Texto Originalmente publicado en Revista América Latina (Universidad ARCIS, Chile), 10 (2011)
La historia de El Salvador en la era republicana ha sido caracterizada por abismales desigualdades en el engranaje de las relaciones sociales y la estructura del poder. Es notorio el uso histórico del término “Las 14 Familias” que fue utilizado para denotar a la oligarquía cafetalera que se cimentó en las reformas liberales del último cuarto del siglo diecinueve y que dominó al país por un siglo (1880-1979).
En el ideario popular “Las 14 Familias” se resumió en la simple noción de “La Oligarquía” e incluso se sigue utilizando has el día de hoy para identificar a las contadas familias que siguen controlando el nuevo poder económico en la era neoliberal. Pero desde el punto de vista conceptual/analítico, nos podemos preguntar: ¿Cómo ha cambiado la oligarquía en El Salvador? ¿Cuáles son las nuevas dinámicas políticas y socioeconómicas que caracterizan la composición y comportamiento del nuevo grupo de poder? Durante 20 años (1989-2009), y de la mano del instrumento partidista de la oligarquía, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), El Salvador experimentó la implementación de un programa neoliberal basado en la privatización, la desregularización, la dolarización y el libre comercio que al mismo tiempo constituyó la piedra angular para la reconstitución de la estructura tradicional de poder donde la oligarquía nacional ha logrado consolidarse.
El Salvador cambió aceleradamente durante ese tiempo, de un sistema agropecuario exportador con tintes semifeudales a una economía basada en las finanzas y los servicios. Del mismo modo, la antigua oligarquía cafetalera se ha transformado en una clase financiera dentro del marco de esta nueva economía basada en las finanzas y los servicios, que además se ha convertido en una clase importadora que utiliza el dólar estadounidense como moneda y sobrevive gracias al consumo que sostienen las remesas que los salvadoreños en el exterior, principalmente en EE UU, mandan a sus familias periódicamente.
Por lo tanto, la nueva oligarquía ha cambiado sus viejos fundamentos ideológicos que se basaban en preceptos terratenientes/feudales y retrógrados por el innovador y “modernizante” mundo de la doctrina neoliberal, pero el resultado macro social de este quiebre ideológico ha representado simultáneamente un continuismo del privilegio y la desigualdad en El Salvador, y de hecho la estructura de poder se ha consolidado e incluso se ha agudizado.
En este contexto, el triunfo electoral del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN), el ex guerrillero partido de izquierda y frontal enemigo de la oligarquía y del neoliberalismo, que ganó la presidencia del país por primera vez en marzo del 2009, tuvo como uno de sus pilares de acción “cambiar” la orientación neoliberal de cuatro gobiernos de ARENA y encaminar al país en un sendero distinto donde las urgencias socioeconómicas de las grandes mayorías desplazaran a los intereses oligárquicos como las prioridades estatales.
No obstante, las promesas de cambio no fueron radicales o substanciales, y es aquí donde yace el gran reto para el gobierno del FMLN: al prometer medidas cosméticas y superficiales sin abordar la base fundamental de las desigualdad social y la pobreza, es decir el sistema oligárquico en sí, el FMLN ha asegurado la continuidad del sistema que implementó ARENA a favor de un puñado de oligarcas.
Nada más que un cambio radical podría desmantelar la consolidación oligárquica neoliberal, es decir, la raíz de los problemas más básicos que el país enfrenta. El siguiente artículo intentará facilitar un análisis crítico de esta problemática salvadoreña dentro del marco de los desafíos que se han venido fraguando en el periodo de la posguerra y que condicionan la evolución política y socioeconómica del país: el neoliberalismo, la consolidación oligárquica, y los retos del gobierno del FMLN.
La primera sección abordará un análisis histórico de la conformación de la oligarquía cafetalera entre los años 1880 y 1932, mientras que en la segunda sección examinaremos la alianza histórica entre la oligarquía cafetalera y los militares que se pactó para mantener el sistema a flote hasta 1979. La tercera sección presentará un recuento del giro neoliberal que catapultó a una nueva oligarquía dentro del marco de una economía terciaria, importadora y orientada al consumo improductivo, a costa de las mayorías que continúan marginadas y sumidas en enormes desigualdades socioeconómicas.
La cuarta sección buscará presentar un análisis de la creciente identidad transnacional de la nueva oligarquía salvadoreña, tanto para dejar constancia de su nuevo carácter como de su vertiginoso poderío. Finalmente, la quinta sección intentará proporcionar un franco análisis sobre los retos que le esperan al gobierno del FMLN en cuanto a las promesas de cambio y las oportunidades y riesgos, tanto internos como externos, que se avecinan al tratar de enfrentar el funcionamiento y orientación del nuevo sistema oligárquico.
Caracterización Histórica de la Oligarquía Cafetalera
Podríamos argumentar que la oligarquía cafetalera fue exitosa en perpetuar por un siglo su ideología tradicionalista y agraria (de principios de 1880s a 1979) aunque las modalidades hayan cambiado a través de los años. El fundamento económico de la oligarquía cafetalera se cimentó durante las reformas liberales a finales del siglo diecinueve, cuando el régimen de Rafael Zaldívar eliminó por decreto todas las tierras comunales y los ejidos indígenas para abrir paso a la privatización de la tierra y facilitar la expansión del incipiente sector cafetalero (Colindres 1977; Lindo 1980 & 1990; Menjivar 1980; Bradford Burns 1988; Torres Rivas 2007).
En febrero de 1881 se aprobó la “Ley de Extinción de Comunidades” la cual afectó a más del 15% de la tierra productiva del país y ordenaba a los administradores de las tierras comunales campesinas a dividir sus propiedades de forma individual ó a vender las tierras a personas que estuvieran dispuestas a comprarlas (Menjivar, 1980: 100-101).
Esta ley dejaba al descubierto la nueva orientación en el régimen de tenencia de la tierra: “la indivisión de los terrenos poseídos por comunidades impide el desarrollo de la agricultura, entorpece la circulación de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo…que tal estado debe cesar cuanto antes como contrario a los principios económicos, políticos y sociales que la República ha aceptado” (Geoffroy Rivas, 1973: 438) 2
Un año más tarde se aprobó la “Ley de Extinción de Ejidos”, que de igual forma descalificó las tierra comunales “por cuanto anulan los beneficios de la propiedad en la mayor y más importante parte de los terrenos de la República” (Ibíd.). La visión de Zaldívar se basaba en la construcción de un país agroexportador que desechaba todas las formas arcaicas de producción y tenencia de la tierra en favor del dinamismo de la exportación del café que no sólo diversificaría la economía nacional sino que también proporcionaría una mayor fuente de ingresos para financiar la eventual expansión del aparato estatal.
Asimismo, y para asegurar la mano de obra en las nuevas plantaciones de café, Zaldívar introdujo leyes que prohibían “vagancia y trabajo migratorio” y asignaban “jueces agrarios” para controlar la disponibilidad de jornaleros, mientras se autorizaba la expulsión de “intrusos” en todas las nuevas tierras privadas por parte de la recién formadas patrullas policiales comunales (Gordon 1989: 21). El aparato represivo se reforzó progresivamente con la introducción de la Policía Rural en 1889, asignada primordialmente a las áreas cafetaleras.
Es importante señalar que el crecimiento de los cuerpos represivos obedeció a la modalidad de privatización de la tierra. A medida que las tierras comunales y los ejidos perdieron apoyo estatal, la clase dominante, consolidada en el periodo republicano y vinculada con el régimen de Zaldívar, se convirtió en el gran beneficiario de la reforma liberal.
Aprovechando la ambigüedad de las leyes y las brechas legales que éstas permitían, la clase dominante se sirvió de prácticas corruptas, tales como la contratación de abogados inescrupulosos y el soborno de administradores locales, para apropiarse de las mejores tierras del país. A esto se añadió la eventual expulsión forzada de indígenas y campesinos para “limpiar” las tierras y agilizar la explotación cafetalera (Geoffrey Rivas, 1973: 439).
Es aquí donde los cuerpos represivos encontraron su mayor punto de acción: despojando las tierras de forma ilegal y violenta y conteniendo las rebeliones campesinas que se levantaron para combatir los abusos, como sucedió en 1882, 1885 y 1889 (Menjivar 1980: 89; Trujillo 1981). Este proceso de despojo no solamente permitió la base de acumulación originaria para fundamentar el nuevo modelo agroexportador y la base material para establecer la nueva oligarquía cafetalera, sino que también representó el hito en la formación de un régimen socioeconómico fundamentalmente injusto y caracterizado por enormes desigualdades que se reprodujo de forma permanente por casi un siglo.
