Introducción
Las intenciones del general Salvador Castaneda de reelegirse motivaron el golpe de Estado del 14 de diciembre de 1948. Este golpe político llevó a la formación del Consejo de Gobierno Revolucionario donde el ejército aparecía identificado como el “brazo armado del pueblo”. Se concebía a la institución militar como la vanguardia y garante de los cambios revolucionarios. Por otro lado, los civiles que integraban este consejo eran connotados intelectuales muy representativos de los sectores modernizantes, quienes dejaron en claro que harían una amplia reforma jurídica e institucional (Ministerio de Educación, 1994, 175).
Los postulados revolucionarios de los golpistas quedaron plasmados en la
Constitución de 1950, que definió un nuevo papel para el Estado como el promotor
principal del desarrollo nacional. La obligación del Estado de velar por el bienestar
social se define en términos de una serie de principios fundamentales, como el de la
libertad económica que no debía oponerse al interés social, la propiedad privada en
función social y diversos principios de carácter social relacionados con el trabajo, el
cual debía ser garantizado por el Estado a la población (Ministerio de Educación, 1994,
179-181).
En el gobierno de Oscar Osorio (1950-1956) se emitió la Constitución de 1950, la
cual promulgó, como se ha dicho, el intervencionismo estatal para “asegurar a todos
los habitantes del país una existencia digna del ser humano”, garantizar la propiedad
privada “en función social”, restringir la libertad económica “en lo que se oponga al
interés social” y regular con carácter tutelar las relaciones entre el capital y el trabajo,
estableciendo la limitación de la jornada laboral, el derecho de asociación sindical y
huelga, la contratación colectiva, el salario mínimo, los beneficios de la seguridad so-
cial, la vivienda subsidiada, etc. (Cardenal, 1999, 388).
Para Rodolfo Cardenal (1999, 389), el gobierno “revolucionario” de Osorio se
sintetiza en tres puntos: el desarrollo, que creó condiciones para la expansión y moder-
nización de la economía; el reformismo, para ajustar las estructuras sociales y políticas
existentes y así mantener el sistema un paso delante de sus propias contradicciones, y
la represión, reservada para quienes no podían ser absorbidos por las dos dinámicas
anteriores o para quienes querían algo más que cambios superficiales.
El gobierno de José María Lemus (1956-1960) siempre manifestó la necesidad de
crear unas condiciones de vida dignas para los trabajadores salvadoreños. Es por esto
que sus discursos están a favor de la rehabilitación social y de la elevación de las masas
hacia niveles de vida más dignos. Su gobierno dio apoyo al aumento de los salarios de
los obreros, la edificación de escuelas, hospitales, talleres y refugios infantiles (Lemus,
1951, 41-42). Además, creía que para crear una Centroamérica democrática era necesa-
rio promover la educación: solo así se podía pasar del despotismo a la democracia y a
la cultura (Lemus, 1951, 375-376).
Pese a estos avances los conflictos políticos no siempre se resolvieron de mane-
ra consensuada. Para septiembre de 1952, las organizaciones de izquierda fueron acu-
sadas de promover un golpe de Estado, lo que llevó al exilio a un importante numero
de intelectuales y obreros (Lemus, 1951, 181)1. Al final del período presidencial del
Coronel Lemus, en agosto y septiembre de 1960, los enfrentamientos habían llevado a
decretar el estado de sitio, a la invasión de la Universidad de El Salvador y a un estado
general de inestabilidad, aprovechada por elementos militares y civiles para llevar a
cabo el golpe de Estado de octubre de 1960 (Lemus, 1951, 181).
También debe resaltarse que en la segunda mitad del siglo XX, algunos in-
telectuales militantes de izquierda, como Pedro Geoffroy Rivas y Oswaldo Escobar
Velado, desde la poesía, y Jorge Arias Gómez, incorporaron a los sectores subalternos,
especialmente a los indígenas, en la historia nacional salvadoreña, como una forma
de rechazo a la tradicional historia liberal que daba todo el protagonismo a los pró-
ceres independentistas y a los caudillos (Geoffroy, 2003; Escobar, 2003; Arias, 1963;
Arias, 1972).
