Hoy más que nunca se requiere de una alianza por el cambio y la gobernabilidad…
Última actualización: 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 12:31 | por Mauricio Funes/Expresidente de El Salvador
Inicio esta reflexión formulando una pregunta: De dónde proviene el odio visceral de la derecha oligárquica hacia la pasada gestión presidencial?
Luis Verdi, ex asesor político y de comunicaciones de la Presidencia de la República hasta el 2013, destaca en una reciente entrevista a Diario La Pagina un aspecto poco analizado y también poco debatido en el país.
Según Verdi, la Presidencia Funes marcó un punto de inflexión en el país al iniciar un proceso de desmontaje del aparato de dominación que la derecha oligárquica construyó a lo largo de décadas y concretó en las primeras administraciones areneras.
No cabe duda que bajo la Presidencia anterior se inició un conjunto de transformaciones, no sólo a nivel del sistema económico y social del país, sino también en la forma de hacer política, que acabaron restándole poder a la derecha oligárquica y afectando sus intereses.
En buenas cuentas, la Derecha Oligárquica perdió control sobre el gobierno y su poder de veto en la formulación de las políticas públicas.
La construcción de un Sistema de Protección Social, empujado desde el Ejecutivo y garantizado con la aprobación casi al final del período de la Ley de Desarrollo Social, no sólo ha permitido reducir la pobreza y la desigualdad social, tal como lo registra la CEPAL en su informe de hace un año, sino que también provocó una reorientación del Estado que había dejado de atender las necesidades sociales más sentidas por la población, especialmente, la más pobre del país.
Por más de tres décadas, el Estado había sido literalmente “tomado” por la derecha oligárquica para beneficio propio.
Los pocos instrumentos de incidencia que le iban quedando al aparato de estado, esta derecha los orientó a la satisfacción de sus intereses, utilizando el control que desde el partido ARENA podía tener sobre el Ejecutivo.
Así es como hay que entender los procesos de privatización iniciados desde el gobierno de Cristiani. Y así hay que entender también los nombramientos en las principales secretarías y ministerios del ejecutivo en los gobiernos areneros.
De ese proceso sobran ejemplos: la creación de un fondo estatal de saneamiento previo a la venta de los bancos que estaban en manos del gobierno y que permitió a sus compradores recuperar en poco tiempo el capital invertido; el diseño y aprobación de leyes que le aseguraron a unos cuantos grupos empresariales del país servirse con la cuchara más grande en casi todos los procesos de privatización, sobre todo con la Banca; la creación de fideicomisos y estímulos fiscales manejados en forma discrecional por los funcionarios a fin de favorecer a empresas cercanas al gobierno y vinculadas a importantes grupos empresariales salvadoreños; el reciclaje de funcionarios que una vez terminado el período presidencial pasaban a convertirse en empleados o ejecutivos de las empresas favorecidas por el gobierno; etc.
Incluso, como parte de esta misma concepción patrimonialista del Estado, hasta hubo un Ministro de Economía que promovió beneficios arancelarios para la empresa de su grupo familiar.
Después de 20 años, el gobierno que inició en el 2009 empezó con el desmontaje de todos esos privilegios, comenzando con el nombramiento de funcionarios que no tenían ninguna relación, ni política ni económica, con estos grupos empresariales.
Dedicamos la mayor parte de la gestión gubernamental a reducir las vulnerabilidades de las familias pobres, ya que mientras estas carencias siguieran existiendo difícilmente podía arrancar un proceso sostenido de reactivación del aparato productivo del país que además de dinámico fuera incluyente.
Ese fue y continúa siendo el sentido de los Programas Sociales iniciados hace cinco años: los paquetes escolares, la pensión básica universal, los subsidios para enfrentar el incremento en los precios de los servicios básicos, la Reforma de Salud, Ciudad Mujer, entre otros.
Casi al cierre de la gestión, sobre todo en el último año de gobierno, pusimos el acento en dos procesos fraudulentos fraguados desde la Presidencia de la República en el quinquenio de Flores: el desvío de recursos de la cooperación de China- Taiwan y la amañada venta de una parte de las acciones de la geotérmica nacional al conglomerado italiano ENEL, sin autorización de la Asamblea Legislativa.
