Transcurrieron 32 años de construcción democrática que iniciaron con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Así comenzó la transición de la guerra a la paz. En ese periodo, y con las elecciones de este domingo 4 de febrero y 3 de marzo de 2024, culminaremos siete elecciones presidenciales; 11 elecciones legislativas y municipales; 7 bancadas al PARLACEN. Esa fuerte calistenia electoral contribuyó a los avances -hoy perdidos-, de contrapesos institucionales. Fue en aquel contexto de una elevada polarización política en que floreció el debate y los consensos, las reglas de una incipiente separación e independencia entre los poderes del Estado. El país fue reconocido por el creciente avance institucional que abonó al proceso democrático, el pluralismo y la alternancia en el ejercicio del gobierno; hoy amenazados por la imposición de la candidatura inconstitucional de Bukele para la reelección.
El clima político de esta elección está gravemente polarizado por Bukele, quien controla todos los poderes del Estado; decidió cerrar los mecanismos de diálogo con las fuerzas políticas y sociales; ha desplegado un férreo Régimen de Excepción encarcelando a más de 75,000 personas, la mayoría inocentes, sin el respeto por los Derechos Humanos, ni las más elementales garantías procesales; más de 180 han fallecido en cautiverio, organizaciones de Derechos Humanos han presentado evidencias y testimonios de reclusos torturados bajo responsabilidad de agentes del Estado; las comunidades están militarizadas. Mientras faltan maestros en las escuelas, Bukele decidió incrementar el número de efectivos del Ejército a 40,000, hasta convertirlo en la fuerza letal más grande de la región Centroamericana; cercenó las libertades democráticas, encarcela opositores; crece la amenaza y persecución sobre movimientos gremiales, organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente.
Durante el régimen de Bukele, el país ha retrocedido en la lucha contra la corrupción; aun con la existencia de una docena de expedientes sobre sonados casos de corrupción de esta administración, que la misma CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador) -creada por el Gobierno- entregó al mandatario y al fiscal general. Dichos expedientes permanecen en el olvido. El denso manto de la opacidad ha vuelto inaccesible la información pública. En reciente informe de CRISTOSAL, “Reporte sobre el estado de la transparencia: Instalación de la opacidad”, muestra que, de 1463 solicitudes de información pública, 1063 se negaron, aun cuando la ley determina con claridad la información que debe ser del dominio público. En esta parte administrativa encubren información sobre auditorías a instituciones del estado, bases de licitación, adjudicación de millonarios contratos sobre proyectos gubernamentales; lo mismo ocurre en cualquier área de este Gobierno.
El Gobierno impuso un abultado paquete de reformas electorales inconsulto al Tribunal Supremo Electoral. Estos cambios, ocurridos a menos de un año de la elección y cuando el proceso electoral había iniciado, desnivelaron la competencia, favoreciendo al partido oficial. Primero desmontaron el artículo del Código Electoral que impedía nuevas reformas a menos de un año de las elecciones. A partir de ahí, redujeron los escaños de 84 a 60, so pretexto del presupuesto legislativo que nunca se redujo en proporción; cambiaron la fórmula repartidora del sistema Hare de cocientes y residuos que favorecía la representación plural de minorías en el Congreso, imponiendo el sistema D’Hondt para concentrar más escaños en la bancada de Bukele; canalizarán los votos de residentes en el exterior, -sin importar su origen territorial- a la circunscripción de San Salvador, vulnerando así el principio de representación. Además, buena parte de la organización y logística para el voto en el exterior es manejada por Cancillería, sin el control que por ley le corresponde al TSE, y sin cumplir el derecho de vigilancia que por Constitución les corresponde a los Partidos Políticos. Desde el seis de enero que inició la votación por internet, abundan las evidencias en redes sociales, de cómo esa misma maquinaria gubernamental está volcada a la inducción y presión del voto a favor de Bukele.
La falta de liderazgo y conducción del TSE, su evidente renuncia a la función jurisdiccional, a la actuación de oficio, el silencio por miedo al omnímodo poder de Bukele, terminaron anulando la personalidad y capacidad de arbitraje sobre el proceso electoral; se les acumularon demandas sin resolver sobre campañas adelantadas, propaganda sucia, participación ilegal de funcionarios en campaña, uso de recursos del Estado, inauguraciones fuera de tiempo; hasta terminar ninguneados. Solo una elevada y consciente participación electoral puede rescatar la construcción democrática. Salgamos a votar.