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Lunes, 16 de Julio de 2012 / 09:02 h

Los secretos de un conflicto

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Dagoberto Gutiérrez

En un primer momento, la crisis histórica trata de la acumulación de sucesivas crisis no resueltas a lo largo de nuestra historia. Aquí necesitamos remontarnos incluso a la invasión europea desatada sobre nuestras tierras, hace 500 años, al oprobioso poder colonial impuesto y al peso de ese coloniaje en nuestra subjetividad. Hay que decir que las crisis estallan sucesivamente en el seno de la sociedad. Uno de esos estallidos produjo los acontecimientos de 1821. Luego, el levantamiento de Anastasio Aquino en 1832. Aquino resulta ser el padre de la dignidad por su capacidad de rebelión. Cien años después, viene el levantamiento de 1932 y la matanza para aplastar la rebeldía. Cincuenta años después, la guerra de 20 años, y los acuerdos para paliar los desacuerdos. Este proceso nos lleva a la actual guerra social donde toda la sociedad parece hervir en una olla de presión.

El segundo componente de la crisis histórica es el estallido de esta crisis al interior del aparato del Estado, de tal manera que en estos momentos, la sociedad que se estremece por la guerra social, presencia perpleja esa misma guerra al interior del aparato del Estado. Esta crisis aparece y parece ser un conflicto entre poderes del Estado, y por momentos parece un problema de temperamentos de ciertos personajes; pero en realidad, el aparato estatal montado sobre ciertas bases ya no responde a las necesidades de subsistencia del mismo aparato. Es decir, que el aparato mismo ya no se sostiene así mismo porque los antiguos principios oligárquicos sobre los que está montado no lo sostienen en medio de la crisis actual del mundo capitalista. Recordemos que se trata de un Estado oligárquico antipopular, antidemocrático, diseñado para favorecer a una minoría opulenta y para impedir, a toda costa, que el pueblo interprete y entienda la crisis permanente de manera política.

Pues bien, en la medida en que la política irrumpa en el razonamiento popular, resulta que la gente y el pueblo aprenden a dudar y a descubrir inteligentemente quiénes son los que lo gobiernan y cuáles son los intereses que se cobijan en las llamadas instituciones estatales. Este es, por supuesto, un proceso con altibajos y con lentitudes, pero es una marea que avanza y permite descubrir el choque de intereses enfrentados y que se presentan artificialmente como choque de poderes, cuando en realidad se trata del conflicto entre la sociedad y los partidos políticos que usufructúan el aparato del Estado.

El tercer componente resulta de extraordinaria importancia porque la crisis afecta destructivamente los pilares ideológicos que sostienen todo este edificio y se instalan desde siempre en la subjetividad de los seres humanos. Se trata de una especie de mitología basada en principios, criterios e ideas poderosas que han sustentado, por siglos, el discurso y la acción de los detentadores del poder. Estos mitos aparecen hoy resquebrajados y mal olientes.

Se trata de figuras que aparecieron durante la revolución francesa, expresando una visión burguesa del mundo y de la vida que sirvió en aquel momento para derrotar y sustituir al mundo feudal y para construir sobre sus ruinas y sobre la sangre del pueblo francés al mundo capitalista, que hoy se estremece en medio de su crisis.

Figuras como el Estado de derecho, la independencia de poderes, la primacía de la Constitución, el predominio de la ley, la soberanía popular, los pesos y contrapesos, aparecen hoy revolcadas en los polvos, en los lodos y en las sombras de la crisis, y no resulta fácil, incluso para cualquier amante de la sonoridad de las palabras, pensar o referirse a esta mitología, sin darse cuenta que la porcelana ideológica ha sido quebrada por un elefante gigantesco llamada crisis histórica.

Resulta que al interior de esta crisis, y como expresión de ella, danza el conflicto real, al que ya mencionamos, entre la sociedad expresada por uno o varios demandantes ante la Sala de lo Constitucional y el régimen de partidos políticos tradicionales que usufructúan el aparato del Estado. Este es el conflicto real que sacude y estremece a la Asamblea Legislativa, es decir, a los partidos políticos y a una Sala de la Corte Suprema de Justicia que resuelve una petición ciudadana.

