar y Rafael Guidos Véjar: El Salvador de 1840 a 1935, UCA Editores, 1978 (ver Paniagua, 2002).
[15] Dos de estos núcleos son descritos en realidad como redes familiares empresariales. Además, en los anexos se describe el núcleo familiar De Sola, que no encaja claramente en el esquema de control sobre las instituciones financieras.