En El Salvador se está produciendo una intensa lucha por la recomposición del poder político, entre los sectores que conforman la tradicional clase burguesa y los sectores económicos emergentes que buscan consolidarse como núcleos económicos dominantes. Estos sectores emergentes de la burguesía ya controlan ciertos órganos del aparato del Estado burgués, lo que les permite presionar y negociar con quien más le conviene de cara a la defensa de sus intereses. Esta “toma” de una parte de las instituciones, preocupa a una parte del empresariado salvadoreño tradicional que considera que la democracia está en riesgo, aunque en realidad lo que está en riesgo son sus intereses económicos y políticos y la perdida del control del aparato de Estado.
Una Constitución reaccionaria y antidemocrática
La Constitución de la Republica de El Salvador, vigente desde 1983 con algunas reformas, no fue elaborada con la participación democrática del pueblo salvadoreño. Al contrario, fue impuesta por el imperialismo norteamericano y las clases dominantes en plena Guerra Civil y en momentos en que las Fuerzas Armadas y demás cuerpos represivos de seguridad, junto a los escuadrones de la muerte, masacraban a los dirigentes obreros y populares. Esta Constitución en el artículo 85 sentó las bases de la partidocracia, al establecer que: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”.
Estos conceptos respondieron a las necesidades y realidades históricas de los sectores de la clase dominante, que en aquel momento buscaba desesperadamente frenar un posible arribo al poder de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en ese momento libraba la lucha armada y propugnaba por la insurrección popular. Aunque, al mismo tiempo, creó mecanismos institucionales para que la guerrilla del FMLN pudiese desarmarse, abandonar el programa socialista, y participar en la vida política como un partido más, pero amarrado a los preceptos constitucionales que la oligarquía definió en 1983.
Por ello la Constitución de 1983 limitó y continúa limitando la participación política democrática de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares, estableciendo rígidos requisitos exigidos para constituir nuevos partidos políticos, e implementando procesos viciados en la inscripción de los mismos.
Las maniobras de ARENA
El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) nació como una agrupación contrarrevolucionaria, y siempre ha defendido los intereses de los sectores tradicionales de la clase dominante. Después de la derrota electoral del 2009 perdió del poder ejecutivo, así como la hegemonía en la Asamblea Legislativa, como resultado de la división interna que llevó a la fundación del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Antes de que se produjera el cambio de correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa, ARENA se atrincheró en el órgano judicial, recurriendo posteriormente a una serie de maniobras como dictar sentencias favorables a la seudo democratización del sistema político, al permitir las candidaturas independientes, el desbloqueo de listas cerradas de candidatos a diputados, etc.
Estas maniobras estaban dirigidas a debilitar políticamente al gobierno de Mauricio Funes y del FMLN, creando mecanismos institucionales que les restasen caudal electoral al FMLN y GANA, este último como expresión partidaria de los sectores burgueses emergentes. Las sentencias de la Sala Constitucional fueron una clara maniobra política que beneficiaba a ARENA, pero al dictarlas dejaron muy claro que los gobiernos de ARENA se basaron en instituciones antidemocráticas, como siempre lo hemos denunciado los socialistas centroamericanos.
Como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), partiendo de que dichas sentencias sólo buscaban cambiar algo para que todo siguiera igual, declaramos que no apoyábamos las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por considerarla una maniobra política de la derecha y porque eran insuficientes para satisfacer los objetivos políticos de la clase trabajadora. Expresamos a la vez que no podíamos permitir ni apoyar restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores y del pueblo, como los que fueron realizados en los gobiernos de ARENA.
Como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) también hemos criticado al gobierno del FMLN porque éste se ha negado a encabezar la lucha por la democratización del sistema político salvadoreño. Hasta ahora las “Reformas Electorales” sólo han beneficiado a ARENA y GANA, no así a la clase trabajadora, ya que continúan vigentes las restricciones que impiden la participación política de los trabajadores, campesinos y pueblos originarios, por lo que sigue siendo necesario luchar por una verdadera democratización del régimen político.
La clase dominante tradicional y el partido ARENA han buscado maneras para evitar que las expresiones políticas de los nuevos grupos económicos emergentes consoliden posiciones dentro de las instituciones del Estado. En este contexto, a pesar que ARENA se recuperó en las pasadas elecciones legislativas de 2012, la repartición de los cargos dentro de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Republica se realizó cuando el FMLN y sus aliados tenían mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa
Este es el verdadero origen de la actual crisis política. Este “golpe de mano” del FMLN y sus aliados es considerado “inconstitucional” por ARENA y la clase dominante tradicional. El temor de estos sectores es que en el futuro tendrían que negociar las decisiones judiciales con el FMLN y sus aliados.