Las transformaciones llevadas a cabo por los gobiernos del Partido Revolucio-
nario de Unificación Democrática (PRUD) no consolidaron canales institucionales de
participación política efectiva para amplios sectores de población, ni lograron incor-
porar a la mayoría de los trabajadores al partido oficial. Cuando en 1957-1958 la caída
de los precios del café produjo el aumento del desempleo, reducciones salariales y
aumentos de precios, las protestas masivas que se desencadenaron sólo pudieron ser
controladas a través de la represión generalizada y el encarcelamiento de dirigentes
(Gordin, 1989, 83).
Durante el período en estudio, el anticomunismo creado por el presidente de El
Salvador, el General Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944), a partir de la ma-
tanza de 1932, no se pierde. Los hechos de ese año pasan a ser presentados como una
lección para la población en general de que podían ser manipulados y esto los llevaría
a otro posible derramamiento de sangre. El discurso anticomunista aparece como un
arma que promueve la legitimidad de los gobiernos militares y ataca a la oposición
con campañas muy sucias que difamaban la oposición entonces legal 2 . El discurso
anticomunista emanado por los diferentes gobiernos y los sectores de derecha ofrecen
una oportunidad de analizar desde una nueva perspectiva, a la sociedad salvadoreña
y la constante violencia aplicada por los gobiernos militares en buena parte del siglo
XX (Ramírez, 2007).
Con respecto a las políticas culturales del Estado, se tiene que es en la década
de 1950 cuando estas adquirieron una mayor institucionalización. Se creó una sección
ministerial de cultura con dependencias como el Departamento Editorial, la Dirección
de Artes, y la Revista Cultura (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
2003, 253). Estas posturas democráticas tuvieron un carácter paradójico, ya que ocu-
rrieron en un contexto de agudización de la polarización social, que chocaría con el
autoritarismo de los gobiernos militares. Muchos de estos espacios promovieron los
proyectos político-culturales que rechazaban el orden institucional público (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003, 253). En este trabajo se entenderá por
política cultural lo planteado por Néstor García Canclini quien entiende por políticas
culturales “el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones
civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico,
satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo
de orden o transformación social” (García, 1987, 26).
Sobre la utilización de las diversiones públicas por parte del Estado salvadore-
ño para la morigeración de las costumbres de los sectores populares entre 1895 a 1944
se sabe que el Estado liberal salvadoreño concentró su proyecto de “civilización” de
las costumbres de los sectores populares en el centro y occidente del país, regiones
que resumían en torno así la identidad nacional mestiza. El impacto ideológico de los
nuevos productos culturales como el cine y las presentaciones y grabaciones de mú-
sica de marimba fue acaparado por la elite cafetalera, militares, grandes comerciantes
y varios miembros de las principales colonias extranjeras radicadas en el país, lo que
demuestra la exclusividad de estas entretenciones (Urbina, 2008)3.
El objetivo de este artículo es analizar la posición del Estado salvadoreño en
torno a la promoción del teatro y del cine como elementos culturales de morigeración
de las costumbres de los sectores populares y su política de moralidad pública hacia la
población nacional durante el los años de 1948-1960.
Teatro y cine
Durante los años de 1875-1944 el Estado salvadoreño, a un nivel general, mos-
tró poco interés en la promoción de una identidad nacional a través del teatro debido
al desinterés de la elite cafetalera de convertirse en una clase dominante con un pro-
yecto claro de nación. Asimismo, el poco patrocinio y la exigua vigilancia policial no
permitieron que el teatro trastocara las pautas tradicionales de relacionamiento de los
salvadoreños heredadas de la colonia (Urbina, 2003).
A finales de agosto de 1948 se promulga el Reglamento para Teatros, Cines,
Radioteatros, Circos y demás espectáculos públicos. Según se consigna, para poder
presentarse en público todo espectáculo debía de ser previamente autorizado por el
Concejo de Censura y Sección de Espectáculos Públicos o por el correspondiente orga-
nismo en las demás poblaciones del país. El Concejo de Censura y Sección de Espec-
táculos Públicos con residencia en la capital estaría formado por un presidente, cuatro
vocales y un secretario, nombrados, respectivamente, los primeros por el Poder Ejecu-
tivo en los Ramos de Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura Popular, Asistencia
Social y Seguridad Publica. El cargo de secretario lo elegiría el Alcalde Municipal de
San Salvador.
