Ni judicializar la política ni partidizar la justicia

Ni judicializar la política ni partidizar la justicia

Última actualización: 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 16:54 | por Félix Ulloa

En una sociedad democrática que se precie de vivir en un estado de derecho, tanto la justicia como la política transitan en sus propias vías. Por lo tanto, no existe la preocupación de que la administración de la justicia sea influenciada por intereses partidarios, ni tampoco que los grandes temas que ocupan a la política, sobre todo en el campo electoral, se tenga que dirimir en los tribunales.

No obstante que ambas aspiraciones, se materializan como regla general en sociedades con democracias consolidadas, existen excepciones que confirman la regla.

a) La partidización de la justicia.

En México se habla con mucha frecuencia del uso faccioso de la ley. Múltiples denuncias contra su aplicación sesgada por parte de los tribunales y agentes auxiliares como el Ministerio Publico y cuerpos policiales, demuestran que cuando se utiliza la ley como mecanismo de premio o castigo político, se genera inmediatamente una perversión en la administración de justicia.

La famosa frase: ”Para mis amigos justicia y gracia y para mis enemigos la ley” se le adjudica tanto a Benito Juárez como a Plutarco Elías Calles, y Miguel Ángel Asturias, también se la endilga al tirano Estrada Cabrera. En todo caso, la moraleja es que no se puede ni se debe usar a los tribunales como instrumentos del poder político, para favorecer a unos o perjudicar a otros. Y los partidos políticos principalmente, deberán de alejarse de la tentación de manipularla, con fines que legítimamente pueden alcanzar en las arenas políticas y electorales.

Distinta es la noción del papel político que juegan y deben desempeñar, sobre todo los altos tribunales de justicia, en la formulación de políticas públicas. En algunos casos, las decisiones de esos magnos órganos confrontan a otros poderes del estado, como es natural en el sistema republicano basado en la independencia entre órganos fundamentales, que garantiza el balance de poder, mediante el sistema de los pesos y contrapesos (check and balance)., De esa manera, la Suprema Corte de los Estados Unidos, modificó mediante sendas sentencias varias de las políticas que el presidente Roosvelt había aprobado para implementar su gran programa socio económico conocido como el New Deal.

En nuestro país, la Asamblea Constituyente que en 1983 creo la Sala de lo Constitucional lo hizo con la clara responsabilidad de que estaba dando a luz una instancia a la cual se le concedían poderes amplios y suficientes, capaces de modificar situaciones de gran interés nacional y que por lo tanto no debería estar atada a ningún tipo de interés particular, especialmente de los partidos políticos, quienes por medio de sus diputados en el Órgano Legislativo, tendrían la posibilidad de incidir en su integración. Así en la Exposición de Motivos de la Constitución dejaron consignado:

“Estimó además la Comisión que debiese ser la propia Asamblea Legislativa la que designara a los miembros de la Sala de lo Constitucional, en atención a que ellos ejercitan una función y administran una justicia que reúne caracteres de orden políticos, no de política partidista, sino de aquella que se refiere a la interpretación de las normas constitucionales que son normas políticas”.

De tal suerte que, a casi treinta años de su vigencia, hemos podido observar a una Sala de lo Constitucional que ha dada pleno cumplimiento a ese espíritu del legislador constituyente; y, a partir del 28 de julio de 2010 inaugurar una serie de sentencias que con toda propiedad podemos calificar de altamente políticas, las cuales han cambiado el rostro de nuestra institucionalidad política-electoral, para beneficio de nuestra salud democrática, sin caer hasta hoy, en ese tentador riesgo del uso faccioso del poder de aplicar la ley..

b) La judicialización de la política.

En el caso de que por la vía judicial se hayan definido resultados electorales, lo vimos de la manera más dramática cuando en los Estados Unidos de América, las cuestionadas elecciones presidenciales del año 2000 y los fraudulentos resultados en el estado de Florida, terminaron colocando a esa gran nación, al nivel de cualquier república bananera.

