Transcurridos casi dos años de haber redactado mi última publicación, en la que defendía la tesis de que la transición democrática había llegado a su fin, la pregunta es: ¿qué sigue después? Nayib Bukele ganó la elección contundentemente e inició el 1 de junio de 2019 su período presidencial, que ha estado marcado por la fuerte confrontación que mantiene con las fuerzas de oposición. La crispación de unos y otros se explica pues, si de un lado se busca anular contrapesos para no sólo ganar el juego, sino poder también cambiar las reglas del juego (lo que implica incluso reformas a la Constitución), y si del otro, en riesgo de caer en la irrelevancia, se trata nada menos que de alcanzar la supervivencia política. Así de honda la crisis de los partidos “tradicionales” que se alternaron en el poder y lo monopolizaron por más de 30 años. El descrédito de la clase política (“los mismos de siempre”) es la principal clave de interpretación para explicar el éxito del movimiento de las “nuevas ideas”. Es más que un simple relevo generacional.
No es de esperar que los exabruptos presidenciales (incluido el del pasado 31 de enero, con el saldo trágico de dos militantes del FMLN asesinados) vayan a afectar la posibilidad de que el partido del mandatario logre buena cantidad de alcaldías y, en la Asamblea Legislativa, mayoría simple por sí mismo y mayoría calificada al sumar a los aliados. Si se concreta tal resultado el cambio del escenario político será bien grande a partir del 1 de mayo, cuando los diputados electos tomen posesión. El Ejecutivo no sólo tendrá apoyo parlamentario a sus iniciativas, también podrá colocar a funcionarios de confianza en los cargos por elección de segundo grado, donde los legisladores nombran con mayoría de los dos tercios. En El Salvador la democracia podría llegar a convertirse en una “dictadura de la mayoría”. Será cosa del pasado la virulenta confrontación entre los poderes del Estado. En las alturas reinarán la paz y el consenso. Posiblemente muchos lo vivirán como un alivio
Una paserale ubicada sobre el desvío del municipio de Izalco, en el departamento de Sonsonate, ha sido saturada con propaganda por los distintos partidos políticos que compiten en las elecciones de diputrados y alcaldes de 2021. Foto de El Faro: Víctor Peña.
Pero al decir de algunos, el régimen podría entonces evolucionar a un autoritarismo conservador-populista semejante al de Jacir Bolsonaro en Brasil, o a lo que fue la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. A mí me parece improbable tal pronóstico, pues no veo que se dé en El Salvador algo esencial: el respaldo del gran poder económico. En el país es un poco al revés: buena parte de la oligarquía más bien ha atacado al gobierno de Bukele, quien a su vez lanzó ataques, incluso personales, contra la figura del presidente de la Anep, Javier Simán. La nueva fuerza política Nuevas Ideas, así como había sido antes con el liderazgo de Tony Saca, me parece que refleja la emergencia de un nuevo sector de la burguesía, de un grupo dirigente en ascenso, que enfrenta a la vieja hegemonía oligárquica.
Otra alternativa pensable fuera que este caudillismo de nuevo cuño impulsase una “democracia popular” al estilo de la implantada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, por Fidel Castro y su hermano Raúl en Cuba o por Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. La posibilidad de tal deriva explicaría que Bukele sea calificado de “dictador” por la derecha. Sorprende un poco que coincidan en tal descalificación izquierdistas locales. Estos han venido defendiendo a dichos líderes y sus modelos, donde hay fuerte concentración del poder, o igual aplaudieron a caudillos como Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia o Néstor Kirchner en Argentina. Ganados de repente por la ideología pseudo-liberal-democrática, se rasgan ahora las vestiduras ante cualquier transgresión de los procedimientos y los principios del anacrónico liberalismo político.
Elaborada esa filosofía política en el siglo XVII, en función de las necesidades de la burguesía de la época, ya va siendo hora de repensar desde la izquierda si la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos o el ejercicio del tan desprestigiado debate parlamentario, siguen manteniendo su vigencia a estas alturas del siglo XXI. La maquinaria de la democracia liberal, el parlamentarismo burgués y su filosofía política no interesan mayormente a la masa popular. No por ignorancia o por falta de información (aunque hay incluso una tesis de maestría que sostiene esta idea). Los reiterados enfrentamientos del Ejecutivo con el Legislativo, y más tarde con el Poder Judicial, han sido vistos por la gente sencilla como maniobras politiqueras donde los opositores buscan ponerle zancadilla al gobernante. No despiertan mayor interés en el ciudadano común y corriente.
Una democracia de raigambre popular, en donde la voluntad del pueblo sea entendida como voluntad general y respetada como tal (como reclamaba Rousseau en tiempos precursores de la revolución francesa), debería abrirse paso empujando más allá de sus límites el edificio liberal-burgués. Eso es lo que está en juego en nuestro país, donde la lucha de clases impulsa el proceso más allá del entramado previsto en el Acuerdo de Paz. Abre posibilidades de que la organización y movilización de la gente, que ha sabido deshacerse de la acomodada y vieja clase política, utilizando a Nayib Bukele como su instrumento, reasuma su protagonismo. Ese de las mayorías populares por las que clamaba el sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría.
*Ricardo Ribera es historiador y filósofo, catedrático del Departamento de Filosofía de la UCA y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la UES. Autor de los libros «Tiempos de Transición» (UCA, 2018) y «Dialéctica del proceso» (UCA, 2020).