En las otras cabeceras departamentales restantes, la Censura y Selección de los
espectáculos estaría a cargo del Gobernador Político respectivo y del Jurídico Munici-
pal de la localidad. En las demás poblaciones menores estos puestos serian ejercidos
por los Alcaldes y Jurídicos Municipales respectivos.
No podrían asistir a ninguna clase de espectáculos las personas ebrias, los en-
fermos contagiosos que fueran visibles o que fueran acompañados de animales. En los
teatros de primera categoría no entrarían quienes vistieran sucia o indecorosamente.
Serian expulsados y castigados conforme a ley quienes perturbaran al público con sil-
bidos, palabras obscenas, etc. Estaba prohibido escupir y fumar fuera de las áreas de-
signadas en el recinto de espectáculos (Ministerio de Gobernación, 1948a, 3079-3081).
A mediados de octubre de 1949 se emite la autorización para que Juan Antonio
González y Santiago Martínez Durán reciban la suma de veinticinco dólares cada uno,
en concepto de gastos de representación para que viajaran a Honduras como invitados
por la Westrex Corporation, a la inauguración del Teatro Nacional de Tegucigalpa,
para observar el funcionamiento de nuevos y modernos equipos de cine allá instala-
dos (Ministerio de Gobernación, 1949, 3616).
A principios de noviembre de 1953 se decide que don Alfredo Agesilso Massi
– técnico especializado en trabajos fílmicos de sonido– fuera encomendado para una
misión oficial de colaboración con técnicos norteamericanos. Tal misión consistiría en
la sincronización de películas sobre tópicos sanitarios que serían exhibidas en el Cam-
po de Marte y otros lugares públicos capitalinos durante el IV Aniversario de la Revo-
lución de 1948 (Ministerio de Gobernación, 1953, 8253).
En el Decreto 1620, del 18 de octubre de 1954, se proclama la ley de fomento
de teatros y cines, en ella se declara que los particulares que promuevan espectáculos
públicos podrían gozar de ciertos beneficios en un lapso de tiempo de 5 años desde la
vigencia de dicha ley. El Estado apoyaría la construcción, ampliación o habilitación de
teatros y salas de cine declarados de utilidad general. Esta ley consideraba como teatro
o cine a toda edificación, espacio, obra, abierta o cerrada, destinada a explotar comer-
cialmente la exhibición de películas cinematográficas, la representación o ejecución
artística de obras dramáticas, líricas, con música o sin ella, y, en general toda actividad
similar a las antes enumeradas.
Lo más interesante de esta disposición es que los empresarios beneficiados de-
bían de exhibir anuncios, películas cortas y todo material propagandísticos o informa-
tivo de las acciones de cualquier agencia gubernamental, central, local, autónoma o de
cualquier nivel administrativo (Ministerio de Gobernación, 1954, 7994-7996).
Para 1956 se autoriza el pago de dos mil quinientos seis colones con veinticinco
centavos a la Compañía Salvadoreña de Café S.A. como aporte del gobierno de El Sal-
vador para cubrir la impresión de veintidós copias –en varios idiomas– de la película
para propaganda del café salvadoreño. La película fue filmada por Cine Revista Sal-
vadoreña (Ministerio de Gobernación, 1956b, 9633). En 1959 el Estado giró un anticipo
de gastos para la revelación y sincronización en México de las películas “La Marcha
de la Cultura en El Salvador” y “Desfile del 15 de septiembre de 1959” (Ministerio de
Gobernación, 1959c, 9821)4.
Según se evidencia de todo lo anterior el Estado salvadoreño durante los años
de estudio se dedicó con mayor ahínco a la construcción, ampliación o habilitación de
teatros y salas de cine a un nivel nacional mucho más que en años anteriores. Tam-
bién, utilizó estas diversiones públicas para fines propagandísticos y de transmisión
de conceptos sanitarios.
