La candidatura para la reelección inconstitucional impuesta por Bukele resume el más severo retroceso democrático que sufre El Salvador después de la guerra civil y la firma de los Acuerdos de Paz, gesta que contó con todo el aval y respaldo internacional. Hoy Bukele desconoce estos acuerdos, generando el mayor descalabro en materia de Derechos Humanos. Hay decenas de miles de inocentes encarcelados, sin las más elementales garantías procesales; persecución de opositores, de organizaciones de la Sociedad Civil y de la prensa independiente. El prolongado Régimen de Excepción anula libertades democráticas en pleno desarrollo de la campaña electoral. El régimen ejerce un absoluto control sobre todas las instituciones del Estado. Se eliminaron todos los mecanismos de transparencia y acceso a la información gubernamental. Es en este contexto en que se ejecutan las “elecciones libres” de 2024.
Una elección justa, libre y democrática exige de un marco jurídico y procedimental, con normas claras y estables para una competencia equilibrada. Sin embargo, el Gobierno de Bukele y su partido torcieron las reglas de competencia: eliminaron el articulo 291-A del Código Electoral que impedía reformas a menos de un año de celebrarse elecciones; separaron la elección en dos fechas, juntando la presidencial y legislativa para inducir votos en cascada. Redujeron arbitrariamente el número de municipios de 262 a tan solo 44. Así mismo, sin argumentos redujeron el número de escaños legislativos de 84 a 60. Cambiaron la fórmula repartidora de escaños del sistema Hare a un D’Hondt, eliminando la representación de minorías para concentrar más pode. El voto electrónico presencial del exterior no tiene un padrón de electores. Además, concentran arbitrariamente los votos legislativos del exterior en el departamento de San Salvador. Y el colmo, el Gobierno niega a la oposición el financiamiento de campaña que por ley corresponde a los partidos.
Lo peor fue la decisión del TSE de inscribir la candidatura de Bukele para la reelección presidencial, una decisión que viola siete artículos constitucionales, que de manera concatenada, armónica y clara impiden la reelección presidencial continua (75, 87, 88, 131, 152, 154, 248). Esta maniobra por la reelección inició con el asalto y disolución (1° de mayo de 2021) de la Sala de lo Constitucional, cuando colocaron magistrados sin el procedimiento del Consejo Nacional de la Judicatura. Estos magistrados impuestos son dóciles al régimen. Acto seguido, destituyeron al fiscal general, sin un procedimiento de antejuicio, imponiendo a otro afín al poder. El flamante árbitro electoral es el TSE, que, en papel, es la máxima instancia en materia electoral (art. 208 Cn), pero en la práctica aparece débil, doblegado y dócil al régimen de Bukele.
La organización Acción Ciudadana, especialista en temas de transparencia, publicó una investigación sobre el desempeño publicitario de las campañas electorales. Este detalla que el monto de inversión en propaganda durante los meses de septiembre y octubre alcanza $2,845,964.00 de dólares. De estos, la oposición en conjunto pautó a penas $65,000.00; mientras el Gobierno y su partido pautaron más de 2,7 millones en anuncios radiales, prensa, tv, vallas y redes sociales. Mucha de esta pauta la vimos en el prolongado y masivo spot “Recuerdas esto…”, un material sobre pandillas, la mega cárcel, y la acusación contra la oposición sobre que de llegar a triunfar, liberaría a los criminales.
La fecha del montaje del concurso Miss Universo fue calculada por el Gobierno dentro del periodo de la campaña electoral, entrelazando, de manera aviesa y descarada, la millonaria “comunicación gubernamental”, con su campaña electoral presidencial. En esta aparece el candidato/presidente Bukele en pleno evento, prevaliéndose de los multimillonarios recursos del Estado para promover su candidatura inconstitucional, amparado en el silencio cómplice del TSE.
El Gobierno y el candidato/presidente Bukele, acaparan el 97% del espacio publicitario, y controlan una basta y oscura red de cuartos de guerra con troles, youtubers, influencers y opinadores afines que ejecutan una guerra sucia de ataques contra la oposición. En tanto el TSE, sin regular la desigual competencia, falazmente convoca a los partidos contendientes a la firma de un “Pacto de entendimiento para las buenas prácticas en las campañas electorales y LA NO VIOLENCIA”.
Ya es hora en que los candidatos presidenciales de oposición y los partidos acuerden exigir un paquete de garantías democráticas para salvar la elección y acercarla a estándares internacionales. De lo contrario, considerar el retiro de la campaña presidencial.