La investigación de ambos procesos, primero por la Asamblea Legislativa y luego por la Fiscalía General de la República, puso al descubierto un estilo de gobierno que hasta ese momento sólo había favorecido a unos cuantos empresarios y funcionarios de gobierno en detrimento de las grades mayorías de nuestro país.
Bajo los gobiernos de ARENA, el Estado fue desmontado y lo que quedó de él fue utilizado para construir un sistema económico oligárquico que a pesar de su apariencia de modernidad no ha podido dinamizar la economía del país y menos reducir las graves desigualdades sociales.
Al acabarse esta forma de ejercicio público y este control de las instituciones del Estado, al menos del Ejecutivo, comenzó a reducirse también el sistema de privilegios construído en décadas anteriores.
Es justamente este “cambio estructural” el que no perdona la derecha oligárquica en ARENA. Eso es lo que explica además la magnitud de su reacción y de su revancha.
Sin embargo, la derecha oligárquica solo ha sido golpeada.
A pesar de los cambios ocurridos en el quinquenio anterior, aún conserva un enorme poder de influencia que le permite articular una estrategia orientada a recuperar este viejo esquema de privilegios empujado desde el Ejecutivo.
No tengo la menor duda que el asalto al poder del Estado por la derecha oligárquica comenzará con las elecciones del 2015 y se concretará, si no lo evitamos, en las elecciones presidenciales del 2019.
La campaña difamatoria personal casi al final de mi mandato y aún ahora después de varios meses de haber entregado la Presidencia, no es más que un eslabón de una cadena de acciones y reacciones que la maquinaria partidaria de ARENA ha desplegado con el propósito de recuperar el control del Ejecutivo.
No lograron conseguirlo en las pasadas elecciones presidenciales porque no tenían las alianzas necesarias, sobre todo en la Asamblea Legislativa, que les permitiera hacerse del poder.
La presencia dominante en las Redes Sociales, el control de una buena parte de las organizaciones de la sociedad civil, la influencia determinante en la mayoría de Medios de Comunicación Social, el control de las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y todo el dinero del mundo invertido en la campaña electoral, no fue suficiente para que la derecha oligárquica ganara de nuevo el control del Gobierno en el 2014.
La estrategia ahora es más clara y definida que antes.
Esta derecha buscará una correlación de fuerzas en la próxima legislatura que le permita al menos dos propósitos: uno, obstaculizar al gobierno del Presidente Sánchez Cerén para obligarle a negociar virajes importantes en la gestión gubernamental y dos, legislar en beneficio de sus intereses corporativos.
La parálisis del gobierno no es una estrategia exclusiva de la derecha criolla. El cierre del Gobierno ya ha sido también anunciado por la oposición republicana en Estados Unidos si el Presidente Obama se atreve a tomar decisiones ejecutivas en relación al controversial tema migratorio.
Pero cómo dicen “ Guerra anunciada no mata soldado…”
Las fuerzas y partidos progresistas y democráticos debemos trabajar desde ya en las construcción de una alianza por los cambios en el país que permita incidir en los resultados electorales del 2015 y asegurar la influencia en un órgano del Estado estratégico como es la Asamblea Legislativa.
Una Alianza para el Cambio que permita la construcción de una Alianza para la Gobernabilidad y que evite la involución de un proceso iniciado en el 2009.
La posibilidad que este segundo gobierno de izquierda funcione está estrechamente vinculada a las decisiones que tome la legislatura, tanto la actual en los meses que le quedan como la que se elegirá en Marzo del 2015.
Si algo permitió que en la pasada gestión de gobierno los Programas Sociales fueran implementados y ejecutados con éxito es que siempre contaron con el financiamiento necesario, que sólo fue posible por la construcción de una relación armoniosa con diferentes fuerzas políticas en la Asamblea, además de la alianza del gobierno con el FMLN que marcó a toda la gestión presidencial.
Desde el gobierno se construyó una alianza con diferentes fracciones parlamentarias que se tradujo en un escenario de gobernabilidad, sin el cual los cambios en el sistema oligárquico heredado no habrían avanzado.
