La situación de las personas trabajadoras salvadoreños
El empobrecimiento sostenido de las grandes mayorías del pueblo, es el resultado de la continua y deliberada acción de los grupos económicamente dominantes que ha medrado el poder y orientado las políticas públicas y el rol del Estado a fortalecer sus intereses y negocios, para incrementar su riqueza, en detrimento del pueblo trabajador.
Luego de procesos de neoliberalismo, corrupción, privilegios políticos, alto endeudamiento externo, y baja inversión privada en la economía, la situación nacional es crítica.
Sin una distribución de la riqueza equitativa, la estructura económica del país, no tiene capacidad de absorber la creciente fuerza de trabajo de miles de salvadoreños, hombres y mujeres, que cada año no logran ingresar al mercado laboral. El panorama laboral de las y los salvadoreños es insuficiente; muchos, arriesgando hasta su vida, se ven empujados a dejar el país, a emigrar en busca de oportunidades de empleo en otras tierras. El país cuenta con una población económicamente activa –PEA-de más de 3,033,381*; y sólo hay alrededor de 855,350 personas trabajadoras registradas en el seguro social, este dato, deja fuera de cobertura de salarios mínimos, protección social y servicios de inspección de condiciones laborales a más de dos millones de salvadoreños.
De los trabajadores registrados al ISSS, unos 167,994 son empleados públicos, el 85 por ciento del total ganan menos de 2 salarios mínimos y cerca de 237,000 trabajadores sólo recibe por sus trabajos el salario mínimo de 304.17dólares en la industria y los servicios; y, de 299.30dólares en la maquila textil.
Un dato a tener en cuenta, es que, por la situación de violencia social y falta de políticas efectivas de inserción económica productiva, cada vez menos mujeres en edad productiva se incorporan a la actividad económica o, las que, estando activas, son excluidas de ésta, y se ven obligadas a asumir responsabilidades no remuneradas en la economía de los cuidados.
Es prioritario, para construir un país con justicia social, resolverla enorme desigualdad en el empleo y en el salario, generando mecanismos de distribución y redistribución de la riqueza, mediante mejores salarios, contratación colectiva y una política fiscal progresiva en la que paguen más los que más tienen. Las políticas de crecimiento que tradicionalmente se han implementado en El Salvador han tenido un carácter sectorial y no ha existido una estrategia de crecimiento de largo plazo que integre tanto una visión de crecimiento como de generación de empleo.
El uso ineficiente de los factores productivos, particularmente por la subocupación laboral y la fuerte informalidad, disminuyen la productividad laboral impactando negativamente en las remuneraciones. También, afectan la productividad nacional, el uso abusivo de la tierra por los monocultivos, el acceso privilegiado a los recursos financieros y a la infraestructura productiva. Por todos estos factores, el tema de empleo digno, con salarios justos y protección social, es desde ya, una tarea inmediata para el nuevo Gobierno y su Ministro de Trabajo y Previsión Social.
*Informe de Coyuntura del ISSS, de marzo 2019 (https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/293038/download)
**Idem
***Idem
Un Estado fortalecido para el desarrollo del país
Una democracia real se construye con sociedades que tienen un respeto sustantivo por los derechos humanos, donde los derechos laborales forman parte integral de los mismos. En esta línea, entendemos que los sindicatos tienen un papel único dentro de la sociedad, pues en ellos reside la capacidad de trabajar a través de su representación y presencia, procesos de sensibilización y defensa laboral en los lugares de trabajo por un ejercicio pleno de los derechos humanos y en contra de los atropellos a la clase trabajadora.
La discusión global, luego de la crisis financiera (2008) y después de implementado el neoliberalismo, ha puesto nuevamente, en el mundo y en nuestro país, el debate sobre la importancia de lo público. Es, por tanto, un punto de inflexión histórico, para reivindicar servicios públicos de calidad, para fortalecer las instituciones del Estado y que sean capaces de brindar a todos los ciudadanos los mejores servicios públicos con calidad, calidez, suficientes, oportunos, inclusivos y sin privilegios.
Abogamos, porque se dé un cambio en la formulación de las políticas públicas, de tal forma que estas respondan a la solución de los principales problemas del país y de la sociedad; y, que se formulen desde la territorialidad, con la gente, con enfoque incluyente y contra toda desigualdad.