Esta situación se explica debido a que durante los años cincuenta se efectuaron
reformas en el interior del aparato administrativo estatal, así como la realización de
obras de infraestructura que promovieron el desarrollo del cultivo del algodón y el
crecimiento de la industria manufacturera. Todo esto trajo como resultado el aumento
de obreros, capas medias asalariadas y pequeña burguesía, acompañado de la migra-
ción rural hacia los centros urbanos (Gordon, 1989).
Entre mediados de los años cincuenta y finales de los sesenta, se llevó a cabo
en El Salvador un proceso de modernización de su economía. Esa modernización con-
sistió en impulsar, por un lado, una diversificación de la producción agrícola, hasta ese
momento basada casi exclusivamente en el café, y, por otro, una política de industria-
lización mediante sustitución de importaciones. Aunque la economía se diversificó,
experimentando un importante crecimiento, eso no trajo consigo cambios sustanciales
en la estructura económica ni redundó en una mejor distribución de la riqueza (Car-
denal, 1996., 129).
Estado y moralidad
Para 1948, José Lino Molina publica su libro titulado El educador nacional don-
de señala las virtudes que debe tener una persona, una de ellas es la temperancia,
la cual la aplica a la abstinencia de las bebidas embriagantes y su sentido propicia la
disposición de estar en aptitud de entregarse al trabajo remunerado y al cumplimiento
de las obligaciones (Molina, 1948, 53).
El autor señalaba que para el caso salvadoreño uno de los problemas en el poco
control del alcoholismo era que la venta de aguardiente era un negocio del Estado. En
este sentido se debían tomar algunas medidas como la de que solo el gobierno podía
expender bebidas embriagantes, tanto importadas como fabricadas en el país. El con-
sumo del licor se debía permitir solamente a individuos mayores de 25 años que han
contraído el vicio y lo tienen arraigado. Los maestros de escuela, los sacerdotes, las
directivas de sociedades de obreros, los jefes de taller, los dueños de fábricas y todos lo
que ejercieran alguna autoridad colectiva o individual debían hacer propaganda a la
abstinencia, siendo ellos abstemios (Molina, 1948, 57-58).
A mediados de 1954 el gobierno del coronel Oscar Osorio informaba que en
la consecución de un nivel moral satisfactorio era necesario atender a la juventud, la
cual estaba enfrentada a graves y profundos problemas de orden moral, nacidos de
una docencia deficiente que en el pasado se despreocupó por entero de esta situación
(Ministerio del Interior, 1954, 16).
El Estado, durante los años de 1953 y 1954, había evitado la introducción de pu-
blicaciones obscenas, películas cinematográficas, fotografías, dibujos, discos, impresos
y toda clase de objetos pornográficos que estaban escapando al control de las autorida-
des (Ministerio del Interior, 1954, 17).
Para 1956 el gobierno del teniente coronel José María Lemus señalaba que se
había iniciado una campaña de moralización popular. En ella se ponían controles a la
venta de aguardiente en las ciudades y el campo, se habían cerrados prostíbulos, se
había dado persecución a la vagancia, al decomiso de publicaciones pornográficas y
se habían prohibido espectáculos incitadores del relajo social (Ministerio del Interior,
1957, 9).
Con el fin de contribuir a la eficacia de la campaña moralizadora, el presidente
Lemus instituyó un premio para la población salvadoreña que en el transcurso de cada
año observara los más altos niveles de moralidad y cultura. El premio consistiría en
la construcción de una obra material de primera importancia en la población que lo
conquistara. En 1957 lo ganó la población de San Isidro Labrador del Departamento
de Chalatenango; un año más tarde lo conquistó San Pedro Puxtla del Departamento
de Ahuachapán. El grupo escolar de esta población obtuvo la suma de veinticinco mil
colones (Ministerio del Interior, 1959, 6).