Esta crisis empieza afectando el juego electoral de los partidos y abriendo el camino para que, en contra de los intereses de estos partidos, pudieran participar en las elecciones, candidatos no partidarios. En este momento estalla la guerra entre los partidos y los ciudadanos que deciden hacer política por su cuenta. En una próxima, desarrollaremos esta explicación

Ante la crisis de gobernabilidad a raíz de la desobediencia legislativa a las sentencias de la Sala de lo Constitucional

Como institución volcada al conocimiento de la realidad y al cambio social, a la UCA le preocupa la crisis de gobernabilidad suscitada por la pretensión de diversos poderes del Estado de convertirse en intérpretes de la Constitución, más allá de la instancia a la que la Carta Magna faculta para ser la autoridad última de apelación en temas constitucionales. Por ello, y para contribuir a la convivencia pacífica, al respeto a las leyes y al desarrollo de la democracia y la justicia, hacemos públicas las siguientes declaraciones:

1. La Sala de lo Constitucional es el único y máximo tribunal competente para realizar el control de constitucionalidad en El Salvador, sobre disposiciones normativas y actos de cualquier institución o funcionario público, en su forma y contenido. De tal manera que los efectos de sus sentencias son generales y obligatorios, de conformidad con el artículo 183 de nuestra Constitución. Además, la Sala es un tribunal de única instancia y, por tanto, sus resoluciones no admiten recurso alguno.

2. Las sentencias definitivas de los procesos de inconstitucionalidad 19-2012 y 23-2012, que resolvieron de forma general y obligatoria las demandas de ciudadanos contra la Asamblea Legislativa, ordenan al pleno legislativo corregir los actos cuestionados; en este caso, las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia efectuadas en 2006 y en 2012.

3.. Los procesos de inconstitucionalidad 19-2012 y 23-2012 han concluido y, por tanto, sus sentencias han adquirido la calidad de cosa juzgada. De conformidad con el artículo 17 de la Constitución, ninguna instancia o autoridad puede avocarse a ellas para examinarlas.

4.. No existe un conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, como esta última sostiene; pues la controversia relacionada con la elección de magistrados fue entre los demandantes y la Asamblea, y ello quedó resuelto por las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

5. La protesta constitucional hecha por los diputados cuando asumen sus funciones, en la que prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución, les inhibe cuestionar y desconocer el sentido de la Constitución interpretado por la Sala cuando examina actos de los poderes públicos, como el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

6. En materia de integración regional, el artículo 89 de la Constitución señala con precisión los márgenes y límites del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), dentro de cuyo marco se encuentra la Corte Centroamericana de Justicia. Hasta el momento, el SICA no contempla la transferencia de competencias soberanas, como la de revisar las resoluciones dictadas por los tribunales garantes de la supremacía constitucional de los Estados miembros. La posibilidad de esta competencia tampoco se señala en el Protocolo de Tegucigalpa ni en el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. En este sentido, carece de sustento la decisión de la Asamblea Legislativa de llevar ante la Corte Centroamericana de Justicia las resoluciones de la Sala de lo Constitucional para juzgar su contenido. En la misma línea, lo dictaminado por la Corte es nulo.

7. En cuanto a forma, es cuestionable la constitucionalidad del decreto legislativo transitorio que reforma la Ley Orgánica Judicial (en concreto, el artículo 27, en sus numerales 5 y 50), el cual fue sancionado por el Presidente de la República en menos de 24 horas. Primero, por tratarse de una reforma transitoria hecha sobre ley permanente sin que exista causa justificada, violando con ello el principio de legalidad consignado en el artículo 86 de la Constitución. Segundo, por haberse realizado con dispensa de trámite e irreflexivamente. Y tercero, por pretender generar efectos jurídicos sin haber sido publicado aún en el Diario Oficial.

8. En cuanto a contenido, es también cuestionable la constitucionalidad del decreto, ya que sus efectos modifican la composición y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial, al posibilitar la instalación de la Corte Plena y, por tanto, la toma de decisiones de esa instancia sin la participación de su presidente constitucionalmente designado ni de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que son los llamados a sustituirle, en el orden de su designación.

Por todo lo anterior, la UCA

1. Congruente con los valores humanos y cristianos que guían su labor docente, investigadora y de proyección social, y respetuosa del ordenamiento jurídico vigente, hace un llamado a que se cumplan las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pide, además, que cesen las acciones que están generando disfunciones en la institucionalidad, como recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia para dilatar el cumplimiento de las sentencias definitivas de los procesos de inconstitucionalidad 19-2012 y 23-2012.