La defensa de la Constitución, nueva táctica de la derecha arenera
El nombramiento de los Magistrados por segunda ocasión por parte de la legislatura 2009 -2012 llevó a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la elección de los magistrados en 2012 y en 2006. Evidentemente, las decisiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contradecían la voluntad de los aliados del FMLN dentro de la Asamblea Legislativa.
Fue así como la Asamblea Legislativa aprobó un acuerdo para interponer una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) contra las ultimas sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la que ordenó la suspensión de los actos de la Sala de lo Constitucional, validando momentáneamente en los hechos las decisiones de la Asamblea Legislativa de elegir Magistrados en dos ocasiones. Esta resolución de la CCJ fue considera por la Sala Constitucional de la Corte Suprema como “invasión indebida en la justicia constitucional del Estado salvadoreño”, agravando la crisis política y poniendo en tela de juicio los órganos de la integración centroamericana, que fueron reconocidos en su momento por el Estado de El Salvador.
Por su parte, el presidente Mauricio Funes se mostró afín a las resoluciones de la CCJ, debido su temor a que se declaren también inconstitucionales los nombramientos de los militares en los organismos de seguridad, decisión que ha sido cuestionada por muchas organizaciones sociales.
Esta lucha política en las alturas del poder, no beneficia en nada a la clase trabajadora, los campesinos, los pueblos originarios y demás sectores populares. A pesar de ello, la clase dominante tradicional muy astutamente ha logrado arrastrar a ciertas organizaciones a su causa, como es el caso de algunos grupos en Aliados por la Democracia. De igual manera, expresiones políticas de los sectores económicos emergentes, también han manipulado y arrastrado a sectores de masas en esta lucha por el control de los aparatos del Estado.
En este conflicto por el control de la Corte Suprema de Justicias, tanto el FMLN y sus aliados, como ARENA, han apelado a la movilización controlada de sus seguidores, para incidir en la mesa de negociaciones. Ninguno de estos bandos en pugna apela realmente a las masas, porque ambos temen que se cree una dinámica social que no puedan controlar. Ambos enseñan los dientes y los puños, esperando convencer al otro de la necesidad de encontrar una salida negociada.
Chantaje e imposiciones del imperialismo
Esta crisis política ha empezado a preocuparle al imperialismo norteamericano, debido a las buenas relaciones que mantiene con el gobierno de Funes y del FMLN.
El imperialismo también presiona por una salida pactada a dicho conflicto. Para ello ha recurrido al chantaje, amenazando con retirar los programas de cooperación financiera al gobierno y utilizando la figura del presidente Funes, quien parecía no querer involucrarse en el conflicto so pretexto de la independencia de poderes. Pero la dinámica del conflicto obligó a Funes a encabezar el proceso de diálogo entre el FMLN y ARENA.
Funes ha dicho que “Se trata de lograr un ámbito favorable al diálogo y a la construcción de consensos que permita alcanzar acuerdos superadores del conflicto de poderes que vivimos ya desde hace varias semanas… No estoy esperando que al final de esto salga la solución, pero al menos si nos ponemos de acuerdo en cómo comenzar a abordar el problema y el alcance de estas reuniones, con eso diría yo que nos podríamos dar por satisfechos…” (http://www.presidencia.gob.sv)
La dirección del FMLN junto al gobierno de Funes, solamente están presionado para negociar, pero no en función de los intereses de las grandes mayorías, sino para garantizarse cuotas de poder como partido político.
El resultado de las primeras negociaciones entabladas, bajo la mediación del Presidente Funes, indica que tanto ARENA como el FMLN y sus aliados, han llegado a acuerdos parciales que indican la voluntad política de fortalecer el bipartidismo, la repartición de cuotas de poder, a costa de los mismos valores democráticos que ambos sectores dicen representar.
Exijamos la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana
En el 2009, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), planteó la necesidad de terminar con los gobiernos de ARENA. Una vez derrotada la derecha arenera, expresamos total desacuerdo con el gobierno de Unidad Nacional, por ser contrario a los intereses de las grandes mayorías, llamando a la instauración de un gobierno de la clase trabajadora, de campesinos, pueblos originarios y sectores populares en el cual no debía participar ningún burgués.