Después de arduas batallas legales en las instancias judiciales estatales y regionales, se presentó a la Suprema Corte un writ of certiorari, y el máximo tribunal emitió el fallo Per Curiam, es decir la opinión de la corte no de sus jueces, tratando de ocultar su división pues de los nueve Magistrados que la integran 5 votaron a favor de George W. Bush y 4 en contra. Así, el día 12 de diciembre de 2000 por la diferencia de un voto se decidió quien sería el Presidente de la nación más poderosa del planeta.

Más grave aún ha sido la tendencia a criminalizar la política. Las conductas irregulares de los líderes y dirigentes políticos, que en no pocas ocasiones han lindado con hechos delictivos, ha llevado a una pérdida de la confianza social en los políticos y en los partidos políticos. Se generalizó la idea que la política es una cosa sucia, que entrar en ella es sinónimo de corrupción e impunidad, etc. Con esta visión generalizada perdemos todos. Los ciudadanos que nos quedamos sin un referente fundamental en la democracia participativa, como son los partidos con sus funciones de representación e intermediación; el sistema democrático que se debilita al perderse la confianza en estas instituciones que le son consustanciales; y, finalmente los mismos partidos y sus liderazgos que se vuelven constantemente bajo sospecha y objetos de regulaciones cada vez más restrictivas, como las leyes contra el lavado de dinero, el tráfico de influencia y en nuestro país, con sentencias constitucionales limitando sus tradicionales prácticas clientelares dentro del estado.

Por lo anterior, debemos ser muy prudentes en este periodo eleccionario bastante sui generis que se está llevando a cabo. Existen preferencias por partidos y candidatos que son naturales y además necesarias. De que otra manera se podría realizar un torneo electoral si no hubiera legítimos contendientes y sus seguidores o adherentes?. Pero en una competencia democrática como la que pretendemos se realice en nuestro país, existen reglas y una normativa que se debe respetar, una autoridad electoral que pese a sus deficiencias sobre todo en materia de aplicación de la justicia electoral, dada su composición partidista y falta de independencia, goza aun de la confianza social legada por las anteriores administraciones electorales, de la post guerra.

Por tanto, dejemos a las instancias del sistema electoral, que van más allá del TSE, pues están los organismos electorales no permanentes (JED; JEM y JRVs), la Junta de Vigilancia, la Fiscalía Electoral y la Observación Electoral, que jueguen su papel. Recurrir al Órgano Judicial, particularmente a la Sala de lo Constitucional es válido si se tiene la convicción de que se están violentando derechos o principios constitucionales, con la claridad que será la Sala quien determinara tal situación.

Apostar a la descalificación de un adversario político por la vía de la jurisdicción constitucional, no solo es ir por el rumbo equivocado y aumentar innecesariamente el volumen de trabajo de la Sala, que de por si es muy alto, sino que se corre el riesgo de crispar innecesariamente el ambiente político, involucrando instancias cuya activación debe ser objeto de fines superiores.

En periodos eleccionarios hay que dejar que sea el soberano quien se exprese, y para ello hay que brindarle las facilidades para que lo haga de manera clara, segura, transparente y sin que se le manipule su voluntad o peor aún los resultados.

Las falencias del sistema electoral se han señalado amplia y oportunamente, algunas se pudieron corregir satisfactoria o deficientemente, las que quedaron pendientes habrá otro momento para abordarlas.

Hay mucho trabajo por delante en la modernización y democratización de nuestro sistema político y electoral. Desde los vacíos, inconsistencias y contradicciones en la Constitución, hasta una adecuada regulación del financiamiento de los partidos políticos, de las campañas electorales, de la representación proporcional en los Concejos Municipales, el voto en el exterior y dentro de todas ellas, las listas abiertas y desbloqueadas en las elecciones legislativas, quizás la más importante de las reforma pendientes.

Es decir que la lucha democrática continúa. Y estamos listos a seguir en la batalla.

Pero en este momento preciso, nuestro llamado es a no partidizar la administración de la justicia ni tampoco judicializar la trabajo político de los partidos.

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