2. Recuerda que toda muestra de irrespeto a las leyes y normas, especialmente si proviene de personas que se hallan al frente de los órganos del Estado, tienen un efecto pernicioso en la convivencia ciudadana. Dado el contexto de inseguridad, violencia e inestabilidad política y social que vive nuestro país, las autoridades deben mantener una estricta obediencia a las leyes y abandonar cualquier tipo de secuela de las tradiciones autoritarias que tanto peso han tenido y siguen teniendo en El Salvador. En este sentido, la UCA advierte del grave peligro de dañar todavía más la frágil cohesión social si no se encuentra una solución, pronta, pacífica y ajustada al marco constitucional, para resolver el conflicto provocado por el desacato y posteriores acciones de la Asamblea Legislativa.

3. Invita a la ciudadanía a reclamar el cumplimiento de las sentencias, a requerir que se garantice la institucionalidad democrática, a exigir que se respete incondicionalmente la Constitución de El Salvador y a demandar el diálogo y la solución racional como salida a los problemas institucionales.

4. Pide que se tome en cuenta que la convivencia fraterna y el desarrollo equitativo implican necesariamente el respeto a las leyes y el buen funcionamiento de la democracia. Frente a las graves necesidades de El Salvador en todos los ámbitos, el respeto a la ciudadanía y la creciente valoración de la persona humana son elementos decisivos para la creación de cohesión y capital social. Los partidos políticos, más allá de sus legítimos intereses partidarios, deben hacer un esfuerzo superior por buscar el bien común y generar confianza en las instituciones. Resolver adecuadamente la crisis actual puede ser un triunfo de todos y un paso más para convivir en paz y avanzar en la tarea de ubicar adecuadamente la ética en los procedimientos políticos.

San Salvador, 7 de julio de 2012.

Sábado, 14 de julio de 2012

EMBAJADA YANKEE Y LA OLIGARQUÍA ESTÁ IMPLEMENTANDO LA RECETA PARA UN GOLPE DE ESTADO

Desde que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) asumen sus funciones, la estrategia era clara, emitir sentencias que aparentemente favorecían al pueblo y sus intereses, para ganarse el apoyo de la gente; por esa razón se impulsaron medidas como: la inconstitucionalidad de la partida secreta para el Ejecutivo, la cancelación de los partidos PDC y PCN, así como dar apertura a los candidatos independientes.

Así mientras se promueve la imagen de los magistrados, se crean de forma paralela, campañas contra la Asamblea Legislativa, contra los Diputados y hasta contra los partidos políticos en gobierno y sus aliados tácticos, al grado que aún cuando se han impulsado leyes que benefician al pueblo como la Ley de Medicamentos o Programas Sociales, la opinión pública frente a los diputados se ha deteriorado, recayendo principalmente sobre el FMLN quienes poseen la Presidencia del legislativo y varios Ministerios del Ejecutivo.

Durante todas estas sentencias el Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha estado muy de cerca de la Sala de lo Constitucional, para tratar de ocultar ante el pueblo los intereses de fondo a los que responde; ya que su objetivo ha sido atacar al FMLN y detener su avance en las instituciones del estado. Teniendo como primer objetivo evitar de cualquier manera, que la corte deje de responder a los intereses de los grupos hegemónicos de la burguesía salvadoreña y el imperio gringo.

Lo peligroso de esto es que se están generando las condiciones para un escenario que podría tener incluso el componente militar como ha ocurrido en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras y recientemente Paraguay. La táctica del imperio y las burguesías hegemónicas locales es la misma: hacer movilizaciones contrarias, generar escenarios de confrontación, ocasionar algunos muertos y herido, tras esos acontecimientos tratan de responsabilizar a los funcionarios de la izquierda y posteriormente se solicita y se exige su renuncia, usando incluso la fuerza militar.

Por ejemplo ¿Qué impacto podría tener una confrontación entre la marcha “Vestida de Blanco” (de ARENA y financiada por la ANEP y EE. UU) contra las marchas convocadas por organizaciones populares, sociales y de izquierda?

Si en esa confrontación se produjeran muertes, ya sean a partir de la confrontación directa o por una conspiración de la derecha, los medios de comunicación, la ANEP, ARENA y el mismo imperio culparían de inmediato a las y los diputados y pedirían la renuncia, pudiendo hasta exigir la intervención militarmente en “defensa” de la democracia.