Según Flores Macal, para 1886 unas cuantas familias, por ejemplo Alfaro, Palomo, Dueñas, Regalado, Escalón y Meléndez, se habían apoderado de 40% del territorio nacional para expandir el sector agroexportador, la mayoría antiguas tierras ejidales y comunales (Flores Macal, 1983: 60). La nueva Constitución de 1886 promulgó oficialmente la privatización de la tierra y el modelo agroexportador como la estrategia nacional hacia el desarrollo, mientras que la emergente oligarquía cafetalera se convertía en la nueva clase dominante que controlaría las riendas del modelo agroexportador y todos los demás sectores económicos del país.
Del mismo modo, esta clase también se constituiría como una élite gobernante ya que miembros de este grupo ocuparon la silla presidencial hasta la tercera década del siglo veinte (Mariscal, 1979: 143). Este proceso de acumulación originaria concluyó en el logro de tres objetivos fundamentales para la consolidación de la nueva oligarquía cafetalera: permitió la despojo de tierras y la 3 liberalización de la mano de obra para sostener al industria del café; propició la inserción de El Salvador dentro de los circuitos del mercado internacional como mono-exportador de café; y eliminó la tradición de gestión de tierras por parte de los gobiernos municipales al centralizar esta gestión en manos del gobierno nacional, lo que a su vez facilitó la transferencia de tierras a los intereses oligárquicos que controlaban el estado nacional.
Para finales del siglo diecinueve, la exportación de café se había convertido en la espina dorsal de la economía nacional, ya que representaba 76% de las exportaciones (esta cifra llegaría a 95% en 1931) y recaudaba más del 80% de las rentas del estado (Geoffrey Rivas, 1973: 439). Del mismo modo, la industria del café se convertiría en el negocio exclusivo de unas cuantas familias oligárquicas que se mantendría hasta 1979, un grupo que se denominó “Las 14 familias” ya que los más poderosos constituían ese número aunque en realidad era mayor (Colindres 1977; Albiac 1999; Paniagua 2002).
En el cuadro 1 se especifican las principales familias que controlaron este rubro hasta mediados de la década de los 1970s, una producción que representaba más de dos tercios de la producción nacional cafetalera y que se llevaba a cabo en la mejor tierra del occidente del país.
Cuadro 1 Principales Familias en la Producción de Café, 1974 (Miles de quintales)
Familia(s)
1. Regalado Dueñas y Mathies Regalado 2. Guirola 3. Llach y Schonenberg 4. Hill y Llach Hill 5. Dueñas 6. Álvarez Lemus 7. Meza Ayau 8. Sol Millet y Escalante 9. Daglio 10.Other Álvarez 11. Salaverría 12. Deininger 13. Alfaro (Castillo- LiévanoVilanova) 14. Dalton 15. Lima 16. García Prieto-Miguel Salaverría 17. Ávila Meardi-Meardi Palomo 18. Liebes 19.Battle 20. Álvarez Drews 21. Quiñonez 22. H. De Sola 23.Kriete 24.Cristiani Burkard 25. Eduardo Salaverría 26. Bonilla
Producción 85 72 50 49.5 45.5 42 41 36.5 38.5 33 32 22 22 22 20 20 19 18 18 16 14.5 13.5 13 12.5 12 4
Fuente: Colindres, 1976: 471 10
¿Cómo podemos caracterizar a este grupo dominante? Edelberto Torres Rivas argumenta que el concepto de lo “oligárquico” debe ser concebido como una “categoría descriptiva” que hace referencia a una forma particular de ejercer dominio político y económico dentro del marco de las relaciones y conflictos históricos entre las clases (Torres Rivas, 2007: 214).
Asimismo, lo “oligárquico” se refiere a “la conducción política que corresponde al periodo de formación del estado nacional, momento que corresponde al largo trecho histórico de consolidación de la economía comercial para la exportación, es decir, cuando se establecen de forma estable, orgánica, los lazos con el mercado mundial y, al mismo tiempo, cuando internamente las instituciones del orden colonial quedan redefinidas o superadas en un proyecto de integración y modernización capitalista” (Ibíd.: 214-215).
Esta caracterización del poder oligárquico se plasmó en El Salvador durante las reformas liberales y la privatización de la tierra ejidal y comunal, de donde emerge una nueva clase política-económica que se integra a los mercados internacionales mediante la exportación de café y termina por dominar el estado nacional y la economía en su conjunto.
Torres Rivas continúa “[en el poder oligárquico] la élite es capaz de hacerse de tierra y capital para sembrar, procesar o comerciar café, se convierte en una fuerza social dominante, violenta en sus métodos. Sus intereses son intereses mayores hasta alcanzar dimensión nacional, y por ellos el poder político se pone directamente a su servicio” (Ibíd.: 215).
Es decir, en virtud del poderío económico acumulado por la oligarquía, el estado pasa a subordinarse ante las necesidades e intereses multidimensionales de la clase oligárquica. Finalmente, Torres Rivas añade “en la constitución de esta dominación política se va conformando una relación profundamente desigual y autoritaria entre un pequeño grupo de propietarios terratenientes/comerciantes y una masa de campesinos o peones agrícolas…la subordinación política paralela a la sobreexplotación económica se apoya en una extensa y profunda estructura de privilegios sociales reales, con la base que otorga la propiedad de la tierra, o la tradición que acompaña el color de la piel o el apellido, la herencia de la posición social, el origen familiar…” (Ibíd.).
En este sentido, el poder oligárquico encapsula tres aspectos que inciden en la estructura de poder en formación: el poder político y económico paralelos, el estado como aparato subordinado a los intereses de clase dentro del marco del desarrollo capitalista y su conexión con el mercado mundial, y la consolidación de enormes desigualdades de clase claramente demarcadas.
Si tomamos en cuenta estas características de lo “oligárquico” como punto de referencia para conceptualizar la clase cafetalera que emergió en El Salvador después de las reformas liberales de finales del siglo diecinueve, podemos resaltar los siguientes rasgos como constituyentes de este grupo oligárquico: 1. Una clase política conformada por un limitado grupo de individuos pertenecientes a pocas familias que ostentan reconocimiento histórico y cuyo prestigio yace en su origen, raza, posición social dentro de la colonia, apellido, o la alguna combinación de éstos 2. Una clase económica que está fundamentalmente ligada al campo y a la industria agroexportadora, y que su domino sobre la espina dorsal de la producción nacional le 5 3. 4. 5. 6. permite invariablemente controlar todos los demás sectores económicos que se derivan del sector primario (como la industria, el comercio, las finanzas y los servicios, entre otros).
Es decir, el grupo oligárquico controla en su totalidad el sistema económico del país y todos los sectores que lo conforman. El estado nacional funciona como un instrumento patrimonialista al servicio de la clase oligárquica, el cual a su vez es dirigido directamente por parte de la oligarquía. El sistema socioeconómico que sustenta y reproduce al núcleo del poder oligárquico es fundamentalmente desigual y explotador, donde la riqueza está concentrada en muy pocas manos, las grandes mayorías son marginadas y explotadas el servicio del sector agroexportador, y las posibilidades de redistribución de la renta o movilidad social son esencialmente nulas.
La modalidad de ejercer el poder es basado en la imposición, la violencia y la represión, donde no hay una mediación institucional constituida que negocie y reconozca derechos democráticos para la población en general. Subordinación a la influencia de los poderes imperialistas y hegemónicos. Esta conceptualización de la oligarquía cafetalera salvadoreña evolucionó a través de los años de acuerdo con los cambios políticos y socioeconómicos provocados tanto por factor internos como externos, siendo el protagonismo adquirido por los militares desde 1932 y los intentos de dar el salto a la industrialización las variantes más notales antes de 1979.
Pero la esencia del poder oligárquico se mantuvo virtualmente intacta hasta 1979, cuando la crisis interna del sistema oligárquico, complementada por la disensión dentro del aparato militar y la organización popular de izquierda, provocó una crisis de poder y el fin del modelo de poder oligárquico agroexportador que estuvo vigente por un siglo.
La Alianza Oligárquico-Militar y Desafíos al Modelo
En este contexto es importante analizar los cambios en la correlación de fuerzas que provocó la Gran Depresión mundial de principios de los años 1930s. La desigualdad, explotación y pobreza que resultaron de las reformas liberales y la expansión del modelo agroexportador se agudizaron con la caída vertiginosa de los precios del café durante la crisis mundial, lo que a su vez llevó a un aumento importante en la actividad y movilización política de las clases explotadas.