Es tiempo, de que la ley no sólo sea letra, sino acción y solución a los problemas de las personas, es tiempo, de dar vida a la ley de desarrollo y protección social, aprobada en 2014, pero que no logra trascender por falta de recursos, por no tenerla como centro en la ejecución presupuestaria, es tiempo, de que se haga realidad una mejora sustancial en la protección social y desarrollo humano de la gente, sobre todo de la que más lo necesita.
El marco de gobernanza de la convivencia ciudadana debe estar fundamentada en un sistema de leyes democráticas que contengan los elementos de justicia social, que se sustente en el consenso de las mayorías y que respete los intereses diversos del conglomerado social.
El Estado y sus instituciones, los funcionarios y las personas trabajadoras del aparato público, deben estar al servicio de la ciudadanía, no de grupos económicos, elites políticas, o intereses corporativos.
El Estado, debe ser el ente rector y coordinador del desarrollo sostenible, es el responsable de las grandes políticas públicas, de educación, salud, vivienda, medio ambiente, trabajo, crecimiento económico, fiscalidad, seguridad, convivencia ciudadana; debiendo integrar en su ejecución a todos los actores y sectores. Que bien, que la nueva gestión gubernativa, pretenda aclarar que no es un partido político el que está al frente del gobierno, y se institucionalice que son los intereses nacionales y no de grupos específicos los que prevalecen en el hacer del Estado, evitando favorecer a personas o grupos como en el pasado.
Ha llegado el momento de un nuevo ciclo de reformas para poner al Estado en función de la gente y evitar que sea instrumento de la codicia corporativa.
Nuestro país necesita del protagonismo serio del gobierno, en función de las grandes mayorías y de quienes poco o nada tienen para sobrevivir, en ese marco, necesitamos que se atiendan y se resuelvan las necesidades, los temas y reivindicaciones demandadas históricamente por la clase trabajadora organizada, representativa y consecuente.
LAS PERSONAS TRABAJADORAS ANTE LOS RETOS DEL TRABAJO FUTURO
Los cambios en el mundo del trabajo, dados a nivel planetario, tienen incidencia en nuestro país, en el diagnóstico de las condiciones de trabajo que indica debilidad y deficiencias de un trabajo decente y una fuerte institucionalidad.
En El Salvador prevalece un alto grado de precarización del trabajo, situación que hace ya 100 años se denunciaba, en el marco de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cuando se decía que “Existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales…además que no es posible alcanzar una paz universal y permanente sin la justicia social.”
En esta discusión, el debate de fondo no sólo es desde el enfoque de los cambios tecnológicos y la inminente homologación de los sistemas productivos que buscan las empresas en los países, sino también, es preciso incluir el debate sobre las relaciones laborales que se deterioran con dichos procesos. La nueva era de la revolución 4.0 y las tecnologías 5G, podrían ser una oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo, pasar a la generación de riqueza desde el desarrollo de conocimiento; para lograrlo se debe mejorar el sistema educativo en ese sentido. Estamos convencidos que hay que pasar del extractivismo de los recursos naturales y la usura especulativa, a desarrollar pensamiento, creatividad e innovación.
Debemos cambiar nuestro sistema de relaciones laborales, y especialmente asegurar los mecanismos equilibradores para la convergencia entre producción, plus valor, capital, trabajo, bienestar y un salario que cubra el costo de la vida.
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
Con la aparición de China, como la gran potencia económica, los problemas de productividad y crecimiento de la producción en los Estados Unidos y Europa Occidental, el mundo ha entrado a una nueva era, que se inscribe además en el momento de una nueva revolución tecno científica.
Para las personas salvadoreñas, se presenta una oportunidad de insertarnos en esta nueva era; por tanto, es prioritario identificar nuestra mejor competitividad y apertura de espacios para desarrollar conocimiento y mayor valor agregado en la producción.
En esta era, somos 10 millones de salvadoreños, los 7 de acá y los 3 en Estados Unidos y el resto del mundo, ese es nuestro potencial de inserción. La institucionalidad debe crear esfuerzos conjuntos que permitan aprovechar la salvadoreñidad, su laboriosidad, su inventiva, y desarrollar talento que genere innovación y cree un nuevo entorno para un modelo de desarrollo más humano, más inclusivo y más integrador.