Con respecto al apoyo que los gobiernos del período en estudio dieron a la
moralización y educación de los salvadoreños se tiene los datos que se exponen en el
siguiente cuadro:
Cuadro 1
GASTOS EN CULTURA POPULAR Y DEFENSA NACIONAL EN EL SALVADOR (1948-1959)
AÑO GASTO EN GASTO EN PRESUPUESTO
CULTURA POPULAR DEFENSA NACIONAL NACIONAL DE GASTOS
1948-1950 — — —
1951 ¢ 15.476.800 ¢ 11.450.000 ¢ 110.000.000
1952 ¢ 18.386.205.80 ¢ 12.705.002.67 ¢ 131.235.101.67
1953 ¢ 18.650.000 ¢ 13.120.000 ¢ 141.500.000
1954 ¢ 30.361.908.46 ¢ 19.477.628.47 ¢ 172.892.532.94
1955 ¢ 22.725.983.58 ¢ 16.435.973.94 ¢ 185.433.411.35
1956 — — —
1957 ¢ 28.632.136 ¢ 18.289.488 ¢ 175.000.000
1958 ¢ 19.825.689.25 ¢ 13.862.401.09 ¢ 128.811.235.47
1959 ¢ 29.176.971.92 ¢ 16.432.151.49 ¢ 175.813.609.53
1960 ¢ 32.435.160.26 ¢ 16.026.727.51 ¢ 181.000.000
Fuente: Ministerio de Hacienda (1952, 26), (1953, 24-25), (1954, 81), (1955, 40-41), (1956, 44-45), (1958, 64-65), (1959, 12),
(1961, 222-223).
Del cuadro anterior se desprende que la cartera de Cultura Popular tuvo entre
el 14% y el 18%, mientras que la cartera de Defensa Nacional entre un 10% y 11%. Esto
contrasta con el análisis de las asignaciones de los diferentes presupuestos de gastos
de El Salvador durante el período 1931-1944 que demuestra que la cartera de Instruc-
ción Pública absorbió entre el 8% y el 11%, en tanto que la cartera de Guerra recibió
entre el 17% y el 20.5%. Estas cifras evidencian que a escala general la cartera de Guerra
obtuvo un poco más del doble en dinero que la cartera de Instrucción Pública (Urbina,
2008, 104)5.
El afán de los gobiernos de Osorio y Lemus de impulsar ciertos cambios en El
Salvador pudo concretarse en buena medida porque la década de 1950 fue de excep-
cional bonanza económica. Los programas de salud y educación pudieron ampliarse,
lo mismo que la seguridad social. Pero, todos estos proyectos y actividades dependían
de la riqueza que el país exportaba en forma de café y algodón. Cuando se debilitaron
los precios que se pagaban por estos productos en el extranjero, las grandes promesas
y los grandes proyectos ya no pudieron avanzar a la misma velocidad (Ministerio de
Educación, 1994, 186-187).
En torno a lo anterior debe señalarse que a partir de 1931, las condiciones críti-
cas y conflictivas de la depresión, que enfrentaban al sector concentrador y a la mayo-
ría de los productores cafetaleros, dieron pie a la irrupción del ejército en la dirección
política. Después de la victoria militar sobre la insurrección, en enero de 1932, se pro-
movió un proceso de reorganización estatal dirigido a suprimir los excesivos rasgos
concentradores, aminorando los conflictos mediante la oferta de mejores condiciones,
principalmente para los agricultores cafetaleros. Así, el ejército asumió un papel di-
rector en la definición de las políticas del Estado dentro de la modalidad autoritaria,
hasta 1979 – 80.
Tanto la administración de la expansión como el enfrentamiento de las crisis
de coyuntura, han procurado sostener la continuidad de las características del patrón
histórico. Sin embargo, la magnitud de la tendencia concentradora ha propiciado im-
portantes momentos de reforma, tales como los de 1932-34, 1961 y 1979-80. A partir de
1948, se ejecutó una estrategia de reorientación sobre la base de una extraordinaria
bonanza agroexportadora, procurando la conservación de los circuitos tradicionales
de generación de la riqueza, al mismo tiempo que una ampliación del mercado por la
vía de la integración regional. Esta nueva modalidad se mantuvo estable hasta 1969,
cuando se produjo la guerra con Honduras.
Conclusión
La elite agraria fue el principal soporte del régimen autoritario en El Salva-
dor. En distintos momentos, apoyó o utilizó directamente la violencia para oponerse
a movimientos de democratización desde el gobierno o desde la base. Hasta 1980, la
elite económica aún prefería la guerra a una solución intermedia como la democracia.