En enero de 1932, y con el incipiente Partido Comunista como uno de sus fuerzas dinamizadoras, los campesinos y trabajadores en las zonas cafetaleras del país se levantaron en armas contra el modelo oligárquico, un evento histórico que puso en jaque momentáneamente al poder oligárquico (Anderson 1971, Marroquín 1977; González 1984; Cerdas Cruz 1986; Guido Béjar 1988; Dalton 2000).
Como medida de emergencia, la oligarquía recurrió al ejército para restablecer el orden y sofocar la insurrección a fuerza de cañón y salvar un statu quo que parecía moribundo. La intervención militar cerró “con broche de oro” su nuevo protagonismo al masacrar a 30,000 campesinos, en su mayoría indígenas, y así inaugurar la dictadura militar que gobernaría el país por más de 60 años (Anderson 1971; Dalton 2000).
Con la masacre también se inició la alianza estratégica oligárquico-militar mediante la cual la oligarquía cafetalera preservaría su status como clase económica dominante pero ahora protegida por las armas de los militares que a su vez pasarían a ocupar su puesto como clase gobernante (Guido Béjar 1988). 6
En este sentido, es importante destacar que durante este proceso de reacomodo en la estructura de poder y la recuperación del poder oligárquico ante el desafío de las masas, la ideología de la oligarquía cafetalera se mantuvo casi intacta a través del siglo veinte, y ésta ideología bloqueó todo esfuerzo por levantar iniciativas de desarrollo endógeno que diversificaran la base productiva del país y engendraran una distribución más balanceada de la renta nacional.
Los intentos por industrializar el país dentro del marco de un modelo de sustitución de importaciones quedaron truncos por una negligencia intencionada. Hasta finales de los años 1970s, el sector oligárquico agro-exportador todavía constituía la espina dorsal de la economía salvadoreña y su mayor fuente de divisas y excedente económico (Dada Hirezi 1978; Sevilla 1983).
La alianza estratégica entre la oligarquía y los militares comenzó a manifestar deficiencias funcionales para la década de los 1970s, alimentadas por factores estructurales. Una fue la crisis de los precios del café durante esa década, lo que a su vez llevó a una intensificación en los niveles de explotación, pobreza y desigualdad. Igualmente, el crecimiento de las fuerzas de izquierda y las organizaciones de masas propició un movimiento popular con un carácter progresivamente dinámico y convocador que comenzó a desafiar de forma abierta al régimen dictatorial militar, el cual había perpetuado su poder mediante elecciones fraudulentas en 1972 y 1977.
Esta movilización evolucionó eventualmente hacia una orientación político-militar con la conformación de grupos de guerrilla urbana que chocaban de forma ascendente con las fuerzas de seguridad del estado. Finalmente, otro factor que influyó a una creciente inestabilidad fue el paulatino protagonismo de fuerzas paramilitares de ultra-derecha, los llamados escuadrones de la muerte, patrocinados por la oligarquía para enfrentar de forma clandestina y violenta la organización popular (North 1985; Montgomery 1995).
La inestabilidad política generalizada desembocó en el golpe de estado de octubre de 1979, liderado por la “juventud militar” y el ala más progresista de los militares conformada por los rangos bajos y medianos. El golpe de estado se cristalizó en la creación de una Junta CívicoMilitar que prometió la introducción de reformas económicas y políticas que llevaran al país a la construcción de un sistema de corte liberal y con más equidad en la distribución de riqueza.
Este intento apresurado de reformas también fue el último intento para evitar la inminente guerra civil que se avecinaba (North 1982; Menjívar Ochoa 2006). Aunque la Junta no pudo desmantelar el modelo oligárquico, las reformas que introdujo tuvieron un impacto importante en el núcleo de poder económico de la oligarquía cafetalera. La Junta inició un proceso de reforma agraria que se llevaría a cabo en tres facetas y tendría como objetivo central la eliminación del latifundio, mientras que a su vez introdujo la nacionalización de la banca y del comercio exterior, este último considerado la fuente principal de la riqueza de la oligarquía ya que la actividad más lucrativa de la agro-exportación es su comercialización en los mercados internacionales (Menjívar Ochoa 2006).
Mientras la Junta, debilitada por divisiones internas y por la esperada ofensiva política por parte de la oligarquía, cedía el paso a un reacomodo de poder que se asemejaba al statu quo que precedió al golpe, y con la guerra civil ya en curso, los demócratas cristianos (DCs) ocupaban el protagonismo político con la ayuda de la administración Reagan y su plan de contrainsurgencia. Los DCs eran enemigos históricos de la oligarquía y apoyaron el desarrollo de los tres paquetes 7 de reformas que la Junta introdujo, mientras que el gobierno de Reagan elegía a los DCs y su reformismo de centro para librar la guerra contra el socialismo revolucionario representado por la guerra popular en manos de la izquierda militante y avanzada por el ejército guerrillero del a FMLN (Lungo 1990)
Entonces, podemos afirmar que el poderío histórico político-económico de la oligarquía cafetalera fue desarticulado durante la década de los 1980s por la combinación de tres factores: el ala progresista del militarismo que engendró los proyectos de reformas que dislocaron el poder económico de la oligarquía; los DCs que apoyaron las reformas y recibieron el visto bueno de la administración Reagan dentro del marco de la guerra civil; y el proyecto revolucionario antioligárquico avanzado por el FMLN mediante la lucha armada y en aras de tomar el control del estado.
Esto no significó necesariamente que la oligarquía desapareció del radar del poder nacional, sino que el poder casi absoluto se desarticuló y requirió de una reconfiguración en la estrategia para recuperarlo. Es más, la reforma agraria no se implementó en su totalidad, y aunque alrededor de 20% de la tierra fue redistribuida a cooperativas campesinas, la faceta que supuestamente iba a eliminar los latifundios nunca se llevó a cabo (Zamora, 1998: 54).
De igual forma, la banca nacionalizada siguió favoreciendo al sector oligárquico en cuanto a crédito e inversión, mientras que la comercialización del café y otros productos en manos del estado sufrió del boicot sistemático por parte de la oligarquía, lo que provocó un sesgo en la producción y una guerra al fin contra las agencias estatales a cargo del comercio exterior (Zamora, 1998: 59-65; Gaspar Tapia, 1989: 19-27).
Es decir, la oligarquía cafetalera sufrió una serie de golpes fuertes que la hicieron tambalear, pero no lograron hacerla caer del todo. Eventualmente, la tabla de salvación la proporcionó la doctrina neoliberal, que para finales de la guerra en El Salvador se había convertido en la ideología hegemónica mundial capitaneada desde El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Giro Estratégico: ARENA y el Ajuste Estructural Neoliberal Con el triunfo de ARENA en 1989, que convirtió en Presidente al oligarca cafetalero Alfredo Cristiani, las puertas de abrieron para que El Salvador experimentara con el modelo anunciado desde Washington como la nueva base de la economía mundial.
Y es precisamente aquí cuando se lleva a cabo el quiebre histórico en la ideología constitutiva y funcional de la oligarquía salvadoreña: se da el salto de la mentalidad agraria tradicional a la “modernidad” de un modo de producción sustentado en el sector financiero e importador vinculado a los circuitos transnacionales de capital y de servicios.
De oligarquía retrógrada se pasa a una supuesta burguesía “despercudida” concentrada en los servicios y en las importaciones; del café y el siervo semi-feudal, se pasa al centro comercial y al trabajador asalariado flexible (Segovia, 2002: 53-91).
Invariablemente, el giro en economía política que facilitó la consolidación oligárquica en El Salvador no se puede concebir sin tomar en cuenta el nuevo patrón ideológico mundial que emergió de los planteamientos del Consenso de Washington y el “Nuevo Orden Mundial” 8 concebidos a principios de los años 1990s. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética dieron la pauta para el inicio de una nueva ofensiva del aparato capitalista mundial para asegurarse un entorno económico/político a nivel global que propiciase la acumulación de capital y la multiplicación de las plusvalías.
La supremacía del individualismo sobre lo colectivo, la reducción de la intervención y regulación estatales en la economía, y la preponderancia del mercado como la fuerza productiva y distribuidora fueron los preceptos fundamentales del giro neoliberal mundial, primero implementados por Pinochet en Chile, Reagan en los EEUU y Thatcher en el Reino Unido y luego diseminados por el mundo a través de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) y los Programas de Estabilización Económica (PEEs) patrocinados por El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En El Salvador, el giro neoliberal se comenzó a gestar en 1983, cuando intereses oligárquicos, amparados por la USAID, fundaron La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Este tanque de pensamiento se dio a la tarea de empezar a articular los preceptos neoliberales para su eventual implementación en El Salvador, y en 1985 publicó un documento titulado “La Necesidad de un Nuevo Modelo Económico para El Salvador” (Gaspar Tapia, 1989: 55-58; Vaquerano, 2005: 209).
