Roberto Regalado*
Un gran cambio en el panorama político, económico y social de América Latina y el Caribe ha significado el surgimiento y desarrollo de mecanismos intergubernamentales de concertación política, cooperación en diversas esferas y/o integración económica, en particular, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA‑TCP), la Asociación de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Es común oír, en genérico, alusiones a los nuevos mecanismos intergubernamentales existentes en América Latina y el Caribe como mecanismos de integración. Si bien esas funciones se interrelacionan, se ha avanzado más en la concertación y la cooperación, mientras que en la integración priman los acuerdos comerciales y de inversiones basados en el regionalismo abierto, que refuerzan la histórica relación vertical de cada nación con los centros de poder mundial e impiden una genuina integración regional orientada a satisfacer las necesidades de los pueblos. No se puede decir que en todos los países exista la conciencia, voluntad y decisión de construir esa genuina integración. Esta es una batalla que debemos librar «cuesta arriba».
Los antecedentes de la problemática de la integración latinoamericana y caribeña datan de hace más de 520 años. Mediante la dominación colonialista, el aplastamiento socio‑étnico‑cultural, el sometimiento de los aborígenes a formas de trabajo semiesclavo y la importación de esclavos africanos, la región fue incorporada a la naciente formación económico‑social capitalista como apéndice suministrador de riqueza que abonó el proceso de acumulación originaria del capital.[1] Se fijó así su ubicación subordinada y dependiente dentro de la división internacional del trabajo, que muta acorde con las exigencias de cada estadio de desarrollo del capitalismo, pero sin que deje de llevar, junto a Asia y África, la peor parte de los efectos de la Ley del desarrollo económico y político desigual.
Las primeras ideas de unidad latinoamericana fueron de Francisco de Miranda (1750‑1816), quien concibió un imperio llamado Colombia, formado por los territorios de Hispanoamérica y Brasil. Quien más hizo para tratar de forjar esa unidad fue Simón Bolívar (1783‑1830), cuya visión era la de una república federal también llamada Colombia, que abarcara a toda Hispanoamérica.[2] Con ese objetivo, conquistada la independencia de esta última, a instancias de Bolívar, se celebra en 1826 el Congreso Anfictiónico de Panamá. Sin embargo, este fracasa debido a un conjunto de factores que incluyen: la extensión y diversidad de las repúblicas hispanoamericanas; la carencia de un desarrollo económico y un mercado capitalistas que sirvieran de base para asentar una unidad nacional; los conflictos de intereses entre las élites criolla que se disputaron el poder en las nacientes repúblicas; y la oposición de los Estados Unidos, Inglaterra y otras potencias de la época. De modo que la América Latina no logró establecer vínculos políticos, económicos y sociales que cimentaran su unidad.
En la década de 1960, el agotamiento de los proyectos nacional‑desarrollistas que paliaron la desconexión sufrida por la región a partir de la crisis de 1929, nacen los llamados mecanismos de integración regional.[3] No se pretende analizar el desempeño ni la trayectoria de los organismos regionales y subregionales «de integración», pero es necesario apuntar que la base nacional‑desarrollista de la que parten en sus inicios fue crecientemente socavada por: el proceso de transnacionalización y desnacionalización capitalista (al que por lo general se designa con el término globalización);[4] la ofensiva contrarrevolucionaria y contrainsurgente desatada por el imperialismo norteamericano en las décadas de 1960 a 1980, que durante la presidencia de Reagan impuso la apertura y desregulación económica neoliberal; y, la reestructuración y revitalización del sistema de dominación continental emprendida por la administración de George H. Bush (1989‑1993), que incluyó el fracasado proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales y subregionales firmados por una parte importante de los gobiernos de América Latina y el Caribe. A estos avatares se han visto sometidos los mecanismos de integración regional y subregional latinoamericanos y caribeños.
La crisis del Sistema Interamericano ocurrida en la década de 1980 repercute en el surgimiento de nuevos tipos de mecanismos regionales y subregionales, los mecanismos de consulta y concertación política, que inicialmente coexisten con los «de integración», y entre ambos se produce una progresiva interconexión e hibridación. Los factores de la mencionada crisis de las relaciones interamericanas fueron, por una parte, la materialización de los postulados de la ultraderecha estadounidense –simbolizados en el Documento del Comité de Santa Fe–[5] en la política de esa nación hacia América Latina y el Caribe durante el mandato presidencial de Reagan que incluía: el renovado apoyo a las dictaduras militares de «seguridad nacional»; el alineamiento con Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas (1982); el descargar sobre la región el peso de la crisis de la deuda externa (iniciada en 1982); la invasión militar a Granada (1983); y la amenaza de intervención directa en el conflicto centroamericano, en especial, la escalada de agresiones contra la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua.