A partir de 1931, en el país se evolucionó hacia un autoritarismo que desembocó en
terrorismo de Estado y, en lo económico, las redefiniciones del modelo agroexportador
llevó a la configuración de una sociedad socioeconómicamente más heterogénea, la
economía cambio parcialmente pero no la forma de control político.
Sin embargo, debido a su mayor capacidad económica y de control social,
el Estado salvadoreño durante los años de estudio se dedicó con mayor ahínco a la
construcción, ampliación o habilitación de teatros y salas de cine, y a su utilización
propagandística y a la transmisión de conceptos sanitarios. Acerca de la campaña
de moralización esta pretendía trastocar las pautas culturales de relación y entreten-
ción de los salvadoreños, lo que se vio reforzado con un mayor apoyo económico a la
cartera de Cultura Popular que a la de Defensa Nacional. Pese a este intento de control
social, los sectores populares dieron un impulso a una cultura que nutrió el imagi-
nario nacional salvadoreño. La dependencia económica en los cultivos del café y del
algodón hizo que los cambios que pretendían llevar a cabo los gobiernos revoluciona-
rios no se extendieran a un nivel nacional.
Notas
- También se puede ver Carpio (1979).
2 Para más información véase Alvarenga (2002), Ching, López y Tilley (2007).
115Diversiones públicas y moralización en El Salvador (1948-1960)
Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 35-36: 107-116, 2009-2010 / ISSN: 0377-7316 - La misma conclusión se señala en Urbina (2006).
- Una revisión parcial de la política de Osorio se encuentra en: Leistenschneider (1981).
- También se puede consultar Urbina (2007, 41-56).
Referencias
Alvarenga, P. (2002). Cultura y Ética de la Violencia 1880-1932. San Salvador: Dirección de
Publicaciones e Impresos.
Arias, J. (1963). Anastasio Aquino, recuerdo, valoración y presencia. San Salvador: Editorial
Universitaria.
Arias, J. (1972). Farabundo Martí. Esbozo biográfico. San José: EDUCA.
Cardenal, A.S. (1996.). Elites agrarias, estructura económica y transición hacia la democracia en El
Salvador. Afers Internacionals. (34-35): 125-147, Recuperado de: http://www.raco.cat/index.
php/RevistaCIDOB/article/view/28013/27847
Cardenal, R. (1999). Manual de Historia de Centroamérica. San Salvador: UCA Editores.
Carpio, S. C. (1979). Secuestro y capucha en un país del “mundo libre”. San José: EDUCA.
Castellanos, J. M. (2001). El Salvador 1930-1960. Antecedentes históricos de la guerra civil. San
Salvador: Dirección de Publicaciones.
Ching, E., López, C.G., y Tilley, V. (2007). Las masas, la matanza y el martinato: ensayos sobre el 32 y
el régimen del general Martínez en El Salvador. San Salvador: UCA Editores.
Escobar, O. (2003). Tierra azul donde el venado cruza. San Salvador: Dirección de Publicaciones e
Impresos.
García, N. (1987). Políticas culturales de América Latina. México D.F.: Grijalbo.
Geoffroy, P. (2003) Los nietos del jaguar. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos.
Gordon, S. (1989). Crisis política y guerra en El Salvador. México D.F.: Siglo XXI editores.
Hobsbawm, E. (1991). Naciones y nacionalismo desde 1780. Barcelona: Editorial Crítica.
Leistenschneider, M. (1981). Teniente Coronel Oscar Osorio y su administración. Tomo I. San Salvador:
Imprenta Nacional.
Lemus. J.M. (1951). Mensajes y discursos. Tomo III. San Salvador: Departamento editorial del
Ministerio de Cultura, 1951.
Martin, P. F. (1985). El Salvador del siglo XX. San Salvador: UCA editores.
Ministerio de Educación (1994). Historia de El Salvador. Tomo II. San Salvador: Ministerio de
Educación.