Aquí se establecían las directivas de un modelo basado en la ampliación del libre mercado y la iniciativa privada, mientras que se abogaba por un estado limitado y atacaba las políticas económicas de los DCs que habían continuado con la mayoría de las reformas económicas implementadas por la Junta a principios de los años 80s. Fue mediante este pronunciamiento que una fracción de la oligarquía salvadoreña oficialmente declaró su giro hacia el neoliberalismo como la estrategia a seguir para restablecer su dominio clasista y recuperar su poderío económico.
En este contexto, y después de más de diez años de lucha armada y 75,000 muertos, el FMLN y el gobierno de Cristiani firmaron en enero de 1992 los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto y abrieron un nuevo capítulo en la historia del país (Dunkerley 1994). En esencia, los Acuerdos de Paz terminaron siendo pactos netamente políticos e institucionales que dejaron intacto el sistema socioeconómico del país, que paradójicamente había sido una de las causas de raíz de la guerra civil (Editorial ECA, 2002: 179-182).
Los Acuerdos de Paz pactaron la eliminación del aparato represivo del estado, introdujeron cambios en el sistema judicial y el sistema electoral, reconocieron oficialmente los derechos humanos, y permitieron la transición del FMLN hacia un partido político legal. Pero al mismo tiempo, los Acuerdos no abordaron el sistema desigual de tenencia de la tierra, la concentración de la riqueza que aún se concentraba en pocas manos, los altos índices de pobreza y exclusión social, y dejaron intacto el programa de ajuste estructural neoliberal que estaba en marcha desde que Cristiani había llegado al poder en 1989 (CIDAI, 2002: 212-4, 222-5).
Cuadro 2 Cambios en el empleo rural agropecuario y no agropecuario Años 1980 y 2004 (En porcentajes) Empleo Industria Construcción Comercio 1980 13% 5% 11% 2004 12% 4% 21% 9 Servicios Otros Agropecuario Fuente: PNUD 2005 6% 4% 61% 10% 10% 43% Cuadro 3 Cambios en las fuentes de divisas 1978 y 2004 Fuentes de divisas Agro exportaciones tradicionales Remesas Maquila No tradicionales fuera de C.A. Fuente: PNUD, 2005 1978 81% 8% 3% 8% 2004 5% 70% 12% 13%
Efectivamente, el giro neoliberal que la nueva oligarquía había concebido como su instrumento de reconfiguración de poder no tendría mayores obstáculos que superar. La primera gran transformación neoliberal del período de Cristiani fue la reprivatización de la banca, la cual benefició a un pequeño grupo y cimentó el nuevo poderío financiero que hoy vemos consolidado.
Con la aprobación de la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo (Noviembre 1990), el estado salvadoreño asumió la responsabilidad de sanear la cartera morosa de los bancos nacionales mediante la transferencia de cartera de alto riesgo, un proceso que al finalizar le costó al fisco salvadoreño alrededor de 3500 millones de colones, aproximadamente US$700 millones (Arias, 2008: 90; Segovia & Sorto, 1992: 8).
La ley creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), cuyo objetivo central era el de asegurar que la cartera de los bancos estuviese solvente a fin de atraer la compra de acciones por parte de agentes privados (no se permitía la compra de acciones por parte de entes públicos), así como de proporcionar financiamiento para la adquisición privada de estas acciones, o sea, financiar a aquellos interesados en comprar acciones (Segovia & Sorto, 1992: 56).
El 29 de noviembre de 1990 se aprueba la Ley de Privatización de las Instituciones Financieras Nacionalizadas, y así se abre un ciclo de compra acelerada por parte de manos privadas de las acciones “saneadas” con capital público. A pesar de que las leyes de saneamiento y privatización contenían clausulas para impedir la concentración en la adquisición de acciones (como porcentajes límites y segmentos exclusivos para pequeños inversionistas), la mayor parte de la cartera bancaria terminó en pocas manos. Un método utilizado por los oligarcas fue el de pago de testaferros o “prestanombres” que compraban acciones con nombre propio pero que en realidad eran de otro (o que recibían acciones por medio de poderes), y así evadir los límites legales establecidos por la ley (Moreno 2009).
La falta de trasparencia llevó a que aliados de los oligarcas terminaran como directores de las instituciones o consiguiendo mayorías en las asambleas generales de accionistas donde los límites terminaron siendo burlados o simplemente ignorados. Para mediados de los años 90s, el proceso de privatización de la banca había confluido en la creación de un oligopolio financiero controlado por familias de apellidos oligarcas con credenciales históricas y otros que habían ascendido durante el proceso mismo (ver cuadro 3). 10
Indudablemente, la reprivatización de la banca sirvió como un instrumento fundamental para catapultar el poder financiero de la nueva oligarquía salvadoreña, la cual ya no cimentaría su poder en el control de las industrias de agro-exportación (café, azúcar y algodón) ni en la protección históricamente proporcionada por los militares, sino en la acumulación vertiginosa de capital y de inversiones que eventualmente llevó a la economía salvadoreña a convertirse en un rígido oligopolio controlado por un puñado de empresas financieras.
Este oligopolio financiero llegó a acaparar más del 90% de la cartera bancaria salvadoreña, y posteriormente este control de los bancos sirvió como base financiera para expandir los negocios de estas familias a las ramas del comercio, bienes y raíces, pensiones, aseguradoras, servicios y turismo (Equipo Maíz 2004).
Cuadro 4 Bancos Privados y Familias Propietarias, 2004
Banco 1. Banco Cuscatlán Familia(s) Cristiani, Llach, Bahaia, De Sola 2. Banco Agrícola Baldochi, Dueñas, Kriete Ávila, Palomo Déneke, Araujo Eserski 3. Banco de Comercio Belismelis, Catani Papini, Álvarez, Freund, Sol, Escalante Sol, Palomo 4. Banco Salvadoreño Simán Jacir, Salume, Simán Siri, Zablah Touche 5. Banco De América Murray Meza, Meza Ayau, Central y Credomatic Sol Meza, Meza Hill, Palomo, Quiñonez Meza, Álvarez Meza 6. Scotiabank y Poma, Salaverría, Quirós, Ahorromet Llach Hill, Hill, Meza Hill, Hill Valiente Fuente: Equipo Maíz, 2006
Cuando el capital transnacional le echó el ojo a los bancos salvadoreños, y tomando en cuenta la eliminación de los límites a las adquisiciones de acciones por agentes extranjeros que vino con la ratificación del tratado de libre comercio con EE UU (CAFTA) en el 2004, la nueva oligarquía salvadoreña no tuvo otro remedio que vender los bancos con una ganancia estupenda: US$4 mil millones de dólares (Arias 2008: 96-97).
A esta venta hay que destacarla como una de las grandes estafas perpetradas contra el pueblo salvadoreño en los últimos años, ya que a pesar que los bancos nacionales fueron saneados con dinero público, la venta billonaria al capital transnacional no dejó un centavo en el fisco salvadoreño, por un lado porque la mayoría de los activos estaban registrados fuera del país, y por otro porque la evasión tributaria por parte de los oligarcas fue pan diario durante la gestión de ARENA (Ibíd.: 112).
La nueva política crediticia de los bancos privados, que castigaba al agro y alentaba los servicios, junto a las políticas de liberalización de precios dieron la pauta para la reversión paulatina de la reforma agraria de los años 80s, ya que muchas cooperativas entraron en mora por la falta de apoyo estatal y la baja en competitividad, y de esta forma muchas tierras volvieron a sus dueños históricos (CONFRAS 2008). Del mismo modo, la comercialización del café y del azúcar volvió a manos de sus antiguos dueños oligárquicos (Rivera Campos, 2000: 70).
La importación del 11 petróleo también se privatizó, mientras que una liberalización general de precios eliminó los subsidios y otras formas de apoyo estatal para la producción y consumo de productos de la canasta básica. Cuando el segundo gobierno de ARENA, liderado por Armando Calderón Sol, privatizó el sistema de pensiones e introdujo las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensión) los beneficiados fueron los grandes banqueros privados ligados a ARENA quienes terminaron integrando las AFPs a sus prósperos circuitos financieros (Equipo Maíz 2005).
Cuadro 5 Medidas Neoliberales Durante los Gobiernos de ARENA, 1989-2004
Gobierno de Alfredo Cristiani (19891994) – Privatización del Comercio exterior para el café y azúcar – Privatización del sector bancario – Privatización del Hotel Presidente – Privatización de las importaciones de petróleo – Liberalización de los precios de la canasta básica y eliminación de los subsidios al sector agropecuario – Cierre del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), ente que vendía los granos básicos a precios subsidiados – Cierre del Instituto de Vivienda Urbana (IVU), que estaba a cargo de la construcción de vivienda pública – Reducción del impuesto sobre la renta y los aranceles, y eliminación del impuesto sobre el patrimonio – Introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Liberalización del tipo de cambio y la tasa de interés
Gobierno de Armando Calderón Sol – Privatización del sistema de pensiones (1994-1999) – Privatización del sistema de distribución eléctrica – Privatización de las telecomunicaciones – Privatización de los ingenios azucareros – Privatización del sistema de placas y licencias viales – Aumento del IVA de un 10% a un 13%
Gobierno de Francisco Flores (1999- – Dolarización de la Economía 2004) – Privatización de algunos servicios médicos del sector público – Privatización del aeropuerto y puertos – Firma de tratados de libre comercio con México, Chile, República Dominicana y Panamá
Gobierno de Antonio Saca (2004-2009) – Firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos (CAFTA) Fuentes: (Equipo Maíz, 2004: 18-25; Moreno, 2004: 21)
Asimismo, la reforma tributaria impulsada por ARENA tuvo claros ganadores y perdedores. Para empezar, Cristiani eliminó el impuesto al patrimonio (pagado por los dueños de grandes 12 propiedades), redujo a la mitad el impuesto sobre la renta (lo cual benefició a los que ganaban más) y comprimió gradualmente los aranceles (lo que facilitó el negocio de la importación al que muchos empresarios ya le habían apostado).
Los huecos fiscales que esta reforma tributaria acarreó fueron tapados con el IVA, el impuesto más regresivo que se puede concebir, sobre todo cuando ni los granos básicos ni las medicinas se salvan de él. El economista César Villalona lo describe de forma simple pero contundente: “El sistema tributario de El Salvador es como un Robin Hood al revés: le quita a los pobres para darle a los ricos” (Equipo Maíz, 2003: 25).
La dolarización de la economía en el 2001 significó un paso coherente con la naturaleza de la nueva orientación económica propiciada por ARENA. Al eliminar al colón, la moneda nacional, no solamente se le dio el tiro de gracia a la moribunda industria exportadora, pero también se vino a beneficiar a los conglomerados bancarios y los grandes importadores ya que el riesgo de un colón devaluado, un impedimento para las compras en el exterior y un peligro para las deudas externas que los bancos habían contraído en dólares, fue cortado de tajo.
La dolarización es generalmente considerada como una medida de último recurso para solucionar problemas de de cambio y/o hiperinflación, pero en El Salvador, que no tenía problemas inflacionarios o cambiarios, esta medida se adoptó para acomodar el sistema monetario a las demandas de los intereses financieros de los grandes bancos (Villalona 2001; Lazo 2004).
Finalmente, los tratados de libre comercio (TLCs) facilitan aún más la industria importadora y han terminado de rematar a las exportaciones y al sector agropecuario. Sucesivos gobiernos de ARENA firmaron TLCs con México, Chile, República Dominicana, Panamá y Estado Unidos, y lo que se ha logrado es el aumento paulatino de las importaciones mientras las exportaciones se estancan (Equipo Maíz 2008).
En el 2008, y de acuerdo al Banco Central de Reserva, el déficit comercial fue de más de 5 mil millones de dólares, el nivel más alto registrado en la historia del país. Las remesas ya no podrán llenar ese vacío, y al no tener un sector exportador que genere divisas, el camino hacia un continuo endeudamiento parece ser la única opción viable a corto plazo (pero nefasta al largo plazo).
Este recuento de las políticas neoliberales implementadas por ARENA durante casi veinte años nos ayuda a dilucidar el nuevo engranaje del poder en El Salvador: una economía de servicios e importaciones que solamente beneficia los intereses de los nuevos grupos financieros e importadores y que castiga duramente a la minimizada clase media y a los sectores populares. La economía neoliberal ha servido como el medio perfecto para que los grupos oligárquicos recuperen y consoliden sus intereses y privilegios en el ámbito nacional.
Como vemos en el cuadro 6, el nuevo poder económico está concentrado en ocho grupos mayormente financieros, pero que también controlan la industria, el comercio, la construcción, los seguros, las pensiones, y los servicios, entre otros sectores. Cuadro 6 Nuevos Grupos de Poder en El Salvador, 2004
Grupo 1. Grupo Cuscatlán (44 empresas) Familias Cristiani, Llach, De Sola, Salaverría, Hill Actividades Inversión financiera; sector bancario; aseguradoras; pensiones; exportación y distribución de medicamentos; ganadería y agricultura; distribución de fertilizantes; construcción; Capital US$6865 millones 13 corredoras de bolsa de valores; exportación de café; agencias inmobiliarias; importación y venta de electrodomésticos; piscicultura; industria textil; fumigación; industria de bebidas; tabaqueras
2. Grupo Banagrícola Baldochi Dueñas, Inversión financiera; sector bancario; (36 empresas) Kriete Ávila, Dueñas, aseguradoras; pensiones; transporte Palomo Déneke, aéreo; industria de cemento; industria Araujo Eserski, Pacas de papel y plástico; comunicaciones; Díaz, Cohen industria de licores; exportación de café; agencias inmobiliarias; industria química; ingenios de azúcar
3. Grupo Banco Simán, Salume, Inversión financiera; sector bancario; Salvadoreño (54 Zablah, Touché aseguradoras; agencias inmobiliarias; empresas) industria química; elaboración y venta de productos alimenticios; importación y fabricación de productos industriales; construcción y servicios de arquitectura e ingeniería; distribución de cigarrillos; industria de harina de trigo; almacenaje y bodegas
4. Grupo Banco de Belismelis, Catani, Inversión financiera; sector bancario; Comercio (27 Papini, Álvarez, aseguradoras; pensiones; industria empresas) Freund, Cohen, Sol, siderúrgica; industria de cemento; Escalante Sol, industria de aluminio, industria Palomo láctea; exportación y comercialización de café; industria química; generación de energía eléctrica; industria avícola
5. Grupo AGRISAL Murray Meza, Meza Inversión financiera; sector bancario; (41empresas) Ayau, Sol Meza, aseguradoras; pensiones; industria de Meza Hill, Palomo, cervezas; industria de bebidas y Álvarez Meza embotelladoras; industria de calzado, agencias inmobiliarias; exportación de café; industria de cemento
6. Grupo Poma, Salaverría Inversión financiera; sector bancario; Poma/Salaverría Prieto, Quirós aseguradoras; exportación de café; Prieto/Quirós (55 agencias inmobiliarias; construcción empresas) y bienes raíces; centros comerciales; importación y distribución de automóviles; industria de aluminio; industria de cemento
7. Grupo Hill/Llach Hill, Llach Hill, Inversión financiera; sector bancario; Hill (13 empresas) Meza Hill, Hill aseguradoras; exportación de café; Argüello agencias inmobiliarias; almacenaje y bodegas
8. Grupo De Sola De Sola aseguradoras; industria química; (10 empresas) elaboración y venta de productos alimenticios; exportación de café; agencias inmobiliarias Fuentes: Equipo Maíz 2006; Goitia 2006 US$6515 millones US$1835 millones US$1351 Millones US$768 millones US$ 175 millones US$51 millones US$25 millones 14
Para el año 2004, el capital y los activos de las empresas de estos ocho grupos empresariales equivalieron a US$17,585 millones, una cifra de dos mil millones de dólares mayor al producto interno bruto del país, y que es igual a casi seis veces el presupuesto nacional para ese año, más del doble de la deuda externa y el equivalente a seis años de entrada de remesas familiares.
Es decir, alrededor de 280 empresas en manos de un puñado de familias oligárquicas, la mayoría de tradición cafetalera, controlan un nivel mucho mayor de riqueza que los 6.5 millones de salvadoreños y ostentan una superioridad financiera abrumadora comparada a los recursos del gobierno nacional.