Incluso se podría culpar de complicidad de las muertes al Presidente Funes, ya que anteriormente ARENA y la ANEP le han exigido que intervenga con los instrumentos de represión del Estado a la Asamblea Legislativa para que acaten las resoluciones de la Sala; situación a la cual no se ha prestado. Siendo así, podría también solicitar su renuncia o promover alguna forma de juicio en su contra para su destitución.

Estas acciones no están aisladas de la ofensiva imperialista generada en Paraguay y Bolivia recientemente, e incluso se tratan de generar ciertas condiciones en el proceso electoral venezolano.

Nosotros también compartimos el anhelo de tener una Corte Suprema de Justicia que sea independiente a los intereses de la Burguesía hegemónica y responda íntegramente a los intereses del pueblo, también compartimos el anhelo de una constituyente popular y socialista, pero que nuestros anhelos no se confundan con la realidad.

Por ello hacemos un llamado:

Al pueblo salvadoreño, a las organizaciones populares, a los medios de comunicación alternativos y a las Organizaciones No Gubernamentales, a no dejarse llevar por conspiraciones obscuras del imperio y de la oligarquía, más bien defendamos los avances populares conquistados en las instituciones del estado y aportemos a su profundización.

A las organizaciones del pueblo a movilizarnos para impedir que el imperio cumpla con sus planes golpistas en El Salvador, para avanzar y defender los avances progresistas del gobierno.

Al FMLN a escuchar las opiniones del pueblo, a no alejarse de las bases y a hacer una lectura humilde y atinada de las condiciones de lucha en la que nos encontramos, el imperio quiere golpear y ustedes solos no podrán contrarrestar esas medidas.

A las organizaciones de izquierda que no han interpretado correctamente el conflicto entre la Corte y la Asamblea, para que reflexionen sobre sus posiciones, que al final solo benefician a la derecha y al imperio norteamericano.

¡FUERA IMPERIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA!

GOLPISTAS Y DESESTABILIZADORES, NO PASARÁN

Partido Comunista de El Salvador
PCS

Viernes, 13 de Julio de 2012 / 08:07 h

El Salvador La disputa por la dirección del bloque hegemónico

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Julia Evelyn Martínez 

En las sociedades capitalistas, el control de la clase burguesa sobre el resto de clases sociales, y en particular sobre la clase trabajadora, no está determinado únicamente por el control de la propiedad de los medios de producción y/o por el uso de la fuerza policial o del ejército. Más bien, y como lo señala Antonio Gramsci (Cuadernos de la Cárcel, 1929-1930 ) esta capacidad de control está determinada por la hegemonía de la clase burguesa, es decir, por su capacidad de controlar las ideas y las voluntades de todas las clases sociales, y unificarlas en torno un proyecto histórico de desarrollo capitalista, que actúa como una especie de imaginario social colectivo en donde se cree profundamente que los intereses económicos, políticos, jurídicos y sociales de la clase capitalista son coincidentes con los intereses del resto de la sociedad.

De acuerdo a Gramsci, el éxito de la hegemonía de la clase capitalista depende de su capacidad de disponer de un discurso coherente y atrayente que les haga creer a los sectores dominados (y a sus aliados) que existe un “bien común” o “un interés nacional”, que supera las diferencias o contradicciones de clase o las ideologías de derecha o de izquierda, y al cual deben supeditarse las voluntades y acciones de todos y todas. En la elaboración y difusión de este discurso, son importantes los intelectuales orgánicos (profesores, analistas, editorialistas, curas, pastores, comunicadores, académicos, escritores, eruditos, etc.) que se encargan de que educar y/ formar a la opinión pública en eso que se llama “el sentido común”.

La labor de los intelectuales orgánicos de la clase dominante es dar continuidad y actualidad a la función del sistema educativo. En el capitalismo, el sistema educativo tiene la función de “depositar” en la mente de los niños y niñas desde la más temprana edad, ideas como “Patria”, “Nación”, “Orden Constitucional”, “Sometimiento a la Ley”, “valores cívicos”, “productividad”, “competitividad”, “liderazgo”, “familia”, entre otras muchas ideas que contribuyen a reproducir las relaciones burguesas de poder. El sistema educativo en el capitalismo no solo forma la fuerza de trabajo que necesita el capital para su valorización y reproducción sino que “concientiza” a las personas sobre la legitimidad de la estructura jurídica, política e ideológica que corresponde a las relaciones capitalistas de producción, circulación y distribución.

La capacidad de hegemonía de la clase capitalista se refleja así en la conformación de un bloque hegemónico, que está integrado por alianzas más o menos estables entre fracciones de la clase dominante, y alianzas entre la clase dominante y las clases dominadas. En su conjunto, estas alianzas tienden a desdibujar o a impedir el surgimiento de la conciencia en sí y para sí de la clase trabajadora y a desactivar su potencial revolucionario. El mantenimiento de estas alianzas es lo que permite el funcionamiento del bloque histórico

El bloque histórico no es nada más que una forma de referirse al vínculo que en un determinado momento de la historia de un país existe entre los elementos económicos o estructurales de un sistema económico (fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción) y los elementos no económicos o superestructurales de ese sistema económico (Sociedad Civil y Sociedad Política).

Sobre el concepto de sociedad civil y sociedad política, Gramsci señala que “se pueden fijar dos grandes planos superestructurales, aquel que se puede llamar de la sociedad civil, es decir del conjunto de organismos vulgarmente llamados “privados” y aquel de la sociedad política o Estado, que corresponden (respectivamente) a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad y aquel de dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico”.

De acuerdo a esta definición, la sociedad civil es el espacio en donde se forma los consensos en torno al proyecto capitalista de desarrollo y se promueve la adhesión de las clases dominadas a los intereses de las clases dominantes. Este espacio estaría formado por los gremios empresariales, iglesias, universidades, instituciones educativas, gremios profesionales, “tanques de pensamiento”, sindicatos, cooperativas, medios de comunicación, entre otras organizaciones que forman el tejido social. Los partidos políticos serían parte de la sociedad civil, y no “un sector aparte” como se supone en el uso no marxista del término sociedad civil, como por ejemplo, la definición impuesta por el Banco Mundial.

La sociedad política en cambio, estaría conformada por las instituciones que realizan la función coercitiva y de dominio directo, para hacen cumplir la ley y el orden capitalista, que se sintetizan en la estructura de poderes del Estado (Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Órgano Judicial, Fuerzas armadas, municipalidades y entidades autónomas). El nexo principal (pero no el único) entre la sociedad civil y la sociedad política son los partidos políticos, que son portadores de los consensos o disensos entre fracciones de clase o entre clases sociales, y que actúan como correas de transmisión para reproducir y/o reformar las normas jurídicas y la institucionalidad política del Estado, y mantenerlas adaptadas a las necesidades de la hegemonía de la clase capitalista en un momento determinado.

El bloque hegemónico capitalista no es una realidad estática o invariable, sino que se encuentra en constante movimiento. A su interior, existen presiones de determinadas fracciones de la clase burguesa y/o de las clases dominadas por asumir la dirección de las alianzas, e imponer así su propio “sentido común” al resto de la sociedad en función de sus intereses económicos estratégicos dentro del bloque histórico. Estas presiones incluyen el interés por imponer su propia interpretación sobre el rol del Estado en el desarrollo capitalista, sobre los regímenes de propiedad y explotación de la tierra, sobre el régimen tributario, sobre el sistema monetario, sobre las condiciones de participación del capital extranjero y sobre las relaciones económicas internacionales, entre muchas otras cuestiones.

Estas disputas se agudizan cuando la fracción de la clase burguesa que ha ejercido durante un período prolongado la dirección del bloque hegemónico, de pronto pierde la capacidad de representar al resto de fracciones de la clase burguesa y/o pierde credibilidad ante las clases dominadas. Su discurso hegemónico empieza a perder atractivo y deja de cohesionar a las clases sociales en torno a un proyecto común de desarrollo nacional. Puede ocurrir por ejemplo que la fracción dirigente del bloque hegemónico pierda credibilidad al mostrarse incapaz de generar mejores y/o mayores condiciones para la acumulación del capital (inversión privada) y/o de generar condiciones mínimas de redistribución del ingreso que mantengan bajo control las demandas de la clase trabajadora. Su continuidad en la dirección del bloque hegemónico puede comenzar a verse como una amenaza al “desarrollo nacional” y/o al “bien común”.

En estas coyunturas se presentan crisis de hegemonía, que se reflejan en el afloramiento de las contradicciones entre las fracciones de la clase capitalista, que pueden desembocar en un cambio en la dirección de este bloque. Una fracción o varias fracciones de la clase empresarial pueden comenzar a luchar por tomar control de la dirección del bloque hegemónico para reformar y/o tomar el control de la institucionalidad del Estado y ponerla en función de un nuevo proyecto histórico burgués de desarrollo, mientras que otra fracción o fracciones se resisten a este cambio.

¿Y las clases dominadas? ¿Y la clase trabajadora? Ante la carencia de un proyecto y de un discurso contra-hegemónico propio, la clase trabajadora y sus intelectuales orgánicos/as (cada vez menores en número) suelen adherirse al nuevo proyecto y/o nuevo discurso hegemónico capitalista, que les devuelve “la ilusión y la confianza” de que es posible lograr el desarrollo nacional mediante la unidad, la democracia y el respeto al Estado de Derecho burgués. Con ello, sin saberlo contribuyen a la renovación del capitalismo y a postergar su propio proceso de liberación.

¿A propósito de qué hago estas referencias al pensamiento de Antonio Gramsci en este espacio? En estos días, en que la sociedad salvadoreña asiste a la puesta en escena de la “batalla final” por el control de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, (el máximo organismo en la interpretación de los derechos de propiedad en el bloque histórico salvadoreño), pienso que podría ser de interés re-leer o comenzar a leer a este autor. Me parece que no solo es necesario hacerlo para comprender la esencia del enfrentamiento que protagonizan cotidianamente los intelectuales orgánicos de las fracciones empresariales en pugna, sino sobre todo, es necesario, para poder dimensionar las implicaciones negativas que para la clase trabajadora tiene en esta coyuntura, la falta de un proyecto y de un discurso contra-hegemónico al proyecto de dominación de la clase capitalista.

Estamos frente a una lucha por la dirección del bloque hegemónico protagonizada por el sector empresarial de ARENA, que se niega a ceder esta dirección al otro grupo de ese bloque, integrado por el sector empresarial de GANA en alianza con el FMLN. En esta lucha por la dirección del bloque hegemónico se juega el control sobre la interpretación de la norma constitucional que más se adapte a su proyecto de hegemonía y/o que pueda favorecer o desfavorecer los intereses específicos de las fracciones empresariales en conflicto.

Se trata de eso, no es una lucha entre la democracia y la autocracia, no es una lucha entre la izquierda y la derecha, ni tampoco una lucha entre el bien y el mal. De allí los llamados de uno y de otro de los bandos enfrentados a conformar un nuevo pacto de unidad nacional bajo su dirección: “un pacto nacional en defensa de la Constitución”, “un acuerdo nacional basado en la legalidad”, “una amplia alianza en donde quepan todos los signos ideológicos, incluyendo a las feministas”.

Los intelectuales y las intelectuales que se consideran aún orgánicos al proyecto de revolucionario de liberación de la clase trabajadora (es decir, los que aún no han sido incorporados al proyecto capitalista de dominación) deben tomarse el tiempo para desentrañar la esencia que se esconde detrás de la apariencia en esta coyuntura y redoblar esfuerzos para orientar a la clase trabajadora (en particular a la juventud) sobre lo que en realidad está ocurriendo y evitar una nueva escisión o fractura de clase, que retrase aún más su proceso histórico de liberación. De lo contrario, se corre el riesgo de terminar actuando (por ingenuidad, ignorancia o indiferencia) como simples instrumentos de alguna de las fracciones de la clase empresarial que se encuentra en pugna por la dirección del bloque hegemónico. 

La trampa
*
Miércoles, 11 de Julio de 2012

¿Qué le pasa a Joaquín Villalobos? Él fue mi jefe durante la guerra. A veces no estuve de acuerdo con sus decisiones o planteamientos, pero siempre respeté su capacidad y honestidad intelectual. Lo conocí de cerca como un líder audaz, quien tomaba decisiones y acciones, mientras el resto del FMLN se desgastaba en discusiones estériles. Esta audacia lo convirtió en el comandante más dinámico, menos predecible, menos dogmático y más flexible de la insurgencia. En una palabra, en el más peligroso para el adversario.

Este tipo de audacia incluye, por definición, el riesgo de equivocarse. Otros comandantes guerrilleros poco se equivocaron, porque poco aportaron al proceso insurgente. Este tipo de audacia política también incluye una dosis de soberbia: atreverse a efectuar giros sorprendentes sin esperar que los demás terminen de entenderlos.

A veces esto es indispensable. Si Villalobos no hubiera abandonado, sin hacerles caso a los demás miembros de la Comandancia General, la guerra de guerrillas, concentrando sus fuerzas para formar la Brigada Rafael Arce Zablah y pararse al ejército frontalmente, la insurgencia probablemente se hubiera acabado en 1983.

A veces la audacia y soberbia le hicieron cometer errores graves a Villalobos. Como cuando rompió con el FMLN sin asegurarse que los comunistas se quedaran solos. Formó el Partido Demócrata y se quedó sólo él.

Y nuevamente hoy, cuando trata de convencer a la izquierda democrática a apostar a Tony Saca como la “tercera vía”, para romper la polarización ideológica en El Salvador, en su reciente columna “Vientos paraguayos en El Salvador”, escrita para El País de Madrid y reproducida por La Prensa Gráfica. Igual que en 1994, Joaquín Villalobos piensa que cuando él va adelante y habla fuerte, los demás le van a seguir. Por suerte, en tiempos de paz esto ya no funciona.

Empecemos con el análisis que está a la base de su llamado a apostar a Tony Saca: “En El Salvador las elites económicas han provocado una crisis entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, escribe Villalobos, refiriéndose a la actual crisis constitucional. Atrevida afirmación. Si el punto de partida es tan equivocado, las conclusiones serán insostenibles. No son las “elites económicas” que han provocado esta crisis, sino el interés común y la estrategia concertada del FMLN y del bloque Funes-Saca de hacerse del control de la Corte Suprema y de la Fiscalía, luego de ya haber logrado controlar la Corte de Cuentas, el Consejo Nacional de Judicatura y el Tribunal Supremo Electoral. Es cierto, la derecha, en su tiempo, hizo lo mismo. Pero hay una diferencia: La derecha política y económica ha manoseado las instituciones para privilegiarse al máximo (política y económicamente) del sistema republicano. Es condenable. En cambio, la alianza FMLN-GANA lo hace para destruir el sistema. La derecha pervirtió las instituciones, la nueva alianza entre izquierda autoritaria y el sector más corrupto de la derecha las destruyen. Unos distorsionaron las reglas, otros las quieren sustituir por nuevas que les permitan avanzar hacía un Estado irreversiblemente autoritario.

En medio de esta crisis, Villalobos no ve lo obvio: el surgimiento de una alianza FMLN-Saca que aplicaría una estrategia “todos contra ARENA”, no importando si al final tengamos como presidente a Sánchez Cerén o a Tony Saca, sino ve “el surgimiento de una tercera fuerza basada en la alianza Saca-Funes”, que “crearía un nuevo balance político, y sacaría a El Salvador de la polarización”.

Ahí estamos en el meollo del asunto: Para que la estrategia común FMLN-Saca funcione, el último no puede presentarse simplemente como el candidato del pedazo que logró arrancar a ARENA. GANA no suma suficiente y no tiene legitimidad. Se necesita preparar el terreno para que Saca pueda ocupar el espacio del centro, y en particular del centro-izquierda, donde hay un enorme vacío. Este vacío lo ocuparon en el 2009 figuras como Mauricio Funes, Alex Segovia, Héctor Silva y Héctor Dada, para exitosamente complementar al voto duro del FMLN y derrotar a ARENA. Pero esto no se puede repetir, luego del desastre del gobierno Funes-FMLN. Para el 2014 se necesita una “tercera fuerza” aparentemente independiente del FMLN, y otras figuras, porque los que entraron al gobierno se desgastaron. Ahí es donde de repente cobran importancia figuras históricas de la izquierda democrática como Ana Guadalupe Martínez, Juan Ramón Medrano y Joaquín Villalobos.

Para mí y mi orgullo de haber sido parte del ERP, conducido por estos nombres ligados a la mejor tradición democrática entre los insurgentes, esto es golpe difícil de asimilar. El hecho que termina siendo Joaquín Villalobos el que le abre el espacio a Tony Saca a ocupar el lamentable vacío que todos nosotros hemos dejado en la centro-izquierda de nuestra sociedad, es inconcebible.

“Nada es más corrupto que el monopolio del poder”, concluye Villalobos en su columna. ¿Será realmente que no se da cuenta que el regreso de Tony Saca al poder, o la asunción de Sánchez Cerén a un poder compartido con Tony Saca, es la mejor receta para establecer un “monopolio del poder”? Uno que se parecería al establecido en Nicaragua, que nunca se hubiera dado sin la ayuda de una derecha corrupta con necesidad de asegurarse inmunidad y participación en el control de las instituciones.

• Columnista de El Diario de Hoy.