El Equipo Ad Hoc para el estudio y propuestas de reformas a la Constitución de la República, creado a iniciativa del presidente de la República, invitó a distintas organizaciones de sociedad civil a una presentación del proyecto para reformar casi toda la Constitución. Es válido actualizar la Constitución en debida forma, pero este proceso, y bajo el actual contexto, no otorga condiciones de legitimidad democrática.
Ester es un proyecto impuesto desde Casa Presidencial. Tras eventos como la ocupación militar de la Asamblea del 9F, el golpe de estado del 1M, y la imposición inconsulta del Bitcoin, es imposible confiar en quienes quieren reformar la Constitución.
El anteproyecto de reforma constitucional se preparó con poca transparencia, y sin una verdadera participación de la sociedad. Pero, además toda la reforma está sujeta a la aprobación exclusiva del presidente, ratificándose el origen vertical de esta iniciativa.
Las reformas constitucionales deberían estar sujetas al control de una Sala de lo Constitucional legítima e independiente. Tras el golpe de estado del 1M, los magistrados impuestos en el tribunal constitucional carecen de legitimidad y no dan garantías de una revisión independiente.
No es necesario reformar la Constitución para muchos de los cambios propuestos. Algunos aspectos ya están recogidos en la jurisprudencia constitucional y otras soluciones pueden realizarse mediante reformas legislativas. Lo que se necesita es el respeto y garantía de los derechos reconocidos en la Constitución vigente.
La jurisprudencia constitucional ya estableció que el tiempo de espera para la reelección presidencial no puede reducirse de dos a un periodo después de terminar el primer periodo para ejercer la presidencia. El Gobierno pretende modificar esa cláusula pétrea.
Antes de reformar la Constitución, deben existir condiciones democráticas, que garanticen efectivamente los derechos de las personas y debe restaurarse el orden constitucional roto por el golpe de Estado del 1M.
Estamos abiertos a participar y aportar en los proyectos de desarrollo y bienestar del país. Pero mientras no se generen condiciones democráticas, existe el riesgo de que nuestra participación se use solo para dar una apariencia de legitimidad a un proceso que no la tiene. Por ello no participaremos. ¡Así no!
San Salvador, 17 de agosto de 2021