Asimismo, el modelo liberal que facilitó esta reconcentración de riqueza y poder ha despojado al estado salvadoreño de su roles reguladores y distributivos, porque éstos se han transferido a la supuesta justicia y eficiencia del libre mercado y la ética empresarial. Es un estado neoliberal, pero también un estado secuestrado por un pequeño grupo de personas con intereses bien definidos e intocables.
La concepción de un “libre mercado” en El Salvador no sólo es errada, ya que la sociedad salvadoreña se maneja con monopolios y oligopolios, sino que ha llevado a un ciclo perverso de injusticia en la economía política y de corrupción en la administración del estado.
Después de cuatro gobiernos de ARENA, El Salvador enfrenta una mayor concentración del ingreso nacional el cual se alimenta de una economía especulativa que se concentra en las ganancias a corto plazo. La desigualdad en El Salvador ha crecido y que la pobreza se mantiene a niveles menos alarmantes porque las remesas familiares cumplen un papel vital. Hay un gran segmento de salvadoreños que sigue marginado y con prospectos desesperanzadores, mientras unos cuantos crecen sin límites (Editorial ECA, 2006).
Para muestra, un botón: Social Watch reporta que en 1995 el 66% de los frutos de la actividad económica quedaban en manos de los empresarios en forma de ganancias, mientras que el 34% les quedaba a los trabajadores en forma de salarios; para el 2005, las ganancias eran del 75% y los salarios del 25% (Hernández & Pérez, 2008: 124). Si esa estadística se simplifica, se puede decir que “113,000 empresarios se quedan con 75% de lo que producen 2.591.000 personas trabajadoras” (Ibíd.).
El índice Gini sitúa a El Salvador entre el 20% de los países más desiguales del mundo, con un 0.525 (Ibíd.). En cifras reales, esto significa que en El Salvador el 20% más rico recibe más de 58% del ingreso, mientras que el 20% más pobre recibe apenas el 2.4%, veinticuatro veces menos que los más ricos. Otras estadísticas hablan por sí solas: entre 500 y 700 salvadoreños salen del país diariamente en busca de una vida mejor en otras tierras; entre el año 2000 y el 2007, según el Banco Central de Reserva, el número de hogares que reciben remesas creció casi 13 veces; el 56% de la actividad económica del país se realiza en la economía informal; el déficit comercial ya pasó los 5 mil millones de dólares (parte del cual debe ser cubierto con préstamos); y un sector agrario aniquilado adrede y que apenas ronda el 10% del PIB, lo cual obliga al país a asumir la vulnerable posición de depender de las importaciones para poder adquirir alimentos (Moreno 2004: 51-78; Arias, 2008: 29)
Cuadro 7 Principales Indicadores Económicos, 2008 (Millones de US$) 15 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Deuda Externa Remesas Familiares Sector Servicios (% de economía) Sector Agropecuario 13% (% de economía) Sector Industrial 23% (% de economía) Fuente: Banco Central de Reserva http://www.bcr.gob.sv Cuadro 8 Porcentaje de hogares en situación de pobreza con y sin remesas 2004 Condición de pobreza Pobreza total Pobreza extrema Pobreza relativa Pobreza con Remesas Total Urbano 34.5 29.2 12.6 8.6 22.0 20.6 Pobreza sin remesas Total Urbano Pobreza total 41.2 34.9 Pobreza extrema 19.5 14.5 Pobreza relativa 21.7 20.4 Fuentes: PNUD, 2005; Goitia 2006
Rural 43.6 19.3 24.4 Rural 51.9 28.1 23.8 US$4549.1 US$9754.4 – US$5205.3 US$10691.1 US$3787.6 (17.1% de PIB) 51% Del mismo modo, las remesas familiares que los migrantes salvadoreños que viven en el exterior, primordialmente en Estados Unidos, mandan a sus familias periódicamente, se han convertido en el pilar fundamental de la economía. Millones de salvadoreños han emigrado del país porque no se les ha brindado la oportunidad de un trabajo digno y un futuro mejor, y su ayuda financiera a sus familias constituye el factor que mantiene a flote a la economía salvadoreña.
En el año 2008, las remesas totales fueron casi US$3,787 millones, una suma que llega casi al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y cubre aproximadamente dos tercios del déficit en la balanza comercial. Lo trágico de la situación es que los migrantes que fueron expulsados del país mandan fondos que sostienen en pie precisamente al sistema que los expulsó, sobre todo porque más del 86% de las remesas se usan para el consumo, lo que a su vez contribuye a alimentar la base consumerista, terciaria y de importaciones de la economía neoliberal (Moreno 2009).
Es decir que las remesas terminan por ayudar a la reproducción de un sistema fundamentalmente injusto e insostenible. Pero este proceso de neo-liberalización también tuvo su desgaste interno. La llegada de Cristiani al poder fue el triunfo del ala más modernizadora de la oligarquía, y muchos de estos nuevos protagonistas no venían necesariamente del núcleo histórico preponderante de “Las 14 Familias.”
Desde el principio, y empezando con la privatización de la banca y la reforma tributaria, el gobierno de Cristiani atacó frontalmente al sector agro-exportador. El establecimiento de una política crediticia anti-agro y pro-servicios, la implementación de incentivos fiscales (el drawback, o la devolución del 6% sobre el valor de las exportaciones) para las exportaciones no16 tradicionales como la maquila, y la apertura comercial que redujo aranceles a las importaciones, dieron la pauta para marginar a los agro-exportadores.
La introducción de un tipo de cambio fijo, sustentado por ley, dio el tiro de gracia a este sector moribundo. Los grandes perdedores fueron los oligarcas cafetaleros que rehusaron a dar el salto al modelo neoliberal, y su decisión acabó por desplazarlos de las listas de los nuevos privilegiados. Sin embargo, este quiebre ideológico dentro de la composición oligárquica salvadoreña no se ha traducido en un salto hacia el progreso para el país.
Es decir, el nuevo grupo de poder salvadoreño difícilmente se puede catalogar como una burguesía en el sentido tradicional de la palabra, porque los espacios para un reacomodo socioeconómico y político más incluyente y más orientado a la equidad y la redistribución (sin que esto signifique un fin a las desigualdades del capitalismo) se han visto cerrados por la mezquindad histórica.
En otras palabras, el cambio en ideología y carácter del poder oligárquico no han significando un cambio en la esencia de la estructura de poder del país, y de hecho, esa estructura de poder se ha concentrado aún más. Es indudable que la ideología de los grupos de poder ha cambiando y por la tanto su naturaleza y orientación funcional son diferentes.
El grupo empresarial financiero que se ha logrado imponer es un grupo neoliberal desligado casi por completo de tendencias agrarias y exportadoras. La economía que se ha creado, basada en el capital financiero, en lo servicios, en las importaciones y que sobrevive de las remesas, da fe de ello. Pero las relaciones sociales desiguales y la rígida jerarquía del poder, ancladas en normas históricas, se han mantenido y se han profundizado.
Asimismo, la nueva oligarquía utilizó al estado nacional como un medio para avanzar sus intereses, un proceso que se cristalizó en la implementación sistemática del ajuste estructural neoliberal. Entonces, podemos argumentar que las características históricas del poder oligárquico, enumeradas en la primera sección de este artículo, se han reconfigurado de forma muy similar durante la era neoliberal: la reconfiguración de una oligarquía conformada por unas cuantas familias en su mayoría de tradición histórica, el control casi absoluto por parte de este pequeño grupo de la economía nacional en todos sus sectores estratégicos, su concepción patrimonialista del estado, su sostenimiento sobre un sistema fundamentalmente desigual e injusto basado en el despojo y la violencia solapada detrás de una democracia liberal de fachada, su desprecio por la redistribución y la justicia social, y su subordinación ante el poder hegemónico transnacional. Lo que cambió fue la mentalidad instrumentalista de la económica-política que la nueva oligarquía adoptó para rearticular su poder sobre la sociedad salvadoreña.
Transnacionalización del Nuevo Bloque de Poder Hay un elemento de suma importancia que hay que añadir cuando se analiza la naturaleza y composición del nuevo grupo de poder en El Salvador: su creciente transnacionalización. En primer término, y desde el punto de vista ideológico, es importante señalar que en El Salvador el modelo neoliberal se adoptó por iniciativa propia de los grupos de poder reemergentes que vieron al neoliberalismo como el camino a su reconfiguración. Es decir, los agentes transnacionales no vinieron a imponer los PAEs y PEEs, sino que éstos se “tropicalizaron” de acuerdo a los cálculos e intereses de la nueva oligarquía.