Sin embargo, a juzgar por las votaciones legislativas de los últimos meses bajo el gobierno del Presidente Sánchez Cerén, la continuidad de estos cambios no sólo no está garantizada sino que hay una clara amenaza que se cierne sobre ellos.
El FMLN y las fuerzas progresistas y democráticas del país, incluyendo las que tienen representación legislativa, deben construir desde ya una Alianza por la Gobernabilidad, que le conceda estabilidad al proceso y permita el funcionamiento eficiente y eficaz del gobierno en los años que siguen.
El país nada gana con la paralización y fracaso del gobierno actual. Los únicos que obtienen una ganancia mezquina son áquellos que apuestan al desgaste del gobierno de Sánchez Cerén para hacerse con el poder total en las consultas electorales de aquí al 2019.
El gobierno de Sánchez Cerén y la bancada del FMLN debe actuar con el mismo pragmatismo con el que se actuó en el gobierno anterior y que permitió construir las alianzas necesarias para enfrentar a la oposición oligárquica.
Ese pragmatismo le permitió al gobierno contar con un Presupuesto aprobado antes del inicio de cada ejercicio fiscal y con los préstamos internacionales, sin los cuales el crecimiento económico y los programas sociales no habrían tenido el financiamiento necesario.
Ese pragmatismo permitió además incidir en las negociaciones legislativas que hicieron posible la elección de Fiscal General, Magistrados de Corte de Cuentas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En buenas cuentas, el Estado funcionó, no se paralizó, y en virtud de ello se comenzaron a resolver los graves problemas del país y hubo un avance indiscutible de la institucionalidad democrática.
La predicción apocalíptica de la derecha oligárquica de que el país entraría en crisis y caería al abismo a partir del 2009 no se cumplió.
Hoy de nuevo, en una reedición de esta visión catastrofista, la derecha oligárquica quiere hacernos creer que el país no tiene rumbo y que para “salvarlo” de la crisis que se avecina es necesario contar con más diputados que respondan a sus intereses.
El control de la mayoría simple es fundamental para esta derecha que apuesta a “trabarle” las carretas al gobierno de modo de provocar su desgaste y posterior fracaso.
La falacia de los “rostros nuevos” y las posibilidades que les abre el voto cruzado para colocar en la Asamblea Legislativa sus alfiles, apoyados por una intensa campaña publicitaria en la que no escatimarán recursos, constituye la punta de lanza de la nueva ofensiva electoral emprendida por los tradicionales grupos oligárquicos.
La única forma de derrotarlos es construyendo una Alianza por la gobernabilidad entre partidos progresistas y democráticos y proponiendo candidatos independientes respaldados por fuerzas sociales que defienden los cambios y que ya dentro de la Asamblea Legislativa pueden sumar voluntades para reducir el poder del sistema oligárquico y hacer avanzar la democracia y el desarrollo económico y social de nuestro país.
A la par de esta Alianza, desde la trinchera periodística, es fundamental además contar con una mirada diferente a la de la oligarquía.
La mayoría de Medios de Comunicación en el país responden a los intereses de esta derecha, la que se esmera porque en sus agendas periodísticas predomine la visión que ella tiene de la realidad.
Son pocos los Medios de Comunicación que promueven el pluralismo y dan cobertura a visiones alternativas de lo que está ocurriendo en nuestro país y el mundo entero.
El debate sobre el pluralismo en la Prensa no puede reducirse a la existencia de una prensa de oposición. No es lo mismo ser independiente y ser de oposición.
A este debate pueden contribuir las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información.
Así como las fuerzas políticas y sociales progresistas y democráticas están obligadas a construir una alianza por la gobernabilidad, debemos también promover la creación de un nuevo polo mediático, una especie de “tercera vía” en los Medios de Comunicación, de naturaleza alternativa, que conceda el derecho a opinar a los que históricamente no han tenido voz en nuestro país.
Hoy más que nunca tiene vigencia en el país aquel llamado profético de nuestro Obispo Mártir: hay que darle voz a los que no tienen voz…