Trabajar en ese nuevo orden, pasa por poner al centro el interés de quienes conformamos la nación.
EL NUEVO GOBIERNO Y LA CLASE TRABAJADORA
A partir del uno de junio de 2019 hasta el uno de junio de 2024, NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ, presidirá el Gobierno de la República, será responsable de la dirección del aparato del Estado, de rescatar y respaldar lo institucional y las políticas públicas.
El Gobierno debe desarrollar una administración consecuente con los intereses de la gente, eficaz, con sistemas de gestión presupuestaria, costo eficiente y verificación de resultados, con mecanismos de trasparencia, con participación y control ciudadano, con rendición de cuentas exhaustivas y permanentes.
NUESTRAS DEMANDAS
Nuestra posición será en defensa de los intereses de la clase trabajadora, han pasado suficientes años de ajuste estructural y una aplicación de las recomendaciones del Consenso de Washington, sin lograrse los objetivos de crecimiento, empleo, bienestar y prosperidad que habían pregonado.
Entre los factores que determinan la realidad del país y justifican la urgencia de un cambio de modelo de desarrollo tenemos los siguientes: la dependencia de la economía de los Estados Unidos; la falta de inversión del sector productivo en la tecnificación obrera; la debilidad estructural de las finanzas públicas; la exclusión y la marginación social; el problema de inseguridad; la polarización política y social; la vulnerabilidad ambiental, entre otros.
Por tanto, es imperativo que se construya en nuestro país una concepción de desarrollo que, desde nuestra visión social y sindical, se sustente sobre los pilares del Trabajo Decente; la Distribución y Redistribución de la Riqueza; la Democracia Participativa; la Protección e Inclusión de todas y todos, y de grupos excluidos; la Justicia de Género y Ambiental, integrando así las dimensiones económica, social, ambiental y política, en las políticas públicas y en la gestión del Estado.
El Salvador, no puede seguir atendiendo y administrando una agenda dictada desde los organismos financieros internacionales como el BM, FMI, etc., debe seguir su propia agenda en función del interés de la gente y de la mayoría trabajadora.
ANTE ELLO PLANTEAMOS AL NUEVO GOBIERNO Y AL SECTOR PRIVADO
Las organizaciones que suscribimos este manifiesto, asumimos el reto de construir una propuesta organizativa atractiva, objetiva, representativa y progresista, para los miles de trabajadoras y trabajadores informales, cuentapropistas, campesinos, profesionales en libre ejercicio.
En síntesis, reivindicamos el derecho a empleo con criterios de trabajo decente; a una jornada laboral; a la seguridad, salud y previsión social; a salarios justos; a vacaciones remuneradas; aguinaldos y bonificaciones por productividad; a licencias por maternidad y desarrollo formativo; a educación y formación profesional; y, a la representación sindical efectiva.
Los sectores sindicales estamos en el proceso de replanteamientos políticos y reivindicativos, por una acción sindical constructiva y de desarrollo para la clase trabajadora; sin discriminación, ni marginación, abierta, unitaria e inclusiva; en lucha por mayores transformaciones jurídicas, socio laborales y económicas, para erradicar la explotación laboral, la violencia en el mundo del trabajo, para frenar la manera abusiva y arbitraria de organizar el trabajo, para reivindicar a las personas trabajadoras salvadoreñas, presentando la siguiente plataforma:
PLATAFORMA POR EL TRABAJO DECENTE Y LA JUSTICIA SOCIAL
SALARIOS DIGNOS Y PROTECCIÓN SALARIAL
*Las personas trabajadoras, en todos los ámbitos de la economía, deben tener asegurado un ingreso que les permita vivir con dignidad a ellos y su familia.
*Para los trabajadores y trabajadoras de la economía formal un salario mínimo ajustable anualmente, conforme a lo dispuesto en el convenio 131 de OIT, sobre la fijación de salarios mínimos, que establece: (a)las necesidades de las personas trabajadoras y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; y, (b)los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.
*Para los trabajadores y las trabajadoras en la economía no formal, un salario mínimo por hora trabajada equivalente a los salarios por hora y que se incluya un factor de 0,23 en concepto de prestaciones sociales. ØLos salarios en el sector público no deben ser mayores que el del Presidente de la República.
*IVA cero a los bienes y servicios de la canasta básica, que afecta los salarios mínimos y el ingreso, con la definición de una política de no aumento a los precios de la misma.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
*Combate a la corrupción en todos los niveles
*Dotar del talento humano, recursos tecnológicos y económicos a las instituciones encargadas de la política social
*Política fiscal progresiva
*Combate frontal a la evasión y elusión fiscal
*No al incremento del IVA
*Mejora de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la convivencia comunitaria
*Reforma constitucional para: La no privatización del agua y la aprobación de la ley general de aguas
*Educación básica y superior gratuita
EMPLEO DIGNO
*Desarrollo de política de promoción de empleo digno
*Aseguramiento de condiciones de inserción laboral para desestimular la migración laboral y facilitar el retorno de población migrante deportada, conforme lo estipulado en el Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular de 2018
*Adoptar las medidas de política pública, sugeridas en la recomendación 204,de OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal, para elevar el potencial productivo, mejorar las condiciones de trabajo, y mejorar la inclusión social
*Promoción y fomento de la estabilidad laboral
*Respeto al debido proceso en materia de derechos laborales, que eviten la injusticia social
*Promoción plena de las libertades sindicales.
*Fortalecimiento de la Administración del Trabajo: inspección del trabajo, inspectoría cruzada Ministerio de Trabajo, ISSS, Ministerio de Hacienda; protección contra riesgos profesionales; fomento del diálogo social,
*Potenciación y fortalecimiento de la participación del sector obrero dentro del tripartismo en iguales condiciones que la sumatoria del Estado y Empresa juntos, e inclusión laboral en todas las instancias de gobierno en que sólo está incluida la representación de los empleadores
*Fortalecimiento de la equidad en las relaciones laborales
*Fortalecimiento de la formación profesional
*Ante la tercerización laboral, es necesario la aprobación de una ley que regule la actividad de subcontratación y tercerización de las relaciones laborales, conforme la Recomendación 184 de la OIT, sobre la relación de trabajo
*Poner en práctica el pacto mundial por el empleo
*Aprobación de los Convenios: 102 sobre la seguridad social (norma mínima) 177 sobre la protección de los trabajadores en el trabajo a domicilio, 184 sobre la protección en la agricultura, 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo
*Aprobación de la Ley de Identidad de Género y el cumplimiento al Decreto Ejecutivo 56 sobre la no discriminación por identidad u orientación sexual en los lugares de trabajo.
*En términos de reformas laborales como proyectos o anteproyectos de ley, como la ley del servicio civil y cambios de jornada laboral, nos pronunciamos en oposición a leyes desfavorables a los intereses de las personas trabajadores.
PROTECCIÓN SOCIAL
*Legalización de las tierras para vivienda al sector comunal, acceso a créditos y desarrollo social de las comunidades en cuanto a los servicios públicos.
*Nacionalización del actual sistema privado de pensiones, y adaptación del sistema de protección social a los principios y orientaciones del Convenio 102, de OIT sobre la seguridad social y de la recomendación 202, sobre los pisos de protección social.
*Mejoramiento de la protección social, la salud y seguridad en el trabajo; salud, maternidad, asistencia social; y, suficiencia de las pensiones.
*Cumplimiento estricto de la ley de equidad, proteger legalmente a grupos excluidos y marginados de los derechos como a las personas LGBTI; discapacitadas, adultas mayores; y, pueblos originarios.
*Desarrollar el seguro por la cobertura ante riesgos de cesantía laboral
*No privatización de servicios públicos, como tampoco asocios público-privado, ni concesiones de las instituciones y empresas del Estado
*Fortalecimiento de la red pública de prestación de los servicios básicos con calidad
*Respeto pleno al principio de legalidad, respeto al principio de seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho.
*Protección, ampliación y profundización de los programas sociales, ampliación de la pensión básica universal-PBU, paquetes escolares, salud gratuita de calidad, subsidio a gas, energía y transporte a personas trabajadoras con ingresos menores a mil dólares.
Confederación Sindical de Trabajadores salvadoreños, CSTS
Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES
Federación de Sindicatos de Trabajadores Azucareros de El Salvador, FEDEAZUCAR
Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguro, CONPHAS
Frente Social y Sindical Salvadoreño, FSS
San Salvador, 13 de agosto de 2019