En medio de esta vorágine, en enero de 1983, nace el Grupo de Contadora, integrado por los gobiernos Colombia, México, Panamá y Venezuela con el objetivo de promover una solución política negociada del conflicto centroamericano, y así conjurar la amenaza de una intervención militar directa de los Estados Unidos en esa subregión –como la que meses después se produciría en Granada– y, en julio 1985, surge el Grupo de Apoyo a Contadora o Grupo de Lima, formado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. La fusión del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo a Contadora dio lugar al Grupo de los Ocho.
Una vez desactivado el conflicto centroamericano, el mecanismo de concertación no se disolvió, sino se institucionalizó y asumió nuevos temas, como el llamado a una negociación entre Gran Bretaña y Argentina sobre las Islas Malvinas, la búsqueda de una solución América Latina de la crisis de la deuda externa y la crítica al proteccionismo de las grandes potencias. El Grupo de los Ocho, desde 1986 convertido en Mecanismo de Consulta y Concertación Política (MCCP), se transformó en 1990 en Grupo de Río para asimilar a nuevos miembros.
En sus primeros años, la transformación del Grupo de los Ocho en Grupo de Río no significó un avance, sino un retroceso político, debido a que ocurrió en el mandato de los presidentes neoliberales adheridos al Consenso de Washington,[6] que controlaron la escena política latinoamericana desde finales de la década de 1980 hasta finales de la de 1990.
La conversión del Grupo de Río en un mecanismo efectivo de concertación y cooperación en beneficio de los pueblos fue posible gracias al cambio en el mapa político regional, derivado de la cadena de elecciones y reelecciones de gobiernos de izquierda y progresistas abierta por el triunfo de Hugo Chávez Frías en los comicios presidenciales venezolanos de 1998, y ratificada por el de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios presidenciales brasileños de 2002.[7] De este corrimiento hacia la izquierda se desprende un cambio en la composición política de los mecanismos de concertación, cooperación e integración latinoamericana y caribeña, de los cuales vale la pena destacar dos:
El cambio en la orientación del MERCOSUR, fundado a inicios de la década de 1990 por los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de la época del Consenso de Washington, que difiere sustancialmente del MERCOSUR integrado por presidentes como Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina; Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil; Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay; y Fernando Lugo en Paraguay, a los cuales se incorporó, en 2012, la Venezuela de Hugo Chávez.
La creación en 2004 de lo que en la actualidad se denomina Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Libre Comercio de los Pueblos (ALBA‑TCP).
La alianza entre el MERCOSUR y el ALBA‑TPC es la que explica el establecimiento de una correlación de fuerzas favorable a la creación de la UNASUR y el salto cualitativo que representa la transformación del Grupo de Río en CELAC. Si bien esos mecanismos han avanzado poco en la integración económica, sí han cosechado logros sin precedentes en la cooperación y la concertación política, incluida la defensa de la soberanía, la autodeterminación y la independencia nacional frente a la injerencia y la intervención de las potencias imperialistas.
Precisamente por su dedicación a la defensa de los intereses nacionales y populares, desde el momento mismo de su primer triunfo electoral todo gobierno latinoamericano de izquierda y progresista sufre los embates de la estrategia desestabilizadora destinada a provocar su derrota en las urnas y/o su derrocamiento mediante golpes de Estado de nuevo tipo, es decir, golpes legislativos o judiciales, como los ejecutados contra los presidentes Manuel Zelaya en Honduras (2009) y Fernando Lugo en Paraguay (2012).
El derrocamiento de Zelaya y Lugo marca la intensificación y el aumento de la efectividad de la multifacética estrategia de desestabilización de los gobiernos latinoamericanos de izquierda y progresistas, entre cuyos componentes resaltan la guerra mediática y la judicialización de la política, que entre fines de 2015 e inicios de 2016 han provocado la derrota del candidato presidencial del Frente para la Victoria en Argentina, y el triunfo del restaurador neoliberal Mauricio Macri; la pérdida del control de la Asamblea Nacional por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuerpo legislativo que pasa a convertirse en el principal bastión político‑institucional de la derecha; el triunfo del NO en el referéndum constitucional con que los movimientos populares bolivianos se proponían abrir la posibilidad de un tercer período de gobierno del presidente Evo Morales Ayma; y, el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, que de consumarse sería la restauración del monopolio del Estado por parte de la derecha neoliberal.