Sin embargo, es importante recordar que los gobiernos de ARENA siguieron al pie de la letra el esquema ideológico y programático 17 del FMI y el Banco Mundial (salvo un par de casos, como la tasa de cambio fija) lo cual hizo de El Salvador un “alumno aplicado” y digno de emulación (Moreno 2009). El Banco Mundial y el FMI avalaron y apoyaron el giro neoliberal en El Salvador, pero aquí hay que hacer dos importantes aclaraciones.
Los PAEs y PEEs se diseñaron y diseminaron alrededor del mundo no para beneficiar las pequeñas oligarquías nacionales sino para crear las condiciones para un nuevo patrón de acumulación que sirviera los intereses del capital transnacional y derrumbara los obstáculos que impedían las ganancias. Segundo, la nueva oligarquía salvadoreña se engolosinó con las políticas neoliberales que se implementaron durante los años 90s y que le permitieron consolidar su nuevo poder, pero esto sucedió mientras el capital transnacional no le había echado el ojo al mercado interno salvadoreño como un espacio potencializador para las inversiones y las ganancias.
Pero este contexto cambió en el 2001 con dos importantes transacciones que involucraron importantes agentes transnacionales. Roberto Murray Meza, como el nuevo patriarca del Grupo AGRISAL, empieza la venta paulatina de la empresa de bebidas alcohólicas La Constancia a la cervecera transnacional sudafricana South African Breweries (después SABMiller) la cual se finaliza en el 2005 (Arias, 2008: 114).
Asimismo, la empresa de transportes aéreos TACA (originalmente Transportes Aéreos Centroamericanos), propiedad de la Familia Kriete y uno de los pilares del Grupo Banagrícola, comienza su transnacionalización al expandirse a Sudamérica con la integración de TACA Perú y la creación del Grupo TACA, el cual también incluiría a las principales aerolíneas centroamericanas (adquiridas en los 1990s) y a Volaris en México. TACA es hoy “Transportes Aéreos del Continente Americano.”
Finalmente, en el 2005 la transnacional suiza Holcim pasa a ser el propietario mayoritario de Cementos CESSA, la cual había comprado con anterioridad la planta estatal Maya (Moreno, 2009).
El Grupo Poma/Salaverría/Quirós, un líder regional en los sectores de construcción e importación de vehículos, entre otras actividades, se ha venido expandiendo en Centroamérica, Estados Unidos y México (donde se ha aliado con el imperio de Carlos Slim) desde finales del los años 90s y se perfila actualmente a seguir su expansión en la región (Villalona 2007).
Estos eventos nos llevan al análisis de varios aspectos importantes. Primero, es claro que el nuevo bloque de poder oligárquico, luego de haber consolidado su poder económico en el ámbito nacional, se lanza a la expansión regional porque considera que el mercado interno salvadoreño es ya limitado. Segundo, finalmente se permite que el capital transnacional se adueñe de los sectores estratégicos que el nuevo bloque de poder oligárquico salvadoreño se había reservado desde el inicio del giro neoliberal.
Tercero, estos eventos sirvieron como antesala y preámbulo a la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU (CAFTA). La firma del CAFTA abre las puertas a la venta del sistema bancario que comienza en el 20062007. Los estatutos del TLC eliminaron todas las medidas que protegían al capital nacional contra las ambiciones acaparadoras del capital transnacional, y el primer sector que cayó presa, por ser el más lucrativo, fue el bancario.
Citigroup compró el Cuscatlán, Bancolombia al Banco Agrícola, el canadiense Scotiabank al Banco de Comercio, y HSBC adquirió el Banco Salvadoreño. La venta de estos bancos fue de más de 4 mil millones de dólares, y además de los bancos el capital transnacional adquirió también las aseguradoras, las administradoras de fondos 18 de pensiones, y las bolsas de valores incluidas en los portafolios financieros de los bancos adquiridos (Arias, 2008: 96-97).
Una vez los grandes bancos transnacionales se interesaron en el mercado financiero salvadoreño, los oligarcas nacionales no tuvieron más remedio que someterse a la única opción disponible: sucumbir a las presiones de venta. Así vemos que han habido tres niveles de transnacionalización que conciernen al nuevo grupo de poder oligárquico salvadoreño: primero, con la implementación del modelo neoliberal que lo alineó con las nuevas tendencias globales; segundo, con la entrada del capital transnacional que se ha intensificado en los últimos cinco años; y tercero, con la regionalización del capital del bloque no sólo a Centroamérica y México, sino que también a Sudamérica e incluso Estados Unidos.
En este sentido, el nuevo bloque de poder oligárquico salvadoreño ha adquirido una nueva e importante dimensión en su carácter funcional: la de su nueva condición transnacionalizada y su creciente interés en los mercados regionales. Dentro del marco integral del neoliberalismo transnacional, los nuevos oligarcas salvadoreños son actores insignificantes, pero éstos se beneficiaron de los esquemas del neoliberalismo transnacional (en teoría como en práctica) mientras los grandes no entraban. Algunos han pasado de poseer a administrar en el marco de la economía política nacional (y es probable que otros sigan este camino), pero al mismo tiempo se perfilan a expandirse como actores dinámicos en los mercados regionales y transnacionales.
Es por eso que la nueva oligarquía salvadoreña debe ser analizada no sólo dentro de su nuevo papel dominante dentro del país, sino que también de acuerdo a su expansión regional y transnacional.
La Nueva Oligarquía, el FMLN y Los Prospectos de Cambio
En marzo del 2009, el FMLN, el partido de la ex-guerrilla y el bastión anti-neoliberal en el país, ganó el poder ejecutivo por primera vez en la historia bajo la promesa de “cambio” y la consigna de cambiar el rumbo del país. El candidato ganador, Mauricio Funes, no es militante del partido y hasta el día que decidió aceptar la postulación se desempeñaba como un periodista con buena reputación.
Dado que el neoliberalismo está encajado en el funcionamiento del estado después de veinte años de implementación, los retos que afronta el FMLN en su búsqueda por neutralizar el neoliberalismo se presentan complejos y hasta cierto punto abrumadores. Las medidas neoliberales, sobre todo las privatizaciones, la reforma tributaria, la dolarización y los TLCs, han impuesto de forma categórica una orientación económica virtualmente inmutable, que si se ve amenazada, podría causar el caos total en la gestión estatal.
El sistema funciona para beneficiar los intereses de la nueva oligarquía, entonces, ¿cómo puede el FMLN enfrentar este reto? Como punto de partida podemos empezar diciendo que podría haber cierto margen de maniobra, pero los cambios que se pueden efectuar, desde la perspectiva de repartir riqueza y quitarle poder económico y político al bloque oligárquico, pueden ser, a lo sumo, meramente cosméticos.
Esto no debe espantar a nadie, ya que dadas las circunstancias nacionales y transnacionales con las que asume la presidencia Funes, es quizás el camino más juicioso. Pero la estructura de poder permanecerá intacta, al menos durante un primer periodo del FMLN en el ejecutivo. El primer factor que hay que tomar en cuenta es la actitud que Funes y el FMLN asumieron desde el principio de la campaña para con el poder económico: diálogo y concertación en vez de 19 confrontación.
Solamente el hecho de que Funes fuera el candidato enviaba el mensaje de que el FMLN renunciaba a hacer cambios radicales y a antagonizar al gran capital nacional y extranjero. Luego, el equipo económico de Funes habla por sí mismo: es conformado por liberales, “burgueses iluminados”, y a lo mucho social demócratas. No hay revolucionarios en el combo, y tampoco es pecado, pero no esperemos cambios estructurales en el manejo de la economía.
Y esto le beneficia a la oligarquía, por lo menos a corto y mediano plazo. Pero el hecho de que el FMLN haya decidido construir su oferta de gobierno sin proponer enfrentar al sistema que beneficia a la oligarquía es una clara señal de que el neoliberalismo ha disciplinado al partido de izquierda. En otras palabras, el FMLN ha decidido tolerar al neoliberalismo por cuanto prometió no tocar las bases centrales que lo sostienen.
Mauricio Funes fue elegido por el pueblo salvadoreño precisamente porque NO prometió tocar los intereses oligárquicos, ya que aparentemente esta juiciosa orientación mantenía el statu quo, conservaba la confianza de los inversionistas y no pondría a El Salvador en la lista negra de las instituciones financieras internacionales.
Los 500,000 votos adicionales que consiguió el FMLN (si los sumamos al “voto duro” de 800,000) se pudieron conseguir porque la promesa de cambio era esencialmente cosmética y la ofrecía un candidato que contaba con altos niveles de aceptación. Además, la propuesta de cambio se planteó ante un rival desgastado y desacreditado en la gestión gubernamental. En este sentido y para que haya un verdadero cambio en el país, se debe comenzar por desmantelar los pilares del poder oligárquico que ARENA construyó durante 20 años al frente del ejecutivo.