Era y sigue siendo necesario rechazar todo pacto o negociación con la derecha. Se debía terminar con el sistema antidemocrático, ampliar las libertades, garantías y derechos en beneficio de la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, siendo necesarios la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en la cual sea el pueblo quien decida democráticamente los rumbos de la nación.
A pesar de sus maniobras y de los resultados electorales del 2012, la derecha arenera realmente no ha podido recuperarse. Ha perdido el control del órgano judicial y la hegemonía en la Asamblea legislativa, lo que ha generado una crisis del sistema de dominación burgués. Este es el momento en que el FMLN debería luchar desde la Asamblea Legislativa por la derogatoria de la pétrea Constitución de 1983 y reorganizar el Estado en beneficio de las clases oprimidas, pero se niegan a hacerlo. Salvador Sánchez Cerén ha dicho con claridad que el FMLN aspira a realizar reformas constitucionales.
Esta crisis política se produce en el marco de la crisis económica nacional e internacional del sistema capitalista, lo que debe ser aprovechada por la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares para cambiar el sistema político económico y social imperante.
Un Plan de Lucha para convocar a la Constituyente
Llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas, pueblos originarios y populares a construir un frente unitario para reclamar la instalación de una Asamblea Constituyente que implemente un plan de reorganización democrática del Estado. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) proponemos un Plan de Reivindicaciones básicas que debe implementar la Asamblea Nacional Constituyente, así tenemos:
1. Que sea el pueblo quien elija directamente al presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal general de la república y al Procurador general de la República, así mismo que sea el pueblo quien revoque el mandato a cualquier funcionario publico. Un alto funcionario no debe ganar más allá del salario de un obrero calificado.
2.- Democratización del régimen político lo que implica flexibilizar los requisitos para la creación y legalización de partidos políticos, y de las candidaturas no partidarias que permitan la participación política de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares. A nivel municipal los consejos municipales deben ser representativos de todas las expresiones políticas.
3. Incorporación de mecanismos como el referéndum, plebiscito. Etc que permitan la participación democrática y consulta popular en temas de interés nacional.
4. Reconstruir la nación y el estado federal centroamericano.
5. Revertir el proceso de dolarización.
6. Retirar toda protección jurídica que permita a los funcionarios públicos actuar en impunidad tal es el caso del fuero político y militar.
7. Cese de la creciente remilitarización.
8. Garantizar la seguridad, la prevención y combate a la violencia y delincuencia.
9. Por el derecho a la libertad de sindicalización y el derecho a huelga de todos los empleados públicos y municipales, así como también garantías de estabilidad laboral.
10. Despenalización de todos los métodos tradicionales de lucha social.
11. Asegurar que los que tienen más dinero, paguen mas impuestos.
12. Implementación de una reforma agraria integral.
13. Reconocimiento de la existencia y derechos de los pueblos originarios (indígenas).
14. Fortalecer el sistema público de salud con carácter gratuito a niveles que satisfagan las necesidades de la población.
15. Garantizar el acceso de toda la población a una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, así como la asignación de un presupuesto justo a la Universidad de El Salvador. Destinar los recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema de educación pública, mejorando la excelencia académica y la investigación científica.
16. Aumento general de salarios para los trabajadores públicos y privados de la ciudad y del campo. Que se establezcan salarios mínimos acordes con el monto de la canasta básica, los cuales deben subir automáticamente al ritmo del aumento de la canasta básica. Obligar a los patronos a pagar todas las prestaciones sociales de ley.
17. Plan de construcción de viviendas a bajos precios para todos los trabajadores, sectores populares y campesinos que las necesiten. Eliminación de los asentamientos marginales y entrega de viviendas gratuitas a sus habitantes.
18. Protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Terminar con todo proyecto que afecte al medio ambiente y las poblaciones.
19. Renacionalización de las empresas, servicios y recursos privatizados o entregados en concesión.
20. Nacionalización de la banca y del sistema financiero, bajo control de los trabajadores.
21.- Garantizar el Derecho al trabajo y una vida digna para todos. Se debe combatir el desempleo. No a la flexibilización laboral y a los empleos precarios sin goce de prestaciones ni estabilidad. No a la privatización de la seguridad social.
¡!Es hora de democratizar el Salvador en beneficio de los mas pobres!!
Centroamérica, 28 de Julio del 2012
Secretariado Ejecutivo Centroamericano del
PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOC