Durante más de cinco años, Pilar (nombre ficticio) trabajó en una cooperativa de taxis con sede en San Salvador. Comenzó desempeñando funciones de radiooperadora hasta que, gracias a sus capacidades, logró ascender a funciones administrativas, con una mejora salarial, que le permitía mantener a sus dos hijas y pagar el alquiler de una casa.
A pesar de no haber terminado estudios superiores y no contar con el apoyo de sus padres, su vida no tenía lujos, pero tampoco padecía necesidades: casa en la zona urbana del municipio de Mejicanos, hijas estudiando en colegio privado, cuenta de ahorro y pago de préstamos al corriente, salidas a pasear los fines de semana, e, incluso, planes de comprar un vehículo usado.
Sin embargo, con la llegada del covid-19 y los cierres obligatorios de la mayoría de las actividades productivas en 2020, Pilar perdió su empleo en junio y comenzó lo que ella describe como «de los días más duros que le han tocado vivir».
Desde entonces, no ha podido encontrar un empleo formal y ahora se dedica a la venta de ropa, perfumes y otros artículos por medio de las redes sociales. Con esto, dice que obtiene «cuando hay suerte» unos $200 al mes.
«Con lo que gano apenas y la vamos pasando. Tuve que sacar a mis niñas del colegio y pasarlas a escuela pública, la dueña de la casa donde alquilaba me la pidió y ahora vivimos donde una amiga que nos ha regalado un espacio a cambio de ayudarle en oficios domésticos, del banco no dejan de llamarme porque estoy bien atrasada», dice con pesar.
Este es solamente uno de los miles de casos de salvadoreños que han visto degradado su nivel económico debido a la pandemia y no han podido recuperarse.
Vulnerables
Las clases son niveles estandarizados de medir la pobreza por medio de los niveles de ingreso y el poder adquisitivo. En El Salvador, se divide a la población en grandes estratos: la clase pobre, que se subdivide en pobreza absoluta (que está conformada por personas que tienen menos de $1 al día para su subsistencia) y pobreza relativa (menos de $5); luego está la clase media, que se compone de los subestratos de clase media vulnerable y la clase media consolidada.
La clase media vulnerable es la que dispone de ingresos de $5 a $12 diarios (como el caso de Pilar) y es la más susceptibles a «shocks» como el alza en los precios de la gasolina o eliminación de subsidios para retroceder a los niveles de pobreza, y la consolidada (entre los $12 y $62 al día).
La economista Julia Evelin Martínez explica que, después de la pandemia, se está ante «una estructura de clases más desigual y más empobrecida» y se ha ensañado con los sectores con menor nivel de educación, que trabajan en el sector informal y viven en el área rural del país.
«Mientras la clase media disminuye, la clase pobre aumenta y, como es la tendencia en otros países, la clase alta o de grandes ingresos ha tendido a ampliarse», agrega la especialista.
Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que, en El Salvador «ha habido un estancamiento de la clase media del país consolidada a pesar del incremento en ingresos antes de la covid-19».
A pesar de que la media de ingresos mensuales por hogar incrementó de $274 a $500 entre 1999 y 2019, la clase media salvadoreña osciló entre 17 % y 24.6 % de la población. Este crecimiento de los ingresos, dice el BID, «ha sido insuficiente» para cerrar la brecha con los países de Latinoamérica, donde la clase media promedia un 32 % de la población.
En el mismo periodo, se vio «una considerable expansión» de la población vulnerable y este grupo pasó de representar un tercio a casi la mitad de la población total del país.
En concreto, las estimaciones del BID sugieren que la tasa de pobreza de El Salvador podría incrementarse este año en cerca de 7.4 puntos porcentuales, es decir, en unas 478,000 personas adicionales con ingresos diarios menores a $5 por día. La clase media consolidada se reduciría de 25 % a 19 % de la población en 2020.
José Andrés Oliva, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, afirma que la vicisitud económica, a raíz de los cuatro meses de cierre de actividad productiva, ha sido generalizada y afectó a una gran porción de la población.