Esto implicaría una revisión minuciosa de la economía política neoliberal implementada desde 1989, en su carácter de instrumento mediante el cual la reconfigurada oligarquía nacional (ya no cafetalera sino financiera) logró restablecer su dominio sobre la economía del país. Pero para que se realice el cambio que ahora se espera, debe existir un plan de acción más certero y radical que toque los nervios del organismo de desigualdad y privilegios que reina en el país.
Y hoy por hoy, eso no se va a dar, tal como se prometió en la campaña electoral. Segundo, el FMLN y Funes encuentran un estado debilitado por las reformas neoliberales, por un lado, y secuestrado por los intereses de los oligarcas, por el otro. La posibilidad de que el estado se convierta en un jugador clave y eficiente en los quehaceres del desarrollo integral nacional se presenta remota porque éste no controla ningún medio de producción estratégico, no hay recursos naturales que generen divisas, el país depende de las importaciones y las remesas, se carece de política monetaria porque la dolarización la ha minado, la deuda en su conjunto es significativa, y la corrupción y el patrimonialismo (al servicio del poder oligopólico) están a la orden del día.
La economía política neoliberal ha echado raíces y no puede ser fácilmente revertida sin dificultades. Las privatizaciones son virtualmente irreversibles (hasta la posibilidad de revivir una agencia como la vieja IRA causa estupor en los grupos de poder), la dolarización está para quedarse, los TLCs se proyectan como escritos en piedra, y se le sigue apostando a las remesas como fuente de divisas. Pero como ya se ha analizado, el nuevo gobierno no va a tocar ninguna de estas políticas y dejará que sigan su curso sin interrupciones.
Asimismo, es importante recordar que el FMLN y Funes controlan el ejecutivo, pero no el estado en su conjunto. La 20 asamblea legislativa, el poder judicial, la Corte de Cuentas, entre otros, siguen en manos de los partidos afines a la oligarquía. La aprobación de la pírrica reforma fiscal a principios del 2010, que no tocó el impuesto sobre la renta ni del patrimonio, es una muestra latente de la debilidad del FMLN y el poderío que ostenta la nueva oligarquía. Finalmente, hay que tomar en cuenta dos factores internacionales.
El primero es la crisis económica mundial la cual ha maniatado la capacidad de respuesta de los estados dependientes en la periferia ya que lo que ocurre obedece a factores totalmente fuera del alcance de sus manos. Cualquier movimiento que pueda parecer antagonista a los intereses empresariales podría degenerar inestabilidad y hasta un bloqueo económico interno capaz de agudizar el ya complicado escenario impuesto por la crisis global.
Esto nos lleva al segundo factor: el golpe de estado de Honduras. Es indudable que el bloque oligárquico hondureño atizó el golpe para deshacerse de lo que ellos percibían como el primer Chávez centroamericano, y la forma en que se hizo fue rápida y contundente. La experiencia en Honduras nos dice que los golpes de estado son tolerables otra vez, sobre todo por la actitud de apoyo tácito de la administración Obama.
Si se permite en Honduras, se permitirá en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y la nueva oligarquía salvadoreña, con sus siervos dentro de ARENA, al verse amenazados no dudarán en dar el zarpazo. Que tengan éxito es otra cuestión, pero se puede inferir que Funes no está dispuesto a darles justificaciones para hacerlo. Funes y el FMLN no van a tocar el núcleo de intereses económicos de la oligarquía, y por el momento, solamente podrán mitigar algunos de los problemas más urgentes de los pobres y la reducida clase media.
Disminuir la marginación social, reducir la corrupción y el gasto patrimonialista, y hacer que el aparato estatal responda con más efectividad y constancia al pueblo, serían muy buenos resultados para los próximos años. Se han dado los primeros pasos, pero quizás queda margen para otros proyectos importantes, como una verdadera reforma fiscal y tributaria, la reactivación de la producción agrícola y la inversión en la educación y salud.
No son tareas fáciles ya que la derecha y la oligarquía las va a combatir a muerte sencillamente porque tocan sus intereses primordiales. Es aquí donde el FMLN debe saber aglutinar las fuerzas que lo apoyan y lo llevaron a la victoria electoral, pensando en la radicalización paulatina de sus políticas para las elecciones legislativas y municipales del 2012 y las presidenciales del 2014.
Conclusión El objetivo central de este artículo fue plasmar de forma crítica los quiebres y continuidades de la oligarquía salvadoreña desde sus orígenes en el siglo diecinueve hasta su consolidación como un reconfigurado grupo de poder durante la época neoliberal de la posguerra. Es claro que la mentalidad política-económica de la oligarquía salvadoreña experimentó un quiebre importante al desechar la tradición agraria-cafetalera en favor de un modelo neoliberal basado en las finanzas y los servicios.
Sin embargo, la orientación macro-social de esta “nueva” clase representa una continuidad oligárquica en cuanto a su visión del desarrollo económico, la concentración de la riqueza en pocas manos, el rol del estado, la redistribución de la renta y la justicia social, y la reproducción de un sistema socioeconómico basado en la desigualdad e injusticias estructurales. Los medios cambiaron, pero las consecuencias del ejercicio del poder oligárquico se han reproducido e incluso se han exacerbado. 21
Se necesita un seguimiento en la investigación por tres razones. La primera es históricaconceptual. Para reiterar, el nuevo bloque de poder oligárquico se ha levantado de las cenizas de la vieja oligarquía cafetalera con un carácter económico nuevo (el neoliberal), pero su mentalidad política permanece presa de las huestes excluyentes y del hambre de poder que la caracterizaron a lo “oligárquico” históricamente. El Salvador es un país que siempre ha sido gobernando por atroces tendencias oligárquicas, y la clase dominante ha visto al país como su inalienable propiedad privada.
Esta nueva oligarquía representa la continuidad de esta tendencia, ahora con un aura de supuesta modernidad, pero que también marca contundentemente las fronteras que dividen a los ganadores de los perdedores del sistema. La segunda razón es meramente política. Se ha venido anunciando desde 1992 que supuestamente el país vive una democracia que goza de libertades y a la que se debe defender, pero los grandes beneficiarios de ésta son precisamente los mismos de siempre. Una verdadera democracia no puede crecer mientras un reducido grupo la manipula por conveniencia propia y se utiliza al estado como instrumento de clase en aras de fortalecer y consolidar sus privilegios.
Como país que sigue luchando para construir una democracia al menos medianamente decente y alcanzar un mejor nivel de desarrollo integral, los salvadoreños y salvadoreñas deben preguntarse cuál es la clase de sociedad democrática que quieren: si la minimalista, donde votar es suficiente, o la que empodera al ciudadano común mediante canales participativos y promueve la acción en los diferentes ámbitos de la vida política. La existencia de esta oligarquía reconfigurada incide en esta decisión, porque al final la democracia tiene que ver con la administración y ejecución del poder mismo.
Finalmente, existe una razón tercera razón, la socioeconómica. Este bloque de poder es una estructura que aglutina un descomunal poder económico y por consiguiente una influencia política aplastante que ha sido capaz de moldear al estado salvadoreño para usarlo a su antojo. Los nuevos oligarcas controlan un gran capital (relativamente importante tomando en cuenta el tamaño del país) que ahora es permeable a las fronteras nacionales y se expande regionalmente de forma creciente.
El gobierno del FMLN podrá hacer muy poco para revertir el sistema de poder oligárquiconeoliberal, en primer lugar porque nunca lo propuso como plataforma de gobierno, una decisión que muestra cómo el neoliberalismo, y por ende la oligarquía, lo ha disciplinado para tolerar lo que se implementó durante 20 años de gobiernos de ARENA. En segundo lugar, el FMLN carece de los instrumentos necesarios para llevar a cabo un cambio substancial, sobre todo porque heredó un estado incapacitado y en bancarrota virtual, tiene que lidiar con una economía neoliberal institucionalizada y bien cimentada, y no tiene margen de maniobra ante una clase dominante que no dudará en ponerlo en aprietos económicos si ésta percibe un giro de políticas en su contra.
Para realizar un cambio significativo en El Salvador es necesario desmantelar el núcleo del poder oligárquico del país, lo cual es la causa matriz de los problemas nacionales, pero hoy por hoy el FMLN no tiene la voluntad ni los recursos para llevar a cabo una empresa de tal envergadura.
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