Este forzado ensamble de pedazos de territorio caprichosamente mezclados, sin la estética proporcional del desarrollo local, ha hecho de los nuevos municipios una desproporcionada deformación administrativa.
La nefasta “Ley Especial para la Reestructuración Municipal”, aprobada en junio de 2023, violentó el principio democrático de no efectuar reformas a menos de un año electoral y fue impuesta por el gobierno y su mayoría cian, sin consenso y con la finalidad de concentrar más poder en Bukele.
Buscaba, además, reducir el costo del aparato del Estado y el gasto público ante la inminente crisis de las finanzas del gobierno por la corrupción y el despilfarro. Una aviesa reforma que afecta el desarrollo, al quitarle el presupuesto de obras municipales y la representatividad y cambiaría las reglas de competencia electoral, mediante una ingeniería que puso en desventaja a la oposición, asegurando una mayoría artificial al partido de Bukele.
Eliminaron de tajo, en una noche, 218 municipios, de los 262 que históricamente representaron el ordenamiento territorial, corporaciones que en su mayoría existen desde la independencia; impusieron 44 bolsones, sin estudio técnico, socioeconómico, ni el soporte del censo poblacional; sin consulta con el gremio de alcaldes (COMURES); sin la opinión de las organizaciones de la Sociedad Civil, la cooperación internacional o especialistas en municipalismo y desarrollo local.
Con esa ley, el régimen de Bukele dio el tiro de gracia desmantelando lo poco que quedaba del desarrollo local. Ese descalabro no es aislado, comenzó con la abolición del FISDL, luego disolvieron el ISDEM, cercenaron el presupuesto del FODES del 10% de los ingresos ordinarios del Estado para los municipios, a la mísera cantidad del 1.5%.
El avance de los procesos de descentralización, desarrollo local, fortalecimiento comunitario y de gobiernos municipales, se amplió y creció inmediatamente después de los Acuerdos de Paz, en el espacio de la apertura democrática, la normalización de ciudades y municipios, y los programas de reconstrucción nacional.
Surgió del consenso entre fuerzas políticas y sociales, y el decidido apoyo y acompañamiento de la cooperación internacional, organizaciones de la Sociedad Civil y Ong, quienes acompañaron las iniciativas de retorno, repoblación y reinserción de excombatientes, veteranos de guerra y comunidades desplazadas que fueron forzadas al abandono de sus territorios por la represión y la cruenta guerra civil padecida durante más de una década (1981-1992). Esta crisis también empujó el éxodo migratorio de centenares de miles de habitantes que se vieron forzados a migrar a una decena de países.
En la elección municipal anterior (2021-2024), Nuevas Ideas de Bukele ganó 13 de 14 cabeceras departamentales, solo perdió Sensuntepeque. Así gobernó sobre el 82% de la población.
En esta elección (2024-2027) en que solo participó el 30.1% del padrón, NI gobernará sobre el 68% de la población, un desplome del 14%. Perdieron en 9 de 14 cabeceras (Ahuachapán, Sonsonate, Chalatenango, San Vicente, Cojutepeque, Usulután, San Miguel, San Francisco Gotera, La Unión). Sin embargo, con su “ingeniería electoral” agruparon calculadamente municipios tradicionales en nuevos territorios; y aunque perdieron cabeceras como Cojutepeque, San Vicente, y La Unión, mediante su “ingeniería” las terminará gobernando, vulnerando así el principio de representatividad, que es la base constitucional de la gobernabilidad.
Con este ganapierde le arrebataron al FMLN una veintena de municipios que serán gobernados por otros partidos. Aun con su “ingeniería” la pérdida de NI en Antiguo y Nuevo Cuscatlán, Huizúcar, Zaragoza y la franja costera, es grave por los jugosos proyectos inmobiliarios de la argolla en el poder.
La nueva arquitectura municipal enfrentará de entrada graves problemas estructurales, como la excesiva centralización de recursos a través de la Dirección de Obras Municipales; los vacíos de una improvisada ley que no determina dónde colocar la cabeza en esa deformidad distrital; el pago de una deuda municipal que supera los 800 millones de dólares (incrementada en 25% en tres años de gobiernos de Nuevas Ideas); iniciará el viacrucis de proveedores buscando el pago de sus “quedan”; una avalancha de despidos; una compleja operación de recolección de basura; alza de tasas municipales al nivel de cabeceras; más problemas de mantenimiento de la red vial (baches; disputa por el personal de distrito y por las comisiones (Medio Ambiente, Genero, Acceso a información pública).
Este forzado ensamble de pedazos de territorio caprichosamente mezclados, sin la estética proporcional del desarrollo local, ha hecho de los nuevos municipios una desproporcionada deformación administrativa, muy parecida al tétrico Frankenstein, obra de la extraordinaria imaginación literaria de Mary Shelley. Por el contrario, esta vez ha sido recreada de manera tosca, a filo de machete y cosido con pita por Bukele.