Ministerio de Gobernación (1948a). Diario Oficial. 20 de Agosto de 1948.Tomo 145. No.186. San
Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio de Gobernación (1948b). Diario Oficial. 4 de Diciembre de 1948. Tomo 185. No. 222. San
Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio de Gobernación (1949). Diario Oficial. 14 de Octubre de 1949. Tomo 147. No.231. San
Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio de Gobernación (1953). Diario Oficial. 11 de Noviembre de 1953. Tomo 161. No.210. San
Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio de Gobernación (1954). Diario Oficial. 8 de Octubre de 1954. Tomo 165. No.197. San
Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio de Gobernación (1956a). Diario Oficial. 15 de agosto de 1956. Tomo 172. No.163. San
Salvador: Imprenta Nacional.
116 Chester Urbina Gaitán
Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 35-36: 107-116, 2009-2010 / ISSN: 0377-7316
Ministerio de Gobernación (1956b).Diario Oficial. 29 de Noviembre de 1956. Tomo 173. No.232. San
Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio de Gobernación (1958). Diario Oficial. 3 de Enero de 1958. Tomo 178. No.8.
Ministerio de Gobernación (1959a). Diario Oficial. 25 de Junio de 1959. Tomo 184. No.119. San
Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio de Gobernación (1959b). Diario Oficial. 11 de Noviembre de 1959. Tomo 185. No.207. San
Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio de Gobernación (1959c). Diario Oficial. 19 de Noviembre de 1959. Tomo 185. No.228. San
Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio de Hacienda (1952). Gestión de la Hacienda Pública. Año administrativo terminado el 14 de
septiembre de 1951. San Salvador: Tipografía Ungo.
Ministerio de Hacienda (1953). Informe complementario constitucional. Ejercicio fiscal de 1952. San
Salvador: Tipografía Ungo.
Ministerio de Hacienda (1954). Informe complementario constitucional . Ejercicio fiscal de 1953. San
Salvador: Tipografía Ungo.
Ministerio de Hacienda (1955). Informe complementario constitucional. Ejercicio fiscal de 1954. San
Salvador: Tipografía Ungo.
Ministerio de Hacienda (1956). Informe financiero. Año de 1955. San Salvador: Imprenta nacional.
Ministerio de Hacienda (1958), Gestión de la Hacienda Pública. Año administrativo terminado el 14 de
septiembre de 1957. San Salvador.
Ministerio de Hacienda (1959). Gestión de la Hacienda Pública. Año administrativo terminado el 14 de
septiembre de 1958. San Salvador.
Ministerio de Hacienda (1961). Informe complementario constitucional. Ejercicio fiscal de 1960. San
Salvador.
Ministerio del Interior (1954). Memoria de labores realizadas por el Ministerio del Interior 1953-1954.
San Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio del Interior (1957). Memoria de labores realizadas por el Ministerio del Interior 1956-1957.
San Salvador: Imprenta Nacional.
Ministerio del Interior (1959). Informe de los actos del Poder Ejecutivo en el Ramo del Interior 1958- - San Salvador: Imprenta Nacional.
Molina, J. L. (1948). El educador nacional. San Salvador: Imprenta Nacional.
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (2003). Informe sobre Desarrollo Humano El
Salvador 2003. San Salvador: PNUD.
Ramírez, J.A. (2007). El Anticomunismo en El Salvador. Las acciones del Estado y los sectores de la
derecha salvadoreña como factores de la guerra civil de los años 80. En: http://ues.edu.sv/
encuentrohistoria/memoria.htm
Turcios, R. (2003). Autoritarismo y modernización 1950-1960. San Salvador: Dirección de Publicaciones
e Impresos.
Urbina, Ch. (2003) Exclusión Social, desarticulación cultural y teatro en El Salvador 1875-1944.
Anuario de Estudios Centroamericanos. 29(1-2): 101-111.
Urbina, Ch. (2006). Origen del Deporte en El Salvador (1885-1943). Realidad y reflexión (17): 1-106.
Urbina, Ch. (2007). Poder-saber y Estado en El Salvador (1931-1944). Cultura, (96): 41-56.
Urbina, Ch. (2008). Estado y control social en El Salvador (1931-1944). Realidad y reflexión. 7(22):
81-110.
Urbina, Ch. (2008). Diversiones públicas y sociabilidad urbana en El Salvador. Los casos del cine y la música de marimba (1895-1944). Hacer historia en El Salvador. Revista electrónica de estudios históricos. (2): 1-9. En: http://www.hacerhistoriasv.org/