Sin posibilidades de ser procesada por el régimen de excepción imperante en el país, la economía criminal campea impunemente por los barrios y cantones donde viven los trabajadores y trabajadoras, víctimas de la explotación que esta genera en complicidad con el poder oligárquico nacional y extranjero y el gobierno actual.
Hace 10 días, una maquila transnacional radicada en el país desde 1994, pero de capital extranjero, HanesBrands Inc., anunció el despido escalonado de 1592 trabajadores salvadoreños y salvadoreñas, que en este venidero diciembre no tendrán fuente de la cual proveer de alimentos a sus familias, condenados a una triste navidad. Argumentando incertidumbre en el entorno económico mundial y una baja exportación de las mercancías producidas en El Salvador, esta empresa de origen estadounidense y líder en la venta de ropa, cierra una de sus plantas sin disimulo alguno luego de tres décadas de explotar la mano de obra barata, que en 2023 le permite ser la empresa industrial con mayor exportación en el país por valor $717.6 millones en prendas desde El Salvador, mismo logro que mantiene desde hace una década después.
Parecería un exceso este ejemplo, aparentemente aislado, para considerarlo entre los crímenes cometidos por esta economía salvadoreña, pero a este súmele que entre miércoles y sábado, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador, sofocaron intentos de los vendedores ambulantes por instalarse en las calles del remozado Centro Histórico capitalino, en espera que la navidad sea abundante para todos tras el ansiado fin de los espectáculos del gobierno, en especial de Miss Universo, que acaparó todos los intentos del Ejecutivo por embellecer las calles del centro capitalino, aunque esto significara desalojar a quienes hacen del comercio informal su fuente de ingresos a falta de un empleo estable.
Para ocultar esas rebeliones, el Ejecutivo no tardó en desplegar su maquinaria publicitaria para disipar cualquier opinión pública adversa manejando la tendencia de las redes sociales. No se trata de negar la estética que hoy luce el corazón de San Salvador, motivo de turismo de nacionales y extranjeros, pero una cosa no puede negar lo otro: este importante sector requiere de soluciones inmediatas, reales y sostenibles para ganarse su pan de cada día.
Estos ejemplos no son más que pruebas de la criminal economía salvadoreña que, según la CEPAL, ha condenado de 2019 a 2022 a más de 200 mil salvadoreños a la pobreza extrema, según reveló un estudio presentado el jueves pasado por dicho organismo que, a diferencia, señala que la pobreza y la pobreza extrema en América Latina se ha mantenido por niveles parecidos durante esos cuatro años. Sin embargo, para el caso salvadoreño ha evidenciado un aumento de personas en condición de pobreza extrema, quienes no tienen los recursos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica familiar. Esto fundamenta los resultados del informe presentado por el MINSAL en el cual reconocía las más de 200 personas que han fallecido por desnutrición severa en el mismo período.
Coincide también con el período durante el cual este gobierno ha desmantelado los programas de beneficio social dirigidos a los sectores populares más vulnerables pese al aumento de la desigualdad social y al alto costo de la vida. Coincide, pues, con el gobierno de Nayib Bukele.
Para quienes en defensa del oficialismo puedan argumentar que esto es efecto de la pandemia, la guerra en Ucrania o cualquier otro factor externo, sírvase recordar que el mismo informe detalla que en América Latina los niveles de pobreza relativa y extrema no han variado mucho. Es decir, el resto del continente ha mantenido invariables los índices de pobreza relativa y extrema, pero en El Salvador hay más pobres en condiciones paupérrimas.
Otro dato que recuerda la CEPAL es que, de 2014 a 2019, es decir, durante el segundo mandato del FMLN, la pobreza en El Salvador disminuyó en más 5 puntos porcentuales, y pasó de 11.7% en 2014 a 5.6% en 2019. Sin embargo, a partir de ese año 2019 la pobreza extrema creció nuevamente en más de 3 puntos, de 5.6% a 8.7% en 2022.
Estas son pequeñas cifras para demostrar la culpabilidad de esta criminal y macabra economía, cuyos orígenes en nuestro país se remontan a casi cinco siglos desde la esclavitud, explotación y vejación colonial sobre nuestros pueblos mesoamericanos, y dos siglos de explotación capitalista como república. Cadena perpetua es lo menos que debería pagar esta injusta y cruel estructura económica, que hace de la vida del pueblo salvadoreño y la naturaleza su principal objeto de mercancía.
La necesidad de otra lógica de producción, distribución, intercambio y consumo es urgente para el pueblo salvadoreño, basada en la solidaridad y la complementariedad de los sectores populares, pero esta solo puede ser obra de la creatividad y la osadía de este pueblo, cansado de los crímenes económicos cometidos en su contra.