El presidente Mauricio Macri ya declaró que su política hacia el MERCOSUR es retrotraerlo a la orientación neoliberal con la que fue fundado, y asumió una actitud hostil contra UNASUR y CELAC. Este es un dato de importancia mayor al ser Argentina el segundo país en importancia económica en el Cono Sur. Mucho mayor sería el daño para la integración regional si el gobierno de Brasil cayera en manos de la derecha, dada su condición de primera economía de América Latina y el Caribe. A ello se suma el entorpecimiento de la gestión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, cuyo propósito de destruir al ALBA‑TCP, UNASUR y CELAC son públicos y notorios.
La conclusión es que la manera de defender la concertación, cooperación e integración latinoamericana y caribeña es defender a las fuerzas y gobiernos de izquierda y progresistas que la han hecho posible.
- Doctor en Ciencias Filosóficas, profesor‑investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana, consultor del Instituto Schafik Hándal (ISH) y el Centro de Estudios de El Salvador (CEES).
[1] El término acumulación originaria designa a la riqueza producida fuera del sistema de producción capitalista que se invierte en su formación y despegue.
[2] Téngase en cuenta que la extensión y diversidad de las recién surgidas repúblicas hispanoamericanas eran mayores que en la actualidad, pues el 1826 México aún no había sido despojado de más de la mitad de su territorio por parte de los Estados Unidos.
[3] Los dos primeros fueron el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Asociación Latinoamericana para el Libre Comercio (ALALC), ambos surgidos en 1960 bajo el influjo de las concepciones promovidas por la Comisión Económica Para América Latina de la ONU (CEPAL, 1948), organismo que entre 1950 y 1963 fue presidido por el economista argentino Raúl Prebisch, entre cuyas obras resalta el libro El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. Le siguen el nacimiento, en 1973, del Mercado Común del Caribe (CARICOM, por sus siglas en Inglés), que agrupa a los países de esa subregión independizados de sus metrópolis colonialistas europeas en la posguerra; la transformación en 1980 de la ALALC en Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); la suscripción en 1989 del Pacto Andino (Bolivia, Colombia Chile, Ecuador y Perú), rebautizado en 1996 con el nombre Comunidad Andina de Naciones (CAN); la creación del Sistema de la Integración Centroamericana en 1991; y el establecimiento del MERCOSUR en ese mismo año 1991.
[4] Véase a Roberto Regalado: América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda (edición actualizada), Ocean Sur, México D.F., 2006, pp. 136‑137.
[5] El Documento del Comité de Santa Fe o Santa Fe I –después se elaboraron otras tres versiones (Santa Fe II, III y IV)–, se encuentra en: www.nuncamas.org/documento/docstfe1.
[6] Baste ver la relación de mandatarios que integraban ese Grupo en 1990: Argentina, Carlos Saúl Menem; Bolivia, Jaime Paz Zamora; Brasil, Fernando Collor de Mello; Colombia, César Gaviria; Chile, Patricio Aylwin; Ecuador, Rodrigo Borja; México, Carlos Salinas de Gortari; Panamá, Guillermo Endara; Paraguay, Andrés Rodríguez; Perú, Alberto Fujimori; Venezuela, Carlos Andrés Pérez; y, Uruguay, Luis Alberto Lacalle. De todos ellos, solo Rodrigo Borja mantuvo una posición crítica sobre la reestructuración neoliberal; y solo Borja y Jaime Paz no se plegaron al recrudecimiento de la campaña anticubana.
[7] Desde la segunda mitad de la década de 1990 hasta hoy, con una definición amplia de los términos de izquierda y progresista, puede considerarse que han sido electos y/o reelectos treinta y cinco gobiernos que encajan en ella, entre los cuales vale la pena destacar los siguientes: Venezuela, Hugo Chávez (1998, 2000, 2006 y 2012) y Nicolás Maduro (2013); Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2002 y 2006) y Dilma Rousseff (2010 y 2014); Uruguay, Tabaré Vázquez (2004), José Mujica (2009) y Tabaré Vázquez (2014); Bolivia, Evo Morales (2005, 2009 y 2014); Ecuador, Rafael Correa (2006, 2009 y 2013); Nicaragua, Daniel Ortega (2006 y 2011); Honduras, Manuel Zelaya (2006, derrocado en 2009); Paraguay, Fernando Lugo (2008, derrocado en 2012), El Salvador: Mauricio Funes (2009) y Salvador Sánchez Cerén (2014).